Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-06920-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-06920-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-06920-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
8 de febrero de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06920-00
Demandante: Fondo de Empleados de Telefónica Colombia -FECEL-
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06920-00
Demandante: FONDO DE EMPLEADOS DE TELEFÓNICA COLOMBIA -
FECEL-
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN “A”
Temas: Tutela contra providencia judicial que rechazó por improcedente
recurso de insistencia. Derecho de petición ante instituciones
privadas que prestan servicios públicos. Defectos sustantivo, fáctico
y procedimental. Incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional cuando no se propone una discusión de especial
trascendencia superior
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el Fondo de Empleados de Telefónica Colombia - FECEL, contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, en la
que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales de acceso a la
información pública, de acceso a la administración de justicia, debido proceso,
igualdad y petición, así como el principio de confianza legítima, los cuales
considera vulnerados con la providencia de 2 de noviembre de 2023, mediante la
cual se rechazó por improcedente el recurso de insistencia interpuesto contra la
negativa en la solicitud de información contenida en el escrito de 21 de marzo de
2023 que radicó el actor ante Salud Total E.P.S. S.A., relacionada con la
localización del empleador o entidad pagadora del señor Gerardo Amaya Rojas,
con el fin de hacer efectiva la continuidad de los descuentos mediante libranza.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La parte actora manifestó que “es una entidad especial sin ánimo de lucro, operadora
de sistema de facilitación de créditos para el suministro de bienes y servicios entre sus
asociados por el método de autorización irrevocable de descuento directo, o, Libranza”.
Sostuvo que el 21 de marzo de 2023 radicó una petición ante Salud Total E.P.S.
S.A., con el fin de establecer la localización del empleador o entidad pagadora
para hacer efectivos los descuentos mediante libranza del señor Gerardo Amaya
Rojas.
Indicó que ante la falta de respuesta promovió acción de tutela por medio de la
cual se amparó el derecho fundamental de petición, lo que conllevó que el 4 de
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julio de 2023 la entidad prestadora de salud otorgara respuesta en la que negó el
suministro de la información por considerar que es de carácter sensible y
reservado.
Relató que el 6 de julio de 2023 interpuso recurso de insistencia, con el fin de que
el asunto fuera remitido al Tribunal Administrativo, no obstante, informó que el 10
del mismo mes y año la accionada se pronunció en el sentido de reiterar la
negativa del suministro de la información.
Adujo que, ante la negativa de la entidad prestadora de salud en remitir el recurso
de insistencia, el 11 de julio de 2023 interpuso acción de tutela con la finalidad de
que se amparara el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,
la cual fue resuelta de manera favorable el 20 de julio de 2023, en el sentido de
ordenar la remisión de las diligencias al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Expuso que el recurso de insistencia fue remitido el 9 de octubre de 2023, previo
incidente de desacato, por parte de la entidad promotora de salud para su
resolución, a lo que agregó que en providencia de 2 de noviembre de 2023 el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, lo
rechazó por improcedente, bajo el argumento de que el mismo no era procedente
por tratarse de una institución con naturaleza privada.
Expresó que en esa decisión se presentó un salvamento de voto, en el que se
consideró que el recurso de insistencia era procedente en relación con personas
jurídicas privadas que prestan servicios públicos debido a la relación que tiene con
los usuarios y, en ese orden, consideró que debió resolverse de fondo el asunto.
Por último, mencionó que en un caso similar resuelto el 8 de agosto de 2023, la
Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca resolvió acceder a la petición formulada y le ordenó a una entidad
promotora de salud con naturaleza privada, entregar la información relativa al
nombre de la empresa que hace el reporte para hacer efectiva la continuidad de
los descuentos mediante libranza.
2. Fundamentos de la acción
El Fondo de Empleados de Telefónica Colombia -FECEL- interpuso acción de
tutela en defensa de los derechos fundamentales de acceso a la información
pública, de acceso a la administración de justicia, debido proceso, igualdad y
petición, así como el principio de confianza legítima, los cuales considera
vulnerados con la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, el 2 de noviembre de 2023,
mediante la cual se rechazó por improcedente el recurso de insistencia presentado
ante Salud Total E.P.S. S.A., por ser una institución con naturaleza privada.
