Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06904-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06904-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06904-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
18 de abril de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06904-00
Demandante: Sociedad Ingeniería y Control de Movimiento S. A. S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06904-00
Demandante: Sociedad Ingeniería y Control de Movimiento S. A. S. y otro
Demandado: Presidencia de la República y otros
Temas: Tutela contra providencia judicial. Temeridad en la acción de tutela.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta en contra del Juzgado Primero Civil del
Circuito Judicial de Ejecución de Sentencias de Cali, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali, Sala Civil, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, la Presidencia de la República y el Ministerio de
Justicia y del Derecho.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, la señora Jenny Ortiz Pulgarín, actuando en nombre propio y como
representante legal de la Sociedad Ingeniería y Control de Movimiento S. A. S.,
promovió demanda con la siguiente pretensión:
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Demandante: Sociedad Ingeniería y Control de Movimiento S. A. S.
Solito (sic) con deferencia, a su señoría, se sirva TUTELAR el derecho constitucional
fundamental al debido proceso (art. 29 de la Constitución Política de Colombia) a la
señora JENNY ORTIZ PULGARÍN, al interior del proceso ejecutivo identificado con rad.
76001-31-03-002-2017-0004600, que cursa en el JUEZ 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI.
1.1.2. Los hechos
La accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) El señor Nelson Cruz Gómez promovió demanda ejecutiva singular en contra de la
Sociedad Ingeniería y Control de Movimiento S. A. S., y de Jenny Ortiz Pulgarín, a la
cual se le asignó el radicado 76001-31-03-002-2017-00046-00.
ii) Por Auto del 21 de marzo de 2017, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Judicial
de Cali libró mandamiento de pago y, en el término de contestación de la demanda,
la parte ejecutada solicitó la terminación del proceso por pago total de la obligación,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 del CGP.
iii) Mediante Auto 162 del 27 de enero de 2022, en la etapa de ejecución de la
sentencia, el Juzgado Primero Civil del Circuito Judicial de Ejecución de Sentencias
de Cali negó la solicitud de terminación del proceso.
iv) Interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión, apoyada en lo
previsto en los artículos 132 y 321-7 del CGP.
v) A través de Auto 926 del 4 de mayo de 2022, el Juzgado Primero Civil del Circuito
Judicial de Ejecución de Sentencias de Cali negó de plano el recurso de apelación,
sin ninguna motivación de orden legal y pretermitiendo la segunda instancia.
vi) Consecuencia de dicha decisión, promovió demanda de reparación directa, junto
con su grupo familiar, en contra de la Nación-Rama Judicial, por defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, a la cual se le dio el radicado 76001-
33-33-014-2022-00285-00 y se encuentra actualmente en trámite.
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vii) Pese a lo anterior, el Juzgado siguió con el trámite del proceso ejecutivo,
profiriendo las siguientes decisiones: a) Auto 2111 del 4 de agosto de 2023, por
medio del cual requirió a las partes para que aportaran el avaluó del bien objeto de la
medida cautelar y así causar el remate del inmueble y generar el pago de la
obligación; b) Auto 2517 de 19 de septiembre de 2023, mediante el cual corrió
traslado del avaluó presentado por el abogado del ejecutante, por el término de 10
días; y c) Auto 2824 del 24 de octubre de 2023, con el cual aprobó el avaluó y fijó
fecha de remate para el día 4 de diciembre de 2023.
viii) Es decir, que el Juzgado Primero Civil del Circuito Judicial de Ejecución de
Sentencias de Cali vulneró su derecho fundamental al debido proceso, pues
existiendo el proceso de reparación directa continuó conociendo del proceso
ejecutivo, cuando lo cierto es que ha debido acatar y obedecer las Circulares
Externas n°. 3 del 20 de junio de 2014 y n°. 5 del 27 de septiembre de 2019,
expedidas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en las que se
conmina a todas las entidades estatales —por medio de sus reglamentos internos—,
a evitar o mitigar los daños antijurídicos, en este caso, el denominado defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia.
ix) Por causa y razón de los eventos referidos, solicitó la intervención de la
Presidencia de la República o del Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Disciplinaria o del Ministerio de Justicia y del Derecho, para conseguir evitar o mitigar
el daño antijurídico, pero las referidas entidades hicieron caso omiso de la solicitud
de control constitucional por corrupción judicial.
