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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06932-01

Fecha
29 de febrero de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06932-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 13 de diciembre de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró la improcedencia de la acción instaurada por la señora Rosa Delia Guerrero Sanabria. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Rosa Delia Guerrero Sanabria Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-06932-01 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-06932-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

29 de febrero de 2024

Demandantes: Rosa Delia Guerrero Sanabria
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06932-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06932-01
Demandante: ROSA DELIA GUERRERO SANABRIA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Tema: Tutela contra providencia judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia del 13 de diciembre 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subseccion A que declaró la improcedencia de la acción.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 15 de noviembre de 2023, la señora Rosa Delia Guerrero Sanabria, actuando a
través de apoderado judicial, instauró demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, con el fin de obtener la
proteccion de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y «derechos
adquiridos, así como los principios de buena fe y seguridad jurídica en materia pensional».

Consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales con ocasión de la
sentencia del 6 de julio de 2023, que confirmó la providencia del 12 de septiembre de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones
de la demanda. Lo anterior, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 68001-23-33-000-2018-00613-01, instaurado contra la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio -Fomag- y la Fiduprevisora S.A.

1.2. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

1

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Demandantes: Rosa Delia Guerrero Sanabria
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06932-01

La señora Rosa Delia Guerrero Sanabria instauró demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -Fomag-
con el fin que se dejara sin efectos el Oficio 330 del 10 de mayo de 2018, mediante el
cual se negó el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación de manera
compatible y simultánea con la de invalidez.

En primera instancia, el asunto lo conoció el Tribunal Administrativo de Santander, que
en fallo de 12 de septiembre de 2022 negó las pretensiones al considerar que el acto
demandado encontraba fundamento en la incompatibilidad entre la pensión de
invalidez ya reconocida y la pensión de jubilación cuyo otorgamiento se pretendía, la
cual deviene de lo dispuesto en el artículo 88 del Decreto 1848 de 1969.

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante presentó recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, que en fallo de 6 de julio de 2023 confirmó la decisión. Expuso que de
acuerdo con el artículo 128 Constitucional, el artículo 31 del Decreto 3135 de 1968, los
artículos 77 y 88 del Decreto 1848 de 1969 y el articulo 19 de la Ley 4ª de 1992 no
resultaba procedente que una persona devengara más de una asignación que
proviniera del tesoro público, máxime cuando la normativa que regula la materia indica
que las pensiones de invalidez, jubilación y retiro por vejez son incompatibles entre sí.

Además, frente al argumento de la apelación relacionado con que «el Decreto Ley 3135
de 1968, y los artículos 77 y 88 del Decreto 1848 de 1969 fueron derogados respecto de los
docentes por el inciso cuarto del artículo 6° de la Ley 60 de 1993 y por el inciso segundo del
artículo 279 de la Ley 100 de 1993», precisó que dicha afirmación no era cierta, pues la
Ley 91 de 1989 en su artículo 15, expresamente remite en el caso de los docentes
nacionales para efecto de las prestaciones económicas y sociales a las normas
vigentes aplicables a los empleados públicos del mismo orden, esto es a los Decretos
3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978.

1.3. Fundamentos de la vulneración

La parte actora advirtió que la autoridad accionada incurrió en violación directa de la
Constitución, por inaplicar el inciso primero del artículo 128 de la Constitución
Política, el inciso 2.º del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, y el parágrafo transitorio
1.º del artículo 1.º del Acto Legislativo 1 de 2005; para aplicar normas derogadas, tales
como el Decreto Ley 3135 de 1968 y los artículos 77 y 88 del Decreto 1848 de 1969.

Explicó que de manera posterior a la Ley 4ª de 1992 se expidieron dos leyes respecto
de la excepción aplicable a los afiliados al Fomag, tales como: la Ley 60 de 1994, cuyo
artículo 6º inciso 4º y la Ley 100 de 1993, que su artículo 279 inciso 2º, establecieron
la compatibilidad de las pensiones reclamadas.

2

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1.4. Auto admisorio

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A mediante auto del 20 de
noviembre de 2023 admitió la acción de tutela y ordenó notificar tanto a la tutelante
como a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, como
autoridad accionada.

