Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-06929-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-06929-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-06929-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
15 de marzo de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06929-01
Demandante: Andrés Felipe Arredondo Campiño
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., quince (15) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06929-01
Demandante: ANDRÉS FELIPE ARREDONDO CAMPIÑO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Caducidad de medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Requisito general de la
relevancia constitucional por carga mínima argumentativa
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el accionante, quien actúa por conducto de apoderado judicial,
contra la sentencia de 13 de diciembre de 2023, dictada por la Sección Primera
del Consejo de Estado, en la que declaró improcedente la acción de tutela por
desatender el requisito general de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El actor manifestó que desde el 8 de septiembre de 2017 hasta el 31 de diciembre
de 2019 se desempeñó como vigilante por medio de contrato de prestación de
servicios, el cual suscribió con el municipio de La Pintada.
Adujo que el 3 de junio de 2022 instauró demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la precitada entidad territorial, con el fin de que se declarara la
nulidad del acto administrativo mediante el cual se le negó el reconocimiento de la
estabilidad laboral reforzada y, en consecuencia, pidió que se reintegrara a su
cargo y se realizara el pago de los salarios dejados de percibir desde el 1 de enero
de 2020. Agregó que como medida cautelar solicitó la suspensión de los efectos
del acto demandado.
Relató que el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Medellín por medio
de auto de 30 de agosto de 2022, rechazó la demanda por caducidad del término
para presentar la demanda.
Por último, sostuvo que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión
y que el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante providencia de 24 de
octubre de 2023 la confirmó, por las mismas razones.
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Demandante: Andrés Felipe Arredondo Campiño
2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados
con el auto de 24 de octubre de 2023, que confirmó la providencia de 30 de agosto
de 2022 dictada por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Medellín,
que rechazó la demanda por haber operado la caducidad del término para acudir
al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
El accionante no alega alguna causal específica de procedencia que, a su juicio,
se configure en la decisión judicial objetada, en tanto en el escrito de tutela se
limita a relatar las actuaciones adelantadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y expresa sus inconformidades sin que identifique la
causa de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales, es decir, el
yerro en el que habría incurrido la autoridad judicial accionada.
Hizo referencia a que existen dos actos administrativos los cuales fueron
demandados de manera independiente, donde “una reclamación va hasta una
fecha y a partir de estos supuestos del otorgamiento de derechos, parte otra
demanda. La pretensión de la primera demanda es la declaración del contrato
realidad. La segunda demanda liga, a la declaración de derechos que produciría
de declararse la estabilidad laboral reforzada. La primera demanda probará que
laboró en la entidad, bajo alguna modalidad”.
Expresó que la vulneración del derecho a la estabilidad reforzada se originó con la
terminación del contrato de prestación de servicios que aconteció el 31 de
diciembre de 2019, por lo que, aduce que “[l]os términos y causas de la nueva
demanda se provocan u originan a partir del día siguiente. 1. ° de enero del 2020.
Mencionó que la jurisprudencia “no puede dirigirse a la supuesta celeridad judicial,
sacrificando los derechos de un trabajador, que además es un discapacitado.
Donde queda el artículo 53 y 228 de la Constitución Nacional. Que nunca dice de
permitir la arbitrariedad, que a un trabajador le prescriban violentamente derechos.
Excusados en celeridad procesal, violándole términos de la acción y de los
derechos para interponerla dentro de los términos legales. Agreguen artículos 229
y 230 de la C.N.”
Indicó que por economía procesal solicitó la acumulación de procesos con la
demanda que cursa en el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Medellín
con radicado No. 05001-33-33-017-2021-00159-00, cuyo objeto es “determinar si
los contratos suscritos entre el Municipio de la Pintada y el demandante, por los
periodos del 08 de septiembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019, derivan
en un contrato realidad de trabajo (….) Al no acumular la demanda, coadyuvan,
que causa y materia son de otro proceso. La primera demanda deberá probar, que
laboró en la entidad, el cargo y la modalidad contractual”.
