Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06998-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-06998-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06998-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-06998-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
11 de abril de 2024
Radicación: 11001 03 15 000 2023 06998 01
Accionante: Heriberto Monroy
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 06998 01
Accionante: HERIBERTO MONROY
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C, Y OTRO
Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
el demandante pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo del 15 de febrero de 2024, dictado por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El señor Heriberto Monroy, por intermedio de apoderado judicial,
solicitó el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y “a la reparación directa”, que considera vulnerados con ocasión
de la sentencia del 9 de noviembre de 2022, dictada por el Juzgado
Sesenta Administrativo de Bogotá, y del fallo del 17 de mayo de 2023,
proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, que denegaron las pretensiones de la demanda de
reparación directa promovida contra la Nación, Rama Judicial, Fiscalía
General de la Nación, y la Defensoría del Pueblo, proceso que se tramitó
con el radicado 11001-33-43-060-2019-00379-01.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 06998 01
Accionante: Heriberto Monroy
1.2. En la mencionada demanda de reparación directa, los señores
Heriberto Monroy, Liliana Castro López, Marilyn Monroy Castro, quien
actuó en nombre propio y en representación del menor D.A.M.M.; Luisa
María Castro López, Luz Stella Monroy De Pava, Blanca Liliana Pava
Monroy, Emed Pava Monroy, Carolina Pava Monroy, María Edith Pava
Monroy, Leidy Viviana Monroy Vera, Francy Julieth Monroy Vera y
Anderson Monroy Vera, reclamaron la indemnización de los perjuicios
causados por la privación injusta de la libertad del primero de los
mencionados.
El actor señaló que, mediante sentencia del 9 de noviembre de 2022, el
Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá denegó las pretensiones de la
demanda. Informó que contra la anterior providencia interpuso el recurso
de apelación y que, mediante proveído del 17 de mayo de 2023, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C,
la confirmó, al considerar que los demandantes no habían cumplido con
la carga probatoria respecto del carácter injusto de la privación de la
libertad, ni de la alegada dilación injustificada del trámite de la preclusión,
ni de la supuesta irregularidad de la defensa técnica adelantada por la
Defensoría del Pueblo.
1.3. El demandante alegó en la tutela que la anterior decisión incurrió en
los siguientes defectos:
1.3.1. Defecto sustantivo, porque desconoció las normas que
consagran los fines esenciales del Estado, el deber de respeto por la
dignidad humana, el derecho humano a la libertad y el debido proceso,
prerrogativas de las cuales, a su juicio, se desprendía el derecho a recibir
una indemnización por la privación injusta de su libertad.
En concreto, se refirió a los artículos 1, 2, 13, 15, 21, 24, 28, 29, 30, 31,
32, 42, 44, 90, 93, 94, 228, 229, 250, 281, 282, 283 y siguientes de la
Constitución Política, así como a los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12
y 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a los artículos
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 06998 01
Accionante: Heriberto Monroy
1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 22, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos, y a los artículos 9, 10, 12 y 14 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, citó como desconocida la Ley
599 de 2000 y los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 25, 29 y 31 de la
Ley 906 de 2004.
1.3.2. Defecto fáctico, porque no tuvo en cuenta las pruebas en las que
se evidenciaba el error en el que incurrieron las autoridades demandadas
en el proceso de reparación directa al no tener en cuenta el informe del
investigador de campo, especialmente las anotaciones realizadas sobre
las fotografías 18, 19, 20 y 21, así como el documento “relación de objetos
examinados o incautados”, numeral 6º, en los cuales se indicaba que el
señor Monroy habitaba en el tercer nivel de la casa en la que se produjo
el allanamiento y que allí no se encontraron pruebas relacionadas con el
delito.
El señor Monroy considera asimismo que las decisiones cuestionadas no
tuvieron en cuenta que en la audiencia de preclusión llevada a cabo el 15
de septiembre de 2017, la Fiscalía reconoció que, de acuerdo con los
interrogatorios rendidos por los demás capturados y con los documentos
recaudados, nada lo vinculaba a él con los delitos objeto de investigación.
1.3.3. Violación directa de la Constitución Política, porque se
infringieron los artículos 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11 y 13 de la Declaración
Universal de los derechos humanos, los cuales consagran la libertad, la
igualdad, la vida, la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, la
justicia imparcial en materia penal y la prohibición de detención arbitraria.
