Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06933-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06933-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-06933-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
13 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06933-00
Actor: Roberth Alexander Culma Mahecha
Demandado: Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca1
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) acceso a la
administración de justicia, iii) igualdad; y iv) mínimo vital
Derecho Fundamental Amparado: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra la Subsección C
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, a través de apoderado2, presentó acción de tutela contra la Subsección
C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a
su juicio, al proferir la sentencia de 23 de agosto de 2023 y el auto de 4 de octubre
de 2023, en el proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
2 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Folios 51 a 53 del documento denominado “1_DemandaWeb_Demanda(.pdf)
NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.
2
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06933-00
Actor: Roberth Alexander Culma Mahecha
110013335022202100127-01, vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad,
de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y al mínimo vital.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Expresó que, presentó demanda ejecutiva contra la Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá con el fin de que se librara
mandamiento de pago por: (i) la suma de $86.688.027.oo, por concepto de capital
indexado entre el 1° de octubre de 2010 hasta el 31 de enero de 2019; (ii)
reconocimiento y pago de intereses moratorios liquidados a la tasa máxima
autorizada por la Superintendencia Financiera desde el 24 de febrero de 2017 hasta
la fecha de pago; y (iii) se condenara en costas.
4. El Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante
sentencia de 7 de marzo de 2022, resolvió declarar no probada la excepción de
compensación y ordenó seguir adelante con la ejecución.
5. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 23 de agosto de 2023, dispuso en su parte
resolutiva lo siguiente:
“[...] Primero. – Confirmar parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Veintidós
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá proferida en audiencia inicial el 07 de
marzo de 2022 dentro del proceso ejecutivo promovido por el señor Roberth
Alexander Culma Mahecha contra Bogotá D.C. - Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en cuanto declaró no probada la excepción
de compensación y ordenó seguir adelante con la ejecución, pero únicamente sobre
las horas extras, los recargos nocturnos, dominicales y festivos, y los intereses
moratorios conforme lo dispone el artículo 192 del CPACA, en los términos señalados
en las sentencias objeto de recaudo y que según liquidación corresponden a la suma
actual de CATORCE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
DIECISÉIS PESOS M.CTE ($14.089.316) m cte. Esta suma corresponde a la
operación matemática vista en la parte motiva en la que se restó el valor de
$45.988.182.oo, que corresponde al pago parcial que constituyó la entidad ejecutada
a través de depósito judicial, como consta en el archivo 19 del expediente electrónico.
Segundo. – Revocar parcialmente la decisión contenida en la sentencia proferida por
el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá proferida en
audiencia inicial el 07 de marzo de 2022 dentro del proceso ejecutivo promovido por
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Actor: Roberth Alexander Culma Mahecha
el señor Roberth Alexander Culma Mahecha contra Bogotá D.C. - Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en cuanto a la
reliquidación de las cesantías, y la indexación del capital adeudado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. – Aceptar la renuncia presentada por el abogado Ricardo Escudero Torres,
identificado con la C.C. 79.489.195 y T.P. 69.945 del C. S. de la J, quien representaba
los intereses de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de
Bogotá D.C.
Cuarto. – Reconocer personería para actuar al doctor Juan Carlos Moncada Zapata,
identificado con C.C. 98.535.507 y T.P. 88.203 en su condición de apoderado principal
de la entidad ejecutada Bogotá D.C. – UAE Cuerpo Oficial de Bomberos, en los
términos del poder que obra en el expediente.
Quinto. - Sin condena en costas en esta instancia […]”.
6. Al respecto consideró lo siguiente:
“[…] 3.- Sobre la excepción de compensación propuesta en la contestación
A continuación, el Tribunal estudiará la excepción de compensación propuesta por el
apoderado de la entidad ejecutada en su escrito -formulación de excepciones-.
La parte ejecutada argumenta que la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos, para cada
uno de los conceptos adeudados, los remuneró o pagó conforme a un común
denominador de 240 horas mensuales, en consecuencia, solamente adeudaría la
diferencia en virtud de la reliquidación de esos conceptos con un denominador común
de 190 horas, que obedecen a la jornada máxima, para luego establecer si dentro de
esa jornada existen horarios nocturnos, en dominicales y festivos y luego verificar las
50 horas extras y en qué jornada se presentó ese servicio suplementario, contrario a
la ejecución en donde se liquidan 360 horas al mes o incluso más, razón por la cual,
es equivocado considerar como trabajo una jornada de 360 horas y liquidar esa
cantidad estableciendo dentro de ese período jornadas nocturnas, dominicales,
festivas diurnas y festivas nocturnas, y horas extras en períodos ordinario, nocturno,
dominical y festivo, tal como procedió la parte actora al elaborar la liquidación del
crédito que presentó ante el Juzgado, razón por la cual considera que está probada
la excepción de compensación.
