Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06998-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06998-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-06998-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
15 de febrero de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06998-00
Demandante: Heriberto Monroy
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-06998-00
Demandante HERIBERTO MONROY
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN C Y OTRO
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedencia: la relevancia constitucional. Medio de control de
reparación directa, privación injusta de la libertad. Razonabilidad de
la medida de aseguramiento. Defectos sustantivo, fáctico, por
violación directa de la Constitución Política y por desconocimiento
del precedente.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Heriberto Monroy de conformidad con lo dispuesto por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 17 de noviembre de 20231, el señor Heriberto Monroy, interpuso acción de
tutela, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y el Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá, por considerar
vulnerados sus derechos al debido proceso, a la igualdad, a la libertad, a la honra
y a la dignidad humana.
En consecuencia, presentó las siguientes pretensiones:
“1. Que se revoque la sentencia de fecha (9) de noviembre de 2022 emitida dentro del
proceso ordinario de reparación directa con radicado 11001-33-43-060-2019-
00379-00 por el Juzgado Sesenta (60) Administrativo Del Circuito, Sección Tercera
De Bogotá D.C, por violación de los derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad, a la reparación directa de mi poderdante Heriberto Monroy, y por
contener defectos facticos, sustantivo, violación de la constitución y tratados
internacionales y desconocer el precedente jurisprudencial.
2. Que se revoque también la sentencia de (17) de mayo de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo De Cundinamarca Sección Tercera – Subsección “C”
Oralidad la cual confirma la sentencia proferida el nueve (9) de noviembre de 2022
ya mencionada, por violación de los derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad, a la reparación directa de mi poderdante Heriberto Monroy, y por
contener defectos facticos, sustantivo, violación de la constitución y tratados
internacionales y desconocer el precedente jurisprudencial.
1 Tutela radicada al correo de tutelas en línea de la Rama Judicial.
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3. En consecuencia, que se ordene al Juzgado Sesenta (60) Administrativo Del Circuito,
Sección Tercera De Bogotá D.C emitir sentencia que en derecho corresponda
resolviendo acceder a las pretensiones de la demanda tramitada dentro del proceso
ordinario de reparación directa con radicado 11001-33-43-060-2019-00379-00”.
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Heriberto Monroy fue capturado en flagrancia el 31 de mayo de
2015 en una diligencia de allanamiento en su casa de habitación en el que
fueron encontradas varias botellas, etiquetas, envolturas y licor adulterado,
razón por la que se le impuso medida de aseguramiento preventiva
intramural por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o
material profiláctico.
2.2. El 16 de diciembre de 2016 el Juzgado Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de la Mesa, Cundinamarca, negó las solicitudes
presentadas de revocatoria de la medida de aseguramiento y de modificación
de la detención intramural por domiciliaria.
2.3. La anterior decisión fue apelada y modificada por el Juzgado Penal del
Circuito de Girardot en providencia del 6 de abril de 2016 en la que sustituyó
la detención preventiva intramural por domiciliaria.
2.4. El 24 de junio de 2016 el Fiscal Primero Seccional Delegado de la Mesa,
Cundinamarca, radicó ante el juzgado solicitud de preclusión de la acción
penal en favor del señor Heriberto Monroy y finalmente el 19 de abril de
2017, se ordenó su libertad por vencimiento de términos y el 2 de noviembre
de 2017 se declaró la preclusión de la investigación ante la imposibilidad de
desvirtuar la presunción de inocencia.
2.5. Por lo anterior, los señores Heriberto Monroy, Liliana Castro López, Marilyn
Monroy Castro, Dylan Adrián Mondragón Monroy, Luisa María Castro López,
Luz Stella Monroy de Pava, Blanca Liliana Pava Monroy, Emed Pava
Monroy, Carolina Pava Monroy, María Edith Pava, Leidy Viviana Monroy
Vera, Francy Julieth Monroy Vera y Anderson Monroy Vera, en ejercicio del
medio de control de reparación directa demandaron a la Nación, Rama
Judicial, Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, con el fin
de que se declararan administrativamente responsables con ocasión de la
privación injusta de la libertad del señor Heriberto Monroy y en consecuencia,
les fueran reconocidos los perjuicios ocasionados junto con la respectiva
indemnización.
2.6. Correspondió conocer en primera instancia al Juzgado Sesenta
Administrativo de Bogotá (proceso Nro. 11001-33-43-060-2019-00379-00) que,
en providencia del 9 de noviembre de 2022, negó las pretensiones de la
demanda.
Sostuvo que la fiscalía en su momento contó con elementos razonables para
imponer medida de aseguramiento en contra del hoy accionante sin que esto
implicara que posteriormente se levantaran las medidas o se declarara la
ausencia de responsabilidad del sindicado.
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Aclaró que pese a que posteriormente por falta de pruebas no se encontrara
culpable de los delitos por los que fue sindicado y que llevaron a que fuera
absuelto, no por ello podía pretenderse una indemnización por la presunta
privación injusta de la libertad.
2.7. La decisión se apeló por la parte demandante, hoy accionante. Conoció el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C
que, en sentencia del 17 de mayo de 2023 <<notificada el 2 de junio de
2023>>, confirmó la decisión del juzgado.