Sostuvo que la sentencia demandada incurrió en defecto procedimental, fáctico y
sustantivo, por el desconocimiento e inaplicación formal de los artículos 7 y 8 de la
Ley 1527 de 2012 por medio de la cual se establece un cuadro general para la
libranza o descuento directo, del literal c del artículo 13 de la Ley Estatutaria 1581
de 2012 y del artículo 33 de la Ley 1437 de 2011.
Indicó que la decisión objetada sostuvo que el artículo 33 de la Ley 1437 de 2011,
dispone que las entidades que conforman el sistema de seguridad social integral
no se les aplica las disposiciones contenidas en lo atinente al derecho de petición,
por lo que no resulta procedente el recurso de insistencia, a lo que agregó que
contrario a lo afirmado, la normatividad si le es aplicable.
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Relató que la decisión reprochada desconoce lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia T-077 de 2018 en lo que respecta al derecho
fundamental de petición frente a particulares cuando prestan un servicio público,
debido a que opera como si se tratase de una autoridad pública.
Aseguró que es una entidad solidaria especial sin ánimo de lucro, operadora del
sistema de facilitación de créditos para el suministro de bienes y servicios entre
sus asociados por el método de autorización irrevocable de descuento directo o
libranza, regulado de manera especial por el Decreto Ley 1481 de 1989, la Ley
1391 de 2010, la Ley 1527 de 2012 y la Ley 1902 de 2018, y precisó que los
artículos 7 y 8 de la Ley 1527 de 2012 lo facultan como operador de libranza para
solicitar de cualquier empleador o entidad pagadora el giro correspondiente de los
recursos a que tenga derecho, así como lo relativo a información a las entidades
que manejan los sistemas de información de salud, esto con el fin de ubicar al
obligado.
Por último, adujo que el literal c del artículo 13 de la Ley 1581 de 2012, en el que
se consagró la excepción para el acceso a la información, exclusivamente para
determinar la localización de los obligados y empleadores previamente
autorizados mediante libranza y expresó que como entidad de economía solidaria
operadora de libranza, puede solicitar y obtener información ante la entidad
promotora de salud accionada.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela, la parte actora formuló las siguientes:
“Se ampare nuestros derechos constitucionales fundamentales reclamados en amparo,
de, ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA,
AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, IGUALDAD ANTE LA LEY, CONFIANZA
LEGITIMA y colateralmente DE PETICIÓN DE CARÁCTER CUALIFICADO POR
DISPOSICION LEGAL:
PRIMERO
Dejar sin valor ni efecto la providencia calendada 02 de noviembre de 2023, proferida
por el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA-
SUBSECCIÓN "A” Sala Presidida por el H. Magistrado Ponente FELIPE ALIRIO
SOLARTE MAYA
SEGUNDO
Ordenar que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al fallo, el H. TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN "A”
Sala Presidida por el H. Magistrado Ponente FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA,
profiera fallo material de fondo dentro del Recurso de Insistencia que conoce”.
4. Pruebas relevantes
Mediante correo electrónico de 21 de noviembre de 2023, la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, remitió copia digital
del expediente que contiene el recurso de insistencia radicado bajo el No. 25000-
23-41-000-2023-01299-00, demandante: Fondo de Empleados de Telefónica
Colombia -FECEL-.
5. Trámite procesal
Por auto de 16 de noviembre de 2023, la magistrada ponente admitió la demanda
y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, Sección Primera, Subsección
“A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así como a Salud Total E.P.S.
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S.A., como tercera interesada en el resultado del proceso y a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas
Nos. 135173 a 135176 de 20 de noviembre de 2023, con el fin de poner en
conocimiento de las partes la citada providencia1.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “A”
El magistrado ponente de la decisión demandada solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela, teniendo en cuenta que no se vulneró ningún
derecho fundamental, ni se probó la existencia de la violación a las disposiciones
constitucionales.
Expuso que en la petición inicial de 21 de marzo de 2023, presentada por la
accionante no se evidenció que se aportara la autorización de descuento suscrita
por parte del beneficiario y que la decisión “partió del análisis de los tratados
internacionales sobre derechos humanos que consagran, de forma especial, la
protección de derechos de acceso a la información pública, así como del
ordenamiento jurídico colombiano que consagra el derecho de acceso a la
información pública, y su limitación establecida en la ley y por disposición del
legislador, con el fin de asegurar el respeto a los derechos de los demás, la
seguridad nacional, el orden y la moral pública”.