Sostuvo que “la acción prevista deberá interponerse dentro del plazo indicado para
cada acción, so pena de incurrirse en la caducidad de una acción, que para el
caso de dos actos administrativos de carácter prestacional implica la pérdida de
los derechos incluidos en cada acto, los cuales pueden solicitarse nuevamente
ante la administración, evento en el cual se le generaría un nuevo acto con un
nuevo término perentorio”.
Finalmente, señaló que “depende de quién asuma los postulados de nuestra
Constitución, como prioridad y no le antepone formalidades, para dificultarle se le
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cumpla el mandato de los derechos sustanciales en resistencia a la Constitución
Nacional. Donde su espíritu, de prevalecer por encima de cualquier desinterés, de
acompañar las arbitrariedades contra un discapacitado, que, solapada por la
justicia de un estado inhumano, le niega el derecho al trabajo, por su estado de
salud. Autorizando, que puede falsearse con respuestas aparentes, la motivación
en materia de una reclamación, para triunfo del artificio, validado a través del
rechazo de la demanda”.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“PRIMERA: Para garantizar el derecho fundamental al debido proceso, solicito al señor
magistrado de tutela, ordenarle a la SALA PRIMERA DE DECISIÓN del Tribunal
Administrativo de Antioquia. Revocar el auto demandado y amparar el derecho al
debido proceso de Andrés Felipe Arredondo Campiño. Dejando sin valor y efectos la
decisión proferida.
SEGUNDA: Lo que consideran, garantiza derechos humanos de Andrés Felipe
Arredondo Campiño”.
4. Pruebas relevantes
Se remitió el expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. 05001-33-33-014-2022-00253-01 demandante: Andrés
Felipe Arredondo Campiño.
5. Trámite procesal
Por auto de 17 de noviembre de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la demanda y ordenó notificar a la parte demandante y a la autoridad
judicial accionada, así como a al municipio de La Pintada, como tercero
interesado en el resultado del proceso.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Medellín
La titular del despachó indicó que mediante auto de 30 de agosto de 2022,
rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el
demandante contra el municipio de La Pintada por haber operado la caducidad del
término para acudir al medio de control.
Relató que el actor interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por el
Tribunal Administrativo de Antioquia en providencia de 24 de octubre de 2023, en
el que se confirmó la decisión, por lo que, afirmó, reitera los argumentos
expuestos en el proveído objeto de reproche constitucional.
Por último, remitió el expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado No. 05001-33-33-014-2022-00253-01.
6.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia, pese a que fue notificado en debida
forma, guardó silencio.
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7. Sentencia de tutela impugnada
El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia de 13 de diciembre de 2023,
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional, porque el actor no cumplió con el mínimo de carga argumentativa.
Afirmó que en la demanda el accionante se limitó a indicar que no estaba de
acuerdo con la providencia que rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho por haber operado la caducidad, bajo el argumento de que los actos
demandados no comparten identidad en sus pretensiones porque en uno solicitó
que se reconociera la existencia de la relación laboral y en el otro el reintegro a su
puesto de trabajo por estabilidad laboral reforzada, sin embargo, no especificó
concretamente el yerro en el que presuntamente incurrió la autoridad judicial
demandada.
Además, advirtió que el demandante acude a la acción de tutela con la intención
de retrotraer asuntos que fueron objeto de análisis por el juez de lo contencioso
administrativo, sin que se evidencie el presupuesto de relevancia constitucional
que habilite el estudio de fondo del asunto, pues los argumentos presentados por
el demandante fueron objeto de pronunciamiento por la autoridad judicial
accionada.
Finalmente, refirió que la falta de argumentación del escrito de tutela no puede ser
suplida por el juez constitucional, toda vez que si bien el amparo se caracteriza
por la flexibilización de formalidades que impidan la garantía de los derechos
fundamentales, lo cierto es que cuando se cuestionan providencias judiciales se
exige un mínimo de argumentación que permita habilitar un estudio de fondo
sobre las actuaciones cuestionadas, a lo que agregó que no se demostró la
existencia de un perjuicio irremediable.
8. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la actora,
por intermedio de su apoderado judicial, impugnó el fallo de primera instancia y
pidió que se revocara, en razón a los siguientes argumentos:
Indicó que “[u]n accionante o abogado litigante está obligado a exponer con
suficiencia los argumentos que soportan la declaración que se pretende. Pero
también será cierto, que un juez y con mayor razón los MAGISTRADOS. Tiene el
deber por sus conocimientos, que es agregado de sus valores éticos y morales
frente al problema jurídico que se les plantea, y dar prevalencia al derecho
sustancial sobre el procedimental, para que pueda lograr el valor supremo del
estado de derecho, que les ordena, que, con decencia y transparencia, impartan
justicia material y no de aparentarla”.
Relató que cumple con el término de caducidad para ejercer el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 164 de la Ley
1437 de 2011.
Explicó que la Corte Suprema de Justicia define las prestaciones sociales como “la
prestación que debe el patrono en dinero, especie, servicio u otros beneficios, por
ministerio de la ley, o por haberse pactado en convenciones, pactos colectivos,
fallos arbitrales o en cualquier acto unilateral del patrono, para cubrir riesgos o
necesidades del trabajador, originados durante la relación. No reparan perjuicios
causados por el empleador o patrono”.
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Así mismo, adujo que la estabilidad laboral reforzada es una protección especial
con la cual “se pretende para impedirle al empleador, despedir al trabajador, sin
que exista una causa objetiva por su desempeño, sino por condición de salud o
discapacidad. Procede incluso para contratos a término fijo y los de prestación de
servicios. A estos últimos, no por ser una prestación social o por convenciones
colectivas de trabajo, sino por orden de las cortes y la propia Corte Constitucional,
que hace extensiva la ley 361 de 1997”.
Refirió que en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no
solicitó el reconocimiento de derechos prestacionales, por lo que en su criterio
“[l]os términos no están prescritos, no existe caducidad y la respuesta al litigio no
debe ser inhibitoria a través del rechazo de la demanda, donde se pretende
demostrar celeridad procesal, escondiendo la sentencia anticipada, como ahorro
de los responsables de la correcta administración de justicia. El trabajador solicita,
con base a la figura de un Derecho y Garantía Constitucional, no prestacional de
la ley. Son diferentes. Pues no se aplica la reglamentación legal, sino directamente
los principios constitucionales. Pretende el reconocimiento y declaración del
derecho y garantía Constitucional”.
Para terminar, mencionó que los “jueces de la causa tienen obligación de
pronunciarse con base en lo pretendido en el escrito y no les es dable, emitir
sentencia por fuera de este. Simulando que no entienden lo solicitado y que no es
de relevancia constitucional. Presentando la tutela como retaliación del apoderado,
cuando los El principio descubre y los exhibe, que deciden fundamentando con
una excepción inaplicable al caso concreto. Como así, que la Magistrada del
Consejo de Estado. No identifica en los escritos y las providencias atacadas, que
estas argumentan señalando que no puede haber una nueva petición, de
derechos prestacionales, diferente a los pensionales. Ignorando que la discusión
jurídica se basa en solicitar no derechos prestacionales, sino de declarar, si es
procedente, otorgar el derecho constitucional a la estabilidad laboral reforzada por
el demandante, con base en estos contratos de prestación de servicios o por
posterior declaración del contrato de trabajo realidad, de la demanda interpuesta,
cuya apelación está en poder del Tribunal Administrativo. Radicado.
05001333301720210015900. Si la demanda es sobre petición, diferente a
prestaciones sociales y su excepción. Será procedente”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar si
debe revocar la sentencia de 13 de diciembre de 2023, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de
tutela por carecer del requisito de relevancia constitucional y, en su lugar, acceder
al amparo constitucional solicitado porque el Tribunal Administrativo de Antioquia
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del accionante, al confirmar el auto que rechazó la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por haber operado el
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fenómeno jurídico procesal de la caducidad del término para ejercer el derecho de
acción.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones1.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20052, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional3.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala4, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que
considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
1 Sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
2 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
3 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
4 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se
trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. El señor Andrés Felipe Arredondo Campiño, quien actúa por intermedio de
apoderado judicial, presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia con
la providencia de 24 de octubre de 2023, que confirmó el auto de primera instancia
que rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho porque operó
la caducidad del término para acudir al medio de control.
