Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06954-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06954-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06954-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
14 de diciembre de 2023
Demandante: Rubiela Isaza Suárez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06954-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06954-00
Demandante: RUBIELA ISAZA SUÁREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisito de inmediatez
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991 y 333 de 2021, así como del Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
Mediante escrito presentado el 15 de noviembre de 2023, la señora Rubiela Isaza
Suárez, por conducto de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de obtener el amparo de sus
derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, así como los
principios a la seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima.
Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de
la sentencia de 29 de marzo de 2023 dictada por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, a través de la cual revocó la decisión proferida el 11 de mayo de 2022
por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Cali, que accedió a
las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por la actora contra la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales –
UGPP. La referida causa se identificó con el radicado 76001-33-33-014-2015-
00227-01.
1.2. Peticiones de amparo constitucional
Las pretensiones son las siguientes:
Que, para evitar la continuidad del PERJUICIO GRAVE, IRREPARABLE E
IRREMEDIABLE, SE ORDENE DEJAR SIN EFECTOS la SENTENCIA No 30 del 29 de
marzo de 2023, del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL a traves de la cual
REVOCO la sentencia No. 52 del 11 de mayo de 2022, PROFERIDA POR el Juzgado
Catorce Adminislrativo del Circuito Judicial de Cali, que accedi6 a las pretensiones de la
demanda. Por vulnerar los derechos fundamentales al minima vital, a la seguridad social,
asì como los principios de seguridad juridica, buena fe y confianza legitima, por aplicar
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el precedente jurisprudencial constitucional violación directa de la constituci6n con base
en principios y valores constitucionales coma el de favorabilidad e igualdad de la señora
RUBIELA SUAREZ.
En consecuencia, ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA confirmar la sentencia No. 52 del 11 de mayo de 2022, proferida por EL
JUZGADO CATORCE ADMINISTi1ATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por RUBIELA ISAZA
SUAREZ contra la UGGP. declarando "la nulidad de la Resolución No. RDP 033042
del 29 C: octubre de 2014, par medio de la cual se neg6 el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes, así como de las Resoluciones RDP 038815 del 23 de diciembre de
2014 y No. RDP 003602 del 29 de enero de 2015, por media de las cuales se resolvieron
los recursos de reposición y apelación1.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:
La actora refirió que convivió en unión libre con el señor Tito Miller Parra Córdoba
desde el 14 de enero de 1968 hasta la fecha de su fallecimiento, el 9 de marzo de
1982.
Dijo que de dicha unión procrearon tres hijos de nombres Sandra Liliana, Tito Miller
y Giovanna Marcela Parra Isaza, todos mayores de edad.
Sostuvo que el causante laboró como empleado público en el Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional, desde el 1 de marzo de 1957 hasta el 15 de noviembre de 1958,
y al servicio de la Dirección General de Aduanas, desde el 16 de diciembre de 1970
hasta el 9 de marzo de 1982.
Mediante Resolución 01014 del 26 de abril de1983, el Ministerio de Hacienda y
Crédito público- Dirección General de Aduanas, le reconoció las prestaciones
sociales generadas con ocasión al fallecimiento de su compañero, beneficio
reconocido en su calidad de compañera permanente y en representación de sus
hijos menores de edad.
El 31 de julio de 2014 solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión
de sobrevivientes que le fue negada mediante Resolución No. RDP 033042 del 29
de octubre de 2014, decisión ratificada mediante actos administrativos RDP 038815
del 23 de diciembre de 2014 y 003602 del 29 de enero de 2015.
Por intermedio de apoderado judicial, la tuelante presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho mediante la cual
pretendió la nulidad de los actos administrativos que le negaron las prestaciones
reclamadas expedidos por la UGPP.
