Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06946-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06946-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06946-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
18 de abril de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06946-01
Demandante: Lida Rocío Díaz Rincón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-06946-01
Demandante LIDA ROCÍO DÍAZ RINCÓN
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Temas Derecho de petición. Núcleo esencial del derecho. Respuesta
negativa de fondo. Carencia actual de objeto.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Lida Rocío Díaz Rincón contra la
sentencia de tutela del 15 de enero de 2024, proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado que dispuso:
«PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, dentro de la
acción de amparo de la referencia, atendiendo a las razones expuestas en precedencia.»
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 15 de noviembre de 20231, Lida Rocío Díaz Rincón, a través de apoderado
judicial, promovió acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por considerar vulnerado su derecho
fundamental de petición. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«solicito al Despacho respetuosamente, se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL- GRUPO DE
SENTENCIAS, resolver de fondo en el término de 48 horas, la petición presentada el día 27
de junio de 2023 (…)»2.
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 25 de junio de 2017, Lida Rocío Díaz Rincón, empleada judicial desde el
año 2009, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial para obtener la reliquidación y pago de
las prestaciones percibidas desde el 2013, con la inclusión de la bonificación
judicial como carácter salarial.
1 Consultado en el sistema de gestión del Consejo de Estado, SAMAI, índice 1.
2 Página 2 del escrito de tutela. Samai en primera instancia, índice 2
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Demandante: Lida Rocío Díaz Rincón
En las sentencias del 12 de febrero y del 26 de noviembre de 2021, el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Armenia y el Tribunal Administrativo del
Quindío, en primera y segunda instancia, respectivamente, accedieron a las
pretensiones de la demanda, por lo que declararon la nulidad de los actos
administrativos demandados y ordenaron la inclusión de la bonificación judicial
como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales en los
términos establecidos en la sentencia de segunda instancia.
2.2. El 27 de junio de 2023, la señora Lida Rocío Díaz Rincón radicó petición ante
el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, con el objeto de que la entidad cumpliera con lo ordenado en la
sentencia del 26 de noviembre de 2021.
2.3. La accionante aseguró que, a la fecha de presentación del escrito de tutela, el
Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial no se había pronunciado frente a su solicitud.
3. Fundamentos de la acción
La señora Lida Rocío Díaz Rincón discute la vulneración de su derecho fundamental
de petición comoquiera que, al momento de interponerse la solicitud de amparo, la
autoridad accionada no había resuelto la petición radicada el 27 de junio de 2023.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 21 de noviembre de 2023, el juez de tutela de primera instancia
admitió la acción de tutela presentada por Lida Rocío Díaz Rincón contra el
Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial. Asimismo, vinculó, como terceros con interés, al Juzgado Segundo
Administrativo de Armenia y al Tribunal Administrativo del Quindío.
4.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia solicitó que
se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva debido a que la
tutelante no identificó ninguna acción u omisión atribuible a esta entidad que
derive en una amenaza o vulneración a sus derechos fundamentales y porque
el juzgado no fue el destinatario de las pretensiones de la acción.
4.3. El Tribunal Administrativo del Quindío respondió la acción de tutela
asegurando que había proferido sentencia calendada el 26 de noviembre de
2021 y que la accionante no reprochó tal providencia. Por lo tanto, no
considera que deba pronunciarse frente a las pretensiones de la acción de
amparo.
4.4. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva y se desvincule a la
corporación del presente trámite de tutela. Expuso que la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, a través del Grupo de Sentencias, es la autoridad
que se encuentra funcionalmente legitimada para rendir informe frente a la
acción de tutela (desconcentración de funciones).
4.5. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó que se declare
la carencia actual de objeto por hecho superado, teniendo en cuenta que la
petición objeto del presente trámite de tutela fue resuelta de fondo el 24 de
noviembre de 2023.
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Igualmente, reprochó el actuar del accionante debido a que ha utilizado el
presente medio constitucional de forma errada para modificar la posición de la
entidad con fundamento en una violación al derecho de petición, aun cuando
este ya le fue debidamente resuelto.
5. Providencia impugnada
En sentencia del 15 de enero de 2024, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado declaró la carencia actual de objeto por hecho superado porque
las entidades accionadas dieron una respuesta clara, de fondo y congruente frente
a la petición presentada por la accionante.