Además, citó como desconocidos los artículos 1, 2, 7, 8, 22, 24 y 25 de
la Convención Americana de Derechos Humanos, que establecen el
derecho de no discriminación; los artículos 9, 10, 12 y 14 del Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que consagran derechos
y garantías del detenido y del procesado, el derecho a la reparación de
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 06998 01
Accionante: Heriberto Monroy
quien fue detenido ilegalmente, el trato humano al detenido, el derecho
a la circulación, la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y el
debido proceso.
Por último, mencionó los artículos 2, 12, 13, 15, 21, 24, 25, 28, 29, 32,
42, 44, 90, 91, 93, 94, 228, 229, 250, 281, 282 y 283 de la Constitución
Política, y enfatizó que las entidades demandadas en el proceso de
reparación directa incurrieron en una falla del servicio y en un error
judicial que derivaron en la privación injusta de su libertad.
1.3.4. Desconocimiento del precedente, porque no se tuvieron en
cuenta las siguientes decisiones:
1.3.4.1. De la Sección Tercera del Consejo de Estado: (i) sentencia del 30
de noviembre de 2017, radicado 05001-23-31-000-2009-00403-01
(39318), M.P. Ramiro Pazos Guerrero, que señaló que el informe de
inteligencia no era suficiente para privar de la libertad, y que la detención
debía estar precedida de al menos dos indicios graves de responsabilidad
del investigado; (ii) sentencia del 14 de septiembre de 2017, radicado
19001-23-31-000-2003-00155-01 (42812), M.P. Ramiro Pazos Guerrero,
que señaló que la debilidad probatoria en un proceso penal tornaba injusta
la privación de la libertad y que cuando no existía plena prueba de que el
sindicado cometió el hecho no era posible desvirtuar la presunción de
inocencia; (iii) sentencia del 5 de diciembre de 2016, radicado 20001-23-
31-000-2008-10273-02 (40581), M.P. Stella Conto Díaz del Castillo, que
señaló que, cuando el Estado no podía desvirtuar la presunción de
inocencia en el proceso penal, debía indemnizarse; (iv) sentencia del 5 de
julio de 2018, radicación 25000-23-26-000-2007-00632-01 (48217),
M.P. Jaime Orlando Santofimio, que sostuvo que los defensores de oficio
no podían desarrollar un papel meramente formal, y que la Fiscalía y los
Jueces no podían dar lugar a eso, so pena de presentarse una falla del
servicio, y (v) sentencia de unificación el 28 de agosto de 2014,
expediente No. 36149, M.P. Hernán Andrade Rincón (E), relacionada con
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 06998 01
Accionante: Heriberto Monroy
los criterios para tasar el perjuicio moral y el lucro cesante en los casos
de responsabilidad por privación injusta de la libertad.
1.3.4.2. De la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: (i)
sentencia SP-154872017 (46864) del 27 de septiembre de 2017, M.P.
Luis Antonio Hernández Barbosa, que señaló que las declaraciones de
personas indeterminadas no podían ser utilizadas como pruebas, pues
imposibilitan al procesado el ejercicio del derecho de contradicción, y (ii)
sentencia SP-1542017 (48128) del 18 de enero de 2017, M.P. José
Francisco Acuña Vizcaya, que señaló que un abogado que no hacía ningún
llamado a pruebas dejaba en una situación de indefensión a su
representado.
1.3.4.3. De la Corte Constitucional: (i) sentencia C-546 de 2006, que
señaló que no se debe mantener una medida de aseguramiento que no
sea necesaria; (ii) sentencia C-805 de 2002, relacionada con el estándar
probatorio mínimo para la privación de la libertad; (iii) sentencia C-318
de 2008, que se refirió a la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad
de la medida restrictiva de la libertad, y (iv) sentencia C-634 de 2000,
referente al nexo entre la presunción de inocencia y los fines
constitucionalmente admisibles de la detención preventiva.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. Mediante auto del 7 de diciembre de 2023, el a quo admitió la tutela
y dispuso a vincular como terceros con interés a los demás demandantes
del proceso de reparación directa, así como a la Fiscalía General de la
Nación, al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Rama Judicial, al
Consejo Superior de la Judicatura, a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y a la Defensoría del Pueblo, autoridades que
actuaron como demandadas en ese asunto.
