Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06902-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06902-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-06902-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
22 de febrero de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06902-00
Actor: Carlos Arturo Melo Melo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06902-00
Demandante: CARLOS ARTURO MELO MELO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “E”
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo laboral.
Sentencia que ordena continuar adelante la ejecución. Defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente judicial. Requisito de
relevancia constitucional cuando se proponen discusiones de estricta
legalidad que escapan de la competencia del juez de tutela
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Carlos Arturo Melo Melo, quien actúa a través de
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “E”, con el fin de que se amparen los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
igualdad, mínimo vital, principios de favorabilidad “cosa juzgada e inmutabilidad de
las sentencias”, los cuales considera vulnerados con la sentencia de 11 de
noviembre de 2022 que ordenó continuar adelante con la ejecución dentro del
proceso ejecutivo adelantado contra el Distrito Capital, Secretaría de Gobierno,
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en el que se persigue el pago del fallo de
19 de diciembre de 2012, proferido por el Juzgado Doce Administrativo de
Descongestión del Circuito de Bogotá (radicado No. 11001-33-42-054-2017-
00432-01).
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El actor señaló que por sentencia de 19 de diciembre de 2012, el Juzgado Doce
Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá declaró la nulidad de los
actos administrativos por medio de los cuales la Secretaría de Gobierno - Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogotá negó el reconocimiento y pago de horas extras y
trabajo suplementario, y a título de restablecimiento del derecho ordenó reconocer
y pagar en su favor los siguientes emolumentos desde el 14 de noviembre de
2008 hasta la ejecutoria de la sentencia: (i) horas extras diurnas y nocturnas
laboradas cada mes conforme con lo previsto en el artículo 33 del Decreto 1042
de 1978, (ii) el tiempo compensatorio por exceso de horas extras, (iii) recargos
nocturnos y festivos diurnos, (iv) reliquidación de prestaciones sociales incluyendo
los mayores valores por concepto de recargos y horas extras, (v) indexación
correspondiente y (vi) intereses moratorios en los términos de los artículos 176 a
177 del Código Contencioso Administrativo.
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Actor: Carlos Arturo Melo Melo
Puso de presente que por medio de la Resolución No. 831 de 2 de diciembre de
2013, dio cumplimiento a la precitada sentencia, sin embargo, el actor no estuvo
de acuerdo con la liquidación efectuada, por lo que promovió demanda ejecutiva
contra el Distrito Capital-Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá.
El asunto correspondió por reparto, en primera instancia, al Juzgado Cincuenta y
Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá que por auto de 14 de marzo de
2019 libró mandamiento de pago por la suma de $72.400.660 por concepto de
capital adeudado por el periodo comprendido entre el 14 de noviembre y 1 de
febrero de 2013, más interés moratorios causados desde el 2 de febrero de 2013
hasta el pago de la obligación, y por sentencia de 30 de septiembre de 2021
declaró no probada la excepción de pago alegada por la parte ejecutada y ordenó
seguir adelante la ejecución.
Frente a esa decisión la parte demandada presentó recurso de apelación, el cual
fue decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “E” el 11 de noviembre de 2022, que modificó el numeral segundo de
la sentencia de primera instancia en el sentido de ordenar continuar adelante con
la ejecución, pero por la suma de $10.549.326.
Por último, indicó que frente a esa decisión presentó solicitud de aclaración y
adición que fue negada por auto de 8 de septiembre de 2023 -notificado el 12 del
mismo mes y año-.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, en defensa de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
igualdad, mínimo vital, principios de favorabilidad “cosa juzgada e inmutabilidad de
las sentencias”, los cuales considera vulnerados con la providencia de 11 de
noviembre de 2022 que ordenó seguir adelante con la ejecución dentro del
proceso ejecutivo contra el Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogotá que persigue el pago de la sentencia de 19 de
diciembre de 2012, proferida por el Juzgado Doce Administrativo de
Descongestión del Circuito de Bogotá.
El accionante no expresó los defectos que, a su juicio, se habrían configurado en
la providencia cuestionada, sin embargo, de lo relatado en la demanda es posible
inferir que se refiere al desconocimiento de precedente judicial y sustantivo.
