Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06886-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06886-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06886-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
13 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2023-06886-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: BLANCA NIEVES PEÑA DE YEPES
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR FALTA DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. LA ACTORA PRETENDE DEBATIR, A PARTIR DE
ARGUMENTOS DE MERA LEGALIDAD, UNA DIVERGENCIA QUE
RECAE SOBRE UN ASUNTO ECONÓMICO QUE YA FUE OBJETO DE
ANÁLISIS EN SEDE ORDINARIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA BUENA FE
Y A LA IGUALDAD.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra
el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
DE IBAGUÉ1 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA2.
1
En adelante el JUZGADO.
2
En adelante el TRIBUNAL.
2
Número único de radicación: 110010315000-2023-06886-00
Actora: BLANCA NIEVES PEÑA DE YEPES
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora BLANCA NIEVES PEÑA DE YEPES, actuando a través de
apoderado especial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la buena fe, a la
igualdad y a los principios de confianza legítima, preclusión y lealtad
procesal, inescindibilidad de la norma, legalidad y seguridad jurídica,
los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el JUZGADO y el
TRIBUNAL al haber proferido las providencias de 16 de febrero de
2021 y 20 de abril de 2023, respectivamente, dentro del proceso
ejecutivo identificado con el número único de radicación
730013333007-2016-00450-03.
I.2.- Hechos
Manifestó que promovió demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la extinta Caja
Nacional de Previsión Social CAJANAL -EICE, con el fin de que se
reliquidara su pensión de jubilación, con la inclusión de todos los
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factores salariales devengados.
Agregó que el citado proceso fue identificado con el número único de
radicación 2006-00134-00 y le correspondió por reparto al
JUZGADO que, en sentencia de 16 de abril de 2010, condenó a
CAJANAL EICE a reliquidar y pagar su pensión tomando como base
la totalidad de los factores salariales.
Comentó que CAJANAL EICE dio cumplimiento al fallo mediante
Resolución núm. UGM 013173 de 11 de octubre de 2011,
reliquidando su pensión con la inclusión de todos los factores
salariales devengados.
Informó que instauró demanda ejecutiva contra la Unidad de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, con el fin de lograr el pago de los intereses moratorios
derivados de la sentencia judicial antes mencionada, a la cual le fue
asignado el número único de radicación 2016-00450-00.
Precisó que el proceso fue conocido en primera instancia por el
JUZGADO que, en proveído de 26 de septiembre de 2017, libró
mandamiento de pago contra la UGPP por la suma de
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$8.172.855,91.
Explicó que en audiencia inicial celebrada el 16 de febrero de 2016,
el JUZGADO ordenó seguir adelante con la ejecución, pero por la
suma de $4.759.296.04, disminuyendo la cuantía del crédito al
dividir el período para la liquidación, por considerar que hubo un
período de cesación de intereses.
Expuso que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, en providencia
de 20 de abril de 2023, confirmó la decisión del a quo.
Por último, puso de presente que mediante auto ADP 003183 de 31
de mayo de 2023, la UGPP la requirió con el fin de que regresara los
dineros “pagados en exceso”.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A su juicio, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un
defecto procedimental absoluto al actuar al margen del
procedimiento establecido, toda vez que se ordenó expresamente el
valor a seguir adelante con la ejecución, no siendo la etapa pertinente
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para ello.
Arguyó que la acción ejecutiva se adelanta conforme a los
parámetros establecidos en el Código General del Proceso que en su
artículo 446 establece que el valor final a cancelar es el determinado
en la etapa de liquidación del crédito, no habiéndose surtido ello en
el caso en concreto.
Comentó que, en su sentir, se incurrió en un defecto fáctico, toda vez
que se decidió dividir el período de liquidación del crédito, pese a que
fue la entidad ejecutada la que presentó tardanza en el proceso de
pago, pues solo hasta un año y tres meses después la requirió para
que aportara la declaración juramentada de que no había iniciado
cobro ejecutivo.
Argumentó que también se incurrió en un defecto sustantivo, en la
medida en que con la sola petición se debió tener por presentada la
solicitud de pago, pues la norma es clara en indicar el procedimiento
a seguir en la solicitud de cumplimiento del fallo, de tal forma que
los documentos exigidos por la entidad no eran más que capricho, lo
que llevó a desconocer lo dispuesto en el artículo 177 del Código
Contencioso Administrativo -CCA-.
