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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-07008-01

Fecha
17 de junio de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-07008-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR el fallo dictado el 16 de enero de 2024 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR improcedente la solicitud de amparo, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07008-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

17 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07008-01
Accionante: Nagasi S.A.S. y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA / Mora judicial / Declara improcedencia.

Procede la Sala a decidir la impugnación1 presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 16 de enero de 2024 por la Sección Segunda, Subsección
B del Consejo de Estado, mediante la cual se negó la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 17 de noviembre de 2023, las sociedades Nagasi S.A.S., Vinsa Inversiones
S.A.S., Reiko Inversiones S.A.S. y Guía Grupo de Inversión Inmobiliario S.A.S., a
través de apoderado judicial, presentaron demanda de tutela contra las
Subsecciones A y C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia. Consideran que estos fueron
vulnerados por las autoridades accionadas al incurrir en una presunta mora judicial
en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
número 25000-23-41-000-2019-00790-00.

2. De acuerdo con el relato fáctico, el 9 de septiembre de 2019, la sociedad Credicorp
Capital Fiduciaria S.A., actuando como vocera del patrimonio autónomo denominado
“Fiducia Mercantil de Administración Fuente de Pago FAFP Aktivos IV”, impetró
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Instituto de
Desarrollo Urbano -IDU-. Dicho asunto fue asignado por reparto a la Subsección A
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 11 de
septiembre de ese mismo año.

1 El expediente ingresó al Despacho del Consejero Ponente para decidir sobre la impugnación el 20 de mayo de

2024.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07008-01
Accionante: Nagasi S.A.S. y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

3. El 19 de agosto de 2020, la sociedad Aktivos Inmobiliarios S.A.S. (hoy disuelta y
liquidada) solicitó ser reconocida como sucesora procesal del patrimonio autónomo
FAFP Aktivos IV. Al no haberse emitido pronunciamiento alguno dentro de ese
asunto, el 11 de junio de 2021, el apoderado de la parte demandante presentó
solicitud de impulso procesal.

4. Por auto del 1º de julio de 2021, la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda. En cumplimiento a lo
dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo CSJBTA23-44 del
5 de mayo de 20232, mediante auto del 16 de mayo siguiente, dicha autoridad judicial
resolvió remitir el expediente al Despacho 9 de la Subsección C de la Sección
Primera de esa Corporación.

5.El 16 de mayo y el 15 de septiembre de 2023, el apoderado de la parte
demandante formuló nuevamente solicitud de impulso procesal.

6. Las aquí accionantes alegaron que al momento en que se aprobó la disolución y
liquidación de la sociedad Aktivos Inmobiliarios S.A.S., fungían como accionistas de
esta última, por lo que en la actualidad son los “directos interesados en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho y sucesores procesales del mismo”.

7. Bajo ese escenario, reprocharon que, a pesar de las múltiples solicitudes de
impulso procesal que se han presentado, para la fecha en que se radicó la demanda
de tutela, todavía no se había emitido ningún pronunciamiento frente a la remisión
del expediente o la continuación del aludido proceso, incurriendo con ello en una
mora judicial excesiva e injustificada que comporta una vulneración a sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

8. Sostuvieron que, aun cuando tienen conocimiento de la congestión judicial que se
presenta al interior de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, lo cierto es que han transcurrido más de 4 años desde que se radicó
la demanda contenciosa administrativa y ni siquiera se ha resuelto la solicitud de
sucesión procesal, ni tampoco se ha fijado fecha para llevar a cabo la audiencia
inicial, sin que medie una justificación razonable para esa tardanza.

9. De esta manera, las pretensiones están encaminadas a que: (i) se ordene a la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
remitir el expediente contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho a la Subsección C de la Sección Primera de esa Corporación, conforme a
lo ordenado en el auto del 16 de mayo de 2023 y; (ii) se inste a esta última autoridad
para que le dé impulso al proceso y “surta—dentro de un plazo razonablemente
corto—todas las actuaciones pendientes”.

