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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07037-00

Fecha
25 de enero de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07037-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero: Negar el amparo solicitado por la señora Blanca Emma Zuluaga Valencia, a través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo del Cauca, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-07037-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

25 de enero de 2024

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07037-00
Accionante: Blanca Emma Zuluaga Valencia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07037-00
Accionante: Blanca Emma Zuluaga Valencia
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

Temas: Acción de tutela en contra de providencia judicial, emitida en un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que se
ordenó el pago de las mesadas pensionales a las que tiene derecho
la demandante a partir de la ejecutoria de ese proveído. Ausencia
de los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente judicial
y violación directa de la Constitución Política.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la señora Blanca Emma Zuluaga
Valencia en contra del Tribunal Administrativo del Cauca.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la señora Blanca Emma Zuluaga Valencia, por intermedio de su apoderada judicial,
promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, mínimo vital, a la familia, al debido proceso, a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia y a la seguridad social.

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Accionante: Blanca Emma Zuluaga Valencia

Como consecuencia de lo anterior, solicitó modificar la sentencia proferida el 24 de
agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo del Cauca en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 19001-33-33-006-2015-00340-01,
en el sentido de reconocer sus mesadas pensionales a partir de la fecha de
fallecimiento de su compañero permanente, Víctor Gentil Ordóñez Gallego, y no desde
la ejecutoria de la providencia precitada.

1.1.2. Los hechos

La apoderada de la parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:

i) La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) le reconoció al señor
Víctor Gentil Ordóñez Gallego una asignación de retiro, quien falleció el 11 de octubre
de 2014.

ii) La señora Blanca Emma Zuluaga Valencia convivió de manera continua y
permanente con el señor Ordóñez Gallego desde 1973 hasta el momento del
fallecimiento de este último y que fruto de esa relación tuvieron tres hijos.

iii) El 28 de noviembre de 2014, la señora Zuluaga Valencia solicitó el reconocimiento
de una sustitución pensional. El 19 de mayo de 2015, CASUR le indicó que hacían
falta unos documentos para resolver dicha petición y, adicionalmente, le informó que
la señora Leonor Martínez de Ordóñez se había presentado en calidad de cónyuge
supérstite. El 1.° de junio de igual anualidad, remitió los documentos requeridos, sin
que la entidad precitada hubiese resuelto de fondo ese pedimento, a pesar de que
trascurrieron más de 8 meses.

iv) El 16 de agosto de 2015, la señora Blanca Emma Zuluaga Valencia instauró
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Policía
Nacional, Caja de Sueldos de Retiro (CASUR), con el fin de que (1) se declare la
configuración del silencio administrativo negativo por la omisión en dar respuesta a la
petición mencionada, y, con ocasión a ese silencio, la existencia de un acto ficto
presunto de carácter negativo; y, a título de restablecimiento del derecho, (2) de
manera principal, ordenar a la entidad precitada reconocerle el derecho a la sustitución

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pensional en una cuantía del 100 % del valor de la asignación de retiro que disfrutaba
el señor Víctor Gentil Ordóñez Gallego en vida, desde la fecha de fallecimiento de este
último el 11 de octubre de 2014, junto con el retroactivo pensional también a partir de
ese momento, y, de forma subsidiaria, ordenar a la entidad demandada reconocerle el
derecho precitado en una cuantía del 50 % del valor de la asignación de retiro que
disfrutaba el causante, a partir del momento de su deceso.

v) El 27 de agosto de 2015, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de
Popayán admitió la demanda y vinculó, como litisconsorte necesario, a la señora
Leonor Martínez de Ordóñez. El 25 de julio de 2016, autoridad judicial precitada integró
como acto demandado la Resolución núm. 5957 del 21 de agosto de 2015, mediante
la cual CASUR le reconoció a la señora Leonor Martínez de Ordóñez la sustitución de
la asignación de retiro y negó el reconocimiento de dicha prestación a la demandante.

vi) El 14 de marzo de 2019, el despacho judicial referido a) declaró la nulidad del acto
administrativo mencionado; b) condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar
la sustitución de la asignación de retiro a las señoras Blanca Emma Zuluaga Valencia
y Leonor Martínez de Ordóñez en el 100 % de la prestación que devengaba el señor
Víctor Gentil Ordóñez Gallego, distribuida en partes iguales entre la cónyuge y la
compañera permanente; c) dispuso que las mesadas pensionales a las que tiene
derecho la señora Zuluaga Valencia sean pagadas aplicando los reajustes legales y
las indexaciones desde el 11 de octubre de 2014 y d) ordenó disminuir la sustitución
de la asignación de retiro que venía recibiendo la señora Martínez de Ordóñez en un
50 %.

vii) Por lo anterior, la parte demandada interpuso recurso de apelación en contra de
esa decisión. El 24 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo del Cauca modificó
el ordinal tercero de la sentencia precitada, en el sentido de indicar que las mesadas
pensionales a las que tiene derecho la demandante serán pagadas aplicando los
reajustes legales y las indexaciones, a partir de la ejecutoria del fallo de segunda
instancia.