1.2. Actuación procesal
1.2.1. El 22 de enero de 2024, el consejero de Estado Rafael Francisco Suárez
Vargas inadmitió la acción de tutela y, en consecuencia, requirió a la señora Jenny
Ortiz Pulgarín para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la
providencia, aportara la siguiente información: i) certificado de existencia y
representación legal de la Sociedad Ingeniería y Control de Movimiento S. A. S, con
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fecha reciente de expedición; ii) fechas, consecutivos de radicación y copias de los
escritos de petición radicados ante la Presidencia de la República, el Consejo
Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia, sobre los cuales manifestó no
haber recibido respuesta congruente y de fondo; iii) copia de las providencias
cuestionadas y explicación con precisión conceptual y jurídica de las causales
especiales de procedibilidad en las que se incurrió; y iv) aclaración referente al hecho
de si el Juzgado Segundo del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, también son accionados dentro de la causa,
exponiendo las razones por las cuales vulneraban sus derechos fundamentales.
1.2.2. El 5 de febrero de 2024, la señora Jenny Ortiz Pulgarín atendió los
requerimientos efectuados.
1.2.3. El 8 de febrero de 2024, el togado Rafael Francisco Suárez Vargas admitió la
acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, al Juzgado Primero Civil del Circuito
Judicial de Ejecución de Sentencias de Cali, al Consejo Superior de la Judicatura, a
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Presidencia de la República y al
Ministerio de Justicia y del Derecho, en calidad de accionados, así como al señor
Nelson Cruz Gómez, como tercero interesado en las resultas del proceso,
remitiéndoles copia de la solicitud de tutela, para que, dentro de los dos (2) días
siguientes a la notificación de la providencia, ejercieran su derecho de defensa, si a
bien lo tenían, y rindieran el respectivo informe.
De igual forma, requirió i) al Juzgado Primero Civil del Circuito Judicial de Ejecución
de Sentencias de Cali para que enviara copia digital del expediente ejecutivo con
radicado 76001-31-03-002-2017-00046-00, y ii) al Juzgado 14 Administrativo del
Circuito Judicial de Cali, para que remitiera copia del expediente de reparación
directa con radicación 76001-33-33-014-2022-00285-00; y también requirió i) a la
Presidencia de la República para que allegara copia del trámite dado a la petición del
3 de octubre de 2023, radicada por la señora Jenny Ortiz Pulgarín; ii) a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial para que indicara si la Presidencia de la República le
remitió la petición del 3 de octubre de 2023, presentada por la señora Jenny Ortiz
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Pulgarín, y de haberlo recibido, acreditara su respuesta congruente y de fondo; y iii)
al Consejo Superior de la Judicatura y al Ministerio de Justicia para que demostraran
la respuesta congruente y de fondo ofrecida a la petición del 11 de junio de 2022,
presentada por la señora Jenny Ortiz Pulgarín, a través de su apoderado.
1.2.4. El 13 de febrero de 2024, el secretario del Juzgado 14 Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Cali remitió el enlace para consulta del expediente 76001-33-33-
014-2022-00285-00; y al día siguiente, el Juzgado Primero Civil del Circuito Judicial
de Ejecución de Sentencias de Cali envió el enlace del expediente ejecutivo con
radicado 76001-31-03-002-2017-00046-00.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. El Juzgado Primero Civil del Circuito Judicial de Ejecución de Sentencias
de Cali. El 14 de febrero de 2024, el juez Leonidas Alberto Pino Cañaveral rindió
informe sobre los hechos de tutela, en los siguientes términos:
i) La decisión del despacho de no acceder a la solicitud de terminación del proceso
ejecutivo por pago total de la obligación, así como la negativa en la concesión de la
segunda instancia, se ciñeron a la norma y jurisprudencia vigente, siendo totalmente
reprochable que una decisión adversa a las pretensiones de un extremo interviniente
en el litigio se torne en una defectuosa administración de justicia justificante de un
daño antijurídico atribuible a la administración de justicia, máxime cuando resulta
clara la renuencia del extremo pasivo de ajustar su petición a los presupuestos
legales establecidos en el estatuto procesal.
ii) Cabe añadir que el apoderado judicial que representa al extremo ejecutado ha
ejercido una escasa defensa al interior del compulsivo, limitándose a presentar un
extenso, confuso y caótico escrito en el que pretende que el juzgador extraiga los
fundamentos fácticos y jurídicos para acceder a unas pretensiones que carecen de
lógica y argumentación válida para la etapa procesal en la que se encuentra
actualmente el proceso.
