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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-06948-00

Fecha
14 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-06948-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Polivio Leandro Rosales Cadena. SEGUNDO: NIÉGANSE las solicitudes de desvinculación elevadas por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-06948-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

14 de diciembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06948-00
Accionante: Polivio Leandro Rosales Cadena
Se declara la improcedencia de la acción

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C. catorce (14) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06948-00
Accionante: Polivio Leandro Rosales Cadena
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Proceso de nulidad electoral /
Senador de la República / Circunscripción especial indígena / Inaplicación de la
excepción de inconstitucionalidad / Se declara la improcedencia de la solicitud de
amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la acción de tutela presentada por el señor Polivio Leandro
Rosales Cadena contra la sentencia del 28 de septiembre de 2023 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que se anuló su elección como senador de
la República por la Circunscripción Especial Indígena, para el periodo constitucional
comprendido entre 2022 y 2026.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017, 333 de 2021 y en
el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06948-00
Accionante: Polivio Leandro Rosales Cadena
Se declara la improcedencia de la acción

1.- El 15 de noviembre de 2023 el señor Rosales Cadena presentó, a través de
apoderada judicial, una acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva y participación política, entre
otros.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones:

<<1. APLICAR la excepción de inconstitucionalidad (artículo 4 de la Constitución
Política), garantizando por vía de aplicación del bloque de constitucionalidad (artículo 93
Ejusdem), la Convención Americana de Derechos Humanos (Literal h. Numeral 8.2),
garantizando el derecho universal de recurrir la decisión judicial.

2. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso debido proceso (firmeza y
ejecutoria sin haberse resuelto el incidente de nulidad - doble instancia), el literal h),
numeral 2° del artículo 8 y artículo 25 de la Convención Americana de Derechos
Humanos que confluye en la vulneración de los derechos a la defensa, juez natural,
contradicción, acceso efectivo a la administración de justicia. Así como también el
artículo 2 (3) y 14 (5) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos vulnerados
por la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado (Numeral Tercero de la
sentencia del 28 de septiembre de 2023). Como consecuencia,

3. DEJAR SIN EFECTO el NUMERAL TERCERO de la sentencia del 28 de septiembre
de 2023 de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

4. ORDENAR a la Sección Quinta del Consejo de Estado otorgar la oportunidad procesal
para recurrir el fallo, con la debida observancia de los principios y derechos
fundamentales, y de conformidad con el precedente del juez constitucional y
convencional.

5. ORDENAR al Presidente del Congreso de la República, SUSPENDER la ejecutoria
de la sentencia del 28 de septiembre de 2023 de la Sección Quinta del Consejo de
Estado, esto es, evitar los efectos jurídicos y/o administrativos de la actuación del 01 de
noviembre de 2023, ya que la sentencia del 28 de septiembre de 2023 NO HA
COBRADO FIRMEZA y EJECUTORIA al estar aún pendiente de resolver el incidente de
nulidad originada en la sentencia y una recusación.

6. OTORGAR a su sentencia efecto inter comunis e inter pares, con el fin de materializar
el principio de igualdad en fallos subsiguientes, propios o en casos semejantes.

7. ORDENAR cualquier otra orden que considere el juez constitucional pertinente en
procura de la protección de los derechos fundamentales vulnerados>>.

B. Fundamentos de la acción de tutela

3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

2

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Accionante: Polivio Leandro Rosales Cadena
Se declara la improcedencia de la acción

3.1.- El 13 de marzo de 2022 fue elegido senador de la República por la Circunscripción
Especial Indígena, para el periodo constitucional comprendido entre 2022 y 2026. Su
candidatura fue avalada por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia –
AICO.

3.2.- Posteriormente, el señor Richard Humberto Fuelantala Delgado presentó demanda
de nulidad electoral contra la elección del actor y alegó la configuración de la causal de
nulidad establecida en el numeral 5º del artículo 275 del CPACA1. Afirmó que el
accionante incurrió en la inhabilidad señalada en el numeral 3º del artículo 179 de la
Constitución Política2, en concordancia con el numeral 3º del artículo 280 de la Ley 5 de
19923.

