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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07045-00

Fecha
13 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07045-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por carecer del requisito general de inmediatez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-07045-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

13 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-07045-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: MARÍA ROSA MUÑOZ AGUDELO

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO,
TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA
INMEDIATEZ.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
MÍNIMO VITAL, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y
PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO

DE ESTADO1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

1
En adelante la Sección Segunda.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-07045-00
Actora: MARÍA ROSA MUÑOZ AGUDELO

La señora MARÍA ROSA MUÑOZ AGUDELO, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital, al

acceso a la administración de justicia y al principio de legalidad, los

cuales estima vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA al proferir la

providencia de 4 de septiembre de 2014, dentro del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 05001-23-31-000-2005-01082-01.

I.2. Hechos

Afirmó que su esposo, el señor MARIO GÓMEZ RODRÍGUEZ, se

desempeñaba como Agente de la POLICÍA NACIONAL cuando

falleció en actos de servicio en una emboscada organizada por un

grupo al margen de la ley.

Relató que el señor MARIO GÓMEZ RODRÍGUEZ laboró al servicio

del Departamento de Policía de Antioquia por un período de 5 años,

7 meses y 8 días.

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3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-07045-00
Actora: MARÍA ROSA MUÑOZ AGUDELO

Aseguró que solicitó al MINISTERIO DE DEFENSA- POLÍCIA

NACIONAL2 el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente

en calidad de cónyuge supérstite, petición que fue denegada

mediante el Oficio núm. 9675 GRUSO UNDIN RAD-4678-13493 de 2

agosto de 2004.

Afirmó que inconforme con lo anterior, presentó demanda en

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho contra la POLICÍA NACIONAL con el fin de obtener el

reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente.

Señaló que la anterior demanda fue identificada con el número único

de radicación 05001-23-31-000-2005-01082-00 y le correspondió

por reparto en primera instancia al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DE ANTIOQUIA3 que, mediante sentencia de 23 de agosto de 2012,

accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en

consecuencia, le ordenó a la POLICÍA NACIONAL reconocer y pagar

en su favor la pensión de sobreviviente a partir del 24 de febrero de

2001.

Manifestó que, inconforme con la anterior decisión, la entidad

2
En adelante la POLICÍA NACIONAL.
3
En adelante el JUZGADO.

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Actora: MARÍA ROSA MUÑOZ AGUDELO

demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por

la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante providencia de 4 de

septiembre de 2014, revocó la sentencia de primera instancia y, en

su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.

I.3 Fundamentos de la solicitud

Asevero que la providencia proferida por la SECCIÓN SEGUNDA

incurrió en el defecto material o sustantivo, por cuanto al negar

el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, no tuvo en cuenta

la aplicación del principio de favorabilidad y progresividad de los

derechos sociales de conformidad con la Ley 100 de 19934.

Sostuvo que la SECCIÓN SEGUNDA omitió la aplicación de la Ley

1448 de 20115, toda vez que, a su juicio, al ser cónyuge de un

miembro de la fuerza pública muerto en combate debió otorgársele

su condición de víctima del conflicto armado, por lo tanto […] le asiste

el derecho a recibir medidas judiciales, administrativas, sociales y

económicas que permitan la efectividad de sus derechos a la verdad,

la justicia y la reparación, asegurando la no repetición de tales

hechos […].

4
"Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones"
5
Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno y se dictan otras disposiciones."

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Actora: MARÍA ROSA MUÑOZ AGUDELO

Asimismo, manifestó que la sentencia cuestionada incurrió en

desconocimiento del precedente al no aplicar la Sentencia C-161

de 2016, pues al negarle la posibilidad de acceder a la pensión de

sobreviviente la SECCIÓN SEGUNDA desafió los principios de

favorabilidad, equidad y trato diferenciado dada su condición de

víctima del conflicto armado.

Finalmente, señaló que la decisión cuestionada incurrió en violación

directa de la Constitución, por cuanto […] la denegación de la

pensión de sobrevivientes a la demandante podría constituir una

violación directa a principios constitucionales consagrados. La

jurisprudencia y la normativa vigente, como la Ley 1448, respaldan

la protección integral de los derechos fundamentales de las víctimas

del conflicto armado. La omisión en reconocer la pensión de

sobrevivientes en casos como el presente podría interpretarse como

una omisión en garantizar la dignidad, la vida y la integridad de

quienes han sufrido las consecuencias más profundas del conflicto

[…].