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Finalmente, explicó que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en violación directa de la Constitución al desconocer los
derechos fundamentales y los principios constitucionales invocados.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora solicitó lo siguiente:
“[…] 1. AMPARAR el derecho al DEBIDO PROCESO Y los
principios de CONFIANZA LEGITIMA, LEGALIDAD, IGUALDAD,
BUENA FE Y SEGURIDAD JURÍDICA, de la señora BLANCA
NIEVES PEÑA DE YEPES.
2. REVOCAR el numeral tercero de la providencia del 16 de
febrero de 2021, emitida por el JUZGADO SÈPTIMO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IBAGUÈ en la
que indica de manera exacta y taxativa el valor por el cual se
debe aprobar el crédito, situación que no prevé la etapa en la
que se encuentra el proceso, así mismo revocar la sentencia de
segunda instancia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL TOLIMA, la cual CONFIRMÓ la decisión de primera instancia.
3. Ordenar a la Unidad UGPP suspender el cobro coactivo que
inició a la señora BLANCA NIEVES PEÑA DE YEPES, por las
razones expuestas a lo largo de la presente acción, lo anterior a
título de MEDIDA CAUTELAR
4. Las demás que este Honorable Despacho considere para
proteger los derechos aquí tutelados […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El JUZGADO aseveró que la decisión cuestionada se profirió
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dentro de un marco de legalidad, en donde se tuvieron en cuenta los
precedentes y criterios jurisprudenciales y, de igual forma, se
valoraron en conjunto las pruebas allegadas por las partes, por lo
que de su valoración se decidió dividir el período de liquidación, de
tal forma que no existe vulneración a los derechos fundamentales
invocados, pues de la valoración de los hechos y documentos se
concluyó que la suma adeudada correspondía a $4.759.296,04.
I.5.2.- El TRIBUNAL afirmó que los argumentos expuestos en la
decisión acusada resultan suficientes para soportar la acción de
tutela.
Adujo que la acción de tutela de la referencia resulta improcedente,
pues lo pretendido por la actora es convertirla en una tercera
instancia y lograr un nuevo pronunciamiento judicial frente al caso,
el cual, por demás, ya fue ampliamente debatido en sede ordinaria.
I.5.3.- La UGPP, vinculada en calidad de tercera con interés directo
en las resultas del proceso, manifestó que la presente acción de
tutela es improcedente porque las decisiones adoptadas tanto por el
JUZGADO como por el TRIBUNAL no incurrieron en los defectos
endilgados, sino que, por el contrario, se ajustaron al ordenamiento
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legal y al precedente que regula el tema, para determinar el monto
por el que resultaba procedente la orden de pago dentro del proceso
ejecutivo.
Por último, destacó que lo pretendido por la actora es usar la acción
de tutela como una tercera instancia para revisar las decisiones
adoptadas por el juez competente, en un tema netamente
económico, no siendo este el mecanismo idóneo para el efecto.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la misma Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y
asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
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La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
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seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
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demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
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En el caso bajo examen, la actora pretende que se dejen sin efecto
las providencias de 16 de febrero de 2021 y 20 de abril de
2023, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL,
respectivamente, dentro del proceso ejecutivo identificado con el
número único de radicación 2016-00450-03, por medio de las cuales
se ordenó seguir adelante con la ejecución por la suma de
$4.759.296,04, por concepto de intereses moratorios causados,
derivados de una sentencia judicial.
La controversia tiene origen en el hecho de que, como consecuencia
de un proceso ordinario, la UGPP reliquidó la pensión de la actora,
con la inclusión de todos los factores salariales.
La actora para lograr el pago de los intereses moratorios de la
sentencia promovió proceso ejecutivo contra la UGPP, el cual fue
conocido por el JUZGADO que, en audiencia inicial, luego de declarar
no probadas las excepciones propuestas, ordenó seguir adelante con
la ejecución a favor de la actora por valor de $4.759.296,04,
disminuyendo así la cuantía del crédito. La anterior decisión fue
confirmada por el TRIBUNAL.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
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presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL
vulneró los derechos fundamentales de la actora, al confirmar la
decisión del a quo que disminuyó la cuantía del crédito dentro del
proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación
2016-00450-03.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
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esenciales, propias del debido proceso constitucional3, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».4
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación5, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [6]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
3
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
4
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[6] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
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“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [7].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [8].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [9].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
[7] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[8] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[9] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [10]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [11].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [12]; el derecho a presentar y controvertir las
[10] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[11] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[12] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
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tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
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ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia
en el caso bajo estudio es de carácter meramente legal y de
contenido estrictamente económico, esto último, pues la disminución
en el reconocimiento no compromete ningún derecho fundamental
de la actora.
