Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06922-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-06922-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06922-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06922-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
7 de diciembre de 2023
Demandante: Sara Alejandra Rojas Ruíz
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-06922-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Paipa, Boyacá, siete (7) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06922-00
Demandante: SARA ALEJANDRA ROJAS RUÍZ
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – GRUPO DE
SENTENCIAS
Tema: Tutela de fondo – derecho fundamental de petición – hecho
superado – niega.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela presentada por la señora
Sara Alejandra Rojas Ruíz contra el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Grupo de Sentencias.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. El 15 de noviembre de 2023, la señora Sara Alejandra Ruiz, actuando en
nombre propio, interpuso acción de tutela contra las autoridades referenciadas en
procura de la salvaguarda de su derecho fundamental de petición.
2. La accionante consideró vulnerada su garantía superior debido a la omisión
de las entidades demandadas en responder la petición que envió el 3 de octubre de
2023 a las direcciones electrónicas deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co y
info@cendoj.ramajudicial.gov.co en la que solicitó información sobre el
requerimiento de pago en su calidad de heredera de una sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Sala Transitoria en
el curso del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho rad. 25000-23-25-
42-000-2013-01166-01.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la accionante solicitó:
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Sara Alejandra Rojas Ruíz
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-06922-00
Solicito señores Magistrados Constitucionales se proteja mi derecho
fundamental de petición reglado en el Art. 23 de la Constitución, vulnerado por
el Consejo Superior de la Judicatura – Administración Judicial Grupo Pago
Sentencias de la Rama Judicial, pues aún no dan respuesta clara, precisa y de
fondo a la solicitud elevada por esta tutelante, por lo cual solicito, se ordene a
la entidad accionada que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del
fallo de tutela, se dé respuesta clara, precisa y de fondo a cada una de las
solicitudes de información que realicé el día 3 de octubre del año 2023. (SIC a
toda la cita).
1.3. Hechos probados y/o admitidos
A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la presente sentencia1:
4. El señor Bernardo William Rojas –padre de la accionante– en su condición
de magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
de la Nación – Rama Judicial. Esto, con el fin de obtener el reconocimiento y pago
de la bonificación por compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998 en un
valor equivalente al 80% de los ingresos que por todo concepto perciben los
magistrados de las Altas Corporaciones de Justicia.
5. En primera instancia, el asunto correspondió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Sala Transitoria, que en sentencia dictada en
audiencia del 14 de noviembre de 2017 condenó a la Rama Judicial al
reconocimiento y pago a favor del entonces demandante, de la diferencia existente
entre lo percibido por concepto de bonificación por compensación y lo que debió
percibir por concepto de salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a lo
consagrado en el Decreto 610 de 1998, es decir el 80% de lo que por todo concepto
perciben los magistrados de Altas Cortes.
6. Luego de ello, el señor Bernardo William Rojas falleció y por esto el Juzgado
12 de Familia del Circuito Judicial de Bogotá D.C., reconoció a la señora Sara
Alejandra Rojas Ruíz como heredera del causante, en su condición de hija.
7. El 3 de octubre de 2023, la señora Sara Alejandra Rojas Ruiz en su calidad
de heredera del señor Rojas Peña presentó una petición a los correos electrónicos
deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co e info@cendoj.ramajudicial.gov.co dirigida a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Grupo de Sentencias. En esta
oportunidad, solicitó entre otras, el pago del 50% de la condena ordenada en la
sentencia aludida. Sin embargo, a la fecha de presentación de esta acción
constitucional no ha obtenido respuesta.
1 Este apartado se desarrolla a partir de lo expuesto en el escrito de tutela y los elementos de
convicción que obran en el expediente.
2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Sara Alejandra Rojas Ruíz
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-06922-00
1.4. Fundamentos de la solicitud
8. La accionante consideró que las entidades demandadas vulneraron su
derecho fundamental de petición, con ocasión de la falta de respuesta a la solicitud
radicada el 3 de octubre de 2023.
