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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07003-00

Fecha
13 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07003-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Amparar los derechos fundamentales al descanso remunerado y al trabajo digno de Diana Milena Herazo Ruiz, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería que, dentro del primeros ocho (8) días de la vigencia fiscal 2024, emita el certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente, el cual deberá ser remitido el 11 de enero de 2024 al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería. Tercero. Ordenar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del respectivo documento, nombre el reemplazo de Diana Milena Herazo Ruiz, para que pueda disfrutar del periodo de vacaciones ya consolidado en la fecha solicitada. Cuarto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Quinto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 11 Radicado: 11001-03-15-000-2023-07003-00 Demandante: Diana Milena Herazo Ruiz

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-07003-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

13 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07003-00
Demandante: Diana Milena Herazo Ruiz
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura, Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Montería y Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Montería

Temas: Derecho al descanso de jueza - Expedición de certificado de
disponibilidad presupuestal1 para nombramiento de reemplazo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la solicitud formulada por Diana Milena Herazo Ruiz, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud2

Diana Milena Herazo Ruiz promovió solicitud de tutela con el fin de que se amparen
sus derechos fundamentales al descanso en conexidad con el trabajo digno, los
cuales consideró vulnerados con ocasión de la respuesta desfavorable al
requerimiento de expedición de un CDP para el nombramiento de su reemplazo
durante el disfrute de un periodo de vacaciones ya causado.

Como fundamento de la solicitud de amparo, se expuso lo siguiente:

i) Diana Milena Herazo Ruiz se desempeña como jueza primera promiscua del
circuito de Planeta Rica, Montería, quien afirmó que, pese a pertenecer al régimen
de vacaciones colectiva, tiene pendiente por disfrutar el periodo vacacional causado
en diciembre 2021-enero 2022.

ii) El no disfrute del referido periodo fue con ocasión del nacimiento de su bebe el
26 de octubre de 2021, pues le fue concedida licencia de maternidad hasta el 28 de
febrero de 2022. Situación que comunicó el 29 de octubre de 2021 a la Secretaría

1 En adelante CDP
2 Ver índice 2 de SAMAI denominado «ED_2ESCRITODETUTELA(.pdf) NroActua 2»

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07003-00
Demandante: Diana Milena Herazo Ruiz

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería.

ii) Adujo que no se le canceló ningún concepto por vacaciones, ni siquiera en los
mes de enero y febrero de 2022, bajo el argumento que se encontraba en licencia
de maternidad.

iii) El 28 de enero de 2022 solicitó ante el Tribunal del Distrito Judicial de Montería,
el goce de las vacaciones causados a partir del 1 de marzo de 2022, no obstante,
ante el silencio de la corporación entendió que le fue negada, por lo que se
reincorporó al servicio a partir del 1 de marzo de 2022.

iv) El 14 de septiembre de 2023 recibió la circular 006 por parte del presidente del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, en el cual se indicó «que las
vacaciones debían ser solicitada por lo menos con dos meses de anticipación a la fecha en
que se pretende disfrutarla, dado el trámite administrativo y presupuestal que la misma
requiere». Con fundamento en ello, el 18 de septiembre de 2023 radicó una segunda
solicitud con el fin de que se le permitiera el disfrute del periodo vacacional referido
a partir del 5 de febrero de 2024, inclusive; fecha respecto de la cual resaltó resulta
potestativa al trabajador.

v) En este punto, refirió que mediante oficio DESAJMOO23-1151 la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de 3 de noviembre de 2023, informó
que, de conformidad con la Circular 44 de 2011 y el artículo 146 de la Ley 270 de
1996, al pertenecer al régimen de vacaciones colectivas «no es posible conceder
disponibilidad presupuestal de planta temporal», y que, «atendiendo el principio de
anualidad del presupuesto, el Tribunal Superior de Montería debe reenviar esta petición
para evaluar la posibilidad de conceder la disponibilidad presupuestal en el mes de enero
de 2024, ya que es imposible hacerlo este año porque los rubros de gastos de personal no
cuentan con aprobación de vigencias futuras.»