Consideró que no se cumplió con la carga probatoria respecto de la
detención injusta de la libertad, ni de la dilación injustificada en el trámite de
la preclusión, no en la irregularidad de la defensa técnica.
Dijo que la procedencia de la medida de aseguramiento de detención, fue
legal, necesaria y proporcional, dado que se trataba de un sujeto que en el
domicilio que compartía con su hermano y cuñada, fueron halladas botellas
falsas y licor adulterado y de contrabando, sumado a que podría no
comparecer al proceso penal y se requería asegurar su comparecencia al
juicio, además, que para proferir la medida de aseguramiento no era
necesario que obraran en el proceso pruebas que condujeran a la certeza
sobre la responsabilidad penal del procesado, puesto que ese grado de
convicción sólo era necesario para proferir sentencia condenatoria.
En relación con la defensa técnica, señaló que el cumplimiento de la misma
no condicionaba a la impugnación de las decisiones adversas al
representado, ya que el acierto en el uso de los recursos dependía del
contexto fáctico procesal del caso concreto y que en relación con el actor, la
no impugnación que reprochaba por parte de la defensa técnica que llevó al
Defensoría del Pueblo, no había sido relevada por el defensor de confianza
del hoy accionante, señor Heriberto Monroy, que había asumido tal labor
desde el día siguiente a la adopción de la legalización de captura y decreto
de medida de aseguramiento.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora consideró que las providencias del 9 de noviembre de 2022 y del
17 de mayo de 2023 proferidas por el Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá y
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C,
respectivamente, en el proceso de reparación directa con la radicación Nro.
11001-33-43-060-2019-00379-00/01, incurrieron en los defectos sustantivo,
fáctico, por violación directa de la Constitución Política y por desconocimiento del
precedente jurisprudencial. Los fundamentos de cada uno de los mencionados
defectos se exponen a continuación:
3.1. Defecto Sustantivo. Señaló que, pese a existir normas sobre el derecho que
tiene junto con su familia a una indemnización por la privación injusta de su
libertad, estas habían sido desconocidas, tales como la regla general de
cumplir con los fines esenciales del Estado de respetar y reconocer a todas
las personas del territorio nacional la dignidad humana y los derechos
humanos a la libertad y al debido proceso.
En ese sentido, dijo que el régimen de privación de la libertad era
excepcional y que era obligación del Estado indemnizar por los daños
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causados por las autoridades públicas conforme lo dispuesto en la
Constitución Política en los artículos 1, 2, 13, 15, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32,
42, 44, 90, 93, 94, 228, 229, 250, 281, 282, 283 y siguientes, así como en el
bloque de constitucionalidad, en la declaración universal de los derechos
humanos en sus artículos 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, en la Convención
Americana Sobre Derechos Humanos en sus artículos 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 22,
24 y 25 y, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en sus
artículos 9, 10, 12, 14.
Citó como desconocida la Ley 599 de 2000 y las normas que introdujeron
reformas al Código Penal en los artículos 1, 3, 5, 6, 7, 13, 25, 29, la Ley 906
de 2004 y sus reformas, así como las normas que gobiernan el sistema de
defensoría pública en especial los artículos 1, 2, 4, 7, 11 y 31.
3.2. Defecto Fáctico. Aseveró que las decisiones cuestionadas no tuvieron en
cuenta los hechos y las pruebas y que no realizaron una valoración de las
mismas en las que se evidenciaba el error judicial del Ministerio de Justicia y
del Derecho y la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, al haber
omitido en su totalidad el informe del investigador de campo, concretamente
el álbum fotográfico (fotografías 18 a 21) y las anotaciones hechas en las
mismas en donde se indica que él habitaba en el tercer nivel de la casa
donde se produjo el allanamiento y que no se habían encontrado elementos
materiales probatorios.
Igualmente hizo mención al documento que obraba en el expediente del
proceso penal “relación de objetos examinados o incautados” en cuyo
numeral 6º se observaba que en el tercer nivel del inmueble no se
encontraron elementos materiales probatorios y evidencia física.
Que se omitió que en la audiencia de preclusión llevada a cabo el 15 de
septiembre de 2017, la fiscalía reconocía que en los interrogatorios a los
demás capturados y demás documentos de recaudo en la investigación,
nada lo vinculaba con las actividades de re envase y comercialización de
licor que fue objeto de censura.
3.3. Defecto por violación directa de la Constitución Política. Consideró
desconocidos los artículos 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13 de la Declaración Universal
de los derechos humanos, relacionados con la libertad, la igualdad, la vida en
libertad y con seguridad e igualdad ante la ley, presunción de inocencia, que
nadie puede ser detenido arbitrariamente y a la justicia imparcial en materia
penal.
Citó como desconocidos los artículos 1, 2, 7, 8, 22, 24 y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, sobre derechos y libertades sin
discriminación, entre otros, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos mencionó los artículos 9, 10, 12 y 14, sobre derechos y libertades,
derechos y garantías del detenido y del procesado, derecho a la reparación
de quien fue detenido ilegalmente, trato humano al detenido, derecho a la
circulación, igualdad ante la ley y los tribunales, presunción de inocencia,
garantías mínimas y debido proceso.