2.2. El Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá sostuvo que la
sentencia atacada analizó el supuesto error jurisdiccional, a la luz de los
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 06998 01
Accionante: Heriberto Monroy
requisitos previstos en la Ley 270 de 1996, de la jurisprudencia de
unificación del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, relacionada
con la privación injusta de la libertad, y de la obligación del juez
administrativo de analizar las particularidades del caso,
independientemente de cuál sea el título de imputación que lo rige.
Explicó que el asunto fue estudiado desde el punto de vista del régimen de
falla probada y que se concluyó que la parte actora había incumplido la
carga probatoria y argumentativa, y que lo que pretendía el demandante
en la tutela era simplemente manifestar su desacuerdo con lo resuelto en
oportunidad, es decir, acceder a una tercera instancia.
Dijo que la sentencia del tribunal también realizó un estudio juicioso de las
pruebas recaudadas y concluyó que no se había acreditado la configuración
de un daño antijuridico, en concreto, que la privación de la libertad hubiera
sido injusta, pues la preclusión de la investigación no se dio porque el hecho
no existió, el sindicado no lo cometió o no estaba tipificado como delito,
sino por la imposibilidad de desvirtuar con grado de certeza la presunción
de inocencia.
2.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial advirtió que la
tutela es improcedente porque el accionante simplemente busca reabrir la
discusión y acceder a una tercera instancia. Además, adujo que el actor
tenía a su alcance otro medio de defensa, esto es, el recurso extraordinario
de revisión, y que en todo caso no se observaba la existencia de un perjuicio
irremediable.
No obstante, alegó que carecía de legitimación por pasiva en el asunto,
pues entre sus funciones no se encuentra la de impartir órdenes a los
despachos judiciales.
2.4. La Defensoría del Pueblo sostuvo que las decisiones cuestionadas
efectuaron un análisis correcto sobre la configuración del hecho dañoso y
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 06998 01
Accionante: Heriberto Monroy
del nexo causal, y que lo que busca el actor es convertir la acción de tutela
en una tercera instancia.
2.5. La Fiscalía General de la Nación alegó que el actor tenía a su alcance
el recurso extraordinario de revisión para plantear la controversia que ahora
propone, razón por la cual la acción de tutela es improcedente.
Agregó que la solicitud de amparo no sustentó los defectos alegados, y que,
de todos modos, las providencias cuestionadas fueron dictadas con
fundamento en las pruebas allegadas al proceso, y mediante la aplicación
de las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-
072 de 2018.
2.6. El Ministerio de Justicia y del Derecho arguyó que la tutela no podía
emplearse como una tercera instancia. Asimismo, señaló que en este caso
no se había configurado un defecto fáctico, y que la tutela no exponía con
claridad cuáles pruebas no habían sido debidamente valoradas.
4.7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, y los demás demandantes del proceso de reparación directa
guardaron silencio.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante fallo del 15 de febrero de
2024, declaró la improcedencia de la tutela por falta de relevancia
constitucional, porque los argumentos que en esta expone el demandante
son la reiteración de los que formuló en el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia del 9 de noviembre de 2022, mediante la cual el
Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá denegó las pretensiones de la
demanda de reparación directa en primera instancia.
Además, señaló que la decisión de segunda instancia realizó un recuento
de las normas y de las pautas jurisprudenciales aplicables a la
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 06998 01
Accionante: Heriberto Monroy
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad,
particularmente de la sentencia C-072 de 2018, así como de las pruebas
recaudadas en la actuación. Es decir, que el juez natural del asunto resolvió
todos los puntos del debate, concluyendo que la privación de la libertad del
señor Monroy no había sido desproporcionada o injusta.
Por lo tanto, concluyó que el actor simplemente pretendía convertir la
acción de tutela en una instancia adicional.
IV. IMPUGNACIÓN
El demandante impugnó la sentencia de primera instancia y alegó que la
tutela sí cumple con el presupuesto de relevancia constitucional porque la
controversia que plantea no es de contenido meramente legal o económico
ni consiste en un simple desacuerdo con la decisión controvertida, sino que
gira en torno a la protección de los derechos fundamentales que, en su
criterio, le fueron lesionados al someterlo a una privación injusta de la
libertad, como consecuencia del proceder indebido de varias entidades del
Estado, y al imposibilitarle el acceso a la reparación judicial de ese daño.
