Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-06917-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-06917-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Tutela contra providencias judiciales: se satisfacen los requisitos generales
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-06917-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-06917-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
5 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06917-00
Demandante: FONDO DE EMPLEADOS DE TELEFÓNICA COLOMBIA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN C
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Se satisfacen los requisitos generales
de procedencia / DEFECTO SUSTANTIVO – Se configura en este caso porque la autoridad
judicial accionada omitió analizar disposiciones normativas aplicables al caso.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el Fondo de Empleados de
Telefónica Colombia (FECEL) contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 14 de noviembre de 20231, el Fondo de Empleados de Telefónica Colombia (en
adelante FECEL) interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido
proceso, a la igualdad y de petición, con ocasión de la providencia dictada el 27 de
octubre de 2023, en la que se resolvió el recurso de insistencia con radicado 25000-
23-41-000-2023-01320-00. Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben
textualmente):
Se ampare nuestros derechos constitucionales fundamentales reclamados en
1
Se advierte que, el 30 de noviembre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06917-00
Demandante: FECEL
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sentencia de tutela de primera instancia
amparo, de, ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA, AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, IGUALDAD
ANTE LA LEY, CONFIANZA LEGITIMA y colateralmente DE PETICIÓN DE
CARÁCTER CUALIFICADO POR DISPOSICIÓN LEGAL
PRIMERO
Dejar sin valor ni efecto la providencia calendada 27 de octubre de 2023,
proferida por el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA-SUBSECCIÓN "C” Sala Presidida por el H.
Magistrado Ponente LUIS NORBERTO CERMEÑO.
SEGUNDO
Ordenar que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al fallo, el H.
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN "C”, designe un nuevo H. Magistrado Ponente y profiera
fallo material de fondo dentro del Recurso de Insistencia que conoce,
acorde a los lineamientos del fallo de la presente Acción de Amparo
1.2. Hechos
Del escrito de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:
El Fondo de Empleados de Telefónica Colombia es una entidad especial sin ánimo
de lucro, que opera en el sistema de facilitación de créditos para el suministro de
bienes y servicios entre sus asociados, por el método de autorización irrevocable
de descuento directo o libranza.
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 1527 de 2012, cuando el beneficiario de
un crédito cambia de empleador o de entidad pagadora está en la obligación de
informar dicha situación al operador de la libranza, «sin perjuicio de que la simple
autorización de descuento suscrita por parte del beneficiario, faculte a las entidades
operadoras para solicitar a cualquier empleador o entidad pagadora el giro
correspondiente de los recursos a que tenga derecho». Por esta razón, el artículo 8
de la citada ley permite que se pueda solicitar información a las entidades que
manejan los sistemas de salud y/o pensiones con el fin de establecer la localización
de empleadores o entidades pagadores, autorizadas previamente mediante libranza
o descuento.
Con fundamento en las referidas disposiciones, el 26 de junio de 2023, FECEL elevó
una solicitud a Sanitas EPS, con el fin de obtener información del empleador o
entidad pagadora de la señora Claudia Lucía López Cadena, para hacer efectiva la
continuidad de los descuentos mediante libranza. Dicha petición fue negada con
fundamento en que se trataba de información sensible y reservada.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06917-00
Demandante: FECEL
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sentencia de tutela de primera instancia
El 3 de julio de 2023, FECEL interpuso recurso de insistencia ante Sanitas, sin
embargo, esta omitió su remisión a la autoridad judicial competente, por lo cual la
parte actora presentó acción de tutela que fue concedida por el Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, ordenándole a la EPS
Sanitas dar trámite al recurso de insistencia.
Surtido el trámite correspondiente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, mediante providencia del 27 de octubre de 2023,
resolvió el recurso de insistencia en el que declaró bien negada la información
solicitada por el Fondo de Empleados de Telefónica Colombia.
