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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07058-00

Fecha
1 de febrero de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07058-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juez Primero Administrativo del Circuito Tunja, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor Sergio David Almanza Martínez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: RECONOCER a los señores Mariela Morales Nova, Adriana Patricia Segura Bernal, Juan Carlos Fuya, William Alonso Castro, Luz Mery Cubillos Quiroga, José Alfredo Bernal Cárdenas, William González Suavita y Ligia López Zanguinia como coadyuvantes de la parte actora. CUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SEXTO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-07058-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

1 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., primero (1.º) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07058-00
Accionantes: FLOR ELBA MONROY RAMÍREZ Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se declara
improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por los señores Miguel Felipe y Juan
Esteban García Monroy1, Flor Elba Monroy Ramírez, Lilia Pasión Fajardo Ávila,
Arturo Cupasachoa Rivera y Sandra Liliana Cubillos Delgado contra el Tribunal
Administrativo de Boyacá.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Los señores Miguel Felipe y Juan Esteban García Monroy, Flor Elba Monroy
Ramírez, Lilia Pasión Fajardo Ávila, Arturo Cupasachoa Rivera y Sandra Liliana
Cubillos Delgado solicitaron, a través de apoderada judicial, el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la vivienda digna, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, en conexidad con el principio de seguridad
jurídica, cuya vulneración le atribuyeron a la providencia de 14 de septiembre de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro de la acción de grupo con
el número único de radicación 15001-33-31-001-2012-00082-00/01/02.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

1
En calidad de herederos del señor Juan García Gómez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07058-00
Accionantes: Flor Elba Monroy Ramírez y otros

2.1 Informaron que junto a otras personas2 presentaron la demanda de acción de grupo
con el número único de radicación 15001-33-31-001-2012-00082-00 en contra del
Municipio de Tunja - Oficina de Planeación, la Curaduría Urbana núm. 1 de Tunja,
de la Caja de Compensación Familiar de Boyacá - COMFABOY y de la sociedad
Tirado Gómez Constructores S.A., para el resarcimiento de los daños causados a
los inmuebles ubicados en las urbanizaciones Portal de Bolívar y Prados de Alcalá
de la ciudad de Tunja.

2.2 Agregaron que el motivo por el que promovieron la demanda obedeció a que las
autoridades demandadas no cumplieron con los requisitos establecidos en la
Resolución núm. 0578 de 2007 y las licencias de construcción núms. C2LC2552 de
20 de diciembre del 20073, y Lu -LC- CU1-0017 de 27 de mayo de 20104, otorgadas
a la Sociedad Tirado Gómez Constructores S.A.

2.3 Adujeron que el conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Tunja, autoridad judicial que, mediante sentencia de
21 de mayo de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda5 y, en

2
Ligia López Zanguña, Adriana Patricia Segura Bernal, William Alonso Castro, Gladys Mireya Guerrero, Ignacio Arias Burgos,
Emmanuel Christian Torres Jiménez, Diana Johana Ramos Sandoval, Jairo De Jesús Suesca Rodríguez, Gladys Amparo
Ávila Sánchez, Mariela Morales Nova, Sandra Milena Figueroa Barrera, Juan Carlos Fuya Quintero, Dagoberto Ávila Duarte,
Nohora Elvira Coronel Daza, Ligia Cuadros Girón, Hortensia Álvarez Ríos, Jorge Enrique Sanabria Moreno, Jenny Johana
Merchán Jaimes, Nelson Javier Cuervo Patarroyo, Ruth Mary Matamoros Acosta, William González Suavita, Luz Mery Cubillos
Quiroga, José Alfredo Bernal Cárdenas, Julio César Chaparro Barreto, Paola Andrea Ibáñez Valero, John Alexander Gómez
Ramírez, Claudia Marcela Roa Holguín, Johonn Alexander Palacios, Diana Mercedes Hernández Castro y José Isidro
Rodríguez López, Teresa María de Jesús Chitiva Rodríguez.
3
Expedida por la Curaduría Urbana núm. 2.
4
Expedida por la Curaduría Urbana núm. 1.
5
“[…] SEGUNDO: DECLARAR infundadas las excepciones denominadas: ‘falta de legitimación en la causa por pasiva’,
propuesta por el apoderado de MARTHA LIGIA BONILLA CURREA como Curadora Urbana No. 1 de Tunja; y de ‘prevalencia
de la voluntad de las partes’ y ‘mala fe de los accionantes’, propuestas por la apoderada de la sociedad TIRADO GÓMEZ
CONSTRUCTORES S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR que el MUNICIPIO DE TUNJA, la Sociedad Constructora TIRADO GÓMEZ CONSTRUCCIONES
S.A. y los señores MARTHA LIGIA BONILLA CURREA, CRISTINA ULLOA ULLOA y JOSÉ MARÍA APONTE QUINTERO,
son responsables solidariamente de los daños y perjuicios ocasionados a los miembros presentes y ausentes del grupo,
correspondientes a los propietarios de los inmuebles ubicados en las Urbanizaciones denominadas ‘Prados de Alcalá’ y ‘Portal
Bolívar’ de la ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá, por las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia.

CUARTO: CONDENAR al MUNICIPIO DE TUNJA, a la SOCIEDAD CONSTRUCTORA TIRADO GÓMEZ
CONSTRUCCIONES S.A. y a los señores MARTHA LIGIA BONILLA CURREA, CRISTINA ULLOA ULLOA y JOSÉ MARÍA
APONTE QUINTERO a pagar de forma solidaria y a título de perjuicios materiales la suma de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS ($
18.232.333.135,92) que asciende a la indemnización colectiva correspondiente a la desvalorización de los inmuebles de
propiedad de los demandantes o de quienes se hagan parte del grupo, ubicados en las Urbanizaciones denominadas ‘Prados
de Alcalá’ y ‘Portal Bolívar’ de la ciudad de Tunja, de conformidad con las pautas señaladas en la parte motiva de esta
providencia.

QUINTO: ORDENAR al MUNICIPIO DE TUNJA, a la SOCIEDAD CONSTRUCTORA TIRADO GÓMEZ CONSTRUCCIONES
S.A. y a los señores MARTHA LIGIA BONILLA CURREA, CRISTINA ULLOA ULLOA y JOSÉ MARÍA APONTE QUINTERO,
que entreguen la suma referida en el numeral anterior al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la providencia, para que sea administrada por el Defensor del Pueblo
conforme lo ordenado en el artículo 65 de la Ley 472 de 1998 y lo previsto en la parte motiva de la Providencia.

