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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07034-00

Fecha
18 de enero de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07034-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por la parte accionante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-07034-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

18 de enero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)

Bogotá D. C. dieciocho (18) de enero de dos mil veinticuatro (2024).

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07034-00
Accionante: José Isidro Parra Gutiérrez
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otro

Tema: Acción de tutela por la presunta vulneración del derecho fundamental de
petición / proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico / falta de
respuesta a la petición presentada ante autoridad judicial

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala de Subsección decide la acción de tutela presentada por el señor José Isidro
Parra Gutiérrez, actuando a nombre propio, en contra del Juzgado Primero
Promiscuo de Familia del Circuito de Gachetá – Cundinamarca, la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional, el Banco Popular, la Procuraduría General de la
Nación, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia Financiera y el Consejo
Superior de la Judicatura.

HECHOS

El 30 de septiembre de 2023 el señor José Isidro Parra Gutiérrez presentó petición
ante el Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de Gachetá –
Cundinamarca, con el fin de obtener la cesación de los efectos civiles del matrimonio
católico celebrado el 11 de octubre de 1971 con la señora María Resurrección
Pachón Aguilar, con quien no convive hace más de 30 años.

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A la fecha de la presentación de la acción de tutela no había recibido respuesta
frente a lo solicitado, situación que considera violatoria de su derecho fundamental
de petición. Aduce que tiene 84 años y quiere “dejar arreglados a su mujer y a sus
hijos”, refiriéndose a la persona con la que convive actualmente y quiere que a ella
“le quede registrada” su pensión de vejez.

PRETENSIONES

La parte accionante solicitó que se dé respuesta a la petición presentada el 30 de
septiembre de 2023, en los términos contemplados en la Ley 1755 de 2015.

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

Por medio de auto del 23 de noviembre de 2023, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar como accionados al Juzgado
Primero Promiscuo de Familia del Circuito de Gachetá – Cundinamarca, a la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, al Banco Popular, a la Procuraduría
General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Superintendencia Financiera
y al Consejo Superior de la Judicatura. Asimismo, ordenó notificar como tercero
interesado en las resultas de este proceso a la señora María Resurrección Pachón
Aguilar.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Gachetá – Cundinamarca
solicito que se rechace por improcedente la acción de tutela de la referencia por no
acreditarse ninguno de los presupuestos que ameritan su procedencia.

Sostuvo que efectivamente el accionante solicitó la cesación de los efectos civiles
del matrimonio católico, frente a lo cual la autoridad judicial, a través de auto del 17
de octubre de 2023, adecuó la petición a una demanda y la inadmitió por no reunir
los presupuestos previstos por el ordenamiento para este tipo de asuntos y por no
aportarse los documentos que le fueran requeridos. Posteriormente, mediante
providencia del 31 de octubre de 2023, rechazó de plano la acción.

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De igual modo, manifiesta que ante ese mismo despacho se tramitó solicitud de
exoneración de cuota alimentaria, proceso dentro del cual se dictó sentencia el 10
de noviembre de 2023, por medio de la cual se estimó viable la exoneración de pago
a favor del señor José Isidro Parra Gutiérrez.

En ese sentido, expuso que el accionante lo que pretende es que a través del
derecho fundamental de petición se agoten trámites procesales sin observancia
debida de las normas, a costa de que se vulneren las garantías constitucionales del
resto de las partes.

La Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia Financiera de
Colombia solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala de Subsección abordará las
siguientes temáticas: I) el derecho de petición ante autoridades judiciales y II) el
caso concreto.

I). El derecho de petición ante autoridades judiciales

La Corte Constitucional ha sostenido que el deber de la administración de resolver
peticiones de forma pronta y oportuna también se extiende a las autoridades
judiciales, quienes tienen la obligación de resolver las solicitudes en los términos
prescritos por la Ley y la Constitución para tal efecto1. Sin embargo, al momento de
precisar los alcances de este derecho, la jurisprudencia ha sido clara en señalar lo
siguiente:

“[…] el juez o magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como también las
partes y los intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las
disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas no son
necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son presentadas peticiones
relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las

1 Corte Constitucional, sentencia T-267 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos.

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normas propias de cada juicio”.2

En este sentido, el Tribunal Constitucional realizó una diferenciación entre los tipos
de solicitudes que se presentan ante las autoridades judiciales: en primer lugar,
están las que se refieren a actuaciones estrictamente judiciales, que se encuentran
reguladas en el procedimiento respectivo de cada juicio, debiéndose sujetar
entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para tal efecto3; y
en segundo lugar, aquellas peticiones que por ser ajenas al contenido mismo de la
litis e impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial bajo las
normas generales del derecho de petición que rigen la administración y,4 en
especial, de la Ley 1755 de 20155.

Así las cosas, siguiendo el precedente fijado por la Corte6, se tiene que la omisión
del funcionario judicial en resolver las peticiones relacionadas a su actividad
jurisdiccional según las formas propias del proceso respectivo, configura una
violación del debido proceso y del derecho al acceso a la administración de justicia7;
y la omisión de la autoridad jurisdiccional en resolver las peticiones formuladas en
relación con los asuntos administrativos constituye una vulneración al derecho de
petición8.