Como sustento de lo anterior, mencionó que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial dio respuesta de fondo al derecho de petición en oficio
calendado del 24 de noviembre de 2023 y aquella fue debidamente notificada al
correo electrónico de la peticionaria.
Agregó que, en el mencionado documento se expusieron las razones por las que
no era posible liquidar la obligación en ese momento.
6. Impugnación
La parte accionante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia.
Advirtió que el a quo no tuvo en cuenta que la entidad accionada con su respuesta
soslayó la obligación legal contenida en el artículo 2.8.6.4.2. del Decreto 1068 de
2015 (Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público)
Por lo anterior, solicitó revocar el fallo y conceder el amparo del derecho de petición,
pues «no es procedente declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, [cuando] la
entidad accionada claramente esta desconociendo una obligación dispuesta por el
ordenamiento jurídico, esto es en virtud a la petición presentada, proceder no a pagar la
sentencia, pero si a liquidar conforme lo dispone el artículo 2.8.6.4.2. del capítulo 4 del Título 6
de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015.».
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
3
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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2. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala
establecer si le asistió razón al juez de primera instancia al declarar que la acción
de tutela carece de objeto por haberse superado la omisión que afectó el derecho
de petición de la señora Lida Rocío Díaz Rincón o si, por el contrario, se brindó una
respuesta a penas parcial que exige el amparo del derecho por ella invocado.
3. Núcleo esencial del derecho fundamental de petición
De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y también ante organizaciones
privadas, por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta
resolución. Se trata de un derecho de aplicación inmediata según el artículo 85 de
la Carta.
La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la connotación
de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales como la
información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad social, el
acceso a documentos públicos, entre otros.
El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia constitucional, que ha dispuesto que
son tres los elementos del núcleo esencial de este derecho, a saber: (i) la oportuna
resolución; (ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara,
precisa, congruente y consecuente con lo solicitado; y (iii) que la decisión adoptada
se le notifique al peticionario.
En tanto derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido
de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de
petición, por ello se ha aclarado que la respuesta negativa en ningún caso significa
vulneración del derecho fundamental de petición, ya que «existe una diferencia
entre el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido»4.
En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante5, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea y es congruente si existe
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse
sobre lo pedido6.
4. Carencia actual de objeto
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata
de derechos fundamentales ante situaciones de amenaza o vulneración, por la
acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.
4 Sentencia C-007 de 2017.
5 Sentencia T-063 de 2000.
6 Sentencia T-587 de 2006.
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Su finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un derecho fundamental se
materialice, o una vez la vulneración ya se ha producido hacer que cese. Por ende,
cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando no hay forma de
resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser.
La jurisprudencia constitucional ha denominado tal fenómeno como carencia actual
de objeto y ha señalado que, generalmente, este se presenta por: (i) hecho
superado, (ii) daño consumado y (iii) situación sobreviniente.
Para efectos de decidir esta tutela conviene precisar que, la carencia actual de
objeto por hecho superado se configura en los casos en que, en el lapso transcurrido
entre la radicación de la acción de tutela y la expedición de la sentencia, la entidad
demandada adelantó las acciones tendientes a cesar la vulneración de los derechos
fundamentales, lo que por sustracción de materia hace inocuo cualquier
pronunciamiento u orden del juez de tutela para lograr el amparo de los derechos.
Como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-274 de 2019 «ante la
alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento, así como
su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial».
De allí que, una vez desaparece el supuesto de hecho que motivó la presentación
de la solicitud de amparo, sería inocua cualquier determinación del juez
constitucional, ya que «la materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar un evento que
conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho o la inocuidad de las
pretensiones».
