Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07078-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07078-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-07078-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
11 de diciembre de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, once (11) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-07078-00
Demandante: LUIS ALBERTO CORREA GÓMEZ Y OTROS
Demandado: SALA SEXTA DE ORALIDAD DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL -
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL
Síntesis del caso: los demandantes cuestionaron las providencias de primera y segunda instancia
mediante las cuales las autoridades judiciales demandadas negaron la demanda con
pretensiones de reparación para que se les indemnizara por las lesiones físicas que padecieron
derivadas del impacto de bala, presuntamente propinadas por unos policías que se encontraban
persiguiendo a unos infractores. La Sala declarará improcedente la tutela porque no cumplió el
requisito de relevancia constitucional, debido a que fue empleada como una tercera instancia al
proceso ordinario.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por el señor Luis Alberto Correa Gómez y
otros2 en contra de la Sala Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y
el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Medellín para la protección de
sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia,
consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, presuntamente
vulnerados con ocasión de la providencia de 24 de mayo de 2023.
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Mediante escrito radicado el 21 de noviembre de 2023.
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Gloria María García Rodríguez, Carlos Alberto Correa García, John Jairo Correa García, Jorge Uriel
Arango Estrada, Víctor Hugo Arango Estrada y Paula Andrea Correa García, en nombre propio y en
representación del menor Miguel Ángel Restrepo Correa; Fabio León Arango Estrada, Alba Mery Arango
Estrada, Jony Alejandro López Arango, Juan Fernando López Arango.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07078-00
Actor: Luis Alberto Correa Gómez
Acción de tutela
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) El 23 de septiembre de 2012, aproximadamente las 10:30 am, el señor Luis Alberto
Correa atendía como cliente en su negocio de comestibles al señor Jorge Uriel Arango,
momento en el cual cruza cerca de ellos una motocicleta y detrás de ésta una patrulla
policial motorizada que iba en persecución; en ese momento, uno de los policías
ocupantes de la motocicleta realizó unos disparos con el fin de frustrar la huida de los
perseguidos, pero desafortunadamente estos impactaron a Luis Alberto Correa y Jorge
Uriel Arango.
2) Los heridos fueron trasladados a la Unidad Intermedia de San Javier, encontrando que
el señor Jorge Uriel Arango fue impactado en el muslo derecho, lo cual le generó una
incapacidad definitiva de 75 días; por su parte, el proyectil que lesionó a Luis Alberto
Correa no salió, por lo cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para su extracción
dejándole unas secuelas definitivas.
3) Las víctimas directas y sus familiares presentaron demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa en contra de la Nación–Ministerio de Defensa–Policía
Nacional para que se declarara la responsabilidad patrimonial del Estado por las lesiones
sufridas por los señores Luis Alberto Correa Gómez y Jorge Uriel Arango.
4) Mediante sentencia de 21 de abril de 2019, el Juzgado Noveno Administrativo Oral del
Circuito de Medellín negó las pretensiones de la demanda por considerar que no se
acreditó que las lesiones padecidas por los demandantes hayan sido ocasionadas por la
conductas o comportamiento de un servidor estatal.
5) La parte actora apeló con fundamento en que lo afirmado en la sentencia de primer
grado iba en contravía de toda la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de
daño especial y riesgo excepcional, la cual ha determinado que en casos como el alegado
la conducta del Estado es legítima, es decir, que no es necesario que exista el
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07078-00
Actor: Luis Alberto Correa Gómez
Acción de tutela
incumplimiento a una norma o a un reglamento para que se configure la responsabilidad,
ya que se trata de equilibrar el rompimiento de las cargas públicas frente a la víctima que
resultó dañada por el actuar legítimo de las autoridades.
6) Con sentencia de 24 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó
la decisión por considerar que “las versiones y declaraciones arrimadas al plenario no
tienen la virtualidad de acreditar fehacientemente la ocurrencia de los sucesos en la forma
y modo planteados en el libelo, y muchísimo menos que el proceder de la Policía Nacional
fuera el causante de los perjuicios por los que se reclama indemnización Estatal”.
