Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07036-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07036-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-07036-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
13 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07036-00
Demandante: NELSON RAÚL ZAPATA RUIZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa jurídica suficiente y
coherente para discutir la razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial
accionada / SUBSIDIARIEDAD – No se cumple el requisito porque el actor cuenta con un
mecanismo idóneo y eficaz para la protección de sus derechos, como lo es el incidente de
desacato, teniendo en cuenta que tiene fallo de tutela favorable a sus intereses.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Nelson Raúl Zapata
Ruiz contra la Nueva E.P.S y la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 20 de noviembre de 20231, el señor Nelson Raúl Zapata Ruiz interpuso acción
de tutela contra el Juzgado 19 Administrativo de Medellín, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, la Nueva EPS y COLPENSIONES por considerar
1
Se advierte que, el 5 de diciembre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07036-00
Demandante: Nelson Raúl Zapata Ruiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, al mínimo vital, a la seguridad social, a la vida y a la
dignidad humana, toda vez que, la empresa prestadora de salud no le ha pagado
las incapacidades, conforme con lo ordenado en el fallo de tutela del 12 de
diciembre de 2022, y las autoridades judiciales accionadas no han logrado que
aquellas acaten lo decido en sede de tutela. Formuló las siguientes pretensiones:
Por lo anterior y para que no se siga violando mis derechos fundamentales
enunciados arriba, solicito de las entidades accionadas:
1-Que el juez accionado despliegue las acciones tendientes al pago de mis
incapacidades, pues no basta con una sanción pecuniaria y de arresto a favor
de la rama judicial, pues con esto sigo aguantando hambre.
2-Que las entidades accionadas realicen el trámite interno y que realice el
pago de las incapacidades pues no cuento con el mínimo vital para subsistir,
es decir que se ordene el pago inmediato de mis incapacidades generadas y
de las que se sigan generando.
Como medida provisional solicitó:
Dado el cuadro clínico que presento y debido a que no cuento con recursos
económicos para poder alimentarme y debido a que incluso ya nadie me
presta para poder comer, solicito se aprueben medidas provisionales en el
sentido de ordenar a las entidades accionadas realizar el pago de las
incapacidades ya referidas.
1.2. Hechos
Narró que padece de «M255 DOLOR EN ARTICULACIÓN, M199 ARTROSIS NO
ESPECIFICADA DERECHO, M725 FASCITIS NO CLASICADA, M958 ARTROSIS
BAJO, M659 SINOVITIS Y TENOSINOVITIS», enfermedades por las cuales tuvo
que acudir al médico particular y ser incapacitado, al no recibir la atención
necesaria por la EPS demandada hasta que obtuvo un pronunciamiento del
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín,
que, en sede de tutela, ordenó a la Nueva EPS brindarle el tratamiento integral y
necesario para su recuperación.
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Demandante: Nelson Raúl Zapata Ruiz
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Señaló que también instauró acción de tutela contra la Nueva EPS para que le
pagara las incapacidades, y el Juzgado 17 Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Medellín, dentro del radicado 05-001-31-09-017-2022-00004-00,
ordenó: «(…) realizar el pago de las incapacidades correspondientes a los
periodos del 27 de junio de 2021 al 26 de julio de 2021, 27 de julio de 2021 al 25
de agosto de 2021, 26 de agosto de 2021 al 24 de septiembre de 2021, 25 de
septiembre de 2021 al 24 de octubre de 2021, 25 de octubre de 2021 al 23 de
noviembre de 2021, 24 de noviembre de 2021 al 23 de diciembre de 2021 y del 6
de enero de 2022 al 20 de enero de 2022, tiempo este último que arroja un
acumulado de 195 días».
Manifestó que consideró que la entidad prestadora de salud no pagó las
incapacidades completas y por eso interpuso incidente de desacato, sin embargo,
la autoridad judicial determinó que el fallo amparó el pago de unas incapacidades
determinadas y por lo tanto, para obtener la cancelación de fechas distintas debía
interponer otra tutela.
En vista de lo anterior, expuso que se vio en la necesidad de instaurar otra acción
de tutela, que esta vez conoció el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Medellín, y
falló a su favor ordenando a la Nueva EPS «[realizar] las gestiones necesarias
tendientes a efectuar el pago de las incapacidades generadas a partir del 21 de
enero de 2022 y hasta el 27 de junio de 2022, al señor NELSON RAÚL ZAPATA
RUIZ».