Del referido proceso, conoció en primera instancia el Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito Judicial de Cali, que en sentencia de 11 de mayo de
1 Trascrito con posibles errores ortográficos y negritas del texto original.
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2022, accedió parcialmente a las súplicas deprecadas, al considerar que el
precedente jurisprudencial que ha dado aplicación retrospectiva a la Ley 100 de
1993, para los miembros de la Policía Nacional se encontraba sujeta a un régimen
especial que exigía requisitos más gravosos en el Sistema General de Pensiones,
y dado que en el presente asunto se acreditó que el causante Parra Córdoba
contribuyó en mayor medida con el sistema pensional, por más de doce años y
hasta el momento de su fallecimiento, en virtud del principio de favorabilidad,
también resultaba procedente el reconocimiento de la prestación solicitada
conforme lo establecido en esa normativa.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en fallo de 29 de marzo de 2023, en
su condición de ad quem, al desatar los recursos de alzada elevados por las partes,
revocó la providencia recurrida, bajo la siguiente conclusión:
El señor TITO MILLER PARRA CÓRDOBA laboró como soldado al servicio de la
Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional desde el 01 de abril de 1957
hasta el 15 de noviembre de 1958, para un total de un (1) año, siete (7) meses y
quince (15) días. (Pág. 13-18 archivo 01). Además, el señor PARRA CORDOBA
trabajó al servicio de la Dirección General de Aduanas como “guarda de aduana
5160-11 de la Subdirección del resguardo” desde el 16 de diciembre de 1970 hasta
el 9 de marzo de 1982 para un total de once (11) años, dos (2) meses y veintitrés
(23) días (Pág. 57-59 archivo 05).
Se encuentra acreditado con la prueba idónea del registro civil de defunción que el
señor PARRA CORDOBA falleció el 9 de marzo de 1982 (Pág. 19 archivo 01).
En virtud de lo anterior, se impone aplicar el criterio jurisprudencial de unificación
proferido por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que aún
se aplica de manera pacífica y uniforme en la Jurisdicción de lo Contenciosa
Administrativa, por lo tanto, no existe vicio de nulidad en el acto demandado por no
dar aplicación retroactiva a la Ley 100 de 1993, pues lo cierto es que el régimen
pensional vigente para la fecha de fallecimiento del causante, que es el aplicable,
estipulaba que el empleado debía haber acumulado 20 años de servicio y tal como
se dejó visto el señor PARRA CORDOBA solo acumuló 12 años, 10 meses y 8 días.
1.3.6. La anterior decisión fue notificada el 31 de marzo de 2023.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La tutelante en primer lugar citó los artículos 2, 4 a 6, 13 y 86 de la Constitución
Política, luego refirió generalidades sobre la procedencia de la acción de tutela
contra providencia constitucional y, finalmente, alegó que la sentencia cuestionada
incurrió en los yerros fáctico, desconocimiento del precedente y por violación directa
de la Constitución con lo cual se vulneraron sus garantías constitucionales.
Frente al primer defecto, señaló que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
desconoció el acervo probatorio recaudado en el proceso y, en su sentir,
debidamente sustentado por el operador judicial de primer grado, pues, en dicha
instancia se acreditó con los distintos medios de prueba que tenía derecho al
beneficio pensional.
Indicó que con la actuación de la autoridad judicial encartada se conculcaron sus
prerrogativas superiores al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, lo cual constituye una infracción directa a la norma de normas.
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De otra parte, en relación con el desconocimiento del precedente enfatizó que en la
providencia acusada se omitió aplicar la sentencia T-525 de 2017 referida a la
aplicación retrospectiva la Ley 100 de 1993, asimismo indicó: «la Corte
Constitucional ha enfatizado que en los eventos en los cuales el afiliado falleció
habiendo cotizado una elevada cantidad de años al sistema sin que haya
configurado derecho pensional alguno que le sea posible sustituir y sin que al
momento de su muerte haya estado vigente la figura de la pension de
sobrevivientes, se concluye que la situación jurídica no se ha consolidado y, por
ello, resulta admisible la aplicación retrospectiva del ordenamiento jurídico actual en
lo relacionado con la figura de la pension de sobrevivientes». Todo lo anterior para
salvaguardar el derecho a la seguridad social y mas de las personas de la tercera
edad.
Indicó que la solicitud de amparo es procedente en la medida que se trata de una
persona de la tercera edad que requiere de la protección de sus derechos ante un
perjuicio irremediable por lo padecimientos de salud2.