De la Constitución Política de Colombia mencionó los artículos 2, 12, 13, 15,
21, 24, 25, 28, 29, 32, 42, 44, 90, 91, 93, 94, 228, 229, 250, 281, 282 y 283 y
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concluyó que las entidades demandadas habían incurrido en una falla del
servicio que derivó en la privación injusta de su libertad y en un error judicial.
3.4. Defecto por desconocimiento del precedente. Estimó desconocido el
precedente jurisprudencial, concretamente las siguientes sentencias, que la
Sala para mayor claridad agrupará por cada una de las altas cortes:
Sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado:
• Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 05001233100020090040301
(39318), del 30 de noviembre de 2017 con ponencia del doctor Ramiro Pazos, en
el que se señalaba que el informe de inteligencia no era suficiente para privar de
la libertad, ya que carecía de valor probatorio por recaudarse fuera del proceso
penal y no dejan de ser meras hipótesis no verificadas ni controvertidas, que solo
era un criterio orientador de la investigación y que, la detención debía estar
precedida de al menos dos indicios graves de responsabilidad del investigado,
basados en pruebas legítimamente recaudadas en el proceso, por lo que
debieron existir otros elementos de convicción para imponer una medida de
aseguramiento y que, de no suceder, ameritaba una indemnización para quien
era privado de la libertad con fundamento únicamente en dichos informes de
inteligencia, como ocurría en su caso.
• Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 19001233100020030015501
(42812), del 14 de septiembre de 2017 con ponencia del doctor Ramiro Pazos,
en el que se señalaba que la debilidad probatoria en un proceso penal hacía que
fuera injusta la privación de la libertad y que cuando no existía plena prueba de
que el sindicado cometió el hecho no era posible desvirtuar la presunción de
inocencia y que, debían indemnizarse los perjuicios que se causaran.
• Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 2000123310020081027302
(40581), del 5 de diciembre de 2016 con ponencia de la doctora Stella Conto
Díaz del Castillo, en la que se indicaba que cuando no se podía desvirtuar la
presunción de inocencia, debía indemnizarse, ya que era el Estado quien estaba
obligado a desvirtuarla en el proceso penal.
• Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 25000232600020070063201
(48217), del 5 de julio de 2018, ponente doctor Jaime Orlando Santofimio. En el
que se mencionaba que los defensores de oficio que no podían desarrollar un
papel meramente formal, sin desarrollar ninguna estrategia jurídica o procesal, y
las autoridades Fiscalía y Jueces no podían tampoco observar dicha situación
simplemente permitiendo el desarrollo de las etapas procesales en esas
condiciones, al derivar en privación de la libertad de manera injusta, se constituía
en una falla del servicio por parte de la administración.
• Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente No. 36149, sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2014, con ponencia del doctor Hernán Andrade
Rincón (E), relacionada con los criterios para determinar tasación de perjuicios
morales por privación injusta de la libertad y la determinación del lucro cesante
por privación injusta de la libertad.
• Documento ordenado mediante Acta No. 23 del 25 de septiembre de 2013 con el
fin de recopilar la línea jurisprudencial y establecer criterios unificados para la
reparación de los perjuicios inmateriales, que adopta los criterios de la sentencia
de 28 de agosto de 2013, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo, radicación No. 25.022.
Sentencias de la Corte Suprema de Justicia:
• Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, Sentencia SP-154872017
(46864), del 27 de septiembre de 2017, con ponencia del magistrado Luis
Antonio Hernández. Sostuvo que allí se indicó que las declaraciones de personas
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indeterminadas no podían ser utilizadas como prueba, pues que imposibilitaban
al procesado de ejercer su derecho de contradicción mediante interrogación a
quien las rindió, razón entre otras que solo permitían ser un criterio orientador de
la investigación.
• Corte Suprema de Justicia Sala Penal, sentencia SP-1542017 (48128) del 18 de
enero de 2017 con ponencia del doctor José Francisco Acuña, en la que se
señalaba que un abogado que no era apto y no hacía ningún llamado a pruebas
dejaba en una situación de indefensión a su representado.
Sentencias de la Corte Constitucional:
• Sentencia C-546 de 2006 de la Corte Constitucional sobre restricción excepcional
de la libertad y que no se debe mantener una medida de aseguramiento que no
sea necesaria.
• Sentencia C-805 de 2002 de la Corte Constitucional sobre estándar probatorio
mínimo para privar de la libertad.
• Sentencia C-318 de 2008 de la Corte Constitucional sobre la obligación de
valoración de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad al momento de
restringir la libertad.
• Sentencia C-634 de 2000 de la Corte Constitucional en relación con el nexo entre
presunción de inocencia y la necesidad de vincular los fines constitucionalmente
admisibles de la detención preventiva.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 30 de noviembre de 2023 el despacho ponente admitió la
presente acción, ordenó la notificación a las partes accionante y accionadas
y dispuso vincular como terceros con interés a los señores Liliana Castro
López, Marilyn Monroy Castro, Dylan Adrián Mondragón Monroy, Luisa María
Castro López, Luz Stella Monroy de Pava, Blanca Liliana Pava Monroy,
Emed Pava Monroy, Carolina Pava Monroy, María Edith Pava Monroy, Leidy
Viviana Monroy Vera, Francy Julieth Monroy Vera y Anderson Monroy Vera,
quienes actuaron como demandantes en el proceso de reparación directa; a
la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la
Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y a la Defensoría del Pueblo, autoridades que
actuaron como demandadas en el proceso de reparación directa.