1.1.3. Fundamentos de derecho

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Accionante: Blanca Emma Zuluaga Valencia

La accionante consideró que el Tribunal Administrativo del Cauca, al proferir la
sentencia del 24 de agosto de 2023, vulneró sus derechos fundamentales a la dignidad
humana, mínimo vital, a la familia, al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia y a la seguridad social.

Para el efecto, afirmó que aquella autoridad judicial incurrió en defecto sustantivo, por
una interpretación irrazonable y desproporcionada, comoquiera que inobservó los
preceptos aplicables al caso, el objeto y la naturaleza de la pensión de sobrevivientes
y los principios constitucionales de la seguridad social, al ordenar el pago de las
mesadas pensionales a partir de la ejecutoria de la sentencia, a pesar de haberse
acreditado en el proceso la concurrencia del elemento material de convivencia y apoyo
mutuo, de manera simultánea, por voluntad propia del causante, en cabeza de la
cónyuge y de la compañera permanente, con quienes convivió más de 30 años antes
de su muerte, procreó hijos y a quienes ayudaba económicamente compartiendo lo
que recibía a título de asignación de retiro.

Asimismo, indicó que la corporación judicial precitada, también incurrió en ese defecto,
por desconocimiento del precedente judicial, puesto no expuso ningún fundamento
jurídico válido, sino que se limitó a mencionar sus propios pronunciamientos en temas
similares, pero no la jurisprudencia de las altas cortes o de algún instrumento
internacional. Además, señaló que es completamente cuestionable la manifestación
del Tribunal precitado, consistente en que CASUR pagó la totalidad de la prestación a
la cónyuge, sin que en su actuar se observe la mala fe, pues la entidad pensional
conocía de su existencia desde el 2014 al igual que la señora Leonor Martínez de
Ordóñez, ya que era clara, reconocida, pública y permanente la relación que sostenía
con el señor Víctor Gentil Ordóñez Gallego.

De otra parte, sostuvo que la autoridad accionada otorgó un trato diferenciado a las
beneficiarias de la prestación, pues se demostró que el causante compartió su vida
con los dos grupos familiares en forma simultánea y que era su voluntad mantener
vínculos afectivos, de apoyo mutuo, solidario y de respaldo económico con aquellas,
por lo que debió reconocerle el derecho a la sustitución de la asignación de retiro desde
el momento en que su compañero permanente falleció, es decir, desde el 11 de octubre
de 2014, en atención a que tiene hechos y derechos iguales.

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1.2. Actuación procesal

El 29 de noviembre de 2023, el despacho del magistrado sustanciador (i) admitió la
acción de la referencia en contra del Tribunal Administrativo del Cauca; (ii) vinculó a la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) y a la señora Leonor
Martínez de Ordóñez, como terceros interesados; y (iii) requirió al Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Popayán para que remitiera copia digital del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 19001-33-33-006-
2015-00340-00/01.

1.3. Contestación de la demanda

Las partes accionada y vinculada no rindieron el informe solicitado, a pesar de que
fueron debidamente notificadas del auto admisorio de la presente acción de tutela.

Por su parte, el 12 de diciembre de 2023, el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Popayán allegó la copia digital del expediente referido.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente para
conocer la presente acción de tutela, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal 5.º del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto
333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o
Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo
superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos generales de procedencia para controvertir la sentencia del

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24 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 19001-33-33-006-2015-00340-
01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si se configuraron los defectos
sustantivo y violación directa de la Constitución Política, y, por ende, si se vulneraron
los derechos fundamentales a la dignidad humana, mínimo vital, a la familia, al debido
proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social
de la accionante.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.

1 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 19001-33-33-006-2015-00340-00/01, la
Sala de decisión establece lo siguiente:

2.4.1. El 16 de agosto de 2015, la señora Blanca Emma Zuluaga Valencia instauró
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Policía
Nacional, Caja de Sueldos de Retiro (CASUR), en la que planteó las siguientes
pretensiones:

«[…] PRIMERO. - Se declare la configuración del silencio administrativo negativo por la
omisión en dar respuesta al derecho de petición presentando el día 28 de noviembre de
2014, donde se solicita el reconocimiento de la sustitución pensional a mi representada
BLANCA EMMA ZULUAGA.

