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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07011-00

Fecha
12 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07011-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar el amparo solicitado por los señores los señores Edison Andrés Sánchez Anturi, en nombre propio y de su hija Karen Michel Sánchez Perdomo; Jaime Alberto Sánchez Acevedo; Nancy Esneda Anturi Muñoz; Nadya Andrea Sánchez Anturi y Leidy Vanessa Sánchez Anturi, en relación con el desconocimiento del precedente judicial y la violación directa de la Constitución Política, y declarar improcedente la acción en cuanto al defecto sustantivo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Reconocer personería jurídica a Luis Alejandro Montaña Ortega, para actuar dentro del presente proceso como apoderado de los accionantes. Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07011-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

12 de diciembre de 2023

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 7 01 1- 0 0

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07011-00
Accionante: Edison Andrés Sánchez Anturi, en nombre propio y de su hija
Karen Michel Sánchez Perdomo, y otros.
Accionados: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión.

Temas: Acción de tutela contra sentencia de segunda instancia dictada en medio
de control de reparación directa, por privación injusta de la libertad, en la que se
revocó la decisión de acceder a las pretensiones de la demanda.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por los señores Edison Andrés
Sánchez Anturi, en nombre propio y de su hija Karen Michel Sánchez Perdomo;
Jaime Alberto Sánchez Acevedo; Nancy Esneda Anturi Muñoz; Nadya Andrea
Sánchez Anturi y Leidy Vanessa Sánchez Anturi1 contra el Tribunal Administrativo
del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, por la expedición de la sentencia del 5 de
mayo de 2023, en el proceso de reparación directa con radicado 18001-33-33-001-
2017-00627-00 [01].

1 Se aclara que, si bien en el auto admisorio del 22 de noviembre de 2023 se tuvo como accionante a la señora

Alecyci Huertas Rojas, en nombre propio y de su hijo Neymar Andrés Sánchez Huertas, al haber sido
mencionada de esta forma en el escrito inicial, lo cierto es que ello estaba sujeto a que se allegara el poder
conferido al abogado; sin embargo, este último en memorial posterior informó que no la representa.

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ANTECEDENTES

Los señores Edison Andrés Sánchez Anturi, en nombre propio y de su hija Karen
Michel Sánchez Perdomo; Jaime Alberto Sánchez Acevedo; Nancy Esneda Anturi
Muñoz; Nadya Andrea Sánchez Anturi y Leidy Vanessa Sánchez Anturi
promovieron acción de tutela para que se protejan sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la presunción de inocencia junto con el principio de juez natural,
los cuales consideró vulnerados por la autoridad judicial accionada.

HECHOS

La parte accionante afirmó que el señor Edison Andrés Sánchez Anturi fue privado
injustamente de la libertad, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14
años, por lo cual instauraron demanda de reparación directa contra la Nación-Rama
Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

Que el 29 de enero de 2021 el Juzgado Primero Administrativo de Florencia declaró
administrativamente responsable a la Nación-Rama Judicial y la condenó al pago
de perjuicios morales y materiales, en la modalidad de lucro cesante.

Que la anterior providencia fue apelada y el 5 de mayo de 2023 el Tribunal
Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, revocó la sentencia
recurrida y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, porque consideró
que se cumplían los requisitos legales para la imposición de la medida de
aseguramiento y existían elementos probatorios que permitían evidenciar la
necesidad de aquella.

Estima que la Sala precitada fundamentó la decisión de segunda instancia en la
sentencia de unificación 072 del 2018 dictada por la Corte Constitucional y valoró la
conducta preprocesal del señor Edison Andrés Sánchez Anturi, a pesar de que fue
dejada sin efectos mediante el fallo de tutela del 15 de noviembre de 2019 proferido
en el proceso con radicado 11001-03-15-000-2019-00169-01, la cual fue confirmada
en sede de revisión por la mencionada Corte en la SU363/21, y, por ende, no tiene
fuerza vinculante.

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Que en el caso del señor Sánchez Anturi el proceso penal finalizó con sentencia
absolutoria, por lo cual su presunción de inocencia nunca fue desvirtuada y el
Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, no podía pretender
juzgar su conducta, pues no tiene jurisdicción ni competencia para ello, como quedó
plasmado en el salvamento de voto de la magistrada Yanneth Reyes Villamizar
frente a la sentencia discutida en esta sede.