Hizo referencia a la procedencia del recurso de insistencia en contra de los
particulares, se refirió a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-
487 de 2017 y, finalmente, precisó que las entidades que conforman el sistema de
seguridad social integral no les resultan aplicables las disposiciones contenidas en
el artículo 33 de la Ley 1437 de 2011.
Adujo que en el escrito de tutela se señaló que el despacho incurrió en un defecto
procedimental absoluto, fáctico y sustantivo sin exponer argumentos que lo
sustenten.
6.2. Salud Total E.P.S. S.A., pese a que fue debidamente notificada, guardó
silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
1 Las partes demandante y demandada, así como al tercero con interés fueron notificadas a las siguientes
direcciones de correo electrónico notificaciones.judiciales@fecel.org,
scsec01tadmincdm@cendoj.ramajudicial.gov.co, scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co,
rmemorialessec01tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co,
anngievo@saludtotal.com.co, y notificacionesjd@saludtotal.com.co
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2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, vulneró al Fondo de Empleados
de Telefónica Colombia -FECEL- los derechos fundamentales de acceso a la
información pública, de acceso a la administración de justicia, debido proceso,
igualdad, confianza legítima y petición, con la providencia de 2 de noviembre de
2023, mediante la cual se rechazó por improcedente el recurso de insistencia
promovido ante la negativa de Salud Total EPS S.A., en el suministro de la
información requerida por medio de la solicitud presentada el 21 de marzo de
2023.
De manera previa, la Sala deberá establecer si la acción de tutela cumple con el
presupuesto de la relevancia constitucional.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii)
evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones2.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
2 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
3 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
4 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
5 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe
insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. El representante legal suplente del Fondo de Empleados de Telefónica
Colombia -FECEL- presentó acción de tutela con el fin de que se deje sin efecto la
providencia de 2 de noviembre de 2023, proferida por la Sección Primera,
Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se
rechazó por improcedente el recurso de insistencia interpuesto en contra de la
negativa de Salud Total EPS de suministrar la información solicitada el 21 de
marzo de 2023, con el propósito de establecer la localización del empleador o
entidad pagadora para hacer efectivos los descuentos mediante libranza del señor
Gerardo Amaya Rojas.
La solicitud de amparo constitucional se sustentó en que la providencia
demandada incurrió en los defectos procedimental, fáctico y sustantivo, por el
desconocimiento e inaplicación formal de los artículos 7 y 8 de la Ley 1527 de
2012 por medio de la cual se establece un cuadro general para la libranza o
descuento directo, del literal c del artículo 13 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y
del artículo 33 de la Ley 1437 de 2011, según el cual a las instituciones del
Sistema de Seguridad Social Integral se les aplicarán en sus relaciones con los
usuarios las normas sobre derecho fundamental de petición contenidas en los
capítulos I y II de la referida ley. Por lo anterior, sostuvo que, al rechazarse el
recurso de insistencia interpuesto ante una institución de naturaleza privada, pasa
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por alto las disposiciones fijadas por el legislador en lo referente a esa garantía
constitucional respecto de los particulares que prestan un servicio público.
4.2. La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela porque
no cumple el requisito de la relevancia constitucional, en tanto, la discusión que
propone la parte demandante es de naturaleza estrictamente legal la cual, valga
indicar, fue resuelta por el juez natural, a lo que se debe agregar que no propone
un genuino debate constitucional.
La autoridad judicial accionada en la providencia objeto de reproche constitucional
se refirió al marco normativo aplicable al derecho fundamental de petición y el
acceso a la información, al artículo 26 de la Ley 1755 de 2015 relativo a la
insistencia del solicitante en caso de reserva, para señalar como primera condición
que la información debe estar en poder de una autoridad pública y que esta
invoque una causa de reserva legal. Agregó que el recurso de insistencia solo
tiene como propósito revisar si las causales de reserva tienen fundamento legal.
A continuación, mencionó que de conformidad con el artículo 33 de la Ley 1437 de
20116, “el derecho de petición frente a particulares solo es procedente, en los
casos determinados por la ley, y frente a los particulares no existe recurso de
insistencia”.