I.4. Pretensiones

La actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

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6

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Actora: MARÍA ROSA MUÑOZ AGUDELO

“[…] Primero: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO
PROCESO, A LA IGUALDAD, AL ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA, AL MÍNIMO VITAL, Y AL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD, toda vez que EL CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBCESIÓN (sic), en sentencia del 04 de
septiembre de 2014 incurrió en un defecto sustantivo pues se
observa que de manera errada, se desconocieron precedentes
judiciales, lo dispuesto en los artículos 46, 47 y 49 de la ley 100 de
1993, lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 en, y lo establecido en
el artículo 13 de la Constitución Política.
Segundo: ORDENAR al TRIBUNA (sic) ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA SALA DE DECISIÓN y al CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA SUBCESIÓN B, dar traslado de todo el expediente a la
honorable CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN
LABORAL, para que sea estudiado y así pueda proferir una
sentencia de fono (sic) de acuerdo con la jurisprudencia y los
diversos pronunciamientos de la honorable Corte constitucional.
Tercero: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia del 04 de
septiembre de 2014, proferida por la SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B, de la
magistrada ponente Dra. Berta Lucia Ramírez Páez (sic),
expediente No 050012331000200501082-01.
Cuarto: ORDENAR que, conforme a lo dispuesto en la Ley 1448
de 2011, se me reconozca oficialmente como víctima del conflicto
colombiano. Esta solicitud se fundamenta no solo en la afectación
directa de mi esposo durante dicho conflicto, sino también en las
consecuencias derivadas de esta situación, las cuales impactaron
con el asesinato de mi hija. En virtud de estas circunstancias,
solicito que la unidad de víctimas se vincule a este proceso, dado
que en el pasado se me negó el reconocimiento como víctima del
conflicto interno colombiano.
Quinto: ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA
SUBCESIÓN B que, en el plazo concedido por esta providencia,
emita una nueva sentencia en el marco del proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho presentado. Deberá tener en cuenta
los lineamientos establecidos por la Ley 100 de 1993,
especialmente en lo referente a sus artículos 46, 47 y 49, así como
las disposiciones de la Ley 1448 de 2011 relacionadas con
integrantes de la fuerza pública y lo estipulado en el artículo 13 de
la Constitución Política. Además, se deben considerar las directrices
de la sentencia C-161/16, con la ponencia del honorable
magistrado Luis Ernesto Vargas.

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Actora: MARÍA ROSA MUÑOZ AGUDELO

Sexto: ORDENAR a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA
DE CASACIÓN LABORAL, que, en el término de esta providencia,
emita una nueva sentencia en el marco del proceso ordinario
Laboral actualmente en curso. Se solicita que se consideren los
recientes pronunciamientos de la honorable Corte Constitucional,
en particular la sentencia C-161/16, la cual detalla
exhaustivamente el reconocimiento de los derechos de los
integrantes de la fuerza pública […]”. (Negrilla pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA afirmó que la acción de tutela es

improcedente, por cuanto no se dio cumplimiento al presupuesto de

la inmediatez.

Aseguró que […] la tutela se formuló luego de transcurridos 8 años

de haberse dictado la sentencia objeto de censura, lo que supera

ampliamente el lapso razonable establecido por la jurisprudencia del

Consejo de Estado para acudir a esta acción constitucional, sin que

se advierta o se haya planteado alguna circunstancia que invalide la

exigencia del presupuesto de inmediatez y habilite su estudio de

fondo […].

Finalmente, señaló que la sentencia reprochada determinó que no

era posible reconocer la pensión de sobreviviente, por cuanto no se

cumplió con los 12 años o más de servicios que regulaba el Decreto

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núm. 2063 de 19846 para el reconocimiento de dicha prestación,

pues para el momento del fallecimiento el señor Mario Gómez

Rodríguez sólo se habían completado 5 años, 7 meses y 9 días de

servicio.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El TRIBUNAL, vinculado en calidad de tercero con interés

directo en las resultas del proceso, se limitó a remitir el expediente

digital del medio de control nulidad y restablecimiento del derecho

objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento alguno frente al

objeto de la acción de tutela.