vi) La Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, el 9
de noviembre de 2023, indicó que las vacaciones solicitadas no serían concedidas
de acuerdo con el contenido del oficio referido en precedencia, por lo que la «requiere
para enviar nuevamente la solicitud a partir del 11 de enero de 2024, atendiendo al principio
de anualidad del presupuesto».

vii) En relación con lo anterior, afirmó que desea disfrutar de sus vacaciones «desde
el 5 de febrero de 2024, inclusive, peticionar a la entidad por tercera vez, a partir del 11 de
enero de 2024, sería un perjuicio irremediable, pues estaría a escasos 17 días hábiles de
la fecha escogida para el disfrute, lo que pondría en riesgo el plan vacacional ya tomado
por mi núcleo familiar, el derecho a mi descanso, que implica no solo reparar fuerzas
intelectuales y materiales para proteger mi salud física y mental, sino para compartir con mi
familia mayores y mejores espacios de encuentro fraternal.1 Ello, si se tiene en cuenta, que
la Dirección Ejecutiva Seccional De Administración Judicial De Montería, fue ambigua con
su respuesta, pues dejó en duda mi derecho, indicando además que debe someterse a un
nuevo estudio, es decir, no garantiza que generará la correspondiente disponibilidad

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07003-00
Demandante: Diana Milena Herazo Ruiz

presupuestal. De hecho, la H. Corporación en circular N. 006 del día 14 de septiembre de
2023, estableció que este tipo de solicitudes debe hacerse con una antelación no inferior a
dos meses y en las peticiones realizadas con anterioridad por la suscrita, han tardado más
de los 17 días para resolverse.»

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] 1. TUTELAR el derecho fundamental reclamado y en consecuencia, se le ordene
al Tribunal Superior de Montería- Sala de Gobierno, que, en el término de cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, deje sin efecto la
determinación del 09 de noviembre de 2023 y comunicado mediante oficio N. 15112 de
la misma fecha, a través de la cual negó el disfrute de mis vacaciones a partir del 05 de
febrero de 2024, inclusive, para en su lugar, conceder el goce de las vacaciones a partir
de la fecha señalada.

2. Una vez concedidas, ordénese a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de esa ciudad, para que realice los trámites necesarios a fin de hacer efectivo
los derechos inherentes a tal reconocimiento, trámite que, en todo caso, no podrá
superar la fecha 05 de febrero de 2024, inclusive, con miras que mi derecho sea
disfrutado en las fechas estipulada por la suscrita y no se vea afectado por obstáculos
administrativos impuesto por la Dirección seccional de Administración Judicial de
Montería. […]»

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Montería3 indicó que tal como lo refirió en el oficio DESAJMOO23-1151 de fecha 3
de noviembre de 2023, «resulta imposible expedir un CDP con vigencia fiscal 2024, dado
que, el programa SIIF de Ministerio de Hacienda no lo permite, ya que, como se mencionó
anteriormente, el año fiscal comienza el 01 de enero y termina el 31 de diciembre de cada
año, y aún nos encontramos en el 2023»; por lo que, «sugerimos presentar nuevamente
la petición el próximo año, con el fin que se expida un CDP antes de la fecha en la cual se
requiere el disfrute de las vacaciones interrumpidas por la licencia de maternidad».

1.2.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4 solicitó la desvinculación
del asunto en tanto la llamada y obligada a disponer de los recursos que permitan la
contratación del remplazo de la demandante para la concesión del periodo de
vacaciones es el Tribunal Superior de Montería y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Montería, por lo que, además, requirió que se les ordene y
conmine «para que de forma inmediata y sin poner más condicionamientos, conceda el
periodo de vacaciones solicitado por el Accionante.»

3 Ver índice 9 de SAMAI, actuación denominada «
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_MEMORIALES_RESPUESTAAACCIOND(.
pdf) NroActua 9»
4 Ver índice 8 de SAMAI, actuación denominada « 9_MemorialWeb_Respuesta(.doc) NroActua 8»

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07003-00
Demandante: Diana Milena Herazo Ruiz

1.2.3. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería guardó silencio.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir, ii) problema jurídico, iii) de la
procedencia de la solicitud de tutela - el derecho al descanso y iv) análisis de la
Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el 1
del Decreto 333 del 6 de abril de 20215, esta Sala es competente para conocer de
la presente solicitud de amparo en tanto la demandante es una funcionario que
pertenece a la jurisdicción ordinaria.