SEXTO: ORDENAR al MUNICIPIO DE TUNJA, a la SOCIEDAD CONSTRUCTORA TIRADO GÓMEZ CONSTRUCCIONES
S.A., y a los señores MARTHA LIGIA BONILLA CURREA, CRISTINA ULLOA ULLOA y JOSÉ MARÍA APONTE QUINTERO,
que a su costa, y en los quince (15) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, publiquen la parte resolutiva de este
proveído en un diario de amplia circulación nacional, efectuando la prevención que aquellas personas perjudicadas en razón
de los mismos hechos pueden hacerse parte del grupo, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación efectuada,
cumpliendo los requisitos previstos en los artículos 55 y 65 de la Ley 472 de 1998, los cuales no podrá invocar daños
extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas.
En caso que incumplan las personas declaradas responsables, con el deber impuesto en este numeral, la parte actora,
deberán efectuar la publicación señalada, pudiendo recobrar la suma gastada para tal fin al originalmente obligado, conforme
lo ordena el artículo 65 de la Ley 472 de 1998.

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Accionantes: Flor Elba Monroy Ramírez y otros

consecuencia, condenó al Municipio de Tunja, a la sociedad Constructora Tirado
Gómez Construcciones S.A. y a los señores Martha Ligia Bonilla Currea, Cristina
Ulloa Ulloa y José María Aponte Quintero a pagar la suma de dieciocho mil
doscientos treinta y dos millones trescientos treinta y tres mil ciento treinta y cinco
pesos ($ 18.232.333.135,92).

2.4 Relataron que la parte demandada apeló el fallo de primera instancia y que,
mediante sentencia de 14 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Boyacá revocó los ordinales segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo,
décimo primero y décimo tercero de la decisión de primera instancia, para en su
lugar negar las pretensiones de la demanda.

2.5 Señalaron que el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en un defecto fáctico
al realizar una valoración defectuosa del material probatorio, el cual era
determinante para demostrar los daños de las viviendas de los demandantes, y que
por el contrario decidió fallar con base en pruebas que no fueron objeto de discusión
en primera instancia porque no tenían relevancia frente al asunto del caso.

2.6 Agregaron que el Tribunal accionado le otorgó un valor probatorio equivocado a
los contratos de compraventa y a las actas de entrega de los bienes inmuebles, al
afirmar cuando declaró probada la excepción de “[…] [p]revalencia de la voluntad
de las partes en el contrato de compraventa […]” que lo que reclamaban las partes
era una obligación contractual y no la indemnización de los daños ocasionados.

2.7 Expusieron que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente judicial
contenido en la sentencia de 18 de marzo de 20106, y aplicó las sentencias de 29
de septiembre de 20157, 3 de marzo de 20208 y 24 de noviembre de 20229, las
cuales no tienen ninguna relación con los hechos objeto de estudio en este caso.

SÉPTIMO: ORDENAR al Defensor del Pueblo que reconozca y pague las indemnizaciones particulares a los miembros del
grupo, conforme lo previsto en los artículos 55 y 65 de la Ley 472 de 1998 y lo ordenado en la parte motiva de esta providencia.
Una vez reconocidas y pagadas todas las indemnizaciones de los miembros presentes y ausentes del grupo, y recobrado el
dinero destinado a la publicación del extracto del fallo, en caso de ser necesario, el FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS COLECTIVOS, en cumplimiento de lo preceptuado en el último inciso del literal b del numeral 30 del artículo 65
de la Ley 472 de 1998, deberá devolver el dinero sobrante a las entidades y las personas declaradas responsables que lo
hayan pagado.

(…)

DÉCIMO PRIMERO (sic) Sin condena en costas.

DÉCIMO TERCERO: Ejecutoriada la sentencia envíese el expediente a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, para efectos del
cumplimiento de las órdenes impartidas en el asunto de la referencia, dejando las constancias secretariales de rigor […]”.
(Negrilla original del texto)
6
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Expediente No. 25000-23-25-000-2001-09005-
01, C.P. Dr. Myriam Guerrero de Escobar; 18 de marzo de 2010.
7
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Expediente No. 25000-23-25-000-2000-09014-
05, C.P. Dr. Danilo Rojas Bethancourt; 29 de septiembre de 2015.
8
Consejo de Estado. Sala Plena. Sala Novena Especial de Decisión. Expediente No. 25000-23-15-000-2004-02478-01, C.P.
Dr. Gabriel Valbuena Hernández; 3 de marzo de 2020.
9
Tribunal Administrativo de Boyacá.Sala de Decisión núm. 6. Expediente No. 15001333300 9 2017- 00080- 01, C.P. Dr. Félix
Alberto Rodríguez Riveros; 24 de noviembre de 2022.

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2.8 Finalmente, refirieron que se incurrió en un defecto procedimental absoluto y de
decisión sin motivación porque no se realizó un análisis del fallo de primera instancia
y tampoco se motivó la decisión de acuerdo con lo probado dentro del proceso. A
manera de ejemplo, señaló que el ad quem discutió sobre la responsabilidad del
constructor pese a que en el fallo de primera instancia no hubo un pronunciamiento
sobre esto, e igualmente exoneró al Municipio de Tunja, afirmando que desplegó
todos los medios tendientes a procurar el cumplimiento de sus funciones de control
urbano, sin que existiera prueba de ello.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Tutelar el derecho fundamental del grupo demandante
representada por la señora FLOR ELBA MONROY RAMIREZ (sic) Y OTROS,
derecho al debido proceso Art 29, derecho a la igualdad Art 13, a la prevalencia
del derecho sustancial Art 228 y el acceso a la Administración de Justicia Art
229 de la Constitución política de Colombia.

SEGUNDA : Declarar que la sentencia de segunda instancia de fecha 14 de
septiembre del 2023 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOYACA (sic), SALA 3 M.P DAYÁN ALBERTO BLANCO LEGUÍZAMO,
mediante la cual se revocó los ordinales segundo, tercero, cuarto, quinto,
sexto, séptimo, décimo primero y décimo tercero de la sentencia proferida
el 21 de mayo de 2021 por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
de Tunja, dentro de la acción de grupo No No150013331001 201200082 00,
vulneró los artículos 29 , 13 51 , 228 y 229 de la Constitución política de
Colombia

TERCERA: Como consecuencia se deje sin efecto la sentencia proferida el día
14 de septiembre del 2023 proferida por el TRIBUNAL ADMINSITRATIVO DE
BOYACA (sic) SALA 3 M.P DAYÁN ALBERTO BLANCO LEGUÍZAMO.