I.6.2.- La POLÍCIA NACIONAL manifestó que la acción de tutela

es improcedente por cuanto la actora no demostró la existencia de

una perjuicio irremediable derivado de la decisión adoptada por la

autoridad judicial cuestionada.

Aseguró que en el asunto no se observa una amenaza inminente e

injustificada que amerite el estudio del mecanismo constitucional

para acceder a las pretensiones, máxime cuando el problema jurídico

fue ventilado a través de otras vías jurídicas idóneas.

6
“Por el cual se reorganiza la carrera de Agentes de la Policía Nacional”.

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Finalmente, indicó que la acción de tutela no cumple con el requisito

general de la inmediatez, pues la decisión proferida por la SECCIÓN

SEGUNDA el 4 de septiembre de 2014 fue notificada a la parte actora

por edicto el 16 de enero de 2015 y la interposición de la acción de

tutela se realizó el 20 de noviembre de 2023, es decir, 8 años, 10

meses y 4 días luego de la ejecutoria de la providencia sin que se

justifique la tardanza en la radicación de la solicitud de amparo.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

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(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez

Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),

en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras

a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción

de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de

la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre
que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible

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pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por

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ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

deje sin efecto la providencia de 4 de septiembre de 2014,

proferida por la SECCIÓN SEGUNDA dentro del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 05001-23-31-000-2005-01082-01.

A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio,

la autoridad judicial accionada incurrió el defecto material o

sustantivo, por cuanto al negar el reconocimiento de la pensión de

sobreviviente no tuvo en cuenta la aplicación de la Ley 1448 de 2011,

a su juicio, al ser cónyuge de un miembro de la fuerza pública muerto

en combate debió otorgársele su condición de víctima del conflicto

armado.

Asimismo, manifestó que la sentencia cuestionada incurrió en

desconocimiento del precedente al no aplicar la Sentencia C-161

de 2016, pues al negarle la posibilidad de acceder a la pensión de

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sobreviviente la SECCIÓN SEGUNDA desafió los principios de

favorabilidad, equidad y trato diferenciado dada su condición de

víctima del conflicto armado.

Finalmente, señaló que la decisión cuestionada incurrió en violación

directa de la Constitución, pues al rechazar el reconocimiento y

pago de la prestación pensional se trasgredieron las garantías

constitucionales relacionadas con la dignidad, la vida y la integridad

de las víctimas del conflicto armado.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la SECCIÓN

SEGUNDA vulneró los derechos deprecados e incurrió en los

defectos alegados.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la inmediatez.

Requisito general de procedencia de la inmediatez cuando se

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controvierten providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional ha sostenido, de manera reiterada,

que la acción de tutela está instituida como un mecanismo ágil para

obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales

que se consideran vulnerados; y que aunque no tenga previsto un

término de caducidad para su presentación, es necesario que se

invoque tal protección dentro de un plazo razonable y prudente, dado

que, “[…] de transcurrir un lapso injustificadamente largo, se

desvirtúa la urgencia de la protección y la gravedad de la afectación,

por ende, no cabría la procedencia del mecanismo […]”7.

Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,

para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el

momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la

instauración de la tutela.

Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción se

ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un

examen más riguroso en aras de preservar los principios de cosa

juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el interés de terceros,

7
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.

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cuya situación podría verse injustamente afectada por el

otorgamiento tardío de la protección constitucional. En este sentido,

la Corte Constitucional ha señalado que8:

“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los

requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias

judiciales, sostuvo9:

“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.

[…]

De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela, es más estricto cuando se
interpone contra providencias judiciales, por lo que, como

8
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.

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Actora: MARÍA ROSA MUÑOZ AGUDELO

lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un
tiempo significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos,
resulta claramente desproporcionado el control constitucional de
una providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.

[…]

Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.

[…]

[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).