5. Del contenido de la petición y el trámite impartido por la autoridad
accionada
5.1. Se tiene que el 27 de junio de 2023, la señora Lida Rocío Díaz Rincón radicó
petición ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en la que solicitó
la liquidación de una sentencia de condena en los siguientes términos:
«2.1. Se realice y remita la liquidación formal de la Sentencia de la referencia, en el cual, en
detalle, se establezca cada uno de los conceptos:
a. El capital adeudado por la Entidad Estatal –Valor/Condena en concreto– con el detalle
de su indexación. (Salarios, prestaciones sociales y cesantías e intereses de cesantías,
etc.)
b. Liquidaciones detalladas por cada periodo que dan soporte a los anteriores rubros.
c. Los intereses moratorios que ha causado desde la ejecutoria de la sentencia hasta la
fecha, señalando el régimen de cumplimiento que aplica – CCA/CPACA.»7
5.2. El 24 de noviembre de 2023, el Grupo de Sentencias de la Unidad de
Asistencia Legal de la DEAJ respondió la solicitud de la señora Lida Rocío
Díaz Rincón8. A efectos de resolver la impugnación, se estima relevante
relacionar el siguiente aparte de la respuesta:
«El Grupo de Sentencias (…), se permite dar respuesta conforme a su petición de fecha 27
de junio de 2023, informando lo siguiente:
7 Página 1 del derecho de petición, Samai en primera instancia, índice 3.
8 El soporte de la remisión de la respuesta al peticionario obra en el expediente digitalizado de la acción de
tutela. La gestión se surtió a través de mensaje de datos remitido al buzón de notificaciones indicado en el
derecho de petición: cesarfelipegomez11@gmail.com
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Que la cuenta de cobro que contiene la obligación judicial a favor de la señora LIDA ROCÍO
DÍAZ RINCÓN, ingresó al listado de turno para liquidación y posterior pago de la providencia
13 de abril de 2023. Que el Turno de Pago consiste en ubicar en estricto orden cronológico la
obligación conforme a la fecha en que ha sido recibida la documentación en legal forma,
artículo 15 de la Ley 962 de 2005 y en ese mismo orden será tramitada la solicitud de pago.
Que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, nivel central tiene a cargo el
cumplimiento y pago de las sentencias judiciales por condenas impuestas a la Nación Rama
Judicial a nivel nacional, cumplió actualmente con la liquidación y pago de las sentencias
radicadas en el mes de julio de 2019. Ahora bien, es de informar que la entidad a la fecha
agotó todo el presupuesto asignado para la vigencia fiscal 2023.
Es de informar que no es posible suministrar el valor de la liquidación de la sentencia judicial
de la referencia, toda vez, que este procedimiento se realiza únicamente al momento de que
llegue el turno correspondiente para dicho trámite. La Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, no puede liquidar actualmente la obligación, ello por cuanto: a) Si se hiciera, se
tendría que solicitar e informar inmediatamente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
solicitando PAC y enturnarla para el pago y solicitando lo ateniente al proceso de
compensación tributaria, oficiando a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
para solicitar certificación de que trata el inciso 2 del Artículo 29 de la Ley 344 de 1996 y
modificado por la Ley 1819 de 2016, sobre la existencia de obligaciones tributarias a cargo de
los beneficiarios, actuación que se realiza indicando el valor de la liquidación que se va a
pagar, situación que no es posible, toda vez que a la solicitud de cuenta del peticionario le
anteceden otras radicadas con anterioridad; b) Igualmente, No es posible liquidar la obligación
antes mencionada, toda vez que dicho valor no correspondería al que se le va a terminar
pagando al continuar generándose los intereses moratorios que ahora mismo corren como
compensación de la mora en el pago.
Que se está dando trámite de liquidación respetando el derecho de turno de cada uno de los
beneficiarios (…)
Reiteramos que esta entidad procederá a liquidar y pagar la obligación junto con los honorarios
pactados, de conformidad a la apropiación presupuestal que asigne el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público al rubro de sentencias, en la vigencia fiscal que corresponda.» (Subraya la
Sala)
5.3. Para la Sala la respuesta suministrada es de fondo en tanto coherente y
congruente con lo solicitado, pues la autoridad accionada explicó a la señora
Díaz Rincón, atendiendo al procedimiento de pagos dispuestos por la entidad
para tal fin, las razones por las que no es posible acceder a la petición de
liquidar la deuda con indicación de cada uno de los conceptos que la
componen, entre ellos, porque para tal fin era necesario considerar el
presupuesto otorgado por el Ministerio de Hacienda en cada vigencia para
hacer la liquidación y pago. Además, le informaron que, en atención al
mencionado sistema de turnos para el pago, no era razonable emitir una
liquidación que variaría para el momento en que finalmente se salde la
obligación debido a los intereses que se causan en el tiempo.
