Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06997-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06997-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-06997-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
1 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Bogotá D.C., marzo 1° de dos mil veinticuatro (2024).
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06997-01
Accionante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Y
OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (IMPUGNACIÓN)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia
excepcional / SUBSIDIARIEDAD – No se cumple porque no se interpuso el recurso
extraordinario de revisión.
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) contra la sentencia del 13 de diciembre del 2023,
mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia1.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 17 de noviembre de 2023, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), actuando
mediante apoderado, instauró demanda de tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A y el Tribunal Administrativo del Huila, por
considerar que vulneraron su derecho fundamental al debido proceso en conexidad
1 Que ingresó para fallo el 12 de febrero de 2024.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06997-01
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
con el principio de sostenibilidad financiera del Sistema Pensional luego de incurrir
en una vía de hecho y un abuso flagrante del derecho con las decisiones judiciales
por las cuales dispusieron el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor
de la señora Olga Trujillo Silva.
2. Hechos relevantes
Encontrándose en trámite la solicitud de reconocimiento y pago de su pensión el
señor Bertil Perdomo Gutiérrez falleció el 10 de noviembre de 2008. Con ocasión a
esto, el 28 de enero de 2009, la señora Olga Trujillo Silva solicitó a la Caja Nacional
de Previsión Social el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente, a
pesar de haber cesado su vínculo como cónyuges, pues siguieron conviviendo por
más de 5 años.
Mediante la Resolución No. 14554 del 3 de abril de 2009, se negó dicha solicitud,
argumentando que la peticionaria no acreditó vida marital con el causante durante
los 5 años anteriores a la fecha del fallecimiento.
Posteriormente, el 20 de junio de 2014, la señora Trujillo Silva solicitó a la UGPP el
reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, petición que fue negada
mediante las resoluciones RDP 23378 del 29 de julio de 2014, RDP27746 del 11 de
septiembre de 2014 y RDP 32754 del 28 de octubre de 2014.
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho, la señora
Olga Trujillo Silva solicitó la nulidad de los precitados actos administrativos.
Mediante sentencia del 6 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo del Huila
accedió a las pretensiones de la demanda al considerar que la demandante logró
demostrar la convivencia con el causante en los últimos 5 años anteriores a su
fallecimiento.
Inconforme con la anterior decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación y el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en providencia del 13 de julio
de 2023 -notificada el 29 de agosto de 2023- confirmó la sentencia de primera
instancia.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06997-01
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
3. Fundamentos de la demanda de tutela
La UGPP alegó que las entidades accionadas incurrieron en una vía de hecho y un
abuso flagrante del derecho al disponer el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a favor de la señora Olga Trujillo Silva conforme a los requisitos
legales establecidos en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y sentencias relevantes
como la C-515 de 2019, entre otras. Sumado a que, contabilizaron de manera
incorrecta de prescripción trienal pues las mesadas anteriores al 22 de septiembre
de 2012 se encontraban prescritas.
Por otro lado, indicó que no se presentó el recurso extraordinario de revisión, debido
a la grave irregularidad que se da en el caso frente al reconocimiento de una
pensión de sobreviviente sin el cumplimiento de los requisitos legales, y por esto
conforme a la sentencia SU-427 de 2016 se acude a la acción de tutela como el
medio principal para que se deje sin efecto la decisión judicial, así exista otro medio
de defensa ya que con este se busca poner fin al pago de una suma de dinero a la
cual no se tiene derecho.
Asimismo, alegó que se presentó un defecto sustantivo, toda vez que las
autoridades accionadas interpretaron de manera errónea el artículo 13 de la ley 797
de 2003, pues la señora Olga Trujillo Silva no reunió el requisito legal de los 5 años
de convivencia anteriores al fallecimiento del causante, que es taxativo y no permite
flexibilizarse ya que “(i) cónyuges o compañeras permanentes en la misma
situación fáctica se presentarán al reclamar pensiones de sobrevivientes invocando
el derecho a la igualdad lo que a su vez (ii) implica que se podría causar a una
afectación económica a grande escala perturbando así la sostenibilidad financiera
del estado”. Tampoco se tuvo en cuenta las sentencias2 que han definido el alcance
de la norma aplicable cuando se profiere con efectos “erga omnes” desconociendo
el precedente jurisprudencial y de carácter obligatorio.