No obstante, el demandante no indicó la causal específica de procedencia de la
acción de tutela contra la decisión judicial acusada, ni se infiere en que consistió la
supuesta afectación del derecho fundamental que alega, pues, como se mencionó,
en el escrito de tutela se limitó a relatar las actuaciones adelantadas en la etapa
del proceso y expresó sus inconformidades con la providencia cuestionada.
4.2. En primera instancia, la Sección Primera del Consejo de Estado por sentencia
de 13 de diciembre de 2023, declaró la improcedencia del amparo constitucional
por falta de relevancia constitucional, al considerar que el actor no cumplió con la
carga mínima argumentativa para la procedencia de la acción de tutela. Agregó
que los argumentos presentados por el demandante fueron objeto de
pronunciamiento por la autoridad judicial accionada, por lo que no era procedente
el estudio de fondo de la acción contra providencias judiciales.
4.3. El actor impugnó la decisión de primera instancia, en escrito en el que indicó
que los “jueces de la causa tienen obligación de pronunciarse con base en lo
pretendido en el escrito y no les es dable, emitir sentencia por fuera de este.
Simulando que no entienden lo solicitado y que no es de relevancia constitucional.
Presentando la tutela como retaliación del apoderado, cuando los (sic) El principio
descubre y los exhibe, que deciden fundamentando con una excepción inaplicable
al caso concreto. Como así, que la Magistrada del Consejo de Estado. No
identifica en los escritos y las providencias atacadas, que estas argumentan
señalando que no puede haber una nueva petición, de derechos prestacionales,
diferente a los pensionales. Ignorando que la discusión jurídica se basa en solicitar
no derechos prestacionales, sino de declarar, si es procedente, otorgar el derecho
constitucional a la estabilidad laboral reforzada por el demandante, con base en
estos contratos de prestación de servicios o por posterior declaración del contrato
de trabajo realidad, de la demanda interpuesta, cuya apelación está en poder del
Tribunal Administrativo. Radicado. 05001333301720210015900. Si la demanda es
sobre petición, diferente a prestaciones sociales y su excepción. Será procedente”.
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4.4. Respecto de la carga mínima de argumentación en la acción de tutela, esta
Sala en sentencia de 29 de febrero de 2024 5 precisó su alcance en el siguiente
sentido:
“El Decreto 2591 de 1991 no exige que cuando la solicitud de amparo se dirija contra
providencias judiciales se deba identificar y sustentar alguna de las causales
específicas de procedencia de la acción de tutela que ha desarrollado la jurisprudencia
de la Corte Constitucional y que han sido acogidas por el Consejo de Estado, cuando
actúa como juez de tutela. Lo que sí se exige es que el interesado exponga de manera
clara las razones por las que considere que la providencia judicial amenaza o vulnera
los derechos fundamentales.
La propia Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005, estableció que el
interesado tiene el deber de identificar los hechos de la amenaza o vulneración y que
tal exigencia «es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de
unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente,
sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso
y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de
sus derechos».
Posteriormente, en sentencia C-483 de 2008, la Corte Constitucional insistió en que el
interesado en ejercer la acción de tutela debe cumplir con la carga mínima «de
diligencia que se traduce en la presentación de los elementos básicos de la situación
de hecho que motivó la solicitud de protección»4.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de
agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), determinó que «es
importante que el actor cumpla con la carga de identificar razonablemente los hechos
que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales y de argumentar por
qué el asunto reviste relevancia constitucional».
Incluso, esta Sala es de la tesis de que el asunto carece de relevancia constitucional
cuando el interesado no cumple con la carga mínima de argumentación que permita
conocer las razones por las que se presenta la acción de tutela 5. Lo anterior no implica
limitar el ejercicio de la acción de tutela. Todo lo contrario, se trata simplemente de que
el interesado cumpla el deber mínimo de argumentación para ilustrar al juez de tutela
sobre los hechos que motivan la solicitud de amparo y así poder tomar decisiones de
fondo que protejan los derechos fundamentales vulnerados”.