Reiteró los argumentos relacionados con el desconocimiento del
precedente, y enfatizó que las supuestas equivocaciones cometidas en el
proceso penal por la Fiscalía y los jueces, así como las falencias en la
defensa pública, conllevaron a la vulneración de las disposiciones del Código
Penal, del Código de Procedimiento Penal, de la Convención Americana de
Derechos Humanos y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 06998 01
Accionante: Heriberto Monroy
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
5.2. HECHOS
5.2.1. Los señores Heriberto Monroy, Liliana Castro López, Marilyn Monroy
Castro, quien actuó en nombre propio y en representación del menor
D.A.M.M.; Luisa María Castro López, Luz Stella Monroy De Pava, Blanca
Liliana Pava Monroy, Emed Pava Monroy, Carolina Pava Monroy, María
Edith Pava Monroy, Leidy Viviana Monroy Vera, Francy Julieth Monroy
Vera y Anderson Monroy Vera, presentaron demanda de reparación
directa contra la Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación, y la
Defensoría del Pueblo, con la finalidad de obtener la indemnización de los
perjuicios causados por la privación injusta de la libertad del primero de
los mencionados.
5.2.2. Mediante sentencia del 9 de noviembre de 2022, el Juzgado
Sesenta Administrativo de Bogotá denegó las pretensiones de la
demanda.
5.2.3. Los demandantes apelaron la anterior providencia y, mediante fallo
del 17 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, la confirmó, al considerar que la parte
actora no había cumplido con la carga probatoria respecto del carácter
injusto de la privación de la libertad, pues no había demostrado la dilación
injustificada en el trámite de la preclusión, ni la alegada irregularidad de
la defensa técnica. Además, estimó que la medida de aseguramiento
había sido legal y proporcional, pues en la vivienda del capturado se
encontraron pruebas del ilícito, sin que fuera necesario que en ese
momento hubiera certeza sobre la responsabilidad del procesado, y era
necesaria para asegurar su comparecencia al juicio.
5.2.4. Los demandantes interpusieron acción de tutela al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales por la anterior providencia.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 06998 01
Accionante: Heriberto Monroy
5.3. ANÁLISIS DE LA SALA
5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
5.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación1,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20222, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:
“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente
para cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se
requiere demostrar de manera razonable una restricción
desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.
1
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
2
M. P. Natalia Ángel Cabo.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 06998 01
Accionante: Heriberto Monroy
En este caso, el actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso y “a la reparación directa”, que considera vulnerados con
ocasión de la sentencia del 9 de noviembre de 2022, dictada por el
Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá, y del fallo del 17 de mayo de
2023, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, que denegaron las pretensiones de la demanda de
reparación directa promovida contra la Nación, Rama Judicial, Fiscalía
General de la Nación, y la Defensoría del Pueblo, para reclamar la
indemnización de los perjuicios que considera causados por la privación
injusta de la libertad de la que afirma haber sido víctima; proceso que se
tramitó con el radicado 11001-33-43-060-2019-00379-01.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.
5.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 06998 01
Accionante: Heriberto Monroy
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
sentencia SU–573 de 20193, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 4.
3
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
4
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 06998 01
Accionante: Heriberto Monroy
5.3.1.3. La instancia adicional
La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho5:
“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado
a discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia
constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios’, pues la
competencia del juez de tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si
la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se
garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales,
como de los de las demás jurisdicciones’, en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios […]”.
En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de
2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
5
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 06998 01
Accionante: Heriberto Monroy
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.
5.3.2. Caso concreto
5.3.2.1. En asunto bajo examen, la Sala recuerda que las inconformidades
planteadas por la parte actora en la tutela consisten en que las sentencias
atacadas incurrieron en: (i) defecto sustantivo, porque desconocieron
disposiciones nacionales e internacionales de las que, a su juicio, se
desprendía el derecho a recibir una indemnización por la privación injusta
de su libertad; (ii) defecto fáctico, porque no tuvieron en cuenta las
pruebas de los errores que consideran que se configuraron en el proceso
penal y de la indebida defensa técnica; (iii) violación directa de la
Constitución, porque infringieron disposiciones de la Carta Política, de la
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 06998 01
Accionante: Heriberto Monroy
Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de
los Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración Universal de los
derechos humanos, que consagran derechos como la libertad y la
presunción de inocencia, y (iv) desconocimiento del precedente, porque
no tuvieron en cuenta varios pronunciamientos de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte
Constitucional.