4.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se pronunció e indicó
que eran dos momentos en el procedimiento, uno en el que se legalizaba la
captura solo con la verificación del cumplimiento de los requisitos de ley y
otro, en el que se hacía el juzgamiento en donde podía absolverse al
sindicado y, en ese orden, advirtió que lo que pretendía el accionante era que
se reabriera la discusión y se tomara la tutela como una tercera instancia, sin
que se advirtiera la existencia de un perjuicio irremediable y que contaba con
la posibilidad de presentar el recurso extraordinario de revisión.
Explicó que, en relación con los presupuestos y procedibilidad de la medida
de aseguramiento y sus implicaciones en la responsabilidad patrimonial del
Estado, debía acudirse a los criterios fijados en las sentencias SU-072 de
2018 y C-037 de 1996.
También indicó que no le asistía legitimación por pasiva, en la medida que
dentro de sus funciones no tenía la de emitir órdenes a los despachos
judiciales.
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4.3. La Defensoría del Pueblo, rindió informe en el que manifestó que el juzgado
en la sentencia de primera instancia, hizo un correcto análisis en relación con
el hecho dañoso y el nexo causal y que, la sentencia de segundo grado
también se pronunció de los puntos de la apelación con apego a las normas
y a la Constitución.
De la acción de tutela, indicó que el actor buscaba convertirla en una tercera
instancia, razón por la que pidió se declarara improcedente.
4.4. La Fiscalía General de la Nación, presentó informe en el que sostuvo que el
actor no indicó las razones por las que consideraba que el recurso
extraordinario de revisión no resultaba procedente en el caso conceto.
Advirtió que tampoco estaban justificados los defectos que había presentado
y que las providencias habían sido emitidas conforme con los elementos de
prueba aportados al proceso y que se advertía observada la regla
jurisprudencial establecida en la sentencia SU-072 de 2018 por parte de las
autoridades judiciales accionadas.
Por lo anterior, pidió se declarara improcedente la presente acción de tutela.
4.5. El Ministerio de Justicia y del Derecho, presentó informe en el presente
trámite en el que manifestó que la tutela no podía ser considerada como una
tercera instancia, adicionalmente, hizo hincapié en la presunta configuración
de un defecto fáctico frente a lo que dijo, no hubo una fundamentación que
permitiera establecer en qué puntos se habían dejado de valorar pruebas o
se había hecho un análisis incompleto de las mismas, por el contrario,
destacó algunos apartes de la sentencia cuestionada tanto del juzgado como
del tribunal.
Por lo anterior, pidió declarar improcedente el amparo solicitado.
4.6. El Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá, rindió informe en el que
manifestó que en la sentencia proferida por ese despacho se analizó no solo
el error jurisdiccional que alegaba la parte desde el punto de vista legal a
partir de los requisitos previstos en la ley 270 de 1996 y con sustento
jurisprudencial unificado del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional
sobre privación injusta de la libertad, y la obligación del juez administrativo
del análisis de las particularidades del caso sea cual fuere el título de
imputación.
Que se estudió el caso bajo el régimen de falla probada frente a la
imputación hecha a cada demandada, determinando que la parte actora
incumplió su carga probatoria y argumentativa y que, en ese orden, lo que
hacía el accionante era manifestar su desacuerdo con lo resuelto en su
oportunidad, buscando en la tutela una ternera instancia.
También se refirió a la sentencia del tribunal e indicó que allí se hizo un
estudio juicioso de las pruebas y se concluyó que no se acreditó la existencia
de un daño antijuridico toda vez que la privación de la libertad no se tornó
injusta en la medida la preclusión de la investigación no se dio porque el
hecho no existió, no lo cometió el sindicado o no tipificaba como delito, sino
por imposibilidad de desvirtuar con grado de certeza, la presunción de
inocencia que por mandato constitucional amparaba al señor Heriberto
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Monroy, por lo que no se podía predicar ni el error fáctico ni el sustantivo
como pretendía el accionante.
Por lo anterior, pidió se negaran las pretensiones de tutela presentadas por el
accionante.
4.7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y los ciudadanos Liliana Castro López, Marilyn Monroy
Castro, Dylan Adrián Mondragón Monroy, Luisa María Castro López, Luz
Stella Monroy de Pava, Blanca Liliana Pava Monroy, Emed Pava Monroy,
Carolina Pava Monroy, María Edith Pava Monroy, Leidy Viviana Monroy
Vera, Francy Julieth Monroy Vera y Anderson Monroy Vera, no se
pronunciaron en esta oportunidad.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
generales3 y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se
deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de
sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término
prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de
una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia
atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y
viii) defecto por violación directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para
no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de
legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al
debido proceso.
Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
3. Delimitación y planteamiento del problema jurídico
3.1. Lo primero que debe puntualizar la Sala es que, si bien la parte actora
cuestiona las decisiones proferidas tanto por el Juzgado Sesenta
Administrativo de Bogotá y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, lo cierto es que en realidad el estudio debe
dirigirse contra esta última decisión que fue la proferida en instancia de
cierre, pues contra la decisión de primera instancia la parte actora contó con
la posibilidad de presentar recurso de apelación, como en efecto ocurrió.
3.2. Precisado lo anterior, teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y por
tratarse de una acción de tutela contra providencia judicial, corresponde a la
Sala establecer si la solicitud de amparo cumple a cabalidad con los
requisitos generales de procedibilidad, en concreto el de relevancia
constitucional.
De superar dicho análisis, la Sala determinará si al proferir la providencia del
17 de mayo de 2023 en el marco del proceso de reparación directa con la
radicación Nro. 11001-33-43-060-2019-00379-00/01, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, incurrió en
los defectos sustantivo, fáctico, por violación directa de la Constitución
Política y por desconocimiento del precedente jurisprudencial.
4. Requisito de relevancia constitucional y su análisis en el caso concreto
4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales
vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con
base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional.
Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a
partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la
Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito:
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(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto
de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales»6. Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se
debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya
fueron decididos por los jueces competentes.
La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que
persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan
de importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera
exclusiva al juez natural7.
La relevancia constitucional supone que la tutela no se emplee para
adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse
ante el juez de la causa, ni para insistir en las inconformidades ya resueltas
en el proceso ordinario.
6 Ibidem.
7 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
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4.2. En el presente caso, advierte la Sala que la presente acción de tutela no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, en la medida que la
parte actora busca que la acción de tutela se convierta en una instancia
adicional.
De la revisión hecha a las decisiones proferidas en sede ordinaria, es posible
establecer que tanto en primera como en segunda instancia se negaron las
pretensiones de la demanda y que, los argumentos que presenta en el
escrito de tutela guardan identidad con los del escrito de apelación, veamos:
4.3. Revisado el asunto puesto a consideración de la Sala, se advierte que los
argumentos propuestos por la parte actora en el recurso de apelación
presentado contra la decisión emitida en primera instancia por el Juzgado
Sesenta Administrativo de Bogotá, coincide con los fundamentos del escrito
de tutela. Veamos:
4.4. En el recurso de apelación presentó los siguientes argumentos:
4.4.1. Sostuvo que el régimen de privación de la libertad era excepcional y que era
obligación del Estado indemnizar por los daños causados por las autoridades
públicas conforme lo dispuesto en la Constitución Política en los artículos 1,
2, 13, 15, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 42, 44, 90, 93, 94, 228, 229, 250, 281,
282, 283 y siguientes, así como en el bloque de constitucionalidad, en la
declaración universal de los derechos humanos en sus artículos 1, 2, 3, 5, 7,
9, 10, 11, 12, 13, en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en
sus artículos 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 22, 24 y 25 y, en el Pacto Internacional de
los Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 9, 10, 12, 14.
4.4.2. También mencionó el desconocimiento de la Ley 599 de 2000 y las normas
que introdujeron reformas al Código Penal en los artículos 1, 3, 5, 6, 7, 13,
25, 29, la Ley 906 de 2004 y sus reformas, así como las normas que
gobiernan el sistema de defensoría pública en especial los artículos 1, 2, 4,
7, 11 y 31.
4.4.3. Consideró que no fueron tenidos en cuenta los hechos y las pruebas y que
no realizó una valoración de las mismas en las que se evidenciaba el error
judicial del Ministerio de Justicia y del Derecho y la Rama Judicial, la Fiscalía
General de la Nación, todo lo cual probaba que él habitaba en el tercer nivel
de la casa donde se produjo el allanamiento y que no se habían encontrado
elementos materiales probatorios y que, en los interrogatorios a los demás
capturados y demás documentos de recaudo en la investigación, mosteaban
que no estaba vinculado con las actividades objeto de censura.
4.4.4. Citó las siguientes sentencias que dijo, se desconocieron: Consejo de Estado
Sección Tercera, Sentencia 05001233100020090040301 (39318), del 30 de
noviembre de 2017 con ponencia del doctor Ramiro Pazos, Consejo de
Estado, Sección Tercera, Sentencia 19001233100020030015501 (42812),
del 14 de septiembre de 2017 con ponencia del doctor Ramiro Pazos,
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 2000123310020081027302
(40581), del 5 de diciembre de 2016 con ponencia de la doctora Stella Conto
Díaz del Castillo, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia
25000232600020070063201 (48217), del 5 de julio de 2018, ponente doctor
Jaime Orlando Santofimio, Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente
No. 36149, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, con ponencia
del doctor Hernán Andrade Rincón (E), Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Penal, Sentencia SP-154872017 (46864), del 27 de septiembre de
2017, Corte Suprema de Justicia Sala Penal, sentencia SP-1542017 (48128)
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del 18 de enero de 2017 con ponencia del doctor José Francisco Acuña, y de
la Corte Constitucional las Sentencias C-546 de 2006, Sentencia C-805 de
2002, Sentencia C-805 de 2002, Sentencia C-318 de 2008 y Sentencia C-
634 de 2000.