SEGUNDO. - Se declare, con ocasión al silencio administrativo negativo ocurrido, la
existencia de un acto ficto presunto de carácter negativo.

TERCERO. - Se declare que la señora BLANCA EMMA ZULUAGA VALENCIA tiene
derecho a la sustitución pensional, por ser la compañera permanente del ex agente
VICTOR GENTIL ORDÓÑEZ GALLEGO […] en un porcentaje del 100% del valor de la
mesada pensional que en vida disfrutaba el ex agente ORDOÑEZ GALLEGO.

Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento
del derecho en que ha sido lesionada la actora, se condene a LA NACIÓN, MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL, CAJA DE SUELDO DE RETIRO POLICIA NACIONAL
(CASUR), a los siguientes:

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PRIMERO. - Se ordene a LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CAJA
DE SUELDO DE RETIRO POLICIA NACIONAL (CASUR) a reconocer la sustitución
pensional a mi representada BLANCA EMMA ZULUAGA VALENCIA en un total del cien
por ciento (100%) del valor de la pensión que disfrutaba en vida mi ex compañero
permanente VICTOR GENTIL ORDOÑEZ GALLEGO, a partir del momento de su
fallecimiento, es decir, desde el día 11 de octubre de 2014.

SEGUNDO. - Se condene a LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CAJA
DE SUELDO DE RETIRO POLICIA NACIONAL (CASUR) al pago de todo el retroactivo
pensional desde el día del fallecimiento del señor VICTOR GENTIL ORDOÑEZ
GALLEGO, es decir, desde el día 11 de octubre de 2014 hasta la fecha en que se
realicen los pagos regulares de la mesada pensional.

TERCERO. - Se ordene que las sumas reconocidas en los numerales anteriores sean
indexadas de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor […]

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS. -

PRIMERO. - Se declare la configuración del silencio administrativo negativo por la
omisión en dar respuesta al derecho de petición presentando el día 28 de noviembre de
2014, donde se solicita el reconocimiento de la sustitución pensional a mi representada
BLANCA EMMA ZULUAGA VALENCIA.

SEGUNDO. - Se declare, con ocasión al silencio administrativo negativo ocurrido, la
existencia de un acto ficto presunto de carácter negativo.

TERCERO.- Se declare que la señora BLANCA EMMA ZULUAGA VALENCIA tiene
derecho a la sustitución pensional por ser la compañera permanente del ex agente
VICTOR GENTIL ORDÓÑEZ GALLEGO […] en un cincuenta por ciento (50%) de
conformidad con lo establecido en la jurisprudencia del Consejo de Estado de fecha 20
de septiembre de 2007, radicación No. 199-01453-01(2410-04), siendo magistrado
ponente el Dr. Jesús María Lemos Bustamante.

Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento
del derecho […], se condene a LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,
CAJA DE SUELDO DE RETIRO POLICIA NACIONAL (CASUR), a los siguientes:

PRIMERO.- Se ordene a LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CAJA
DE SUELDO DE RETIRO POLICIA NACIONAL (CASUR) a reconocer la sustitución
pensional a mi representada BLANCA EMMA ZULUAGA VALENCIA en un total del
cincuenta por ciento (50%) del valor de la pensión que disfrutaba en vida el ex agente
VICTOR GENTIL ORDOÑEZ GALLEGO, a partir del momento de su fallecimiento, es
decir, desde el día 11 de octubre de 2014, de conformidad con lo establecido en la
jurisprudencia del Consejo de Estado de fecha 20 de septiembre de 2007, radicación No.
199-01453-01(2410-04), siendo magistrado ponente el Dr. Jesús María Lemos
Bustamante.

SEGUNDO. - Se condene a LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CAJA
DE SUELDO DE RETIRO POLICIA NACIONAL (CASUR) al pago de todo el retroactivo
pensional desde el día del fallecimiento del señor VICTOR GENTIL ORODÑEZ
GALLEGO, es decir, desde el día 11 de octubre de 2014 hasta la fecha en que se
realicen los pagos regulares de la mesada pensional […]»

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2.4.2. El 27 de agosto de 2015, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial
de Popayán admitió la demanda y vinculó a la señora Leonor Martínez Ordóñez.

2.4.3. La señora Zuluaga Valencia adicionó la demanda, en el sentido de indicar que
el 9 de septiembre de 2015 CASUR la notificó por aviso de la Resolución 5957 del 21
de agosto de igual anualidad, mediante la cual reconoció a la señora Leonor Martínez
de Ordóñez la sustitución de la asignación de retiro y negó el reconocimiento de dicha
prestación a la demandante.