5.3.2.2. En primer lugar, en cuanto a los defectos sustantivo, fáctico y de
violación directa de la Constitución, la Sala considera que los argumentos
de la tutela se orientan simplemente a controvertir el análisis que
realizaron las autoridades judiciales accionadas en relación con la
configuración de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la
libertad, lo cual constituye justamente el debate que ya se agotó en el
proceso ordinario.
Por lo tanto, es claro que la parte actora sólo busca ventilar sus
inconformidades frente a las conclusiones a las que llegó el juez natural
del asunto sobre el caso planteado, esto es, pretende que el juez
constitucional analice nuevamente la controversia y emita una nueva y
distinta resolución sobre el particular, finalidad para la cual no es
procedente este mecanismo excepcional de protección.
5.3.2.3. En cuanto al supuesto desconocimiento del precedente, se debe
tener en cuenta que esta Sala, en sentencia del 19 de noviembre de
20216, sostuvo que la acción de tutela contra providencia judicial en la
que se alega el desconocimiento del precedente exige, como carga
argumentativa mínima, que se identifiquen: (i) la providencia
desconocida, (ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales contenidas en la
ratio decidendi de la sentencia invocada, las cuales deben ser aplicables
al caso a resolver, y (iii) los problemas jurídicos, que en ambos casos
deben ser análogos o similares.
6
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 06998 01
Accionante: Heriberto Monroy
En este caso, la parte demandante se limitó a invocar varias decisiones
de la Sección Tercera de esta corporación, de la Corte Suprema de Justicia
y de la Corte Constitucional. Empero, no identificó los problemas jurídicos
que allí se resolvieron, ni efectuó una comparación entre los hechos
estudiados en esos asuntos y el sub lite, para acreditar que las reglas y
subreglas contenidas en la ratio decidendi le eran aplicables a su caso
particular.
Por tanto, la acción de tutela no cumple con la carga argumentativa
mínima que se exige en los casos en los que se alega que una providencia
judicial ha incurrido en desconocimiento del precedente judicial. Para la
Sala, lo anterior deja en claro que la parte actora simplemente se
encuentra inconforme con las decisiones que adoptaron las autoridades
judiciales demandadas, y que, en consecuencia, pretende que el juez
constitucional realice un nuevo y distinto análisis frente al debate que ya
fue agotado en el proceso de reparación directa.
A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes o aplicando la normativa vigente para el caso, simplemente está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y
la ley, en el ámbito de sus competencias, y cualquier desconocimiento
que a tales atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría
claramente un pronunciamiento por fuera de las competencias que le
corresponden, utilizando además el trámite de una acción que no ha sido
diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 06998 01
Accionante: Heriberto Monroy
En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.
Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues si bien la parte actora alega que la providencia atacada se
pronunció sobre un aspecto que no había sido materia de debate, lo cierto
es que no formula en torno a ello un verdadero debate de índole
constitucional, sino que se limita a argumentar que no se efectuó el
análisis de responsabilidad en la forma que más le convenía y que no se
aplicó el precedente que a su juicio le resultaba más favorable.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 06998 01
Accionante: Heriberto Monroy
Siendo así, es evidente que la presente acción de tutela carece de
relevancia constitucional en relación con el tercero de los presupuestos
estudiados, razón por la cual resulta completamente innecesario el
estudio sobre el posible cumplimiento de los restantes requisitos
generales de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales.
Por último, la Sala declarará no probada la falta de legitimación en la
causa por pasiva alegada por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, pues su vinculación no se produjo como responsable de la
vulneración de los derechos invocados o de impartir órdenes a las
autoridades judiciales, sino como tercera interesada, teniendo en cuenta
que podría verse afectada por la decisión de fondo que aquí se adoptara.
5.4. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala confirmará el fallo impugnado,
que declaró improcedente el amparo, al constatar la ausencia del requisito
de relevancia constitucional respecto de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR no probada la falta de legitimación en la causa
por pasiva alegada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de
acuerdo con las consideraciones expuestas.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de febrero de 2024, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, de acuerdo con las razones
expuestas.
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 06998 01
Accionante: Heriberto Monroy
TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.