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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06874-01

Fecha
15 de marzo de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06874-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. En su lugar, se dispone: 2. Denegar las pretensiones de la acción de tutela de la referencia. 3. Notificar la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-06874-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

15 de marzo de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06874-01
Demandante: Francisco Giovanny Torres Molina y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., quince (15) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06874-01
Demandante: FRANCISCO GIOVANNY TORRES MOLINA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Tema: Contra providencia judicial dictada en proceso de reparación directa,
por privación injusta de la libertad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 18
de enero de 2024, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo constitucional

El 10 de noviembre de 2023, en ejercicio de la acción de tutela y mediante apoderado
judicial, Francisco Giovanny Torres Molina, Flor Elena Castro -en nombre propio y en
representación de su hija menor de edad VTC-, Olga Lucía Torres Molina, Jorge Alberto
Torres Molina, Isabel Cristina Torres Molina, Jorge Eleazar Torres Rodríguez y Nubiola
de Jesús Molina Restrepo, pidieron la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presentó con ocasión de la sentencia del 18
de agosto de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que revocó la
decisión de primera instancia y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda de
reparación directa interpuesta por Francisco Giovanny Torres Molina y familiares contra
la Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial expediente 05001-33-33-023-2014-
00907-02.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Que se tutelen los derechos fundamentales de debido proceso, y de acceso a la
administración de justicia dejando sin efectos la sentencia Nro. 219 de segunda instancia proferida
por el H. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, del Magistrado ponente Jairo
Jiménez Aristizábal y en firme la de primera instancia emitida por el Juez Veintitrés Administrativo de
Oralidad del Circuito de Medellín, Sentencia 032 de 2018 de fecha 23 de marzo de 2018 que declaró
la responsabilidad administrativa de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura y Nación – Fiscalía
General de la Nación de los perjuicios causados por la privación injusta de la libertad a que fue
sometido el señor Francisco Giovanny Torres Molina en el fallo respectivo del 23 de marzo de 2018.

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Demandante: Francisco Giovanny Torres Molina y otros

3. Hechos

Del expediente la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. El proceso penal

El 29 de septiembre de 2011, el señor Francisco Giovanny Torres Molina fue capturado
en flagrancia por la presunta comisión del delito de tentativa de extorsión agravada junto
con otros dos sujetos, cuando los transportaba para que uno de ellos cobrara una suma
de dinero que había sido exigida bajo amenazas y de la cual uno de los sujetos fue
denunciado.

El 30 de septiembre de 2011, el Juzgado Sexto Penal Municipal de Medellín realizó la
audiencia de legalización de captura, formulación de imputación de extorsión agravada y
se impuso la medida de aseguramiento privativa de la libertad a los 3 sujetos, incluyendo
al aquí tutelante.

Mediante sentencia del 23 de julio de 2012, el Juzgado Veintiséis Penal del Circuito de
Medellín condenó a uno de los denunciados por el delito de extorsión agravada en grado
de tentativa y absolvió al señor Torres Molina y al otro acompañante, porque no se logró
demostrar que estuviera obrando en participación, dado que el señor Torres Molina se
encontraba en el vehículo esperando a los otros sujetos que se encontraron con la víctima
de la extorsión.

El señor Torres Molina estuvo privado de la libertad desde el 29 de septiembre de 2011
hasta el 23 de julio de 2012, esto es, por nueve meses y veinticuatro días.

3.2. El proceso de reparación directa

El señor Francisco Giovanny Torres Molina y sus familiares presentaron demanda de
reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, con el objeto
de que les fueran reconocidos y pagados los perjuicios que se les causaron como
consecuencia de la privación de la libertad.

El proceso correspondió al Juzgado Veintitrés Administrativo de Medellín, que, mediante
sentencia del 23 de marzo de 2018, accedió a las pretensiones de la demanda, porque
encontró acreditados los presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado
bajo el título de imputación objetivo por daño especial. En esa medida, verificó la
existencia de la privación de la libertad, así como su carácter injusto, teniendo en cuenta
que fue absuelto porque el señor Torres Molina no participó en la comisión de los hechos
punibles investigados y no se probó que fue cómplice. En consecuencia, declaró
solidariamente responsables a las entidades demandadas.

La decisión fue apelada por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial y el
Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 18 de agosto 2023, la revocó y, en
su lugar, denegó las pretensiones de la demanda, porque la medida de aseguramiento
cumplió los criterios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte demandante manifestó que la tutela cumple los requisitos generales de
procedibilidad. Que no existe otro medio para pedir el amparo de derechos fundamentales
y que no se ha superado el término de 6 meses.