CUARTA: Ordenar al TRIBUNAL ADMINSITRATIVO DE BOYACA (sic) SALA
3 M.P DAYÁN ALBERTO BLANCO LEGUÍZAMO que en el término que la sala
disponga posteriores a la notificación de la decisión de tutela, profiera la
sentencia que en derecho corresponda y con las garantías de las reglas del
debido proceso, en la resolución del recurso de apelación propuesto por la parte
demandada y teniendo en cuenta las consideraciones expuestas. en la
sustentación de esta Tutela

QUINTA: Vincular al MUNICIPIO DE TUNJA, la Sociedad Constructora
TIRADO GÓMEZ CONSTRUCCIONES S.A. y los señores MARTHA LIGIA
BONILLA CURREA, CRISTINA ULLOA ULLOA y JOSÉ MARÍA APONTE
QUINTERO, CAJA DE COMPENSACION (sic) FAMILIAR DE BOYACA (sic) (
COMFABOY) a esté trámite de tutela, poniendo en su conocimiento el auto que
admita el trámite de esta acción de tutela, como quiera que la decisión a tomar
en la misma, afecta sus intereses.

QUINTA: Vincular a los demás de integrantes de la acción de grupo que no
concedieron poder, de acuerdo al grupo anteriormente relacionado a esté

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trámite de tutela, poniendo en su conocimiento el auto que admita el trámite de
esta acción de tutela, como quiera que la decisión a tomar en la misma, afecta
sus intereses.

SEXTA: Vincular a la señora YANNETHE FABIOLA MARTINEZ (sic) LOPEZ
(sic), identificada con CC No 40.035.596 de Tunja, propietaria de la vivienda
ubicada en la Carrera 0 No 18 A-09 interior 2 Apto 8 de la urbanización Portal
de Bolívar, quien realizo solicitud de inclusión al grupo afectado, a esté trámite
de tutela, poniendo en su conocimiento el auto que admita el trámite de esta
acción de tutela, como quiera que la decisión a tomar en la misma, afecta sus
intereses. […]”. (Negrilla original del texto)

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 24 de noviembre de 2023, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vinculó
en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso al “[…] coordinador y
apoderado legal del grupo […]10“, al Municipio de Tunja, a la sociedad Tirado Gómez
Construcciones S.A., a la Caja de Compensación Familiar de Boyacá –
COMFABOY, a los señores Martha Ligia Bonilla Currea, Cristina Ulloa Ulloa y José
María Aponte Quintero y al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Tunja
[…]”.

5. El 12 de enero de 2024 la Secretaría General de esta Corporación publicó aviso
en la página Web del Consejo de Estado, a efectos de notificar al señor José María
Aponte Quintero de la acción de tutela y del auto admisorio.

V. INTERVENCIONES

6. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a los
vinculados, se allegaron los siguientes informes:

6.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá, a través del magistrado ponente de la
decisión cuestionada, solicitó que se declarara improcedente la tutela en razón a
que no cumple con el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional, en la medida que lo que pretenden los accionantes es debatir un
asunto de carácter meramente legal.

6.2. Agregó que es claro que la tutela se está utilizando como una tercera instancia,
toda vez que la controversia planteada fue objeto de estudio por parte del Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Tunja y por ese Tribunal.

10
“[…] Artículo 49. Ejercicio de la acción. Las acciones de grupo deben ejercerse por conducto de abogado.
Cuando los miembros del grupo otorguen poder a varios abogados, deberá integrarse un comité y el juez reconocerá como
coordinador y apoderado legal del grupo, a quien represente el mayor número de víctimas, o en su defecto al que nombre el
comité […]”. Ley 472 de 5 de agosto de 1998.

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6.3. El Juez Primero Administrativo del Circuito de Tunja manifestó que el trámite
impartido desde su despacho se adelantó con observancia de la Ley 472 de 5 de
agosto de 199811, por lo que no desconoció las garantías al debido proceso ni los
derechos fundamentales del grupo actor.

6.4. Destacó que a través de la presente acción de tutela se cuestiona la decisión de
14 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por
lo que solicitó su desvinculación de este trámite constitucional.

6.5. LaCuradora Urbana núm. 1 de Tunja expuso que la sentencia de 14 de
septiembre de 2023 no incurrió en los defectos alegados por los accionantes, y
tampoco se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la vivienda
digna, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad de la parte accionante.

6.6. Indicóque se realizó un análisis juicioso y ponderado de las pretensiones
presentadas, teniendo en cuenta “[…] lo demandado en la acción de grupo, el fallo
emitido, el análisis de los recursos presentados y del acervo probatorio arrimado al
trámite, y de las pruebas que obran en el expediente […]”.

6.7. LaSociedad Tirado Gómez Construcciones S.A., a través de apoderado
judicial, solicitó que se declarara improcedente la tutela porque se pretende “[…]
estructurar un error judicial, sin referirse a las consideraciones que sustentaron la
decisión que califica de equivocada, limitandose (sic) a contar el trámite que surtió
el proceso […]”.

6.8. Reiteróque no se puede afirmar que existe un error por parte del Tribunal
Administrativo de Boyacá simplemente porque revocó la sentencia de primera
instancia, y trajo a colación lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-573 de 2019, sobre el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional.

6.9. Finalmente, señaló que tampoco se cumplió con el requisito general de
procedencia de la subsidiariedad porque contra la providencia objeto de tutela
procede el recurso extraordinario de revisión por la causal de nulidad originada en
la sentencia a la que se refiere el numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 18
de enero de 201112, teniendo en cuenta que la inconformidad de la parte actora es
por violación al debido proceso.

6.10. Los señores Mariela Morales Nova, Adriana Patricia Segura Bernal, Juan Carlos
Fuya, William Alonso Castro, Luz Mery Cubillos Quiroga, José Alfredo Bernal
Cárdenas, William González Suavita y Ligia López Zanguinia, a través de

11
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.”
12
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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apoderado judicial, manifestaron que coadyuvaban la presente solicitud de amparo,
para lo cual ratificaron los hechos y las pretensiones planteadas por la parte actora.

6.11. El señor Sergio David Almanza Martínez, mediante escrito radicado el 30 de
noviembre de 2023, manifestó actuar en calidad de apoderado de la señora
Yannethe Fabiola Martínez López y presentó solicitud de coadyuvancia a las
pretensiones de esta acción de tutela.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

7. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 199113, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 201514, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 202115, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 201916.

VI.2. Cuestiones previas

VI.2.1. Solicitud de desvinculación

8. La Sala advierte que, previamente a la definición de los problemas jurídicos que
se habrán de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por el Juez Primero Administrativo del Circuito
de Tunja.

9. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 200617, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento

13
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
14
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
15
"Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela".
16
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
17
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

8

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judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. (Negrilla fuera del texto)

10. Así las cosas, y teniendo en cuenta que el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Tunja fue la autoridad judicial que profirió la decisión de primera instancia
dentro de la acción de grupo que es objeto del presente mecanismo de amparo, la
Sala considera que a éste sí le asiste el interés jurídico para ser vinculado a esta
acción constitucional, razón por la cual se denegará la solicitud de desvinculación
elevada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.

VI.2.2. Solicitudes de coadyuvancia

11. Los señores Mariela Morales Nova, Adriana Patricia Segura Bernal, Juan Carlos
Fuya, William Alonso Castro, Luz Mery Cubillos Quiroga, José Alfredo Bernal
Cárdenas, William González Suavita y Ligia López Zanguinia, a través de su
apoderado judicial, presentaron solicitud de coadyuvancia en el presente asunto.

12. Sobre el particular, resulta oportuno destacar que el inciso 2º del artículo 13 del
Decreto núm. 2591 de 1991, señala que: “[…] [q]uien tuviere un interés legítimo en
el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la
persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

13. En consonancia con lo anterior, la Corte Constitucional ha señalado que: “[…] la
coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero
con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir reclamaciones y
argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que
éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran
de las hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante
una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la
coadyuvancia […]”18.

14. Con fundamento en lo anterior, y en razón a que los citados ciudadanos integran
el grupo demandante dentro del proceso núm. 15001-33-31-001-2012-00082-
00/01/02, la Sala de Decisión considera que se encuentran satisfechos los
presupuestos para reconocerlos como coadyuvantes del extremo accionante.

15. En cuanto a la solicitud de coadyuvancia allegada por el señor Sergio David
Almanza Martínez, mediante escrito radicado el 30 de noviembre de 2023 19, se
advierte que esta persona manifiesta actuar en calidad de apoderado de la señora

18
Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión. Exp. T- 2.491.025. Sentencia T-1062, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; 16 de diciembre de 2010.
19
Visible a índice 14 del expediente contenido en el aplicativo SAMAI.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07058-00
Accionantes: Flor Elba Monroy Ramírez y otros

Yannethe Fabiola Martínez López y en nombre de ésta solicita su reconocimiento
como coadyuvante de los accionantes.

16. Sin embargo, se destaca que el señor Sergio David Almanza Martínez no allegó
el poder que lo acreditaba como apoderado de la señora Yannethe Fabiola Martínez
López, motivo por el cual se negará la solicitud de coadyuvancia.

17. Sin perjuicio de lo anterior, se debe precisar que los integrantes del grupo que
presentaron la demanda de acción de grupo núm. 15001-33-31-001-2012-00082-
00/01/02 fueron vinculados a este proceso constitucional por conducto del “[…]
coordinador y apoderado legal del grupo […]”, de conformidad con lo previsto en el
artículo 49 de la Ley 472 de 5 de agosto de 199820, tal como se dispuso en el ordinal
tercero del auto de 24 de noviembre de 202321.

VI.3. Problemas jurídicos

18. Teniendo en cuenta la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer lo
siguiente:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, de ser así, se deberá
determinar:

b) Si la providencia de 14 de septiembre de 2023, dictada por el Tribunal
Administrativo de Boyacá – Sala Tercera de Decisión dentro de la acción de
grupo con el número único de radicación 15001-33-31-001-2012-00082-
00/01/02, vulneró los derechos fundamentales invocados por los
accionantes.

19. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

20. LaSala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201222, cambió su postura inicial y decidió asumir el

20
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
21
Visible a índice 4 del expediente contenido en el aplicativo SAMAI.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

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Accionantes: Flor Elba Monroy Ramírez y otros

estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

21. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

22. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

23. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial23, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución24.

24. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera "[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]"25 que encaje en dichos
parámetros.

23
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
24
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
25
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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25. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

26. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

27. Los señores Miguel Felipe y Juan Esteban García Monroy, Flor Elba Monroy
Ramírez, Lilia Pasión Fajardo Ávila, Arturo Cupasachoa Rivera y Sandra Liliana
Cubillos Delgado solicitaron, a través de apoderada judicial, el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la vivienda digna, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, en conexidad con el principio de seguridad
jurídica, cuya vulneración le atribuyeron a la providencia de 14 de septiembre de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro de la acción de grupo con
el número único de radicación 15001-33-31-001-2012-00082-00/01/02.

28. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento del requisito general de
procedibilidad de relevancia constitucional. Para lo cual, luego de abordar la
relevancia constitucional, se analizará que: i) no hay limitación al alcance de un
derecho fundamental, ii) la autoridad judicial no profirió una decisión arbitraria y, iii)
el asunto gira en torno a lo que fue discutido dentro de la acción de grupo.

VI.5.1. Del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional

29. En cuanto atañe al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira
en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental26 y no cuando
guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico
que deberán ser definidos por otras jurisdicciones27.

30. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales28, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o el núcleo esencial de los derechos

26
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005, Exp. No. D-5428, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 8 de junio de
2005.
27
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencias SU-439 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos; 13 de julio de 2017 y T-458 de
2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 29 de agosto de 2016.
28
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de cuestionar
el contenido de una decisión judicial.

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fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces29.

31. Así, en virtud a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de los
requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación30, que:

"[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El primer elemento dice (sic) relación con la carga argumentativa del actor
para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión
tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional […]". (Negrilla fuera del texto)

32. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202231 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

"[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

29
Corte Constitucional. Sala Séptima. Sentencia T-102 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; 16 de febrero de 2006.
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
30
Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; 5 de agosto de
2014.
31
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07058-00
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(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]". (Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto)

33. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202332.

34. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por la actora se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales33.