Que la autoridad judicial no hizo referencia a la Sentencia SU363/21, en la que la
Corte Constitucional precisó que la naturaleza de la medida de aseguramiento no
es el prejuzgamiento, sino la garantía del curso normal del proceso, la protección
de las personas que puedan verse amenazadas, entre otras, lo cual es acorde con
la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos; además, aclaró que el
análisis del dolo o la culpa grave de la víctima debe partir de las actuaciones
procesales que pudieron incidir en la imposición de la medida de aseguramiento.

Que el estudio del peligro para la sociedad no puede estar soportado en el análisis
objetivo del delito, sino en si la persona concreta representa un peligro por sus
cualidades, lo que no examinó el juez de control de garantías.

En suma, adujo que el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de
Decisión, incurrió en violación directa de la Constitución Política por
desconocimiento de la presunción de inocencia, del debido proceso y del juez
natural; en defecto sustantivo por desatención del principio iura novit curia, al no
analizar el asunto, de forma residual, desde el punto de vista de la responsabilidad
objetiva, a pesar de que así lo solicitó en la demanda; y por aplicar una sentencia
de unificación que fue dejada sin efectos.

PRETENSIONES

Los accionantes solicitaron dejar sin efectos la sentencia del 5 de mayo de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, en
el proceso con radicado 18001-33-33-001-2017-00627-01, y ordenarle que, en el
término de 8 días, profiera sentencia de reemplazo, en la que atienda las previsiones
contenidas en la tutela y las recomendaciones que se tengan a bien hacer.

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ACTUACIÓN PROCESAL

La acción de tutela de la referencia fue admitida el 22 de noviembre de 2023,
mediante proveído, en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del
Caquetá, Sala Segunda de Decisión, como accionado; y a la Nación-Fiscalía
General de la Nación y a la Rama Judicial, como terceros con interés.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo del Caquetá, Despacho Tercero, por conducto de la
magistrada ponente de la sentencia cuestionada, indicó que la Sala Segunda de
Decisión de esa corporación examinó todas las pruebas aportadas al plenario y las
normas y jurisprudencia relacionadas con la privación injusta de la libertad que se
encontraban vigentes para la fecha de la decisión, las cuales le permitieron concluir
que no existía responsabilidad de las demandadas, por inexistencia de antijuricidad
del daño.

Expuso que la decisión objeto de reproche se fundó en la Sentencia SU072/18
proferida por la Corte Constitucional, la cual no ha sido revocada, e inclusive la
posición allí asumida fue adoptada por la Sección Tercera del Consejo de Estado,
en pronunciamientos como el del 5 de marzo de 2020, expediente 47001-23-31-
000-2011-00029-01, según se consignó en la providencia censurada. Aclaró que los
accionantes confunden la anterior decisión con la de unificación proferida por el
Consejo de Estado el 15 de agosto de 2018 en el expediente con radicado 66001-
23-31-000-2010-00235-01, que fue dejada sin efectos mediante tutela del 15 de
noviembre de 2019.

Agregó que el criterio dispuesto en la Sentencia SU072/18 no establece que debe
verificarse la conducta preprocesal del implicado, sino que el análisis de la legalidad
de la medida de privación de la libertad debe efectuarse desde la óptica de la
razonabilidad y la proporcionalidad, tal y como se realizó.

Que para la fecha en que se dictó la sentencia discutida en esta sede no se conocía
la totalidad del texto de la Sentencia SU363/21, pues solo había un comunicado de
prensa y, en todo caso, no se desconoció el criterio judicial vigente, esto es, que en
los casos de privación de la libertad, independientemente del régimen de

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responsabilidad aplicable, el juzgador debe analizar si la detención fue injusta,
según las particularidades del caso y bajo criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad.

Que la decisión atacada estuvo ajustada al criterio judicial vigente para la fecha en
que se profirió y lo que pretenden los accionantes es obtener una decisión favorable
a sus pretensiones, pese a que fueron vencidos en juicio, y crear una nueva
instancia, por lo cual solicitó declarar la improcedencia de la tutela por no cumplir
con el requisito de la relevancia constitucional.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Fiscalía General de la Nación, por medio de la profesional especializada de la
Dirección de Asuntos Jurídicos, manifestó que, para cuestionar la decisión judicial
de segunda instancia, en la Ley 1437 de 2011, se prevén distintos recursos, a pesar
de lo cual la parte actora no explicó por qué no los utilizó, por lo que no se cumple
el requisito de subsidiariedad y tampoco se demostró la configuración de un
perjuicio irremediable.