En estricto sentido la compensación se configura cuando dos personas son deudoras
una de otra de sumas líquidas de dinero, caso en el cual las unas extinguen a las
otras. No obstante, la Sala analizará la excepción bajo el planteamiento del apoderado
de la parte ejecutada, quien aduce que la misma aplica sobre la liquidación que
efectuó su representada, esto es, el común denominador de 240 horas, al cual se le
debe restar la diferencia pagada sobre la liquidación que se efectúe con el común
denominador de 190 horas.
Para resolver lo pertinente, basta verificar la operación provisional que realizó el
Contador de esta corporación y compararla con la liquidación que aduce la parte
actora efectuó la ejecutada en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución No. 147
de 2017, en la que no está demostrado dentro del proceso que la entidad haya
cancelado suma alguna, contrario a ello, arrojó una suma negativa en contra del
ejecutante, cuando lo correcto era obtener un saldo a favor del señor Roberth
Alexander Culma Mahecha, conforme las decisiones proferidas en las sentencias que
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Actor: Roberth Alexander Culma Mahecha
prestan mérito ejecutivo. Conforme a lo expuesto, la excepción de compensación no
encuentra camino de prosperidad.
4.- Sobre el objeto del recurso de apelación
La Sala examinará el título ejecutivo, y entrará a verificar si se cumplió con la
obligación impuesta en las sentencias base de recaudo acorde con lo decidido por el
Juez de primera instancia, en la providencia recurrida y, teniendo en cuenta los
planteamientos expuestos en el recurso de alzada interpuesto por la parte ejecutada
[…]”.
[…]
“[…] El título ejecutivo objeto de recaudo contiene la obligación de hacer en el sentido
de reconocer y/o reliquidar, según el caso, las horas extras; los recargos nocturnos,
festivos diurnos y nocturnos; y los intereses moratorios en los términos expresamente
señalados en el título y de dar consistente en pagar esos montos a favor del
ejecutante.
No hay lugar a indexar los emolumentos debidos, en razón a que en el fallo objeto de
recaudo ese concepto no se ordenó.
De otra parte, si bien en las sentencias que prestan mérito ejecutivo se ordenó la
reliquidación y pago de las cesantías que se causaron a partir del 10 de octubre de
2010 con inclusión de las horas extras, no hay lugar a seguir adelante con la ejecución
sobre las misma, como quiera que la parte actora no las reclamó en su escrito de
demanda ejecutiva, acápite -PRETENSIONES, situación que esta Sala entiende no
se encuentra insatisfecha por la parte ejecutante.
La reliquidación y pago de los recargos ordinarios nocturnos y los festivos diurnos y
nocturnos, se efectuará con fundamento en la jornada máxima legal para empleados
públicos prevista en el artículo 33 del decreto ley 1042 de 1978, esto es 190 horas
mensuales, y pagar las diferencias que se deriven de dicha liquidación.
En la reliquidación se deberá deducir los días de descansos remunerados,
vacaciones, licencias, permisos y demás situaciones administrativas que se le hayan
presentado. En la considerativa de la sentencia se indicaron las fórmulas que deben
aplicarse para la liquidación de los recargos ordenados. Para liquidar los recargos
nocturnos: 35%; recargos por trabajo en día festivo diurno: 200% y recargos por
trabajo en día festivo nocturno: 235%. De otra parte, para la liquidación de los
intereses debe darse estricta aplicación a lo establecido en el artículo 192 del CPACA,
toda vez que, así lo ordenó la sentencia proferida el 22 de febrero de 2016 en
audiencia inicial por el Juzgado 22 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
confirmada parcialmente por esta Corporación el 01 de febrero de 2016, objeto de
ejecución. No hay lugar a efectuar la liquidación de los mismos con los parámetros
establecidos por la Agencia Jurídica del Estado en las circulares externas Nos. 10 del
13 de diciembre de 2014, y 12 del 22 de diciembre de la misma anualidad.