En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad
porque se deriva del alcance que la actora pretende que se dé al
artículo 177 del CCA, en cuanto a las condenas impuestas a las
entidades públicas y los intereses moratorios que de ello se
desprende, en particular, en el plazo allí previsto y la causación de
estos.
Dichos aspectos, además de que carecen de una perspectiva
constitucional, en la medida en que su solución derivaría de la simple
aplicación de la norma aludida, fueron resueltos por el TRIBUNAL
con base en la jurisprudencia de esta Corporación, así:
“[…] En tercer lugar, en aras de resolver la cuestión litigiosa
referente a los intereses moratorios, se hace necesario traer a
colación, las ordenes que fueron impartidas en la sentencia base
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de ejecución, con el fin de esclarecer los hechos.
En tal sentido, se advierte que, en la sentencia de 16 de abril de
2010, corregida mediante providencia de 26 de mayo de 2010,
proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Ibagué – Tolima, se resolvió lo siguiente: […]
El artículo 176 del Código Contencioso Administrativo prevé que
"las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una
sentencia dictarán, dentro del término de treinta (30) días
contados desde su comunicación, la resolución correspondiente,
en la cual se adoptarán las-medidas necesarias para su
cumplimiento."
Por su parte, el artículo 177 dispone:
ARTICULO 177. EFECTIVIDAD DE CONDENAS CONTRA
ENTIDADES PUBLICAS. Cuando se condene a la Nación, a una
entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una
cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de
la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones
del ministerio público frente a la entidad condenada. (…) Las
cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán
intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su
ejecutoria y moratorias después de este término.
Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia
que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una
conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la
entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la
documentación exigida para el efecto, cesará la causación de
intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se
presentare la solicitud en legal forma.
En asuntos de carácter laboral, cuando se condene a un
reintegro y dentro del término de seis meses siguientes a la
ejecutoria de la providencia que así lo disponga, éste no pudiere
llevarse a cabo por causas imputables al interesado, en adelante
cesará la causación de emolumentos de todo tipo.
Debe precisarse que la normatividad aplicable al caso concreto
para la liquidación de intereses es la señalada en el Código
Contencioso Administrativo, según la cual, las condenas
líquidas de dinero devengaran intereses moratorios por el
término de 6 meses a partir de la ejecutoria de la
providencia que la imponga, y en caso de no allegarse
reclamación dentro de este plazo, cesará la causación de
los mismos hasta que se preséntela solicitud en legal
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forma.
En este caso, asegura el juez de primera instancia que aunque
el demandante realizó la solicitud de cumplimiento del fallo el
día 16 de julio de 2010, fue tan solo hasta el día 13 de diciembre
de 2011 que allegó toda la documentación requerida para que la
Entidad emitiera el correspondiente acto administrativo y
procediera al pago de lo ordenado en la sentencia objeto de
ejecución. Agregó, la demandante allegó entre otros
documentos la declaración juramentada de no cobro de la
obligación por vía ejecutiva, hasta el día 13 de diciembre de
2011, completando así los documentos requeridos para el
cumplimiento de la sentencia.
Frente a ello, la parte demandante en su recurso de apelación,
solicita se liquiden los intereses desde el 16 de julio de 2010 que
fue el momento en que presentó la reclamación correspondiente.
Al respecto, es claro el artículo 177 del Código
Contencioso Administrativo al indicar que los
beneficiarios de la providencia que imponga o liquide una
condena o de la que apruebe una conciliación, deberán
acompañar la documentación exigida para el efecto,
siendo así como quiera que frente a la petición presentada
el 16 de julio de 2010 (Fl. 231 cuaderno principal), la
entidad accionada profirió la Resolución 13173 de 11 de
octubre de 2011, indicándole que “deberá acreditar
mediante declaración extrajuicio que no ha iniciado cobro
alguno por vía ejecutiva de los derechos reconocidos en
esta resolución. En caso de que haya iniciado cobro por
vía ejecutiva deberá presentar certificación del
correspondiente despacho judicial en donde se acredite
los valores y periodos cancelados al igual que la
constancia de terminación de dicho proceso.”
