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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07048-00

Fecha
1 de febrero de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07048-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de María Margarita Arciniegas Arciniegas, Viviana Stefany Santos Zarta, Ivette Gutiérrez Ávila, Lina María Zarate Quintero, Edna Patricia Villa Lozano, Ingridth Rocio Oñate Sierra, José Didney Vaca, Ana Patricia Londoño Ospina, Edwin Wbeimer Medina Cifuentes, Laura Camila Díaz Zapata, Luis Fernanda Aguiar Rojas, Mónica Piedad Lombana y Sara Lucía Sotelo Osorio por los motivos aquí expuestos. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el señor Cesar Augusto Cardona González. TERCERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela respecto del Consejo Superior de la Judicatura. CUARTO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la solicitud de amparo presentada por el señor Rene Marcel Rojas Lozano y otros contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima. QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SEXTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-07048-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

1 de febrero de 2024

Demandantes: Rene Marcel Rojas Lozano y otros
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-07048-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., primero (1º) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07048-00
Demandantes: RENE MARCEL ROJAS LOZANO Y OTROS
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA

Tema: Tutela de fondo – derecho fundamental de petición – hecho
superado - niega.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela presentada por el señor
Rene Marcel Rojas Lozano y otros1 contra el Consejo Superior de la Judicatura y el
Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. El 20 de noviembre de 2023, el señor Rene Marcel Rojas Lozano y otros
integrantes de un grupo de escribientes y notificadores del Centro de Servicios
Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Ibagué, Tolima, actuando en nombre
propio, presentaron acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura y
el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima. Con la solicitud de amparo,
pretenden que se les proteja su derecho fundamental de petición.

1
La presente acción de tutela la interponen, a nombre propio y en su calidad de escribientes y
notificadores del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Ibagué, Tolima, las
siguientes personas: Norma Rocío Rodríguez, Rene Marcel Rojas Lozano, María Margarita
Arciniegas Arciniegas, Gloria Esperanza Vidal Morales, Leonardo Favio Alvis Camelo, Jaime Alberto
Ospina Rivera, Viviana Stefany Santos Zarta, Ivette Gutiérrez Ávila, Diana Carolina Rubio Vidal, Lina
María Zarate Quintero, José Augusto Guzmán Corrales, Ángela Janeth Manrique Jaimes, Gustavo
Manrique Vargas, Gustavo Alonso Morales, Angelica María Núñez Barreto, Edna Patricia Villa
Lozano, Jaime Hernández Cutiva, Ingridh Rocío Oñate Sierra, José Didney Vaca, Luis Uberthy
Zarate Ducon, Carlos Iván Tobar Fonque, Daniel Alberto Orozco Pérez, Ana Patricia Londoño
Ospina, Derly Consuelo Cubillos, Edwin Wbeimer Medina Cifuentes, Helida Sánchez Rojas, Henry
Julián Mendoza, Jaime Arnulfo Rengifo Rodríguez, Jhon Faber Cartagena Galindo, Laura Camila
Diaz Zapata, Luis Humberto Muñoz Cuellar, Luisa Fernanda Aguiar Rojas, Mónica Piedad Lombana
Molano, Rafael Caviedes Rodríguez, Roseeveeth Aya Torres y Sara Lucía Sotelo Osorio.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Rene Marcel Rojas Lozano y otros
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
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2. Los accionantes consideraron vulnerada su garantía superior debido a la
omisión de las entidades demandadas en responder la petición que enviaron el 9
de junio de 2023 en la que solicitaron información acerca de los parámetros de
reorganización del centro de servicios judiciales del sistema penal acusatorio de
Ibagué. La solicitud fue remitida desde el correo institucional
csjudjpmpaliba@cendoj.ramajudicial.gov.co al correo electrónico institucional
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, los accionantes solicitaron:

Se nos reconozca nuestro derecho fundamental de petición al cual tenemos
derecho en virtud del artículo 23 de la Constitución Política Nacional.