1.5. Trámite de la acción de tutela
9. Mediante auto del 16 de noviembre de 2023, el magistrado ponente de esta
providencia admitió la tutela de la referencia. En consecuencia, ordenó notificar al
Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
– Grupo de Sentencias, como entidades accionadas.
1.6. Intervenciones
10. Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron los siguientes
informes:
1.6.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
11. La entidad vinculada rindió informe en el que solicitó que se declarara la
ocurrencia de la carencia actual de objeto por hecho superado. Esto, por cuanto le
dio respuesta a la petición de la accionante y aquella le fue informada, mediante
correo electrónico enviado el 21 de noviembre de 2023 a la dirección
sara.alejandra.86@gmail.com.
1.6.2. Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa
12. Esta entidad rindió informe en el que solicitó que se declarara su falta de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto pese a que la petición se radicó en
el buzón de esa entidad, lo cierto es que una vez la recibió la remitió por
competencia a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para que se
pronunciara sobre lo pertinente.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
13. El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela
presentada por la señora Sara Alejandra Rojas Ruíz. Lo anterior de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley
2591 de 1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Legitimación en la causa
14. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Sara Alejandra Rojas Ruíz
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-06922-00
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
15. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que la
señora Sara Alejandra Rojas Ruíz se encuentra legitimada en la causa por activa,
porque fue quien radicó la petición del 3 de octubre de 2023 mediante la cual requirió
a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Grupo de Sentencias, el pago
del 50% de la condena dispuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda en contra de la Rama Judicial.
16. Por otro lado, se observa que el Consejo Superior de la Judicatura y la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Grupo de Sentencias se encuentran
legitimadas en la causa por pasiva, en atención a que la accionante reprochó la falta
de respuesta de la petición del 3 de octubre de 2023, radicadas por ella ante estas
dependencias.
17. Por lo anterior, la Sala negará la solicitud de falta de legitimación en la causa
por pasiva presentada por el Consejo Superior de la Judicatura. Esto, por ser la
autoridad a la que se envió la petición en comento. Por esto, más allá de si era o no
la entidad competente para decidir sobre lo pretendido por la accionante, se
consideró necesario ordenar su notificación como parte accionada en este trámite
constitucional con el objeto de que en ejercicio de su derecho de defensa se
pronuncie respecto de las súplicas de la demanda.
2.3. Problema jurídico y metodología de la decisión
18. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos
a resolver en el caso concreto son los siguientes:
• ¿El Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa y la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Grupo de
Sentencias vulneraron el derecho fundamental de petición de la
señora Sara Alejandra Rojas Ruíz al no resolver de fondo la petición
por ella presentada el 3 de octubre de 2023?
19. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii) el derecho de petición; (iii) la
caracterización de la carencia actual de objeto por hecho superado; y (iv) el caso
concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
20. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Sara Alejandra Rojas Ruíz
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-06922-00
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
21. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción
a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la
lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.
2.5. Derecho de petición
22. La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general
o particular y a obtener pronta resolución»2. El mismo artículo superior precisa que
el Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales.
23. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido»3.
24. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación
de la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en
el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala 15 días para resolver la misma,
de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el periodo en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del plazo será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.
25. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante
o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada
al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que
desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación
de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente,
no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los
intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración
plena de la respuesta dada»4.
2 Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
3 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.
4 Sentencia T-149 de 2013.
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Sara Alejandra Rojas Ruíz
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-06922-00
26. Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»5.
27. Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse cuando
consista en indicar que se remitió la petición a la autoridad competente. En palabras
de la Corte Constitucional:
(…) El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de
contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e
informar sobre la remisión a la entidad encargada6.
28. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición
la Corte Constitucional ha explicado que:
i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que
mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos
a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; ii) su
contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad
cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de
tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos
establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o
contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia
propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de
manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia
entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y
d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de
que su sentido sea positivo o negativo7.
29. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden
a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.
30. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de
petición y el derecho a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la
solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o
no del derecho subjetivo.