B. Sentencia de primera instancia

2 “Por el cual se redistribuyen procesos de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca”.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07008-01
Accionante: Nagasi S.A.S. y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

10. Mediante sentencia del 16 de enero de 2024, la Sección Segunda, Subsección B

del Consejo de Estado negó el amparo deprecado en la demanda. Luego de realizar
un recuento de las actuaciones que se han adelantado en el trámite contencioso
administrativo cuestionado, la autoridad judicial encontró que el tiempo que ha
transcurrido para decidir, entre otras cosas, la solicitud de sucesión procesal no
obedece a una falta de diligencia de las autoridades judiciales que han conocido del
asunto, sino a la congestión judicial que atraviesa esa Corporación, lo que conllevó
a que el proceso fuera remitido a otro Despacho diferente al que inicialmente había
sido asignado. Por consiguiente, consideró que no se vulneró derecho fundamental
alguno, máxime teniendo en cuenta que el 1º de diciembre de 2023, la Subsección
C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió
avocar conocimiento de ese asunto.

C. La impugnación

11. Además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito de tutela, la parte
demandante manifestó que si bien es cierto que no hay lugar a endilgarle negligencia
alguna a las autoridades judiciales que han conocido del asunto y mucho menos a la
que recientemente asumió conocimiento del mismo, también lo es que los
accionantes, como usuarios del sistema de la administración de justicia, no deben
ser los llamados asumir la mora excesiva y desproporcionada, así como los perjuicios
que se derivan de ella.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

12. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar

su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

E. Análisis del caso concreto

13. En el caso bajo estudio, las sociedades Nagasi S.A.S., Vinsa Inversiones S. A.

S., Reiko Inversiones S. A. S., y Guía Grupo de Inversión Inmobiliario S. A. S, como
socios de una sociedad que se presenta a un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho (radicado número 25000-23-41-000-2019-00790-00) como sucesor
procesal del demandante, invocan el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, con ocasión de una presunta
mora judicial.

14. En reiterada jurisprudencia3, la Corte Constitucional ha sostenido que al igual que

las personas naturales, las personas jurídicas, ya sean privadas o de derecho
público, también son titulares de derechos fundamentales. De ahí que se encuentren

3 Al respecto, ver sentencias T-411 de 1992, T-644 de 2013 y T-627 de 2017, entre otras.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07008-01
Accionante: Nagasi S.A.S. y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

legitimadas para impetrar acciones de tutela, siempre que sus derechos
fundamentales resulten amenazados o vulnerados ante una acción u omisión de una
autoridad.

15. Sin embargo, en este caso las sociedades tutelantes no acreditaron ser titulares

de las prerrogativas iusfundamentales objeto de reclamo, pues no se evidencia que
ostenten la calidad de parte en el proceso cuya mora se alega, ni tampoco se
observa que hayan solicitado ser reconocidos como sucesores procesales de la
parte demandante, a partir de lo cual se derivara un interés legítimo para acudir en
defensa de sus propios derechos.

16. Las actuaciones u omisiones que ocurran en el marco de un proceso judicial

tienen incidencia o pueden repercutir en los intereses de quienes participan en la
litis. De manera que, en principio, solamente aquellos que han sido reconocidos
como sujetos procesales pueden alegar la afectación de los derechos
fundamentales que les asiste en el marco del proceso.

17. Así, uno de los presupuestos base para reclamar la protección de un derecho

fundamental con ocasión de una actuación u omisión dentro de un proceso judicial,
es haber ostentado la calidad de sujeto procesal en el asunto que se pretende
cuestionar o, por lo menos, acreditar la existencia de un interés legítimo de cara a lo
que allí se defina, como lo sería por ejemplo la resolución de una solicitud de
sucesión procesal en virtud de una transmisión o cesión de los derechos litigiosos
allí debatidos.

18. Lademanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue impetrada por la
sociedad Credicorp Capital Fiduciaria S.A., actuando como vocera del patrimonio
autónomo denominado “Fiducia Mercantil de Administración Fuente de Pago FAFP
Aktivos IV”. En virtud de la liquidación de ese patrimonio autónomo, la sociedad
Aktivos Inmobiliarios S.A.S. presentó una solicitud dentro del proceso, a fin de ser
reconocida como sucesora procesal de la parte demandante. Petición que a la fecha
todavía no ha sido resuelta por el juez natural.

19. Las aquí accionantes dicen ser sucesoras procesales de esta última sociedad, ya

que fungían como accionistas de la misma al momento de su liquidación y sobre esa
base sustentan la vulneración alegada. Sin embargo, no aportaron algún elemento
de juicio que dé cuenta de ello.