4.5. En el escrito de tutela, la parte actora presentó idénticos argumentos, pero
anunciados desde la presunta configuración de los defectos sustantivo,
fáctico, por desconocimiento del precedente y por violación directa de la
Constitución, de la siguiente manera:
4.5.1. Se refirió al régimen de privación de la libertad y dijo que era excepcional,
que era obligación del Estado indemnizar por los daños causados por las
autoridades públicas conforme lo dispuesto en la Constitución Política en los
artículos 1, 2, 13, 15, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 42, 44, 90, 93, 94, 228, 229,
250, 281, 282, 283 y siguientes, así como en el bloque de constitucionalidad,
en la declaración universal de los derechos humanos en sus artículos 1, 2, 3,
5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, en la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos en sus artículos 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 22, 24 y 25 y, en el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 9, 10, 12,
14.
4.5.2. Citó como desconocida la Ley 599 de 2000 y las normas que introdujeron
reformas al Código Penal en los artículos 1, 3, 5, 6, 7, 13, 25, 29, la Ley 906
de 2004 y sus reformas, así como las normas que gobiernan el sistema de
defensoría pública en especial los artículos 1, 2, 4, 7, 11 y 31.
4.5.3. Aseveró que las decisiones cuestionadas no tuvieron en cuenta los hechos y
las pruebas y que no realizaron una valoración de las mismas en las que se
evidenciaba el error judicial del Ministerio de Justicia y del Derecho y la
Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, al haber omitido en su
totalidad el informe del investigador de campo donde se indica que él
habitaba en el tercer nivel de la casa donde se produjo el allanamiento y que
no se habían encontrado elementos materiales probatorios.
4.5.4. Señaló que se omitió que en la audiencia de preclusión llevada a cabo el 15
de septiembre de 2017, la fiscalía reconocía que en los interrogatorios a los
demás capturados y demás documentos de recaudo en la investigación,
nada lo vinculaba con las actividades de re envase y comercialización de
licor que fue objeto de censura.
4.5.5. Citó las mismas providencias mencionadas en el recurso con la respectiva
síntesis de las mismas: Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia
05001233100020090040301 (39318), del 30 de noviembre de 2017 con
ponencia del doctor Ramiro Pazos, Consejo de Estado, Sección Tercera,
Sentencia 19001233100020030015501 (42812), del 14 de septiembre de
2017 con ponencia del doctor Ramiro Pazos, Consejo de Estado, Sección
Tercera, Sentencia 2000123310020081027302 (40581), del 5 de diciembre
de 2016 con ponencia de la doctora Stella Conto Díaz del Castillo, Consejo
de Estado, Sección Tercera, Sentencia 25000232600020070063201
(48217), del 5 de julio de 2018, ponente doctor Jaime Orlando Santofimio,
Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente No. 36149, sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2014, con ponencia del doctor Hernán
Andrade Rincón (E), Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal,
Sentencia SP-154872017 (46864), del 27 de septiembre de 2017, Corte
Suprema de Justicia Sala Penal, sentencia SP-1542017 (48128) del 18 de
enero de 2017 con ponencia del doctor José Francisco Acuña y de la Corte
Constitucional las Sentencias C-546 de 2006, Sentencia C-805 de 2002,
Sentencia C-805 de 2002, Sentencia C-318 de 2008 y Sentencia C-634 de
2000.
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4.6. La decisión del 17 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, con el propósito de
resolver el problema jurídico, luego de hacer un recuento de las normas de
orden constitucional y legal en relación con la responsabilidad del Estado y la
privación injusta de la libertad, de las pautas jurisprudenciales en relación
con la posible responsabilidad estatal por este específico hecho, incluido el
análisis de la sentencia C-072 de 2018 y hecho un recuento probatorio
completo, presentó las siguientes consideraciones de cara al caso concreto:
“6.6. ANÁLISIS DEL CASO Y DECISIÓN
6.6.1. Procede confirmar la sentencia de primera instancia, por cuanto tratando de
pretensión indemnizatoria a la que aplica el régimen subjetivo de responsabilidad, la
activa no satisfizo su carga probatoria, respecto del injusto de la detención preventiva,
ni dilación injustificada en trámite de la preclusión, ni irregularidad en la defensa
técnica, respecto del señor Heriberto Monroy. 6.6.1.1- Por cuanto, cumplidos los presupuestos normativos que condicionan para el
momento de su decreto, la imposición de la medida de detención preventiva, la misma
asume justa y no configura daño antijurídico; salvo que la persona privada de la libertad,
haya sido absuelta, porque el hecho investigado no existió, no lo cometió o no tipifica como
delito; evento en el cual, aplica en pretensión indemnizatoria por privación injusta de la
libertad, el régimen objetivo. En este orden, contrastado que en el sub-lite, la preclusión de la investigación se
fundamentó en la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia del sindicado, aplica
en determinación de la alegada responsabilidad por privación injusta de la libertad, el
régimen subjetivo, y en marco del mismo, el juez de la reparación directa, debe verificar si la
medida restrictiva de la libertad configura un daño antijurídico, confrontando los fundamentos
que sustentan el decreto de la detención preventiva con los requisitos establecidos en el
ordenamiento procesal penal vigente, y según avizoren cumplidos, emerge razonable,
proporcional, necesaria y legal, no configurando daño antijurídico, conforme emerge probado
de la detención preventiva impuesta al aquí accionante, señor Heriberto Monroy. Como quiera que no es suficiente para estructurar daño antijurídico, por el hecho de la
restricción de la libertad en la etapa de instrucción penal, la preclusión de la investigación,