También es pertinente precisar que la respuesta fue debidamente notificada al
correo electrónico dispuesto por la peticionaria para tal fin9 y así lo aceptó en
el escrito de impugnación10.
5.4. Ahora bien, es cierto que el Decreto 1068 de 2015 (Único Reglamentario del Sector
Hacienda y Crédito Público), en su artículo 2.8.6.4.2. 11 establece que la entidad
9 Ibidem.
10
«Frente a lo anterior, es preciso indicar que efectivamente el 24 de noviembre de 2023 por correo electrónico,
recibimos respuesta donde se manifiesta (…)»
11 Resolución de pago. Vencido el término anterior y en un término máximo de dos meses, contados a partir
de la fecha en que el apoderado radique la comunicación con destino al ordenador del gasto, la entidad
obligada procederá a expedir una resolución mediante la cual se liquiden las sumas adeudadas, se ordene
6
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obligada deberá expedir, en el término de 2 meses contados desde la fecha
en que el apoderado radicó la comunicación con destino al ordenador del
gasto, una resolución en la que liquide las sumas adeudadas, ordene el pago
y adopte medidas para su cumplimiento; sin embargo, debe considerarse
también que en el parágrafo del mismo artículo se establece que «[e]n caso de
que la entidad no cuente con disponibilidad presupuestal para soportar el pago de la
sentencia, laudo arbitral o conciliación, no expedirá la resolución de pago, pero deberá
dejar constancia de la situación en el expediente y realizar las gestiones necesarias para
apropiar los recursos a más tardar en la siguiente vigencia fiscal».
Así las cosas, se tiene que el contenido de la mencionada disposición
normativa no apoya, como defiende la peticionaria, la conclusión de que la
respuesta a su solicitud solo será de fondo cuando se acceda a la liquidación
de la obligación en acto administrativo en los términos y tiempos que ella lo
pretende. Se reitera que la información, aun cuando niega lo requerido por la
señora Díaz Rincón, está acorde con el núcleo esencial del derecho
fundamental de petición porque se trata de una respuesta coherente y acorde
con lo solicitado.
En esa línea, conviene precisar que la respuesta de fondo no implica acceder
a los requerimientos contenidos en el derecho de petición, pues se debe
diferenciar entre la garantía del derecho fundamental de petición y el derecho
a obtener lo pedido.
En palabras de la Corte Constitucional: «el ámbito de protección constitucional de
la petición se circunscribe al derecho a la solicitud y a tener una contestación para la
misma, en ningún caso implica otorgar la materia de la solicitud como tal» 12.
6. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de primera
instancia que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, dado que en
el trámite de la acción de tutela la autoridad administrativa accionada dio respuesta
de fondo a la petición radicada por la señora Lida Rocío Díaz Rincón, el 27 de junio
de 2023.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
su pago y se adopten las medidas para el cumplimiento de la resolución de pago según lo establecido en el
artículo 65 de la Ley 179 de 1994, salvo los casos en los que exista la posibilidad de compensación. Dicha
resolución deberá señalar expresamente en su parte resolutiva que se trata de un acto de ejecución no
susceptible de recursos y será notificada al beneficiario de conformidad con lo previsto en los artículos 67 a
71 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En ningún caso la entidad deberá esperar a que el acreedor presente la solicitud de pago para cumplir con
este trámite. Si durante la ejecución de este trámite el acreedor presenta la solicitud de pago, éste se
efectuará en la cuenta que el acreedor indique.
PARÁGRAFO . En caso de que la entidad no cuente con disponibilidad presupuestal para soportar el pago
de la sentencia, laudo arbitral o conciliación, no expedirá la resolución de pago, pero deberá dejar constancia
de la situación en el expediente y realizar las gestiones necesarias para apropiar los recursos a más tardar
en la siguiente vigencia fiscal.
12 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Demandante: Lida Rocío Díaz Rincón
FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, proferida el 15 de enero de 2024, por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta decisión.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
8
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