Explicó que todas esas incapacidades se pagaron y los desacatos fueron cerrados
porque los jueces consideran que, para el pago de incapacidades diferentes a las
ordenadas en los fallos de tutela, se debe instaurar una nueva acción.
Así pues, dice el accionante que se vio avocado a instaurar otra acción de tutela
para obtener el pago de las incapacidades desde el 28 de junio de 2022 hasta la
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fecha, las cuales ya estaban radicadas ante la entidad accionada y transcritas por
la misma.
Este asunto fue conocido por las autoridades accionadas y, aunque el Juzgado 19
Administrativo de Medellín negó las pretensiones, una vez surtida la alzada, el
Tribunal Administrativo de Antioquia en segunda instancia decidió revocar la
decisión y, en su lugar:
ORDENAR a la NUEVA EPS, través de sus dependencias y personal
médico necesario que en un término máximo de cinco (05) días hábiles
siguientes a la notificación de la decisión, adelante los trámites
respectivos para la valoración de las incapacidades generadas a partir
del 28 de junio de 2022 en virtud de los requisitos y procedimientos
previstos en el Decreto 1427 de 2022, permitiéndole al accionante
aportar los documentos necesarios y que se encuentren a su alcance
para una correcta validación de las incapacidades y en caso de duda
deberá la EPS a través de su red de prestadores someter a evaluación
médica al afiliado por un profesional para quien expidió las
incapacidades para desvirtuarlas o aceptarlas, sin perjuicio de la
atención médica que debe proporcionar la NUEVA EPS al demandante
en virtud de las patologías que fueron diagnosticadas y respecto de las
cuales debe continuar su tratamiento médico; actuaciones que deberán
ser comunicadas de manera oportuna al accionante (…).
Manifestó que para hacer cumplir esa orden del juez de tutela instauró desacatos
en repetidas ocasiones, sin que el Juzgado accionado realice acción alguna que
garantice el pago de las obligaciones a cargo de la Nueva EPS.
Explicó que los 180 primeros días de incapacidad deben ser pagados por la EPS,
luego, a partir del día 181 y hasta el día 540 (esto es hasta el 31 de diciembre de
2022), el pago le corresponde a COLPENSIONES, y, a partir del 1 de enero de
2023 hasta la fecha, deben ser pagados por la Nueva EPS.
Sostuvo que las incapacidades desde el 28 de junio de 2022 hasta la fecha están
radicadas y transcritas por la Nueva EPS, sin embargo, y pese a existir orden de
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desacato, no han sido pagadas, entre otras situaciones, porque la entidad
promotora de salud incluso cambió el concepto desfavorable de rehabilitación (por
uno favorable), para desatender esta obligación y así, señalar a Colpensiones
como la responsable del pago.
1.3. Argumentos de la tutela
El actor manifestó que las circunstancias narradas vulneran sus derechos
fundamentales al mínimo vital, al acceso a la justicia, al debido proceso, a la
seguridad social, a la dignidad y a la vida.
Se trascriben textualmente los fundamentos invocados:
Sentencia T-312/18 ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE PAGO DE
INCAPACIDAD LABORAL POR ENFERMEDAD PROFESIONAL O
ACCIDENTE DE TRABAJO-Caso en que se reclamaba pago de
incapacidades que fueron causadas con posterioridad a que la ARL
reconociera y pagara indemnización por incapacidad permanente parcial
INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE LABORAL-Desarrollo
constitucional, legal y jurisprudencial INCAPACIDAD LABORAL DE ORIGEN
PROFESIONAL Y DE ORIGEN COMUN Normatividad
aplicable/INCAPACIDAD LABORAL-Entidades ante las cuales se deben
reclamar las incapacidades PAGO DE INCAPACIDAD LABORAL-Sustituye el
salario durante el tiempo en el cual el trabajador se encuentra
involuntariamente al margen de sus labores ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y
especiales de procedibilidad DEFECTO SUSTANTIVO COMO CAUSAL
ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL COMO
CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES VIOLACION DIRECTA DE LA
CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES ACCION DE TUTELA EN
MATERIA DE PAGO DE INCAPACIDAD LABORAL POR ENFERMEDAD
PROFESIONAL O ACCIDENTE DE TRABAJO Procedencia por violación
directa de la Constitución Resulta evidente que el tribunal demandado faltó a
su deber de aplicar los preceptos constitucionales por encima de las
disposiciones legales, habida cuenta que su fallo desconoció la protección
consagrada en la Carta en relación con el derecho fundamental a la seguridad
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social y al amparo de personas en condición de discapacidad, en tanto que, si
bien se limitó a aplicar la norma que regula la materia, pasó por alto que el
pago de la indemnización por incapacidad permanente parcial persigue un fin
distinto al del reconocimiento de las incapacidades laborales pues, mientras el
primero busca compensar un daño sufrido, el segundo se erige como sustituto
del salario de la accionante. En esa medida, se configuró un defecto por
violación directa de la Constitución, al realizar una interpretación restrictiva de
la citada norma, que desconoce los principios constitucionales. Cabe reiterar,
que no es constitucionalmente aceptable admitir que el monto de la prestación
económica o subsidio por incapacidad temporal sea equivalente a un solo
pago (indemnización), puesto que una persona que se encuentra en situación
de discapacidad parcial, pero laboralmente activa puede en cualquier
momento requerir la protección del Sistema de Seguridad Social como
consecuencia de las situaciones que afecten en su salud que se ocasionen
con posterioridad.