advertido y enfatiza en ello, que no se dio porque el hecho no existió, no lo cometió el
sindicado o no tipifica como delito, sino por imposibilidad de desvirtuar con grado de certeza,
la presunción de inocencia que por mandato constitucional amparaba al señor Heriberto
Monroy. En decantamiento del cumplimiento de los presupuestos normativos a los que encontraba
sometido el decreto de detención preventiva, destaca que regía por la Ley 906 de 2004, y en
la audiencia preliminar de legalización de captura e imposición de medida de aseguramiento,
se adujeron por la FISCALÍA GEENERAL DE LA NACIÓN, elementos materiales de prueba
suficientes, para soportar la detención preventiva, y al amparo de los mismos, conjugados
los elementos estructurales y objetivos del delito imputado, así como la motivación de la
autoridad penal, en oportunidad de su decreto, emergen cumplidos los requisitos legales
establecidos para su decreto, y deviene en consecuencia, la medida restrictiva de la libertad,
en razonable, proporcional y necesaria.
Contrastado además, que si bien el artículo 28 Constitucional, reconoce el derecho a la
libertad, no le otorga un carácter absoluto, pues prevé como excepción, la detención en
virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con el lleno de las
formalidades legales y por los motivos previamente definidos en la ley, y uno de los
instrumentos que ha previsto el Legislador para la privación de la libertad es la imposición de
la medida de aseguramiento que se viabiliza normativamente de acuerdo con la regulación
de los artículos 313, 308, 295 y 296 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004,
para la fecha de los hechos. Secuencia en la que destaca que el precitado artículo 313 del C.P.P., establece
principalmente la condición objetiva para que tenga procedencia la imposición de la medida,
y se refiere a que las conductas punibles tengan como mínimo pena que sea o exceda de
cuatro (4) años de privación de la libertad; supuesto que se cumplió con claridad ya que la
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conducta punible descrita en el artículo 372 del Código Penal, “corrupción de alimentos,
productos médicos o material profiláctico”, atendiendo a lo preceptuado en el Ley 599 de
2000, contempla una pena de prisión de cinco (5) a veinte (12) años. Por su parte el artículo 308 del CPP, comprende dos grandes requisitos: Primero, la
presencia de una inferencia razonable de autoría o participación en la conducta delictiva que
se investiga, la cual es el menor grado de convencimiento que puede exigirse a un operador
judicial para tomar una decisión, implica que se cuente con elementos que permitan apoyar
la idea de la ilicitud, es decir, que los imputados pueden probablemente ser autores o
participes ya que existen tales elementos para pensarlo, es un juicio valorativo según el cual,
“(…) dados unos elementos determinados, de ellos puede extraerse o deducirse una
conclusión o una hipótesis. Ese juicio o inferencia es razonable si está sustentado en
parámetros lógicos, de manera que una inferencia razonable, es en esencia”. Inferencia razonable que en efecto para el momento de la imposición de la medida de
aseguramiento de detención preventiva, se desprende de los elementos probatorios,
evidencia física e información legalmente obtenida que advierte de hallazgos en dos
inmuebles, a saber vivienda domicilio del señor Heriberto Monroy y Club Nocturno Lancaster,
con el objeto de alterar, distribuir y comercializar licor de contrabando y adulterado, que
deriva en diligencia de allanamiento, en la que se encontraron, botellas, envolturas, tapas,
etiquetas, licor sin sello de seguridad, con experticia química que daba cuenta que el
contenido de las botellas era de contrabando, con sustancia de olor, color y sabor anormal,
de lo anterior colige la Sala que conforme a los elementos materiales de prueba, se podía
inferir razonablemente que existía mérito para imponer detención preventiva al implicado
señor Heriberto Monroy. Elementos materiales con fundamento en los cuales dedujo razonablemente que el imputado
Heriberto Monroy, aquí demandante, podía ser presunto coautor del delito, y respecto de los
cuales, la defensa técnica no demostró en contrario, al punto que la absolución del
procesado se dio en virtud de la figura de la preclusión por imposibilidad de desvirtuar la
presunción de inocencia. La segunda parte del artículo 308 del CPP establece que, el juez penal debe determinar la
necesidad de la medida en marco de los supuestos previstos en la norma, a saber, (i) que la
investigación pueda ser obstruida por el imputado de permanecer en libertad; (ii) que el
imputado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, y/o (iii) que
se evidencie del imputado, que de permanecer en libertad, no comparece al proceso y no se
garantizan sus resultados, comprende razones como el arraigo y las actitudes que asume el
imputado frente al daño que ha producido o ante el procedimiento y la investigación. Puntualiza la Sala que, frente a este segundo aspecto de procedencia de la medida de
aseguramiento de detención, fue legal, necesaria y proporcional, dado que se trataba de un
sujeto que en el domicilio que compartía con su hermano y cuñada, fueron halladas botellas
falsas y licor adulterado y de contrabando, sumado a que podría no comparecer al proceso
penal y se requería asegurar su comparecencia al juicio. En todo caso, para proferir la medida de aseguramiento no era necesario que obraran en el
proceso pruebas que condujeran a la certeza sobre la responsabilidad penal del procesado,
puesto que ese grado de convicción sólo es necesario para proferir sentencia condenatoria. De lo anterior colige la Sala que, en el caso concreto no se configura la privación injusta de
la libertad, por cuanto en marco del proceso penal surtido, entre otros, contra el señor
Heriberto Monroy, se tiene que la detención preventiva que le fue impuesta satisfizo los
requisitos normativos establecidos para su decreto.