5 Ibídem.
6 Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2020.
7 Corte Constitucional. Sentencia T-161 de 2011.
6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Sara Alejandra Rojas Ruíz
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-06922-00
2.6. Caracterización de la carencia actual de objeto por hecho superado
31. La Corte Constitucional ha considerado que la acción de tutela, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 Constitucional y el desarrollo
consagrado en el Decreto Legislativo 2591 de 1991 tiene como objetivo la
protección efectiva, cierta e inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos
resulten vulnerados o amenazados por las actuaciones u omisiones de las
autoridades y de los particulares, en los casos específicamente previstos por el
legislador8.
32. Al considerar la finalidad de la acción, la referida Corporación ha señalado
que, frente a una situación de hecho cuya vulneración o amenaza sea superada, en
el sentido de que la pretensión alegada se encuentre satisfecha, o cuando se ha
producido el perjuicio que se pretendía evitar por medio del amparo constitucional,
la acción de tutela resulta inocua o insustancial, es decir, «cae en el vacío»9. A la
primera de las hipótesis planteadas la jurisprudencia constitucional la ha
denominado hecho superado y, a la segunda, daño consumado.
33. Por otra parte, la Corte Constitucional10 también ha reconocido, como lo ha
hecho igualmente esta Sección recientemente11, que existen situaciones en las que
la carencia actual de objeto no necesariamente encuadra en las dos figuras jurídicas
referidas, sino que obedece a otras circunstancias asociadas a un evento posterior
a la solicitud de tutela. En esos casos, se ha considerado que la decisión que
pudiere proferir el juez de tutela resultaría igualmente inane por sustracción de
materia o por lo que en sede de unificación denominó «acaecimiento de una
situación sobreviniente».
34. Sobre el tema cabe destacar la sentencia de unificación de jurisprudencia
sobre el tema –SU 522 de 201912–, en la que se precisó que si luego de acudir a la
autoridad judicial, «la situación ha sido superada o resuelta de alguna forma», no
tendría sentido un pronunciamiento, puesto que «la posible orden que impartiera el
juez caería en el vacío», siendo esta la «idea central que soporta el concepto de
carencia actual de objeto».
35. En esa providencia la Corte aclaró que «el juez de tutela no ha sido concebido
como un órgano consultivo que emite conceptos o decisiones inocuas una vez ha
dejado de existir el objeto jurídico, sobre escenarios hipotéticos, consumados o ya
superados».
8 Corte Constitucional, ver, entre otras, las sentencias T-082 de 2015 y T-484 de 2016.
9 Consultar, entre otras, las sentencias T-496 de 2003, T-309 de 2006, T-855 de 2007, T-159 de
2014, T-484 de 2016, T-021 de 2017 y T-657 de 2017 y la T-189 del 15.05.2018.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-419 de 2017.
11 En este sentido, esta Sección se pronunció recientemente. Al respecto consultar: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 26 de mayo de 2022.
Rad. 11001-03-15-000-2021-11570-01. C.P. Rocío Araujo Oñate.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-522 de 2019.
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Sara Alejandra Rojas Ruíz
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-06922-00
36. Es importante hacer referencia a las sub-reglas que en materia de carencia
actual de objeto rigen a partir de la sentencia de unificación:
(i) En los casos de daño consumado: es perentorio un pronunciamiento de fondo
del juez de tutela (incluida la Corte Constitucional) cuando el daño ocurre durante
el trámite de la tutela; precisando si se presentó o no la vulneración que dio origen
a la acción de amparo. Además, el juez de tutela podrá, dadas las particularidades
del expediente, considerar medidas adicionales tales como: a) hacer una
advertencia a la autoridad o particular responsable para que en ningún caso vuelva
a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela; b)
informar al actor/a o a sus familiares sobre las acciones jurídicas de toda índole a
las que puede acudir para la reparación del daño; c) compulsar copias del
expediente a las autoridades competentes; o d) proteger la dimensión objetiva de
los derechos fundamentales trasgredidos y tomar medidas para que los hechos
vulneradores no se repitan;
(ii) En los casos de hecho superado o situación sobreviniente: no es perentorio que
el juez de tutela haga un pronunciamiento de fondo. Sin embargo, y especialmente
tratándose de la Corte Constitucional actuando en sede de revisión, podrá emitir un
pronunciamiento de fondo cuando lo considere necesario para, entre otros: a) llamar
la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó
la tutela y tomar medidas para que los hechos vulneradores no se repitan; b) advertir
la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes; c) corregir
las decisiones judiciales de instancia; o d) avanzar en la comprensión de un derecho
fundamental. (Subrayado fuera de texto).