También se dispuso la vinculación como terceros con interés al Tribunal Administrativo
de Santander, a la Nación, al Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio -Fomag- y a la Fiduprevisora SA. Además, se
requirió al referido tribunal para que allegara copia digitalizada del expediente 68001-
23-33-000-2018-00613-01.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.5.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

Manifestó que los argumentos de la sentencia reprochada daban cuenta de la
inexistencia de vulneración alguna de las garantías del debido proceso y a la igualdad,
motivo por el cual solicitó negar el amparo invocado por la demandante.

Igualmente, explicó que en el fallo cuestionado se determinó que no era dable
conceder la pensión de jubilación reclamada, comoquiera que la demandante goza de
pensión de invalidez, hipótesis que contraviene la prohibición consistente en que una
persona devengue más de una asignación que provenga del tesoro público. Además,
que la normativa que regula el tema (Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969) prescribe
que las pensiones de invalidez, jubilación y retiro por vejez son incompatibles entre sí.

1.5.2. Fiduprevisora S.A.

Manifestó que la presente tutela resulta improcedente toda vez que la autoridad judicial
que conoció el proceso actuó conforme a la normatividad establecida, sin que se pueda
aducir que los funcionarios judiciales accionados hayan desconocido los precedentes
judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda, aunado al hecho que no se
presentó trasgresión alguna en contra de las garantías fundamentales de la
accionante.

1.5.3. Nación, Ministerio de Educación Nacional

Indicó que la providencia judicial atacada no puede ser excluida del ordenamiento
jurídico por la vía de tutela, puesto que pretender que el Consejo de Estado resuelva
de fondo una cuestión sobre la cual ya se pronunció otra sección de la misma
3

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corporación, desconocería su independencia y autonomía judicial, así como la
presunción de acierto y legalidad que acompaña la providencia.

Por otra parte, adujo que la señora Guerrero Sanabria no logró edificar una
fundamentación clara sobre la concreta relevancia constitucional y necesidad de la
intervención del juez de amparo para hacer cesar las presuntas vulneraciones a los
derechos fundamentales invocados. Agregó que en el caso particular se presenta
como debate una controversia de naturaleza estrictamente económica.

Los demás sujetos pese a haber sido debidamente notificados, no rindieron informe
de fondo del asunto.

1.6. Sentencia de primera instancia1

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A mediante fallo del 13 de
diciembre de 2023 declaró la improcedencia de la acción por no acreditar el requisito
de relevancia constitucional. Lo anterior, toda vez que la tutelante pretendía continuar
de forma indefinida con un debate que ya fue resuelto de manera clara, extensa y
ajustada a derecho por los jueces naturales de la causa.

Concluyó que los argumentos expuestos por la señora Rosa Delia Guerrero fueron los
mismos que expresó en el proceso ordinario, los cuales, a su vez, resolvió el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B en el fallo de 6 de julio de 2023, en el
sentido de determinar que, con base en el material probatorio arrimado al proceso y
las disposiciones legales aplicables al caso, no era posible que la demandante
devengara de forma simultánea las pensiones solicitadas.

1.7. Impugnación

La señora Rosa Delia Guerrero Sanabria, con escrito allegado el 11 de enero 2024,
inconforme con la anterior decisión la impugnó y reiteró los argumentos expuestos en
el escrito inicial respecto de que, se incurrió en una violación directa a la Constitución,
al eludir la aplicación del inciso primero del artículo 128 de la Constitución Política, el
inciso 2.º del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, y el parágrafo transitorio 1.º del
artículo 1.º del Acto Legislativo 1 de 2005; para aplicar normas derogadas.

Reiteró que le son aplicables las normas que se expidieron respecto de la excepción
de los afiliados al Fomag que, a su juicio, consagraron la compatibilidad entre las
pensiones reclamadas.

Concluyó «no puede estar ajustada a la Constitución Política la sentencia que declara que no
puede aplicar el principio de legalidad, el debido proceso, la igualdad jurídica y los derechos
adquiridos que son parte del debido proceso, porque al tribunal accionado se le ocurre que así

1
Notificada el 19 de diciembre de 2023.

4

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no debe ser el ordenamiento jurídico colombiano, tal como ocurre en este caso: la sentencia
cuya nulidad se solicita no aplica, no debate, se niega a estudiar la excepción legal referida.»