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1.3.2. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil. El 14 de
febrero de 2024, la magistrada Ana Luz Escobar Lozano solicitó denegar el amparo
deprecado, en atención a lo siguiente:
i) En la corporación se tramitó la acción de tutela con radicado 76001-22-03-000-
2022-00192-00, interpuesta por la Sociedad Ingeniería y Control de Movimiento S. A.
S. en contra del Juzgado Primero Civil del Circuito Judicial de Ejecución de
Sentencias de Cali, por emitir el Auto 926 del 4 de mayo de 2022, la cual culminó con
Sentencia 059 del 19 de julio de 2022, denegando la protección solicitada, y que,
posteriormente, fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia, a través de la
Sentencia del 24 de agosto de 2022.
ii) Para efecto de conocerse las circunstancias fácticas analizadas como las razones
jurídicas expresadas por la Sala de Decisión al resolver el asunto en primera
instancia, es del caso remitirse a lo allí expuesto.
1.3.3. El Consejo Superior de la Judicatura. El 15 de febrero de 2024, la Oficina de
Presidencia de la corporación solicitó declarar la temeridad de la actuación, en
atención a que el escrito de tutela guarda idéntica relación con el tramitado en la
Corte Suprema de Justicia, bajo el radicado 11001-02-30-000-2023-01366-00 y
número interno 134600.
1.3.4. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. El 15
de febrero de 2024, la coordinadora del Grupo de Gerencia de Defensa Judicial,
Carolina Jiménez Bellicia, solicitó denegar el amparo invocado en lo correspondiente
con la entidad. Informó que una vez verificado el Sistema de Gestión Documental se
evidenció que la comunicación radicada bajo la extensión EXT23-00147138 fue
contestada a través del Oficio OFI23-00184914/GFPU 14000001 del 5 de octubre de
2023, en la que se indicó que a la petición se le dio traslado a la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, por ser el competente para resolver lo allí requerido.
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1.3.5. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial. El 15 de febrero de 2024, el
presidente de la corporación, doctor Alfonso Cajiao Cabrera, solicitó la
desvinculación del trámite de tutela, en atención a los siguientes argumentos:
i) Revisada la base de datos se encontró que, en efecto, el 11 de julio de 2022, los
señores Jenny Ortiz Pulgarín y Jairo Donneys Narváez radicaron queja disciplinaria
en contra de los Juzgados Segundo Civil del Circuito Judicial de Cali y Primero Civil
del Circuito Judicial de Ejecución de Sentencias de Cali, por presuntas
irregularidades al interior del proceso ejecutivo con radicado 2014-0046-00; sin
embargo, la queja se remitió por competencia a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Valle del Cauca, el 6 de octubre de 2023, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 112 y 114 de la ley 270 de 1996, de lo cual se informó a los quejosos a los
correos electrónicos aportados por estos, tal como se puede evidenciar en los
archivos adjuntos al escrito de contestación.
ii) No obstante, la presidencia requirió a la Secretaría Judicial, quien mediante
constancia secretarial del 14 de febrero de 2024, certificó lo siguiente: «En la fecha
se deja constancia que, revisada la consulta jurídica del Sistema Judicial de Gestión
Siglo XXI, no se encontraron registros de procesos disciplinarios en los cuales figure
como demandante la señora Jenny Ortiz Pulgarín y Jairo Donneys Narváez y que
estén dirigidos contra el juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de
Sentencias y Segundo Civil del Circuito de Cali»; a su vez, se realizó búsqueda en la
página web de la Rama Judicial, consulta de procesos nacional unificada y no se
encontraron registros de procesos disciplinarios en los que funja como quejosa la
Señora Ortiz Pulgarín y que esté siendo tramitada por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y/o las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.
iii) En consecuencia, la corporación solo ha tenido intervención en el asunto en la
forma señalada en precedencia, es decir, dando trámite a la inconformidad puesta de
presente en el escrito tuitivo, esto es, accionando la jurisdicción disciplinaria a través
de la remisión de la queja, de tal forma que no se vulneraron los principios de
participación y trasparencia que embargan el derecho de petición; sin que, por otro
lado, tenga injerencia alguna en el proceso ejecutivo con radicado 2014-0046-00, por
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lo que no es posible hacer un pronunciamiento acerca de los fundamentos fácticos y
jurídicos expuestos por el accionante sobre el particular.