La Sala resalta que revisado el expediente digital 10 contentivo del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de

tutela, se advierte que la sentencia de 4 de septiembre de 2014,

proferida por la SECCIÓN SEGUNDA, aquí cuestionada, fue

notificada mediante edicto desfijado el 20 de enero de 2015 en

vigencia del artículo 173 del CCA11 y en la forma prevista en el

artículo 323 del CPC12, mientras que la presente acción de tutela

10
Aplicativo Samai expediente digital índice No. 11
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002023070
45001100103
11
“Código Contencioso Administrativo”
12
“Código de Procedimiento Civil”

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se presentó hasta el 20 de noviembre de 2023 13, esto es,

transcurridos 8 año, 9 meses y 25 días, superando así los 6 meses

que han sido estimados por la jurisprudencia como término razonable

para impugnar por vía de tutela el contenido de una decisión judicial,

sin que se hubiesen presentado razones válidas para la inactividad

de la parte actora o que justifiquen la tardanza en la presentación de

la solicitud de amparo.

Sobre el punto, la Corte Constitucional ha precisado que en casos

como el presente el juez debe verificar si la acción se instauró en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la

vulneración14. Tal presupuesto va ligado con la finalidad del amparo

que se pretende, el cual, en caso de transcurrir el tiempo y

consumarse un daño, sería ineficaz.

En tal sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta

Corporación, en la precitada sentencia de unificación de 5 de agosto

de 2014, estableció como razonable el término de 6 meses, sin

perjuicio de que el mismo pueda variar ante circunstancias

especiales, como ocurre, entre otras, cuando se trata de prestaciones

periódicas, en aras de proteger los derechos al “mínimo vital, la

13
Aplicativo Samai reparto y radicación índice No.1
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002023070
45001100103
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Corte Constitucional, Sentencia T–315 de 1o. de abril de 2005, M.P. Ponente Jaime Córdoba
Triviño

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dignidad, la salud y la vida de sujetos de especial protección

constitucional”. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte

Constitucional, entre otras, en sentencia T-374 de 18 de mayo de

201215, al referirse a la inaplicación del requisito de inmediatez

cuando se trata de prestaciones periódicas de carácter vitalicio, así:

“[…] La jurisprudencia constitucional también ha dado un alcance
específico al requisito de inmediatez en la interposición de la
acción de tutela en este tipo de casos. Si bien a lo largo de sus
pronunciamientos la Corte Constitucional ha exigido, como regla
general, que entre el hecho que supuestamente da lugar a la
violación o amenaza de derechos fundamentales y la
interposición de la acción de tutela medie un término razonable,
el contenido mismo del requisito de inmediatez varía
cuando se trata de una prestación periódica que, como las
mesadas pensionales, se vincula directamente al ejercicio
de los derechos fundamentales al mínimo vital, la
dignidad, la salud y la vida de sujetos de especial
protección constitucional. En suma, dado el carácter
periódico y la particular importancia de las mesadas
pensionales para el ejercicio de los derechos más básicos
de los pensionados, la Corte ha considerado que la
actualización continua de los perjuicios presentes y
sustantivos derivados de la falta de indexación de la
mesada resta relevancia al requisito de inmediatez en la
presentación de la tutela. En otras palabras, como la
afectación de los derechos fundamentales por la pérdida de poder
adquisitivo de las pensiones se renueva mes a mes y día a día,
en forma presente, las personas afectadas en su mínimo vital por
esta situación pueden recurrir a la acción de tutela, cumpliendo
eso sí con unas reglas que hacen admisible el que se haya
prolongado en el tiempo la presentación de la acción [...]”
(Resaltado fuera de texto).

Cabe precisar que con fundamento en la mencionada sentencia de la

Corte Constitucional y la jurisprudencia de esta Sección, relacionada

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Corte Constitucional, Sentencia T–315 de 1o. de abril de 2005, M.P. Ponente Jaime Córdoba
Triviño

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con acciones de tutelas promovidas contra providencias judiciales en

las que se controvirtieron asuntos sobre prestaciones periódicas,

como ocurre en el caso sub lite, la Sala concluyó que “[…] siempre

que se trate de una acción de tutela contra providencia

judicial que verse sobre prestaciones periódicas, se realizará

el análisis del cumplimiento de los requisitos generales de

procedibilidad, incluido el de inmediatez, el cual deberá

efectuarse desde los criterios de i) que se demuestre que la

vulneración de los derechos permanezca, esto es, que sea

continua y actual, pese a que el hecho que la originó sea muy

antiguo respecto de la presentación de la tutela; y ii) que el

actor se encuentre en condición de debilidad manifiesta16

[…]”.