32
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
33
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso

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35. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que, en el caso objeto de
estudio la parte actora alega que se vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la vivienda digna, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, en conexidad con el principio de seguridad jurídica con ocasión de la
sentencia de 14 de septiembre de 2023 porque: i) se realizó una valoración errada de
los contratos suscritos con la sociedad Tirado Gómez Construcciones S.A.; ii) se
profirió un fallo “sin fundamentos”, y iii) se aplicó indebidamente el precedente
jurisprudencial sobre la improcedencia de las acciones de grupo en asuntos
contractuales. Al respecto se indicó:

“[…] Se atribuye al TRIBUNAL ADMINSTRATIVO DE BOYACA (sic) las
siguientes vías de hecho:

1. Error factico (sic) por valoración defectuosa del material probatorio, que
fue determinante en la sentencia de segundo grado, toda vez que a pesar que
el grupo demandante demostró los daños uniformes y continuo a sus viviendas,
además de cumplir con los requisitos, de orden Jurisprudencial exigidos para
este tipo de acción, tal como lo determino (sic) el Juez de primera instancia,
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA (sic), Juez de segunda, decide
apartarse por completo de los requisitos allí exigidos, para la prosperidad de
la presente acción, deja de valorar las pruebas que se encuentran en el proceso
y de forma arbitraria decide fallar con base en pruebas que no fueron objeto
de discusión en primera instancia, ni que tampoco tienen relevancia frente
al caso concreto ,ni mucho menos son acordes con los fundamentos que
soportan los hechos y pretensiones de la demanda.

2.Desconocimiento del presente Judicial aplicable para el caso de la
procedencia de la acción de grupo y al NO explicar las razones que tuvo para
apartarse del mismo, el cual sirvió de base como sustento de la decisión que
profirió Juez de primera instancia (sentencia de 18 de marzo de 2010; núm.
único de radicación: 25000-23-25-000-2001-09005-01(AG) Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; C.P. Dra.
Myriam Guerrero de Escobar; y en su lugar decidió aplicar el precedente
reiterado por la Jurisprudencia para el caso de la improcedencia de la acción
de grupo:

1. Sentencia de 29 de septiembre de 2015; núm. único de radicación: 25000-
23-25-000-2000-09014-05(AG) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, C.P. Dr. Danilo Rojas
Betancourth.

2. Sentencia de 3 de marzo de 2020; núm. único de radicación: 25000-23-15-
000-2004-02478-01(AG)REV Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala
Novena Especial de Decisión; C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández

3. Sentencia de 24 de noviembre de 2022, núm. único de radicación:
15001333300 9 2017- 00080- 01. Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión núm. 6, M.P. Dr. Félix Alberto Rodríguez Riveros

Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Cuando la citada Jurisprudencia aplicada por el Tribunal accionado para dirimir
el caso, no tiene ninguna relacion (sic) con los hechos, pretensiones y
pruebas obrantes en la demanda.

3.Defecto procedimental por vulneración al principio de consonancia y por
decisión sin motivación en la segunda instancia como quiera que la sentencia
proferida por el Tribunal accionado no tiene concordancia con los hechos y
pretensiones de la demanda, mucho menos con lo solicitado en los recursos de
apelación […]”. (Negrilla original del texto, subrayado original del texto, mayúscula
original de texto y cursiva original del texto)

36. En criterio de la Sala, la presente acción de tutela no cumple con el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional, por las siguientes razones: (i)
el debate planteado no se hizo desde una óptica constitucional y (ii) la parte actora
pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia y busca reabrir la
discusión que fue resuelta por el juez de lo contencioso administrativo.

37. A partir de la expedición de la sentencia de unificación SU-215 de 2022, esta
Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto supere
el requisito general de la relevancia constitucional es indispensable que la discusión
planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional, para ello es
necesario que el accionante motive suficientemente las razones por las que
considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación desproporcionada
a sus derechos fundamentales […]”.

38. En este caso, se aprecia que la discusión expuesta por la parte actora gira en
torno a la interpretación que realizó el Tribunal Administrativo de Boyacá sobre el
origen de la controversia. Los accionantes sostienen que la autoridad judicial
accionada concluyó, equivocadamente, que el objeto de la acción de grupo buscaba
el resarcimiento de unos perjuicios cuya fuente jurídica era el incumplimiento de un
contrato.

39. Además, precisaron que desconoció el precedente judicial contenido en la
sentencia de 18 de marzo de 2010, y que aplicó las sentencias de 29 de septiembre
de 2015, 3 de marzo de 2020 y 24 de noviembre de 2022, las cuales no tienen
ninguna relación con los hechos objeto de estudio en este caso.

40. Por último, indicaron que incurrió en un defecto procedimental absoluto y en una
decisión sin motivación porque no se realizó un análisis del fallo de primera instancia
y tampoco se motivó la decisión de acuerdo con lo probado dentro del proceso.

41. Sin embargo, en este asunto no se evidencia que el Tribunal hubiese realizado
una interpretación restrictiva de la jurisprudencia u omitido el análisis de las pruebas,
allegadas al proceso, sino que, por el contrario, realizó un análisis ponderado de los
hechos y las pruebas y, determinó que una parte de la controversia versaba sobre
la responsabilidad contractual del constructor, lo cual no era susceptible de

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discutirse mediante el medio de control de reparación de los perjuicios ocasionados
a un grupo.

42. Al respecto se indicó en la providencia controvertida:

“[…] 1. Asuntos para resolver

53. Teniendo en cuenta que en el recurso de apelación interpuesto por TIRADO
GÓMEZ CONSTRUCTORES S.A., se adujo motivos de impugnación con base en
aspectos que no están relacionados con el fondo del asunto, sino con la
competencia del Juez para conocer la acción de grupo, la oportunidad de la misma
y su procedencia para declarar la responsabilidad contractual, la Sala se centrará
en desatar estos problemas y en el evento de que no prosperen, examinará si se
probó en el caso concreto si esa sociedad demandada vulneró los derechos
invocados en la demanda, si ello generó algún daño antijurídico y si debía
contribuir en su reparación.

54. Luego, atendiendo el recurso de apelación interpuesto por los curadores
urbanos, la Sala abordará el tema relacionado con la procedencia del estudio de
la legalidad de los actos administrativos en el marco de las acciones de grupo
promovidas antes de la vigencia de la Ley 1437 de 2011.

55. Por último, se hará referencia a las obligaciones constitucionales, legales y
reglamentarias de los municipios en materia del control urbano y las pruebas que
obran en el expediente sobre el cumplimiento de las mismas por parte del
municipio de Tunja durante la ejecución de las obras de las Urbanizaciones Portal
de Alcalá y Prados de Bolívar.

(…)

4.Procedencia de la acción de grupo respecto de la responsabilidad
contractual

67. El artículo 46 de la Ley 472 de 1998 establece que la acción de grupo se
caracteriza porque debe ser interpuesta por un número plural o un conjunto de
personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que
originó perjuicios individuales para ellas. Este mecanismo constitucional se debe
ejercer exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de una
indemnización de perjuicios.

68. El Consejo de Estado había reconocido inicialmente la procedencia de la
acción de grupo para declarar la responsabilidad contractual y extracontractual
con fundamento en que la Ley 472 de 1998 no introdujo alguna distinción sobre
este aspecto.