Fundamentos de la vulneración
Los demandantes alegaron que la autoridad judicial accionada en la providencia de 24
de mayo de 2023 desconoció la jurisprudencia del Consejo de estado en materia de daño
especial y riesgo excepcional.
Sin la presencia de los miembros de la Policía Nacional en el lugar de los hechos el
desenlace hubiera sido distinto, pues el daño únicamente se derivó por el despliegue de
la actividad legítima de un policía que se concretó un daño, por el cual el Estado debe
responder.
Si en gracia de discusión se aceptara la hipótesis de que la bala que causó los impactos
proviniera de los particulares, lo cierto es que en todo caso se pregonaría la
responsabilidad del Estado, porque lo que generó el riesgo en el lugar de los hechos no
solo fue la presencia policial, sino también el actuar de estos agentes.
Del material probatorio recaudado, no quedaba duda de la presencia de la Policía en el
lugar de los hechos; así como que fue uno de los uniformados que se desplazaba en la
motocicleta y que perseguía a los particulares el que realizó el disparo que desató las
lesiones.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
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Actor: Luis Alberto Correa Gómez
Acción de tutela
“Por lo anterior, solicitamos, se nos proteja los derechos fundamentales del
PRINCIPIO DE IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA
REPARACIÓN INTEGRAL y EL ACCESO A LA JUSTICIA, desconocidos por el
Juzgado 09 Administrativo de Medellín y la Sala Sexta de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Ponente Doctor RAFAEL DARIO RESTREPO,
dejando sin efectos las sentencias proferidas dentro del proceso con radicado
No 05001333300920140183300 de fechas 29 de Abril de 2019 y 24 de Mayo
de 2023 y ordenando dictar nueva sentencia”.
Actuación procesal
Mediante auto de 27 de noviembre de 2023 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes de la Sala Sexta de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia y al titular del Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín, así como la vinculación del Ministerio de Defensa Nacional
y la Policía Nacional, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que
motivaron el ejercicio de la acción.
Intervenciones de las autoridades demandadas
El magistrado ponente de la Sala Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia solicitó que se declare improcedente la acción de tutela porque el propósito de
la parte actora es convertir el mecanismo constitucional en una tercera instancia
Por su parte, la Policía Nacional refirió que entre las versiones rendidas por los señores
Luis Alberto Correa Gómez, Jorge Uriel Arango y las declaraciones de los ciudadanos
presentes en el lugar de los hechos, no existía una similitud frente a los hechos,
específicamente frente a la cantidad de disparos realizados y si fueron efectuados o no
por los uniformados, por lo tanto, la autoridad demandada no podía declarar la
responsabilidad del Estado cuando no tenía certeza sobre las circunstancias de modo,
tiempo y lugar.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
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Actor: Luis Alberto Correa Gómez
Acción de tutela
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
Delimitación del asunto
En primer lugar, la Sala aclara que, si bien la acción de tutela se dirigió contra las
providencias de la Sala Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y el
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, lo cierto es que los
argumentos de reproche de la parte actora se dirigieron a controvertir el contenido de la
sentencia de segunda instancia, siendo aquella la que definió el marco de decisión de la
presente providencia.
Lo anterior, aunado a que la providencia de segunda instancia fue la que finalizó el
proceso y ante la eventualidad de que deba accederse al amparo pretendido la autoridad
judicial encargada de cumplir la orden y dictar una de reemplazo sería la Sala Sexta de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia. En suma, el análisis de la Sala se
circunscribirá a lo decidido en segunda instancia.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sala Sexta de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia con el fin de que se protejan los
derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la
administración de justicia, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia de
24 de mayo de 2023.
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Actor: Luis Alberto Correa Gómez
Acción de tutela
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional por las
siguientes razones:
La parte demandante alegó que se desconoció la jurisprudencia de esta Corporación en
materia de daño especial y riesgo excepcional en casos de lesiones causadas por
agentes estatales, que los miembros de la Policía Nacional fueron los causantes del
hecho y que, si en gracia de discusión se aceptara que el proyectil provino de particulares,
en todo caso debía declararse la responsabilidad del Estado.
1) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del recurso de apelación
presentado en contra del fallo del 29 de abril de 2019, con miras a que se declarara la
responsabilidad de la Policía Nacional con base en los regímenes de daño especial o
riesgo excepcional, así como que se valoraron de manera indebida los testimonios que
supuestamente daban cuenta que el daño causado se dio como consecuencia directa de
unos disparos que desplegó un agente con el fin de frustrar la huida de unos delincuentes.
2) En esos términos, es claro que en el recurso de apelación interpuesto en contra del
fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, la parte demandante
indicó, en los mismos términos que ahora plantea, que se desatendió el precedente del
Consejo de Estado en materia de daño especial y riesgo excepcional en casos de
lesiones generadas por agentes de la Policía Nacional, así como la indebida valoración
de unas pruebas, en los siguientes términos:
“Con todo el respeto que me merece la titular del Despacho, debo manifestar
que lo afirmado allí no es cierto y va en contravía de toda la Jurisprudencia que
en materia de DAÑO ESPECIAL Y RIESGO EXCEPCIONAL ha producido el
Honorable Consejo de Estado, quién en todas sus providencias ha manifestado
que estos son Regímenes de Responsabilidad OBJETIVA, que por norma
general, la conducta del Estado es LEGÍTIMA, es decir, que NO ES
NECESARIO QUE EXISTE EL INCUMPLIMIENTO A UNA NORMA O A UN
REGLAMENTO, para que se configure la responsabilidad del Estado, pues se
trata de EQUIDAD, de EQUILIBRAR EL ROMPIMIENTO DE LAS CARGAS
PÚBLICAS frente a la víctima que resultó dañada, por el actuar LEGÍTIMO de
las autoridades.
Es triste leer esta posición judicial que no es otra cosa que discriminar a los
ciudadanos que por circunstancias de inferioridad económica les toca vivir en
sectores de conflicto, verbi gracia, los habitantes de la comuna 13 de esta
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07078-00
Actor: Luis Alberto Correa Gómez
Acción de tutela
ciudad. Entre líneas se lee perfectamente que no existiría duda de la forma
como ocurrieron los hechos, si éstos hubiesen ocurrido en uno de los barrios de
mejor estrato económico de la ciudad.
Obviamente estos lamentables hechos que ocurren a diario en la ciudad, pasan
en barrios y sectores de conflicto, pero los habitantes de bien como lo son el
Señor LUIS ALBERTO CORREA y JORGE URIEL ARANGO, no TIENEN LA
OBLIGACIÓN DE SOPORTAR LOS DAÑOS QUE LE FUERON CAUSADOS,
por la ACTUACIÓN COMO YA SE DIJO, LEGÍTIMA DEL ESTADO, quien por
constitución tiene como función el mantenimiento del orden público.
En el sublite, no existe ni el menor asomo de duda de la presencia de la policía
en el lugar de los hechos, tampoco existe duda respecto de que fue el
(uniformado que iba de Parrillero quien realizó un disparo, las dudas que ) según
el Despacho no le permitieron condenar fue si en el lugar de los hechos se
habían realizado uno o dos disparos y el nombre del segundo ocupante de la
Motocicleta oficial, circunstancias que NO LOGRAN ROMPER EL NEXO
CAUSAL, en materia de Responsabilidad Objetivo como lo es el DAÑO
ESPECIAL O RIESGO EXCEPCIONAL (…)”.
3) Para resolver ese planteamiento, en el fallo del 24 de mayo de 2023 la Sala Sexta de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la decisión de primera
instancia por cuanto no encontró acreditado el daño, ya que no obraba prueba que
demostrara que el daño padecido surgió como una consecuencia del proceder de uno de
los agentes de la Policía Nacional, esto es, no había prueba de las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos ni del nexo de causalidad, en los
siguientes términos:
“Sea lo primero señalar, que a pesar de que existe un daño – lesiones causadas
a dos ciudadanos - teniendo en cuenta el material probatorio obrante en el
plenario, el tipo de proceso, los hechos señalados, las versiones y
declaraciones arrimadas al plenario no tienen la virtualidad de acreditar
fehacientemente la ocurrencia de los sucesos en la forma y modo planteados
en el libelo, y muchísimo menos que el proceder de la Policía Nacional fuera el
causante de los perjuicios por los que se reclama indemnización Estatal.