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la señora
Guerrero Sanabria contra la sentencia del 13 de diciembre de 2023 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, de conformidad con lo establecido
en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021, así como en el Acuerdo
080 de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de primera
instancia proferida el 13 de diciembre de 2023 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, para lo cual se deberán resolver los siguientes
interrogantes:

¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción
de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la sala analizará lo siguiente:

¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad invocados con ocasión de la sentencia
del 6 de julio 2023, que confirmó la decisión del a quo, en el sentido de negar las
pretensiones de la demanda al considerar que no resultaba procedente que una
persona devengara más de una asignación que proviniera del tesoro público?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii) el caso
concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 2 unificó
la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra

2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5

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providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena
habían adoptado posturas diversas sobre el tema3 y declaró su procedencia.4

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.1. Relevancia constitucional5

Para el caso en concreto, la Sala anticipa que confirmará la improcedencia de la
presente acción de tutela por carecer de relevancia constitucional puesto que no
cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215
de 20226.

3
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
4
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
5
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00; Sentencia
20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00;
Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20,
Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
6
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
6

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2.4.1.1. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación de
criterios en materia de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados requisitos en sede de
revisión, encontró que la acción de tutela formulada por RTI S.A.S. contra la Sección
Cuarta del Consejo de Estado carecía de relevancia constitucional.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica,
sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las
decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización
del principio de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del
fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal 7
(Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse

7
Sentencia SU-573 de 2019.
7

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exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico 8; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional 9.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal 10”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales11”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto 12, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no
debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un
escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección
legal13. (Resaltado de la Sala)

Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una
decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no
cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para
interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba
una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga
argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los
derechos fundamentales invocados.

8
Sentencia SU-103 de 2022.
9
Sentencia SU-103 de 2022.
10
Sentencia SU-103 de 2022.
11
Sentencia SU-128 de 2021.
12
Sentencia SU-573 de 2019.
13
Ibid.
8

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2.5. Caso concreto

Los argumentos de la parte actora apuntan a probar la presunta lesión de sus derechos
fundamentales debido a que, a su juicio, el tribunal accionado incurrió en una violación
directa de la Constitución en cuanto no se aplicó el inciso primero del artículo 128 de
la Constitución Política, el inciso 2º del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, y el
parágrafo transitorio 1º del artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2005. En su lugar,
adoptó la decisión reprochada con base en normas derogadas tales como el artículo
31 del Decreto Ley 3135 de 1968 y los artículos 77 y 88 del Decreto 1848 de 1969.

Ahora, es pertinente establecer si las pretensiones expuestas buscan o no convertir
este mecanismo constitucional en una tercera instancia y si trasciende de una «mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales»14.

Se tiene que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B citó toda la
normatividad que regula la incompatibilidad pensional, a saber: i) el artículo 128 de la
Constitución Política15; ii) el artículo 31 del Decreto 3135 de 196816; iii) Decreto 1848
de 1969, que reglamentó la anterior norma, en su artículo 88 17 y 7718 y iv) Ley 4ª de
1992, en su artículo 1919, que señala de manera clara para los docentes y todo servidor
público la prohibición de recibir más de una asignación que provenga del erario.

Posteriormente, la autoridad judicial accionada explicó que a la demandante le fue
concedida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio una pensión
de invalidez, a través de Resolución 267 de 1° de junio de 2010, equivalente al 75%
del último salario devengado, efectiva a partir del 5 de marzo del mismo año, toda vez
que de conformidad con concepto médico laboral se le dictaminó una pérdida de la

14
Corte Constitucional en la SU-215 de 2022.
15
Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte
mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley(…)
16
Las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez son incompatibles entre sí. El empleado o
trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia de ellas.
17
Las pensiones de invalidez, jubilación y retiro por vejez son incompatibles entre sí. En caso de
concurrencia del derecho a ellas, el beneficiario optará por la que más le convenga económicamente.
18
«El disfrute de la pensión de jubilación es incompatible con la percepción de toda asignación
proveniente de entidades de derecho público, establecimientos públicos, empresas oficiales y
sociedades de economía mixta, cualesquiera sea la denominación que se adopte para el pago de la
contraprestación del servicio, salvo lo que para casos especiales establecen las leyes y en particular el
Decreto 1713 de 1960 y la Ley 1a. de 1963».
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Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una
asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte
mayoritaria el Estado. Exceptuánse las siguientes asignaciones (…) De lo anterior se deduce que las
pensiones de invalidez y de jubilación resultan incompatibles, puesto que aunque tienen su origen en
riesgos diferentes (la primera es consecuencia de la pérdida de la capacidad laboral y la segunda se da
por razones de vejez, cuando se cumplan los requisitos de edad y tiempo previstos en la ley), la finalidad
es la misma, esto es, proporcionarle a la persona lo necesario para subsistir, sin embargo, la ley le
otorga la posibilidad al interesado de escoger la prestación que considere le es más favorable cuando
haya concurrencia de ellas.