Además, indicó que aquella no identificó la afectación alegada ni demostró la causal
en que incurrió la providencia controvertida. Añadió que no se acreditó la
estructuración del defecto sustantivo invocado, pues la sentencia fue razonada,
proporcional, se ajustó a derecho y estuvo debidamente soportada y el Tribunal
Administrativo de Antioquia respetó las reglas jurisprudenciales consagradas en la
Sentencia SU072/18.

Por consiguiente, solicitó declarar improcedente la acción de tutela, por el
incumplimiento de la causal general de procedencia de la subsidiariedad y la no
transgresión del precedente judicial.

La Rama Judicial, Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá,
Coordinación Administrativa de Florencia, Caquetá, por medio del coordinador
del Área de Asistencia Legal de la Nación, sostuvo que el Tribunal Administrativo
del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, tuvo en cuenta los distintos
pronunciamientos efectuados por el Consejo de Estado y de la Corte Constitucional
y la normativa aplicable al caso.

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Que los asuntos respecto de los cuales exista cosa juzgada no pueden volver a ser
estudiados ante la jurisdicción, por lo cual en el caso bajo estudio, debido a que la
parte actora no hizo uso de los recursos extraordinarios previstos en la Ley 1437 de
2011, la sentencia del 5 de mayo de 2023 es oponible a los señores Luis Carlos
Caicedo Parra y otros.

Solicitó declarar, primero, la inexistencia de vulneración de los derechos
fundamentales señalados por la parte actora y, segundo, improcedente la tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/053.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que

2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
3 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

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“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.

II. Caso concreto

En síntesis, los accionantes consideran que el Tribunal Administrativo del Caquetá,
Sala Segunda de Decisión, incurrió en los defectos de violación directa de la
Constitución Política, por la desatención del principio de presunción de inocencia, y
en defecto sustantivo, por, de un lado, aplicar la sentencia de unificación 072 del
2018 dictada por la Corte Constitucional, pese a que fue dejada sin efectos mediante
el fallo de tutela del 15 de noviembre de 2019 proferido en el proceso con radicado
11001-03-15-000-2019-00169-01, y, en esa medida, desconocer la Sentencia
SU363/21 dictada por dicha Corte que revisó esta última y, de otro, no analizar el
caso desde el punto de vista del régimen de responsabilidad objetivo, a pesar de
que fue solicitado en la demanda.

A esta Subsección le corresponde, en primer lugar, verificar si se superan los
requisitos generales de procedibilidad y, de ser así, si se configuran la violación
directa de la Constitución Política, el defecto sustantivo y el desconocimiento del
precedente judicial. Sobre este último, se aclara que los argumentos relativos a la
inobservancia de la sentencia de la Corte Constitucional y la aplicación de un
pronunciamiento que había sido dejado sin efectos, realmente encajan es en el
último de los mencionados.

La Sala encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad de la
presente acción de tutela para discutir la sentencia del 5 de mayo de 2023
censurada en esta sede, comoquiera que 1) el asunto a resolver es de marcada
relevancia constitucional, en la medida en que se centra en establecer si en la
decisión judicial controvertida se vulneraron los derechos fundamentales
reclamados en protección; 2) la parte accionante no cuenta con otros medios de
defensa judicial para discutir lo aquí expuesto, con excepción del alegato
relacionado con el defecto sustantivo, como se explicará a continuación; 3) la acción

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se presentó dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de aquella; 4) no se
está invocando una irregularidad procesal; 5) el solicitante identificó claramente los
hechos generadores de la vulneración y los derechos transgredidos y 6) no se trata
de una sentencia de tutela.

Ahora, en cuanto al argumento sobre la falta de análisis del caso a la luz del régimen
objetivo de responsabilidad, a pesar de que fue solicitado expresamente en la
demanda, se evidencia que la parte accionante cuenta con otro mecanismo de
defensa judicial, esto es, el recurso extraordinario de revisión, con fundamento en
la causal contenida en el numeral 5.° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto
es, la existencia de una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación, para alegar la presunta
incongruencia mencionada.