2.4.4. El 7 de marzo de 2016, el despacho judicial precitado admitió la reforma de la
demanda y el 25 de julio de igual año integró a la proposición jurídica el acto
administrativo precitado.

2.4.5. El 14 de marzo de 2019, el Juzgado referido (i) declaró la nulidad del acto
administrativo mencionado; (ii) condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar
la sustitución de la asignación de retiro a las señoras Blanca Emma Zuluaga Valencia
y Leonor Martínez de Ordóñez en el 100 % de la prestación que devengaba el señor
Víctor Gentil Ordóñez Gallego, distribuida en partes iguales entre la cónyuge y la
compañera permanente; (iii) dispuso que las mesadas pensionales a las que tiene
derecho la señora Zuluaga Valencia sean pagadas aplicando los reajustes legales y
las indexaciones desde el 11 de octubre de 2014 y (iv) ordenó disminuir la sustitución
de la asignación de retiro que venía recibiendo la señora Martínez de Ordóñez en un
50 %, sin que haya lugar a que esta devuelva o se le cobre lo ya pagado, toda vez que
dichos pagos se consideran percibidos de buena fe.

2.4.6. Inconforme con esta decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación, en el que, por un lado, la entidad precitada solicitó exonerarla de las órdenes
impuestas en los numerales tercero y cuarto, comoquiera que se le estaría
condenando, a pesar de que actuó de buena fe tanto en la vía administrativa como en
la judicial, a pagar un porcentaje del 50 % adicional desde la fecha de fallecimiento del
afiliado hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, y, por el otro, la señora Leonor
Martínez de Ordóñez afirmó que el juez de primera instancia desconoció el debido
proceso porque no se pronunció sobre las excepciones de fondo que aquella planteó
y que incurrió en defecto fáctico, al valorar de forma equivocada las pruebas allegadas

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al proceso, pues las declaraciones de los testigos no coinciden frente a la fecha en que
se conoció la demandante con el causante.

2.4.7. El 24 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo del Cauca modificó el ordinal
tercero de la sentencia precitada, en el sentido de indicar que las mesadas pensionales
a las que tiene derecho la demandante serán pagadas aplicando los reajustes legales
y las indexaciones, a partir de la ejecutoria del fallo de segunda instancia.

2.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia

2.5.1. El caso bajo estudio reviste una marcada importancia constitucional, comoquiera
que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales
a la dignidad humana, mínimo vital, a la familia, al debido proceso, a la igualdad, al
acceso a la administración de justicia y a la seguridad social por parte del Tribunal
Administrativo del Cauca, con ocasión de la expedición de la sentencia del 24 de
agosto de 2023. En tal sentido, la tutelante argumenta que la autoridad judicial no hizo
un adecuado análisis normativo y por ello la providencia incurrió en los defectos
sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución Política, por lo que de encontrarse acreditados conduciría a considerar
lesivos los intereses de aquella.

2.5.2. Se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad, comoquiera que se
agotaron todos los mecanismos de defensa judicial, por cuanto la decisión cuestionada
es una sentencia que puso fin a la discusión planteada dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.

2.5.3. Se cumple la exigencia de inmediatez, puesto que la providencia objeto de
censura fue notificada el 4 de septiembre de 2023 y la acción de tutela fue instaurada
por correo electrónico el 20 de noviembre de igual anualidad, esto es, en el término de
los seis meses previstos jurisprudencialmente como plazo prudencial para el ejercicio
de la tutela en contra de providencias judiciales.

2.5.4. En el presente asunto no se cuestiona una irregularidad procesal, sino el hecho
de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis normativo.

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2.5.5. En el escrito de tutela se identificaron razonablemente los hechos y argumentos
con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales.

2.5.6. La acción de tutela no discute una sentencia de la misma naturaleza, puesto que
la providencia que pretende controvertirse fue proferida dentro de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.

2.6. Caso en concreto

2.6.1. Desarrollo jurisprudencial del defecto sustantivo

La Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto material
o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión.