II. Caso concreto

De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, en el presente asunto
se advierte que:

i. El 30 de septiembre de 2023 el señor José Isidro Parra Gutiérrez presentó petición

2 Corte Constitucional, sentencia T-344 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández.
3 Corte Constitucional. Sentencia T-394 de 2018. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera.
4 Corte Constitucional, ver entre otras, sentencias T-311 de 2013. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-267 de 2017.

M.P. Alberto Rojas Ríos y T-2015A de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo.
5 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
6 Corte Constitucional. Sentencia T-394 de 2018. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera.
7 Corte Constitucional, sentencia T-215A de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo. En lo relacionado a la omisión del

funcionario judicial en resolver peticiones propias de su actividad jurisdiccional y la vulneración al debido proceso, ver
entre otras, sentencias T-377 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-178 de 2000. M.P. José Gregorio Hernández
Galindo; T-007 de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-604 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Diaz. En lo relacionado a la
omisión del funcionario judicial en resolver peticiones propias de su actividad jurisdiccional y la vulneración al acceso a la
administración de justicia, ver entre otras, sentencias C-951 de 2014. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; T-006 de 1992.
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-173 de 1993: M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-268 de 1996. M.P. Antonio
Barrera Carbonell.
8 Corte Constitucional, sentencia T-215A de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo.

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ante el Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de Gachetá –
Cundinamarca, con el fin de obtener la cesación de los efectos civiles del matrimonio
católico que contrajo con la señora María Resurrección Pachón Aguilar.

ii. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de Gachetá –
Cundinamarca, por medio de auto del 17 de octubre de 2023, le solicitó a la parte
accionante que:

(a) adecuara debidamente la demanda conforme con los preceptos del
artículo 82 del Código General del Proceso;
(b) presentara la misma por intermedio de abogado legalmente autorizado,
de acuerdo con el artículo 73 del Código General del Proceso, y;
(c) aportara la documentación pertinente, indicándole que la misma era: los
registros civiles de nacimiento, el registro civil de matrimonio, entre otros.

iii. La decisión precitada fue notificada mediante anotación en estado núm. 044 del
18 de octubre de 2023 a las 8:00 a.m.

iv. Por no haberse dado cumplimiento a la orden en cuestión, el Juzgado accionado
aplicó lo dispuesto en el artículo 90 del Código General del Proceso y, a través de
providencia del 31 de octubre de 2023, rechazó la demanda.

v. Dicho auto fue notificado por medio de anotación en estado núm. 046 del 1° de
noviembre de 2023 a las 8:00 a.m.

Al respecto, esta Sala de Subsección advierte que el objeto de la petición recae
sobre aspectos que involucran de fondo el desarrollo de una demanda de carácter
civil, la cual tiene como finalidad la cesación de los efectos civiles de un matrimonio
católico. En ese orden de ideas, el actuar del Juzgado Primero Promiscuo de Familia
del Circuito de Gachetá – Cundinamarca observó lo contemplado en los artículos
82, 84 y 90 del Código General del Proceso, en el sentido de entender la petición
interpuesta por el señor José Isidro Parra Gutiérrez como una acción que no se
ajustaba a los requisitos exigidos para su admisión.

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Así las cosas, lejos de advertirse una vulneración del derecho fundamental de
petición, en el asunto bajo estudio la autoridad judicial estaba obligada a resolver la
solicitud con observancia de los términos y etapas procesales propias de la
normatividad aplicable al desarrollo del proceso civil y siguiendo lo reglamentado
para tal efecto en el Código General del Proceso, no en la Ley 1755 de 2015, como
pretende el demandante.

De conformidad con lo citado previamente, es claro que el Juzgado Primero
Promiscuo de Familia del Circuito de Gachetá – Cundinamarca sí se pronunció
sobre la solicitud a través de auto del 17 de octubre de 2023, mediante el cual
requirió al accionante para que ajustara la demanda, pero, ante la falta de
subsanación, el 31 de octubre de 2023 rechazó la misma; siendo entonces
imposible hablar de una falta de respuesta a lo pedido.

De esta manera, si bien es posible que cualquier ciudadano presente peticiones
ante las autoridades judiciales, la obligación de éstas de dar respuesta se encuentra
regulada en el procedimiento respectivo de cada juicio, debiéndose sujetar entonces
la decisión a los términos y las etapas procesales previstas para tal efecto. Esto,
para evitar una posible vulneración de los derechos fundamentales de las demás
partes interesadas en el asunto.

En este orden de ideas, dado que en el presente asunto sí se dio trámite a la petición
presentada por el accionante el 30 de septiembre de 2023, no se advierte que la
parte accionada haya incurrido en una vulneración de los derechos fundamentales
del señor José Isidro Parra Gutiérrez, por lo que esta Sala de Subsección negará el
amparo solicitado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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FALLA

Primero: Negar el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por la
parte accionante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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