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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07057-00

Fecha
25 de enero de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07057-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Christian Camilo Lozada Montaña, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2023 07057 00 Accionante: Christian Camilo Lozada Montaña Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-07057-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

25 de enero de 2024

Radicación: 11001 03 15 000 2023 07057 00
Accionante: Christian Camilo Lozada Montaña

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 07057 00
Accionante: CHRISTIAN CAMILO LOZADA MONTAÑA
Accionado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el proceso en
el que se profirió la providencia cuestionada se encuentra
en curso.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Christian Camilo
Lozada Montaña contra el auto proferido el 2 de agosto de 2023 por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en el proceso disciplinario
identificado con el radicado nro. 18001 25 02 000 2021 00193 00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Christian Camilo Lozada Montaña promovió acción de tutela en
contra de la precitada providencia, y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:

1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 07057 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 07057 00
Accionante: Christian Camilo Lozada Montaña

“[…] Primero. De manera respetuosa, solicito señor Juez
Constitucional se tutele mis derechos fundamentales al debido
proceso, imparcialidad y derecho de defensa.

Segundo. En consecuencia, ordenar a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, dar trámite al recurso de queja impetrado por mi
abogado defensor en la audiencia del 17 de mayo de 2023 y
sustentado en la audiencia del 09 de junio de 2023 dentro de la
radicación No. 180012502000-2021-00193-00 y decida es (sic)
asunto de fondo con la libertad judicial que dispone.

Tercero. Las demás que su despacho considere necesarias […]”.
[Negrillas del escrito de tutela].

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que, el 17 de mayo de 2023, en el proceso
disciplinario identificado con el radicado nro. 18001 25 02 000 2021
00193 00 adelantado en su contra ante la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Caquetá, se llevó a cabo audiencia de juzgamiento
en la que solicitó, a través de su defensor, la práctica de una prueba
sobreviniente; sin embargo, el magistrado ponente de dicho proceso,
Manuel Enrique Flórez, la rechazó. Agregó que contra dicha decisión
presentó recurso de apelación el cual fue calificado de dilatorio por parte
del precitado magistrado, por lo que interpuso recurso de queja que fue
rechazado.

Manifestó que el 29 de mayo de 2023 promovió acción de tutela en contra
de la decisión que rechazó el recurso de queja, la cual correspondió por
reparto a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Florencia que, en fallo proferido el 8 de junio de 2023 amparó
los derechos fundamentales de defensa y debido proceso del accionante
al considerar que habían sido vulnerados.

Anotó que dicho fallo fue confirmado por la Sala de Casación Civil y
Agraria de la Corte Suprema de Justicia al considerar que la decisión de
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá estuvo basada en
aspectos meramente formales y que en el caso era procedente el recurso

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de queja por integración normativa de la Ley 1952 de 2019 y de la Ley
2094 de 2021, por lo que se ordenó a la precitada comisión seccional dar
trámite al recurso de queja interpuesto por el señor Lozada Montaña a
través de su defensor.

Señaló que en audiencia realizada el 9 de junio de 2023, la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá dio cumplimiento al fallo de
tutela y permitió la sustentación de la apelación presentada y que, al ser
nuevamente rechazada se le dio procedencia al recurso de queja
ordenando su remisión a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Indicó que el 7 de noviembre de 2023 se le notificó el auto proferido y
aprobado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial mediante acta de
comisión nro. 60 del 2 de agosto de 2023, en el que se rechazó por
improcedente el recurso de queja bajo los principios de legalidad y
taxatividad al exponer que el legislador no previó el recurso de queja en
la Ley 1123 de 2007.

Adujo que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en un pobre análisis
hermenéutico, expuso en la providencia cuestionada que el recurso de
queja no es procedente en el proceso disciplinario dispuesto en la Ley
1123 de 2007.

Aseveró que el auto controvertido incurrió en una auténtica vía de hecho
comoquiera que “(…) va en contra del ordenamiento jurídico al aplicar
indebidamente la norma sustancial y con ello ocasionando que la
motivación sea manifiestamente contraria a la decisión (…)”2.

