Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06923-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06923-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06923-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
25 de enero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06923-00
Accionante: MAGDALENA CASTRO MORALES
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – Se niegan las pretensiones de la acción de amparo. La
autoridad judicial accionada no incurrió en mora judicial.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Magdalena Castro
Morales contra el Tribunal Administrativo del Chocó.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora Magdalena Castro Morales solicitó el amparo de su derecho
fundamental al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, cuya vulneración le atribuyó al Tribunal Administrativo del Chocó, con
ocasión de la presunta mora judicial en la que se incurrió al no ordenar la entrega de
los depósitos judiciales constituidos en el proceso ejecutivo identificado con el
número único de radicación 27001-23-31-000-2008-00079-00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relató que el 7 de noviembre de 2002 celebró un acuerdo conciliatorio con la
Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con ocasión del
proceso de reparación directa radicado núm. 27001-23-31-000-1991-01578-00/01,
cuyo objeto era la reparación de los daños padecidos por la ocupación de un
inmueble de su propiedad.
2.2. Precisó que el acuerdo conciliatorio fue aprobado por el Tribunal Administrativo
del Chocó mediante el auto del 20 de noviembre de 2003.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Magdalena Castro Morales
2.3. Refirió
que, ante el incumplimiento de la obligación, presentó la demanda
ejecutiva núm. 27001-23-31-000-2008-00079-00 contra la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional.
2.4. Precisó que el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante auto de 21 de enero
de 2019, libró mandamiento de pago por la suma de $1.191.946.800 más
intereses moratorios.
2.5. Indicó que a través de auto del 19 de febrero 2021 se ordenó seguir adelante
con la ejecución, fijando agencias en derecho por la suma de $119.194.680.
2.6. Manifestó que, mediante auto de 12 de diciembre de 2022, se liquidó el crédito
por la suma de $6.962.774.135,75.
2.7. Indicóque el 12 de diciembre de 2022 presentó cuenta de cobro ante el
Ministerio de Defensa Nacional, entidad que mediante Resolución núm. 3657 de
12 de septiembre de 2023 reconoció y ordenó el pago por la suma de
$7.407.066.947,61, dinero que fue consignado a la cuenta de depósitos judiciales
del Tribunal Administrativo del Chocó.
2.8. Señaló que el 17 y 25 de octubre de 2023 solicitó al Tribunal Administrativo del
Chocó, la entrega de los dineros consignados a su favor dentro del proceso
ejecutivo 27001-23-31-000-2008-00079-00, sin embargo, a la fecha de la
interposición de la presente acción no se ha proferido orden alguna.
2.9. Finalmentemanifestó que solicitó el acompañamiento de la Procuraduría
General de la Nación, de la Contraloría General de la Nación, del Ministerio de
Defensa Nacional y de la Defensoría del Pueblo a fin de que realicen las gestiones
necesarias para que se garantice la entrega de los dineros pagados a su favor.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Se ordene al TRBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCO, Magistrado
Ponente Dr. ARIOSTO CASTRO PEREA que, en el término improrrogable de
48 horas haga entrega del título de depósito judicial a favor de MAGDALENA
CASTRO MORALES con C.C. No. 32.507.369 a la Cuenta Corriente del
Banco Davivienda No. 0560029660007302, y de esta manera no se siga
vulnerando mis derechos a la resolución pronta y oportuna de la
administración de justicia, derecho a la igualdad y debido proceso […]”.
(Negrilla del original del texto)
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
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4. Mediante auto de 17 de noviembre de 2023, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se
vincularon en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso a la
Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, a la Defensoría del
Pueblo – Regional Chocó, a la Procuraduría 41 Judicial II para la Conciliación
Administrativa de Quibdó, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
al Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC y al señor Jorge Luis Martínez
Palacio.
V. INTERVENCIONES
5. Realizadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a los vinculados,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a través del Director Territorial de
Risaralda, manifestó que el IGAC no es el competente para manifestarse sobre
los hechos que originan la acción de tutela, toda vez que estos recaen única y
exclusivamente en cabeza del Tribunal Administrativo del Chocó.
5.2. Por lo anterior, solicita ser desvinculado de la presente acción constitucional.
5.3. El Tribunal Administrativo del Chocó señaló que en el presente caso no se
configuran los requisitos de procedencia de la acción de tutela por falta de
subsidiariedad toda vez que, “[…] actualmente se está tramitando el incidente de
regulación de honorarios interpuesta por el apoderado judicial de la ejecutante
[…]”.
5.4. Aunado a lo anterior indicó que obran en el expediente “[…] oficio por el cual se
notifica medida cautelar decretada (de embargo) proferida el 14 de noviembre de
2023, donde el Juzgado Primero Civil Municipal de Quibdó ordena el embargo de
los dineros que fueron depositados en el proceso ejecutivo que da lugar a la
presente tutela por el valor de $144.000.000 […]” y de igual manera obra solicitud
“[…] del señor Henry Alfonso Cepeda, quien afirma tener interés directo en el
proceso, por haber prestados sus servicios al apoderado que la actora apoderó
para adelantar el trámite administrativo de pago de la sentencia judicial […]”
5.5. LaAgencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado indicó que no
intervendría en la presente acción de tutela.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
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Accionante: Magdalena Castro Morales
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194.