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En cuanto al fondo del asunto, adujo que la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia incurrió en lo siguiente:

Defecto fáctico -en su dimensión negativa- porque se omitió analizar en conjunto las
pruebas y se hizo una valoración arbitraria de las pruebas presentadas, dado que la
Fiscalía se presentó al juicio solo con la denuncia, sin otras pruebas que la ley le exige.
Que, por ejemplo, no presentó interceptaciones, vínculos contractuales entre las partes,
verificación de los testigos donde laboraba el señor Torres Molina, “configurándose una
carencia de un proceso penal con una investigación científica como se pide para la nueva
reglamentación (…)”1.

Desconocimiento del precedente, pues no se tuvieron en cuenta las sentencias del 28
de noviembre de 2012, expediente 88001-23-31-000-2002-00096-01, y del 24 de febrero
de 2016, expediente 25250-00-23-000-2003-01905-01, dictadas por la Sección Tercera
del Consejo de Estado, que, según dice, analizaron casos similares de privación injusta
de la libertad, en los que al finalizar el proceso penal se mantuvo la presunción de
inocencia del acusado. Explicó que, en los casos mencionados, el régimen de
responsabilidad aplicable es el objetivo por daño especial y no subjetivo por falla en el
servicio.

5. Intervenciones

El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela de la referencia, porque la sentencia fue emitida de conformidad con la
legislación y la jurisprudencia aplicable a este tipo de casos; se verificó que la medida de
aseguramiento fue legal, razonable, proporcionada y necesaria, y que, por lo tanto, la
detención no fue injusta. Que, además, la sentencia SU-072 de 2018 proscribió la
aplicación del régimen objetivo de responsabilidad de daño especial a aquellos eventos
en los que se absuelve a una persona en aplicación del principio de in dubio pro reo.

También explicó que una cosa es que existan elementos materiales probatorios o
información obtenidos legalmente, de los cuales se pueda inferir razonablemente que el
imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, a efectos
de imponer una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad, como ocurrió en el
caso del señor Torres Molina, y otra es que exista prueba fehaciente de su participación
o coautoría en la conducta punible investigada, más allá de toda duda, para ser declarado
responsable penalmente.

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín solicitó que
se negaran las pretensiones de la acción de tutela porque la decisión cuestionada no
incurrió en ninguno de los defectos endilgados, y se fundamentó en las sentencias C-037
de 1996 y SU-072 de 2018.

La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declarara improcedente la acción de
tutela porque no se cumple el requisito general de subsidiariedad, no se sustentaron las
causales específicas de procedibilidad y pretende retrotraer las actuaciones procesales.

Que, en todo caso, el tribunal demandado respetó cada una de las garantías de los
demandantes, así como las reglas jurisprudenciales de la sentencia SU-072 de 2018, y

1 SAMAI CE, primera instancia, índice 2, certificado 9ABE87657F799105 32A8F393B3D51BF4 8CF309029E61F0E7

BA57934FA65368CF, p. 4.

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decidió el asunto bajo las reglas de la sana crítica y los argumentos plasmados.

El Juzgado Veintitrés Administrativo de Medellín se limitó a remitir copia digital del
expediente ordinario, pero no emitió pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.

6. Sentencia impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de enero de 2024,
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, por considerar que no se cumple
el requisito de relevancia constitucional, debido a que se pretende utilizar la acción de
tutela como un mecanismo adicional al proceso de reparación directa. Sostuvo que la parte
actora ventila su descuerdo con el análisis probatorio efectuado sobre la existencia o no
de un soporte suficiente que justifique de manera razonable la imposición de una medida
privativa de la libertad.

Aduce que en la demanda presentada por la demandante no se dedica ningún aparte a
señalar la manera en que se habría configurado una vulneración de sus derechos
fundamentales, sino que se centra en argumentar que de haber hecho un correcto análisis
de las pruebas aportadas habría concluido que no existió soporte probatorio para proceder
a la privación de la libertad. Sostuvo que la determinación del régimen de responsabilidad
aplicable al caso concreto compete únicamente al juez natural, sin que el juez de tutela se
encuentre habilitado para corregir ese análisis.

7. Impugnación

La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia para que se decidiera de fondo
y adujo que no están controvirtiendo las pruebas, “sino que al no practicar las pruebas que
la ley le obligaba a la fiscalía seccional a practicarlas, omitieron que el procedimiento fuera
diferente y la verdad sustancial fuera un resultado esperado, esta omisión es causal de
violación al debido proceso”2.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Francisco Giovanny Torres Molina y sus familiares, para dejar sin efectos la sentencia del
18 de agosto de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que, en
segunda instancia, denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa
interpuesta contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por presunta
privación injusta de la libertad.