Alegó que “(…) se trata de una actuación judicial donde se está negando
la posibilidad de forma ABSOLUTA de revisar las decisiones por medio de
las cuales se niega o se rechaza un medio de impugnación de segundo
grado como lo es el recurso de apelación que, al ser un mecanismo de
materialización del derecho a la segunda instancia, configura un elemento

2
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 07057 00.
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esencial del debido proceso disciplinario, el cual está siento tajantemente
inadvertido por el accionado so pretexto exclusivo de un argumento
meramente formal como lo es el principio de taxatividad que no opera en
materia del recurso de queja (…)”3.

Expuso que agotó todos los medios de defensa judicial al interior del
proceso y que “(…) se solicita la acción como mecanismo transitorio,
teniendo en cuenta que guardar silencio y no permitir la tutela de los
derechos afectados, pueden causar un daño irremediable debido al
principio de preclusividad de los actos procesales, lo que impide la
aplicación de cualquier mecanismo de protección, siendo la tutela el
mecanismo idóneo para evitar la afectación irremediable de adelantar un
proceso sin las garantías fundamentales del debido proceso, el derecho
de defensa y el derecho de impugnación (…)”4.

Argumentó que la autoridad accionada incurrió en defecto material o
sustantivo “(…) pues al realizar una lectura aislada de la norma
procedimental disciplinaria, rechaza por improcedente el recurso de
queja, acudiendo de manera incorrecta a los principios de legalidad y
taxatividad, indicando que el legislador no previó el recurso de queja en
la ley 1123 de 2006 (sic). Dichos motivos, resultan contrarios a la
decisión, pues precisamente como lo indicó la Corte Suprema de Justicia
en el radicado STP8000-2022, el principio de integración normativa,
dispuesto en el artículo 16 de la ley 1123 de 2007 (legalidad), permite la
aplicación del recurso de queja, pues se pueden integrar normas y
principios siempre que no contraríen expresamente a la norma especial
(…)”5.

Sostuvo que en la providencia cuestionada “(…) no se acudió a las
disposiciones axiológicas de la Ley 1123 de 2007, simplemente se acudió
a la omisión, aplicando indebidamente los principio de legalidad y

3
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 07057 00.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
4

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taxatividad, pues en cuanto a [la] legalidad, el mismo legislador como
manifestación de la voluntad plasmó la integración normativa en el
artículo 16 de la Ley 1123 de 2007, es el accionado quien no quiere ver
más allá de las reglas, es el accionado quien no quiere acatar los principios
legales y constitucionales, violando con ellos tres garantías
fundamentales, el debido proceso, la impugnación y el derecho de defensa
(…)”6.

Finalmente, solicitó que “(…) la Comisión Nacional, revise de fondo la
negativa del recurso de apelación frente al rechazo de mi solicitud
probatoria. Será la Comisión Nacional quien determine la suerte de mi
recurso de apelación, pero lo erróneo es que nieguen la queja (…)”7.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 20 de noviembre de 20238 a través del
aplicativo de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama
Judicial y correspondió por reparto a la Sección Primera que por auto del
23 de noviembre de 20239 la admitió y dispuso notificar10 a los
magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, como parte
accionada, así como vincular11 al magistrado Manuel Enrique Flórez de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá y al señor Pedro
Alba Suárez, como terceros interesados en el resultado del proceso.

6
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 07057 00.
7
Ibidem.
8
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 07057 00.
9
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 07057 00.
10
Esta orden se cumplió el 30 de noviembre de 2023. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
07057 00.
11
Ibídem.
5

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Accionante: Christian Camilo Lozada Montaña

De igual forma, requirió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Caquetá y/o a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que
allegaran copia digital del expediente identificado con el radicado nro.
18001 25 02 002 2021 00193 00/01 del proceso disciplinario, el cual fue
remitido12.

3.2. La magistrada ponente de la providencia cuestionada allegó informe13
en el que manifestó que no existe omisión alguna por parte del legislador
con relación a los recursos procedentes en la Ley 1123 del 2007, así como
tampoco, se efectuó una errónea interpretación de la norma como lo
aduce la parte actora.