3.3.- Mediante sentencia del 28 de septiembre de 2023 la Sección Quinta del Consejo
de Estado declaró probada de oficio la existencia de la cosa juzgada en relación con la
configuración de la inhabilidad contenida en el numeral 3º del artículo 179 de la
Constitución Política, porque en la sentencia del 7 de julio de 20234 la Sala
Decimosegunda Especial de Decisión de Pérdida de Investidura5 concluyó que el actor
incurrió en la aludida inhabilidad.

3.3.1.- Aunado a ello, encontró que el actor suscribió ―como representante legal de una
entidad indígena sin ánimo de lucro― el contrato 2021000755. La suscripción de este
contrato se realizó dentro de los seis meses anteriores a la fecha en que tuvo lugar la
jornada electoral en la que resultó elegido como congresista, por lo que ese hecho
también daba lugar a la inhabilidad contemplada en el numeral 3º del artículo 179 de la
Constitución Política.

3.3.2.- La parte resolutiva del fallo quedó así:

1
<<Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los
eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando: (…) 5. Se elijan candidatos o se nombren
personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas
en causales de inhabilidad>>.
2
<<Artículo 179. No podrán ser congresistas: (…) 3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante
entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido
representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses
anteriores a la fecha de la elección>>.
3
<<Artículo 280. Casos de inhabilidad. No podrán ser elegidos Congresistas: (…) 3. Quienes hayan intervenido
en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el
de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones para
fiscales, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la elección >>.
4
Proceso con radicado No. 11001-03-15-000-2023-01743-00.
5
Esa Sala se integró por los magistrados Fredy Ibarra Martínez, Oswaldo Giraldo López, Juan Enrique Bedoya
Escobar, Wilson Ramos Girón y Luis Alberto Álvarez Parra.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06948-00
Accionante: Polivio Leandro Rosales Cadena
Se declara la improcedencia de la acción

<<PRIMERO. DECLARAR probada de oficio la existencia de cosa juzgada, en los
términos del parágrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018, en relación con la
configuración de la inhabilidad del artículo 179.3 superior, como consecuencia de la
suscripción del contrato 2021000759 por parte del demandado, en representación de la
ESAL AICO por la Pacha Mama, conforme lo señalado en la sentencia del 7 de julio de
2023, emitida por la Sala Especial Decimosegunda de Decisión de Pérdida de Investidura
dentro del proceso 11001-03-15-000-2023- 01743-00.

SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de la Resolución E-3332 de 2022 y el formato E26
SEN, en lo que tiene que ver con la elección de Polivio Leandro Rosales Cadena como
senador de la República para el periodo constitucional 2022-2026.

TERCERO. ADVERTIR a las partes que contra la presente decisión no proceden
recursos>>.

3.4.- El 24 de octubre de 2023 el accionante radicó una <<solicitud de nulidad originada
en la sentencia>>, y el 31 de octubre de 2023 presentó una recusación contra el
magistrado ponente que dictó la sentencia de nulidad electoral. A la fecha de
presentación de la tutela, estas solicitudes no habían sido resueltas.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- El accionante alega la configuración de los defectos: (i) orgánico, (ii) procedimental
absoluto y (iii) violación directa de la Constitución. Sin embargo, solo sustenta los dos
últimos.

4.1.- En relación con el defecto procedimental absoluto indica que en el numeral tercero
de la parte resolutiva de la sentencia acusada se dispuso que contra esa decisión no
procedían recursos, lo cual vulnera sus derechos fundamentales por no garantizarle la
doble instancia. Aduce que el medio de control de nulidad electoral en única instancia
establecido en el CPACA viola el debido proceso y sus derechos políticos, y contraría
disposiciones contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos (en
adelante, la Convención) y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en
adelante, el Pacto). En consecuencia, señala que debe aplicarse la excepción de
inconstitucionalidad del artículo 149.3 del CPACA, con el fin de garantizarle su derecho
a la segunda instancia.

4.1.1.- Afirma que se vulnera el literal h del numeral 2° del artículo 8 de la Convención
que consagra como garantía judicial el <<derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal
superior>>, porque como la acción de nulidad electoral contra los senadores es de única
instancia, excluye la posibilidad de que la sentencia sea revisada por un juez superior,

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Accionante: Polivio Leandro Rosales Cadena
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con lo cual se desconoce el principio de la doble instancia. Agrega que, en virtud del
artículo segundo de la Convención, los Estados tienen el deber y la responsabilidad de
asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y las garantías del debido
proceso; sin embargo, a su juicio, el Estado colombiano ha incumplido esa obligación
supranacional.