Afirmó que la autoridad judicial accionada modificó la sentencia que constituye la
base de ejecución al negar el pago (i) de los compensatorios por exceso de horas
extras, bajo el argumento de que no hay lugar a su reconocimiento en dinero
porque consideró que la entidad demandada ya los reconoció, (ii) del total de la
condena por concepto de horas extras nocturnas, en tanto aduciendo falta de
claridad en el título ejecutivo, aplicó la sentencia de unificación de 12 de febrero
de 2015 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en virtud de la
cual solo es posible reconocer 50 horas extras diurnas al mes. No obstante,
afirmó que ese fallo resulta inaplicable pues la sentencia objeto de ejecución
quedó ejecutoriada el 1 de febrero de 2013 y (iii) de la reliquidación de las
cesantías, al considerar que por este concepto no se calculó una suma de dinero
específica y no correspondía hacerlo al juez de ejecución.
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Actor: Carlos Arturo Melo Melo
Frente a la reliquidación de las cesantías se refirió a la sentencia de 2 de junio de
2022, proferida por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado1,
respecto de la cual citó algunos apartes en los que se señala que el ejecutante sí
había reclamado el pago derivado de la reliquidación de cesantías con la inclusión
de lo correspondiente al trabajo suplementario y que eso era suficiente para
habilitar el estudio necesario con el fin de establecer si se había dado o no
cumplimiento a la sentencia objeto de ejecución. En ese marco, el accionante
precisó que en el hecho once de la demanda ejecutiva dejó clara la inconformidad
que se tiene por ese concepto.
En ese orden, se refirió al desconocimiento de sentencias proferidas por
autoridades judiciales de la jurisdicción contencioso administrativa, en las que se
ordenó el pago de sumas de dinero por los mismos conceptos que reclamó el
actor en la demanda ejecutiva. Para tal efecto, transcribió in extenso apartes de
las siguientes providencias:
• Sentencia de 18 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de
2
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C” .
• Sentencia de 2 de mayo de 2013, dictada por el Tribunal Administrativo de
3
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C” .
• Sentencia de 27 de octubre de 2021, emanada del Tribunal Administrativo de
4
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C” .
• Auto dictado en proceso ejecutivo radicación No. 25000234200020180136100 que
niega recurso de reposición contra mandamiento de pago.
• Sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Cincuenta y Dos
Administrativo del Circuito de Bogotá, dentro del proceso con radicado No.
11001334205220160044200.
• Sentencia de 21 de junio de 2007, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “A” (rad. 23001233100020030050801).
• Sentencia de tutela de 10 de junio de 2021, proferida por la Sección Quinta del
5
Consejo de Estado .
• Sentencia de tutela de 16 de septiembre de 2010, dictada por la Sección
6
Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado .
• Sentencia de tutela de 9 de mayo de 2012, emanada de la Sección Segunda,
7
Subsección “B” del Consejo de Estado .
3. Pretensiones
El accionante formuló las siguientes:
“Primero: Se conceda la tutela interpuesta con el fin de proteger los derechos
constitucionales fundamentales denominados: DERECHO A LA IGUALDAD, DERECHO
AL DEBIDO PROCESO, COSA JUZGADA, INMUTABILIDAD DE LAS SENTENCIAS,
principios constitucionales del artículo 53 de la Carta Política, en especial la igualdad de
oportunidades a los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y
discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derechos; así como el derecho al acceso a la
administración de justicia conforme al artículo 229 de la Constitución Política.
1
M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Expediente 2019-01070-01.
2
Expediente 2010-00362-01.
3
Expediente 2010-00371-01.
4
Expediente 2016-00676-01. M.P. Ana Margarita Olaya Forero.
5
M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Expediente 2010-00798-00.
6
M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Expediente 2010-00830-00.
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M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Expediente 2010-00830-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06902-00
Actor: Carlos Arturo Melo Melo
Segunda: Que el H. Consejo de Estado, disponga DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de
segunda instancia proferida por la Subsección “E” de la Sección Segunda, del H.