1.3.6. El Ministerio de Justicia y del Derecho. El 16 de febrero de 2024, el director
jurídico, Oscar Mauricio Ceballos Martínez, solicitó la desvinculación del trámite de
tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, al no ser la entidad
interviniente en ninguno de los hechos y situaciones expuestos por la parte actora
como causantes de la vulneración de sus derechos fundamentales.
1.4. Otras actuaciones
1.4.1. El 13 de marzo de 2024, el consejero de Estado Rafael Francisco Suárez
Vargas requirió a la Corte Suprema de Justicia para que, con carácter urgente,
allegara en medio digitalizado, los expedientes de tutela con radicación 76001-22-03-
000-2022-00192-00 [01] y 11001-02-30-000-2023-01366-00 (134600), en el que
fungen como demandantes la Sociedad Ingeniería y Control de Movimiento S. A. S. y
la señora Jenny Ortiz Pulgarín, respectivamente.
1.4.2. El 22 de marzo de 2024, la Secretaría de la Sala de Casación Civil, Agraria y
Rural de la Corte Suprema de Justicia remitió el enlace para consulta de los
expedientes requeridos.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, según el cual «las
acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera
instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por
la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el
reglamento al que se refiere el artículo 2 .2.3.1.2.4.»; en concordancia con el numeral
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12 del artículo 2.2.3.1.2.1. ibidem, que prevé que «[l]as acciones de tutela dirigidas
contra las actuaciones del Presidente de la República [...] serán repartidas para su
conocimiento en primera instancia, al Consejo de Estado», esta Sala de decisión es
competente para conocer de la presente acción de tutela.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela se encuentra
afectada por cosa juzgada constitucional y/o temeridad en su interposición, y en caso
de negativo, se analizará, en segundo lugar, si en el caso se vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la parte actora.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Sobre la cosa juzgada constitucional
La cosa juzgada se instituyó en el estatuto procesal civil como una figura jurídica a
partir de la cual se otorga a las sentencias ejecutoriadas el carácter de «inmutables,
vinculantes y definitivas» y que, por tanto, genera la prohibición, a los administrados,
de volver a entablar el mismo litigio ante la jurisdicción, y a los funcionarios judiciales,
de conocer, tramitar y fallar sobre lo ya resuelto.
Sobre la cosa juzgada en materia de tutela, la Corte Constitucional ha precisado que
es esta una institución que pretende prevenir las múltiples presentaciones de
acciones de tutela que versen sobre un mismo asunto y bajo los iguales
presupuestos fácticos y jurídicos. Asimismo, que para evaluar la posible
configuración de la cosa juzgada constitucional en procesos de tutela, el juez de
amparo debe evaluar los siguientes elementos: «(i) que se adelante un nuevo
proceso con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia; (ii) que en el nuevo proceso
exista identidad jurídica de partes; (iii) que el nuevo proceso verse sobre el mismo
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objeto, o sea, sobre las mismas pretensiones; (iv) que el nuevo proceso se adelante
por la misma causa que originó el anterior, es decir, por los mismos hechos».1
De igual forma, ha señalado que algunas variaciones en las partes, los hechos o las
pretensiones entre el proceso que hizo tránsito a cosa juzgada y la nueva demanda
no necesariamente conducen a concluir que no existe cosa juzgada. Por el contrario,
se trata de un examen más profundo, en el que no basta con la coincidencia formal
sino con una verificación de la coincidencia material entre los dos procesos, a pesar
de la posibilidad de identificar pequeñas diferencias entre una y otra acción.2
A su turno, también ha referido que la decisión de tutela cobra ejecutoria y configura
cosa juzgada «(i) cuando en control concreto de constitucionalidad se ha emitido un
fallo en sede de revisión o unificación por parte de la Corte Constitucional o (ii)
porque esta última, en ejercicio de su facultad discrecional, ha decidido no
seleccionarla para emitir un pronunciamiento»;3 y que, en casos eminente y
estrictamente excepcionales, ha desvirtuado la configuración de la cosa juzgada se
desvirtúa, incluso cuando se verifica la identidad de causa, objeto y partes, si «los
accionantes han demostrado que no se ha emitido un pronunciamiento de fondo
sobre la pretensión puesta en conocimiento original de un juez, o que existe un
hecho nuevo que justifica que el fallador analice bajo otro enfoque el asunto
novedoso».4
Por tanto, la cosa juzgada en materia de tutela se configura cuando existe identidad
de partes, causa y objeto entre dos acciones de amparo, una de las cuales haya
cobrado ejecutoria, y conlleva la improcedencia de la acción de tutela, como garantía
de seguridad en las relaciones jurídico procesales consolidadas;5 y
excepcionalmente, solo podrá darse por superado dicho fenómeno procesal, ante la
demostración de que no se ha emitido un pronunciamiento de fondo sobre la
pretensión o del advenimiento de hechos novedosos.
