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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06887-00

Fecha
7 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06887-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DESVINCULAR al Consejo Superior de la Judicatura del presente trámite constitucional, conforme a los motivos expuestos en esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la solicitud de amparo presentada por el señor Luis Alfonso Cárdenas Ardila contra la Oficina de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Bogotá. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 19 De conformidad con lo señalado en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 que a la letra reza: “Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de peticiones: 1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción (…)”. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Luis Alfonso Cárdenas Ardila Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Archivo Central Radicado: 11001-03-15-000-2023-06887-00 CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-06887-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

7 de diciembre de 2023

Demandante: Luis Alfonso Cárdenas Ardila
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Archivo Central
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06887-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Paipa, Boyacá, siete (7) de diciembre dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06887-00
Demandante: LUIS ALFONSO CÁRDENAS ARDILA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
BOGOTÁ – ARCHIVO CENTRAL

Tema: Derecho fundamental de petición – declara carencia actual de
objeto por hecho superado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. El señor Luis Alfonso Cárdenas Ardila, actuando en nombre propio, instauró
acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Archivo Central2. Con la
solicitud de amparo pretende que se le proteja su derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia.

2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudica a la omisión de
la autoridad accionada en dar respuesta a su solicitud del 20 de mayo de 2023,
relacionada con el desarchivo del proceso 11001-40-03-026-2014-00144-00 que

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2 El escrito fue radicado el 10 de noviembre de 2023.

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Demandante: Luis Alfonso Cárdenas Ardila
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Archivo Central
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06887-00

cursó en el Juzgado 37 Civil Municipal de Bogotá, demandante: Banco Davivienda,
archivado el 9 de octubre de 2019, en la caja 586 de ese año.

1.2. Pretensión constitucional

3. La parte actora solicitó la protección de sus derechos, así:

Con fundamento en los hechos expuestos y en las pruebas aportadas y practicadas
solicito respetuosamente al señor juez se ordene a las autoridades infractoras al
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA ADMINISTRATIVA –
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
BOGOTÁ Y OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL, que en el
término indicado en la ley ordene:

1. A las autoridades infractoras CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –
SALA ADMINISTRATIVA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ Y OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL
DE LA RAMA JUDICIAL para que dentro del término que ordene su señoría realicen
las gestiones correspondientes al desarchive del proceso ejecutivo singular No.
2014-00144-00 de BANCO DAVIVIENDA S.A., contra LUIS ALFONSO
CARDENAS ARDILA el cual se encuentra archivado en la caja 586 de 2019 con el
fin de que prevalezca el derecho de acceso a la administración de justicia.

1.3. Hechos

4. La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:

5. En el Juzgado 37 Civil Municipal del Circuito Judicial de Bogotá cursó el
proceso número 11001-40-03-026-2014-00144-00 iniciado por el Banco Davivienda
en contra del accionante.

6. Indicó que, según la plataforma de Siglo XXI, el proceso fue archivado el día
9 de octubre de 2019, en la caja No. 586 de 2019.

7. En consecuencia, refirió que el 20 de mayo de 2023 radicó una petición ante
el Consejo Superior de la Judicatura – Archivo Central. En ella solicitó que se
desarchivara ese proceso ordinario.

8. Señaló que han transcurrido más de dos meses, sin que a la fecha se le haya
otorgado respuesta alguna a su solicitud.

1.4. Fundamentos de la solicitud

9. A juicio del actor la autoridad accionada transgredió su derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia. Refiere que es irrazonable e injustificado
el retardo de la demandada en el trámite de su solicitud.

10. A criterio de la sala, los reproches aducidos por el señor Luis Alfonso
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Cárdenas Ardila en realidad corresponden a una afectación a su derecho
fundamental de petición. Ello por cuanto, según los fundamentos fácticos de la
solicitud de amparo, a la fecha de presentación de esta acción constitucional no se
ha recibido un pronunciamiento de fondo, de manera clara, completa y detallada a
la solicitud de desarchive de un expediente judicial.

1.5. Trámite de la acción

11. En providencia del 15 de noviembre de 2023, el despacho ponente admitió la
acción constitucional de la referencia y ordenó notificar como accionado al Consejo
Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Bogotá – Archivo Central. A su vez, dispuso la vinculación del Juzgado 37
Municipal de Bogotá y del Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para
los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia de Bogotá.

1.6. Intervenciones e informes

1.6.1. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá

12. El director seccional de Administración Judicial de Bogotá rindió informe en
el que solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, toda vez que
se emitió respuesta a la petición del accionante y se desarchivó el expediente
requerido por el mismo.

13. Al respecto, manifestó que le informó al accionante mediante correo enviado
el 20 de noviembre de 2023 que el proceso requerido fue desarchivado digitalmente
y se encontraba cargado en el contenedor del Juzgado 37 Civil Municipal de Bogotá,
el cual también fue enterado de tal actuación.