Sostuvo que la Corte Constitucional en la sentencia T-487 de 2017 señaló que el
proyecto de ley estatutaria que regula el derecho de petición fue sometido a
control de constitucionalidad y precisó que “no procede insistencia contra particulares,
que los particulares no pueden ser vinculados al recurso de insistencia, que los
particulares se encuentran en la obligación de suministrar información, sólo en las
siguientes hipótesis: “quienes se encuentran en estado de indefensión o subordinación
tienen la posibilidad de asumir una verdadera defensa de sus intereses”, sin embargo, el
mecanismo para obtener la información de particulares es la acción de tutela, y no el
recurso de insistencia”.
Agregó que en dicha decisión, en relación con el artículo 32 de la Ley 1437 de
2011 sostuvo que “fue voluntad del legislador que al derecho de petición ante
particulares no le aplicaran las reglas de la insistencia en caso de reserva documental, en
la medida en que este recurso es conocido por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y no se estableció un procedimiento para ello, por cuanto ello hace parte de
otras leyes que de manera especial regulan la materia” y que precisó que “el artículo 24
relativo a las reservas que se encuentran en el Capítulo II, se encuentra excluido del
derecho de petición ante particulares”.
Con base en lo anterior, la providencia judicial accionada se propuso resolver
como problema jurídico “si el recurso de insistencia es procedente, de conformidad con
lo establecido en la Ley 1755 de 2015”, para lo cual hizo referencia a la consagración
en los tratados internacionales sobre derechos humanos del derecho de acceso a
la información pública, el alcance precisado por la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, así como a lo previsto en los artículos 74 y 112 de la Constitución
Política y la Ley 1437 de 2011.
En la resolución del caso concreto hizo referencia al contenido de la petición
formulada el 21 de marzo de 2023 por el representante legal suplente del Fondo
de Empleados de Telefónica Colombia -FECEL-, ante la empresa Salud Total EPS
S.A., en la que solicitó “se sirvan indicarnos respecto de Gerardo Amaya Rojas C.C.
6 Modificado por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015.
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(…); Empresa, NIT y DIRECCIÓN DE QUIEN HACE EL REPORTE, lo anterior
EXCLUSIVAMENTE con el objeto de establecer la localización del empleado o entidad
pagadora de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 1527 de 2012”, a la que no
se accedió bajo el argumento de que no se evidenciaba que contara con
autorización del titular de la información ni de su empleador.
Así las cosas, la autoridad judicial demandada resolvió declarar la improcedencia
del recurso de insistencia con sustento en la siguiente argumentación:
“Como se relacionó en la parte considerativa de esta providencia, para que sea
procedente el recurso de insistencia, la información deberá encontrarse en poder de
una entidad pública y que dicha entidad invoque una causal de reserva legal; razón por
la cual, el recurso de insistencia de conformidad con la Ley y con los apartes
jurisprudenciales antes mencionados, no es procedente contra los particulares.
El artículo 33 de la Ley 1437 de 2011, señala que las entidades que conforman el
sistema de seguridad social integral no se les aplica las disposiciones contenidas en
ese capítulo, en lo atinente a los derechos de petición; es por esto que, para el caso de
análisis, no es procedente el recurso de insistencia en caso de reserva legal, en la
medida en que este recurso es conocido únicamente por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo y no se estableció un procedimiento en cuanto a entidades
particulares, por cuanto ello hace parte de otras leyes que regulan la materia.
En el asunto en particular, es claro para la Sala que el recurso de insistencia no
procede contra particulares, que los mismos no pueden ser vinculados al recurso de
insistencia y que los particulares se encuentran obligados a suministrar información
solo en los casos cuando el peticionario se encuentre en estado de indefensión o
subordinación; no obstante, el mecanismo más idóneo para obtener información de
particulares es la acción de tutela.
Cabe destacar que la entidad Salud Total E.P.S., es una entidad privada que hace
parte del Grupo Empresaria Salud Total conformado por cuatro empresas, las cuales
son los Nogales Clínica, Centro Policlínico del Olaya, Virrey Solís IPS y Salud Total
EPS, entidad a la cual se le está requiriendo la información por parte del peticionario.