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 22 de noviembre de 2023, se admitió la acción de tutela y se
ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran el Tribunal
Administrativo de Antioquia, al Juez 19 Administrativo de Medellín, al
representante legal de la Nueva EPS y al presidente de Colpensiones, como parte
demandada, otorgándoles el término de dos (2) días para que rindieran el informe
correspondiente. Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
En esa oportunidad se negó la medida provisional solicitada, porque la solicitud
de ordenar que se paguen las incapacidades pretendidas constituye uno de los
presupuestos de la controversia planteada en la demanda, que debe ser resuelta
en la sentencia que decida la acción de tutela.
2.1. La apoderada especial de Nueva EPS informó que el Área de Prestaciones
Económicas está analizando y verificando los hechos, pruebas y pretensiones del
presente caso, no obstante aclaró que para que una incapacidad emitida por un
médico particular se pague por la EPS se requiere su transcripción y señaló que
por política de la entidad «No se transcriben las incapacidades expedidas por
médicos particulares, IPS no adscritas a la red de Nueva EPS, empresas de
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medicina prepagada, pólizas de salud empresarial, pólizas de vida y servicios de
ambulancias prepagadas, generadas durante atención».
Con todo, indicó que la tutela es improcedente porque el accionante cuenta con
otro medio eficaz e idóneo para reclamar la protección de sus derechos, teniendo
en cuenta que puede acudir a un proceso ordinario ante la Jurisdicción Laboral,
de conformidad con lo regulado en el artículo 622 del C.G.P.
2.2. La directora de la Dirección de Acciones Constitucionales de
COLPENSIONES señaló que la entidad no está legitimada para dar cumplimiento
a lo ordenado por el Juzgado 15 Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Medellín, en relación con el pago de incapacidades a favor del
accionante causadas desde el 24 de octubre al 11 de diciembre de 2018 y de 26
de octubre de 2019 al 11 de diciembre de 2019.
Agregó que la tutela es improcedente para perseguir el pago de incapacidades
médicas, y de todas formas, señaló que, es a la EPS a quien le corresponde
cancelar las mismas, o al menos los primeros 180 días, ya que posteriormente
debe emitir el concepto de rehabilitación, el cual, de ser favorable, debe enviarse
a la AFP para que a partir del día 181 asuma el pago de la misma. Esa situación
se puede extender hasta 360 días para efectos de postergar el proceso de
calificación.
Por lo anterior, insistió en que carece de legitimación en la causa por pasiva para
atender las pretensiones del demandante, puesto que su competencia se limita a
asumir asuntos relativos a la administración del Régimen de Prima Media con
Prestación Definida en materia pensional.
2.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no se pronunció.
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II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Problema Jurídico
Teniendo en cuenta que la primera pretensión de la tutela se encamina a censurar
una decisión judicial, la Sala deberá examinar si está acreditado o no el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que
se reúna esta exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos endilgados y, por
ende, vulneraron los derechos fundamentales invocados por la accionante.
En cuanto a la segunda pretensión, que persigue el pago de las incapacidades
médicas por parte de la Nueva EPS y Colpensiones, se revisará si dicha solicitud
cumple con el requisito de subsidiariedad, en aras de determinar la procedencia
de la petición de amparo.