6.6.1.2- Asimismo, encontrando vigente el legítimo decreto de detención preventiva,
evidencia desvirtuada la réplica de indebida prolongación de la privación de la libertad que
argumenta la activa, y refuerza, contrastado que no probó dilación injustificada, y
consecuentemente, avizora justificado el lapso de aproximadamente un año, que medio
entre la solicitud de preclusión de la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, el 24 de junio de
2016 y la realización de la respectiva audiencia, el 18 de mayo de 2017, con reanudación el
2 de noviembre siguiente. Premisa a la que aúna, en el mismo sentido de justificación del tiempo transcurrido, que con
posterioridad a la solicitud de preclusión, el Juez Penal del Circuito de La Mesa, se declaró
impedido e igual, el juez que seguía en turno, suscitando conflicto de competencia ante el
Tribunal Superior del Distrito Judicial -Sala Penal; corporación que declaró infundado el
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impedimento del Juez Penal del Circuito de La Mesa Cundinamarca, con proveídos del 6 de
septiembre de 2016 y 13 de febrero de 2017, y se presentó un retraso en la Empresa 472,
de (1) un mes, comprendido del 15 de febrero al 18 de abril de 2017, dado que el expediente
permaneció allí sin surtir ninguna actuación, que fue evidenciado por el Juez Penal del
Circuito de La Mesa Cundinamarca.
6.6.1.3- El cumplimiento de la defensa técnica, no condiciona a la impugnación de las
decisiones adversas al representado, como quiera que el acierto en el uso de los recursos,
depende del contexto factico procesal del caso concreto, y en el sub-lite destaca que la no
impugnación que reprocha la activa a la defensa técnica cumplida por la Defensoría del
Pueblo, no fue relevada por el defensor de confianza del señor Heriberto Monroy, aunque
asumió su labor desde el día siguiente a la adopción de la legalización de captura y decreto
de medida de aseguramiento”.
4.7. De manera que, del recuento anterior es posible concluir que el juez natural
resolvió los puntos que presentó el accionante al juez natural en el recurso
de apelación, con razones y argumentos que llevaron a concluir que, de
acuerdo con lo probado en el proceso, no era posible que se entendiera que
la privación de la libertad consistente en medida de aseguramiento de
detención preventiva, hubiera sido desproporcionada o injusta, sino que por
el contrario, había sido legal, justa y proporcional.
En este sentido, lo que pretende la parte accionante es que la acción de
tutela se convierta en una nueva posibilidad para plantear el argumento
resuelto de manera suficiente por el juez natural, buscando que este
mecanismo constitucional se convierta en una instancia adicional, lo que
escapa a la competencia del juez constitucional que está en clave de
garantizar los derechos fundamentales y que, sea de paso decir, no se
advierten desconocidos con la providencia que se cuestiona.
4.8. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela
contra providencias judiciales no se instituyó como un análisis de las mejores
razones entre las expuestas en la decisión atacada y la interpretación
sostenida por la parte tutelante, en tanto que no obedece a su naturaleza y
propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí
misma una vulneración de derechos fundamentales.
De aceptar esa posibilidad, se desnaturalizaría la acción de tutela contra
providencias judiciales, como mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que
de manera reiterada se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor
esfuerzo una vulneración grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.
Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por
consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una
decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados
jurisprudencialmente, incluyendo la relevancia constitucional.
4.9. En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que
la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no
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hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para
analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los
presupuestos generales se cumplan a cabalidad.
Es por esta razón que, al no evidenciarse el cumplimiento de uno de los
requisitos de procedencia de tutela contra providencia judicial, en este caso
el de la relevancia constitucional, no es posible verificar aspectos
relacionados con el fondo del asunto, razón por la que la Sala declarará la
improcedencia de la acción, conforme con las razones que han quedado
expuestas.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala declarará improcedente el amparo solicitado
por el accionante, al no estar superado el requisito de la relevancia constitucional
por pretender que la tutela se convierta en una instancia adicional.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la solicitud de amparo solicitada por el señor
Heriberto Monroy, por las razones expuestas en la motivación precedente.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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