1 Sentencia T-001 de 2016.
2 Sentencia T-427 de 2017.
3 Sentencias SU-1219 de 2001 y SU-627 de 2015.
4 Sentencia SU-012 de 2020.
5 Sentencia SU-397 de 2022.
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2.3.2. Sobre la actuación temeraria
El artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 establece que «[e]l que interponga la acción
de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado
otra respecto de los mismos hechos y derechos»; y sobre el asunto, la jurisprudencia
constitucional ha sido clara en afirmar que la violación del juramento constituye una
temeridad y un ejercicio abusivo de la acción de tutela que tiene consecuencias
nocivas para la administración de justicia, lesiona indebidamente los derechos del
accionado y atenta contra el principio de economía procesal que debe regir la
actuación judicial.6.
Por su parte, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, señala que: «[c]uando sin
motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la
misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o
decidirán desfavorablemente todas las solicitudes; y conforme a la jurisprudencia
constitucional, la temeridad comporta una vulneración de los «principios de buena fe,
economía y eficacia procesales porque desconoce los criterios de probidad que exige
un debate honorable, dilata maliciosamente la actuación e impide alcanzar los
resultados que el Estado busca con la actuación procesal».7
En consecuencia, se configura únicamente si la persona interesada ha obrado
injustificadamente y de mala fe, para lo cual , el juez constitucional debe evaluar de
manera cuidadosa en cada caso las motivaciones de la nueva tutela, teniendo
siempre presente que el acceso a la justicia es un derecho fundamental, que
cualquier restricción en su ejercicio debe ser limitado, y que la buena fe se presume
en todas las actuaciones de los particulares ante las autoridades públicas y que, por
tanto, puede dar lugar al rechazo o la decisión desfavorable de todas las solicitudes y
la sanción al abogado que las hubiera promovido.8
6 Corte Constitucional, Sentencia T-1014 de 1999, Expedientes T-239.989 y T-242.095 Peticionario:
Orlando Oviedo Saballeth, Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
7 Sentencia T-327 de 1993.
8 Sentencia SU-397 de 2022.
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Así las cosas, la Corte ha entendido que se configura temeridad respecto de un
asunto puesto en conocimiento del juez de tutela cuando se reúnen los siguientes
requisitos: i) identidad de partes; ii) identidad de hechos; iii) identidad de
pretensiones; iv) ausencia de justificación razonable y objetiva frente al ejercicio de la
nueva acción de amparo y v) mala fe o dolo del accionante en la interposición de la
nueva tutela;9 y que, en ese escenario, «se enfrenta a una actuación temeraria que
lesiona los principios de moralización y lealtad procesal, por lo que no solo debe
rechazar o decidir desfavorablemente las pretensiones, sino también promover las
sanciones contenidas, por ejemplo, en el inciso tercero del artículo 25 e inciso
segundo del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, o en los artículos 80 y 81 del
Código General del Proceso».10
Sin embargo, ha ejemplificado algunas excepciones al ejercicio reiterado de una
misma acción de tutela, así: i) la condición de ignorancia o indefensión del actor,
propia de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o
por la necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe; ii) el
asesoramiento errado de los profesionales del derecho; iii) la consideración de
eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o
que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya
tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad
de proteger los derechos fundamentales del demandante; o (iv) cuando la Corte
Constitucional profiere una sentencia de unificación cuyos efectos son extensivos a
un grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones, incluso si con
anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de tutela por los mismos hechos y