Señaló que “(…) yerra el accionante cuando indica que existe una omisión
legislativa que debe ser suplida con la integración normativa de la Ley
734 del 2002 y la Ley 1952 del 2019, pues de manera concreta, el
legislador analizó los regímenes punitivos vigentes para ese momento
incluida la Ley 734 del 2002 en donde sí se preveía el recurso de queja
contra la decisión que rechazaba el recurso de alzada, dejando de incluirlo
conscientemente para el régimen de abogados, determinando de esta
manera que los únicos recursos procedentes serían los contemplados en
el capítulo VI de la Ley 1123 del 2007, - los cuales son reposición y
apelación-, estableciendo claramente las decisiones que podían ser objeto
de dichos medios de defensa, razón por la cual, el Juez disciplinario en
observancia del principio de legalidad y taxatividad en aras de garantizar
la seguridad jurídica propia del Estado de Derecho debe ceñirse a lo
establecido en el artículo 79 de Código Disciplinario del Abogado, sin que
se presente con ello una violación a los derechos fundamentales del
investigado, a quien se le garantizan sus derechos de defensa, debido
proceso y doble instancia a través de los recursos señalados (…)”.

12
Visto en los índices 8 y 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 07057 00.
13
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 07057 00.
6

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Radicación: 11001 03 15 000 2023 07057 00
Accionante: Christian Camilo Lozada Montaña

Indicó que la acción de tutela no es una tercera instancia para controvertir
asuntos definidos por la jurisdicción, en este caso la disciplinaria, por lo
que aseveró que la parte actora está reabriendo el debate zanjado al
cuestionar la decisión tomada y mostrar su desacuerdo sobre la valoración
efectuada por la autoridad accionada en la providencia atacada.

Aseveró que la intención del accionante es que el juez constitucional sea
una tercera instancia frente a asuntos que ya fueron decididos por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial como órgano de cierre de la
jurisdicción disciplinaria, por lo que solicitó que la petición de amparo sea
denegada.

3.3. El magistrado Manuel Enrique Flórez de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Caquetá y el señor Pedro Alba Suárez guardaron
silencio.

3.4. El expediente ingresó al despacho para fallo el 11 de diciembre de
202314.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199115 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,16 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202117, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo

14
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 07057 00.
15
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
16
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
17
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
7

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Accionante: Christian Camilo Lozada Montaña

nro. 080 del 12 de marzo de 201918 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente19:

4.2.1. El 17 de mayo de 2023 se llevó a cabo diligencia virtual de
juzgamiento20 en el proceso disciplinario identificado con el radicado nro.
18001 25 02 000 2021 00193 00 adelantado ante la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial del Caquetá en contra del señor Christian Camilo
Lozada Montaña quien, actuando por conducto de su defensor, solicitó
“(…) se decrete prueba sobreviniente consistente en el testimonio de
Fernando Canosa Torrado profesor de la Universidad Libre (…)”, la cual
fue rechazada de plano por el magistrado ponente Manuel Enrique Flórez.

Inconforme con tal decisión, el hoy accionante interpuso recurso de
apelación conforme el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, sin embargo,
el precitado magistrado indicó que “(…) no se acepta la apelación (…)”,
por lo que el señor Lozada Montaña, a través de su defensor, presentó
recurso de queja.

El magistrado ponente advirtió que “(…) la ley en cuestión de recursos no
fijó recurso de queja (…)” y que “(…) el artículo 153 de la Ley 270 de 1996
en el numeral 20 impone el deber de evitar las prácticas dilatorias, se
mantiene en la decisión (…)”.