En cuanto al defecto fáctico, arguyó que se configuró debido a que el juez careció
del apoyo probatorio para sustentar su decisión, dado que se valoró de manera
inadecuada el material probatorio que fue aportado al proceso por parte de esa
2 Se mencionaron las siguientes sentencias: Corte Constitucional: T-090 de 2016, T-266 de 2017, T-
076 de 2018 y T-409 de 2018; Corte Suprema de Justicia SL1130 Radicación No. 74857 del 22 de
marzo de 2022, Corte Constitucional con sentencia SU-108 del 11 de marzo de 2020, entre otros.
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
entidad. Prueba de esto es que, los despachos accionados tenían pleno
conocimiento que la señora Trujillo Silva y el señor Bertil Perdomo se encontraban
divorciados, pero consideraron que no era razón suficiente para negar la pensión
de sobrevivientes y que le asistía derecho.
4. Trámite en primera instancia
4.1. Mediante providencia del 21 de noviembre de 2023, se admitió la demanda de
tutela, se ordenó notificar a las autoridades accionadas, se negó la medida
provisional solicitada3 y se ordenó vincular a la señora Olga Trujillo Silva en calidad
de tercera con interés en el proceso.
4.2. El Tribunal Administrativo del Huila solicitó que se negaran las pretensiones de
la demanda de tutela, toda vez que, se satisfacen los supuestos de hecho y de
derecho para acceder al reconocimiento pensional conforme a lo estipulado en el
precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado. Sumado a que, se acreditó mediante diferentes pruebas que,
aunque los efectos civiles del matrimonio cesaron el 13 de diciembre de 2001, la
señora Trujillo Silva continuó prodigándole ayuda y asistencia al señor Perdomo
Gutiérrez hasta su fallecimiento.
Además, indicó que, la mera cesación de los efectos civiles del matrimonio católico
no justifica negar la pensión de sobrevivientes más aún si se prueba que durante
los 5 años anteriores al deceso se acompañó y se asistió hasta sus últimos días.
4.3. La señora Olga Trujillo Silva, solicitó que se declarará improcedente la demanda
de tutela, debido a que, la UGPP lo que busca es una tercera instancia para que se
analice lo que se dejó de proponer como reparos concretos en su recurso de
3 La parte demandante solicitó como medida provisional lo siguiente:
«[…] se SUSPENDA la ejecución de las sentencias del 6 de octubre de 2020 y 13 de julio de 2023,
mientras se resuelve esta acción constitucional de amparo en aras de evitar la configuración de un
perjuicio que se generará con el pago por concepto de mesadas pensionales, retroactivo e
indexación que equivale a más o menos a $272.144.122,80 M/cte más las mesadas pensionales que
se causan en adelante mes a mes a las cuales la señora OLGA TRUJILLO SILVA no tiene derecho
y que por el contrario hace que se ponga en peligro el erario ya que de encontrar procedente la
configuración de los defectos aquí enlistados y la procedencia de esta tutela para dejar sin efectos
la orden censurada, generará que cualquier pago que se haga no podrá ser recuperado en virtud del
principio de buena fe que amparará a la señora OLGA TRUJILLO pero que irá en contra del Sistema
Pensional que estamos buscando proteger con esta acción tutelar. […]»
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
apelación. Es decir que la entidad esbozó nuevas pretensiones y hechos que no
fueron objeto de debate en primera ni segunda instancia atentando contra el
principio de legalidad, congruencia y contra el debido proceso sin tener en cuenta
las etapas preclusivas que tiene dispuesta la ley, ejemplo de esto es lo relacionado
con el desconocimiento injustificado del precedente judicial.
4.4. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección guardó silencio.
5. La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 13 de diciembre de 2023, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B declaró improcedente el amparo solicitado, por considerar
que “las inconformidades planteadas por la parte actora deben ser dilucidadas por
el juez natural del asunto a través del Recurso Extraordinario de Revisión, en los
términos de los artículos 248 y 250 causal séptima de la Ley 1437 del 2011”.
Adicionalmente, sostuvo que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-026 de
2021, reiteró su jurisprudencia en el sentido de precisar que el recurso extraordinario
de revisión resulta un mecanismo idóneo y eficaz cuando “a) la única violación
alegada sea el derecho al debido proceso y, eventualmente, la de otros derechos
que no tienen carácter fundamental, o b) cuando el derecho fundamental cuya
protección se solicita sea susceptible de ser protegido de manera integral dentro del
trámite del recurso, porque concurren en él (i) causales de revisión evidentemente
dirigidas a salvaguardar dicho derecho, y (ii) en caso de prosperar el recurso,
decisiones que restauran de forma suficiente y oportuna el derecho”.
De conformidad con lo anterior, afirmó que en el caso sub examine confluyen los
elementos estructurales para que proceda el estudio por la causal séptima del
artículo 250 del CPACA y, por tanto, la demanda de tutela no cumplió con el requisito
de subsidiariedad.