Que se dé respuesta satisfactoria a la petición elevada el día 9 de junio de
2023.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la presente sentencia2:

4. El 9 de junio de 2023, el señor Rene Marcel Rojas Lozano y otros integrantes
de un grupo de escribientes y notificadores del Centro de Servicios Judiciales del
Sistema Penal Acusatorio del Tolima enviaron una petición al correo electrónico
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co dirigida al Consejo Superior de la
Judicatura.

5. En aquella oportunidad, los accionantes solicitaron que se le indicaran los
motivos y las razones jurídicas y administrativas por las cuales el Consejo Superior
de la Judicatura considera llevar a cabo un proceso de reorganización del Centro
de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Ibagué.

6. El 15 de junio de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura remitió dicha
petición al Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima; sin embargo, a la fecha
de presentación de esta acción constitucional no había obtenido respuesta.

1.4. Fundamentos de la solicitud

7. Los accionantes consideraron que las entidades demandadas vulneraron su
derecho fundamental de petición, con ocasión de la falta de respuesta a la solicitud
radicada el 9 de junio de 2023.

2
Este apartado se desarrolla a partir de lo expuesto en el escrito de tutela y de los elementos de
convicción que obran en el expediente.

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1.5. Trámite de la acción de tutela

8. Mediante auto del 22 de noviembre 2023, el magistrado ponente de esta
providencia admitió la tutela de la referencia. En consecuencia, ordenó notificar al
Consejo Superior de la Judicatura y al Consejo Seccional de la Judicatura del
Tolima, como accionadas.

9. Posterior a ello, el despacho ponente en auto del 6 de diciembre de 2023
dispuso la vinculación en calidad de terceros con eventual interés, de las siguientes
personas que, junto con los accionantes, radicaron la petición del 9 de junio de 2023
de la cual se alega su falta de respuesta en este trámite constitucional: Natalia
Susana Murcia, María Olivia Castilla Hernández, Luz Ayde Reyes Varón, Diego
Fernando Duran, Angie Vanessa Cubides Hernández, Gisela Mendoza Parra, Olga
Lucia Guerra Murcia, Cesar Augusto Cardona González, Lina Marcela Varón
Castillo, Johanna Marcela Devia Chacon, Mónica Piedad Lombana, Laura Marcela
Campo Mercado, Mayerly Soto Alcalá, Karen Gissela Bonilla Vargas, Juan David
Duarte Garzón y Juan David Aroca Chico.

1.6. Intervenciones

10. Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron los siguientes
informes:

1.6.1. Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima

11. Esta entidad rindió informe en el que solicitó que se negara el amparo
invocado por los accionantes debido a que, en su sentir, se encuentra configurada
la carencia actual de objeto por hecho superado. Esto, porque mediante oficio
CSJTOO23-3966 del 23 de noviembre de 2023 dio una respuesta de forma clara,
completa y expresa a la petición objeto de esta acción de tutela, la cual además fue
notificada a cada uno de los tutelantes a su correo institucional.

1.6.2. Lina Marcela Varón Castillo (tercero con interés)

12. La señora Lina Marcela Varón Castillo rindió informe en el que solicitó que se
dé una respuesta a la petición presentada el 9 de junio de 2023. Esto, por cuanto
en su sentir, si bien el 23 de noviembre de 2023 recibieron una contestación, lo
cierto es que no cumple con los requisitos en la Ley 1755 de 2015, pues no está
estructurada de manera clara, precisa y de fondo con lo solicitado.

1.6.3. Cesar Augusto Cardona González (tercero con interés)

13. El señor Cesar Augusto Cardona rindió informe en el que solicitó su exclusión
del trámite de la referencia, toda vez que desde el 1º de septiembre de 2023 salió a
disfrutar de su pensión de vejez. Por ende, ya no es escribiente del Centro de
Servicios Judiciales – Sistema Penal Acusatorio de Ibagué.