1.3. Argumentos de la tutela
La parte actora sostuvo que al dictarse la providencia cuestionada el Tribunal
incurrió en los defectos procedimental absoluto, fáctico y sustantivo dado que «no
consideró integralmente la narrativa desde el Derecho de petición [y] la
fundamentación del Recurso de Insistencia», es decir, omitió estructurar «los
silogismos completos de estos frente a la normativa en la que se soportaban».
En tal sentido, adujo que se desconocieron e inaplicaron las normas en materia de
economía solidaria que rigen los fondos de empleados, especialmente, las previstas
en el Decreto Ley 1481 de 1989 y en las Leyes 1391 de 2010, 1527 de 2012 y 1902
de 2018.
Puntualmente, consideró que se desatendieron los artículos 7 y 8 de la Ley 1527 de
2012 y, como consecuencia de ello, el literal c) del artículo 13 de la Ley 1581 de
2012, que permite a los operadores de libranza acceder a ciertos datos personales,
en calidad de terceros autorizados, como una forma de ejercicio cualificado del
derecho de petición.
Adujo que FECEL no era un particular cualquiera, sino un titular del derecho de
petición cualificado para los efectos establecidos en la citada ley, esto es, obtener
información para la debida atención de las obligaciones adquiridas por los
beneficiarios bajo la modalidad de libranza o descuento directo.
Agregó que para acceder a la información laboral de los afiliados deudores no se
requiere la autorización de ellos, pues la ley lo ordena en atención a su calidad de
entidad operadora de libranzas.
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Demandante: FECEL
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sentencia de tutela de primera instancia
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 17 de noviembre de 2023, el Despacho sustanciador admitió
la demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, como parte demandada, y ordenó vincular a la EPS Sanitas
como tercero con interés. Asimismo, dispuso notificar a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
2.2. La autoridad judicial accionada señaló que la solicitud de amparo no cumple el
requisito de relevancia constitucional porque, en primer lugar, se pretende ejercer
una «nueva instancia», a pesar de que la sentencia cuestionada es de única
instancia; en segundo lugar, porque simplemente se expone una crítica centrada en
aspectos legales y de corte económico o financiero referida a «dónde cobrar una
fianza».
Señaló que la decisión no vulneró ninguno de los derechos de las partes, sino que
se les respetaron sus garantías legales y pudieron ejercer sus derechos de defensa
y contradicción.
Agregó que la tutela carece de carga argumentativa, en tanto que sólo contiene la
reproducción de lo debatido y decidido en el recurso de insistencia.
2.3. La EPS Sanitas guardó silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Problema jurídico
En primer lugar, la Sala deberá determinar si la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial. En el
evento de no acreditarse, se declarará improcedente. Si se cumplen, se establecerá
si la providencia dictada el 27 de octubre de 2023, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en el trámite del recurso de
insistencia con radicado 5000-234-1000-2023-01320-00, incurrió en los defectos
procedimental absoluto, sustantivo y fáctico alegados y, por tanto, vulneró los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido
proceso, a la igualdad y de petición.
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2. Análisis de la Sala
2.1. Requisitos generales de procedibilidad
2.1.1. De la inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, toda vez
que la sentencia que resolvió el recurso de insistencia fue proferida el 27 de octubre
de 2023, y la solicitud de amparo se presentó el 14 de noviembre siguiente, esto es,
dentro de los seis meses siguientes a su expedición. Este término resulta razonable,
sin necesidad de determinar la fecha de notificación de dicha providencia.
2.1.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
2.1.3. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que
este requisito se cumple, toda vez que el recurso de insistencia se tramita en única
instancia y no es susceptible de recursos ulteriores.
2.1.4. De la relevancia constitucional: la Sala encuentra satisfecha esta exigencia,
dado que los cargos se encuentran suficientemente argumentados, y no se trata de
un debate de carácter exclusivamente legal o económico, como lo alega la autoridad
judicial accionada, por el simple hecho de que la discusión está anclada en las
condiciones de la libranza como mecanismo para el descuento de una obligación
dineraria pactada por instalamentos o diferida por el sistema de cuotas, ni tampoco
se pretende convertir la tutela en una instancia adicional del recurso de insistencia.