1.6.2. Consejo Superior de la Judicatura - Presidencia

14. Solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva. Para el
efecto, refirió que no es el llamado a responder o cumplir las órdenes que se expidan
con el fin de amparar las garantías constitucionales del accionante, máxime cuando
solo conocieron de la solicitud de desarchivo con ocasión al presente trámite
constitucional.

15. Agregó que, ante un eventual amparo al derecho fundamental deprecado, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá es la autoridad
llamada a responder, toda vez que la oficina de archivo se encuentra adscrita a
dicha corporación de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo PCSJA17-10784 del
26 de septiembre de 2017 y en su defecto, la Dirección Ejecutiva Nivel Central, por
ser el superior jerárquico.

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1.6.3. El Juzgado 37 Municipal de Bogotá y el Centro de Servicios Administrativos
Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia de Bogotá, pese
a que fueron notificados guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

16. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda
presentada por el señor Luis Alfonso Cárdenas Ardila. Lo anterior de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley
2591 de 1991 y el numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021.

2.2. Legitimación en la causa

17. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

18. La Sala advierte que el señor Luis Alfonso Cárdenas Ardila se encuentra
legitimado en la causa por activa. Así, se evidencia que le asiste un interés directo
y personal en las resultas del proceso, pues es la persona que instauró la solicitud
de desarchivo ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Bogotá – Archivo Central.

19. Por su parte, esta colegiatura encuentra que la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Bogotá – Archivo Central está legitimada en la causa
por pasiva. Esto, porque es la autoridad a la que se le atribuye la supuesta
vulneración de las garantías constitucionales antes mencionadas; y quien posee la
aptitud legal para dar respuesta a la solicitud instaurada por la parte actora.

20. El Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se declarara su falta de
legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, se le desvinculara del
trámite de la presente acción de tutela. Al respecto, la sala una vez estudiados los
argumentos planteados por esta entidad, advierte que le asiste razón, toda vez que
no se encuentra encargada del manejo y funcionamiento del archivo central de la
ciudad de Bogotá. Asimismo, se encuentra que la petición no fue dirigida a esta
autoridad, por lo que se dispondrá en la parte resolutiva su desvinculación del
presente trámite3.

3 En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta. Sentencia del 27 de julio de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2023-02508-00.
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2.3. Problema jurídico

21. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico a
resolver en el caso concreto es el siguiente:

• ¿La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Archivo Central vulneró los derechos fundamentales invocados por el señor
Luis Alfonso Cárdenas Ardila4, con ocasión de la omisión de respuesta a la
solicitud de desarchivo del proceso identificado con radicado 11001-40-03-
026-2014-00144-00?

22. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) generalidades de la acción de tutela; (ii) derecho de petición; (iii) carencia actual
de objeto por hecho superado; y (iv) el caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

23. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto Ley 2591 de 1991.

24. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la
subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho
fundamental que se dice vulnerado o amenazado.

25. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro
medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho
fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un
perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo
transitorio.

26. Sobre el caso que nos ocupa, salta a la vista que la parte accionante
considera vulnerado su derecho fundamental de petición, pues arguye que las
autoridades demandadas omitieron darle respuesta de fondo a su solicitud. En ese
sentido, para la Sala es viable concluir que la acción de tutela constituye el

4
El amparo constitucional exige que con el reclamo ante los jueces, en todo momento y lugar, se
pretenda una protección inmediata de derechos fundamentales vulnerados o amenazados de
manera grave e inminente. En el caso que ocupa la atención de la Sala y de manera anticipada, se
advierte que la actuación de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá podría tener
una repercusión en la efectividad no sólo de los derechos al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, sino también de otros tales como el derecho de petición.
5

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instrumento idóneo para procurar la salvaguarda de dicha garantía constitucional,
máxime cuando el ordenamiento jurídico no prevé ningún recurso judicial para
proceder a su protección.

27. De igual manera se advierte que la parte accionante instauró la tutela el 13
de abril de 2023, es decir dentro de un plazo prudencial a la fecha en que se habría
configurado la vulneración de su derecho fundamental, por lo que no se observa
una tardanza injustificada o irrazonable en la presentación de la acción5.

2.5. Del derecho de petición

28. La Constitución Política de 1991, consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general
o particular y a obtener pronta resolución»6. El mismo artículo superior precisa que
el Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales.

29. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».7

30. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación
de la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en
el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala el término de 15 días para resolver
la misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto
y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el
particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud.

31. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante
o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada
al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que
desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación
de lo solicitado. // Desde luego, este deber de contestar de manera clara y

5 Corte Constitucional, sentencias T-444 de 2020, SU– 574 de 2019, SU–075 de 2018.
6 Corte Constitucional, sentencia C-510 de 2014.
7 Corte Constitucional, sentencia T-332 de 2015.