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14. El Consejo Superior de la Judicatura y las demás personas que fueron
vinculados como terceros con interés, pese a que fueron notificados guardaron
silencio.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

15. El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela
presentada por el señor Rene Marcel Rojas Lozano junto con los integrantes de un
grupo de escribientes y notificadores del Centro de Servicios Judiciales del Sistema
Penal Acusatorio de Ibagué. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Legitimación en la causa y solicitud de desvinculación

16. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

17. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el
señor Rene Marcel Rojas Lozano, Norma Rocío Rodríguez, Gloria Esperanza Vidal
Morales, Leonardo Favio Alvis Camelo, Jaime Alberto Ospina Rivera, Diana
Carolina Rubio Vidal, José Augusto Guzmán Corrales, Ángela Janeth Manrique
Jaimes, Gustavo Manrique Vargas, Gustavo Alonso Morales, Angelica María Nuñez
Barreto, Jaime Hernández Cutiva, Luis Uberthy Zarate Ducon, Carlos Iván Tobar
Fonque, Daniel Alberto Orozco Pérez, Derly Consuelo Cubillos, Helida Sánchez
Rojas, Henry Julián Mendoza, Jaime Arnulfo Rengifo Rodríguez, Jhon Faber
Cartagena Galindo, Luis Humberto Muñoz Cuellar, Rafael Caviedes Rodríguez y
Roseeveeth Aya Torres, se encuentran legitimados en la causa por activa, porque,
radicaron la petición del 9 de junio de 2023 mediante la cual requirieron información
acerca de los parámetros de reorganización del centro de servicios judiciales del
sistema penal acusatorio de Ibagué.

18. Por otro lado, la sala encuentra que María Margarita Arciniegas Arciniegas,
Viviana Stefany Santos Zarta, Ivette Gutiérrez Ávila, Lina María Zarate Quintero,
Edna Patricia Villa Lozano, Ingridth Rocio Oñate Sierra, José Didney Vaca, Ana
Patricia Londoño Ospina, Edwin Wbeimer Medina Cifuentes, Laura Camila Díaz
Zapata, Luis Fernanda Aguiar Rojas, Mónica Piedad Lombana y Sara Lucía Sotelo
Osorio obran como accionantes en este trámite constitucional; sin embargo, se
observa que aquellas personas no presentaron la petición del 9 de junio de 2023,
de la cual hoy se reprocha su falta de respuesta por parte de las entidades
accionadas. Por esto, habrá de declararse su falta de legitimación en la causa por
activa en la parte resolutiva de esta providencia.

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19. Finalmente, la sala encuentra que el señor Cesar Augusto Cardona González
solicita su desvinculación del presente trámite constitucional; sin embargo, no
accederá a tal petición. Esto, por cuanto como se enunció en el auto del 6 de
diciembre de 2023, aquella vinculación se realizó en tanto que fue una de las
personas que presentó la petición objeto de esta acción de tutela.

20. De otra parte, se observa que el Consejo Superior de la Judicatura y el
Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima se encuentran legitimados en la
causa por pasiva, en atención a que los accionantes reprocharon la falta de
respuesta de la petición del 9 de junio de 2023, radicadas por ellos ante estas
dependencias.

2.3. Problema jurídico y metodología de la decisión

21. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos
a resolver en el caso concreto son los siguientes:

• ¿El Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la
Judicatura del Tolima vulneraron el derecho fundamental de petición
de los integrantes del grupo de escribientes y notificadores del Centro
de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Ibagué. al
no resolver de fondo la petición presentada el 9 de junio de 2023?

22. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii) el derecho de petición; (iii) la
caracterización de la carencia actual de objeto por hecho superado; y (iv) el caso
concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

23. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

24. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción
a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la
lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.

2.5. Derecho de petición

25. La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de

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«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general
o particular y a obtener pronta resolución»3. El mismo artículo superior precisa que
el Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales.

26. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido»4.

27. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación
de la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en
el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala 15 días para resolver la misma,
de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el periodo en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del plazo será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

28. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante
o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada
al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que
desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación
de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente,
no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los
intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración
plena de la respuesta dada»5.

29. Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»6.

30. Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse cuando
consista en indicar que se remitió la petición a la autoridad competente. En palabras
de la Corte Constitucional:

3
Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
4
Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.
5
Sentencia T-149 de 2013.
6
Ibídem.

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(…) El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de
contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e
informar sobre la remisión a la entidad encargada7.

31. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición
la Corte Constitucional ha explicado que:

i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que
mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos
a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; ii) su
contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad
cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de
tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos
establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o
contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia
propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de
manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia
entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y
d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de
que su sentido sea positivo o negativo8.

32. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden
a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

33. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de
petición y el derecho a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la
solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o
no del derecho subjetivo.

2.6. Caracterización de la carencia actual de objeto por hecho superado

34. La Corte Constitucional ha considerado que la acción de tutela, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 Constitucional y el desarrollo
consagrado en el Decreto Legislativo 2591 de 1991 tiene como objetivo la
protección efectiva, cierta e inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos
resulten vulnerados o amenazados por las actuaciones u omisiones de las
autoridades y de los particulares, en los casos específicamente previstos por el
legislador9.

35. Al considerar la finalidad de la acción, la referida Corporación ha señalado
que, frente a una situación de hecho cuya vulneración o amenaza sea superada, en

7
Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2020.
8
Corte Constitucional. Sentencia T-161 de 2011.
9
Corte Constitucional, ver, entre otras, las sentencias T-082 de 2015 y T-484 de 2016.

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el sentido de que la pretensión alegada se encuentre satisfecha, o cuando se ha
producido el perjuicio que se pretendía evitar por medio del amparo constitucional,
la acción de tutela resulta inocua o insustancial, es decir, «cae en el vacío»10. A la
primera de las hipótesis planteadas la jurisprudencia constitucional la ha
denominado hecho superado y, a la segunda, daño consumado.

36. Por otra parte, la Corte Constitucional11 también ha reconocido, como lo ha
hecho igualmente esta Sección recientemente12, que existen situaciones en las que
la carencia actual de objeto no necesariamente encuadra en las dos figuras jurídicas
referidas, sino que obedece a otras circunstancias asociadas a un evento posterior
a la solicitud de tutela. En esos casos, se ha considerado que la decisión que
pudiere proferir el juez de tutela resultaría igualmente inane por sustracción de
materia o por lo que en sede de unificación denominó «acaecimiento de una
situación sobreviniente».

37. Sobre el tema cabe destacar la sentencia de unificación de jurisprudencia
sobre el tema –SU 522 de 201913–, en la que se precisó que si luego de acudir a la
autoridad judicial, «la situación ha sido superada o resuelta de alguna forma», no
tendría sentido un pronunciamiento, puesto que «la posible orden que impartiera el
juez caería en el vacío», siendo esta la «idea central que soporta el concepto de
carencia actual de objeto».

38. En esa providencia la Corte aclaró que «el juez de tutela no ha sido concebido
como un órgano consultivo que emite conceptos o decisiones inocuas una vez ha
dejado de existir el objeto jurídico, sobre escenarios hipotéticos, consumados o ya
superados».