2.7. Caso concreto
37. La accionante consideró vulnerado su derecho fundamental de petición. Esto,
debido a que a la fecha de radicación de la presente tutela no se le había dado
contestación de fondo a la solicitud por ella presentada el 3 de octubre de 2023 ante
el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – Grupo de Sentencias y dirigida solamente a esta última.
38. En esta oportunidad, la accionante solicitó:
1. Solicito a su entidad, me sean pagadas como heredera la cantidad de dinero
autorizado por el Juzgado 12 de Familia de Bogotá D.C., dineros adeudados al
causante Bernardo William Rojas Peña (…) por valor del 50% que corresponde a la
suma de $55.006.051.
2. Solicito se me indique la fecha en la cual serán cancelados dichos dineros.
3. Solicito que los anteriores dineros me sean depositados en la cuenta de ahorros
Bancolombia No. 93552697519 la cual se encuentra a mi nombre es decir Sara
Alejandra Rojas Ruiz.
4. En caso de que me sean negadas mis peticiones solicito se me indique las
razones legales para dicha negativa.
5. En caso de solicitar tramites (sic) adicionales por su entidad, solicito se me indique
paso a paso cada uno de ellos y el empleado de su entidad con el cual me debo
8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Sara Alejandra Rojas Ruíz
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-06922-00
comunicar, indicándome nombre completo, cargo, teléfono y correo electrónico con
el fin de que me sean entregados los dineros como heredera de mi señor padre
Bernardo William Rojas Peña.
39. En primer lugar, la sala encuentra con relación al trámite impartido a la
petición por parte del Consejo Superior de la Judicatura que una vez la accionante
radicó aquella, ese mismo día, esto es, el 3 de octubre de 2023 la remitió a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Grupo de Sentencias para que en
ejercicio de sus competencias le otorgara una respuesta, lo cual además fue puesto
en conocimiento de la señora Sara Alejandra Rojas Ruíz.
40. Por lo anterior, habrá que negarse el amparo solicitado respecto al Consejo
Superior de la Judicatura. Esto, por cuanto una vez dicho ente recibió la aludida
petición, le dio el trámite correspondiente, consistente en remitirla a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Grupo de Sentencias, para que fuera esta
entidad la que le diera respuesta al requerimiento de la peticionaria. Esto, bajo el
entendido que dicha entidad no tenía competencia para pronunciarse sobre el
pedimento de la accionante. Además, le informó a la señora Sara Alejandra Rojas
Ruíz sobre el trámite impartido a su solicitud.
41. En segundo lugar, con relación al trámite impartido por la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial – Grupo de Sentencias, la sala encuentra acreditado lo
siguiente:
42. Una vez radicada la petición aludida ante la entidad accionada, ésta hasta el
día 21 de noviembre de 2023 le brindó la siguiente respuesta a la señora Sara
Alejandra Rojas Ruíz:
Por medio de la presente, muy comedidamente me permito comunicarle que la
cuenta de la sentencia judicial a favor de Bernardo William Rojas Peña, radicada el
día 10 de octubre de 2023 con número de gestión documental EXTDEAJ23-30744
NO ingresó al listado de turno, ya que no cumple con la documentación e
información requerida.
Es de aclarar, que dicho turno consiste en ubicar en estricto orden cronológico, la
obligación conforme a la fecha en que ha sido recibida la documentación completa
de acuerdo con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y en ese mismo
orden será tramitada la solicitud, no consistiendo ello en la asignación de un
determinado número de turno.