En lo que respecta al primer requisito mencionado en precedencia,

esto es, que se trate de una prestación periódica y, de contera, una

vulneración continua y actual, en sentencia de 30 de julio de 2015 8,

la Sala señaló:

“[…] La Sección Segunda de esta Corporación se ha pronunciado
de manera reiterada y uniforme en relación a qué debe
entenderse por prestaciones periódicas.

Así, en proveído de 1° de octubre de 20149, la Sección Segunda
del Consejo de Estado, consideró lo siguiente:

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo
de 2014, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 11001-03- 15-000-2013-02423-01.

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“No es de recibo la tesis planteada por el recurrente, según la
cual el tema que aquí se discute corresponde a la reclamación de
prestaciones periódicas, ya que tal calidad se predica tan sólo del
derecho a la pensión de jubilación de las personas de la tercera
edad como claramente lo tiene sentado esta Corporación en su
jurisprudencia, como a continuación se precisa en uno de sus
apartes10:
“Si la interpretación sobre lo que debe entenderse por
prestación periódica fuera el significado lingüístico de las
palabras, sería elemental que el actor tendría razón.

No obstante, tal método, cuando la ley se encarga de poner
ejemplos sobre los cuales son las prestaciones periódicas, no es
eficaz y debe atenderse a la orientación que brinda aquella. En
efecto, el artículo 131,6 letra b) del CCA, se refiere a las
pensiones de jubilación y de invalidez como prestaciones
periódicas, referencia que debe observase para los efectos del
inciso 3º del artículo 136 ibídem, pues la norma en últimas lo que
da a entender es que tratándose de derechos que existen durante
la vida del titular y después respecto de los beneficiarios
llamados a sustituirse también en forma vitalicia (cónyuge,
compañera o hijo inválidos), es lógico, justificable y razonable
que en cualquier tiempo pueda discutirse tales prestaciones,
para diferenciarlas de los demás derechos laborales que no son
vitalicios y por consiguiente la definición de las controversias
sobre los mismos, debe hacerse en los términos de la caducidad
establecida para ellos, vale decir, a meses.
[…]
Visto lo anterior, resulta claro para la Sala que las prestaciones
periódicas son aquellos emolumentos que se reciben de manera
vitalicia e indefinida y que son susceptibles de ser sustituidos a
sus beneficiarios (cónyuge, hijos, hermanos, etc.). Asimismo,
se consideran como tales, aquellos valores devengados de
manera constante, en virtud de un vínculo laborar vigente,
de tal manera, que si éste se termina, desaparece la
calidad de periodicidad de dichos reconocimientos […]”.
(Resaltado fuera del texto).

Frente a lo anterior, para la Sala es importante resaltar que en el

presente caso se trata de una prestación periódica, pues, como

quedó visto en párrafos anteriores, la actora pretende que a través

del medio de protección constitucional se deje sin efecto la

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providencia de 4 de septiembre de 2014 y se ordene el

reconocimiento y pago de la sustitución pensional desde la fecha de

fallecimiento del causante.

En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad

manifiesta, conviene traer a colación las precisiones hechas por esta

Sección en sentencia de 28 de mayo de 201517, a través de la cual

unificó su jurisprudencia frente a la aplicación de los criterios que

deben tenerse en cuenta para analizar el requisito de la inmediatez

en estos casos particulares, especialmente, el que hace referencia a

la “condición de debilidad manifiesta”, en la que señaló:

“[…]Pues bien, comoquiera que por medio de la providencia
transcrita, se estableció “el criterio que, en adelante observará
la Sala para analizar la procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias que traten de prestaciones periódicas”; en
casos como el presente, en que se controvierte una sentencia
relacionada con la reliquidación de una prestación periódica, se
ha acudido al citado lineamiento Jurisprudencial de
manera invariable, para determinar si el hecho de haber
superado el plazo prudencial para interponer la acción de tutela
merece ser tratado en forma especial, esto es, a la luz de los
criterios de ”que i) se demuestre que la vulneración de los
derechos permanece en el tiempo, esto es, que es continua y
actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela; y que ii) el actor se
encuentre en un condición de debilidad manifiesta.”