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20065 señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]”. (Negrilla fuera del texto)
9. Así las cosas, teniendo en cuenta que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
aparece como tercero vinculado6 del proceso ejecutivo objeto de la presente
tutela, la Sala considera que a esta entidad sí le asiste el interés jurídico para ser
vinculada en esta acción constitucional, razón por la cual se denegará la solicitud
de desvinculación elevada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
5 Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Exp. T-1412872, M.P. Jaime Araújo Rentería; 30 de
noviembre de 2006.
6 Lo anterior se puede constatar en el expediente núm. 27001-23-31-000-2008-00079-00 contenido en el
aplicativo SAMAI.
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Accionante: Magdalena Castro Morales
VI.3. Problemas jurídicos
10. De acuerdo con la situación fáctica planteada la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia. Y, si ello es así, se deberá determinar:
b) Si el Tribunal Administrativo del Chocó vulneró el derecho fundamental al
debido proceso invocado por la accionante, presuntamente, al haber
incurrido en mora judicial por la omisión de no autorizar y ordenar la entrega
de los dineros consignados a favor de la actora dentro del proceso ejecutivo
núm. 27001-23-31-000-2008-00079-00.
11. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) los presupuestos para que se configure la mora judicial en
el interior de los procesos judiciales; para posteriormente (ii) resolver el caso
concreto.
VI.4. Los presupuestos para que se configure la mora judicial en el interior
de los procesos judiciales
12. La Corte Constitucional ha definido la mora judicial como un “[…] fenómeno
multicausal y estructural […]”7, que se presenta en razón al “[…] alto número de
procesos en curso, los engorrosos diligenciamientos y la consiguiente congestión
judicial […]”8.
13. En atención al sistemático incumplimiento de los términos procesales, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, sin desconocer las circunstancias en las
que se desarrolla la función judicial en Colombia, ha reconocido que en
determinados eventos la mora judicial vulnera gravemente “[…] los derechos
fundamentales como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia,
que la carta política expresamente consagra, exige y trata de proteger […]”.9
14. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-186 de 28 de marzo
de 201710 precisó lo siguiente:
“[…] [P]ara definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales
ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el
carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora
lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que
7 Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. sentencia T-186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa;
28 de marzo de 2017.
8 Corte Constitucional. Sala Sexta de Revisión. Exp. T-2302967. Sentencia T-1019 de 2010. M.P. Nilson
Pinilla Pinilla; 9 de diciembre de 2010.
9 Ibidem.
10 Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Exp. acumulados T-5896866 y T-5915213, M.P. María
Victoria Calle Correa; 28 de marzo de 2017.
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Accionante: Magdalena Castro Morales
implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del
interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global
del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la
demora. Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía
demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el
detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y
debido proceso, concluyendo que:
(…)
[L]a mora judicial se justifica cuando:
-Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de
manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende,
-Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga
laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles
e ineludibles. Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario no ha sido
diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus
deberes.”11
13.5. En la providencia T-230 de 2013, que abordó un caso de presunta mora
judicial injustificada por parte de la Corte Suprema de Justicia – Sala de
Casación Laboral dentro de un proceso ordinario que tenía por objeto el
reconocimiento de una sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno,
contrario a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia
cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley
para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable
que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de
funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que
ante casos de mora judicial injustificada, la acción de tutela era procedente
cuando (1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara
la existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el
remedio, consistente en la alteración del turno era, excepcional (…).
13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la Sala Plena
de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de 201612, destacó que el
derecho al debido proceso en un plazo razonable, por desconocimiento del
término, es objeto de amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre
en mora judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.
La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i)
existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un
motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea
imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de los deberes
del funcionario judicial […]”. (Negrilla fuera del texto)
11 “En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la providencia
judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el sancionado se
encontraba justificada”.
12 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Accionante: Magdalena Castro Morales
15. De acuerdo con lo transcrito, para que se estructure una violación del debido
proceso y al acceso a la administración de justicia por la falta de resolución
oportuna del asunto sometido a conocimiento de un servidor judicial resulta
imprescindible analizar: (i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión judicial
de la respectiva dependencia; (ii) el desarrollo y cumplimiento de las funciones del
cargo; (iii) la complejidad del caso sometido a decisión judicial, y (iv) el
cumplimiento por las partes de sus deberes de impulso procesal13.
VI.5. El caso concreto
16. La señora Magdalena Castro Morales solicitó el amparo de su derecho
fundamental al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, cuya vulneración le atribuyó al Tribunal Administrativo del Chocó, con
ocasión de la presunta mora judicial en la que se incurrió al no ordenar la entrega de
los depósitos judiciales constituidos en el proceso ejecutivo identificado con el
número único de radicación 27001-23-31-000-2008-00079-00.