Para esta Judicatura no puede olvidarse que una vez acreditado el daño, es
forzoso e ineludible realizar el juicio de imputación que permita establecer si el
mismo es atribuible fáctica y jurídicamente a la demandada, bajo el entendido
que la parte actora en su calidad de apelante indica que no existe el menor
asomo de duda de la presencia de la policía en el lugar de los incidentes, para
lo cual es significativo indicar que diametralmente opuesto a esa aseveración y
tal como acertadamente lo señaló la juez de instancia, con las versiones de los
implicados y de los testigos, es improbable determinar con certeza la forma
como ocurrieron los acaecimientos.
Téngase en cuenta que Carlos Alberto Correa García, se refirió en su versión a
un enfrentamiento o balacera entre la policía y unos sujetos que se desplazaban
en una moto, para posteriormente ser testigo directo de que dos miembros de
la policía en una motocicleta iniciaron una persecución contra esos individuos
que también se trasladaban en moto y quienes huyeron, momento en el cual los
gendarmes dispararon, pero lo que llama poderosamente la atención de este
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Actor: Luis Alberto Correa Gómez
Acción de tutela
relato es que fue el único testigo que se refirió y presenció el enfrentamiento o
balacera.
Bajo este marco, se tiene que los implicados, testigos y entrevistados, tampoco
son unánimes en el número de disparos señalados en el libelo donde se afirmó
que uno de los ocupantes de la motocicleta HIZO UNOS TIROS, pero algunos
de los deponentes se refieren a una detonación.
En este escenario SE CARECE DE CERTEZA, CONVICCIÓN, O
PERSUASIÓN que ilustre a la judicatura sobre la forma como ocurrieron
los sucesos y la participación de la demandada en los mismos, no
acreditándose que en el daño causado se hubiera utilizado un arma de
dotación oficial, pues, tal como consta a folios 302 y 303 del libro de población
del CAI de la Policía de San Michael, el día 23 de diciembre de 2012, no se
evidencia la intervención de algún miembro de la Policía Nacional cuando
hipotéticamente se disponían a aprehender a dos sujetos que se movilizaban
en una moto huyendo de los agentes estatales.
Como si lo anterior fuera poco, no existe registró fílmico del lugar donde se
presentaron los hechos, y aunque se estableció que el fragmento de proyectil
formó parte del núcleo de un proyectil Calibre 9 mm, ellos son disparados con
armas tipo pistola semi y/o automático tipo pistola o subametralladora del mismo
calibre, no pudiendo establecerse tal como lo señaló el perito que esa clase de
armas sea de uso distintivo de la policía nacional.
Vistas así las cosas, no concuerdan las versiones y lo que realmente
acaeció el día de los hechos pues, si bien los testigos son sincrónicos en
afirmar que los hoy actores resultaron heridos en un suceso en el cual
estuvieron presentes agentes de la Policía Nacional, no puede soslayarse
el hecho de que a diferencia de lo que piensa la apelante no se logró
establecer que las lesiones que padecieron hayan sido ocasionadas por
la acción u omisión de un agente estatal perteneciente a esa Institución.
Y es que llama poderosamente la atención de la Sala, el hecho de que no haya
ningún registro de lo sucedido, ni el número de heridos involucrados en el
suceso. Además, en el libro de control de armamento de la Estación de Policía
San Javier correspondiente al día 23-12-12- para el segundo turno se refiere
que estuvieron los patrulleros Jhon Jairo Coronado Villera y Henry Vargas
Duarte dotados de dos pistolas respectivamente con 30 municiones para cada
uno, armas que les fueron entregadas a las 6:15 y 6:30 am respectivamente y
reintegradas el mismo día SIN NOVEDAD.