Sin embargo, cuando el tema ha involucrado prestaciones
periódicas en las modalidades de pensión o asignación de
retiro, la aplicación de dichos criterios frente al requisito de la
inmediatez, en cada caso concreto, ha dado lugar a soluciones

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de mayo
de 2015, C.P. María Elizabeth García González, radicación número: 11001- 03-15-000-2015-00001-01.

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divergentes, habida cuenta de que la Sala ha aceptado que el
pensionado, por el simple hecho de serlo, ostenta una calidad
que le permite enervar dicho requisito de procedibilidad, pero
también ha entendido que en ocasiones se requieren elementos
adicionales a tal condición para proceder al estudio de fondo […]

Dichas divergencias merecen ser precisadas y, por lo tanto, en
esta oportunidad la Sala, con el propósito de unificar su
Jurisprudencia, determinará como lineamiento único y preciso,
en cuanto a la exigencia o no del requisito de inmediatez de la
tutela contra providencias judiciales, cuando el solicitante del
amparo constitucional es un pensionado o persona que goza
de Asignación de Retiro, que tal condición no es per se
circunstancia que permita enervar el citado requisito, habida
cuenta de que es necesario que confluyan elementos adicionales
que permitan concluir que el actor se encuentra en “la especial
situación” que “convierte en desproporcionado el hecho de
adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros”, tal como lo ha
señalado la Corte Constitucional en sentencia T-158 de 2006 y
esta Sala en el Expediente núm. 2013-02423-01, Consejero
Ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno.

Obsérvese que la Corte cita, solo a manera de ejemplo, algunas
circunstancias que pueden tenerse en cuenta para determinar si
el actor está o no en una ESPECIAL SITUACIÓN, que justifique
su inactividad en el tiempo frente a la defensa de sus derechos,
dentro de las cuales sugiere “el estado de indefensión, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otras…” sin que éstas
constituyan taxatividad alguna. Justamente por ello, esta Sala
introdujo dentro de dicha lista al pensionado, por tratarse de
un sujeto de protección especial, conforme lo ha determinado la
Jurisprudencia Constitucional.

Pero, ocurre que el concepto de sujeto de especial protección
incluye, además de los pensionados, a otros grupos de personas,
tales como: indígenas, padres y madres cabeza de familia, mujer
embarazada, menores de edad, minusválidos, ancianos,
defensores de derechos humanos, enfermos graves,
desplazados, entre otros; sin que sea aceptable concluir que en
todos los casos, éstos resulten eximidos de cumplir el requisito
de procedibilidad de inmediatez, cuando acudan a la tutela para
obtener la pérdida de efectos de una providencia judicial, por el
solo hecho de ser denominados sujetos de especial protección
[…]”.

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Al respecto, se advierte que la actora no demostró, ni siquiera con

prueba sumaria, que se encontrara en un estado de debilidad

manifiesta que justificara la tardanza en la presentación de la

acción de tutela contra la providencia que presuntamente vulneró sus

derechos fundamentales invocados.

Para la Sala es claro que el cumplimiento del requisito de inmediatez

se determina con fundamento en la fecha en que se produce o conoce

el hecho generador de la presunta vulneración de los derechos

fundamentales invocados y en tratándose de las acciones de tutela

contra providencia judicial, dicha fecha no puede ser otra que el día

en el que se notifica la misma.

Corolario de lo anterior, la Sala señala que para que proceda el

amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar la

ocurrencia de un perjuicio irremediable, debe ser actual y las

medidas que se requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no

basta cualquier perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale

a una gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el

haber jurídico de la persona; y la urgencia y la gravedad determinan

que la acción de tutela sea impostergable, debido a que tiene que ser

adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.

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Finalmente, se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201718, la

Corte Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito

de inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para

resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses

establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las

particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que

existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la

interposición de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se

observa en el presente caso.

En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente

asunto no se invocó ni acreditó la existencia de alguna de las causales

mencionadas, que permita de manera excepcional proceder al

análisis de la acción constitucional, la Sala concluye que el

mecanismo constitucional carece del requisito de inmediatez.

En consecuencia, se declarará la improcedencia de la solicitud de

amparo presentada por la actora, como en efecto se dispondrá en la

parte resolutiva de esta providencia.

18
Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.

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Actora: MARÍA ROSA MUÑOZ AGUDELO

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por

carecer del requisito general de inmediatez, de conformidad con lo

expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de diciembre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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