A pesar de que el asunto general fue abordado por el Tribunal, la solicitud de amparo
contiene argumentos de orden constitucional encaminado a desvirtuar la
razonabilidad de la providencia por la posible vulneración de garantías
constitucionales como el derecho de acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y de petición. El hecho de que el sustrato propio del debate corresponda a
un mecanismo para garantizar o perseguir el pago de una obligación no hace que
la tutela carezca de relevancia constitucional, puesto que la censura deviene del
reproche que se atribuye al desconocimiento e inaplicación de las normas que rigen
el marco general de las libranzas para los operadores del sistema. De acreditarse
esa circunstancia, esto es, que el juez del recurso de insistencia, sin una justificación
razonable o suficiente, inaplicó las normas que llamaban a regir el asunto, o lo hizo
de manera fraccionada, sin ahondar en razones para ello, estaríamos ante un
debate de importancia constitucional.
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De acuerdo con el problema jurídico planteado, como se cumplen los requisitos
generales de procedencia, pasa la Sala a examinar si la providencia atacada vulneró
los derechos fundamentales cuya protección reclama la parte actora.
2.2. La protección de datos personales
El artículo 15 de la Constitución Política consagra los derechos a la intimidad
personal, familiar y al buen nombre, así como el deber estatal de «respetarlos y
hacerlos respetar». Dicha disposición también prevé el «derecho a conocer,
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los
bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas».
A partir de dicho enunciado normativo, la jurisprudencia constitucional ha
reconocido la existencia de tres derechos fundamentales de carácter autónomo: «(i)
el derecho a la intimidad personal, (ii) el derecho al buen nombre, y (iii) el derecho
a conocer, actualizar y rectificar información personal2».
Cuando se habla del derecho a «conocer, actualizar y rectificar la información
personal» nos encontramos en el escenario propio del habeas data, cuyo contenido
es armonizado con el artículo 20 constitucional del que también se pueden deducir,
según la jurisprudencia constitucional, algunas facetas relacionadas con aquél3,
cuando se consagra que «se garantiza a toda persona la libertad de expresar y
difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e
imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen
responsabilidad social».
En desarrollo del derecho de habeas data, pueden destacarse las sentencias C-
1011 de 2008 y C-748 de 2011 en las que la Corte Constitucional se ocupó de
estudiar la constitucionalidad de su desarrollo legislativo en los ámbitos financiero
2
Al respecto puede consultarse la sentencia T-246 de 2014.
3
En la sentencia C-748 de 2011, la Corte Constitucional sostuvo:
«Lo mismo ocurre con la mención del artículo 20 superior sobre el derecho a la información.
Ciertamente, el derecho a la información, tanto en su dimensión activa y pasiva, es decir, el derecho
a expresar y difundir información -incluidas las propias opiniones- y el derecho a recibir información
veraz e imparcial, converge en algunos aspectos con el derecho al habeas data, en tanto, por
ejemplo, (i) el derecho a la información puede recaer sobre datos personales y, (ii) en su faceta
activa comprende el derecho a la rectificación que puede versar sobre datos personales. Sin
embargo, el derecho a la información comprende todo tipo de datos, no solamente el dato personal,
de ahí que deba concluirse que los dos derechos comprenden ámbitos de protección diferentes y
que el proyecto de ley sujeto a revisión no desarrolla comprensivamente el derecho a la información»
6
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Demandante: FECEL
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(Ley 1266 de 2008) y general (Ley 1581 de 2012), pues, a pesar de ser un derecho
autónomo pueden distinguirse al menos esas dos facetas4.