4.1.2.- También advierte que se desconoce el artículo 25 de la Convención, que
establece lo siguiente:

<<Artículo 25. Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio
de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:

a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado
decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en
que se haya estimado procedente el recurso >>.

4.1.3.- Indica que se viola el numeral 3 del artículo 2 y el numeral 5 del artículo 14 del
Pacto. El primero, prevé que los Estados parte se comprometen a garantizar un
<<recurso efectivo>> a las personas que consideren que les han sido violados derechos
o libertades reconocidos en el Pacto; el segundo, señala que toda persona <<declarada
culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya
impuesto sean sometidos a un Tribunal Superior, conforme a lo prescrito por la ley>>.
Añade que si bien este último hace referencia solamente a procesos sancionatorios,
esas garantías y derechos se extienden a todo tipo de procesos. Para el efecto, cita
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se reitera
que el derecho a recurrir del fallo es una garantía fundamental de toda persona.

4.2.- Frente al cargo de violación directa de la Constitución trae a colación la sentencia
SU-146 de 2020 en la que la Corte Constitucional efectuó un recuento sobre el derecho
fundamental a recurrir decisiones judiciales. Sostiene que si bien allí se hizo referencia
solamente a asuntos penales, eso no es óbice para que sea aplicado al proceso
contencioso administrativo. También puso de presente el auto del 19 de mayo de 2023

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proferido por la Sala Especial de Decisión No. 09 de la Sala Contencioso Administrativa
en lo que respecta a la <<excepción de inconstitucionalidad e inconvencionalidad>>.

4.2.1.- Agrega que la autoridad judicial accionada debió realizar el control de
constitucionalidad y convencionalidad del artículo 149.3 del CPACA porque, de haberlo
hecho, habría aplicado la excepción de inconstitucionalidad de manera oficiosa con el
fin de garantizarle eficazmente sus derechos fundamentales y brindarle la posibilidad de
recurrir el fallo de instancia.

4.2.2.- Por último, manifiesta que la Sección Quinta de esta Corporación vulneró su
derecho fundamental al debido proceso al oficiar al presidente del Congreso indicándole
que el fallo del 28 de septiembre de 2023 se encontraba ejecutoriado, pues ello
desconoció que había presentado una solicitud de nulidad contra esa sentencia y una
recusación contra el magistrado ponente que dictó el fallo, lo cual no ha sido resuelto y,
por tanto, la decisión no ha cobrado firmeza.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- La Sección Quinta del Consejo de Estado (accionado) solicitó negar las pretensiones.
Respecto de la excepción de inconstitucionalidad del numeral 3 del artículo 149 del
CPACA, sostuvo que si bien la Corte Constitucional no ha realizado control de
constitucionalidad sobre esa norma, lo cierto es que en la sentencia C-605 de 2019 la
Corte declaró la exequibilidad de los artículos 151y 152 del CPACA en lo que respecta
a la competencia de los Tribunales Administrativos para conocer en única instancia de
la nulidad del acto de elección de determinados alcaldes y miembros de corporaciones
públicas de municipios.

5.1.- Señaló que el Consejo de Estado intervino en el mencionado proceso de
constitucionalidad, en el sentido de defender la constitucionalidad del medio de control
de nulidad electoral en única instancia, por lo que los motivos expuestos por la Corte en
esa sentencia son equiparables para el numeral 3 del artículo 149 del CPACA.
Argumentó que según el numeral 2º del artículo 150 de la Constitución, el legislador
cuenta con un amplio margen para configurar los procedimientos judiciales, y que el
hecho de que hubiere determinado una única instancia para los asuntos de nulidad
electoral no constituía una medida irrazonable o desproporcionada.