2.2. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿Las autoridades demandadas vulneraron los derechos
fundamentales al descanso en conexidad con el trabajo digno de Diana Milena
Herazo Ruiz, al negar la expedición de un CDP que permita el nombramiento de su
reemplazo en calidad de jueza primera promiscua del circuito de Planeta Rica,
Montería, en aras de acceder al disfrute de un periodo de vacaciones ya causado?

2.3. Procedencia de la solicitud de amparo

El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia6, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios

5 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
6 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121

de 2003.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07003-00
Demandante: Diana Milena Herazo Ruiz

previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.3.1. Derecho al descanso

El derecho convencional y la Corte Constitucional7 han calificado el derecho al
descanso como fundamental. En efecto, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales8 en su artículo 7 determina que los Estados Parte
reconocen el derecho de todas las personas al goce de condiciones de trabajo que
aseguren «el descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de
trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días
festivos». En similar sentido lo indica el artículo 7, literal h), del Protocolo de San
Salvador9, que señala como una de las condiciones justas de trabajo el descanso,
el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas y la remuneración de los días
feriados nacionales. En el ámbito nacional, el alto tribunal constitucional ha
precisado que el descanso es un derecho derivado de los artículos 53 y 25 de la
Constitución Política, normas que determinan los principios mínimos fundamentales
que debe contener el estatuto del trabajo proferido por el legislador y señalan que
todas las personas tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Dicho ello, es inconstitucional que los nominadores, bajo argumentos de índole
administrativo, afecten el disfrute del descanso remunerado respecto de quien ya
ha consolidado el derecho; razón por la cual, la Corte Constitucional ha determinado
la procedencia de la solicitud de tutela en aras de velar por su protección inmediata:

«[…] ¿el derecho fundamental al descanso, puede protegerse a través de la tutela?. Por
regla general, el reconocimiento y goce del derecho al descanso debe ser debatido ante
la jurisdicción ordinaria competente de acuerdo con la naturaleza jurídica de la
vinculación laboral, ya sea la ordinaria laboral o la contencioso administrativa, por lo que
el carácter residual de la tutela la hace improcedente. No obstante, el artículo 86 de la
Carta consagra la posibilidad de que la acción constitucional prospere, aun existiendo
otro medio de defensa judicial, cuando exista un perjuicio irremediable que autorice la
protección transitoria del derecho fundamental amenazado o vulnerado.»

2.4. Caso en concreto

7 Al respecto, también puede consultarse las sentencias T-09 del 18.1.1993 M.P. Eduardo Cifuentes

Muñoz y C-024 del 11.11.1998 M.P. Hernando Herrera Vergara
8 Ley 74 de 1968 “por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este
último, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva
York, el 16 de diciembre de 1966".
9 Suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988. Entró en vigor: 16.11.1999. Ley 319 de 1996.

“por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador",
suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988.”

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07003-00
Demandante: Diana Milena Herazo Ruiz

Diana Milena Herazo Ruiz acudió al juez de tutela con el fin de que se amparen sus
derechos al descanso en conexidad con el trabajo digno, los cuales consideró
vulnerados con ocasión de la renuencia de la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Montería para expedir el CDP necesario para que el Tribunal
Administrativo Superior del Distrito Judicial de Montería, como nominador, autorice
el disfrute de sus vacaciones y le nombre un reemplazo durante dicho lapso.

De acuerdo con la controversia en cuestión, es relevante recordar que el artículo
146 de la Ley 270 de 199610, en cuanto a las vacaciones de los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial, reguló:

ARTÍCULO 146. VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos
Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los
Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales
Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del
servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura
por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo
nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada año
de servicio.