39. Es importante hacer referencia a las sub-reglas que en materia de carencia
actual de objeto rigen a partir de la sentencia de unificación:

(i) En los casos de daño consumado: es perentorio un pronunciamiento de fondo
del juez de tutela (incluida la Corte Constitucional) cuando el daño ocurre durante
el trámite de la tutela; precisando si se presentó o no la vulneración que dio origen
a la acción de amparo. Además, el juez de tutela podrá, dadas las particularidades
del expediente, considerar medidas adicionales tales como: a) hacer una
advertencia a la autoridad o particular responsable para que en ningún caso vuelva
a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela; b)
informar al actor/a o a sus familiares sobre las acciones jurídicas de toda índole a
las que puede acudir para la reparación del daño; c) compulsar copias del
expediente a las autoridades competentes; o d) proteger la dimensión objetiva de
los derechos fundamentales trasgredidos y tomar medidas para que los hechos
vulneradores no se repitan;

10
Consultar, entre otras, las sentencias T-496 de 2003, T-309 de 2006, T-855 de 2007, T-159 de
2014, T-484 de 2016, T-021 de 2017 y T-657 de 2017 y la T-189 del 15.05.2018.
11
Corte Constitucional, Sentencia T-419 de 2017.
12
En este sentido, esta Sección se pronunció recientemente. Al respecto consultar: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 26 de mayo de 2022.
Rad. 11001-03-15-000-2021-11570-01. C.P. Rocío Araujo Oñate.
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-522 de 2019.

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(ii) En los casos de hecho superado o situación sobreviniente: no es perentorio que
el juez de tutela haga un pronunciamiento de fondo. Sin embargo, y especialmente
tratándose de la Corte Constitucional actuando en sede de revisión, podrá emitir un
pronunciamiento de fondo cuando lo considere necesario para, entre otros: a) llamar
la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó
la tutela y tomar medidas para que los hechos vulneradores no se repitan; b) advertir
la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes; c) corregir
las decisiones judiciales de instancia; o d) avanzar en la comprensión de un derecho
fundamental. (Subrayado fuera de texto).

2.7. Caso concreto

40. Los accionantes consideraron vulnerado su derecho fundamental de petición.
Esto, debido a que a la fecha no se le había dado contestación de fondo a la solicitud
presentada el 9 de junio de 2023 ante el Consejo Superior de la Judicatura, de la
cual se evidencia que aquellos solicitaron:

• Se indiquen los motivos, las razones jurídicas y administrativas por las que
considera el Consejo Superior de la Judicatura decidió llevar a cabo un proceso de
reorganización del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de
Ibagué. Esto, toda vez que han sido excluidos de las reuniones que han sido
llevadas a cabo, a efectos de escuchar su punto de los escribientes y citadores de
aquel centro.

En punto, indicaron que aquella dependencia solo cuenta con las funciones
establecidas en el Acuerdo No. PSAA06-3683 de 2006 y el Acuerdo No. PSAA07-
3936 de 2007. De esta manera, señalaron que se encuentran sujetos a las tareas
«que no se encuentran plasmadas, pero si, las desarrolladas durante estos 16 años
de creación, cuya costumbre legal permitió un desarrollo armónico y estratégico en
[su] trabajo; generando la necesidad de regular las mismas, que para el caso en
concreto, ya se encuentran organizadas y relacionadas en su totalidad».

Adicional a ello, los tutelantes señalaron que los Jueces Penales que integran el
Sistema Penal Acusatorio de Ibagué, están exigiendo la incorporación de la planta
de personal de escribientes y citadores del Centro de Servicios Judiciales del
Sistema Penal Acusatorio de Ibagué, con el fin de evacuar el cúmulo de trabajo
represado en sus despachos, entendiéndose con ello que deben realizar funciones
jurídicas que no son de su competencia, por no contar con ese tipo de funciones a
su cargo.

• Adicional a ello, los accionantes solicitaron que se pueda realizar una reunión
o concertación entre los empleados del Centro de Servicios Judiciales del Sistema
Penal Acusatorio de Ibagué, los Jueces que integran el Sistema Penal Acusatorio y
la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura; a fin de establecer
parámetros, de llegar a generar esta transición y determinar con ello su posible
aceptación o no.