con la misma pretensión.11
2.4. Hechos probados
2.4.1. Del proceso ejecutivo con radicado 76001-31-03-002-2017-00046-00
9 Ibídem
10 Sentencia SU-027 de 2021.
11 Sentencia SU-027 de 2021.
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2.4.1.1. Respecto de la demanda ejecutiva tramitada en el Juzgado Segundo
Civil del Circuito Judicial de Cali
i) El 23 de febrero de 2017, el señor Nelson Cruz Gómez, por intermedio de
apoderado, promovió demanda ejecutiva singular en contra de la Sociedad
Ingeniería y Control de Movimiento S. A. S., y la señora Jenny Ortiz Pulgarín, en orden
a que se librara mandamiento de pago en su contra, por la suma de $300.000.000,
contenido en el pagaré 79854952 del 29 de noviembre de 2015, incluyendo los
intereses de mora sobre el saldo del capital, a la tasa máxima legal permitida por la
Superintendencia Financiera de Colombia, desde el 30 de noviembre de 2015 y
hasta que se verificara el pago total de la obligación.
ii) El 21 de marzo de 2017, el Juzgado libró mandamiento de pago contra la
Sociedad Ingeniería y Control de Movimiento S. A. S., y a la señora Jenny Ortiz
Pulgarín, a favor del señor Nelson Cruz Gómez.
iii) El 21 de noviembre de 2017, la Sociedad Ingeniería y Control de Movimiento S. A.
S., y la señora Jenny Ortiz Pulgarín, por intermedio de apoderado, contestaron la
demanda, alegando que la obligación ya había sido pagada en su totalidad.
iv) El 24 de enero de 2018, el Juzgado suspendió el proceso hasta tanto se
resolviera el trámite de reorganización adelantado en el Centro de Conciliación de la
Fundación Paz Pacífico, de conformidad con el artículo 545 del CGP.
v) El 27 de febrero de 2018, el Juzgado repuso la decisión, en el sentido de que la
suspensión del proceso recaía, única y exclusivamente, respecto de la deudora
persona natural Jenny Ortiz Pulgarín, por estar en trámite de insolvencia, mas no
respecto de la codeudora Sociedad Ingeniería y Control de Movimiento S. A. S.
vi) El 14 de enero de 2019, el Juzgado profirió sentencia en la que declaró probada
la excepción de «cobro de lo no debido», en el sentido de que el valor por capital es
de solo $217.936.107, vencido desde el 9 de abril de 2016; ordenó practicar la
liquidación del crédito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 446 del CGP;
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ordenó avaluar y rematar los bienes embargados o que posteriormente se
embarguen, para que con el producto se cancelara el valor del crédito demandado
por capital, intereses y costas del proceso; condenó en costas a la demandada
Ingeniería y Control de Movimiento S. A. S., a favor de la parte demandante en un
90 %, por haberse declarado probada una excepción; y fijó por concepto de
agencias en derecho la suma de $3.600.000.
vii) El 29 de noviembre de 2019, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala
de Decisión Civil, confirmó la sentencia de primera instancia y condenó en costas de
instancia a la parte apelante y fijó por concepto de agencias en derecho a favor de la
parte demandante la suma de $1.000.000.
viii) El 13 de febrero de 2020, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Judicial de Cali
aprobó la liquidación de costas efectuada por la Secretaría, de conformidad con el
numeral 1° del artículo 366 del CGP, y ordenó remitir el expediente a los Juzgados
de Ejecución Civil Circuito, en cumplimiento de lo establecido en la Acuerdo
PSAA13-9984 del 5 de septiembre de 20213, emitido por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura.