El derecho de habeas data se refleja en los datos personales, y se encuentra ligado5
al derecho a la intimidad personal, consagrado y protegido nacional e
internacionalmente, y como lo explica la jurisprudencia constitucional:
[E]n principio, el derecho al habeas data fue considerado como una
manifestación del derecho a la intimidad. Sin embargo, esta garantía estaba
marcada por un matiz individualista destinada a proteger un espacio privado
sin posibilidades de injerencias ajenas o del Estado, y por tanto, las limitaciones
propias del derecho a la intimidad no son suficientes para responder a las
necesidades del flujo de la información moderna. Por el contrario, se está ante
el nacimiento de un nuevo derecho, el de habeas data, en el que la
privacidad “no implica sencillamente la falta de información sobre
nosotros por parte de los demás, sino más bien el control que tenemos
sobre las informaciones que nos conciernen”67.
Así, la Ley 1581 de 2012 establece una serie de normas para la protección de los
datos personales. De dicho cuerpo normativo, valga destacar los principios de (i)
«acceso y circulación restringida» y (ii) de «confidencialidad». El primero dispone
que el tratamiento de la información debe corresponder a la naturaleza de los datos
personales, y a las disposiciones legales y constitucionales, de modo que «solo
podrá hacerse por personas autorizadas por el titular y/o por las personas previstas
en la (…) ley». El segundo, consagra que los sujetos responsables o encargados
de su tratamiento «están obligados a garantizar la reserva de la información»,
excepto la de naturaleza pública (artículo 4, literales f y h, de la Ley 1581 de 2013).
Consecuente con ello, el artículo 5 de la Ley 1581 define como datos sensibles
aquellos que (i) afectan la intimidad del titular o (ii) cuyo uso indebido puede generar
discriminación; por tanto, se encuentra prohibido su tratamiento, salvo que, entre
otros supuestos, medie autorización expresa del titular8 o la ley prescinda9 de su
necesidad, según las hipótesis establecidas en el artículo 10 ejusdem.
4
En tal sentido, obsérvese la sentencia C-1011 de 2008 de la Corte Constitucional.
5
De acuerdo con la Corte Constitucional, se debe proteger los datos personales dada su importancia
para «la garantía de otros derechos como la intimidad, el buen nombre y el libre desarrollo de la
personalidad. Sin embargo, el que exista una estrecha relación con tales derechos, no significa que
no sea un derecho diferente, en tanto comprende una serie de garantías diferenciables y cuya
protección es directamente reclamable por medio de la acción de tutela». Sentencia C-748 de 2011.
6
Cita original de la providencia: Lusky, L., “Invasion of Privacy: a Clarification of Concepts. Citado
por García González Aristeo. Ob. cit.
7
Corte Constitucional, sentencia C-748 de 2011.
8
ARTÍCULO 9o. AUTORIZACIÓN DEL TITULAR. Sin perjuicio de las excepciones previstas en la
ley, en el Tratamiento se requiere la autorización previa e informada del Titular, la cual deberá ser
obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior.
9
ARTÍCULO 10. CASOS EN QUE NO ES NECESARIA LA AUTORIZACIÓN. La autorización del
Titular no será necesaria cuando se trate de:
7
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En relación con los casos en los que legislador prescindió de la necesidad de
autorización, al examinar la constitucionalidad de dicha regla, la Corte
Constitucional aclaró que tal medida «es compatible con la Constitución, siempre y
cuando se entienda, como se mencionará más adelante, que tal autorización,
además de estar contenida en una ley, sea conforme a las garantías que otorga
el habeas data, por ejemplo en materia de finalidad, y cumpla las exigencias
del principio de proporcionalidad».10 (Se destaca).
De otra parte, la Ley 1437 de 2011 —sustituida parcialmente por la Ley 1755 de
2015— como garantía del derecho a la intimidad y al buen nombre, prevé en su
artículo 26 que es reservada la información que involucre los «derechos a la
privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia
laboral, y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en
los archivos de instituciones públicas o privadas…». Dicha información sólo puede
ser solicitada por el titular, sus apoderados o personas autorizadas con facultad
expresa para acceder a esa información.