La Sala anticipa que, si bien la acción de tutela cumple los requisitos generales de
procedibilidad, lo cierto es que no se incurrió en el defecto fáctico alegado en la
impugnación, por cuanto el tribunal demandado estudió el material probatorio obrante en
el expediente para el momento en que ocurrieron los hechos, con fundamento en los
cuales concluyó que la medida preventiva cumplió con los requisitos legales.

2 SAMAI CE, primera instancia, índice 33, certificado B8718C849477A3F3 3FFB1964920E2B58 CCB3C858ADA65CBA

B4AA045C51C86E28.

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Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a: (i) la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) la verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y (iii) al análisis del caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos4 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

La relevancia constitucional se encuentra acreditada, toda vez que no se trata de una
discrepancia de interpretación jurídica ni una cuestión patrimonial. Por el contrario, si
existiera el error que alega la parte actora, se estaría desconociendo la expectativa que
tienen de ser indemnizados por una presunta privación injusta de la libertad, y en esa
condición, obtener una reparación sobre lo acaecido.

La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez, porque la sentencia
reprochada fue proferida el 18 de agosto de 2023, y la demanda de tutela fue radicada el
10 de noviembre de 2023.

La parte demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dado
que promovió el medio de control de reparación directa y cuestiona la sentencia de
segunda instancia dictada en dicho proceso. Además, tampoco se evidencia la viabilidad
del recurso extraordinario de revisión contra la providencia atacada, puesto que no parece
que pueda encuadrarse en alguna de las causales de procedibilidad previstas en el
artículo 2505 del CPACA.
3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y

extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela;
la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se
cuestione un fallo de tutela.
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
5 ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son

causales de
revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera
podido proferir
una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de
la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su
expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.

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Así mismo, advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto es,
expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados
proviene de presuntamente desconocer las pruebas que darían lugar a una decisión en
sentido diferente y de aplicar un título de imputación de responsabilidad diferente.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora cuestiona
una sentencia de segunda instancia de un proceso de reparación directa.

4. Análisis del caso concreto

En los términos de la impugnación y en consonancia con el escrito de tutela, la parte
actora alegó que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en defecto fáctico, al
concluir que la medida de aseguramiento cumplió los requisitos de legalidad,
razonabilidad y proporcionalidad, pues no tuvo en cuenta que la Fiscalía se presentó al
juicio solo con la denuncia, pero sin otras pruebas que la ley le exige, como
interceptaciones, vínculos contractuales entre las partes, y verificación de los testigos
donde laboraba el señor Torres Molina.

De la revisión del expediente, la Sala encuentra que el tribunal demandado, después de
hacer un estudio de las normas y la jurisprudencia vigente sobre el régimen de
responsabilidad del Estado aplicable en asuntos de privación injusta de la libertad, hizo
una relación del material probatorio que obraba en el expediente. Luego, examinó (i) los
argumentos de la Fiscalía General de la Nación que sustentaron la solicitud de la medida
de aseguramiento, (ii) la medida de aseguramiento impuesta por el Juzgado Sexto Penal
Municipal de Medellín, y (iii) la sentencia del 23 de julio de 2012 proferida por el Juzgado
Veintiséis Penal del Circuito de Medellín, mediante la cual se absolvió al señor Torres
Molina porque no se logró demostrar que fue cómplice del denunciado.

Ahora bien, dentro del material probatorio que obra en el expediente, la Sala advierte que
el tribunal demandado estudió (i) el informe ejecutivo de la Policía Judicial del Gaula de
la Policía Nacional, del cual se extrajeron los hechos de la denuncia y los detalles del
operativo de la captura en flagrancia; y (ii) el acta y la grabación de la audiencia
concentrada del 30 de septiembre de 2011, en las cuales se estudió la solicitud de medida
de aseguramiento de la Fiscalía General de la Nación, que a su vez se sustentó en el
formato único de noticia criminal y en las entrevistas realizadas a Gisella Andrea Restrepo
Sánchez y a Mercedes Quintero Quintero.