En atención al anterior requerimiento, la parte
demandante remite la declaración extrajuicio indicando
que no había iniciado cobro alguno por vía ejecutiva
siendo presentada en legal forma hasta el 13 de diciembre
de 2011, razón tuvo el A-quo al tomar esta fecha para
efectos de la liquidación de intereses.
No sobra indicar, que el Consejo de Estado en providencia de 20
de octubre de 2014, C.P. Dr. Enrique Gil Botero, Exp. 52001-23-
31-000-2001-01371-02, al referirse a la regulación de intereses
de mora por el retardo en el pago de conciliaciones o sentencias
de los procesos iniciados antes y después del CPACA., señaló:
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“(…) La Sección Tercera, Subsección C, difiere de estas
conclusiones y considera que el art. 308 rige plenamente esta
situación –la del pago de intereses de mora de sentencias
dictadas al amparo del proceso que regula el CCA-, de allí que
los procesos cuya demanda se presentó antes de que entrara en
vigencia el CPACA incorporan el art. 177 del CCA., como norma
que regula el pago de intereses, en caso de retardo en el pago
por parte del condenado; mientras que los procesos cuya
demanda se presentó después de la entrada en vigencia del
CPACA incorporan como norma que regula el pago de intereses,
en caso de retardo en el pago de la sentencia por parte del
condenado, el art. 195 del CPACA.
Las razones que justifican este criterio son las siguientes:
En primer lugar, el art. 308 es categórico en prescribir que TODO
el régimen que contempla el CPACA -incluye el pago de intereses
de mora sobre las condenas impuestas por esta jurisdicción
(arts. 192 y 195)- aplica a los procesos iniciados a partir de su
entrada en vigencia; de manera que la tasa de interés de mora
que aplica a las sentencias no pagadas oportunamente,
proferidas en procesos iniciados antes del CPACA -es decir,
tramitados conforme al CCA-, es la prevista en el art. 177 del
CCA.
El espíritu o sentido de la norma de transición es claro: las
disposiciones del CPACA –que incluyen la regulación de los
intereses de mora- rigen los procesos nuevos, lo que comprende
la sentencia y sus efectos; en cambio, las normas del CCA rigen
los procesos anteriores, lo que también incluye la sentencia y
sus efectos. Por tanto, si el régimen de intereses de mora es
diferencial en ambos estatutos, así mismo se aplicarán según la
normativa que rigió el proceso.
En segundo lugar, no es prudente combinar o mezclar los
regímenes de intereses –lo que sucedería cuando el pago de una
sentencia dictada en un proceso regido por el CCA termina
cubierto por la norma de intereses del CPACA-, porque esta
mixtura no hace parte de la filosofía con que el art. 308 separó
las dos normativas. El tema es más simple de enfocar,
independientemente de los efectos positivos o negativos que
tenga para el deudor que incurre en mora de pagar una
sentencia o una conciliación: el nuevo código rige los procesos -
incluida la sentencia y sus efectos- cuya demanda se presentó
en su vigencia, código que incluye la norma sobre intereses de
mora, es decir, la tasa y el tiempo para pagar –art. 195-; y el
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CCA rige los procesos -incluida la sentencia y sus efectos- cuya
demanda se presentó antes de la vigencia del CPACA, código que
incluye la norma sobre intereses de mora, es decir, la tasa y el
tiempo para pagar –art. 177-.