Así, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, expidió la Circular
PSAC11-44 del 23 de noviembre de 201111, a través de la cual estableció i) el
procedimiento para nombrar los reemplazos de los funcionarios pertenecientes al
régimen de vacaciones individual, que soliciten su disfrute; ii) que no es
procedente el reemplazo del personal titular perteneciente al régimen de
vacaciones colectivas, salvo la existencia de licencia por enfermedad o por
maternidad que coincida total o parcialmente con el periodo vacacional; iii) que
no procede la concesión de vacaciones «para funcionarios judiciales designados en
juzgados del régimen de vacaciones colectivas que provengan de despachos del régimen
individual, en los cuales hayan causado vacaciones que se encuentren pendientes por
disfrutar, tampoco podrán conceder el disfrute de dichos periodos», estas se pagaran al
momento del retiro definitivo del servicio; y iv) respecto de «funcionarios judiciales del
régimen de vacaciones colectivas, que participen en programas de descongestión de
despachos judiciales, cuya vigencia coincida total o parcialmente con el periodo de la
vacancia judicial, en cuanto termine la medida de descongestión reasumirán
automáticamente los cargos de los cuales son titulares y entrarán a gozar de inmediato del
resto de las vacaciones colectivas, lo cual implica que se reintegrarán a sus labores en
cuanto se termine la vacancia judicial en el mes de enero. Los días de vacancia que les
faltaren para completar el tiempo legalmente establecido, es decir, los del mes de diciembre,
les serán compensados en dinero. […]»

10 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
11 Programación de vacaciones de los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones Individuales.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07003-00
Demandante: Diana Milena Herazo Ruiz

Como se observa, el referido acto administrativo estableció lo pertinente respecto al
disfrute de vacaciones de funcionarios de los regímenes colectivo e individual, en
cuanto al primero de los mencionados, de forma expresa reconoció el nombramiento
de reemplazo para aquella jueza o magistrada que no pudo disfrutar del periodo
vacacional consolidado por coincidir con la licencia de maternidad.

Para efectos de dirimir el sub examine, es pertinente relacionar los supuestos
acreditados a través de los medios probatorios aportados por las partes12, de la
siguiente manera:

• Diana Milena Herazo Ruiz, en calidad de jueza primera promiscua del circuito de
Planeta Rica, pertenece al régimen colectivo de vacaciones de la Rama Judicial;
quien disfrutó licencia de maternidad del 26 de octubre de 2021 al 28 de febrero de
2022:

• Situación puesta en conocimiento del nominador el 29 de octubre de 2021:

12
Ver índice 2 de SAMAI, archivo denominado «ED_ANEXOSTUTELA_(.pdf) NroActua 2»

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07003-00
Demandante: Diana Milena Herazo Ruiz

• De acuerdo con la fecha en que transcurrió la referida licencia de maternidad, el
periodo vacacional causado de diciembre 2021 a enero 2022 no ha sido disfrutado
por la demandante.

• El 28 de enero de 2022 la demandante solicitó ante el Tribunal del Distrito Judicial
de Montería, el goce del periodo vacacional pendiente de disfrutar, respecto de lo
cual no recibió respuesta, por lo que se reincorporó al servicio a partir del 1 de marzo
de 2022.

• De conformidad con la Circular 006 del 14 de septiembre de 2023, la presidencia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería informó a los jueces del
departamento de Córdoba, entre otras, que,

• Mediante correo electrónico del 18 de septiembre de 2022, la demandante solicitó,
por segunda vez, ante su nominador la concesión del disfrute del pluricitado periodo
de vacaciones a partir del 5 de febrero de 2024, inclusive.

• Con oficio 15112 del 9 de noviembre de 2023, la presidencia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Montería atendió de manera desfavorable la solicitud de la
demandante, ante la no expedición de un CDP por parte de la Dirección Seccional
Ejecutiva de Administración Judicial de Montería, según se lo comunicó mediante
oficio DESAJMOO23-1151 del 3 de noviembre de 2023, en el que señaló:

«[…] Atendiendo el principio de anualidad del presupuesto, el Tribunal Superior de
Montería debe reenviar esta petición para evaluar la posibilidad de conceder la
disponibilidad presupuestal en el mes de enero de 2024, ya que es imposible hacerlo
este año porque los rubros de gastos de personal no cuentan con aprobación de
vigencias futuras. Esperamos en la DESAJ Montería nuevamente esta petición en la
vigencia fiscal 2024, para poder enviar el CDP. […]»