En resumen, las Leyes 1266, 1437 de 2011 y 1581 de 2012 protegen los derechos
a la intimidad a partir del resguardo de los datos personales considerados sensibles,
al punto que está limitado su tratamiento al titular, las personas autorizadas por este
y a las autorizados en ejercicio legítimo de sus funciones. De suerte que existen
unas excepciones previstas en normas constitucionales y legales para garantizar
otros derechos, acordes a la finalidad de la información y la proporcionalidad entre
unos y otros derechos.
La restricción a los datos personales y su reserva frente a terceros son una garantía
de otros derechos constitucionales que se derivan del habeas data. Por
consiguiente, quienes acceden a esos datos deben estar autorizados por el
legislador, de modo que, frente a la información sensible, los responsables o
encargados del tratamiento de los datos deben proteger su contenido, so pena de
incurrir en faltas de naturaleza administrativa o responsabilidades de tipo patrimonial
por los daños que de allí se derivaran.
a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones
legales o por orden judicial;
b) Datos de naturaleza pública;
c) Casos de urgencia médica o sanitaria;
d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos;
e) Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas.
Quien acceda a los datos personales sin que medie autorización previa deberá en todo caso cumplir
con las disposiciones contenidas en la presente ley.
10
Corte Constitucional, sentencia C-748 de 2011.
8
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En todo caso, el recurso de insistencia11 surge como un instrumento de control
judicial para que el juez examine si la negativa de la autoridad se ajusta a las
previsiones del legislador y a la doctrina constitucional sobre el derecho a la
intimidad y las excepciones a su contenido.
3. Caso concreto y solución del problema jurídico
La discusión que dio lugar a la presente acción de tutela se originó en el hecho de
que, mediante petición del 26 de junio de 2023, el representante legal de FECEL
solicitó a la EPS Sanitas suministrar la información del empleador o pagador de la
señora Claudia Lucía López Cadena con el fin exclusivo «de hacer efectiva la
continuidad de los descuentos mediante libranza».
En respuesta a dicha solicitud, Sanitas le informó que no era procedente lo
solicitado, dado que «dicha información es de carácter sensible y de no darle
protección necesaria, iría en contra vía de lo dispuesto normativamente y
estaríamos atentando contra el derecho Constitucional de habeas data que tienen
todas las personas respecto de su información personal».
Al resolver el recurso de insistencia interpuesto por la aquí accionante, ante la
negativa del acceso a la información pretendida, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, adujo que «la información pedida
se enmarca dentro de la categoría de documentos sujetos a reserva legal que
establece la Ley 1581 de 2012, en su artículo 13», con lo cual concluyó que dicha
información «es de carácter reservado al tratar una situación de intimidad o
privacidad de una ciudadana, CLAUDIA LUCIA LÓPEZ CADENA, quien no ha dado
consentimiento para suministro de los datos que se solicitan, amenazando así
garantías mínimas (acceso a información de manera consentida) y derechos
fundamentales».
A partir de los argumentos expuestos en la solicitud de tutela, la Sala constata que,
en efecto, el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo porque, a pesar de que el
recurso de insistencia se fincó en la Ley 1527 de 2012, la autoridad judicial omitió
11
El artículo 26 de la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 1755 de 2015, dispone:
«ARTÍCULO 26. INSISTENCIA DEL SOLICITANTE EN CASO DE RESERVA. Si la persona
interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la
reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren
los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de
Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única
instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada».
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Demandante: FECEL
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por completo pronunciarse sobre su contenido, aun cuando ese cuerpo legislativo
contiene un grupo de disposiciones relevantes para la solución y definición del litigio.
De hecho, tampoco justificó las razones por las cuales dejó de lado dicha normativa.