(…)

73. De forma reciente, la Sala Novena Especial de Decisión de la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia de 3 de
marzo de 2020, desarrolló un estudio jurisprudencial, en el marco de las
decisiones de la Sección Tercera, sobre la improcedencia de la acción de grupo
cuando el perjuicio indemnizable tiene como causa eficiente y directa el
incumplimiento de obligaciones contractuales; y concluyó que la postura
jurisprudencial, pacífica y consolidada era la siguiente:

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73.1. Regla del origen del daño: La acción de grupo es improcedente cuando el
daño indemnizable tiene como causa eficiente y directa el incumplimiento de un
contrato estatal, toda vez que la ley no le atribuyó competencia al juez de la acción
de grupo para estudiar la legalidad del contrato ni el cumplimiento de las
obligaciones pactadas.

73.2. Regla sobre las condiciones uniformes del grupo: Cuando los miembros del
grupo no reúnan las condiciones uniformes respecto de la causa que originó los
perjuicios, la acción de grupo se torna improcedente. Lo anterior ocurre en los
siguientes eventos: i) cuando no existan elementos que permitan establecer que
los miembros del grupo a favor de quien se interpuso la acción resultan afectados
directamente por dicho incumplimiento y en cambio sí se observa que, a través de
esta acción, uno de los cocontratantes pretende que se resuelva el litigio particular
que lo enfrenta a la entidad pública a propósito del cumplimiento de un contrato; y
ii) cuando los daños indemnizables provienen del incumplimiento de contratos
individuales celebrados con cada uno de los demandantes.

73.3. Regla de procedencia de la acción de grupo cuando la fuente del daño va
más allá de los contratos celebrados: Cuando la fuente del daño no se encuentra
única y exclusivamente en los términos de cada uno de los contratos celebrados
con los miembros del grupo demandante, sino, más allá de ellos, en obligaciones
legales que los transcienden, siempre y cuando no se discuta la legalidad del
contrato ni su contenido obligacional.

74. El Tribunal Administrativo de Boyacá, en la sentencia de 24 de noviembre de
2022, acogió la tesis expuesta en precedencia en una acción de grupo promovida
por el incumplimiento de unas promesas y contratos de compraventa de bienes
inmuebles. En este contexto, declaró probada de oficio la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción y se inhibió para
pronunciarse sobre el fondo de las pretensiones, con fundamento en los siguientes
argumentos:

(…)

75. Teniendo en cuenta que no existen motivos razonables para que la Sala se
aparte del precedente jurisprudencial expuesto, aplicará al caso concreto la tesis
según la cual, no es procedente la acción de grupo para reclamar perjuicios
derivados del incumplimiento contractual34. Entonces, determinará, según la
demanda, cuáles fueron las causas de los daños reclamados.

76. Para ello, es necesario destacar que los accionantes, en la demanda,
consideraron que el daño provino de varias causas, debido a que en las mismas
intervinieron35: i) el municipio, al no realizar el seguimiento y control de las licencias
otorgadas por las curadurías urbanas, de conformidad con los artículos 187 de la
Ley 136 de 1994 y 61 del Decreto 2150 de 1995, ni exigir el cumplimiento de los
requisitos previstos en esos actos administrativos, así como omitir suspender las
obras; ii) las curadurías urbanas números 1 y 236, en tanto expidieron las licencias

34
La Sala aclara que si bien la controversia que se estudia está relacionada con un conflicto contractual entre particulares
(compradores y constructora), la tesis jurisprudencial expuesta en este acápite resulta aplicable en la medida en que se refiere
al objeto de la acción de grupo y a su improcedencia frente a controversias cuando el origen del daño se imputa a la
celebración de un contrato, el cual puede ser público o privado.
35
Según se expuso en la demanda en los títulos denominados “I. HECHOS”, “FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y
LEGALES” y “V. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE GRUPO”.
36
El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Tunja, mediante auto de 29 de marzo de 2013, vinculó a la Curaduría
Urbana núm. 2 de Tunja y a los señores Cristina Ulloa Ulloa y José María Aponte Quintero, en calidad de ex curadores urbanos
núm. 2, con fundamento en que esa “entidad” expidió “parte de las licencias de construcción de la urbanización Prados de
Alcalá” (Folios 495 a 496 del cuaderno 2).

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sin el cumplimiento de los requisitos legales al omitir exigirle al constructor pólizas
que garantizaran los posibles perjuicios; iii) al constructor, quien no cumplió con
las licencias de construcción, utilizó “malos” materiales de construcción y vendió
viviendas en “muy mal estado”, con deficiencias en la construcción y sin atender a
las especificaciones de vivienda digna; y iv) a COMFABOY, en la medida en que
no realizó interventoría al proyecto o a las viviendas, en los términos de la Ley 49
de 1990.

77. Según lo anterior, respecto de cada demandado se imputó una causa diferente
de acuerdo con sus funciones o el rol que cumplió en las etapas del proyecto de
construcción (que incluyó el otorgamiento de las licencias y el proceso
constructivo), en el otorgamiento de los subsidios y en la venta.

78. En lo atinente a la constructora TIRADO GÓMEZ CONSTRUCTORES S.A.,
se observa específicamente que los accionantes imputaron un incumplimiento del
contrato dado por los hechos narrados anteriormente en el numeral iii).

(…)

78.4. Algunos compradores presentaron reclamaciones ante Tirado Otero
Constructores S.A., hoy Tirado Gómez Constructores S.A., para exigir
reparaciones y/o indemnización por el incumplimiento del contrato por la existencia
de algunas anomalías relativas a fisuras, malos acabados, humedades, fracturas
de placas, fugas de agua, entre otros. Según las pruebas, el vendedor llevó a cabo
algunas reparaciones, pero las mismas no fueron suficientes.

78.5. Ante la falta de atención de estas deficiencias, un grupo de compradores
presentó la acción de grupo de la referencia, para obtener la indemnización, entre
otras cosas, porque Tirado Gómez Constructores S.A. incumplió el contrato y
entregó casas y apartamentos que no cumplieron con los requisitos técnicos
requeridos para garantizar su calidad aceptable y la estabilidad de las obras, en la
medida en que, en los términos de la demanda, no observó las licencias de
construcción, utilizó “malos” materiales de construcción y vendió viviendas en
“muy mal estado”, con deficiencias en la construcción y sin atender a las
especificaciones de vivienda digna.