6. La impugnación
La UGPP impugnó la anterior decisión: Al respecto reiteró los argumentos
expuestos en la demanda de tutela; adicionalmente, sostuvo que el recurso
extraordinario de revisión no resultaba un mecanismo eficaz para la protección de
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
los derechos fundamentales , dado que “debido a sus ritualidades procesales
supedita necesariamente que la protección de estos derechos se postergue y no
sea inmediata, lo que a su vez genera que el perjuicio ocasionado al Sistema
General de Pensiones se incremente con el paso del tiempo”.
De otro lado, indicó que si bien se consideró que la demanda de tutela resultaba
improcedente como mecanismo definitivo se debió acceder a la protección de los
derechos fundamentales de forma transitoria ante la grave afectación al erario
ocasionada con el reconocimiento pensional
II. C O N S I D E R A C I O N E S
La Subsección confirmará el fallo de primera instancia, toda vez que la solicitud de
amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad, como lo señaló la Subsección
B de la Sección Segunda de la Corporación.
Sobre el particular, el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política 4, así
como el artículo 6 del Decreto 2591 de 19915 precisan el carácter subsidiario de la
acción de tutela, por cuanto esta sólo es procedente cuando no se dispone de otro
medio de defensa judicial.
En el caso sub examine, la UGPP alegó, en síntesis, que con el reconocimiento
efectuado en las decisiones cuestionadas se incurrió en un “abuso del derecho” y,
por tanto, frente a dicho aspecto el legislador contempló un instrumento idóneo y
eficaz para cuestionar decisiones como las que ahora ataca la entidad accionante
por vía de tutela, esto es, el recurso extraordinario de revisión.
4 “Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.
“(…).
“Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable” (se destaca).
5 “ARTÍCULO 6 Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
“1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante” (se destaca).
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
En efecto, el artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo prescribe que “el recurso extraordinario de revisión
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y
subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos” (se
destaca).
A su vez, el artículo 250 de esa misma normativa consagra que procede el recurso
de revisión cuando el demandante no tiene “la aptitud legal necesaria o perder esa
aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales
para su pérdida”; además, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 consagra que:
Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales
que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas
por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.
Por su parte, el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que “el recurso podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia (…)
en el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a
la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso”.
Así las cosas, la Subsección considera que ante la procedencia del recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia de segunda instancia proferida el 13
de julio de 2023 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
se insiste, no se cumple en este caso el requisito de subsidiariedad de la acción de
tutela.
De otra parte, pero como complemento de lo anterior, la Sala descarta un posible
abuso palmario del derecho, que habilite el estudio de fondo por parte del juez
constitucional, dado que los supuestos de hecho que estructuran el presente caso
no se identifican con los señalados por la Corte Constitucional como aquellos
eventos en los que se está frente a esa figura, más aún si se considera que las
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condiciones establecidas por esa Corporación para que ello se presente6 hacen
referencia a situaciones en las que se controvierte el reconocimiento del derecho
pensional o su reliquidación, y no como en este caso, en el que se discute la
sustitución del mismo, en razón a que la prestación ya estaba en cabeza de la
causante.
Finalmente, conviene mencionar que la parte actora, en el escrito de impugnación,
planteó la posibilidad de acceder a un amparo transitorio ante la configuración de
un perjuicio irremediable por la grave afectación al erario; sin embargo, a juicio de
la Sala, la parte actora no acreditó la existencia de dicho perjuicio que haga
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio y, por el contrario, se
advierte que la afectación del erario es precisamente lo que torna viable el ejercicio
del recurso especial de revisión establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
De conformidad con lo anterior, la Subsección confirmará la decisión de primera
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
6 «Ahora, para determinar el abuso del derecho, la Corte ha señalado que se presenta, entre
otros supuestos, cuando: (i) se evidencia un incremento pensional significativo en los últimos
años de servicios, que escapa del sendero ordinario de la carrera pensional del beneficiario y que
conduce a que su pensión no guarde ninguna relación o correspondencia con los aportes que
acumuló en su vida laboral, y/o (ii) que el aumento sea consecuencia de una vinculación
precaria en un cargo con ingresos salariales superiores como, por ejemplo, las suplencias en el
caso de los congresistas, el encargo como magistrados y la asignación en cargos provisionales».
Sentencia T-334 de 202, reiterativa de la tesis acogida en la sentencia SU-631 de 2017.
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Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 13 de diciembre de 2023 por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece
a la derecha.
VF
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