2.4.1.2. Respecto de la ejecución de la sentencia tramitada en el Juzgado
Primero Civil del Circuito Judicial de Ejecución de Sentencias de Cali
i) El 7 de diciembre de 2020, el Juzgado avocó el conocimiento del asunto y requirió
a las partes a fin de que aportaran la liquidación del crédito, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 446 del CGP.
ii) El 14 de diciembre de 2021, la señora Jenny Ortiz Pulgarín, por intermedio de
apoderado, presentó solicitud de terminación del proceso por pago total de la deuda.
iii) El 27 de enero de 2022, mediante el auto 162, el Juzgado otorgó eficacia al
avalúo catastral presentado por el apoderado de la parte demandante, que otorgó el
valor de $168.067.5000, al inmueble objeto de embargo; negó las observaciones
propuestas por el apoderado de la parte demandada; tuvo para los efectos de la
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ejecución, el avalúo catastral referenciado; negó la solicitud encaminada a designar
perito evaluador; negó la renuncia de poder realizada por el abogado Manuel Barona
Castaño, como apoderado de la parte demandada; tuvo al abogado Jairo Donneys
Narváez, como apoderado de la demandada Jenny Ortiz Pulgarín, para los fines
descritos en el poder aportado; y negó la solicitud de terminación del proceso por
pago total de la obligación, invocada por el extremo pasivo.
iv) El 17 de febrero de 2022, la señora Jenny Ortiz Pulgarín, por intermedio de su
apoderado Jairo Donneys Narváez, interpuso recurso de apelación en contra de la
anterior decisión, en cuanto negó la solicitud de terminación del proceso.
v) El 4 de mayo de 2022, a través del auto interlocutorio 926, el Juzgado negó de
plano el recurso de apelación, por cuanto la decisión no se encontraba dentro de las
providencias apelables, según lo dispuesto en el artículo 321 del CGP; y aceptó la
renuncia del abogado Manuel Barona Castaño.
vi) El 17 de junio de 2022, por medio del auto 1168, el Juzgado fijó como fecha para
diligencia de remate del inmueble que fue objeto de embargo, secuestro y avalúo, el
día 9 de agosto de 2022.
vii) El 9 de agosto de 2022, el Juzgado llevó a cabo Audiencia de remate del
inmueble objeto de embargo, secuestro y avalúo, el cual se declaró desierto por
ausencia de ofertas, por lo que se procedió a fijar nueva fecha para el 4 de octubre
de 2022, a la que no asistieron ninguna de las partes.
viii) El 24 de octubre de 2023, por auto 2824, el Juzgado fijó como nueva fecha para
diligencia de remate del inmueble que fue objeto de embargo, secuestro y avalúo, el
día el 4 de diciembre de 2023.
ix) El 4 de diciembre de 2023, mediante el Acta 060, el Juzgado ordenó oficiar al
Departamento Administrativo de Hacienda de Cali para que allegara la liquidación
actualizada del crédito reconocido a la Sociedad Ingeniería y Control de Movimientos
S. A. S., según Resolución 3295118618 del 05 de septiembre de 2023, a fin de ser
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tenida en cuenta en el momento procesal oportuno, según las voces del artículo 465
del CGP y fijó como nueva fecha de audiencia para diligencia de remate el día 29 de
febrero de 2024.
x) El 29 de febrero de 2024, el Juzgado realizó audiencia de remate, y el 2 de abril
siguiente aprobó la adjudicación del inmueble embargado, secuestrado y avaluado, a
favor del señor Nelson Cruz Gómez.
2.4.2. De la acción de tutela con radicado 76001-22-03-000-2022-00192-00 [01]
i) El 5 de julio de 2022, la señora Jenny Ortiz Pulgarín, actuando en nombre propio y
como representante legal de la Sociedad Ingeniería y Control de Movimientos S. A. S.,
por intermedio de apoderado, señor Jairo Donneys Narváez, promovió demanda de
tutela en contra del Juzgado Primero Civil del Circuito Judicial de Ejecución de
Sentencias de Cali, por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido
proceso con la adopción del Auto 926 del 4 de mayo de 2022, proferido dentro del
proceso ejecutivo con radicado 76001-31-03-002-2017-00046-00 (22128), mediante
el cual se negó la solicitud de terminación del proceso por pago total de la obligación.
ii) El 19 de julio de 2022, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil,
denegó por improcedente el amparo tutelar, por incumplimiento del requisito general
de subsidiaridad, puesto que la sociedad accionante contaba tanto con el recurso de
reposición, como con el subsidiario de queja, para cuestionar la decisión atacada.
iii) El 24 de agosto de 2022, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
profirió sentencia de segunda instancia STC11100-2022, en la que confirmó la
sentencia impugnada.