Ha de indicarse que el capital base para liquidar la obligación que se ejecuta, es el
correspondiente al valor total que arroja la liquidación por concepto de horas extras;
recargos nocturnos, festivos diurnos y nocturnos, menos los descuentos en salud y
pensión, conceptos que arrojaron un valor de $26.792.863,95, pendiente por precisar
por la primera instancia.
En aras de determinar el periodo durante el cual se causan los intereses, de
conformidad con lo normado por el artículo 192 del CPACA, es de vital importancia
establecer la fecha en que el interesado solicitó ante la entidad el pago de la condena,
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Actor: Roberth Alexander Culma Mahecha
toda vez que dicho precepto en forma diáfana señaló que transcurridos tres (03)
meses desde la ejecutoria de la providencia condenatoria sin que el beneficiario haya
acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la
documentación exigida para el efecto, “cesará la causación de intereses desde
entonces hasta cuando se presentare la solicitud”.
En el caso de autos la ejecutoria se dio el 24 de febrero de 2017; y la petición para el
cumplimiento de la sentencia allegada como título de recaudo se elevó el 16 de mayo
de 2017, razón por la cual no cesó la causación de intereses desde el 25 de febrero
de 2017 hasta el 25 de enero de 2021, día en que se presentó la demanda ejecutiva,
por cuanto la solicitud se impetró dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria
del fallo condenatorio.
En ese orden de ideas, en el presente asunto los intereses moratorios sobre el capital
conformado por los valores adeudados se calcularon de manera provisional entre el
25 de enero de 2017 (día siguiente a la fecha de ejecutoria) hasta el 25 de enero de
2021 (día de radicación de la demanda ejecutiva), los cuales, junto con las diferencias
del capital adeudado, hasta la fecha en que se efectúe el pago total de la obligación,
se deberán actualizar en la etapa siguiente que corresponde a la liquidación del
crédito […]”.
[…]
“[…] Liquidación que como se precisó en precedencia, se deberá verificar por la
primera instancia, únicamente sobre la suma que la entidad adeuda al actor y por los
conceptos que se reclamó en la demanda ejecutiva, esto es, por concepto de horas
extras, recargos nocturnos, dominicales y feriados, y el pago de los intereses
moratorios conforme lo prevé el artículo 192 del CPACA, en los términos de las
sentencias base de recaudo, proferidas el 22 de febrero de 2016 por el Juzgado
Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá, y el 01 de febrero de 2017 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C.
A esa liquidación no se le incluirá la indexación por no haberse ordenado en las
sentencias citadas, y tampoco se le incluirá las cesantías y los intereses sobre las
mismas, por no haberse reclamado en la demanda ejecutiva.
Ahora bien, como quiera que el 17 de julio de 2022 la entidad ejecutada constituyó
depósito judicial pendiente de pago a favor de la parte ejecutante, por la suma de
$45.988.182.oo, a la deuda pendiente de pago, se le restará esa suma, por
corresponder a un pago parcial […]”.
7. Por último, el Tribunal resolvió no condenar en costas en el caso sub examine,
toda vez que no se evidencia conducta fraudulenta o temeraria de parte de la
ejecutada.
8. El actor presentó solicitud de adición, aclaración y corrección de la sentencia de
segunda instancia proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el 23 de agosto de 2023.
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Actor: Roberth Alexander Culma Mahecha
9. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante providencia de 4 de octubre de 2023, dispuso en su parte
resolutiva lo siguiente:
“[…] RESUELVE:
PRIMERO: Adicionar los argumentos explicativos de la liquidación hecha en la
sentencia y denegar la solicitud de corrección y aclaración de la resolutiva de la
sentencia proferida el 23 de agosto de 2023, formulada por el apoderado del
ejecutante, señor Roberth Alexander Culma Mahecha, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia […]”.
10. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca consideró que:
“[…] Ahora bien, como quiera que el apoderado de la parte ejecutante muestra su
inconformidad con la liquidación visible en el archivo 28 del expediente que efectuó
el profesional en Contaduría de esta Corporación, y que aportó al expediente de la
referencia mediante oficio No. 2023-29 del 24 de marzo de 20231, que por su
extensión no se transcribió en la decisión del 23 de agosto de 2023, se reproducen
apartes de la misma, y se hace el siguiente análisis en cuanto a las operaciones
matemáticas surtidas únicamente respecto de los conceptos (i) horas extras, (ii)
recargos ordinarios nocturnos del 35%. (iii) recargos festivos diurnos del 200%, y.