De acuerdo con el recuento fáctico que antecede, en el sub examine es claro que
la inconformidad de la demandante proviene de la imposibilidad de disfrutar de las
vacaciones a que tiene derecho, cuyo disfrute solicitó, de manera oportuna, a partir
del 5 de febrero de 2024, inclusive, con ocasión de la negativa de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración de Judicial de Montería a expedir un CPD
que permita nombrarle un reemplazo durante su ausencia, bajo argumentos de tipo
presupuestales y temporales.

En este punto, la Sala llama la atención a la Dirección Ejecutiva Seccional de

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07003-00
Demandante: Diana Milena Herazo Ruiz

Administración de Judicial de Montería, toda vez que su negativa a expedir un CDP
para nombrar el reemplazo de Diana Milena Herazo Ruiz, en calidad de jueza
primera promiscua del circuito de Planeta Rica, resulta a todas luces caprichosa y
sin ningún fundamento legal; pues, si bien no se cuestiona el argumento de que «los
rubros de gastos de personal no cuentan con aprobación de vigencias futuras», no significa
ello que no pueda adoptar medidas asertivas para solucionar la situación
presentada, sin que ello implique imponer cargas adicionales a la demandante para
que materializa su derecho, el cual no está en discusión.

Mal puede la entidad requerir a la demandante que por tercera vez presente la
solicitud del desfrute de las vacaciones ya causadas, correspondientes al periodo
diciembre 2021 – enero 2022, para que el asunto sea definido en la vigencia fiscal
2024; situación que resulta lesiva a sus derechos fundamentales.

A juicio de la Sala, las actuaciones administrativas que deben adelantar las
entidades demandadas para materializar el disfrute de las vacaciones de la
demandante de ninguna manera pueden servir de excusa o justificación para
impedir su goce efectivo, y más, cuando, como en el caso bajo estudio, no existe
fundamento que justifique la negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Montería para expedir el CDP correspondiente, que
permita el nombramiento de su reemplazo durante dicho lapso.

El Consejo de Estado, al resolver situaciones de contornos similares, ha sostenido
que la falta de asignación de recursos para nombrar el remplazo de un empleado o
funcionario judicial no solo amenaza el derecho al descanso de quien no puede
disfrutar sus vacaciones, sino también se traduce en una afectación del desarrollo
de las funciones jurisdiccionales y de la calidad del servicio de la administración de
justicia. En efecto, en sentencia de tutela proferida el 26 de febrero de 2020 13, se
precisó:

«[…] Recuérdese que según el artículo 146 de la Ley 270 de 1996 “Las vacaciones
individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio”. Por
consiguiente, quebrantar el desarrollo armónico y eficiente del Juzgado al no asignar los
recursos para el reemplazo de la secretaria indudablemente amenaza el derecho
fundamental al descanso de la empleada judicial, pues como lo indica la norma este
derecho tiene una relación inescindible con “las necesidades del servicio”.

La falta de asignación de recursos para el reemplazo se traduce en la afectación del
desarrollo de las funciones jurisdiccionales del Juzgado 26 Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Cali, pues todas las labores de ese Despacho
deberán ser asumidas solamente por dos personas, lo que indudablemente repercute en
la calidad del servicio de administración de justicia.

Si bien el derecho fundamental al descanso no puede ser transgredido bajo el argumento
de que se afectará el desarrollo normal del despacho judicial, tampoco puede

13 Consejo de Estado, Sección Cuarta. MP Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Expediente
11001031500020200014300

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07003-00
Demandante: Diana Milena Herazo Ruiz

desconocerse que la no asignación de recursos impactará notablemente en la
administración del servicio judicial de un Juzgado que opera con tres servidores
judiciales. Por ende, es necesario conciliar los intereses de continuidad en la prestación
del servicio y el derecho al descanso remunerado.