Sobre el punto refirió:
En el presente caso se evidencia que la accionante como producto de su
avanzada edad (70 años), así como en raz6ón a las diversas enfermedades que
padece, tiene el normal ejercicio de sus derechos fundamentales afectados, por
ello, se constituye en sujeto de especial protección constitucional. Por lo anterior,
se estima no solo resulta desproporcionado exigirle el desarrollo de un proceso
jurisdiccional ordinario que resuelva en forma definitiva la titularidad del derecho
que reclama, sino que, de hacerse de esta manera se terminaría por permitirla
vulneración de sus demás derechos fundamentales, en cuanto el mecanismo
ordinario no sería lo suficientemente idóneo como para permitir la salvaguarda
de los intereses en discusión.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 17 de noviembre de 2023, el despacho sustanciador de esta
decisión admitió la acción de tutela, ordenó notificar al demandante y a los
magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en calidad de
accionados, y les otorgó el término de dos (2) días para que rindieran el informe de
que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
Como tercero con interés, vinculó al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito
Judicial de Cali y a la UGPP, para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en
la presente acción, dentro de la misma oportunidad concedida a la parte
demandada.
De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la corporación, con la información de la tutela,
con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. Asimismo, requirió
a las autoridades la remisión digital del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho donde se dictó la providencia censurada.
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Valga precisar que más allá de la manifestación sobre padecimientos de salud, no allegó pruebas
de su dicho.
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Finalmente reconoció personería al abogado Héctor Agustín Paredes Jamauca para
actuar como apoderado de la tutelante, de conformidad con el poder allegado al
expediente.
1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 3
Por conducto del magistrado titular del despacho ponente de la decisión
cuestionada, se pronunció la referida autoridad judicial en el sentido de indicar «En
primer lugar, se plantea muy amablemente que respecto a la alegada vulneración
de los derechos de la parte accionante que se le imputa a esta Corporación, estos
no han sido trasgredidos, por cuanto la providencia por esta Corporación, contiene
las argumentaciones necesarias con las cuales la Sala de Decisión, de manera
unánime, decidió revocar la decisión proferida por el a – quo».
Refirió que de conformidad con las argumentaciones expuestas en la providencia,
objeto de censura, la Sala dio aplicación estricta al criterio jurisprudencial de
unificación proferido por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado4 que definió que no resulta procedente dar aplicación retrospectiva a la Ley
100 de 1993 para situaciones consolidadas previo a su vigencia, como ocurre en el
caso de la accionante pues lo cierto es que el régimen pensional vigente para la
fecha de fallecimiento del causante, estipulaba que el empleado debía haber
acumulado 20 años de servicio y tal como se evidenció en el estudio probatorio el
señor Parra Córdoba solo acumuló 12 años, 10 meses y 8 días.
1.6.2. Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP 5
La entidad, en su intervención, solicitó se «NIEGUE el amparo a los derechos
fundamentales incoados por el accionante por no configurarse vulneración alguna y
como consecuencia de ello se ORDENE a quien corresponda el archivo del
presente expediente constitucional». En sintesis bajo los siguientes argumentos:
Adujo que en la sentencia acusada no se incurrió en defecto material o sustantivo,
así como tampoco se inobservó el precedente judicial, sino que por el contrario la
misma se ajustó al ordenamiento legal y al precedente jurisprudencial que regula el
tema, para determinar que no era procedente dar aplicación de manera retroactiva
a la Ley 100 de 1993 a fin de reconocer la prestación de sobrevivientes por parte de
quien acciona.
Afirmó que la parte actora no puede pretender usar la acción de tutela como una
tercera instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente de
3
Correo de 22 de noviembre de 2023.
4
Ver Consejo de Estado – Sección Quinta, sentencia del veintitrés (23) de noviembre de dos mil
diecisiete (2017), expediente 11001-03-15-000-2017-01787-01(AC), consejero ponente: CARLOS
ENRIQUE MORENO RUBIO. En la misma línea ver sentencia del veintitrés (23) de septiembre de
dos mil veintiuno (2021) - Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02572-01(AC)
5
Mediante mensaje de datos del 23 de noviembre de 2023.
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la causa, después de haberse agotado un procedimiento establecido en la Ley para
el efecto.
Manifestó que la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para el
reconocimiento de peticiones prestacionales, máxime cuando ya se ha pronunciado
el juez competente de la causa.