(iv) recargos festivos nocturnos del 235%.
No se hará un análisis respecto a la operación matemática de la indexación de la
condena, como quiera que si bien la primera instancia en el título que presta mérito
ejecutivo proferido el 22 de febrero de 2016 ordena el ajuste de los conceptos
reclamados, en la decisión de esta Corporación proferida el 07 de febrero de 2017,
se modificó la sentencia apelada, y se precisó la orden de restablecimiento del
derecho, en la que se omitió la indexación de las sumas reclamadas, decisión contra
la cual la parte actora tuvo la oportunidad procesal para presentar en su momento
solicitud de adición y/o aclaración de la misma, sin embargo guardó silencio, lo que
indica su conformidad […]”.
[…]
“[…] Se observa en el mes de octubre de 2010, que la parte actora laboró 24 horas
recargos festivos nocturnos; a los que el Contador les liquidó el 235%, para un total
de $342.517.00, que se obtiene de dividir la asignación básica mensual sobre 190
horas como se ordenó en el título ejecutivo, y a ese resultado se le multiplica el
235% que corresponde al recargo ordenado en el artículo 39 del Decreto 1042 de
1978, por los 24 recargos festivos nocturnos laborados.
La misma operación matemática se hizo hasta el mes de enero del año 2019, para
obtener un total de $34.676.030,00 por concepto de recargos festivos nocturnos.
Para finalizar, a los resultados obtenidos en precedencia, como a continuación se
evidencia, les restó el valor pagado por la entidad ejecutada, obteniendo la suma de
$29.524.753 pendiente de pago, misma que se registra en el resumen transcrito en
la sentencia proferida por esta Corporación el 23 de agosto de 2023 […]”.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06933-00
Actor: Roberth Alexander Culma Mahecha
[…]
“[…] Por lo anterior, es evidente que este Tribunal si bien no transcribió las
operaciones matemáticas efectuadas por el profesional en contaduría, no omitió
pronunciamiento alguno, y para mayor claridad, entiéndase aclarada la sentencia en
el sentido indicado. Por lo demás no existen conceptos o frases que ofrezcan duda,
sino que el apoderado de la parte ejecutante no está de acuerdo con la decisión
tomada por esta segunda instancia […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
11. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Primero: Se conceda, la tutela interpuesta, con el fin de proteger los derechos
Constitucionales fundamentales, denominados: DERECHO A LA IGUALDAD,
DERECHO AL DEBIDO PROCESO, COSA JUZGADA, INMUTABILIDAD DE LAS
SENTENCIAS, principios Constitucionales del artículo 53 de la Carta Política, en
especial la igualdad de oportunidades a los trabajadores, remuneración mínima vital
y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo: irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales: facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador
en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho:
así como el derecho al acceso a la administración de justicia conforme al artículo
229 de la Constitución Política.
Segunda: Que el H. Consejo de Estado, disponga DEJAR SIN EFECTOS la
sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección "C" de la Sección
Segunda del H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferida el 23 de agosto
de 2023 y notificada electrónicamente a las partes el día 25 de agosto de 2023,
dentro del expediente 11001-33-35-022 -2021 - 00127-01, Proceso ejecutivo laboral
siendo demandante ROBERTH ALEXANDER CULMA MAHECHA demandado
DISTRITO CAPITAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL
DE BOMBEROS DE BOGOTÁ, respecto a la cual la parte actora radicó solicitud de
adición, aclaración y corrección el 30 agosto de 2023, la cual fue negada mediante
providencia proferida el 4 de octubre de 2023 y notificada el 6 de octubre de 2023,
por tanto se solicita se ordene a la H. Sala accionada proferir nueva sentencia
conforme a lo consagrado en los artículos 35 y 39 del Decreto Ley 1042 de 1978
[…]”.
Actuación
12. El Despacho sustanciador, mediante auto de 20 de noviembre de 2023; i)
admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección C
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y iii) vinculó
al Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá y al Distrito Capital de
Bogotá – Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá,
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06933-00
Actor: Roberth Alexander Culma Mahecha
en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días
para que rindieran informe sobre el particular.