4.5. Tampoco puede olvidarse que el Consejo Superior de la Judicatura, por medio de
las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales, tiene el deber de “(…) 6. Ejercer
la vigilancia judicial para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y cuidar
del normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de esta Rama (…)”14
(Subrayado fuera de texto original).
Por esto, antes que promover situaciones que puedan alterar el desarrollo armónico de
un despacho judicial, las diferentes dependencias del Consejo Superior de la Judicatura
deben propender para que las labores judiciales se ejerzan normalmente y sin
traumatismos innecesarios.

El Consejo Superior de la Judicatura tendría que expedir directrices claras sobre el
manejo de las vacaciones individuales de todos los funcionarios judiciales, más allá de
si son funcionarios o empleados. Todo con el propósito de que la solicitud de vacaciones
no altere el normal desarrollo de la función judicial y que tampoco se vulnere el derecho
al descanso de los trabajadores.

4.6. Ahora bien, esta Sala ha manifestado que asuntos de índole administrativa no
pueden afectar el derecho al goce y disfrute del periodo vacacional que legalmente les
asiste a los trabajadores, aún más si se tiene en cuenta que el descanso constituye un
derecho fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones dignas.

Impedir el derecho al descanso con base en restricciones administrativas no es una
carga que deban soportar las actoras, puesto que las vacaciones constituyen una
garantía fundamental que tienen todos los empleados, por lo que no puede ser
transgredida ni en función del servicio ni por cuestiones de índole presupuestal.

4.7. Así las cosas, la Sala encuentra que la decisión negativa sobre la asignación de
recursos proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del
Valle del Cauca atenta contra el derecho al descanso de Paola Andrea Arias Toro, pues
en la práctica implica el aplazamiento indefinido de las vacaciones, a fin de no entorpecer
el funcionamiento normal del Juzgado. Situación que a juicio de la Sala no es más que
un obstáculo administrativo.

Igualmente, un escenario en el que la referida empleada salga al disfrute de sus
vacaciones sin que sea posible el nombramiento de su reemplazo, dada la falta de
asignación de recursos, vulnera el derecho al trabajo digno de Indira Katy Vélez Murillo.
Esto en razón a que será ella quien soportará las cargas de presidir un juzgado penal
con funciones de control de garantías, con tan solo un servidor judicial que la apoye en
la realización de audiencias, proyección de providencias, realización de labores
administrativas y atención al público. […]»

En el caso concreto de Diana Milena Herazo Ruiz, se observa que la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería no puede dejar en
suspenso el disfrute de sus vacaciones, pues, si bien es cierto ello lo define el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Montería, en calidad de nominador, una
respuesta favorable al respecto depende de la expedición del CDP que permita

14 Ley 270 de 1996. Artículo 101.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07003-00
Demandante: Diana Milena Herazo Ruiz

nombrarle un reemplazo durante su ausencia, en aras de no afectar la prestación
del servicio; razón por la cual, se accederá a la solicitud de amparo.

En consecuencia, se ordenará i) a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Montería que, dentro del primeros ocho (8) días hábiles
de la vigencia fiscal 2024, emita el certificado de disponibilidad presupuestal
correspondiente, el cual deberá ser remitido el 11 de enero de 2024 al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Montería y ii) a este último que, dentro de los cinco
(5) días siguientes a la recepción del respectivo documento, nombre el reemplazo
de Diana Milena Herazo Ruiz, para que pueda disfrutar de su periodo de vacaciones
en la fecha solicitada.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley

F A L L A:

Primero. Amparar los derechos fundamentales al descanso remunerado y al trabajo
digno de Diana Milena Herazo Ruiz, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

Segundo. Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Montería que, dentro del primeros ocho (8) días de la vigencia fiscal 2024, emita el
certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente, el cual deberá ser
remitido el 11 de enero de 2024 al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Montería.

Tercero. Ordenar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería que, dentro
de los cinco (5) días siguientes a la recepción del respectivo documento, nombre el
reemplazo de Diana Milena Herazo Ruiz, para que pueda disfrutar del periodo de
vacaciones ya consolidado en la fecha solicitada.

Cuarto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07003-00
Demandante: Diana Milena Herazo Ruiz

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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