17. Retomando lo señalado en el acápite VI.4 de esta providencia, se pone de
relieve que para la configuración de una mora judicial se requiere que se
estructure un elemento objetivo, consistente en el incumplimiento o vencimiento
del término judicial, y de un elemento subjetivo que consiste en la “[…] falta de
diligencia y omisión sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.
18. Ahora bien, con el propósito de determinar si en el trámite de la solicitud de
entrega de dineros consignados a favor de la demandante dentro del proceso
ejecutivo de sentencia núm. 27001-23-31-000-2008-00079-00 se cumplió con el
elemento objetivo de la mora judicial, la Sala estima necesario referirse a las
diferentes actuaciones14 que se han surtido en el proceso después de haber sido
aprobada la liquidación del crédito:
a. La Sección Tercera - Subsección “B” del Consejo de Estado, mediante auto
de 12 de septiembre de 2022, modificó la liquidación del crédito y determinó
las siguientes sumas adeudadas: i) capital: $1.191.946.800, ii) intereses
moratorios: $ 5.651.632.655,75 y iii) agencias en derecho: $119.194.680.
b. El expediente fue recibido el 1° de noviembre de 2022 por la autoridad
judicial accionada.
c. El 3 de noviembre de 2022 se profirió auto de obedézcase y cúmplase.
13 Corte Constitucional. Sentencia T-220 de 22 de marzo 2007. M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
14Esta información es tomada de lo consignado en el expediente núm. 27001-23-31-000-2008-00079-00
contenido en el aplicativo SAMAI.
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Accionante: Magdalena Castro Morales
d. El 13 de enero de 2023 el abogado Jorge Luis Martínez Palacio presentó
incidente de regulación de honorarios.
e. Mediante auto de 2 de marzo de 2023 se ordenó correr traslado a las partes
del incidente de regulación de honorarios presentado.
f. El 7 de marzo de 2023 el abogado Daniel Antonio Roncallo Meneses,
actuando como apoderado de la señora Magdalena Castro Morales, interpuso
recurso de reposición contra el auto antes referido.
g. El 9 de marzo de 2023 se corrió traslado a las partes del recurso de
reposición interpuesto por la parte actora.
h. El 21 de marzo de 2023 ingresa el expediente al Despacho del magistrado
sustanciador.
i. La parte actora, mediante escritos radicados los días 22, 23 y 28 de marzo
de 202315, solicitó la ilegalidad del auto del 2 de marzo de 2023.
j. El Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, mediante escrito radicados los
días 13 y 26 de octubre de 2023, solicitó la terminación del proceso por pago
total de la obligación.
k. El 17 de octubre de 2023 la parte ejecutante solicita la entrega de títulos y
coadyuvancia para la terminación del proceso.
l. El 1° de diciembre de 2023 se recibió solicitud de embargo de crédito
ordenado por el Juzgado Primero Civil Municipal de Quibdó.
m. El 25 de octubre de 2023 la parte actora reiteró la solicitud de entrega de
los dineros consignados a su favor.
n. El Tribunal, través de auto de 23 de noviembre de 2023, citó a las partes
a la audiencia que trata el inciso 3 del artículo 129 del C.G.P., para el 4 de
diciembre de 2023 a las 09:00 A.M.
o. Mediante auto de 24 de noviembre de 2023, el Tribunal rechazó el
recurso de reposición interpuesto por la parte actora contra el auto de 2 de
marzo de 2023.
p. El 4 de diciembre de 2023 se llevó a cabo la audiencia programada a
través del auto de 23 de noviembre de 2023.
19. Verificadas
las distintas actuaciones que se han adelantado al interior del
proceso ejecutivo, la Sala encuentra que dentro del expediente 27001-23-31-000-
15 Solicitud ilegalidad de auto del 2 de marzo de 2023
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2008-00079-00, no se incurrió en mora judicial porque la autoridad judicial
accionada ha sido diligente en la sustanciación del proceso.
20. Lo
anterior teniendo en cuenta que, conforme a las circunstancias fácticas
mencionadas por el Tribunal en el informe de tutela y como se observó al interior
del expediente, obran solicitudes previas de: i) incidente de regulación de
honorarios y ii) orden de embargo expedida por el Juzgado Primero Civil Municipal
de Quibdó a través de auto núm. 2178 del 14 de noviembre de 2023.
21. Conforme a lo expuesto, la Sala considera que en el caso sub examine no se
observa que la entidad accionada hubiera actuado de manera negligente en el
trámite de la solicitud de entrega de dineros; sino que existe justificación válida por
la que no ha resuelto de fondo la solicitud16, debido a que, previamente debe
resolver las solicitudes referidas anteriormente y de las cuales está agotando el
procedimiento previsto para ello.
22. Portodo lo anterior, la Sala descarta la mora judicial alegada y, en
consecuencia, la vulneración de los derechos invocados.
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
16Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de
noviembre de 2023. Exp. 05001-23-33-000-2023-00943-01.
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Accionante: Magdalena Castro Morales
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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