5.2.- Agregó que el principio de la doble instancia no tiene carácter absoluto ni se trata
de una garantía que, de manera forzosa, deba aplicarse en todo proceso judicial, pues
solo en materia penal hace parte del núcleo esencial del debido proceso en relación con

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el derecho a impugnar la sentencia condenatoria, tal como lo ha sostenido la Corte
Constitucional en las sentencias C-019 de 1993, C-005 de 1996, C-179 de 1995 y C-
788 de 2002.

5.3.- Expuso que el hecho de que contra una decisión no proceda el recurso de
apelación, no implica en modo alguno la indefensión de los sujetos procesales
inconformes con la decisión adoptada en la sentencia. Lo anterior, porque el CPACA
prevé el recurso extraordinario de revisión e incluso puede acudirse a la acción de tutela,
como hace el actor en el caso concreto.

5.4.- Finalmente, mencionó que ya se resolvió la solicitud de nulidad presentada por el
actor contra la decisión acusada, y la recusación en contra del magistrado ponente que
dictó el fallo de nulidad electoral.

6.- El secretario general del Senado de la República (tercero con interés) solicitó declarar
la improcedencia de la acción o, en su defecto, negar las pretensiones. Adujo que
mediante oficio 2023-525 del 1º de noviembre de 2023, la Secretaría de la Sección
Quinta del Consejo de Estado le informó que la sentencia del 28 de septiembre de 2023
quedó ejecutoriada el 26 de octubre de 2023. Agregó que la acción de tutela no es un
mecanismo procedente para sustituir las vías ordinarias ni para entablar una instancia
adicional al proceso electoral.

7.- El Consejo Nacional Electoral (tercero con interés) solicitó su desvinculación del
proceso y que se negara el amparo. Señaló que esa autoridad no tiene competencia
para controvertir las decisiones proferidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
por lo que carece de legitimación en la causa por pasiva. En todo caso, aseguró que no
ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante.

8.- La Registraduría Nacional del Estado Civil (tercero con interés) solicitó su
desvinculación del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva. Indicó que
esa autoridad no ha vulnerado derecho fundamental alguno, y que tampoco tiene
competencia para resolver los reparos planteados por el actor.

9.- El señor Richard Humberto Fuelantala Delgado (tercero con interés) guardó silencio,
pese a estar debidamente notificado.

II. CONSIDERACIONES

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10.- La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela porque la discusión
planteada por el accionante sobre la constitucionalidad de una disposición legal es del
resorte de la Corte Constitucional, a través de la acción pública de constitucionalidad.
Así mismo, negará las solicitudes de desvinculación formuladas por el Consejo Nacional
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, en tanto dichas autoridades fueron
vinculadas al presente proceso en calidad de terceros con interés.

11.- Si bien es cierto que en el trámite de la acción de tutela los jueces deben aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ―artículo 4 de la CP―, solo pueden hacerlo cuando,
teniendo en cuenta las especificidades del caso concreto, encuentren que la aplicación
de una disposición legal resulta violatoria de la Constitución Política. El juez de tutela
no es el competente para decidir si –de manera general– una norma es inconstitucional:
esa competencia está en cabeza de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241 de
la CP.

11.1.- Para los eventos en los cuales la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre
la constitucionalidad de una disposición legal, la jurisprudencia de dicha Corporación ha
sostenido que el juez debe aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando <<en
virtud de la especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación de la norma
acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del
ordenamiento iusfundamental. En otras palabras, puede ocurrir también que se esté en
presencia de una norma que, en abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no
pueda ser utilizada en un caso concreto sin vulnerar disposiciones constitucionales>>6.

6
Sentencia T-681 de 2016, reiterada en T-215 de 2018 y SU-599 de 2019. En la primera sentencia, la Corte señaló
que: <<Dicha facultad puede ser ejercida de manera oficiosa o a solicitud de parte cuando se está frente a alguna de
las siguientes circunstancias: (i) La norma es contraria a las cánones superiores y no se ha producido un
pronunciamiento sobre su constitucionalidad, toda vez que de ya existir un pronunciamiento judicial de carácter
abstracto y concreto y con efectos erga omnes, la aplicación de tal excepción de inconstitucionalidad se hace inviable
por los efectos que dicha decisión genera, con lo cual cualquier providencia judicial, incluidas las de las acciones de
tutela deberán acompasarse a la luz de la sentencia de control abstracto que ya se hubiere dictado; (ii) La regla
formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya sido objeto de una declaratoria de
inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional o de nulidad por parte del Consejo de Estado, en respuesta a una
acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso; o, (iii) En virtud, de la
especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación de la norma acarrea consecuencias que no estarían
acordes a la luz del ordenamiento iusfundamental. En otras palabras, “puede ocurrir también que se esté en presencia
de una norma que, en abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no pueda ser utilizada en un caso concreto
sin vulnerar disposiciones constitucionales”>>.

