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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07037-01

Fecha
19 de abril de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07037-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. MODIFICAR la sentencia proferida en primera instancia el 25 de enero de 2024 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo y en su lugar DECLARAR la improcedencia de la acción por falta de cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, atendiendo a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO. ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-07037-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

19 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07037-01
Accionante: Blanca Emma Zuluaga Valencia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 11001-03-15-000-2023-07037-01
Accionante: Blanca Emma Zuluaga Valencia
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
Referencia: Acción de tutela.
Tema: acción de tutela contra providencias judiciales.
Subtema 1: defecto sustantivo.
Subtema 2: desconocimiento del precedente
Subtema 3: violación directa de la Constitución.
Subtema 4: requisitos generales de procedencia – relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora, en contra de la
sentencia del 25 de enero de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela

Blanca Emma Zuluaga Valencia1, por intermedio de apoderada, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al mínimo vital, a
la familia, al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia
y a la seguridad social, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del
Cauca, con ocasión de la sentencia del 24 de agosto de 2023, que modificó el fallo
proferido el 14 de marzo de 2019 por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
de Popayán, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 19001 -33-33-006-2015-00340-00/01.

1.2. Hechos

1.2.1. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) le reconoció a
Víctor Gentil Ordóñez Gallego asignación de retiro, quien falleció el 11 de octubre
de 2014.

1.2.2. Blanca Emma Zuluaga Valencia afirmó que convivió de manera continua y
permanente con el señor Ordóñez Gallego desde 1973 hasta el momento del
fallecimiento de este último y que fruto de esa relación tuvieron tres hijos.

1.2.3. Por lo anterior, la accionante, el 28 de noviembre de 2014, solicitó el
reconocimiento de la sustitución pensional. El 19 de mayo de 2015, CASUR le indicó
que hacían falta unos documentos para resolver dicha petición y, adicionalmente, le
informó que la señora Leonor Martínez de Ordóñez se había presentado en calidad
de cónyuge supérstite. La interesada, el 1 de junio de 2014, aportó los documentos
solicitados, sin embargo, la entidad guardó silencio.

1.2.5. Ante la falta de una respuesta, el 16 de agosto de 2015, Blanca Emma
Zuluaga Valencia presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Policía Nacional, Caja de

1 Archivo electrónico identificado con certificado DAE3B864088813F6 E61AB4DBB2173D17
2C3D798A690A50C5 07503B5E170A392A, ubicado en el índice 2 del expediente digital de primera
instancia.
1
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Accionante: Blanca Emma Zuluaga Valencia

Sueldos de Retiro (CASUR), con el fin de que i) se declarara la configuración del
silencio administrativo negativo por la omisión en dar respuesta a la petición
mencionada, y, con ocasión a ese silencio, la existencia de un acto ficto presunto
de carácter negativo; y, a título de restablecimiento del derecho, ii) de manera
principal, se ordenara a la entidad precitada reconocerle el derecho a la sustitución
pensional en una cuantía del 100 % del valor de la asignación de retiro que
disfrutaba el señor Víctor Gentil Ordóñez Gallego en vida, desde la fecha de
fallecimiento de este último el 11 de octubre de 2014, junto con el retroactivo
pensional también a partir de ese momento, y, de forma subsidiaria, ordenar a la
entidad demandada reconocerle el derecho precitado en una cuantía del 50 % del
valor de la asignación de retiro que disfrutaba el causante, a partir del momento de
su deceso.

1.2.6. El conocimiento de la demanda le correspondió, por reparto, al Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, que el 27 de agosto de 2015 la
admitió y vinculó, como litisconsorte necesario, a la señora Leonor Martínez de
Ordóñez. Luego, la autoridad judicial mencionada integró como acto demandado la
Resolución núm. 5957 del 21 de agosto de 2015, mediante la cual CASUR le
concedió a la señora Leonor Martínez de Ordóñez la sustitución de la asignación de
retiro y negó el reconocimiento de dicha prestación a la demandante.

Ulteriormente, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán, mediante
sentencia del 14 de marzo de 2019, i) declaró la nulidad del acto administrativo
mencionado; ii) condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar la sustitución
de la asignación de retiro a las señoras Blanca Emma Zuluaga Valencia y Leonor
Martínez de Ordóñez en el 100 % de la prestación que devengaba el señor Víctor
Gentil Ordóñez Gallego, distribuida en partes iguales entre la cónyuge y la
compañera permanente; iii) dispuso que las mesadas pensionales a las que tenía
derecho la demandante fueran pagadas aplicando los reajustes legales y las
indexaciones desde el 11 de octubre de 2014 y iv) ordenó disminuir la sustitución
de la asignación de retiro que venía recibiendo la señora Martínez de Ordóñez en
un 50 %.