De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial, una providencia judicial incurre en
«defecto material o sustantivo» cuando la autoridad jurisdiccional: 1) aplica una
disposición que perdió vigencia por cualquiera de las razones previstas por la
normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; 2) aplica un precepto manifiestamente
inaplicable al caso, verbigracia porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene
conexidad material con los presupuestos del caso; 3) a pesar del amplio margen
hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una
interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o claramente
irrazonable o desproporcionada; 4) se aparta del precedente judicial —horizontal o
vertical— sin justificación suficiente o 5) se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que su
declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso. 11

2.6.2. Desconocimiento de precedente judicial

En lo atinente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial —
horizontal o vertical— , se tiene que una providencia judicial incurre en esta causal

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cuando la autoridad jurisdiccional se aparta sin justificación suficiente3, vale decir,
desconoce aquella sentencia (o conjunto de sentencias) que presenta similitudes con
un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas
jurídicos, y en la que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.

En esa lógica, en la Sentencia T-794 de 2011, la Corte indicó los siguientes criterios a
tener en cuenta para identificar el desconocimiento de precedente judicial: a) que la
ratio decidendi del fallo que se evalúa como precedente presente una regla judicial
relacionada con el caso a decidir posteriormente4; b) que se trate de un problema
jurídico o una cuestión constitucional semejante; y, c) que los hechos del asunto o las
normas juzgadas en la sentencia sean similares o planteen un punto de derecho
parecido al que se debe resolver con posterioridad.5

Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de
precedentes según la autoridad que profiera la providencia previa, las cuales
determinan el grado de obligatoriedad y sujeción que debe atender el juez o magistrado
a la hora de proferir su fallo. La primera de ellas es el precedente horizontal, que
hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o
por el mismo operador judicial; la segunda, el precedente vertical, que se relaciona
con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar
jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional.6

En la mayoría de los asuntos, el precedente vertical, de obligado cumplimiento por los
funcionarios judiciales, lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, en tanto órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción.7 Sin embargo,

3 Corte Constitucional, sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-

087 de 2007, T-4Treinta y séis de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
4 Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2013: «Es la ratio decidendi que es la base jurídica directa

de la sentencia, el precedente judicial que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos vinculantes
y debe ser aplicado para resolver casos similares, esto por cuanto ella constituye el conjunto de
argumentos jurídicos que permiten solucionar el problema debatido en el caso y explicar la decisión
adoptada a la luz de los hechos que lo fundamentan. De manera que la ratio decidendi expresada en el
precedente judicial constituye un importante límite a la autonomía judicial que no puede ser desconocido
por los jueces».
5Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
6Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
7Corte Constitucional, sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.

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en los casos donde la decisión no es susceptible de revisión por parte de las
autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer los criterios
hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.8

En ese orden de ideas, cuando el contenido de las decisiones que profieren los
órganos de cierre, en cada una de sus jurisdicciones, sean de naturaleza unificadora,
los jueces resultan obligados por estas o por sus propias sentencias, en aquellos
eventos donde los casos resulten idénticos. No obstante, esta regla admite una
excepción, pues no es obligatorio aplicar el precedente cuando el caso presenta
situaciones no analizadas con anterioridad en otros fallos judiciales.

Las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en atención
a su autonomía y a su independencia, pero siempre que cumplan las siguientes reglas:
«(i) Deben hacer referencia al precedente que abandonan, lo que significa que no
pueden omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido
(principio de transparencia); y, (ii) deben ofrecer una carga argumentativa seria,
mediante la cual expliquen, de manera suficiente y razonada, los motivos por los cuales
consideran que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas
por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)».9

En definitiva, conforme al criterio vigente de la Corte Constitucional, el
desconocimiento del precedente judicial, sin debida justificación, configura un defecto
sustantivo, pues su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales en
virtud del acatamiento a los principios al debido proceso, igualdad y buena fe. 10

2.6.3. Violación directa de la Constitución Política

En la sentencia SU 495 de 2020,11 la Corte Constitucional señaló los parámetros para
la configuración de la mentada causal en los siguientes términos:

8Corte Constitucional, sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.
9Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
10Corte Constitucional. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-

634 de 2011, entre otras.
11 Ibidem pie de página 6.

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«[…]78. Violación directa de la Constitución. El defecto específico de violación de la
Constitución se entendía subsumido como una de las variantes del defecto sustantivo.
Sin embargo, la sentencia T-084 de 2010 empezó a dotarlo de autonomía al considerar
que la inaplicación de la “norma de normas” merece un lugar particular en la acción de
tutela contra providencias judiciales. En tal sentido, destacó lo dispuesto en el artículo 4°
de la Carta y el poder normativo directo de ella:

“7.2.8. Violación directa de la Constitución, causal de procedencia de la acción de
tutela que se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce,
de forma específica, postulados de la Carta Política. A este respecto, debe insistirse
en que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a
los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de
aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los
particulares. Por ende, resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda
cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e
irrazonablemente tales postulados”.