6

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coherente, no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada
con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una
aclaración plena de la respuesta dada.»8

32. Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento
del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»9.

33. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición
la Corte Constitucional ha explicado que:

i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado
que mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los
derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión;
ii) su contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad
cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que
supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base
de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos
planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo
fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al
peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo10.

34. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden
a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca11.

35. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de
petición y el derecho a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y agota
en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento
o no del derecho subjetivo.

8 Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2013.
9 Ibidem.
10 Corte Constitucional, sentencia T-161 de 2011.
11 Sobre el tema, ver sentencia de 22.03.2012., Radicación: 25000-23-25-000-2012-00150-01, Actor:

Robert Wilson Molina Sambony M.P. Susana Buitrago Valencia.
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2.6. Caracterización de la carencia actual de objeto por hecho superado

36. La Corte Constitucional ha considerado que la acción de tutela, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 Constitucional y el desarrollo
consagrado en el Decreto Legislativo 2591 de 1991 tiene como objetivo la
protección efectiva, cierta e inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos
resulten vulnerados o amenazados por las actuaciones u omisiones de las
autoridades y de los particulares, en los casos específicamente previstos por el
legislador12.

37. Al considerar la finalidad de la acción, la referida Corporación ha señalado
que, frente a una situación de hecho cuya vulneración o amenaza sea superada, en
el sentido de que la pretensión alegada se encuentre satisfecha, o cuando se ha
producido el perjuicio que se pretendía evitar por medio del amparo constitucional,
la acción de tutela resulta inocua o insustancial, es decir, «cae en el vacío»13. A la
primera de las hipótesis planteadas la jurisprudencia constitucional la ha
denominado hecho superado y, a la segunda, daño consumado.

38. Por otra parte, la Corte Constitucional14 también ha reconocido, como lo ha
hecho igualmente esta Sección recientemente15, que existen situaciones en las que
la carencia actual de objeto no necesariamente encuadra en las dos figuras jurídicas
referidas, sino que obedece a otras circunstancias asociadas a un evento posterior
a la solicitud de tutela. En esos casos, se ha considerado que la decisión que
pudiere proferir el juez de tutela resultaría igualmente inane por sustracción de
materia o por lo que en sede de unificación denominó «acaecimiento de una
situación sobreviniente».

39. Sobre el tema cabe destacar la sentencia de unificación de jurisprudencia
sobre el tema –SU 522 de 201916–, en la que se precisó que si luego de acudir a la
autoridad judicial, «la situación ha sido superada o resuelta de alguna forma», no
tendría sentido un pronunciamiento, puesto que «la posible orden que impartiera el
juez caería en el vacío», siendo esta la «idea central que soporta el concepto de
carencia actual de objeto».

40. En esa providencia la Corte aclaró que «el juez de tutela no ha sido concebido
como un órgano consultivo que emite conceptos o decisiones inocuas una vez ha

12 Corte Constitucional, ver, entre otras, las sentencias T-082 de 2015 y T-484 de 2016.
13 Consultar, entre otras, las sentencias T-496 de 2003, T-309 de 2006, T-855 de 2007, T-159 de

2014, T-484 de 2016, T-021 de 2017 y T-657 de 2017 y la T-189 del 15.05.2018.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-419 de 2017.
15 En este sentido, esta Sección se pronunció recientemente. Al respecto consultar: Consejo de

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 26 de mayo de 2022.
Rad. 11001-03-15-000-2021-11570-01. C.P. Rocío Araujo Oñate.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-522 de 2019.

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dejado de existir el objeto jurídico, sobre escenarios hipotéticos, consumados o ya
superados».

41. Es importante hacer referencia a las sub-reglas que en materia de carencia
actual de objeto rigen a partir de la sentencia de unificación:

(i) En los casos de daño consumado: es perentorio un pronunciamiento de fondo
del juez de tutela (incluida la Corte Constitucional) cuando el daño ocurre durante
el trámite de la tutela; precisando si se presentó o no la vulneración que dio origen
a la acción de amparo. Además, el juez de tutela podrá, dadas las particularidades
del expediente, considerar medidas adicionales tales como: a) hacer una
advertencia a la autoridad o particular responsable para que en ningún caso vuelva
a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela; b)
informar al actor/a o a sus familiares sobre las acciones jurídicas de toda índole a
las que puede acudir para la reparación del daño; c) compulsar copias del
expediente a las autoridades competentes; o d) proteger la dimensión objetiva de
los derechos fundamentales trasgredidos y tomar medidas para que los hechos
vulneradores no se repitan;

(ii) En los casos de hecho superado o situación sobreviniente: no es perentorio que
el juez de tutela haga un pronunciamiento de fondo. Sin embargo, y especialmente
tratándose de la Corte Constitucional actuando en sede de revisión, podrá emitir un
pronunciamiento de fondo cuando lo considere necesario para, entre otros: a) llamar
la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó
la tutela y tomar medidas para que los hechos vulneradores no se repitan; b) advertir
la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes; c) corregir
las decisiones judiciales de instancia; o d) avanzar en la comprensión de un derecho
fundamental. (Subrayado fuera de texto).