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
13. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca consideró que:
“[…] Debo señalar que comparto plenamente la tesis sobre la procedencia de este
mecanismo de amparo contra las providencias judiciales, y de forma comedida
solicito a nuestro superior que asuma el estudio de la sentencia proferida por la
Subsección “C” de la Sección Segunda de este Tribunal, suscrita el 23 de agosto de
2023, por medio de la cual se confirmó parcialmente la sentencia proferida el 7 de
marzo de 2023 por el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, en cuanto declaró no probada la excepción de compensación y ordenó
seguir adelante con la ejecución, dentro del proceso ejecutivo promovido por el
señor Roberth Alexander Culma Mahecha contra Bogotá D.C. – Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.
Invoco como medio de prueba la referida providencia, en la que se puede verificar
que no existe vulneración alguna a los derechos fundamentales del accionante, con
la decisión tomada bajo el análisis fáctico y jurídico que se hizo en esa oportunidad.
Me someto al juicio de valoración de nuestro Superior para que aborde el estudio de
fondo de la sentencia proferida dentro del expediente con radicado No. 11001-33-
35-022-2021-00127-01, y decida en consecuencia. Copia de la providencia, se
remite anexa al presente escrito […]”.
14. La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
señaló que:
“[…] Del escrito de tutela se deriva que el accionante está atacando, como recurso
de instancia, la decisión adoptaba por el Tribunal, siendo que la acción de tutela no
es idónea para atacar la fórmula aritmética a través de la cual se calcularon los
valores objeto de condena, el hecho de que el valor liquidado no sea de recibo para
el accionante no indica que el Tribunal no lo haya hecho de forma correcta, máxime
que el cálculo se realizó conforme al precedente consolidado para estos casos
establecido por la Sección Segunda del Consejo de Estado […]”.
15. El Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá afirmó que:
“[…] Revisado el expediente se logró colegir que este Despacho no transgredió los
derechos fundamentales invocados por el accionante, por el contrario, se evidencia
que, en observancia del debido proceso, fue adelantado el trámite procesal con
apego a las normas que rigen el proceso ejecutivo y fueron impartidas las órdenes
acorde con el título ejecutivo, contenido en las sentencias objeto de recaudo.
En razón a lo expuesto, respetuosamente solicito al Consejo de Estado, declarar
improcedente la presente acción de tutela, teniendo en cuenta que no satisface los
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Actor: Roberth Alexander Culma Mahecha
requisitos para la prosperidad del amparo y, en consecuencia, exonerar de
responsabilidad al Juzgado Veintidós Administrativo de Oralidad del Circuito de
Bogotá, por razón de los hechos que sirven de fundamento a la presente acción
[…]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 3, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20214 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20195, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
17. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
18. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional.
19. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06933-00
Actor: Roberth Alexander Culma Mahecha
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia; v) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; vi) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital, vii) procediendo
posteriormente a viii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
20. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena , en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
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acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
21. Esta Sección adoptó7 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20058, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
22. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
8 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Actor: Roberth Alexander Culma Mahecha
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
23. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”9 que encaje en dichos parámetros.
24. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
25. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
26. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedibilidad de relevancia constitucional.
9 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
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Acerca del requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional
27. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201411, al referirse al requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional, sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [12]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”[13].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [14].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa dla actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional[15].
11 Ut supra página 6.
[12] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[13] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[14] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión dla actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [16]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [17].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [18]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]” (Resaltado fuera del texto).
28. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado19:
[16] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[17] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[18] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
19 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”20
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales dla actora, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”21
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
29. En ese orden de ideas, el requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales,
y esa presunta afectación no tiene su origen en un debate estrictamente legal y
económico, ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una
carga argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en algunas de las causales especiales de
20Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
21 Ibidem.
15
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procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y iii) cuando se
demuestra que el amparo presentado no se utiliza como una instancia procesal
adicional.
30. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202222
precisó, en relación con el alcance del requisito general de procedibilidad de la
relevancia constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la
resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso
y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la
solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante
considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal
y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto
a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la
controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el
interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no
significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto
de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede
llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones
de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
22
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
16
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acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida
pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada
con especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la
providencia atacada se presenta una afectación desproporcionada a un
derecho fundamental, producto de una actuación arbitraria. Por este
motivo, no basta con mencionar una vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional […]».
(Resaltado por la Sala).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
31. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
32. Atendiendo a que, la Corte Constitucional23 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
23 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
33.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
34.Atendiendo a que, la Corte Constitucional24 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
35.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
24 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
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El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
36.Atendiendo a que la Corte Constitucional25 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital
37. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.
38. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado al
mínimo vital, ha dicho26:
“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".
25 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
26 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones
materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este
derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.),
la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.).
De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de
mayor relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.
Análisis del caso concreto
39. El actor, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la Subsección
C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a
su juicio, al proferir la sentencia de 23 de agosto de 2023 y el auto de 4 de octubre
de 2023, en el proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación
110013335022202100127-01, vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad,
de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y al mínimo vital.
40. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
41. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por el
actor en su respectivo escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
42. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
42.1. Copia de la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 23 de agosto de 2023.
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44.2. Copia de la providencia proferida por la Subsección C de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 4 de octubre de 2023.
Solución del caso concreto
Análisis del posible incumplimiento del requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional
43. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor, en su escrito de tutela indicó lo siguiente:
“[…] Respecto a los valores y porcentajes reales a reconocer por concepto de
reliquidación de los recargos festivos diurnos del 200% y recargos festivos nocturnos
del 235% con el factor de 190 horas mensuales (jornada máxima legal empleados
públicos, toda vez que la H. Sala accionada a pesar de existir en el plenario copia de
los desprendibles de pago mes a mes desde el 1 de octubre de 2010 hasta el 31 de
enero de 2019, hasta cuando el actor laboró turnos de 24 horas, no realizó una
liquidación detallada donde se tengan en cuenta las diferencias entre lo pagado por
concepto de recargos del 35%, 200% y 235% tomando la asignación básica sobre
240 horas (sistema de liquidación propio de la entidad, sin fundamento legal) y lo
ordenado en las sentencias de recaudo o sea reliquidar dichos recargos ordinarios
nocturnos del 35%, recargos festivos diurnos del 200% y recargos festivos nocturnos
del 235%, sobre la jornada máxima legal de 44 horas semanales y 190 mensuales, lo
cual genera una diferencia del 26% por cada hora pagada de manera incompleta o
sea sobre 240 horas al aplicar la jornada máxima legal o sea 190 horas, toda vez que
ni en la sentencia de segunda instancia ni en la providencia que negó la adición,
aclaración y corrección, no aparecen en forma detallada los cuadros de liquidación
que generaron el cuadro obrante a folio 21 de la sentencia de segunda instancia, para
poder entrar a verificar la realidad de las diferencias a reconocer mes a mes por
concepto de reliquidación de los recargos del 35%, 200% y 235%, sin realizar los
cálculos conforme con la realidad procesal y sin analizar de manera detallada las
pruebas documentales existentes (desprendibles de pago allegados con la demanda
ejecutiva) donde se descuentan los recargos festivos diurnos 200% y los recargos
festivos nocturnos del 235% liquidados y pagados sobre 240 horas mensuales por la
entidad ejecutada, aparece un valor de diferencias a la ejecutoria de la sentencia de
$22.472.308 y diferencia posterior a la ejecutoria de la sentencia de $7.052.445,
cuando en la liquidación planteada por la entidad ejecutada cuyo resumen aparece
transcrito a folio 18 de la sentencia de segunda instancia genera resultado de capital
horas extras y demás emolumentos $20.098.580,00, intereses moratorios de
ejecutoria hasta 22 de marzo de 2022 $22.025.731,37 cesantías $1.843.551,
intereses moratorios desde ejecutoria hasta 18 de marzo de 2022 $20.20.319,80 para
un gran total de $45.988.182,00, CUANDO EN LAS PRETENSIONES DE LA
DEMANDA EJECUTIVA LA PARTE ACTORA ANEXO LIQUIDACIÓN POR VALOR
DE CAPITAL INCLUYENDO CESANTIAS POR $86.688.027, por ende el resumen de
la liquidación planteada a folio 21 de la sentencia de segunda instancia sin los cuadros
detallados horas extras, reliquidación de recargos del 35%, 200% y 235%,
reliquidación de cesantías NO TIENEN PUNTO DE COMPARACION, en contravía de
lo dispuesto en la parte considerativa y resolutiva de las sentencias de recaudo y lo
dispuesto en los artículos 35 y 39 del Decreto Ley 1042 de 1978 con lo cual se está
generando un perjuicio irremediable al actor en su patrimonio económico […]”.