En conclusión, la Sala rechazará por improcedente el recurso de insistencia, en
consideración a que el mismo solo se predica de autoridades y frente a entidades
particulares solo procede el derecho de petición, pero no el recurso de insistencia”.
De conformidad con lo expuesto, sustentó la improcedencia del recurso de
insistencia en que no se estableció un procedimiento respecto de los particulares,
lo que hace parte de otras leyes que regulan la materia, a lo que agregó que
solamente están obligados a suministrar información cuando el peticionario se
encuentre en estado de indefensión o subordinación, por lo que el mecanismo
idóneo es la acción de tutela.
4.3. Bajo el escenario expuesto, la Sala observa que la parte demandante emplea
la acción de tutela para proponer una discusión de estricta legalidad que ya fue
resuelta por el juez natural. Si bien sostiene que la decisión incurrió en los
defectos procedimental, fáctico y sustantivo por el desconocimiento e inaplicación
formal de los artículos 7 y 8 de la Ley 1527 de 2012, del literal c del artículo 13 de
la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y del artículo 33 de la Ley 1437 de 2011, porque
la autoridad judicial accionada resolvió rechazar por improcedente el recurso de
insistencia, dicha argumentación llevaría a realizar el mismo análisis de estricta
legalidad que fue resuelto por la Subsección “A” de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-128 de 20217 señaló que para
establecer si una tutela es de relevancia constitucional, la discusión debe
centrarse sobre un asunto constitucional y no meramente legal o económico,
frente a lo cual sostuvo “Un asunto carece de relevancia constitucional cuando: (i)
la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho,
como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal,
salvo que de ésta se desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales; o
(ii) sea evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen
un interés general”. (subrayas y negrillas por fuera del texto original).
En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-274 de 2023, al resolver
un asunto en el que se pretendía analizar el alcance de una norma, puntualizó que
“(...) al juez constitucional “le está prohibido inmiscuirse en materias de carácter
netamente legal o reglamentario que han de ser definidos por las jurisdicciones
correspondientes”. A la luz de este criterio, un asunto carece de relevancia constitucional
cuando (i) la discusión “se limite a la simple determinación de aspectos legales de
un derecho (…)”.
En ese orden de ideas, la Sala evidencia que aun cuando la parte accionante
alega la vulneración de los derechos fundamentales de acceso a la información
pública, de acceso a la administración de justicia, debido proceso, igualdad y
petición, así como el principio de confianza legítima, con los argumentos
propuestos se puede colegir que el debate no gira alrededor del contenido,
alcance y goce de un derecho fundamental. Por el contrario, su alegato se orienta
a precisar la que, a su juicio, es la correcta interpretación y aplicación de los
artículos 7 y 8 de la Ley 1527 de 2012, del literal c del artículo 13 de la Ley
Estatutaria 1581 de 2012 y del artículo 33 de la Ley 1437 de 2011, escenario
respecto del cual no está prevista la procedencia formal de la acción de tutela
contra providencias judiciales.
Lo que se observa es que el propósito de la parte actora es volver sobre la misma
discusión legal que fue resuelta por la autoridad judicial demandada con la
decisión de rechazar por improcedente el recurso de insistencia, sin que se traigan
a colación verdaderas razones constitucionales que permitan superar el requisito
de procedencia de la relevancia constitucional8.
Finalmente, recuérdese que en el análisis de la acción de tutela contra
providencias judiciales, prima facie se privilegian los principios de seguridad
jurídica, cosa juzgada y especialidad del juez natural, sin que ello implique la
exigencia de una técnica argumentativa estricta; lo único que se requiere es que el
debate que se proponga trascienda de lo legal y se ubique en el plano
constitucional, lo que no ocurre en esta oportunidad.
En virtud de lo expuesto, la Sala declarara improcedente la acción de tutela por no
cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional, en tanto la discusión que se
propone es de mera legalidad.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
7 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
8 En igual sentido se pronunció la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de 1 de febrero de
2024, en el marco de una acción de tutela con argumentos similares presentada por la misma parte
demandante. Exp. 2023-07195-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06920-00
Demandante: Fondo de Empleados de Telefónica Colombia -FECEL-
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
Fondo de Empleados de Telefónica Colombia -FECEL-, por las razones aquí
expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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