4.5. Con la precisión efectuada, la Sala confirmará la declaratoria de
improcedencia de la acción de tutela, toda vez que como fue determinado por el a
quo, los argumentos que soportan la vulneración iusfundamental alegada no
contienen la carga mínima argumentativa que permita estudiar la eventual
configuración de un defecto en la providencia objetada, lo que desatiende el
requisito de la relevancia constitucional, necesario para el estudio de fondo de la
solicitud de tutela contra providencias judiciales.
En efecto, aun cuando en el presente caso el actor indicó que el auto de 24 de
octubre de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó
la decisión que rechazó la demanda por haber operado la caducidad del término
para interponer la demanda en el marco el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que impetró contra el municipio de La Pintada
vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, no explicó de qué forma se afectó las garantías
constitucionales que alega, ni desarrolló argumentos encaminados a evidenciar un
posible defecto en la providencia objetada, lo que desatiende el requisito de
relevancia constitucional necesario para el estudio de fondo de la solicitud.
5 Sentencia de 29 de febrero de 2024, radicado No. 11001-03-15-000-2023-07077-01, M.P. Wilson Ramos
Girón.
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Demandante: Andrés Felipe Arredondo Campiño
Si bien la acción de tutela se rige por el principio de informalidad, cuando se
cuestionan providencias judiciales la Corte Constitucional ha precisado que se
requiere de un mínimo argumentativo razonable con el fin de poder efectuar, de
superar los requisitos generales de procedencia, un juicio de contraste con el fin
de examinar si la decisión se ajusta o no a los cánones constitucionales. De allí
que, contrario a lo sostiene el demandante en el escrito de impugnación, no es
una carga que le corresponda suplir al juez constitucional, sino que la misma
recae en quien cuestiona una decisión judicial, pues ello implicaría realizar un
estudio oficioso lo que desbordaría el ámbito de competencia de la jurisdicción
constitucional.
Aunado a lo anterior, la Sala observa que el actor en el escrito de impugnación
tampoco presentó argumentos encaminados a inferir un posible defecto para la
procedencia de la acción de tutela, pues señaló que “la discusión jurídica se basa
en solicitar no derechos prestacionales, sino de declarar, si es procedente, otorgar
el derecho constitucional a la estabilidad laboral reforzada por el demandante, con
base en estos contratos de prestación de servicios o por posterior declaración del
contrato de trabajo realidad”, sin que este reproche represente una genuina
discusión con trascendencia constitucional, lo que hace improcedente la solicitud
de amparo.
Así las cosas, la Sala encuentra que el actor no argumentó de manera mínima y
razonable la relevancia superior de la acción de tutela frente a la supuesta
vulneración de sus derechos, por lo que la Sala reitera que no basta aducir la
afectación de garantías iusfundamentales para cumplir este requisito de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, sino que es imperativo que
el interesado exponga de manera clara las razones por las cuales las considera
vulneradas, lo que no ocurre en el caso concreto.
En relación con el alcance de este presupuesto de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha indicado que la
solicitud debe contener una carga argumentativa y explicativas mínimas, lo que es
razonable para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales con
los principios y valores en juego, cuando se controvierte una decisión judicial,
porque “a pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias
argumentativas pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos
fundamentales con suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine
realizando un indebido control oficioso de las providencias judiciales de otros
jueces”6.
En ese sentido, de conformidad con lo decidido por el juez de tutela de primera
instancia, en el caso se evidencia la ausencia de una carga argumentativa mínima
necesaria para entrar al estudio de fondo de la controversia planteada, lo que
desatiende el requisito de la relevancia constitucional.
Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia impugnada proferida el 13 de
diciembre de 2023 por la Sección Primera del Consejo de Estado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
6 T-461 de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
9
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06929-01
Demandante: Andrés Felipe Arredondo Campiño
RESUELVE:
Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 13 de diciembre de 2023, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Primera.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo del
Consejo.
Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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