2. Análisis de la Sala
2.1. De la acción de tutela contra providencias dictadas en el marco de otra
acción de tutela, incluidas aquellas proferidas en el trámite del incidente de
desacato
La Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 del 1° de octubre 2015, unificó el
criterio en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
sentencias o actuaciones adelantadas en una acción de tutela. Al respecto, dijo lo
siguiente:
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata
de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige
contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o
posterior a ella.
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4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es
la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus
Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de
nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte
Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional,
cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la
acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la
decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción se (sic) de tutela se dirige contra actuaciones del proceso
de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de
tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el
asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de
desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de
manera excepcional.
De lo anterior, se pueden puntualizar las tres excepciones en las que la acción de
tutela procede contra sentencias o actuaciones adelantadas en procesos de tutela:
1. Contra la sentencia de tutela proferida por un juez, diferente a la Corte
Constitucional, siempre y cuando se demuestre que la nueva tutela no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, que la decisión
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adoptada fue producto de una situación de fraude, y que no exista otro medio,
ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
2. Contra actuaciones del proceso de tutela anteriores a la sentencia, que puede
consistir, entre otros, en no haber informado, notificado o vinculado a los terceros
que serían afectados con la decisión.
3. Contra actuaciones posteriores a la sentencia de tutela, cuando se trate de
proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del
incidente de desacato.
Sin embargo, para la Corte, en cualquiera de los anteriores escenarios, sigue
siendo exigible el cumplimiento de los demás requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En relación con la procedencia específica de la acción de tutela contra decisiones
proferidas en el trámite de incidente de desacato, la Corte Constitucional, en
sentencia de unificación 034 del 3 de mayo de 2018, manifestó que:
En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación sostiene
que para enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un
incidente de desacato, es preciso que se reúnan los siguientes requisitos:
i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone
antes de finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es
del caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos,
la configuración una de las causales específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser
consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato,
de manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de
expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas
que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no
tenía que practicar de oficio.
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Recuérdese que, uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, es la relevancia constitucional, que tiene
como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el
juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela
tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.
El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para
proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial
ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.
En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se
agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los
defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i)
una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como
tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
2.2. De la subsidiariedad como requisito general de procedencia
La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y
eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo
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contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de
concurrir, concederá el amparo impetrado.
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de
los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la
Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente
eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 862 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del
Decreto 2591 de 19913 prevén como causal de improcedencia de la acción de
tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos
invocados. De manera que el amparo sólo puede utilizarse cuando se han agotado
los mecanismos ordinarios de protección que el ordenamiento jurídico ha
dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En
ese sentido, la Corte Constitucional manifestó4:
La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente
a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la
transgresión o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el
sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no
puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo
que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para
esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
2
«Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública.
(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)».
(se destaca).
3
«Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante (…)».
4
Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con
la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto,
un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el
fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio
de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los
vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una
plena protección de sus derechos esenciales.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por
lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.
Ahora bien, en punto de la noción de perjuicio irremediable, es claro que este se
puede definir como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la amenaza o
violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría
ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización
del perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez
de tutela, pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que
provenga de acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser
atentados a los derechos fundamentales.
La Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios para identificar el
perjuicio irremediable, así5: «es aquel (i) que se produce de manera cierta y
evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de
ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la
medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la
que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que
hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para
la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales».
5
Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando
a: Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.
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3. Caso concreto y solución del problema jurídico
Revisado el expediente, se encontró que el actor instauró acción de tutela contra
Colpensiones y la Nueva EPS para que el juez constitucional les ordenara pagar a
su favor las incapacidades médicas que se vienen generando desde el 28 de junio
de 2022 en adelante, las cuales, fueron emitidas por PALMAR Consultorios
Integrados de Salud C.I.S, médico Iván Eduardo Rodríguez Aguirre, es decir, por
un galeno particular.
El Juzgado 19 Administrativo de Medellín conoció de la acción constitucional y en
fallo del 18 de noviembre de 2022 negó el amparo solicitado, porque no encontró
que el médico particular que expidió las incapacidades estuviere inscrito en el
Registro Especial en Talento Humano de Salud – ReTHUS.