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Demandantes: Rosa Delia Guerrero Sanabria
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06932-01

capacidad laboral del 86%; posteriormente, pidió el reconocimiento de la pensión de
jubilación, negada por medio del acto acusado.

No obstante, estimó dicha corporación que no resultaba dable acceder a las
pretensiones de la demanda encaminadas a obtener la pensión de jubilación,
comoquiera que no era procedente que una persona devengara «más de una asignación
que provenga del tesoro público» , máxime cuando la normativa que regula el tema, de
manera clara y precisa, prescribió que las pensiones de invalidez, jubilación y retiro
por vejez son incompatibles entre sí.

Agregó dicho órgano de cierre que, de acuerdo con el mandato consagrado en los
artículos 31 del Decreto 3135 de 1968 y 88 del Decreto 1848 de 1969, la actora tendría
la posibilidad de renunciar a la prestación otorgada por invalidez y optar por la de
jubilación, si le es más beneficiosa; por tanto, tampoco se quebranta derecho adquirido
alguno.

Concluyó que no resultaba cierto que hubieren derogado los citados decretos, como
adujo la demandante en su apelación pues, la Ley 91 de 1989, en su artículo 15,
expresamente remite, en el caso de los docentes nacionales para efecto de las
prestaciones económicas y sociales, a las normas vigentes aplicables a los empleados
públicos del mismo orden, esto es, a los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045
de 1978.

Debido a lo anterior, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B determinó
que, con base en el material probatorio arrimado al proceso y las disposiciones legales
aplicables al caso, no era posible que la demandante devengara de forma simultánea
las pensiones solicitadas.

Sobre el punto, se itera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está
vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces
naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los
argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por los actores dentro del trámite
de tutela, toda vez que analizar puntos meramente legales atentaría contra el principio
de autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en
una tercera instancia.

En consecuencia, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de
relevancia constitucional, ya que los argumentos traídos en el escrito de tutela y de
impugnación ya fueron desatados por el juez natural de la causa, quien concluyó que
no resultaba dable acceder a las pretensiones de la demanda encaminadas a obtener
la pensión de jubilación, por gozar de la de invalidez, toda vez que de conformidad en
las normas relacionadas no era procedente que una persona devengue más de una
asignación que provenga del tesoro público.

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Puestas de ese modo las cosas, se advierte que el reparo de la accionante tiene como
finalidad principal cuestionar el análisis normativo que en su momento realizó la
autoridad judicial accionada, el cual, ab initio, resulta intangible para el juez
constitucional, en la medida que no se evidencia de manera palmaria la vulneración
de los derechos fundamentales.

Esta Sala recuerda que el simple alegato de una vulneración no conlleva que el asunto
puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente relevancia
constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio
hermenéutico y argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno
al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. Esto, pues la competencia
de este juez se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no
a problemas de carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.

Lo contrario generaría que el operador judicial constitucional de tutela deba proceder
con una revisión in extenso de los elementos de convicción aportados al expediente,
lo que claramente desborda las competencias propias de esta sede y desconoce la
función propia del juez natural de la causa.

La Sala establece que la parte accionante pretender utilizar la tutela como un
mecanismo para revivir la controversia ya definida, cuestión que no impacta la garantía
de los derechos fundamentales invocados, pues busca convertir el trámite en una
tercera instancia. Esto, pues la competencia de este juez se restringe a la protección
efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal o a
estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales.

2.6. Conclusión

Por lo anterior, esta sección confirmará la decisión del a quo, que declaró la
improcedencia de la acción al no superarse el requisito de relevancia constitucional
toda vez que la tutelante busca reabrir un debate zanjado por los jueces naturales del
asunto, lo que desnaturaliza su finalidad como mecanismo supletivo de protección de
los derechos fundamentales.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 13 de diciembre de 2023 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró la improcedencia de
la acción instaurada por la señora Rosa Delia Guerrero Sanabria.

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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de
conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado (E1)

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.

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