79. Con sustento en lo expuesto la jurisprudencia ha afirmado que, aunque se
produce la misma distorsión, el desconocimiento de la Constitución puede darse, al
menos, por dos vías. De un lado, cuando las reglas o principios que deben ser extraídos
de su texto son, por completo, desobedecidos o no son tomados en cuenta en el
razonamiento jurídico explicita, ni implícitamente. De otra parte, cuando las reglas y los
principios son tomados en consideración, al menos implícitamente, pero se les da un
alcance insuficiente, como así quedó planteado en la sentencia T-084 de 2010.

80. Sin embargo, ellos no son los únicos supuestos en los cuales las decisiones
jurisdiccionales terminan por violar la Constitución, pues también se ha reconocido que
el hecho de no acudir a la excepción de inconstitucionalidad también puede dar lugar a
ello. En efecto, “(…) siempre que un juez se encuentra ante una norma que contraría lo
estipulado por la Constitución, éste tiene el deber de inaplicar dicha norma bajo la
excepción de inconstitucionalidad realizando un trabajo argumentativo en el cual
determine claramente que el contenido normativo de la regla resulta contrario a la
Constitución Política”.

81. En consecuencia, el hecho de que una providencia incurra en violación directa
de la Constitución es un defecto autónomo y específico, que determina la procedencia
de la acción de tutela. Puede darse, entre otros, cuando (i) se ignora por completo
principios o reglas constitucionales; (ii) se le da un alcance insuficiente a determinada
disposición de la Constitución; o (iii) se omite aplicar la excepción de inconstitucionalidad,
en aquellos eventos en los cuales ello sea procedente […]».

2.6.4. Análisis de la decisión adoptada por el Tribunal accionado

La señora Blanca Emma Zuluaga Valencia solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, mínimo vital, a la familia, al debido proceso, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social, los cuales
estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cauca, al expedir la sentencia del
24 de agosto de 2023.

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Como fundamento de su petición, afirmó que aquella autoridad judicial incurrió en (i)
defecto sustantivo, comoquiera que desconoció la finalidad de la pensión de
sobrevivientes, regulada en la Ley 100 de 1993, al ordenar el pago de las mesadas
pensionales a partir de la ejecutoria de la sentencia, a pesar de haberse acreditado en
el proceso la concurrencia del elemento material de convivencia y apoyo mutuo hasta
la fecha de deceso del causante, (ii) desconocimiento de precedente judicial, puesto
que se limitó a mencionar sus propios pronunciamientos en temas similares y no
analizar la jurisprudencia de las altas cortes o de algún instrumento internacional y (iii)
violación directa de la Constitución Política, al desconocer su derecho fundamental a
la igualdad, comoquiera que le otorgó un trato diferenciado, a pesar de que se
demostró que el causante compartió su vida con los dos grupos familiares en forma
simultánea y que era su voluntad mantener vínculos afectivos, de apoyo mutuo,
solidario y de respaldo económico con aquellas, por lo que debió reconocerle el
derecho a la sustitución de la asignación de retiro desde la fecha del deceso de aquel,
es decir, desde el 11 de octubre de 2014.

Pues bien, para tener mayor claridad y poder resolver las anteriores inconformidades,
la Subsección estima necesario traer a colación los argumentos en que se apoyó el
Tribunal Administrativo del Cauca en la sentencia del 24 de agosto de 2023, para
modificar el ordinal tercero de la decisión adoptada el 14 de marzo de 2019 por el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, en el sentido de indicar
que las mesadas pensionales a las que tiene derecho la demandante serán pagadas
aplicando los reajustes legales y las indexaciones, a partir de la ejecutoria del fallo de
segunda instancia.

Así, se observa que aquella autoridad, luego de identificar y analizar el marco
normativo de la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional y el régimen para
el personal de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, concluyó que la hoy
accionante tenía derecho al reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro,
pues, a partir de los elementos probatorios obrantes en el expediente, encontró
acreditado no solo la condición de compañera permanente, sino también la
convivencia simultánea entre aquella, la cónyuge y el causante durante los cincos años
anteriores al fallecimiento de este último.

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Por lo anterior, frente al momento a partir del cual debían pagarse las mesadas
pensionales a favor la demandante, expuso lo siguiente:

«[…] 7.8. Ahora, frente al cargo de CASUR referido que debe ordenarse el pago de las
sumas desde la ejecutoria de esta sentencia, y/o la devolución de los montos pagados,
o, en su defecto, ordenar el reconocimiento de los valores derivados de la sustitución
pensional en favor de Blanca Emma, a partir de la ejecutoria de la presente sentencia.