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de fecha 11 de noviembre de 2022 y notificada
electrónicamente a las partes el día 17 de noviembre de 2022, dentro del expediente
11001-33-42-054-2017-00435-01, Proceso ejecutivo laboral siendo demandante
CARLOS ARTURO MELO MELO demandado DISTRITO CAPITAL -UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ,
respecto a la cual la parte actora radicó solicitud de adición, aclaración y corrección el 21
de noviembre de 2022, la cual fue negada mediante providencia proferida el 8 de
septiembre de 2023 y notificada el 12 de septiembre de 2023, por tanto se solicita se
ordene a la H. Sala accionada proferir nueva sentencia conforme a lo consagrado en el
literal e) del artículo 36 del Decreto Ley 1042 de 1978 respecto a los días
compensatorios por exceso de horas extras negados de plano a folio 22 de la sentencia
dando alcance a la sentencia de unificación jurisprudencial del 12 de febrero de 2015
expediente 2500232500020100072501 sin tener en cuenta que en la sentencia de
recaudo de primera instancia se ordenó su reconocimiento, así como la reliquidación de
las horas extras nocturnas omitidas de plano en la sentencia de segunda instancia del
proceso ejecutivo, las cuales fueron reconocidas en la sentencia de recaudo, así como la
reliquidación de cesantías negada de plano a folio 23 de la sentencia de segunda
instancia del proceso ejecutivo, bajo el supuesto de no haber sido reclamadas en la
demanda ejecutiva, contrario a la realidad procesal donde en el hecho 11 del libelo
aparece el tema de cesantías claramente determinado, máxime que en la solicitud de
adición, aclaración y corrección de folios 8 a 14 se demostraron puntualmente la
existencia de modificaciones sustanciales entre lo determinado en la sentencia de
recaudo de primera instancia y lo liquidado en la sentencia de segunda instancia del
proceso ejecutivo, aspectos que no fueron analizados en la providencia del 8 de
septiembre de 2023, donde se negó de plano la adición, aclaración y corrección de los
evidentes errores al dar alcance a la sentencia de unificación jurisprudencial y
desconocer lo ordenado en la sentencia de recaudo, respecto a los descansos
compensatorios por exceso de horas extras, liquidación de las horas extras nocturnas y
la reliquidación de cesantías en la providencia de segunda instancia se desconocen los
precedentes horizontales en tres casos análogos, donde la Subsección “C” de la Sección
Segunda del H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ha proferido sentencias en
cumplimiento de fallos de tutela del H. Consejo de Estado, OBTENIENDO EN TODOS
LOS CASOS RECONOCIMIENTO REAL DE LOS DESCANSOS COMPENSATORIOS
que se niegan de plano al actor en el presente proceso a 14 a 18 del memorial de
solicitud de adición, aclaración y corrección se transcribieron apartes de dichas
providencias de tutelas, así como jurisprudencia horizontal y vertical respecto de la
imposibilidad de reformar las sentencias de recaudo (…)”.
4. Pruebas relevantes
Obra en el expediente los siguientes documentos:
• Copia de la providencia de 11 de noviembre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“E”.
• Copia del auto de 8 de septiembre de 2023, dictado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”.
• Copia de la decisión de 19 de diciembre de 2012, emanada del Juzgado
Doce Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá.
5. Trámite procesal
Por auto de 16 de noviembre de 2023, la magistrada sustanciadora admitió la
demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como
al Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá y al Distrito
Capital de Bogotá - Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia - Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá, como terceros
interesados en el resultado del proceso.
De igual modo, dispuso oficiar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección “E” y al Juzgado Cincuenta y Cuatro
Administrativo del Circuito de Bogotá, en el evento que el expediente hubiese sido
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devuelto, para que allegara copia digitalizada del proceso No. 11001-33-42-054-
2017-00435-01, demandante: Carlos Arturo Melo Melo.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 134672 a 134678
de 20 de noviembre de 20238, con el fin de notificar a las partes.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “E”
La magistrada ponente de la decisión cuestionada rindió informe sobre los hechos
y las pretensiones de la demanda y efectuó un relato de las diferentes etapas que
surtió el proceso de ejecución.
Asimismo, afirmó que el actor no expresó los defectos en los que, a su juicio,
habría incurrido la autoridad judicial accionada, empero, indicó que se puede
extraer que hace referencia a la violación directa de la Constitución y al
desconocimiento del precedente judicial.
Manifestó que una revisión integral del expediente permitió concluir que no había
lugar al reconocimiento de alguna suma de dinero por concepto de
compensatorios, porque ya se habían reconocido. Sobre las horas extras
nocturnas afirmó que no se calcularon por falta de claridad en el título y que se
abstuvo de determinar alguna suma de dinero por concepto de reliquidación de
cesantías “en atención a que la liquidación aportada con la demanda ejecutiva
nada consignó frente a ese aspecto”.
Afirmó que no se configuró la causal de desconocimiento del precedente judicial
porque las sentencias que el actor alega como desconocidas fueron proferidas en
trámites de acción de tutela, por lo tanto, las mismas no tiene un carácter
vinculante para el proceso ejecutivo.