1.2.7. Inconforme con la anterior decisión, las partes interpusieron recursos de
apelación. La alzada fue desatada por el Tribunal Administrativo del Cauca, a través
de fallo del 24 de agosto de 2023 que modificó el ordinal tercero de la sentencia de
primera instancia, en el sentido de indicar que las mesadas pensionales a las que
tenía derecho la demandante serían “pagadas aplicando los reajustes legales y las
indexaciones, a partir de la ejecutoria” del fallo de segunda instancia.

1.3. Pretensiones y argumentos de la acción de tutela

La actora Blanca Emma Zuluaga Valencia solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, al mínimo vital, a la familia, al debido proceso,
a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social. En
consecuencia, pidió al juez constitucional modificar la sentencia del 24 de agosto de
2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca “que falló en detrimento de
los derechos fundamentales de BLANCA EMMA ZULUAGA VALENCIA en el
sentido de que se sean reconocidas las mesadas pensionales a las que tiene
derecho mi representada desde la fecha de fallecimiento de su compañero
permanente y no desde la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia,
pues se desconocen más de 13 años sus derechos adquiridos”2.

Como fundamentos de su petición de amparo constitucional, expuso que la
providencia cuestionada incurrió en (i) defecto sustantivo, (ii) desconocimiento del
precedente y (iii) violación directa de la Constitución.

1.3.1. Defecto sustantivo toda vez que desconoció la finalidad de la pensión de
sobrevivientes, regulada en la Ley 100 de 1993, al ordenar el pago de las mesadas
pensionales a partir de la ejecutoria de la sentencia, a pesar de haberse acreditado
2 Ibidem.
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en el proceso la concurrencia del elemento material de convivencia y apoyo mutuo
hasta la fecha de deceso del causante.

1.3.2. Desconocimiento del precedente, en tanto no expuso algún fundamento
jurídico válido para justificar que el pago de las mesadas se empezara a realizar a
partir de la ejecutoria de la sentencia, sino que se limitó a mencionar sus propios
pronunciamientos en temas similares, pero no hizo referencia a la jurisprudencia de
las altas cortes o de algún instrumento internacional. Además, cuestionó la
manifestación del Tribunal precitado, consistente en que CASUR pagó la totalidad
de la prestación a la cónyuge, sin que en su actuar se observe la mala fe, pues la
entidad pensional conocía de su existencia desde el 2014 al igual que la señora
Leonor Martínez de Ordóñez, ya que era reconocida, pública y permanente la
relación que sostenía con el señor Víctor Gentil Ordóñez Gallego.

1.3.3. Violación directa de la Constitución, toda vez que realizó un trato
diferenciado a las beneficiarias de la prestación, pues se demostró que el causante
compartió su vida con los dos grupos familiares en forma simultánea y que era su
voluntad mantener vínculos afectivos, de apoyo mutuo, solidario y de respaldo
económico con aquellas, por lo que debió reconocerle el derecho a la sustitución de
la asignación de retiro desde el momento en que su compañero permanente falleció,
es decir, desde el 11 de octubre de 2014, en atención a que las dos beneficiarias
tienen hechos y derechos iguales.

1.4. Trámite en primera instancia

El magistrado ponente de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado por auto del 29 de noviembre de 20233, admitió la acción de tutela, vinculó
como terceros con interés a CASUR y a Leonor Martínez de Ordoñez y ordenó
notificar a las partes, para que, si lo consideraban pertinente, intervinieran en el
trámite constitucional.

1.4.1. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán4 allegó el
expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

1.4.5. Los demás sujetos procesales, a pesar de haber sido notificados en debida
forma, guardaron silencio.

1.5. Sentencia de primera instancia

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del
25 de enero de 20245, negó las pretensiones de la acción de tutela.

El juez constitucional de primera instancia explicó que la autoridad judicial
cuestionada, luego de identificar y analizar el marco normativo de la pensión de
sobrevivientes y la sustitución pensional y el régimen para el personal de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, concluyó que la hoy accionante tenía
derecho al reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro, pues, a partir
de los elementos probatorios obrantes en el expediente, encontró acreditado no solo
la condición de compañera permanente, sino también la convivencia simultánea
entre aquella, la cónyuge y el causante durante los cincos años anteriores a su
fallecimiento.