Inconforme con la decisión, el señor Zapata Ruiz interpuso el recurso de
apelación, que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia en
sentencia del 12 de diciembre de 2022, en la que revocó la providencia
impugnada y, en su lugar, ordenó:
A la NUEVA EPS, través de sus dependencias y personal médico necesario
que en un término máximo de cinco (05) días hábiles siguientes a la
notificación de la decisión, adelante los trámites respectivos para la valoración
de las incapacidades generadas a partir del 28 de junio de 2022 en virtud de
los requisitos y procedimientos previstos en el Decreto 1427 de 2022,
permitiéndole al accionante aportar los documentos necesarios y que se
encuentren a su alcance para una correcta validación de las incapacidades y
en caso de duda deberá la EPS a través de su red de prestadores someter a
evaluación médica al afiliado por un profesional par a quien expidió las
incapacidades para desvirtuarlas o aceptarlas, sin perjuicio de la atención
médica que debe proporcionar la NUEVA EPS al demandante en virtud de las
patologías que fueron diagnosticadas y respecto de las cuales debe continuar
su tratamiento médico; actuaciones que deberán ser comunicadas de manera
oportuna al accionante.
El 26 de mayo de 2023, el señor Nelson Raúl Zapata Ruiz instauró incidente de
desacato, por considerar que la entidad accionada Nueva EPS no había dado
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07036-00
Demandante: Nelson Raúl Zapata Ruiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
cumplimiento a la orden judicial impartida, encaminada a la valoración de las
incapacidades generadas entre el 28 de junio de 2022 y el 24 de noviembre de
2022.
Luego de realizar reiterados requerimientos y surtir el trámite previsto en la ley, el
17 de agosto de 2023, el Juzgado 19 Administrativo de Medellín declaró que las
autoridades demandadas (gerente regional noroccidente (E) de la Nueva EPS y el
director de Prestaciones Económica de la Nueva EPS) incurrieron en desacato y
las sancionó con multa, equivalente a un (1) s.m.l.m.v.
De las pretensiones de la demanda, se advierte que, de una parte, el accionante
está en desacuerdo con la providencia proferida en el trámite de desacato por el
Juzgado 19 Administrativo de Medellín, dado que, en su sentir, la sanción a las
personas responsables de acatar el fallo no es suficiente, puesto que le urge el
pago de las incapacidades que reclama.
En ese orden, lo primero que hay que anotar es que el auto del 17 de agosto de
2023, es una providencia proferida con posteridad a una sentencia de tutela, toda
vez que resolvió la solicitud de desacato instaurada por el aquí accionante, y por
ende, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional la acción de
tutela resulta procedente de manera excepcional, siempre y cuando, se acredite el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia, entre los que se
encuentra la relevancia constitucional.
Así las cosas, para la Sala, la primera pretensión de la tutela deviene
improcedente, porque no supera el requisito de relevancia constitucional, habida
consideración de que el actor no cumplió con la carga argumentativa mínima que
se requiere para cuestionar providencias judiciales a través de la acción de tutela.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07036-00
Demandante: Nelson Raúl Zapata Ruiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
En efecto, si bien la parte actora manifestó su desacuerdo con el auto del 17 de
agosto de 2023 expedido por el Juzgado 19 Administrativo de Medellín, lo cierto
es que, ni siquiera se preocupó por identificar las causales específicas de
procedencia de las que, en su sentir, adolece la providencia atacada, y aunque
expuso en forma general su inconformidad, no explicó con claridad suficiente en
qué consiste la violación a los derechos fundamentales invocados.
Por consiguiente, lo manifestado por el solicitante no basta para considerar que se
cumpla con el primer elemento del requisito de relevancia constitucional, puesto
que resulta necesario que los señalamientos que se hagan en la demanda de
tutela se sustenten razonablemente en alguno de los requisitos específicos que la
Corte Constitucional ha identificado para la prosperidad del amparo, a fin de que el
juez cuente con los parámetros suficientes para decidir si una providencia judicial
vulnera o no derechos fundamentales.
De otra parte, y conforme a la segunda pretensión elevada, la Sala observa que el
tutelante solicita que se ordene a la Nueva EPS y a Colpensiones el pago de las
incapacidades médicas que se vienen generando desde el 28 de junio de 2022 en
adelante.