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Actor: Roberth Alexander Culma Mahecha
[…]
“[…] En la sentencia de segunda instancia del proceso ejecutivo el H. Tribunal, negó
el reconocimiento de la reliquidación de cesantías, se desconocen las sentencias de
recaudo de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y una providencia de
segunda instancia en un caso análogo, la cual fue proferida el 2 de junio de 2022, con
ponencia del H. Consejero Doctor RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS,
proceso ejecutivo 25000 23 42000 2019 01070 - 01 (4032-2021) demandante
CARLOS RAFAEL CABEZAS VARGAS demandado DISTRITO CAPITAL UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
[…]”.
[…]
“[…] En las providencias motivo de tutela se desconocen entre otras la sentencias de
acción de tutela casos análogos al presente, siendo demandante el señor JORGE
CARPINTERO LEON a quien se le desconoció su derecho respecto a los
compensatorios por exceso de horas extras, providencia de tutela proferida el 10 de
junio de 2021 Radicado: 11001-03-15-000-2021-01379-00, Sección Quinta del H.
Consejo de Estado, siendo H. Consejero Ponente el Doctor LUIS ALBERTO
ALVAREZ PARRA, así como la sentencia de tutela expediente 11001-03-15-000-
2021-05248-00 accionante WILLIAM ALBERTO CASTILLO PINZON accionado
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SECCION SEGUNDA Consejero Doctor
CUNDINAMARCA SUBSECCION C, con Ponencia del H. GABRIEL VALBUENA
HERNANDEZ, providencia de fecha 9 de septiembre de 2021, donde se concedió el
amparo Constitucional respecto a la aplicación a lo consagrado en el literal e) del
artículo 36 Decreto Ley 1042 de 1978, en este caso no se da aplicación real de los
artículos 35 y 39 del Decreto Ley 1042 de 1978, casos análogos al presente,
desconociendo el debido proceso, la cosa juzgada y el principio de inmutabilidad de
las sentencias ejecutoriadas que no son reformables ni modificables por el operador
judicial que las profirió en su debida oportunidad, es del caso tener en cuenta que el
tema de la cosa juzgada e inmutabilidad de las sentencias ha sido reiterado por parte
del H. Consejo de Estado, como ejemplo se transcriben apartes pertinentes de la
providencia del H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, Consejero Ponente Doctor William Hernández Gómez,
sentencia de 30 de noviembre de 2017, radicación: 25000- 23-25-000-2010- 01147-
01(1365-14) […]”.
[…]
“[…] 35.En la providencia del 4 de octubre de 2023, la H. Sala accionada fundamenta
su negativa a la reliquidación correcta de los recargos ordinarios nocturnos del 35%,
recargos festivos diurnos del 200% y recargos festivos nocturnos del 235%, bajo el
supuesto que el profesional de Contaduría de la Corporación se basó en la
información que suministra la entidad ejecutada en la liquidación del crédito, sin
contrastarla con los desprendibles de pago de nómina aportados por la ejecutante
con la demanda ejecutiva, y sin haber solicitado al Despacho que se requiriera a las
partes para aportar los comprobantes fidedignos de los pagos realizados entre
octubre de 2010 hasta el 31 de enero de 2019, cuando el ejecutante laboró turnos de
24 horas y que en ese periodo solamente percibió recargos ordinarios nocturnos del
35%, recargos festivos diurnos del 200% y recargos festivos nocturnos del 235% pero
tomando la asignación básica dividida en 240 horas, cuando en la sentencia de
recaudo se dispuso la reliquidación de dichos recargos dividiendo la asignación
básica mensual en 190 horas, con lo cual se generan resultados pendientes de pago
de un 26% a favor del demandante, entre lo pagado sobre 240 y lo reliquidado sobre
190 horas […]”.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06933-00
Actor: Roberth Alexander Culma Mahecha
44.Por último, el actor indicó que la autoridad judicial accionada se apartó de las
sentencias de 9 de mayo de 201227, 16 de septiembre de 201028 y 14 de octubre de
201029.
45. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por el actor ya fue
objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra
providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate
resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad judicial
accionada incurrió en la vulneración de derechos fundamentales.
46. Además de lo anterior, para la Sala, el actor plantea una afectación de derechos
fundamentales que tienen su origen en últimas en un debate estrictamente legal y
económico, el cual ya fue expuesto dentro del proceso ejecutivo y fue decidido por
el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer
un pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio
de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo
constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.