El a quo analizó los argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo del Cauca,
relativos al momento a partir del cual debían pagarse las mesadas pensionales a
3 Archivo electrónico identificado con el certificado BE842CBADBF933C4 BEC039F3A0A90B68
87117A8F1D53A4F5 BD09A2F2415DAD5B ubicado en el índice 4 del expediente digital de primera
instancia.
4 Archivo electrónico identificado con el certificado E7FDA2C76F4555F4 9EF4B1EC887BE6C4

3AC487B0AC5764EA 280A8A696E0DFD90 ubicado en el índice 15 del expediente digital de
primera instancia.
5 Archivo electrónico identificado con certificado 0407A82B493D6E9E 4434B944972A4843

970927D050696D05 7B56910CD43E9625, ubicado en el índice 17 del expediente digital.
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favor de la demandante y concluyó que no debía reconocerse la sustitución
pensional a la demandante a partir de la fecha de deceso del causante, sino desde
la ejecutoria de esa sentencia, comoquiera que la entidad pensional pagó desde el
fallecimiento de aquel el 100% del derecho pensional a la señora Leonor Martínez
de Ordóñez, sin que en su actuar se observe una mala fe, toda vez que canceló la
totalidad de la prestación a la persona que consideró era la única beneficiaria, por
lo que mal podría imponérsele la carga de responder retroactivamente por las
mesadas que ya había sufragado, pues ello implicaría un doble pago a cargo de
aquella.

Por lo anterior, dedujo que la autoridad judicial accionada no desconoció la finalidad
de la pensión de sobreviviente, pues tuvo en cuenta que en el proceso se demostró
la convivencia y apoyo mutuo, de manera simultánea, entre el causante, ella y la
cónyuge, para determinar que a la demandante le asistía el derecho al
reconocimiento pensional solicitado, pero consideró, en ejercicio de su autonomía
e independencia judicial, que este no podía hacerse desde la fecha de muerte del
señor Víctor Gentil Ordóñez Gallego, debido a que la entidad pensional venía
pagando la totalidad de esa prestación a la cónyuge supérstite y no se acreditó una
mala fe en su actuar.

Por último, el ponente aclaró que, si bien en el marco de un proceso ordinario, en
una anterior oportunidad6, consideró que debía reconocerse la sustitución pensional
a partir de la fecha del deceso del causante, también lo es que, en este caso, por
tratarse de una acción de tutela se debe respetar la autonomía e independencia de
la autoridad que profirió la sentencia controvertida, comoquiera que su decisión fue
debidamente sustentada.

1.6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación contra la decisión de primera
instancia. Reiteró los argumentos esbozados en el escrito inicial y afirmó que, si
bien la decisión cuestionada, así como el fallo de primera instancia, indican que la
entidad Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) no debe soportar
la carga retroactiva de las mesadas de la señora Blanca Emma Zuluaga, tampoco
se refiere a la razón del por qué la accionante si tenga que asumir una carga a la
cual no está obligada, pues pese a haber sido beneficiaria y tener el derecho a la
pensión de sobrevivientes, varios años después del fallecimiento de su compañero
permanente, se le privó de sus derechos.

El magistrado ponente de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, a través de auto del 23 de febrero de 20247, concedió la impugnación
interpuesta por la parte accionante.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2.2. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa por activa de Blanca Emma Zuluaga Valencia, se
encuentra acreditada, puesto que fungió como demandante en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 19001 -33-33-006-2015-00340-
00/01 en el que fue proferida la sentencia del 24 de agosto de 2023 que, según
6 Aclaración de voto frente a la sentencia proferida el 8 de abril de 2021 en el proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho 47001-23-33-000-2017-00246-01 (4147-2019).
7 Archivo electrónico identificado con certificado D2B21FFF04DDE9B6 F2AD56F68B3FB4EA

FFB57FA77BB22268 C4FB99868A69D9E3 ubicado en el índice 28 del expediente digital de primera
instancia.
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Accionante: Blanca Emma Zuluaga Valencia

afirmó, vulneró sus garantías, y, por lo tanto, es la titular de los derechos
fundamentales cuyo amparo pretende.

También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Cauca, en la medida en que fue la autoridad que emitió la decisión
que, según la actora, vulneró sus derechos fundamentales.

2.3. Procedibilidad de la acción

La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política es un
mecanismo judicial preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para
reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular, en los casos que establece la ley8.