4.2.2. El accionante promovió acción de tutela en contra de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá que correspondió por reparto

18
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
19
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por las partes. Visto en los índices 2,
8 y 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2023 07057 00.
20
Documento denominado “77ActaAudiencia2023-05-17” del expediente del proceso
disciplinario identificado con el radicado nro. 18001 25 02 000 2021 00193 00/01. Visto
en los índices 8 y 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 07057 00.
8

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Accionante: Christian Camilo Lozada Montaña

a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Florencia que en sentencia del 8 de junio de 2023 dispuso lo siguiente21:

“[…] Primero: TUTELAR los derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la doble instancia
deprecados por el señor Christian Camilo Lozada Montaña, en
consonancia con lo puntualizado en la parte motiva de esta
sentencia.

Segundo: ORDENAR A LA COMISIÓN SECCIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL DE FLORENCIA – MAGISTRADO
INSTRUCTOR MANUEL ENRIQUE FLOREZ – que dentro las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
sentencia, luego de dejar sin ningún valor la decisión proferida
en la audiencia de juzgamiento celebrada el 17 de mayo de 2023
dentro de la causa disciplinaria radicado bajo el número 2021-
00193-00 mediante la cual negó los recursos interpuestos por el
accionante ante la negativa de una prueba sobreviniente, disponga
dar el trámite que consagra la Ley 1952 de 2019 al recurso de queja,
permitiendo la debida sustentación de la apelación respectiva […]”.
[Negrillas y subrayas de la providencia].

Inconforme con la decisión, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
del Caquetá la impugnó y la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte
Suprema de Justicia, en fallo proferido el 5 de julio de 202322 la confirmó.

4.2.3. El 9 de junio de 2023, en cumplimiento de la precitada orden, la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá continuó con la
audiencia de juzgamiento23 en la que el señor Christian Camilo Lozada
Montaña, actuando por conducto de su defensor, sustentó el recurso de
apelación presentado en contra de la decisión que negó la práctica de la
prueba solicitada.

El magistrado Manuel Enrique Flórez consideró que “(…) se mantiene el
despacho en la improcedencia del recurso de apelación, por lo que en

21
Documento denominado “80FalloTutela2023-025” del expediente del proceso
disciplinario identificado con el radicado nro. 18001 25 02 000 2021 00193 00/01. Visto
en los índices 8 y 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 07057 00.
22
Providencia aportada por el accionante. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 07057 00.
23
Documento denominado “85ActaAudSustentaRecursos” del expediente del proceso
disciplinario identificado con el radicado nro. 18001 25 02 000 2021 00193 00/01. Visto
en los índices 8 y 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 07057 00.
9

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estricto cumplimiento del fallo de tutela del Tribunal Superior de Florencia
radicado nro. 2023-00025 y habiendo interpuesto el defensor el recurso
de queja se ordena enviar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
para que resuelva el recurso de queja consagrado en la Ley 1952/19 (…)”.

4.2.4. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por auto proferido el 2
de agosto de 2023 rechazó el recurso de queja presentado por
improcedente24.

Al respecto, precisó que:

“[…] en virtud del principio de legalidad y del de taxatividad,
íntimamente ligados, se advierte que la actuación disciplinaria debe
desarrollarse bajo los parámetros establecidos por el legislador; por
ello, en tratándose de la procedencia de los recursos deberá tenerse
en cuenta los términos del artículo 79 de la Ley 1123 de 2007 que
refiere: “contra las decisiones disciplinarias proceden los recursos de
reposición y apelación de acuerdo con lo previsto en esta
codificación”, esto para señalar, que el legislador no reguló la
procedencia del recurso de queja en los procesos
disciplinarios adelantados contra abogados.

Así las cosas, contrario a lo señalado por el abogado de confianza
del disciplinado Brandon Smith Sierra Núñez, se precisa que no es
procedente el recurso de queja formulado […]”. [Negrillas de la
providencia].

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

En el asunto bajo examen, la Sala considera que en este evento no está
cumplido el requisito general de subsidiariedad, de acuerdo con las
razones que pasan a explicarse.

24
Documento denominado “05AutoRechazaRecurso” del expediente del proceso
disciplinario identificado con el radicado nro. 18001 25 02 000 2021 00193 00/01. Visto
en los índices 8 y 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 07057 00.
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El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable25.