2.7. Caso concreto

42. Como se expuso en los antecedentes de este proveído y según se logra
evidenciar de los elementos de convicción que integran el expediente, el señor Luis
Alfonso Cárdenas Ardila presentó una petición el 20 de mayo de 2023 ante la Oficina
de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional
Bogotá. Con su solicitud, pretendía el desarchivo del expediente identificado con el
radicado 11001-40-03-026-2014-00144-00 tramitado ante el Juzgado 37 Civil
Municipal del Circuito Judicial de Bogotá.

43. Luego de surtidas las correspondientes notificaciones y traslados para que
las partes se pronunciaran sobre los hechos que sirven de sustento a la presente
acción, se recibió constancia de que la autoridad encargada del Archivo Central dio
trámite a la petición el pasado 20 de noviembre de 2023, esto es, durante el trámite
de la presente acción constitucional. Esta respuesta se dio en los siguientes
términos:

En atención a la tutela de la referencia, me permito informar que, revisada la base
de datos de solicitudes radicadas a través del formulario en línea y módulo de
radicación física, se evidencia petición No. 23-1557 en la cual se solicite el
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Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Archivo Central
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06887-00

desarchivo del proceso 2014-144 del JUZGADO 37 CIVIL MUNICIPAL donde
figuran las siguientes partes: Demandante: BANCO DAVIVIENDA, demandado:
LUIS ALFONSO CARDENAS ARDILA.

Por consiguiente, se procedió a la verificación en el visor documental del CSJ,
evidenciando que el proceso requerido fue DESARCHIVADO DIGITALMENTE y
se encuentra cargado en el contenedor del Juzgado, como se evidencia en la
siguiente imagen.

44. La anterior respuesta fue enviada por parte del grupo de archivo central de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Bogotá el día 20 de
noviembre de 2023, al correo electrónico del accionante
abogadofontalvo@gmail.com . 17

45. Además, verificada la página de consulta de procesos, obra se encuentra la
siguiente anotación en el proceso radicado 11001-40-03-026-2014-00144-00 que
da cuenta del desarchivo del expediente de la referencia18.

17 Se encuentra que dicho correo electrónico coincide con la suministrada para efectos de
notificaciones del presente trámite constitucional.
18 En la anotación se dejó constancia que, desde el 20 de noviembre de 2023, el proceso 2014-

00144 ya se encuentra desarchivado.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luis Alfonso Cárdenas Ardila
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Archivo Central
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06887-00

46. Del anterior recuento probatorio, la Sala evidencia que al accionante se le
brindó una respuesta definitiva y de fondo al requerimiento por él realizado el día 20
de mayo de 2023, como quedó demostrado en las pruebas antes citadas. Sin
embargo, se encuentra probado que dicha contestación solo se le dio y se le
comunicó hasta el 20 de noviembre de 2023.

47. Desde este panorama, habrá que declararse la carencia actual de objeto por
hecho superado, atendiendo a que, entre la interposición de la petición y la
respuesta emitida por parte del grupo de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial – Seccional Bogotá, se superó el término legal
establecido para responder la solicitud del accionante relacionada con el desarchivo
del proceso de la referencia19. Sin embargo, comoquiera que la respuesta
finalmente fue comunicada al señor Luis Alfonso Cárdenas Ardila en el trámite de la
presente acción de tutela, se configura la carencia actual por hecho superado.

48. En otras palabras, durante el trámite de la presente tutela, el grupo de Archivo
Central de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Bogotá
logró superar el supuesto fáctico que dio lugar a la interposición de este mecanismo
de protección constitucional y, de ese modo, cualquier orden sobre los puntos de la
petición aquí señalada que diera la sala al respecto, resultaría innecesaria, ya que
desaparecieron los hechos que originaron la vulneración alegada por el accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: DESVINCULAR al Consejo Superior de la Judicatura del presente
trámite constitucional, conforme a los motivos expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
de la solicitud de amparo presentada por el señor Luis Alfonso Cárdenas Ardila
contra la Oficina de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – Seccional Bogotá.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

19 De conformidad con lo señalado en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 que a la letra reza:

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15)
días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de peticiones: 1.
Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción (…)”.
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Demandante: Luis Alfonso Cárdenas Ardila
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Archivo Central
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06887-00

CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

OMAR JOAQUÍN BARRETO SÚAREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.

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