En efecto, la causal precitada es procedente cuando: 1) la nulidad invocada
aconteció en la sentencia dictada en un proceso ordinario y 2) la irregularidad
evidenciada esté soportada en un desconocimiento grave o insaneable de alguna
ritualidad sustancial propia de la actuación4. En cuanto a los eventos concretos en
los cuales procede el recurso con fundamento en la causal mencionada, en la
jurisprudencia de esta corporación se ha sostenido que se encuentran los previstos
en los artículos 133 y 134 del Código General del Proceso o cuando se demuestre
la violación del derecho fundamental al debido proceso.

Sobre esta última situación, se ha señalado que puede ocurrir cuando se dicta
sentencia en la que: a) existe carencia absoluta de motivación, b) se deja de valorar
una prueba, c) se transgrede el principio de congruencia, d) se expide sentencia
condenatoria en contra de un tercero que no está vinculado, e) no se cuenta con los
votos necesarios para su aprobación y d) se expide una decisión inhibitoria
injustificada5.

En esa medida, en el presente asunto la violación alegada es el derecho
fundamental al debido proceso por transgresión del principio de congruencia, el cual

4 Ver, entre otras, la sentencia del 13 de octubre de 2020, expediente 2019-00119-00 (REV), y la sentencia

del 5 de mayo de 2020, expediente 2017-02519-00.
5 Ver, entre otras, la sentencia del 13 de octubre de 2020, expediente 2019-00119-00 (REV), y la sentencia del

5 de mayo de 2020, expediente 2017-02519-00.

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es susceptible de ser protegido de manera integral a través del precitado recurso,
conforme a la jurisprudencia constitucional.

Ciertamente, la Corte Constitucional, en la sentencia SU026/21, luego de referirse
a las causales del recurso extraordinario de revisión, la finalidad de este y las
irregularidades que apunta a corregir; expresó que ello erige, en materia
contencioso-administrativa, al mencionado recurso en un medio de defensa idóneo
y eficaz cuando la vulneración del derecho al debido proceso tiene origen en un fallo
judicial que se encuentra ejecutoriado. Al respecto, señaló:

«De hecho la jurisprudencia constitucional ha reconocido la innegable semejanza
entre la acción de tutela y el recurso de revisión cuando se busca proteger este
derecho:

“A través de ese medio [recurso extraordinario especial de revisión] se
plantearía la controversia sobre el debido proceso en términos idénticos
a los que constituyen el presupuesto para resolver la acción de tutela, al
punto que un pronunciamiento del juez constitucional dejaría sin oficio
al juez competente. Los dos procesos, el extraordinario especial de
revisión y el de tutela, tendrían identidad de causa petendi y de petitum,
y resulta claro que no puede haber, sobre la misma causa, dos
pronunciamientos judiciales concurrentes».

De tal manera que, ante la existencia de otro mecanismo judicial para reclamar la
protección del derecho que se invoca como vulnerado, la acción de tutela resulta
improcedente y así será declarado por esta Subsección, en relación con el defecto
sustantivo alegado, máxime cuando no se observa la inminente configuración de un
perjuicio irremediable.

Esclarecido lo anterior, a esta Subsección le corresponde examinar si en el presente
asunto se configuraron los demás defectos previamente señalados. Para ello, es
necesario aclarar que, en la sentencia del 5 de mayo de 2023, el Tribunal
Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, tuvo en cuenta para resolver
el asunto, entre otras, las sentencias C037/96 y SU072/18 proferidas por la Corte
Constitucional.

A partir de esta última coligió que en los eventos de privación injusta de la libertad
no existe un régimen único de responsabilidad, pero en cualquier caso debe
examinarse si la medida fue legal, razonable y proporcionada y establecerse si el
investigado dio lugar a ella con su conducta dolosa o gravemente culposa, posición

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que encontró reiterada con posterioridad por parte de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

Con base en lo anterior, aquel concluyó que existían varios elementos probatorios
que permitían inferir la presunta participación del señor Edison Andrés Sánchez
Anturi en los hechos investigados, por lo que se cumplía la exigencia del artículo
308 del Código de Procedimiento Penal; así mismo, advirtió que aquel representaba
un peligro para los denunciantes y la víctima, la pena mínima para el delito
investigado era de 4 años y la actividad laboral a la que se dedicaba podría generar
que evadiera u obstruyera la justicia, lo que demostraba que también se reunían los
requisitos previstos en los artículos 307, 308 y 311 ejusdem, y, por contera, la
juricidad del daño alegado.