La jurisprudencia constitucional ha establecido que, cuando una solicitud de amparo
va dirigida en contra de una providencia judicial, el juez de tutela debe, de forma
preliminar, analizar los requisitos generales de procedibilidad de la acción9. Así, una
vez verificada la observación de los presupuestos que la determinan, procede el
pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica que el actor plantea en
función de los defectos en que incurre la actuación acusada y conforme a las
causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales10.

2.4.1. Relevancia constitucional. En las acciones de tutela contra providencias
judiciales, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia
adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues ello desconocería la
competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces
naturales, así como su autonomía funcional”11.

8 Corte Constitucional, sentencia T-867 de 2013: “[e]sta Corporación, en ejercicio de su labor como

intérprete autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance y
contenido que el Constituyente otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción
judicial en él contemplada, además de ostentar un carácter preferente y sumario, tiene por principal
objeto, la protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de los
ciudadanos, siempre que estos se vean afectados o amenazados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública, o de un particular que se encuentre dentro de los supuestos de hecho
contemplados en la ley”.
9 Antes que todo es necesario (i) verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar

en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos
generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (ii) que en la solicitud de tutela se expresen
de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la
decisión judicial; (iii) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (iv) que previo a
la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la
persona afectada; (v) que se cumpla con el principio de inmediatez; (vi) que en caso de que se alegue
una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; y de manera general,
(vii) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de
tutela.
10 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se

concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si
en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente
para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece
de competencia; b) defecto procedimental , que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen
del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material
de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales,
en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo
lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad
de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los
jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el
artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
11 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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Quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las
que el reproche a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada, trasciende
de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria12, a una cuestión con
relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional
concreto13.

En particular, cabe denotar que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-215 de
2022, indicó que “[…] el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de
las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya
presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una
instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir
controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal”.

2.4.1.1. Para el accionante la autoridad cuestionada incurrió en defecto sustantivo,
comoquiera que interpretó de manera irrazonable y desproporcionada la ley, en la
medida en que inobservó los preceptos aplicables al caso, el objeto y la naturaleza
de la pensión de sobrevinientes, así como los principios constitucionales de la
seguridad social. Afirmó que desconoció la finalidad de la pensión de sobrevivientes,
regulada en la Ley 100 de 1993, al ordenar el pago de las mesadas pensionales a
partir de la ejecutoria de la sentencia, a pesar de que se acreditó en el proceso la
concurrencia del elemento material de convivencia y apoyo mutuo hasta la fecha de
deceso del causante.

Ahora bien, es preciso indicar que, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, una providencia judicial incurre en defecto sustantivo cuando la
autoridad jurisdiccional “(i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia
por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su
inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por
ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material
con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación
contraevidente -interpretación contra legem- o claramente irrazonable o
desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical-
sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que
su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso”14.

Dicho lo anterior, se pone de presente que la parte actora, sobre el defecto acusado
no se refirió en los términos antes anotados, pues se limitó a indicar que el tribunal
realizó una interpretación irrazonable porque dispuso el pago de las mesadas
pensionales de Blanca Emma a partir de la ejecutoria de la sentencia, pese a que
se probó en el respectivo proceso la concurrencia del elemento material de
convivencia y apoyo mutuo, de manera simultánea, por voluntad propia del
causante, en cabeza de la cónyuge y de la compañera permanente.

En este punto, la Sala pone de presente que el Tribunal Administrativo del Cauca
modificó la decisión de primera instancia, basado en las siguientes consideraciones:

“7.8. Ahora, frente al cargo de CASUR referido que debe ordenarse el pago de las
sumas desde la ejecutoria de esta sentencia, y/o la devolución de los montos
pagados, o, en su defecto, ordenar el reconocimiento de los valores derivados de la

12 “No se trata de convertir la tutela en un mecanismo ritualista, sino de exigir una actuación razonable

para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en
juego, al controvertir una providencia judicial”. Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019.
Por supuesto, el fallador de tutela requiere examinar que, de esos asuntos legales, no se desprendan
violaciones a los derechos y deberes constitucionales, pues, de ser así, adquieren relevancia
constitucional inmediata. Corte Constitucional. Sentencia T-1031 de 2001, citada por la Corte
Constitucional en las sentencias T-114 de 2002 y T-136 de 2015.
13 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-830 de 2012.
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sustitución pensional en favor de Blanca Emma, a partir de la ejecutoria de la presente
sentencia.

Sobre la pretensión de devolución sobre los valores cancelados por CASUR, debe
precisarse que no existe prueba de la mala fe de Leonor Martínez de Ordóñez, por lo
que no resulta procedente acceder a dicho pedimento, máxime cuando el literal “c”
numeral 1° del artículo 164 del CPACA, señala que “no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe”.