Al respecto, la Sala recuerda que, de conformidad con la legislación vigente, el
recurso ordinario apto para ventilar las pretensiones de índole económico -
específicamente el tendiente a obtener el pago del subsidio de incapacidades
laborales- es la acción laboral ante la jurisdicción ordinaria6. Ahora bien, la Corte
6
A partir de la vigencia de la Ley 1949 de 2019, la Superintendencia Nacional de Salud no es
competente para conocer de demandas cuya pretensión sea el reconocimiento y pago de
prestaciones económicas, tales como incapacidades, licencias de maternidad y/o paternidad. Esto,
debido a que el artículo 6º de la ley en comento suprimió el literal g, que el artículo 126 de la Ley
1438 de 2011 había adicionado al artículo 41 de la Ley 122 de 2007 y, que en su tenor señalaba
como competencia de la Superintendencia, en virtud de su función jurisdiccional, el “Conocer y
decidir sobre el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas por parte de las EPS o del
empleador”. De manera que, actualmente, el único competente para conocer de estos asuntos es
la jurisdicción del trabajo, conforme al numeral 4º del artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y
de la Seguridad Social, modificado por el art.622 de la Ley 1564 de 2012, que prevé como asunto a
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Demandante: Nelson Raúl Zapata Ruiz
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Constitucional excepcionalmente ha admitido la procedencia de la acción de
tutela, atendiendo a las circunstancias especiales y a la situación de cada
individuo, que hace que la intervención del juez constitucional se haga necesaria e
inminente.
En el caso bajo estudio, se advierte que la solicitud de pago de las incapacidades
reclamadas por el accionante fue conocida por el juez constitucional, quien
amparó los derechos del señor Zapata Ruiz en el sentido de ordenar a la Nueva
EPS que valorara las incapacidades generadas a partir del 28 de junio de 2022 de
cara al Decreto 1427 de 2022, con el fin de realizar la validación necesaria para el
pago y en caso de que exista duda -dado que se trata de incapacidades expedidas
por un médico particular-, dictaminó que la EPS someta al paciente a evaluación
médica respectiva con el fin de desvirtuarlas o aceptarlas.
Lo anterior significa que el asunto ya fue sometido a un juez de tutela y, por ende,
no es procedente que el accionante traiga nuevamente la misma discusión a esta
sede constitucional, cuando lo cierto es que tiene orden de amparo que le
favorece, cuyo cumplimiento está siendo objeto de seguimiento a través del
trámite de desacato, el cual resulta ser un mecanismo eficaz e idóneo para la
protección de sus derechos fundamentales.
En efecto, se advierte que el actor interpuso el respectivo incidente de desacato,
que precisamente fue resuelto por el Juzgado 19 Administrativo de Medellín, quien
declaró a las autoridades demandadas en desobedecimiento de la orden judicial
dada en la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia y, en consecuencia, las sancionó con multa. Esta
su cargo el decidir sobre «Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la
seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las
entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados
con contratos».
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07036-00
Demandante: Nelson Raúl Zapata Ruiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
decisión fue consultada ante el superior, quien la confirmó en providencia del 20
de octubre de 2023, según la consulta realizada en la plataforma SAMAI7.
La Sala no desconoce que el accionante manifestó su inconformidad con el auto
del 17 de agosto de 2023 expedido por el Juzgado 19 Administrativo de Medellín,
porque considera que no es suficiente la sanción de multa impuesta a las
autoridades desobedientes, pero lo cierto es que, no cumplió con la carga
suficiente para realizar un análisis de fondo, tal y como se dijo en precedencia.
Con todo, conviene resaltar que el amparo otorgado por la sentencia de tutela del
12 de diciembre de 2022 no es propiamente para que la Nueva EPS pague las
incapacidades reclamadas por el accionante, como aquel quiere hacerlo ver, sino
que la orden se encamina a que la entidad realice los trámites tendientes a la
valoración de dichas incapacidades, dado que, fueron expedidas por un médico
particular y en consecuencia, de esa validación que haga la empresa promotora
de salud, dependerá el pago de las mismas.
Bajo las consideraciones que preceden, la Sala no encuentra superado el requisito
de subsidiariedad frente a la segunda pretensión dirigida a que las entidades
accionadas, Nueva EPS y Colpensiones paguen al actor las incapacidades
médicas que reclama, en consecuencia, declarará improcedente el amparo
solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
7
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=05001333301920220
0543030500123
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07036-00
Demandante: Nelson Raúl Zapata Ruiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
F A L L A:
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el
señor Nelson Raúl Zapata Ruiz contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, el
Juzgado 19 Administrativo de Medellín, la Nueva EPS y Colpensiones, de
conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad
de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que
aparece a la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
aspx.
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