Dilucidados los razonamientos de la autoridad judicial aquí accionada para revocar
la sentencia de primera instancia, en la que se había accedido a las pretensiones
de la demanda de reparación directa, esta Subsección denota que la Sentencia
SU072/18 emitida por la Corte Constitucional, en la cual se fundamentó la autoridad
judicial aquí accionada para adoptar esa decisión, no fue dejada sin efectos,
contrario a lo afirmado por la parte accionante.

Ciertamente, se evidencia que en el fallo de tutela del 15 de noviembre de 2019
proferido en el proceso con radicado 11001-03-15-000-2019-00169-01 lo que se
dejó sin efectos fue la sentencia del 15 de agosto de 2018 proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado en el expediente 2011-00235-01 (46947), la cual no
fue aplicada por la autoridad accionada, por lo cual no le asiste razón a los actores
al señalar que la Sentencia SU072/18 utilizada por el Tribunal Administrativo del
Caquetá, Sala Segunda de Decisión, para soportar la decisión aquí discutida era
inaplicable, pues esta era de obligatorio acatamiento.

Los solicitantes del amparo también sostuvieron que la Sala precitada desconoció
la Sentencia SU363/21, al resolver el medio de control que instauraron por la
privación injusta de la libertad del señor Edison Andrés Sánchez Anturi.

Al respecto, se observa que en esa providencia judicial la Corte Constitucional
reiteró la posición asumida en la Sentencia SU072/18 en relación con la inexistencia
de un régimen específico de responsabilidad en casos de privaciones injustas de la

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libertar y la necesidad de tener en cuenta las razones por las cuales se impuso la
medida restrictiva y, en ese sentido, revisar si esta fue manifiestamente irrazonable,
inidónea y desproporcionada o si el hecho investigado no existió o la conducta era
objetivamente atípica, lo cual fue examinado por el Tribunal Administrativo del
Caquetá, Sala Segunda de Decisión, en la sentencia discutida en esta sede.

Aunado a lo expuesto, debe aclararse que en la Sentencia SU363/21 se unificó la
jurisprudencia del máximo tribunal constitucional sobre el eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima en los casos mencionados, en el
sentido de señalar que la culpa grave y el dolo se predican de las actuaciones
procesales, lo cual se ajusta a la presunción de inocencia y los principios de cosa
juzgada y juez natural.

En ese entendido, debe precisarse que el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala
Segunda de Decisión, en la sentencia del 5 de mayo de 2023, no examinó la causal
de exclusión mencionada, sino que determinó que no estaba demostrada la
antijuricidad del daño, en tanto la medida de aseguramiento impuesta en contra de
señor Edison Andrés Sánchez Anturi atendió a los procedimientos legales.

Por consiguiente, no se observa la configuración del desconocimiento del
precedente judicial ni de la violación directa de la Constitución Política, razón por la
cual se negará el amparo solicitado en relación con aquellos, y se declarará
improcedente en cuanto al defecto sustantivo, como se explicó previamente, ante el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

Por último, se aprecia que si bien los accionantes indicaron que el estudio del peligro
para la sociedad no puede estar soportado en el análisis objetivo del delito, sino en
si la persona concreta representa un peligro por sus cualidades, lo que no examinó
el juez de control de garantías, lo cierto es que ese argumento no fue alegado en
referencia al Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, el cual
claramente indicó que el peligro estaba dado por su posición frente a los
denunciantes y a las víctimas y por su actividad laboral, sino frente a lo decidido en
el marco del proceso penal, por lo que no hay lugar a emitir un pronunciamiento
sobre el particular.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar el amparo solicitado por los señores los señores Edison Andrés
Sánchez Anturi, en nombre propio y de su hija Karen Michel Sánchez Perdomo;
Jaime Alberto Sánchez Acevedo; Nancy Esneda Anturi Muñoz; Nadya Andrea
Sánchez Anturi y Leidy Vanessa Sánchez Anturi, en relación con el
desconocimiento del precedente judicial y la violación directa de la Constitución
Política, y declarar improcedente la acción en cuanto al defecto sustantivo, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Reconocer personería jurídica a Luis Alejandro Montaña Ortega, para
actuar dentro del presente proceso como apoderado de los accionantes.

Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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