Finalmente, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda porque no se
configuró alguna causal específica de procedencia de tutela contra providencia
judicial.
6.2. Respuesta del Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo del Circuito
de Bogotá
La titular de ese despacho judicial rindió informe sobre la demanda y pidió que se
nieguen las pretensiones de la misma, al considerar que no vulneró los derechos
fundamentales invocados por el actor.
Al respecto, advirtió que en el proceso ejecutivo materia de la acción de tutela por
medio de sentencia de 30 de septiembre de 2021, se ordenó continuar adelante
con la ejecución, no obstante, la autoridad judicial accionada la modificó
reduciendo el monto.
8
La parte accionante, las autoridades judiciales demandadas y los terceros interesados fueron notificados a
las siguientes direcciones de correo electrónico: jairosarpa@hotmail.com,
scs02sb05tadmincdm@notificacionesrj.gov.co; scs02sb06tadmincdm@notificacionesrj.gov.co;
scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co,
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Actor: Carlos Arturo Melo Melo
6.3. Respuesta de la Unidad Administrativa del Cuerpo Oficial de Bomberos
de Bogotá
El apoderado de la entidad pidió que declare improcedente la acción de tutela, al
considerar que no cumple el presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que el
actor no agotó todos los recursos judiciales que tenía a su disposición para
controvertir la sentencia objeto de tutela, como es el recurso extraordinario de
revisión bajo alguna de las causales establecidas en el artículo 250 de la Ley 1437
de 2011, a lo que agregó que no acreditó un perjuicio irremediable.
Del mismo modo, consideró que el presente asunto carece de relevancia
constitucional, en tanto el actor acude a la acción de tutela para dar continuidad al
debate probatorio superado en el trámite del proceso ejecutivo en el que la
liquidación efectuada no atiende favorablemente sus pretensiones.
6.4. Respuesta de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
de Bogotá
La directora jurídica de contractual de la entidad pidió que se desvincule a la
entidad del trámite constitucional por existir falta de legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que no tiene competencia sobre las pretensiones de la demanda
dirigidas a modificar una decisión judicial.
En ese sentido, aseveró que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y
Justicia fue creada mediante el Acuerdo 637 del 31 de marzo de 2016, “como un
organismo del sector central con autonomía administrativa y financiera, cuyo
objeto consiste en orientar, liderar y ejecutar la política pública para la seguridad
ciudadana, convivencia y acceso a los sistemas de justicia; la coordinación
interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes
del Distrito Capital, en sus fases de prevención, promoción, mantenimiento y
restitución; el mantenimiento y la preservación del orden público en la ciudad; la
articulación de los sectores administrativos de coordinación de la Administración
Distrital en relación con la seguridad ciudadana y su presencia transversal en el
Distrito Capital, la coordinación del Sistema Integrado de Seguridad y
Emergencias NUSE 123, integración y coordinación de los servicios de
emergencia; y proporcionar bienes y servicios a las autoridades competentes, con
el fin de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y convivencia ciudadana en
Bogotá D.C”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. De la legitimación en la causa por pasiva
La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá solicitó que
se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que carece
de competencia para atender las pretensiones de la demanda dirigidas a la
modificación de la decisión judicial cuestionada.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política y el 5 del Decreto
2591 de 1991, “la acción de tutela procede en contra de las autoridades públicas o
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particulares que amenacen o vulneren derechos fundamentales”. Bajo esa línea, la
Corte Constitucional en la sentencia T-005 de 20229 señaló que dicho requisito
“hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la
llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de
que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.
Así las cosas, la Sala accederá a la solicitud de desvinculación porque en el
proceso ejecutivo el demandado fue el Distrito Capital-Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, con la providencia de 11 de
noviembre de 2022 que modificó la de 21 de septiembre de 2021 proferida por el
Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá en el trámite del
proceso ejecutivo promovido contra el Distrito Capital, Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
igualdad, mínimo vital, principios de favorabilidad “cosa juzgada e inmutabilidad de
las sentencias”, al incurrir en los defectos por desconocimiento del precedente
judicial y sustantivo.
De manera previa, la Sala deberá establecer si la acción de tutela cumple con el
presupuesto de la relevancia constitucional, en razón a que se evidencian
similitudes con los argumentos planteados en el proceso ejecutivo, en tanto se
trata de un presupuesto objetivo de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, que fue alegado por uno de los intervinientes.
4. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones10.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 200511, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional12.
9
M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
10
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
11
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
12
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06902-00
Actor: Carlos Arturo Melo Melo
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala13, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe
insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. El señor Carlos Arturo Melo Melo, en ejercicio de la acción de tutela,
considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “E”, con la sentencia de 11 de noviembre de 2023 que modificó la de
21 de septiembre de 2021 proferida por el Juzgado Cincuenta y Cuatro
Administrativo del Circuito de Bogotá en el trámite del proceso ejecutivo
promovido contra el Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial
de Bomberos de Bogotá, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia, igualdad, mínimo vital, principios de
favorabilidad “cosa juzgada e inmutabilidad de las sentencias”, pues (i)
desconoció algunas sentencias proferidas en trámites de procesos de tutela y
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Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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ejecutivos que ordenan el reconocimiento y pago de los compensatorios por
exceso de horas extras, de horas extras nocturnas y la reliquidación de las
cesantías y (ii) modificó la sentencia base de ejecución al dar aplicación al criterio
de interpretación fijado en la sentencia de unificación de 12 de febrero de 2015,
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, sobre el reconocimiento
y pago de los emolumentos que ya habían sido reconocidos por el juez ordinario.
5.2. La Sala anticipa que declarara la improcedencia de la acción de tutela porque
no cumple el requisito de la relevancia constitucional, en tanto se acude a ella con
la intención de dar continuidad al debate legal y económico superado en ambas
instancias del proceso ejecutivo, por el desacuerdo con el monto por el cual se
ordenó continuar adelante la ejecución.
Como respaldo de esa determinación, a continuación, se realizará un breve
recuento de las actuaciones que se desarrollaron en el curso del proceso
ejecutivo, con el fin de brindar mayores elementos de juicio, así:
Por sentencia de 19 de diciembre de 2012, el Juzgado Doce Administrativo de
Descongestión del Circuito de Bogotá declaró la nulidad de los actos
administrativos que negaron el reconocimiento y pago de horas extras, descansos
compensatorios, reliquidación y cancelación de diferencias por concepto de
recargos festivos diurnos y nocturno y a título de restablecimiento del derecho
ordenó lo siguiente:
“Reconocer y pagar al señor al señor CARLOS ARTURO MELO MELO identificado con
la C.C. No 80.829.542 de Bogotá las horas extras diurnas y nocturnas mensuales
laboradas en exceso de la jornada en exceso de la jornada máxima legal para
empleados públicos prevista por el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978 y las
cuales corresponden a 190 horas mensuales, desde el 14 de noviembre de 2008 hasta
la ejecutoria de la sentencia. En cuanto al límite previsto para su pago se debe aplicar
el más favorable entre el consagrado en el artículo 36 de dicho decreto o el especial
previsto en el artículo 4 del Acuerdo Distrital No 3 de 1999. En la liquidación deberá
deducir los días de descanso remunerado, vacancias licencias permisos y demás
situaciones administrativas que se le hayan presentado al accionante.
Reconocer y pagar al señor CARLOS ARTURO MELO MELO identificado con la C.C.
No 80.829.542 de Bogotá el tiempo compensatorio por exceso de horas extras de
acuerdo con lo previsto en literal e) del artículo 36 del Decreto 1042 de 1978 desde el
14 de noviembre de 2008 hasta la ejecutoria de la sentencia.
Reliquidar al señor al señor CARLOS ARTURO MELO MELO identificado con la C.C.
No 80.829.542 de Bogotá los recargos ordinarios nocturnos y los festivos diurnos y
nocturnos, con fundamento en la jornada máxima legal para empleados públicos
prevista en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 esto es 190 horas mensuales y
deberá pagar diferencias que se derive de dicha reliquidación. En la reliquidación del
recargo ordinario nocturno deberá reducir los descansos remunerados, vacancias,
licencias, permisos y demás situaciones administrativas que se le hayan presentado al
demandante desde el 14 de noviembre de 2008 hasta la ejecutoria de la sentencia.
Reliquidar al señor al señor CARLOS ARTURO MELO MELO identificado con la C.C.
No 80.829.542 de Bogotá las prestaciones sociales, esto es primas de servicios, de
vacaciones y de navidad, las cesantías y demás factores salariales y prestacionales,
incluyendo mayores valores por concepto de recargos y los nuevos valores por
concepto de horas extras, igualmente se ordena pagar las diferencias que resulten de
la reliquidación desde el 14 de noviembre de 2008 hasta la ejecutoria de la sentencia”.