En tal sentido, como viene de decirse, no hay duda de que el Tribunal incurrió en un
defecto sustantivo al ignorar el conjunto de disposiciones que deben regir el asunto,
pues la providencia «acude a una motivación que contradice, de manera manifiesta,
el régimen jurídico que debe aplicar12», dado el silencio sobre las normas invocadas
por la parte actora en el escrito de insistencia, pese a su relación directa con la
autorización de los operadores de libranza para acceder a datos personales
relacionados con el giro de los negocios.
Para la Sala, en este caso se constata el defecto mencionado por la falta de
aplicación e interpretación de las reglas ligadas a la protección y acceso de datos
en materia de libranzas, por lo que resultaban atendibles para solucionar el litigio.
Nótese que, a pesar de que fue invocado por la parte actora en el recurso de
insistencia13, la providencia cuestionada, tanto en el resumen de los antecedentes14
12
Corte Constitucional, sentencia T-028 de 2023, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
13
Puntualmente, en el escrito de insistencia FECEL expuso (transcripción textual):
QUINTO:
Como consecuencia de lo anterior, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS
S.A.S., vulneró el DERECHO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DE PETICIÓN DE
CARÁCTER CUALIFICADO POR DISPOSICION LEGAL de FONDO DE EMPLEADOS
DE TELEFONICA COLOMBIA – FECEL-, al ignorar que no obstante la regla general
en nuestro ordenamiento es la máxima publicidad, por disposición del Literal “c” del
Artículo 13 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Artículo 8o de la Ley Marco 1527 de
2012 respecto nuestro, se presenta excepción legal para los Operadores de Libranza
en cuanto a perseguir y obtener la información de sus deudores con el fin EXCLUSIVO
de establecer su localización y la de sus empleadores a efecto de dar cumplimiento al
Artículo 7o de la Ley Marco 1527 de 2012, de tal manera, que el desigual tratamiento
igualitario en materia de excepciones generales de acceso a la información, ha de
aplicarse de manera restringida, ya que para que dichas excepciones sean válidas de
acuerdo a derecho han de estar acompañadas del test de daño (demostrando el daño
que ha de ser presente, probable, específico y significativo) al tiempo que, tratándose
de terceros autorizados por la ley, no debe imperar “carácter sensible” / reserva o la
negativa de acceso a la información para manejo exclusivo en la forma que ha sido
solicitada.
14
En el acápite de antecedentes de la decisión objeto de tutela, el Tribunal demandado sintetizó los
argumentos del recurso de insistencia, sin mencionar los artículos 7 y 8 de la Ley 1527 de 2012, que
fueron invocados por FECEL como sustento normativo de la solicitud de información sobre el
empleador o pagador de la señora Claudia Lucía López Cadena con el fin exclusivo de mantener los
descuentos mediante libranza. Este es el resumen que hizo el Tribunal (transcripción textual):
3. El Fondo de Empleados de Telefónica de Colombia – FECEL interpuso recurso de
insistencia, el que sustentó que la respuesta emitida por la entidad, no satisface los
requisitos exigidos por el bloque de constitucionalidad, la Ley 1712 de 2014, el Decreto
103 de 2015 y la jurisprudencia nacional e internacional, relativos a los elementos que
justifican restricciones del derecho de acceso por motivos de reserva. (i.2
02RecursosYAnexos fol.1 a 17). Pide que se aplique el procedimiento del artículo 26
de la Ley 1437 de 2011.
10
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Demandante: FECEL
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Sentencia de tutela de primera instancia
como en la parte motiva, omitió referirse al artículo 715 de la Ley 1527 de 2012, que
establece la obligación de los beneficiarios16 de un crédito de libranza de informar
todo cambio de empleador o pagador para efectos de que se cumpla la obligación
adquirida mediante dicha modalidad, es decir, para que el pagador realice los
respectivos descuentos. En igual sentido, ignoró el artículo 817 que señala que, para
tal fin, las operadoras18 podrán solicitar información a las entidades de los sistemas
de seguridad social en salud y pensiones con el fin de ubicar «a los beneficiarios y
empleadores o entidades pagadoras autorizadas previamente, mediante libranza o
descuento directo».