78.6. Por lo tanto, para la Sala el objeto de la reclamación en la demanda respecto
de Tirado Gómez Constructores S.A., era establecer una responsabilidad
contractual, la cual, como se vio, no puede ser estudiada en el marco de una
acción de grupo. En efecto, la venta de un bien inmueble con los defectos
indicados se reservó a la responsabilidad de orden contractual y en este caso los
compradores pretenden resolver su litigio particular que los enfrentan a aquella
sociedad, en virtud de un negocio jurídico.

78.7. En estas condiciones, debe revocarse la sentencia de primera instancia que
estudió la responsabilidad contractual de esa sociedad y, en su lugar, declarar
probada la excepción denominada “Prevalencia de la voluntad de las partes en el
contrato de compraventa […]”. (Negrilla original del texto)

43. Igualmente, en la providencia cuestionada se analizó la responsabilidad
extracontractual de los particulares que ejercieron funciones públicas -como los
curadores urbanos- y de las entidades públicas encargadas de ejercer control y
vigilancia en materia urbanística. Al respecto se indicó:

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“[…] 5. Incongruencia de la sentencia y procedencia de la acción de grupo
respecto de la legalidad de actos administrativos en vigencia del Decreto 01
de 1984

79. En los recursos de apelación37 se indicó que la sentencia fue incongruente,
en la medida en que estudió la legalidad de las licencias expedidas en desarrollo
de los proyectos de construcción objeto del presente estudio, lo cual, a su vez,
desbordó la competencia del Juez, comoquiera que ello no fue reclamado en la
demanda. Además, en estos mecanismos, antes de la vigencia de la Ley 1437
de 2011, no era procedente la nulidad de actos administrativos.

80. Esta Sala observa que, en efecto, en la demanda no fue solicitada
expresamente la nulidad de las licencias o la revalidación de las mismas
expedidas por las Curadurías Urbanas números 1 y 2; sin embargo, se imputó
como causa del daño su ilegalidad por el incumplimiento de los requisitos
legales.

81. En la sentencia, el Juez advirtió que no pretendía hacer un juicio de legalidad
de las resoluciones contentivas de las licencias de construcción y de urbanismo;
no obstante, concluyó que debían ser condenados los ex curadores urbanos
Martha Ligia Bonilla Currea y Cristina Ulloa Ulloa porque expidieron las licencias
de construcción y su revalidación sin el cumplimiento de los requisitos legales,
para lo cual, explicó lo siguiente:

(…)

82. Así las cosas, el Juez de primera instancia llevó a cabo un juicio de
legalidad de las licencias de construcción y de urbanismo, para concluir
que las mismas no cumplieron con la normativa vigente y, en
consecuencia, declaró la responsabilidad de los ex curadores urbanos. 83.
En atención a lo expuesto, la Sala, a continuación, estudiará si ello era
procedente en el marco de la acción de grupo presentada en vigencia del
Decreto 01 de 1984:

(…)

85. En el caso bajo estudio, los accionantes sustentaron las pretensiones de la
demanda, respecto de los curadores urbanos, con fundamento en que las
licencias no cumplieron con los requisitos legales, lo cual, implica controvertir la
legalidad de los actos administrativos; por ello, el Juez de primera instancia
realizó un análisis en ese sentido para derivar la responsabilidad de aquéllos
demandados, lo cual no era procedente, teniendo en cuenta que la acción de
grupo fue presentada el 4 de junio de 201238, antes de la entrada en vigencia
de la Ley 1437 de 201139.

85.1. Además, en gracia de discusión, si se admitiera lo contrario, no se habría
cumplido con los presupuestos procesales, atinentes a los casos en los que se
demanda la reparación de daños irrogados a un grupo por actos administrativos
particulares que se reputan ilegales, entre otros, el del tiempo de la demanda,
debido a que fueron expedidos entre el 4 de septiembre de 2003, el 2008, el

37
Ex Curadora Urbana núm. 1, Martha Ligia Bonilla Correa y de Triado Gómez Constructores.
38
Folio 33 del cuaderno 1
39
De conformidad con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo comenzó a regir el 2 de julio de 2012.

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2010 y 19 de julio de 2011, y la interposición del recurso obligatorio cuando
fuera procedente.

85.2.La Sala insiste que el origen del daño que reclaman los accionantes frente
a los curadores urbanos no fue un hecho, una acción, una omisión o una
operación administrativa, sino la expedición de licencias sin el cumplimiento
de requisitos legales, lo cual involucraba la labor de estudiar la legalidad
y expulsar las decisiones del ordenamiento jurídico para ordenar el
restablecimiento correspondiente, en la medida en que los actos se
presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa o suspendidos.

85.3.Tampoco es posible aplicar las excepciones de procedencia de la acción
de grupo en vigencia del Decreto 01 de 1984 cuando el daño proviene de un
acto, pues las licencias no han sido declaradas nulas por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo o revocadas; el fundamento de la demanda no fue
la legalidad de las decisiones de la administración, sino la inobservancia de los
parámetros legales para su expedición; y las licencias son actos definitivos y,
por lo tanto, no se pueden considerar como preparatorias o de trámite.

85.4. En este caso no se estudió la responsabilidad autónoma de los curadores,
sino el contenido de las licencias y su conformidad con el ordenamiento jurídico.

85.5. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de primera instancia,
respecto de los curadores urbanos, toda vez que la responsabilidad se edificó
en la demanda y en la sentencia sobre la ilegalidad de unos actos
administrativos que se presumen legales
(…)

6. Responsabilidad del municipio de Tunja

86. El municipio de Tunja, en el recurso de apelación, consideró, en su orden,
que: i) no se valoró adecuadamente el dictamen pericial rendido por el señor
Ricardo Humberto Acuña, en la medida en que en el mismo se incurrió en un
error grave; ii) el ente territorial no tenía la obligación de ejercer el control y
vigilancia sobre las obras, sino que la misma recaía en el cumplimiento de las
normas por parte de los curadores urbanos; iii) no se presentó un nexo de
causalidad entre las conductas de la administración y el daño alegado en la
demanda por ausencia de pruebas sobre este aspecto; y iv) los impactos
fiscales y sociales de la sentencia.
(…)

101. Según lo expuesto, para la fecha en que se inició el desarrollo de los
proyectos urbanísticos objeto del presente proceso (año 2003), así como
durante su ejecución (años 2003 a 2011), los municipios ejercían la función de
policía administrativa de vigilancia y control de las actividades de construcción
y urbanismo y tenían a cargo los procesos sancionatorios respecto de las
infracciones urbanísticas.