En efecto, no se probó que Leonor Martínez de Ordóñez hubiese recurrido a
maniobras fraudulentas para que le fuera reconocida la sustitución de la asignación
de retiro, y a pesar de la solicitud de la compañera permanente, fue la misma entidad
quien negó dicho reconocimiento al señalar que no se había acreditado dicha calidad.
Y como no existe prueba de que el acto proferido por CASUR haya sido emitido con
base en información incorrecta suministrada por Leonor Martínez de Ordóñez, o por
su culpa o dolo, no resulta procedente que se ordene la devolución de las sumas
percibidas por esta.

No obstante, ello no implica que deba reconocerse la prestación a partir de la fecha
del deceso del causante, sino desde la ejecutoria de esta sentencia, ya que la entidad
ha pagado la totalidad de la prestación a la cónyuge, sin que en su actuar se observe
la mala fe, máxime cuando la parte actora, a quien le negaron el reconocimiento
pensional con la Resolución N° 5957 del 21 de agosto de 2015, no interpuso el
recurso de reposición en sede administrativa, con lo que había podido buscar que la
entidad corrigiera la situación consignada en acto cuya legalidad se estudia, o por lo
menos que se hubiese dejado en suspenso la parte que ahora se reclama”.

Visto lo anterior y revisados los argumentos expuestos por la accionante en su
solicitud de amparo, se itera que lo que pretende es imponer su interpretación de la
normativa, sin cuestionar, de manera alguna, las consideraciones expuestas en la
providencia controvertida. Así, el reparo planteado por la accionante se circunscribe
a un intento de reabrir el debate legal que fue decidido por el juez ordinario, sin
explicar con claridad, de cara a los requisitos del defecto sustantivo, los yerros en
los que incurrió la autoridad demandada. En este orden, es claro que el cargo carece
de relevancia constitucional.

La parte actora, más allá de buscar la protección de sus derechos fundamentales,
pretende cuestionar la actuación judicial. Por esta razón, y teniendo en cuenta que
la jurisprudencia constitucional ha definido que “la finalidad de la acción de tutela es
conjurar aquellas situaciones en que la decisión de la autoridad judicial incurre en
graves falencias, de relevancia constitucional, que conlleva a un fallo incompatible
con la Constitución”15, la Sala concluye que la solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional. Lo anterior, en razón a que el escrito de tutela no refleja
una posible amenaza o vulneración de un derecho fundamental, ni graves falencias
en la sentencia cuestionada, que haga que el asunto objeto de la solitud trascienda
de la discusión litigiosa del proceso ordinario y requiriera la intervención del juez
constitucional.

2.4.1.2. Por otra parte, el accionante, en su escrito de tutela, indicó que la autoridad
judicial demandada incurrió en desconocimiento del precedente, porque se limitó
a mencionar sus propios pronunciamientos en temas similares y no analizar la
jurisprudencia de las altas cortes o de algún instrumento internacional. En concreto,
la discrepancia radica en que no aplicó jurisprudencia para concluir que
correspondía reconocer el pago de las mesadas desde la muerte del causante y no
desde la ejecutoria de la sentencia.

Sobre el particular, de manera preliminar se advierte que el accionante no precisó
concretamente cual regla o subregla jurisprudencial fijada en la jurisprudencia
resultó inaplicada. Tanto así que ni siquiera citó algún radicado que permitiera
establecer un punto de partida para realizar un estudio del defecto por
desconocimiento del precedente judicial. Tal situación hace imposible el estudio del

15 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019.
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Accionante: Blanca Emma Zuluaga Valencia

cargo y por lo tanto exime a la Sala de un análisis de fondo por falta de relevancia
constitucional.

Al margen de lo anterior, resulta pertinente traer a colación los argumentos
esbozados por el Tribunal Administrativo del Cauca al momento de justificar su
decisión de ordenar el pago de las mesadas a favor de la accionante a partir de la
ejecutoria de la sentencia:

Al respecto, el Consejo de Estado, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo
de Estado, en sentencia del 17 de octubre de 201716, modificó decisión adoptada por
el H. Tribunal Administrativo del Cauca en el sentido de que el reconocimiento de las
cuotas partes se debe efectuar a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia, de
lo cual se transcribe:

“Finalmente, observa la Sala que el ente demandado ha cancelado la totalidad del
crédito a su cargo durante todo el tiempo que ha pagado la pensión de
sobrevivientes, en un 100%, razón por la que, mal se podría entonces, al reconocer
judicialmente el derecho de la demandante, emitir condena a cargo del ente
demandado para que volviera a pagar otro 31.70% para ella, cuando el 100% ya
había sido cancelado a la compañera permanente, actuación con la que se
desborda tanto la ley como la cuantía de la pensión. Ello obliga a que el
reconocimiento de la pensión compartida que se dicta en esta providencia,
produzca efectos a partir de la ejecutoria de la sentencia. En consecuencia, la Sala,
con fundamento en los argumentos expuestos en esta providencia, confirmará la
sentencia del A – quo en cuanto declaró la nulidad del acto acusado y ordenó el
pago de la pensión de sobrevivientes en un 31.70% a la señora Mery Luz Salcedo
Campo «cónyuge supérstite» y el 68.30% restante a la señora María Consuelo
Quintero Acosta «compañera permanente», pero se modificará el numeral
segundo de la misma en el sentido de indicar que tal reconocimiento será a partir
de la ejecutoria de la sentencia.”

En este sentido, la Sala advierte que contrario a lo manifestado por el demandante,
el tribunal sí tuvo en cuenta sentencias proferidas por una alta corte, en particular
emitida por el Consejo de Estado, en las cuales basó su decisión. Por tanto, al no
presentar argumentos disidentes respecto a lo expuesto por la autoridad
cuestionada, el cargo carece de relevancia constitucional.

2.4.1.3. Por último, la actora manifestó que la decisión cuestionada incurrió en
violación directa de la Constitución, al desconocer su derecho fundamental a la
igualdad, comoquiera que le otorgó un trato diferenciado, a pesar de que se
demostró que el causante compartió su vida con los dos grupos familiares en forma
simultánea y que era su voluntad mantener vínculos afectivos, de apoyo mutuo,
solidario y de respaldo económico con aquellas, por lo que debió reconocerle el
derecho a la sustitución de la asignación de retiro desde la fecha del deceso de
aquel, es decir, desde el 11 de octubre de 2014.

En cuanto a esto, la Sala advierte que, a pesar de que la parte actora citó como
fundamento del yerro invocado el derecho a la igualdad, lo cierto es que con esto
pretende hacer una extensión del defecto sustantivo. Toda vez que, los argumentos
expuestos por la demandante se circunscriben en reiterar lo ya manifestado, sin
dilucidar de manera alguna, por qué el Tribunal Administrativo del Cauca violó su
derecho al debido proceso, máxime si se tiene en cuenta que no presentó reparos
concretos en contra de lo esbozado por la autoridad judicial demandada.

Por lo anterior, la acción de tutela planteó una simple inconformidad con lo decido
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues a juicio de la
actora las mesadas debían ser concedidas desde el fallecimiento del causante,
fundado en la convivencia y el apoyo mutuo. Esta discrepancia no habilita al juez
constitucional a realizar un estudio de la totalidad del material probatorio que la
autoridad judicial contra la que se dirige la acción, tuvo en cuenta o no al resolver el
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, en sentencia del 17

de octubre de 2017, Radicado 19001233300020130021401 (1392-2016), C. P. Dra. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
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asunto. Por el contrario, compete al interesado demostrar cómo lo expuesto por el
tribunal accionado afectó su derecho al debido proceso, condición que, como se
explicó, no se cumplió en este caso, por tanto, este cargo carece de relevancia
constitucional

En suma, los argumentos del accionante, así planteados, solo manifiestan un
desacuerdo con las conclusiones a las que llegó el juez de segunda instancia del
proceso ordinario y, por ende, no es posible asumir el estudio de fondo propuesto,
pues de hacerlo, se estaría invadiendo la órbita de competencia del juez natural y
desconociendo la autonomía judicial.

Así, es preciso recordar que, la acción de tutela fue concebida como un mecanismo
de carácter excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho
constitucional fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza
residual y subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte accionante
respecto de una posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de
una decisión proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la aquí
accionante, un nuevo estudio.

Consecuente con lo hasta aquí expuesto, la Sala modificará la sentencia de primera
instancia, proferida el 25 de enero de 2024 por la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, que negó el amparo, para en su lugar, declarar la
improcedencia de la acción, porque los cargos carecen de relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR la sentencia proferida en primera instancia el 25 de enero
de 2024 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que
negó la solicitud de amparo y en su lugar DECLARAR la improcedencia de la acción
por falta de cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, atendiendo a lo
expuesto en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.

TERCERO. ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SABF

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