Se insiste: en la providencia enjuiciada no se hizo ningún análisis sobre la aplicación
de las citadas disposiciones normativas, ni de la constatación de la calidad o no de
operadora de la accionante, ni una valoración de las pruebas sobre la existencia o
no de la libranza. Es más, tampoco se condensaron las razones por las cuales
debían descartarse tales disposiciones para adoptar la decisión objeto de tutela, en
caso de esa hubiera sido la intención del Tribunal.
Inclusive, al omitir dicho examen, el Tribunal desconoció que la Ley 1581 de 2012
permite a terceros acceder a información sensible en los casos autorizados por el
titular o por la ley19. De ahí que debió considerar si, a partir de esas normas, la
15
ARTÍCULO 7o. CONTINUIDAD DE LA AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO. En los eventos en
que el beneficiario cambie de empleador o entidad pagadora, tendrá la obligación de informar de
dicha situación a las entidades operadoras con quienes tenga libranza, sin perjuicio de que la simple
autorización de descuento suscrita por parte del beneficiario, faculte a las entidades operadoras para
solicitar a cualquier empleador o entidad pagadora el giro correspondiente de los recursos a que
tenga derecho, para la debida atención de las obligaciones adquiridas bajo la modalidad de libranza
o descuento directo. En caso de que el beneficiario cambie de empleador o entidad pagadora, para
efectos de determinar la prelación si se presentan varias libranzas, la fecha de recibo de la libranza
será la de empleador o entidad pagadora original.
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De conformidad con el artículo 2 de la Ley 1527 de 2012, se entiende por beneficiaria «la persona
empleada o pensionada, titular de un producto, bien o servicio que se obliga a atender a través de
la modalidad de libranza o descuento directo».
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ARTÍCULO 8o. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. Para dar cumplimiento al artículo anterior,
las entidades operadoras podrán solicitar información a las entidades que manejan los sistemas de
información de salud y/o pensiones, que para el efecto autorice o administre el Ministerio de la
Protección Social o quien haga sus veces, exclusivamente con el fin de establecer la localización de
beneficiarios y empleadores o entidades pagadoras autorizadas previamente, mediante libranza o
descuento directo.
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«Es la persona jurídica o patrimonio autónomo conformado en desarrollo del contrato de fiducia
mercantil, que realiza operaciones de créditos que se recaudan a través del mecanismo de libranza,
por estar autorizada legalmente para el manejo del ahorro del público o para el manejo de los aportes
o ahorros de sus asociados. También podrán ser operadoras aquellas personas jurídicas que sin
contar con la mencionada autorización de manejo realizan tales operaciones disponiendo de sus
propios recursos o a través de mecanismos de financiamiento autorizados por la ley. En estos casos
deberá estar organizada como entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia
habilitada para otorgar créditos, o ser Instituto de Fomento y Desarrollo (Infis), una Caja de
Compensación Familiar, una sociedad comercial, una asociación mutual o cooperativa».
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ARTÍCULO 13. PERSONAS A QUIENES SE LES PUEDE SUMINISTRAR LA
INFORMACIÓN. La información que reúna las condiciones establecidas en la presente ley podrá
suministrarse a las siguientes personas:
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06917-00
Demandante: FECEL
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sentencia de tutela de primera instancia
interpretación conducía a considerar si la firma de la libranza hace las veces de
autorización del titular o si, como lo afirma la parte demandante, se trata de una
autorización legal que permite a los operadores obtener información dirigida
exclusivamente a localizar a beneficiarios, empleadores y pagadores, autorizadas
previamente mediante libranza o descuento directo. Para ello, era imprescindible
contrastar las reglas de la Ley 1581 de 2012 con la Ley 1527 de 2012, en especial,
los artículos 7 y 8.