41. En primer lugar, la sala encuentra con relación al trámite impartido a la
petición por parte del Consejo Superior de la Judicatura que una vez los accionantes
la radicaron, el 15 de junio de 2023, este la remitió al Consejo Seccional de la

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Demandantes: Rene Marcel Rojas Lozano y otros
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
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Judicatura del Tolima para que en ejercicio de sus competencias le otorgara una
respuesta, lo cual además fue puesto en conocimiento de los accionantes al correo
electrónico desde el que fue enviada la petición, esto es,
csjudjpmpaliba@cendoj.ramajudicial.gov.co

42. Por lo anterior, habrá que negarse el amparo solicitado respecto al Consejo
Superior de la Judicatura. Esto, por cuanto una vez esta entidad recibió la aludida
petición, le dio el trámite correspondiente, consistente en remitirla al Consejo
Seccional de la Judicatura del Tolima, para que fuera esta entidad la que le diera
respuesta al requerimiento de los peticionarios. Esto, bajo el entendido que dicha
entidad no tenía competencia para pronunciarse sobre el pedimento de los
accionantes. Además, le informó a los escribientes y citadores del Centro de
Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Ibagué, sobre el trámite
impartido a su solicitud, en los términos establecidos en el artículo 21 de la Ley 1755
de 2015.

43. En segundo lugar, con relación al trámite impartido por el Consejo Seccional
de la Judicatura del Tolima, la sala encuentra acreditado lo siguiente:

44. Una vez radicada la petición aludida ante la entidad accionada, se observa
que éste hasta el día 23 de noviembre de 2023 le brindó la siguiente respuesta a
los escribientes y notificadores del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal
Acusatorio de Ibagué, en los términos que se recapitulan a continuación:

Petición Respuesta
El Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima indicó que
«los motivos, las razones jurídicas y administrativas que el
Consejo Seccional de la Judicatura en coordinación con la Sala
Penal del Tribunal Superior en cabeza del Doctor Luis
Giovanny Sánchez, magistrado de esta Sala, han venido
formulando como proyecto para la transformación y
modernización del Centro de Servicios del Sistema Acusatorio
Penal de la ciudad de Ibagué, no son otros, que mejorar el
servicio, satisfacer a los usuarios de la administración de
justicia, imprimir celeridad a los trámites judiciales en la sub
Se indiquen las razones
especialidad de control de garantías y conocimiento del área
jurídicas y
penal. Aunado a la implementación de buenas prácticas y
administrativas del
experiencias exitosas, para llegar a la mejora continua y a un
proceso de
modelo de gestión que permita mitigar la congestión judicial de
reorganización del
los juzgados penales municipales con función de control de
Centro de Servicios
garantías y de conocimiento de la ciudad de Ibagué.
Judiciales del Sistema
Penal Acusatorio.
Por lo anterior, a la fecha, el Consejo Seccional de la
Judicatura considera que no se han vulnerado los derechos
sociales y familiares por ustedes reclamados, porque estamos
en un proyecto de transformación y modernización y los
Juzgados de Control de Garantías del Centro de Servicios del
Sistema Acusatorio Penal en vía de construcción, en la
búsqueda del interés general, de aprovechar el talento humano
que integra el centro de servicio del sistema acusatorio penal
de acuerdo a su perfil ocupacional y, además de satisfacer a
los usuarios que reclaman una pronta y cumplida justicia».

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Petición Respuesta

La entidad demandada indicó que a la fecha «son múltiples las
reuniones de socialización y sensibilización que se han venido
haciendo con relación a desarrollar el proyecto de
transformación y modernización del centro de servicios del
sistema acusatorio penal de la ciudad de Ibagué, donde
siempre ha concurrido la coordinadora o secretaria del centro
de servicios del SAP, Dra. Anyela Blanco, quien se presume
socializa con ustedes los avances de este proyecto, las
dinámicas propias en el desarrollo del mismo y, en conclusión
es un proyecto que se encuentra en construcción, en tal
Sobre la asistencia a las sentido no se ha afectado derechos de ningún servidor judicial,
reuniones realizadas pues siempre se ha propendido por brindar un mejor servicio a
con el fin de determinar los usuarios de la administración de justicia y de esta manera
los parámetros de atacar también la congestión judicial que se viene presentando
reorganización. en los juzgados de control de garantías de la ciudad de Ibagué,
a raíz de las cargas laborales que manejan estos despachos y
el aumento de la criminalidad en la ciudad de Ibagué»14.