La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de
subsidiariedad envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de
la acción de tutela: (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento
en que no se han agotado los medios de defensa judicial, ordinarios y
extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas procesales en donde
se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.

Sobre la improcedencia de la acción de tutela en los casos en los que el
asunto está en trámite, la Corte Constitucional ha explicado que la
intervención del juez constitucional, en principio, está vedada, toda vez
que la acción de tutela no constituye un mecanismo alternativo o paralelo
para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del
trámite ordinario26.

Al respecto, ha señalado que “(…) la acción de tutela no procede de
manera directa cuando el asunto está en trámite, toda vez que se cuenta
con la posibilidad de agotar los medios de defensa previstos en el
ordenamiento. No obstante, la protección de derechos fundamentales a
través de la acción de tutela permite la intervención del juez constitucional
siempre que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o
que se pretende evitar un perjuicio irremediable (…)”27.

Frente a la procedencia de la acción de tutela contra autos interlocutorios,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado que “(…) el
análisis (…) es estricto, puesto que: i) no se trata de decisiones

25
Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
26
Corte Constitucional. Sentencia T-335 de 2018. M.P.: Diana Fajardo Rivera.
27
Corte Constitucional. Sentencia SU-695 de 2015. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
11

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Accionante: Christian Camilo Lozada Montaña

definitivas; ii) la persona tiene a su disposición distintos recursos jurídicos
para controvertir el auto, en el marco del proceso judicial en el cual fue
emitido y, además, iii) tiene la posibilidad de recurrir la decisión final. Tal
criterio restrictivo encuentra su justificación en que la acción de tutela no
puede ser utilizada por el accionante para “controvertir una decisión
adversa a [los] intereses”, en el marco de un proceso judicial en el cual
“no se ha proferido ningún fallo definitivo” (…)”28.

Bajo dicho contexto, comoquiera que la inconformidad del señor Christian
Camilo Lozada Montaña está relacionada con el auto proferido el 2 de
agosto de 2023 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que rechazó
el recurso de queja interpuesto por el hoy accionante contra el auto que
declaró improcedente el recurso de apelación promovido contra la
decisión que negó la solicitud de una prueba sobreviniente, en el proceso
disciplinario que se adelanta en su contra ante la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Caquetá, identificado con el radicado nro. 18001 25
02 000 2021 00193 00/01, la acción de tutela deviene improcedente
porque el referido proceso está en curso.

Ahora bien, en cuanto a la manifestación del señor Lozada Montaña
respecto a que “(…) se solicita la acción como mecanismo transitorio,
teniendo en cuenta que guardar silencio y no permitir la tutela de los
derechos afectados, pueden causar un daño irremediable debido al
principio de preclusividad de los actos procesales, lo que impide la
aplicación de cualquier mecanismo de protección, siendo la tutela el
mecanismo idóneo para evitar la afectación irremediable de adelantar un
proceso sin las garantías fundamentales del debido proceso, el derecho
de defensa y el derecho de impugnación (…)”29, es preciso señalar que tal
argumento no constituye un perjuicio irremediable, comoquiera que el
proceso judicial está en curso, lo que implica que no se ha adoptado una
decisión definitiva en el asunto y, además, el interesado puede

28
Corte Constitucional. Sentencia T-511 del 11 de diciembre de 2020.
29
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 07057 00.
12

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Accionante: Christian Camilo Lozada Montaña

controvertir al interior del proceso las inconformidades que expone a
través de este mecanismo constitucional. En este punto, se agrega que la
acción de tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo al
proceso judicial para la defensa de los intereses de las partes, pues ello
implicaría que es el juez de tutela y no el juez competente de la causa
quien decide sobre la sustanciación y ritualidad de los procesos.

Conforme con lo expuesto, la solicitud de amparo es improcedente
comoquiera que el proceso en el que fue proferida la providencia
cuestionada se encuentra en curso, y no se acreditó la ocurrencia de un
perjuicio irremediable.

Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con
el requisito general de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por el señor Christian Camilo Lozada Montaña, según lo expuesto en la
parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la ley.

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Accionante: Christian Camilo Lozada Montaña

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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