1.6.3. Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Cali
Allegó informe en el cual realizó un resumen del trámite procesal impartido para
luego concluir lo siguiente:
Como se puede observar, las actuaciones realizadas por este Despacho, en ningún
momento han vulnerado los derechos fundamentales invocados por la accionante,
pues se tramito el medio de control respetando el debido proceso, y las providencias
emitidas por esta instancia fueron notificadas en debida forma a las partes, en
concordancia con lo establecido en la normativa.
En este sentido, deberá el Juez constitucional establecer si hay trasgresión de los
derechos acusados por la accionante en la decisión de segunda instancia del proceso
ordinario y si es del caso dar el remedio constitucional procedente.
Asimismo aportó el enlace del expediente digital solicitado.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por la señora Rubiela Isaza Suárez, de conformidad con lo establecido
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales de la accionante, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia de 29 de marzo de 2023, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca revocó el fallo del Juzgado Catorce Administrativo del Circuito
Judicial de Cali de 11 de mayo de 2022, que había accedido parcialmente a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada
contra la UGPP.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los
requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial el de la inmediatez y, en caso de
encontrase superado, junto con las demás exigencias; (iii) el caso concreto.
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2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20126,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Inmediatez
2.4.1.1. En relación con este requisito, la Sala advierte que en la presente solicitud
de amparo no se cumple, por las razones que a continuación se explican:
Al respecto, se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en un plazo
razonable10, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de lo
contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo11.
De acuerdo con lo anterior, esta Sección12 ha considerado como plazo prudencial
el de seis meses, contado desde la ocurrencia del hecho generador –el cual es la
6
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
7
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
8
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
9
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10 Dicho criterio fue expuesto en la sentencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de fecha 5 de agosto
de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios, Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras
en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 26 de febrero del 2015, Radicación 2015-00045-00,
Magistrada Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del
15 de octubre del 2015, Radicación 2015-01605-01, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
11 Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
12 Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01, Magistrada Ponente:
Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01891-01, 12 de agosto de 2013,
Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00, Magistrada Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; 3 de julio
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ejecutoria de la providencia judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud de
protección y la presentación de esta y cuando se sobrepasa dicho límite se declara
su improcedencia.
2.4.1.2. En el caso objeto de estudio, se observa que: i) la sentencia censurada fue
proferida el 29 de marzo de 2023, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca;
ii) se notificó por mensaje de datos el 31 de marzo de 2023; y iii) la tutela se radicó
el 15 de noviembre de 2023, luego, sin necesidad de establecer la fecha exacta de
ejecutoria de dicha providencia, entre estos dos extremos han transcurrido más de
seis meses, término que para la Sala no resulta razonable.
En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para promover la
acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015, cuya tesis es
acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó que la acción de tutela será
procedente, así:
[…] cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la
vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría
de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de
los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable de la actora derivada del irrespeto
por sus derechos, continúa y es actual […]13.
Al respecto, la Sala advierte que la parte accionante no manifestó argumento
alguno que encuadrara dentro de las causales que justifican el retardo para
promover la acción de tutela en un término razonable.
Deviene entonces de lo dicho que, a juicio de esta colegiatura, controvertir la
providencia judicial, lo que supone cuestionar principios como los de cosa juzgada
y seguridad jurídica, impone para el interesado que se haga en un plazo pertinente,
salvo justificación razonable, carga que le corresponde alegar a la parte
accionante. Por ello, el juicio sobre el requisito de la inmediatez frente al caso de
las tutelas contra providencias judiciales resulta ser estricto, pues basta con que la
decisión que se señala de vulnerar derechos sea conocida y se encuentre
ejecutoriada para que la persona acuda ante el juez constitucional para solicitar el
amparo de sus derechos.
En ese orden de ideas, en el sub examine no existe una explicación válida para el
ejercicio de la acción de tutela por fuera del tiempo proporcional y razonable
adoptado por la corporación.
de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00142-01, 12 de septiembre de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-
2012-02203-01, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro; 21 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-
000-2016-01549-01, Magistrada Ponente: Rocío Araújo Oñate entre otras.
13
Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de 2005, T-158
de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06954-00
2.5. Conclusión
De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de Decisión declarará la improcedencia
del mecanismo constitucional de protección, comoquiera que no se encontró
satisfecho el requisito de inmediatez.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Rubiela Isaza Suárez contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres días siguientes a
su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
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