102. En relación con el tema estudiado, la Sección Tercera del Consejo de
Estado ha considerado que los municipios resultan responsables por los daños
que se causen en la ejecución de una obra siempre y cuando el daño creado

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sea o debiera ser conocido por la entidad y ésta se abstuviera de la adopción
de las medidas necesarias en el marco de sus competencias40.
(…)

Conclusiones probatorias

112. Respecto de la urbanización Prados de Alcalá el municipio de Tunja
cumplió con sus funciones de control urbano, por las razones que se exponen
a continuación:

12.1. El ente territorial, a través de sus dependencias, hizo seguimiento continuo
al cumplimiento de los planos aprobados por las autoridades competentes y a
las licencias expedidas respecto de las obras urbanísticas y las áreas de cesión,
así como las construcciones de las viviendas. Para el efecto, realizó varias
visitas y requirió a la sociedad Tirado Otero Constructores S.A., hoy Tirado
Gómez Constructores S.A., a fin de que entregara formal y materialmente todas
las áreas de cesión del municipio, según los Decretos 243 de 2004 y 564 de
2006 y el Acuerdo 0014 de 2001.

112.2. Cuando se presentaron las quejas por parte de los habitantes de las
viviendas, el municipio de Tunja asumió las medidas que consideró necesarias
para atenderlas, así:

(…)

113. En lo atinente a la Urbanización Portal de Bolívar, la administración
municipal realizó visitas desde el 2010 hasta el 2012, a fin de comprobar el
cumplimiento de lo ordenado en la Ley 388 de 1997, la Ley 810 de 2003, el
Decreto 1052 de 1998 y el Decreto 1469 de 2010. Asimismo, verificó que las
construcciones se estuvieran desarrollando conforme con los planos
aprobados, respecto de: su ubicación, cantidad, altura y distribución; el sistema
estructural –mampostería estructural-; así como las obras urbanísticas, las vías
y las áreas de cesión.

113.1. La administración municipal, a través de la Secretaría de Infraestructura,
verificó la existencia de inconvenientes como la presencia de aguas de
escorrentía en el sector y le exigió al constructor su canalización.

113.2. También, el ente territorial encontró en las visitas41 que en el desarrollo
constructivo faltaban algunas dovelas exigidas en los planos estructurales, por
lo cual, requirió al representante de la constructora que, en un término de ocho
días, corrigiera dicha situación “instalando la totalidad de las dovelas indicadas
en planos”42. Para corroborar el cumplimiento de este requerimiento, se realizó
una inspección por parte de las autoridades municipales, encontrando que se
habían superado los hallazgos.

113.3. En relación con las quejas presentadas por un habitante del sector sobre
la falta de cumplimiento del constructor del perfil aprobado y los límites del
proyecto, el ente territorial, a través de la Secretaría de Infraestructura, realizó
las mediciones correspondientes; solicitó los planos y las licencias aprobadas;
y programó una reunión con los interesados para determinar las
responsabilidades.

40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A; C.P. Dra. Marta Nubia
Velásquez Rico; sentencia de 20 de noviembre de 2020; núm. Único de radicación: 68001-23-31-000-2005-03959-01(58303)
41
La llevada a cabo el 11 de noviembre de 2011
42
Folios 1161 a 1166 del Cuaderno 4

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(…)

113.6. Para la Sala el municipio de Tunja empleó los medios pertinentes que
estaban a su alcance con el fin de procurar el cumplimiento de sus funciones
de control urbano, como la realización de visitas a la obra, la comparación de lo
aprobado en los planos con lo ejecutado por el constructor, el requerimiento al
constructor para la adopción de medidas correctivas, reuniones con la
comunidad y la fijación de responsabilidades, entre otras actividades. Si bien,
no obra prueba de que el Estado le haya impuesto alguna sanción administrativa
al constructor, diferente a las suspensiones de los permisos de venta y a la obra
por los rellenos inadecuados, ello no constituye un indicio que permita inferir
que no ejecutó apropiadamente sus competencias de control urbano.

113.7. Ahora, no es posible imputarle al ente territorial que los planos se
hubieran aprobado con un sistema de mampostería estructural parcialmente
reforzada, a pesar de que el estudio de suelos sugirió la construcción de
cimientos continuos en concreto ciclópeo, coronado con viga de amarre y de
ancho al menos igual al espesor del muro que soporte o la construcción de
cimientos aislados e independientes conformados por zapata cuadrada
rectangular en concreto reforzado unidas entre sí con vigas de amarre.

113.8. Lo anterior comoquiera que la labor del municipio debía circunscribirse a
verificar que se cumpliera con lo aprobado en los planos, esto es, mampostería
estructural parcialmente reforzada. En efecto, su competencia durante la
ejecución de la obra no era determinar la legalidad de las decisiones proferidas
por las Curadurías Urbanas, sino verificar si el constructor observó las
especificaciones y requisitos incluidas en las mismas […]”. (Negrilla original del
texto)

44. Las transcripciones anteriores permiten evidenciar que existió un estudio
minucioso y exhaustivo de las pruebas obrantes en el proceso y la jurisprudencia
aplicable al caso. En este contexto, no se aprecia que la autoridad judicial hubiese
emitido una decisión arbitraria en el asunto objeto de tutela o desconocido los
derechos fundamentales de la parte actora; sino que lo pretendido por los actores
es reabrir un debate jurídico probatorio que se zanjó en su sede natural.

45. En este punto, vale la pena señalar que la acción de “tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado”.

46. Significa lo anterior, en palabras de la Corte Constitucional, que este “mecanismo
de amparo constitucional” no puede ser “utilizado indebidamente como una
instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial”; ya que en “el marco de cada
proceso, las partes cuentan con los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios
dispuestos por el legislador para combatir las decisiones de los jueces que estimen
arbitrarias o incompatibles con sus derechos”. En esa medida, “[s]i luego de agotar

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dichos recursos persiste una clara arbitrariedad judicial, solo en ese caso se
encuentra habilitada la tutela contra providencias judiciales”43.

47. Así las cosas, la Sala declarará improcedente la presente acción de tutela por
carecer de relevancia constitucional, como se dispondrá en la parte resolutiva de
esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juez Primero
Administrativo del Circuito Tunja, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor Sergio
David Almanza Martínez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: RECONOCER a los señores Mariela Morales Nova, Adriana Patricia
Segura Bernal, Juan Carlos Fuya, William Alonso Castro, Luz Mery Cubillos
Quiroga, José Alfredo Bernal Cárdenas, William González Suavita y Ligia López
Zanguinia como coadyuvantes de la parte actora.

CUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SEXTO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

43
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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