Sobre la pretensión de devolución sobre los valores cancelados por CASUR, debe
precisarse que no existe prueba de la mala fe de Leonor Martínez de Ordóñez, por lo
que no resulta procedente acceder a dicho pedimento, máxime cuando el literal “c”
numeral 1° del artículo 164 del CPACA, señala que “no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe”.

En efecto, no se probó que Leonor Martínez de Ordóñez hubiese recurrido a maniobras
fraudulentas para que le fuera reconocida la sustitución de la asignación de retiro, y a
pesar de la solicitud de la compañera permanente, fue la misma entidad quien negó
dicho reconocimiento al señalar que no se había acreditado dicha calidad. Y como no
existe prueba de que el acto proferido por CASUR haya sido emitido con base en
información incorrecta suministrada por Leonor Martínez de Ordóñez, o por su culpa o
dolo, no resulta procedente que se ordene la devolución de las sumas percibidas por
esta.

No obstante, ello no implica que deba reconocerse la prestación a partir de la fecha del
deceso del causante, sino desde la ejecutoria de esta sentencia, ya que la entidad ha
pagado la totalidad de la prestación a la cónyuge, sin que en su actuar se observe la
mala fe, máxime cuando la parte actora, a quien le negaron el reconocimiento pensional
con la Resolución N° 5957 del 21 de agosto de 2015, no interpuso el recurso de
reposición en sede administrativa, con lo que había podido buscar que la entidad
corrigiera la situación consignada en acto cuya legalidad se estudia, o por lo menos que
se hubiese dejado en suspenso la parte que ahora se reclama.

Al respecto, el Consejo de Estado, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado, en sentencia del 17 de octubre de 201712, modificó decisión adoptada por el H.
Tribunal Administrativo del Cauca en el sentido de que el reconocimiento de las cuotas
partes se debe efectuar a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia […]

Así, se ha entendido que ordenar el reconocimiento de la sustitución pensional a favor
de la demandante, a partir de la fecha de deceso del causante, implicaría una doble
erogación a cargo de la entidad demandada quien, en cumplimiento del deber
constitucional de obrar de buena fe, ha venido pagando desde el fallecimiento del
causante el 100% del derecho pensional, en un principio a la cónyuge, a quien creyó
deberla en su momento.

7.9. Por ello, se modificará el numeral TERCERO de la sentencia apelada, en el sentido
de ordenarle a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, que reconozca y
pague la sustitución de la asignación de retiro, en partes iguales entre la cónyuge y la
compañera permanente de Víctor Gentil Ordoñez Gallego, a partir de la ejecutoria de la
presente sentencia […]».

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, en sentencia del 17 de

octubre de 2017, Radicado 19001233300020130021401 (1392-2016), C. P. Dra. Sandra Lisset Ibarra
Vélez.

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Pues bien, analizada la anterior trascripción, se tiene que el Tribunal Administrativo del
Cauca consideró que no debía reconocerse la sustitución pensional a la demandante
a partir de la fecha de deceso del causante, sino desde la ejecutoria de esa sentencia,
comoquiera que la entidad pensional pagó desde el fallecimiento de aquel el 100% del
derecho pensional a la señora Leonor Martínez de Ordóñez, sin que en su actuar se
observe una mala fe, toda vez que canceló la totalidad de la prestación a la persona
que consideró era la única beneficiaria, por lo que mal podría imponérsele la carga de
responder retroactivamente por las mesadas que ya había sufragado, pues ello
implicaría un doble pago a cargo de aquella.

En esa medida, se concluye que la autoridad judicial accionada no desconoció la
finalidad de la pensión de sobreviviente, pues tuvo en cuenta que en el proceso se
demostró la convivencia y apoyo mutuo, de manera simultánea, entre el causante, ella
y la cónyuge, para determinar que a la demandante le asistía el derecho al
reconocimiento pensional solicitado, pero consideró, en ejercicio de su autonomía e
independencia judicial, que este no podía hacerse desde la fecha de muerte del señor
Víctor Gentil Ordóñez Gallego, debido a que la entidad pensional venía pagando la
totalidad de esa prestación a la cónyuge supérstite y no se acreditó una mala fe en su
actuar.

Al respecto, conviene recordar que la autonomía e independencia de los jueces
reconocida a nivel constitucional (C.P. Artículos 228 y 230), son facultades que le
otorga el Estado y cuya limitación se enmarca por la constitución y las leyes. Desde
esa perspectiva, los jueces de la República en su labor de administrar justicia pueden
a través de una carga argumentativa suficiente, clara y explícita aplicar e interpretar
los mandatos abstractamente definidos por el legislador. Por tanto, lo resuelto en la
sentencia adoptada por el Tribunal no constituye una transgresión del ordenamiento
jurídico que dé lugar a la configuración del defecto sustantivo invocado.