En todo caso, conviene anotar que cuando la Ley 1527 de 2012 aborda la
autorización de los operadores de libranza, sin duda se refiere a una autorización
limitada, pues no se trata de una facultad abierta o indiscriminada, sino que su
objetivo se orienta al desarrollo y fines de las competencias del peticionario
autorizado.
Si resulta ser de esa manera, la autorización del legislador para los casos de los
operadores de libranza tiene pleno sentido, pues lo que persigue es el cumplimiento
de sus funciones, preservar la confianza y evitar la defraudación o suplir el silencio
o incumplimiento de la obligación del beneficiario de reportar el cambio del pagador
el empleador. No se advierte, entonces, irracional ni contraria al principio de
proporcionalidad la autorización que alega tener FECEL por provenir directamente
de la ley, asunto sobre la cual no hubo pronunciamiento alguno del Tribunal, pese
a que fue expresamente invocado en el recurso de insistencia.
Quiere decir lo anterior que el Tribunal realizó un juicio incompleto porque se limitó
a constatar la existencia del derecho a la intimidad, el carácter sensible y reservado
de la información, sin ponderar o completar su análisis con los fundamentos del
peticionario, dirigidos a demostrar la existencia de una autorización legal para
acceder a la información, es decir, que la providencia incurre en un típico caso de
defecto sustantivo en el que «la decisión se funda en una hermenéutica no sistémica
de la norma, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el
caso20». (Se destaca).
Para la Sala, es claro que el Tribunal incurrió en las hipótesis que configuran el
defecto sustantivo, pues, aun cuando en el ejercicio de intelección de las
a) A los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales;
b) A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial;
c) A los terceros autorizados por el Titular o por la ley. (Se destaca).
20
Entre otras, ver las sentencias T-453 de 2017 y T-346 de 2021 de la Corte Constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06917-00
Demandante: FECEL
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sentencia de tutela de primera instancia
disposiciones normativas los funcionarios judiciales gozan de autonomía e
independencia para determinar el alcance de las normas en la resolución o estudio
de los asuntos sometidos a su consideración, en este caso el juzgador hizo un
análisis no sistémico y carente de sustento sobre todos los puntos alegados por la
parte demandante, lo cual configura de paso una evidente vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.
De esta forma, se concluye que la decisión e interpretación de la autoridad judicial
accionada no se acompasan con las reglas y excepciones previstas para el acceso
a la información sensible o reservada, porque, se reitera, sin justificación alguna, se
dejaron de aplicar las disposiciones de la Ley 1527 de 2012, especialmente los
artículos 7 y 8, que, a la luz del marco normativo que regula la protección y acceso
de datos en materia de libranzas, eran indispensables para resolver el recurso de
insistencia.
Por consiguiente, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso,
y de acceso a la administración de justicia del Fondo de Empleados de Telefónica
Colombia (FECEL).
Como consecuencia, dejará sin efectos la sentencia dictada el 27 de octubre de
2023, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, para que, en el término de veinte (20) días, contado a partir de la
notificación del presente fallo, profiera una providencia en la que analice y
argumente la decisión con fundamento no solo en la Ley 1581 de 2012, sino también
en los artículos 7 y 8 de la Ley 1527 de 2012 (aplicable a los operadores de libranza),
que, en términos generales, facultan a las operadoras de libranzas a solicitar a las
entidades que manejan los sistemas de información de salud y/o pensiones, datos
tendientes exclusivamente a localizar a los beneficiarios de esa modalidad de
crédito o a sus pagadores, con el fin de garantizar el pago de la obligación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia del Fondo de Empleados de Telefónica Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06917-00
Demandante: FECEL
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sentencia de tutela de primera instancia
(FECEL), vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C.
SEGUNDO. Como consecuencia, se deja sin efectos la providencia de 27 de
octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, para que, en el término de veinte (20) días, contado a partir
de la notificación del presente fallo, profiera una providencia de reemplazo, en la
que decida el recurso de insistencia conforme a lo aquí razonado.
TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
CUARTO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto
VF
Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha
o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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