20. En el expediente no obra prueba de que hayan sido reconocidas como sucesoras

procesales de la parte demandante en el asunto que se cuestiona, ni que hayan
solicitado su reconocimiento en tal calidad, conforme lo dispone el artículo 68 del
Código General del Proceso.

21. Si las sociedades accionantes consideraban que les asiste un interés en virtud

del cual deban asistir al proceso cuya mora se alega, debieron haberlo puesto de

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07008-01
Accionante: Nagasi S.A.S. y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

presente ante la autoridad judicial que conoce del asunto. No obstante, omitieron
hacerlo.

22. En todo caso, el simple hecho de haber sido accionistas de una sociedad que

solicitó el reconocimiento como sucesor procesal dentro de un proceso judicial no
supone per se que ocupen el lugar de sucesores del derecho que se debate en el
proceso contencioso administrativo. Esto, debido a que: (i) a esa sociedad (ya
disuelta y liquidada) no se le ha reconocido como tal esa calidad dentro del proceso,
como para que a partir de ese reconocimiento pudieran disponer de los derechos
debatidos en el proceso; y (ii) si bien aportaron una certificación del revisor fiscal
para acreditar el interés alegado, dicho documento, por un lado se expidió cuando
la sociedad ya se había liquidado, es decir, cuando esa persona ya no fungía como
su revisor fiscal y, por otro lado, únicamente demuestra su participación como
accionistas, pero no acredita en forma alguna que al momento de la liquidación de
la sociedad se les asignaron a su favor los derechos litigiosos derivados del proceso
ordinario en cuestión. Es decir, no allegaron ningún elemento probatorio que dé
cuenta de los términos en que se liquidó la sociedad, lo acordado respecto a sus
activos y/o pasivos, ni frente a los derechos litigiosos producto de algún proceso
judicial.

23. La condición de antiguos accionistas de una sociedad disuelta y liquidada no los

hace automáticamente sucesores de esta en los litigios en que participara o
pretendiera participar. Ni siquiera los porcentajes de participación en aquella
persona jurídica son suficientes para acreditar lo anterior, pues no se puede
presumir que todos los derechos de la sociedad se fraccionaron entre sus
accionistas a prorrata de sus acciones. La esencia de una liquidación justamente es
finiquitar las cuentas de la persona jurídica con sus acreedores y con sus socios. De
manera que un derecho litigioso, como ese en virtud del cual pretenden sustentar su
legitimación, pudo ser asignado a cualquiera de los acreedores o socios, y no es
algo que el juez constitucional deba asumir.

24. De manera que al no acreditar la condición de sujeto procesal dentro del proceso

en el cual se alega la conducta vulneradora, ni como demandante inicial, ni como
sucesora procesal de alguna parte, resulta inviable que se alegue una transgresión
a sus derechos fundamentales al interior de ese asunto. Ello, comoquiera que las
eventuales omisiones por parte de la autoridad judicial que tiene a su cargo el
proceso no tienen la potencialidad de generar la afectación que se alega.

25. De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que las actoras no lograron
acreditar la existencia de una omisión por parte de las autoridades accionadas que
comporte una vulneración de algún derecho fundamental del cual sean titulares. De
ahí que la solicitud de amparo se torne improcedente.

26. De hecho, más allá de omitir acreditar su legitimación en el asunto, la falencia en

la solicitud de amparo reside en que se pretende fundar la misma en la supuesta
vulneración de derechos fundamentales a una sociedad que ya fue disuelta y
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Accionante: Nagasi S.A.S. y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

liquidada. La finalización de la personería jurídica conlleva la extinción de derechos.
De forma tal que no se puede pretender la protección de los mismos.

27. Por lo expuesto anteriormente, la Sala modificará la sentencia del 16 de enero de

2024, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. En
su lugar, declarará la improcedencia de la acción de tutela impetrada por las
sociedades Nagasi S.A.S., Vinsa Inversiones S. A. S., Reiko Inversiones S. A. S., y
Guía Grupo de Inversión Inmobiliario S. A. S.

28. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el fallo dictado el 16 de enero de 2024 por la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR
improcedente la solicitud de amparo, conforme a lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE4
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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