En tercer lugar, el criterio más importante que marca la
diferencia entre la Sala de Consulta y esta Subsección de la
Sección Tercera consiste en el reconocimiento que una y otra
hace o no de la regla especial de transición procesal que
contempla el art. 308. Mientras la Sala de Consulta, para
desestimar la aplicación del art. 308, (…)
En conclusión, el art. 308 del CPACA regía este tema, y conforme
a él se debe resolver la cuestión. En los términos expresados,
Sala concluye que:
i) Los procesos cuya demanda se presentó antes de la vigencia
del CPACA y cuya sentencia también se dictó antes, causan
intereses de mora, en caso de retardo en el pago, conforme al
art. 177 del CCA, de manera que la entrada en vigencia del
CPACA no altera esta circunstancia, por disposición del art. 308.
ii) Los procesos cuya demanda se presentó antes de la vigencia
del CPACA y cuya sentencia se dicta después, causan intereses
de mora, en caso de retardo en el pago, conforme al art. 177 del
CCA, y la entrada en vigencia del CPACA no altera esta
circunstancia, por disposición expresa del art. 308 de este.
iii) Los procesos cuya demanda se presentó en vigencia del
CPACA, y desde luego la sentencia se dicta conforme al mismo,
causan intereses de mora conforme al art. 195 del CPACA”.
Debe precisarse que el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación número 06-0134-00 incoado por la
ejecutante, fue tramitado bajo las reglas previstas en el Decreto
01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), es decir,
conforme al régimen escritural.
Siendo ello así, la tasa de interés de mora que aplica a las
sentencias no pagadas oportunamente, proferidas en procesos
iniciados antes del CPACA -es decir, tramitados conforme al
CCA-, es la prevista en el art. 177 del CCA, tal y como lo realizó
el A-quo en el presente caso.
De conformidad con lo expuesto, se deberá CONFIRMAR la
sentencia de 16 de febrero de 2021, por medio de la cual, el
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué, resolvió
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rechazar de plano las excepciones de “Inexistencia de la
obligación en cabeza de la UGPP”, “Cobro de lo no debido”, y
“Buena fe”, propuestas por la entidad demandada; declaró no
probada la excepción de pago y ordenó seguir adelante con la
ejecución por concepto de intereses moratorios causados
[…]”(Destacado fuera de texto).
De la trascripción en cita la Sala advierte que, en efecto, en la
sentencia cuestionada el TRIBUNAL argumentó las razones por las
cuales se debía confirmar la decisión del a quo en cuanto a la
interpretación dada al artículo 177 del CCA, sin que se vislumbre que
pudo haber actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado
los límites del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto
carece de relevancia constitucional.
Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado
improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no
resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se
centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue
el caso de la providencia de 9 de febrero de 201713, en la que se
indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
13
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).
Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201814, sostuvo lo
siguiente:
“[…] En torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
14
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
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Número único de radicación: 110010315000-2023-06886-00
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encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).
De igual forma, la discusión tiene un contenido claramente
económico, en la medida en que la inconformidad de la actora tiene
origen en un proceso ejecutivo en el cual pretende el pago de los
intereses moratorios por la condena impuesta a la UGPP mediante
sentencia de 16 de abril de 2010, sin que se advierta que dicha
situación pueda llegar a comprometer su mínimo vital o cualquier
otro derecho fundamental, ni que su edad sea una causal para omitir
el estudio del requisito de procedibilidad aludido.
En relación con este aspecto, esta Sala15 ha indicado:
“ […] para la Sala, el actor plantea una afectación de
derechos fundamentales que tienen su origen en últimas
en un debate estrictamente legal y económico, el cual ya
fue expuesto dentro del proceso ejecutivo y fue decidido
por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde
al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda
vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e
independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo
constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.
[…]
46. La Sala considera que la discusión que se expone a través
del escrito de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia antes transcrita, no tiene
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de enero
de 2023, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 110010315000202206436-00
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Número único de radicación: 110010315000-2023-06886-00
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trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia
se encuentra limitado a asuntos meramente legales y
económicos cuya competencia se encuentran en cabeza del juez
de lo contencioso administrativo.
47.Igualmente, el conflicto que subyace en esta
oportunidad tiene un alcance de contenido particular y
meramente económico, esto es así porque la discusión y
los argumentos que se extraen de la acción de tutela, más
que develar la necesidad de protección de un derecho
fundamental, buscan que el juez de tutela valide la tesis
jurídica del actor y, con ello, acceda a las pretensiones de la
demanda, sin que de esta discusión se pueda evidenciar una
clara trascendencia o relevancia constitucional […]”. (Destacado
fuera de texto)
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,
sino una divergencia que obedece a un debate de mera legalidad y
de carácter económico, en el cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de
un recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y de
paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
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fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción
de tutela por carecer del requisito general de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia por falta del requisito general de la
relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
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quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de diciembre de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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