En virtud de lo anterior, el tribunal concluyó que la medida de aseguramiento impuesta al
señor Torres Molina (ejecutada entre el 29 de septiembre de 2011 y el 23 de julio de 2012)
fue apropiada, razonable, y proporcional, con fundamento en lo siguiente:

(i) Para el momento de la imposición de la medida de aseguramiento, se contaba con
la denuncia de la víctima por extorsión y amenazas de muerte, las entrevistas
realizadas a Gisella Andrea Restrepo Sánchez y Mercedes Quintero Quintero -que
corroboraban lo expuesto por el denunciante-, y el informe realizado por el grupo
Gaula de la Policía Nacional que narraba la captura del operativo en flagrancia.

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal
necesaria o
perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue
dictada. Sin
embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.

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(ii) De los elementos materiales referidos, existía inferencia razonable (artículo 308 de
la Ley 906 de 2004), para el momento de los hechos, de que el señor Torres Molina
era coautor del delito de extorsión, dado que para el día de los hechos tuvo una
participación activa en la conducta punible al transportar y esperar en su vehículo
particular al señor denunciado por extorsión.
(iii) Los imputados constituían un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima,
debido a la gravedad de la conducta punible, los bienes jurídicos tutelados y el
impulso criminal (artículo 310 de la Ley 906 de 2004).
(iv) El delito de extorsión es investigable de oficio y el mínimo de la pena excede los 4
años de prisión (numeral 2 del artículo 313 de la Ley 906 de 2004).
(v) No procede la detención domiciliaria cuando se trata del delito de extorsión (artículo
26 de la Ley 1121 de 2006).
(vi) La imposición de la medida de aseguramiento no fue apelada por el apoderado del
señor Torres Molina.

Luego de explicar las razones que motivaron la medida de aseguramiento, la autoridad
judicial concluyó que “la medida restrictiva de la libertad frente al aquí actor no desbordó
los criterios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad inherentes a la adopción de
este tipo de decisiones, de ahí que no haya resultado injusta la privación de la libertad de
la que fue objeto”6.

De lo anterior, la Sala encuentra que, contrario a lo aducido por la parte actora, la
sentencia del tribunal es razonable porque al analizar la decisión del Juzgado Sexto Penal
Municipal de Medellín de imponer la medida de aseguramiento encontró que no se fundó
únicamente en la denuncia de extorsión, sino también en las entrevistas realizadas a
Gisella Andrea Restrepo Sánchez y Mercedes Quintero Quintero, en el informe realizado
por el grupo Gaula de la Policía Nacional que narraba la captura del operativo en
flagrancia, y en las manifestaciones de la Fiscalía General de la Nación para sustentar la
imposición de la medida.

En consecuencia, a juicio de la Sala, la sentencia del 18 de agosto de 2023, dictada por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, no incurrió en defecto fáctico, pues, como se vio,
estudió el material probatorio obrante en el expediente para el momento en que ocurrieron
los hechos, con fundamento en los cuales concluyó que la medida preventiva cumplió con
los requisitos legales, por lo que el proceder del Juzgado Sexto Penal Municipal de
Medellín no fue arbitrario.

Adicionalmente, se advierte que la decisión del tribunal demandado coincide con la
jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado7, que, en casos de reparación
directa por presunta privación injusta de la libertad por el delito de extorsión cometido en
vigencia de la Ley 906 de 2004, ha encontrado razonable el análisis de los jueces penales
de imponer la medida de aseguramiento por tratarse de un tipo penal grave, ya que pone
en riesgo tanto a la comunidad como a la víctima por las amenazas constantes.

En virtud de lo anterior, la Sala concluye que la sentencia del 18 de agosto de 2023,
dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, no incurrió en defecto fáctico. Por
consiguiente, se revocará la decisión de primera instancia, para, en su lugar, denegar las
6 SAMAI CE, primera instancia, índice 2, documento A3835EDFA715E187 AB401B80E2332988 0CB291EAE48F8646

431D3E54E0E2B38A, p. 23.
7 Sentencia del 3 de marzo de 2023, exp. 68001-23-31-000-2010-00867-01 (51863), CP. Marta Nubia Velásquez Rico;

Sentencia del 8 de mayo de 2023, exp. 68001-23-31-000-2011-00621-01 (55141), CP. Marta Nubia Velásquez Rico;
Sentencia del 9 de agosto de 2023, exp. 73001-23-33-000-2019-00054-01 (66836), CP. José Roberto Sáchica Méndez;
Sentencia del 4 de octubre de 2023, exp. 17001-23-33-000-2015-00217-01 (62959), CP. Jaime Enrique Rodríguez
Navas.

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pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. En
su lugar, se dispone:

2. Denegar las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

3. Notificar la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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