De otra parte, con respecto al cargo de desconocimiento del precedente judicial, se
observa que, contrario a lo manifestado por la parte accionante, la autoridad judicial
accionada adoptó su decisión con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de
Estado, concretamente, en las sentencias proferidas el 17 de octubre de 2017 y el 28

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de enero de 2021, en los procesos con radicado 19001-23-33-000-2013-00214-01 y
05001-23-31-000-2005-06271-01, respectivamente, en las que se determinó que el
reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro debía hacerse a partir de la
ejecutoria de la sentencia, comoquiera que la entidad pensional desde el fallecimiento
del causante viene reconociendo la totalidad de esa prestación.

Ahora, se advierte que la accionante alegó como vulnerado su derecho a la igualdad,
en atención a que la autoridad accionada le otorgó un trato diferenciado, pues se
demostró que el causante compartió su vida con los dos grupos familiares en forma
simultánea y que era su voluntad mantener vínculos afectivos, de apoyo mutuo,
solidario y de respaldo económico con aquellas, de modo que debió reconocerle el
derecho a la sustitución de la asignación de retiro desde la fecha de deceso de aquel,
es decir, desde el 11 de octubre de 2014.

Sin embargo, debe precisarse que la decisión del Tribunal de ordenar el
reconocimiento de la sustitución pensional a favor de la demandante, a partir de la
fecha de ejecutoria de la providencia hoy cuestionada, no se debió a que considerara
que no se acreditó la convivencia simultánea entre el causante y la demandante, pues,
incluso, fue porque encontró probada esta situación que determinó que debía
confirmarse la sentencia de primera instancia, con respecto al reconocimiento de dicha
prestación a la aquí accionante; sino en razón a que la entidad pensional venía
cancelando la totalidad de la prestación a la cónyuge supérstite, por lo que imponerle
la carga de pagar retroactivamente esas mesadas implicaría una doble erogación a
cargo de esa entidad, de ahí que se concluya que la corporación accionada no
desconoció ningún precepto constitucional y, en esa medida, tampoco incurrió en la
causal específica de violación directa de la Constitución Política.

De otro lado, si bien es cierto que la accionante discute que la afirmación del Tribunal,
consistente en que CASUR pagó la totalidad de la prestación a la cónyuge, sin que se
observe la mala fe, es cuestionable, puesto que esa entidad conocía de su existencia
desde el 2014, cuando elevó la solicitud de reconocimiento de la sustitución de la
prestación multicitada, también lo es que aquella autoridad aclaró que la entidad
pensional demandada no reconoció dicha prestación a la demandante, en razón a que
no se cumplieron los requisitos previstos en el Decreto 4433 de 2004, de manera que

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aquella entidad en ningún momento pretendió desconocer la existencia de la
demandante, por lo que para la Sala el disenso expuesto no tiene vocación de
prosperidad.

En este estado de cosas, fuerza concluir que el Tribunal Administrativo del Cauca,
adoptó su decisión, conforme a la normatividad vigente y a la jurisprudencia, sin que,
de otra parte, se hubiere demostrado que la actuación estuviera incursa en una causal
de procedibilidad de la acción de tutela que vulnere los derechos fundamentales de la
accionante o que el ejercicio de la autonomía e independencia judicial de las que está
investido el juez de la causa, hubiere sido desbordada, razón por la cual se negará el
amparo invocado.

Por último, debe aclararse que, si bien es cierto que el magistrado ponente de la
presente decisión, en una anterior oportunidad13, consideró que debía reconocerse la
sustitución pensional a partir de la fecha del deceso del causante, también lo es que
en este caso por tratarse de una acción de tutela estima que debe respetarse la
autonomía e independencia de la autoridad que profirió la sentencia que pretende
controvertirse, comoquiera que su decisión fue debidamente sustentada.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se concluye
que no se estructuraron las causales específicas de procedibilidad aquí estudiadas y,
en ese sentido, negará el amparo solicitado por la señora Blanca Emma Zuluaga
Valencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

13 Aclaración de voto frente a la sentencia proferida el 8 de abril de 2021 en el proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho 47001-23-33-000-2017-00246-01 (4147-2019).

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F A L L A:

Primero: Negar el amparo solicitado por la señora Blanca Emma Zuluaga Valencia, a
través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo del
Cauca, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

A. R. F.

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