En todo caso, vale la pena aclarar que el alcance de esta figura es interpartes y, por contera, la norma inaplicada no
desaparece del sistema jurídico, por lo que continúa siendo válida, de modo que <<las excepciones de
constitucionalidad pueden ser acogidas o no por esta Corporación, no configura un precedente vinculante y tiene
preeminencia sobre los fallos particulares que se hayan dado por vía de excepción. Así se preserva la competencia
funcional de la Sala Plena para pronunciarse de fondo sobre la materia, siendo esta la instancia última de control de
constitucionalidad de las leyes, conforme al artículo 241 superior>>.

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11.2.- Lo que propone el accionante en esta oportunidad es la discusión general y
abstracta respecto de la constitucionalidad de una norma, concretamente, el artículo
149.3 del CPACA, que le atribuyó competencia al Consejo de Estado para conocer en
única instancia de la nulidad de los actos de elección de los senadores de la República,
por lo que esta debe plantearse ante la Corte Constitucional7.

11.3.- Tal y como se advierte de los antecedentes del caso, al actor se le impuso la
pérdida de investidura por la misma causal de nulidad electoral; pero, en el primer
proceso, el accionante no agotó el recurso de apelación, a pesar de que tuvo la
oportunidad para interponerlo. La sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado
en la que se declaró la nulidad de la elección del accionante como senador de la
República se limitó a declarar la excepción de cosa juzgada, a partir de lo dispuesto en
la sentencia de pérdida de investidura en la que se estableció la existencia de tal
inhabilidad. La cosa juzgada comporta simplemente constatar que en otro proceso ya
se decidió sobre la existencia de la inhabilidad del congresista y, por ende, el juez no
puede volver a pronunciarse sobre ella. Esa es la razón de esta decisión y frente a ella
no se formula ningún cargo en la acción de tutela.

11.4.- En otros términos, el accionante está impugnando la <<decisión>> de la Sección
Quinta de anular su elección por constatarse que incurrió en una inhabilidad. Y lo cierto
es que donde se decidió que, efectivamente, el actor había incurrido en la inhabilidad,
fue en la decisión que decretó la pérdida de investidura.

12.- Finalmente, en lo que respecta a si el fallo acusado se encuentra o no ejecutoriado
debido a la solicitud de nulidad y a la recusación que formuló el actor con posterioridad
a la expedición de la sentencia, la Sala constata que: (i) a través de auto del 16 de
noviembre de 2023 la recusación se declaró infundada8, y (ii) a través de auto del 30 de
noviembre de 2023 la solicitud de nulidad fue rechazada9. En consecuencia, no cabe
duda de que, a la fecha, la sentencia acusada se encuentra ejecutoriada y debe
cumplirse.

7
La Corte Constitucional en sentencia C-605 de 2019, refiriéndose a la constitucionalidad de las disposiciones
constitucionales que consagran acciones electorales de única instancia, señaló: <<El que el proceso judicial se
adelante en única instancia, posibilidad prevista por la propia Constitución al atribuir al legislador competencia para
establecer excepciones a la regla de la doble instancia, no implica en sí misma la afectación del debido proceso o de
su núcleo esencial. Y, de otra parte, de ello no se sigue de manera necesaria una afectación del derecho a acceder
a la justicia, ni siquiera en el contexto de las acciones públicas cuyo ejercicio corresponde a un derecho político
fundamental>>.
8
Esa providencia se notificó el 20 de noviembre de 2023.
9
Esa providencia se notificó el 1º de diciembre del 2023.

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Accionante: Polivio Leandro Rosales Cadena
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor
Polivio Leandro Rosales Cadena.

SEGUNDO: NIÉGANSE las solicitudes de desvinculación elevadas por el Consejo
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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