En cumplimiento de lo anterior, por medio de la Resolución No. 831 de 2 de
diciembre de 2013, la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
de Bogotá dispuso que por la Subdirección de Gestión Humana se realizara “la
reliquidación en los términos que ordena la sentencia del día diecinueve (19) de
diciembre de dos mil doce (2012) proferido por el Juzgado Doce (12) Administrativo de
Descongestión del Circuito de Bogotá D.C. -Sección Segunda”, lo que se cumplió con
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la expedición de la Resolución No. 1445 de 29 de noviembre de 2019 que ordenó
el pago $20.726.714 a favor del señor Carlos Arturo Melo Melo.
El accionante, inconforme con la liquidación efectuada por la entidad, presentó
demanda ejecutiva en la que pidió que librara mandamiento de pago en contra del
Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, por
valor de $99.313.785, más los intereses moratorios.
Por auto de 9 de mayo de 2019 el Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo del
Circuito de Bogotá libró mandamiento de pago por $72.400.660 y a través de la
sentencia de 21 de septiembre de 2021, ordenó continuar adelante la ejecución
por esa misma suma, más los intereses moratorios.
Frente a esa decisión, la entidad ejecutada presentó recurso de apelación, bajo el
argumento de que se había acreditado la excepción de pago total de la obligación
con el pagó de $20.726.714 lo cual, a su juicio, cubre la condena impuesta en la
sentencia objeto de ejecución. Explicó que no se reconocen las 190 horas
mensuales establecidas como jornada máxima porque es a partir de ese límite
que debe determinarse cuáles corresponden a días festivos, a jornadas diurnas y
dominicales, para luego aplicar el límite de 50 horas, a lo que agregó que de
acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, no hay lugar al pago en
dinero de compensatorios.
Del mismo modo, afirmó que se efectuaron los descuentos por aportes al sistema
de seguridad social y pidió que se tenga en cuenta lo ordenado en el numeral
segundo de la sentencia ejecutada, en torno a la deducción de los días de
descanso remunerado, vacancias, licencias, permisos y demás situaciones
administrativas.
Por sentencia de 11 de noviembre de 2022, el Tribunal accionado modificó la
sentencia recurrida y, en ese sentido, ordenó seguir adelante con la ejecución,
pero por un monto menor, esto es $10.549.326 por concepto de horas extras,
recargos nocturnos, recargos dominicales y festivos y $43.455.459 de intereses
moratorios. Como fundamentos de la decisión expresó los siguientes:
Sobre horas extras y recargos nocturnos, recargos festivos diurnos y nocturnos
durante el período comprendido entre el 14 de noviembre de 2008 y el 1 de
febrero de 2013, “aplicando la fórmula señalada por el H. Consejo de Estado (esto es,
determinando el factor hora dividiendo la asignación básica mensual sobre un total de
190 horas mensuales)”, estableció que la suma que debió reconocerse es
$29.547.037 luego de descontar lo pagado durante los periodos que se causaron
(sobre una jornada máxima de 240 horas y no de 190) y los aportes al sistema de
seguridad social. En este punto, explicó lo siguiente:
“Luego entonces, verifica la Sala que en principio, la suma de treinta y dos millones
ciento dieciséis mil trescientos cuarenta y cuatro pesos ($32.116.344) sería la que la
entidad ejecutada estaba obligada a reconocer a favor del señor Carlos Arturo Melo
Melo por concepto de horas extras (50 horas diurnas mensuales) y reliquidación de
recargos nocturnos, recargos festivos diurnos y recargos festivos nocturnos durante el
período comprendido entre el 14 de noviembre de 2008 y el 01 de febrero de 2013.
No obstante, es del caso advertir que de conformidad con lo previsto en el artículo 1º
del Decreto 1158 de 1994 y en el artículo 33 de la Ley 1393 de 2010, la remuneración
por horas extras, por trabajo nocturno y en dominicales y festivos integra la base de
cotización al sistema general de pensiones y salud, motivo por el que estas sumas (que
corresponden al 4% por salud conforme el artículo 204 de la Ley 100 de 1993 y al 4%
por pensiones según lo previsto en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 en
concordancia con el Decreto 4892 de 2007 deben descontarse del capital que se causó
a favor del ejecutante”.