Adicional a ello, se informó que antes de finalizar el daño se
realizaría «una reunión ampliada en coordinación con el Dr.
Luis Giovanny Sánchez, magistrado de la sala penal del
Tribunal de Ibagué, para explicar una vez más los avances de
este proyecto y la dinámica que se ha propuesto para la
transformación y modernización del Centro de Servicios del
Sistema Penal Acusatorio de Ibagué».

45. Finalmente, de conformidad con lo informado por la entidad accionada junto
con el material probatorio que obra en el plenario, la sala encuentra acreditado que
la anterior respuesta se le comunicó a los peticionarios el día 23 de noviembre de
2023 al correo electrónico csjudjpmpaliba@cendoj.ramajudicial.gov.co, dispuesto
por aquellos para recibir notificaciones, así como a las direcciones de correo
electrónico institucional de los peticionarios, tal como consta en la siguiente imagen:

14
Para mayor ilustración, junto con la respuesta anexaron las circulares proferidas desde el 10 de
agosto de 2023 hasta el 16 de noviembre de 2023 en las que se han citado a diferentes reuniones a
los servidores judiciales para que contribuyan con aportes, ideas y sugerencias al proyecto de
modernización y transformación del centro de servicios del sistema acusatorio penal de Ibagué.

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46. Así las cosas, esta sala evidencia que a los accionantes se le brindó una
respuesta definitiva y de fondo al requerimiento por ellos realizado el día 9 de junio
de 2023, como quedó demostrado en las pruebas antes citadas. Sin embargo, se
encuentra probado que dicha contestación solo se le expidió hasta el 23 de
noviembre de 2023, la cual le fue notificada ese mismo día a los peticionarios, al
correo electrónico antes mencionado.

47. Desde este panorama, habrá que declararse la carencia actual de objeto por
hecho superado, atendiendo a que, entre la interposición de la petición y la
respuesta emitida por parte del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima se
superó el término legal establecido para responder la solicitud de los accionantes
relacionada con obtener información acerca de los parámetros de reorganización
del centro de servicios judiciales del sistema penal acusatorio de Ibagué. Sin
embargo, comoquiera que la respuesta finalmente fue comunicada a los
accionantes en el trámite de la presente acción de tutela, se configura el hecho
superado.

48. En otras palabras, durante el trámite de la presente tutela, la entidad logró
superar el supuesto fáctico que dio lugar a la interposición de este mecanismo de
protección constitucional y, de ese modo, cualquier orden sobre los puntos de la

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petición aquí señalada que diera la sala al respecto, resultaría innecesaria, ya que
desaparecieron los hechos que originaron la vulneración alegada por el accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de María
Margarita Arciniegas Arciniegas, Viviana Stefany Santos Zarta, Ivette Gutiérrez
Ávila, Lina María Zarate Quintero, Edna Patricia Villa Lozano, Ingridth Rocio Oñate
Sierra, José Didney Vaca, Ana Patricia Londoño Ospina, Edwin Wbeimer Medina
Cifuentes, Laura Camila Díaz Zapata, Luis Fernanda Aguiar Rojas, Mónica Piedad
Lombana y Sara Lucía Sotelo Osorio por los motivos aquí expuestos.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el señor Cesar
Augusto Cardona González.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela respecto del Consejo
Superior de la Judicatura.

CUARTO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
de la solicitud de amparo presentada por el señor Rene Marcel Rojas Lozano y otros
contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SEXTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/

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