Por lo tanto, se le solicita aportar la documentación en información relacionada a
continuación, con el fin de continuar con el trámite administrativo de liquidación y
posterior pago de la sentencia, requisitos que se encuentran contemplados en el
CAPITULO 5, artículo 2.8.6.5. del Decreto 2469 del 22 de diciembre de 2015 y
demás normas concordantes:
1.- Solicitud escrita de pago dirigida a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – GRUPO DE SENTENCIAS donde manifieste bajo
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Sara Alejandra Rojas Ruíz
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-06922-00
la gravedad de juramento que no ha presentado ni recibido pago por concepto de
dicha sentencia y/o conciliaciones.
2. Allegar copia auténtica de la providencia de primera y segunda instancia (según
sea el caso).
3. En caso de que sean conciliaciones judiciales o extrajudiciales, se debe remitir
fotocopia auténtica de la providencia, junto con su respectivo auto que aprobó la
misma.
4. Radicar constancia secretarial de la sentencia con su correspondiente constancia
de notificación y fecha exacta de ejecutoria de conformidad con lo señalado en el
artículo 114 inciso 2º del Código General del Proceso (titulo ejecutivo constancia
en original).
5. De lo anterior, se debe indicar, que esta entidad no acepta copia simples ni
autenticadas por Notaria de dicho título.
43. Además de lo anterior, la entidad accionada adjuntó la circular DEAJC-23-28
del 15 de junio de 2023 en la que se establecen los lineamientos de las solicitudes
de pagos de sentencias en línea.
44. Finalmente, de conformidad con lo informado por la entidad accionada junto
con el material probatorio que obra en el plenario, la sala encuentra acreditado que
la anterior respuesta se le comunicó a la accionante el día 21 de noviembre de 2023
a la dirección de correo electrónico sara.alejandra86@gmail.com, dispuesto por
aquella para recibir notificaciones, tal como consta en la siguiente imagen:
45. Así las cosas, esta sala evidencia que a la accionante se le brindó una
respuesta definitiva y de fondo al requerimiento por ella realizada el día 3 de octubre
de 2023, pues como quedó demostrado en las pruebas antes citadas, se le informó
sobre el trámite que debe adelantar para conseguir el pago de la sentencia, tal como
lo requirió en el punto 5 de la petición. Sin embargo, se encuentra probado que dicha
contestación solo se le comunicó hasta el 21 de noviembre de 2023, la cual le fue
notificada ese mismo día a la peticionaria, al correo electrónico antes mencionado.
10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Sara Alejandra Rojas Ruíz
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-06922-00
46. Desde este panorama, habrá que declararse la carencia actual de objeto por
hecho superado, atendiendo a que, entre la interposición de la petición y la
respuesta emitida por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Grupo de Sentencias, se superó el término legal establecido para responder la
solicitud de la accionante relacionada con obtener información y alguna
documentación relacionada con la solicitud del pago de una sentencia proferida a
favor de su padre. Sin embargo, comoquiera que la respuesta finalmente fue
comunicada a la señora Sara Alejandra Rojas Ruíz en el trámite de la presente
acción de tutela, se configura el hecho superado.
47. En otras palabras, durante el trámite de la presente tutela, la entidad logró
superar el supuesto fáctico que dio lugar a la interposición de este mecanismo de
protección constitucional y, de ese modo, cualquier orden sobre los puntos de la
petición aquí señalada que diera la sala al respecto, resultaría innecesaria, ya que
desaparecieron los hechos que originaron la vulneración alegada por el accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de declaratoria de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por el Consejo Superior de la Judicatura.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela respecto del Consejo
Superior de la Judicatura.
TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
de la solicitud de amparo presentada por la señora Sara Alejandra Rojas Ruíz contra
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Grupo de Sentencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Sara Alejandra Rojas Ruíz
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-06922-00
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/
12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.