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Actor: Carlos Arturo Melo Melo
Al precitado monto se descontó el valor reconocido por la entidad en cumplimiento
de la sentencia que constituye la base de la ejecución -$18.998.330- y decretó
que el valor a pagar era de $10.549.326.
Sobre la reliquidación de recargos dominicales y festivos manifestó que la
liquidación debe efectuarse “sobre la totalidad de recargos reconocidos al ejecutante,
liquidados sobre las 190 horas que corresponden a la jornada laboral ordinaria (y no
sobre 240 como lo venía efectuando la entidad). A su vez se considera que para la
determinación de las sumas que debieron reconocerse, el valor hora a tener en cuenta en
la liquidación corresponde al doble del valor del día de un trabajo, conforme lo dispuesto
en el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978”.
Frente a los compensatorios por exceso en horas extras señaló que los mismos
ya habían sido reconocidos por la entidad ejecutada, por lo que “no hay lugar a su
reconocimiento en dinero. En similar sentido, lo reconoció el H. Consejo de Estado en
sentencia de unificación de 12 de febrero de 2015 ”.
14
Indicó que “se observa que el título ejecutivo ordena la reliquidación de la prima
semestral, vacaciones, prima de vacaciones y prima de navidad con la inclusión como
factor salarial del trabajo suplementario (horas extras y los recargos nocturnos,
dominicales y festivos). Valores que no se ordenan reconocer, toda vez que la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que la única prestación que debe
reliquidarse con la inclusión del trabajo suplementario son las cesantías”.
En lo relativo al pago de horas extras diurnas y nocturnas aseveró que la parte
ejecutante incurre en un error al calcularlas “25 y 25” porque así no se expresa en
el titulo ejecutivo y por esa falta de claridad, consideró necesario recurrir a la
interpretación establecida en la sentencia de unificación de 12 de febrero de 2015
proferida por el Consejo de Estado “en la que se advirtió que solo es posible
reconocer 50 horas extras diurnas al mes”.
Respecto de las cesantías, manifestó “que, si bien en el título ejecutivo de recaudo se
ordenó su reliquidación, al no calcularse alguna suma por tal concepto (según liquidación
visible en archivo digital No. 3, pp. 183-185), la Sala se abstendrá de calcular su valor”.
En ese orden, advirtió que la parte ejecutada no tiene en cuenta en su liquidación
descuentos al sistema general de seguridad social, el valor de la asignación
básica no corresponde con los certificados por el empleador, y “que no se
descuentan los valores reconocidos por concepto de recargos a su favor, motivos
por los que no es posible seguir adelante con la ejecución por el valor pretendido
en el libelo inicial”.
5.3. Descendiendo al caso concreto, la Sala considera pertinente aclarar que la
decisión objetada se profirió en el curso de un proceso ejecutivo que se persigue
el pago de la sentencia de 19 de diciembre de 2012, proferida por el Juzgado
Doce Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá (radicado No.
11001-33-42-054-2017-00432-01). Por consiguiente, los alegatos frente a las
operaciones aritméticas desarrolladas en la determinación del monto por el cual se
debía continuar adelante la ejecución, es decir, lo que realmente debe pagar la
entidad ejecutada al actor, que plantea en la solicitud de amparo son propios de
ese medio de control, asuntos que no le corresponde abordar al juez de tutela,
pues ello sería desconocer el carácter residual y subsidiario de este mecanismo
constitucional.
De otro lado, se advierte el hecho de que se invoque la supuesta vulneración de
derechos fundamentales no da por superado automáticamente el requisito de la
relevancia constitucional, en tanto es necesario que se proponga un genuino
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M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Expediente 25000-23-25-000-2010-00725-01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06902-00
Actor: Carlos Arturo Melo Melo
debate constitucional que esté relacionado con el contenido, alcance y goce de
derechos fundamentales, dentro de lo cual no cabe una discusión meramente
económica como la que plantea el actor.
En efecto, se observa que en la sentencia cuestionada, se estableció que la
entidad ejecutada debía al actor la suma de $10.549.326 por concepto de horas
extras, recargos nocturnos, recargos dominicales y festivos y $43.455.459 de
intereses moratorios. Para llegar a esa conclusión, efectuó una serie de
operaciones aritméticas aplicando parámetros fijados en el ordenamiento jurídico,
lo que no puede ser objeto de reproche constitucional en tanto la sentencia que
constituye el título ejecutivo no define con exactitud las sumas que deben pagarse
al demandante, por lo que para definir si la ejecutada debía y cuánto, el juez de
ejecución debió aplicar reglas pertinentes.