2.4.3. De la acción de tutela con radicado 11001-02-30-000-2023-01366-00 [02]
i) El 27 de noviembre de 2023, la señora Jenny Ortiz Pulgarín, actuando en nombre
propio y como representante legal de la Sociedad Ingeniería y Control de Movimiento
S. A. S., promovió acción de tutela en contra del Juzgado Primero Civil del Circuito
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Judicial de Ejecución de Sentencias de Cali, la Presidencia de la República, el
Ministerio de Justicia y del Derecho, el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala de
Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Cali.
ii) El 28 de noviembre de 2023, la magistrada Myriam Ávila Roldán, de la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, admitió la acción de tutela, vinculó a
las demás partes e intervinientes dentro del proceso ejecutivo con radicado 76001-
31-03-002-2017-00046-00 y ordenó correr traslado del texto de la demanda a las
autoridades accionadas y vinculadas, con el fin de que en el improrrogable término
de un (1) día, ejercieran su derecho de contradicción y aportaran las pruebas que
estimaran pertinentes.
ii) El 22 de febrero de 2024, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
declaró improcedente la acción de tutela en lo relacionado con el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali y el Consejo Superior de la
Judicatura, negó la acción de tutela respecto de la Presidencia de la República y el
Ministerio de Justicia y el Derecho y amparó el derecho fundamental de petición de
la señora Jenny Ortiz Pulgarín frente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y
ordenó a dicha corporación que, el término máximo de 48 horas, siguientes a la
notificación de la sentencia, informara a la actora el trámite impartido al escrito con
radicado del 11 de julio de 2022.
iii) El 13 de marzo de 2024, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
confirmó la sentencia de primera instancia.
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
En la contestación a la acción de tutela, el Consejo Superior de la Judicatura, en
calidad de accionado, denunció que la señora Jenny Ortiz Pulgarín hizo uso abusivo
del mecanismo de amparo, por cuanto el escrito guarda idéntica relación con el
tramitado en la Corte Suprema de Justicia, bajo el radicado 11001-02-30-000-2023-
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01366-00 y número interno 134600, por lo que solicitó declarar la temeridad de la
presente actuación.
En atención a lo anterior, el despacho ponente procedió a requerir de la Corte
Suprema de justicia el expediente en mención, en aras de analizar el cargo, y luego
de realizarse un ejercicio de comparación, la Sala de decisión puede advertir que, en
efecto, se trata de una acción de tutela que comparte un libelo idéntico, presentada
en ambas corporaciones, en igual periodo de tiempo, a saber, en la Secretaría
General del Consejo de Estado, el 14 de noviembre de 2023, y en la Secretaría
General de la Corte Suprema de justicia, el 27 de noviembre de 2023.
Ahora bien, tal como se dejó sentado en el acápite de hechos probados, la acción de
tutela tramitada ante la Corte Suprema de Justicia fue fallada en primera instancia el
22 de febrero de 2024, y en segunda, el 13 de marzo siguiente, sin que aún se halla
surtido el trámite de selección ante la Corte Constitucional, por lo que, en estricto
sentido, no puede hablarse de cosa juzgada constitucional, según los parámetros
jurisprudenciales señalados en acápite anterior.
Sin embargo, si se aprecia la configuración del fenómeno de la temeridad en la
interposición de la acción de tutela, pues sin ningún tipo de advertencia la accionante
permitió que las dos acciones de tutela siguieran su trámite, tanto así, que en lo que
corresponde a la presente, contestó el requerimiento efectuado en el auto
inadmisorio de la demanda, sin advertir que también se estaba adelantando una
acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia con identidad de partes, objeto y
causa, evento que, sin ninguna elucubración adicional, desvirtúa la presunción de
buena fe que recae sobre la actuación de la accionante.
Así las cosas, se encuentra que la conducta de la accionante es contraria al principio
de economía procesal, puesto que igual asunto fue puesto en consideración de dos
órganos jurisdiccionales sin que a ninguno se le manifestara la existencia del otro
proceso, ni las razones por las cuales se pretendía un doble conocimiento, lo que a
su vez desvirtúa el juramento efectuado dentro del escrito de amparo.
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3. Conclusión
Con los anteriores argumentos la Sala rechazará por improcedente la acción de
tutela, al encontrarse configurada la temeridad de la señora Jenny Ortiz Pulgarín.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Rechazar por temeridad la acción de tutela por la señora Jenny Ortiz
Pulgarín, de acuerdo con lo expuesto en este proveído.
Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
YASM
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