47. Al respecto, la Corte Constitucional30 ha señalado:
“[…] en el caso planteado se tiene que el asunto que se discute tiene un
marcado carácter patrimonial, pues lo que está discusión es el pago de un
derecho de crédito que se deriva a la imposición de una sanción pecuniaria
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a la sociedad
comercial Ponce León S. A. Ingenieros Consultores-en liquidación, lo que
excluiría de plano la relevancia constitucional del asunto y, por lo tanto, la posibilidad
de acudir a la tutela para proteger los derechos que la entidad tutelante considera
afectados. […]”. (Resaltado por la Sala).
48. Asimismo, es preciso indicar que, en ese mismo sentido, la Sección Primera de
esta Corporación, en reiterados pronunciamientos31, y en especial, en la sentencia
proferida el 3 de mayo de 2019 señaló lo siguiente:
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B, Sección Segunda del Consejo de
Estado, C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, Sección Segunda del Consejo de
Estado, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta del Consejo de Estado, C.P.
Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
30 Corte Constitucional, sentencia T-136 de 27 de marzo de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de diciembre
de 2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-03770-00 (AC). Actor: Ariel Ramiro Novoa Vargas.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06933-00
Actor: Roberth Alexander Culma Mahecha
“[…] La Sala comparte dicho enfoque, en atención a que en el caso sub judice no se
cumplió con el requisito atinente a la relevancia constitucional de la controversia;
motivo por el cual, no es posible ni mucho menos procedente estudiarla de fondo.
Ello toda vez que lo pretendido por la parte actora es reabrir nuevamente el
debate y la discusión jurídica sobre cuestiones estrictamente legales y, de
índole económica, que por cierto ya fueron discutidas y falladas en el trámite
del proceso ejecutivo con radicado 47001-33-33-006-2015-00370-0132, por parte
de los jueces naturales de conocimiento de la acción ejecutiva correspondiente.
Sin embargo, no se puede olvidar que el instituto de la tutela contra providencias
judiciales no busca proporcionar a los sujetos procesales de un juicio ordinario una
tercera instancia, sino un mecanismo de protección y garantía de sus derechos
fundamentales, eventualmente lesionados por un pronunciamiento judicial. De aquí
que su procedencia sea excepcional33, toda vez que lo contrario atentaría contra la
autonomía de los funcionarios judiciales, la seguridad jurídica y el principio de cosa
juzgada, sin más34.
En ese orden de ideas, con base en las consideraciones expuestas, y ante la
inobservancia del requisito general de procedibilidad atinente a la relevancia
constitucional de la controversia, ésta Sala de Decisión confirmará en su totalidad la
sentencia de tutela impugnada del 18 de marzo de 201935, mediante la cual la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió declarar
improcedente la acción de amparo interpuesta por el señor Francisco Rafael Palacio
Valle […]”.
49. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal de lo
Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…] entidad de
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito de tutela se
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de noviembre de
2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-03772-00 (AC). Actor: María Eugenia García Chaparro y otro.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de 2018,
exp. No. 11001-03-15-000-2018-00808-00 (AC). Actor: Jaime Alfonso Castro Martínez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 15 de junio de 2018,
exp. No. 11001-03-15-000-2018-01143-00 (AC). Actor: E.S.E. Hospital María Inmaculada.
32 Accionante: Francisco Rafael Palacio Valle. Accionado: Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
(Magdalena).
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre
de 2016, radicación No. 11001-03-15-000-2016-02862-00. Actor: Rosa Gómez Effer (C.P. Dr. Guillermo Vargas
Ayala).
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre
de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2016-02244-00. Actor: Claudia Consuelo Mc’Lauchlin Cobaleda (C.P.
Dr. Guillermo Vargas Ayala).
35 Visible a folios 160 a 164 de la causa constitucional.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06933-00
Actor: Roberth Alexander Culma Mahecha
“[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
50. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales y económicos cuya competencia
se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
51.Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente económico, esto es así porque la discusión y los
argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar la necesidad de
protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela valide la tesis
jurídica del actor y, con ello, acceda a las pretensiones de la demanda, sin que de
esta discusión se pueda evidenciar una clara trascendencia o relevancia
constitucional.
52. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional dentro del marco
de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien el
actor enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la igualdad; y al mínimo vital, esa presunta
afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal y económico.
Conclusiones de la Sala
53. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06933-00
Actor: Roberth Alexander Culma Mahecha
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el actor
contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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