Frente a esas actuaciones, la Sala no avizora la imperiosa necesidad y urgencia
de que el juez constitucional intervenga, pues implicaría efectuar la revisión de la
liquidación del crédito y realizar nuevamente las operaciones matemáticas
correspondientes para determinar si existe o no un error en el monto controvertido
por el actor, cuestión que es propia del juez natural del conflicto y escapa de la
finalidad de la acción de tutela.
Es claro el desacuerdo del accionante con el monto que estableció la autoridad
judicial accionada en el proceso ejecutivo y es lo que lo motivó a presentar la
acción de tutela, lo que evidencia el propósito de continuar con un debate que ya
fue abordado por el juez natural del asunto, en sus dos instancias. Además, se
trata de una discusión que tiene contornos de estricta legalidad y de naturaleza
económica, que en nada involucra una discusión constitucional que pueda habilitar
el estudio de fondo de la solicitud, lo que conduce a darle una dimensión de peso
mayor a los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.
Al respecto, es necesario recordar que la Corte Constitucional en sentencia SU-
573 de 201915, estableció que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a
saber: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y,
finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”16 (Negrilla y
resalta de la Sala)
En la sentencia SU-215 de 202217, la Corte Constitucional recordó que el
cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional requiere “involucrar algún
debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico”,
a lo que agregó que “la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica”. De allí que “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera
instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de
tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección de los
derechos efectiva de los derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”.
Lo expuesto es suficiente para concluir que el actor acudió a la acción de tutela
con el fin de solicitar el amparo constitucional de su derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, igualdad, mínimo vital,
principios de favorabilidad “cosa juzgada e inmutabilidad de las sentencias”, en
este caso, a la manera de una tercera instancia, toda vez que insiste en el mismo
15
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
16
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
17
M.P. Natalia Ángel Cabo.
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debate litigioso y de naturaleza económica relacionado con el monto por el cual se
ordenó continuar adelante la ejecución, teniendo en cuenta lo que la entidad
ejecutada ya había pagado y las reglas establecidas en el ordenamiento jurídico
para efectuar la liquidación de las prestaciones sociales reconocidas en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la sentencia
objeto de ejecución.
Por último, respecto al cargo relacionado con que el juez de la ejecución modificó
la orden de la sentencia que conforma el título ejecutivo, basta indicar, como lo ha
sostenido esta Sala en oportunidades anteriores 18, que la función del juez de la
ejecución es volitiva, no mecánica. De allí que “[s]i bien el proceso ejecutivo está
previsto exclusivamente para obtener el cumplimiento de la condena judicialmente
impuesta y de ninguna manera constituye una herramienta o mecanismo para reabrir los
debates agotados en el respectivo proceso declarativo, lo cierto es que el juez del proceso
ejecutivo debe armonizar la orden con los límites previstos a nivel constitucional, legal y
jurisprudencial”.
Por consiguiente, contrario a lo manifestado por el accionante en el escrito de
tutela, la función del juez de la ejecución obedece a una valoración integral y
racional de los diferentes elementos que estén presentes al decidir un caso
concreto y en conjunto con todo el marco normativo, con el fin de que se profiera
una decisión coherente con el ordenamiento jurídico19, razón por la cual no existen
razones para que resulte procedente la intervención del juez de tutela.
En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DESVINCÚLASE del trámite constitucional a la Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá.
Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Carlos Arturo Melo Melo, quien actúa por conducto de apoderado judicial,
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“E”, por las razones aquí expuestas.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
18
Sentencia de 23 de abril de 2020, radicado No. 11001-03-15-000-2019-05062-01, C.P.: Julio Roberto Piza
Rodríguez y sentencia de 11 de mayo de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-2023-01109-00, C.P.: Stella
Jeannette Carvajal Basto. En este mismo sentido se pronunció la Sección Segunda, Subsección “A” del
Consejo de Estado en fallo de 28 de noviembre de 2018, expediente No. 23001-23-33-000-2013.00136-01, en
el que se indicó que el mandamiento de pago no se convierte en una situación inamovible para el juez de la
ejecución, pues es posible variar el monto con el fin de adoptar una decisión que se ajuste a la realidad
procesa.
19
Corte Constitucional, sentencia T-392 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06902-00
Actor: Carlos Arturo Melo Melo
Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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