Bajo este marco también se encuentra que el Comandante de la Estación de
Policía de San Javier, mediante oficio del 18 de abril de 2013, le certificó a la
Fiscalía que luego de revisados los libros del archivo de la Unidad, no se
encontraron registros sobre procedimientos en los que se inmiscuya a una
patrulla en persecución de una motocicleta para el día 23 de diciembre de 2013.
En suma, concuerda esta judicatura con lo destacado por la juez de instancia
donde subrayó que en el presente proceso no se acreditó que el daño alegado
tenga algún vínculo con el servicio que la Policía Nacional, es decir, que los
detrimentos padecidos por los actores hayan sido causados por la acción o el
proceder de un agente de la policía nacional, por lo que no existe relación de
causalidad entre el daño alegado y conducta alguna imputable a la entidad
accionada tornándose infecundo y yermo abrir una disertación en torno de los
distintos regímenes de responsabilidad ya reseñados.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07078-00
Actor: Luis Alberto Correa Gómez
Acción de tutela
Esta postura encuentra sustento en la reciente sentencia del 11 de octubre de
2021, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia de
la consejera María Adriana Marín, radicado N° 68001-23-31-000-2009-00518-
01(56717), en donde se consideró:
(…).
En consecuencia, en el presente asunto no se cuenta con elementos de juicio
que permitan imputar el daño a las entidades demandadas, razón por la cual, la
Sala confirmará la sentencia de primera instancia en la que se negaron las
pretensiones de la demanda.
Vistas, así las cosas, no son de recibo los argumentos de la apelante según los
cuales con las pruebas que obran en el plenario se puede estructurar la
responsabilidad de la demandada”. (se resalta)
4) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional la parte demandante expuso similares planteamientos a los expuestos en
el recurso de apelación dirigidos de manera exclusiva a revivir la discusión jurídica
relacionada con la indebida valoración de las pruebas testimoniales que presuntamente
permitían tener por acreditado que la causa directa del daño alegado fue el despliegue
de un disparo de parte de un agente policial y que en todo caso el asunto debía analizarse
por daño especial y riesgo excepcional, escenarios en los que debía condenarse a las
entidades sin importar si fueron los policías o no quienes dispararon.
5) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha
situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de
tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el recurso de
apelación, los cuales fueron resueltos en el fallo de 24 de mayo de 2023 y se dirigieron
de manera exclusiva a que se declarara que existió una indebida valoración de las
pruebas que presuntamente permitían tener por acreditado que un agente policial disparó
un arma para detener la huida de unos delincuentes, pero el proyectil impacto a los acores
y ello le causó el daño antijuridico automáticamente susceptible de reparar.
6) Para la Sala resulta claro que, de manera expresa, la autoridad judicial demandada en
la providencia objeto de tutela, luego de valorar todo el material probatorio allegado al
expediente, concluyó que había lugar a confirmar la decisión de primera instancia, pues
no se encontraba probada la falla del servicio de la Policía Nacional, debido a que no
existía certeza del causante del daño.
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Actor: Luis Alberto Correa Gómez
Acción de tutela
7) En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
meramente legal y probatorio que era propio del trámite del proceso de reparación directa
y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia.
8) En todo caso, si se aceptara que la acción de tutela cumplió con el requisito de
relevancia constitucional respecto del desconocimiento del precedente, lo cierto es que
ese defecto no tendría vocación de prosperidad debido a que para que proceda la
responsabilidad del Estado con base en un régimen de daño excepcional debe quedar
probado que las lesiones fueron causadas con arma de fuego y en medio de un
enfrentamiento armado o una persecución policial3, lo cual no ocurrió en el caso objeto
de discusión, pues como lo indicó la autoridad accionada no se demostraron las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3
En el proceso con radicación 13001-23-31-000-2013-00070-01 (52.197), el Consejo de Estado sostuvo
que, cuando el daño se origina por el uso de armas de dotación oficial, la responsabilidad de la entidad
demandada se debe analizar a partir del título de imputación del riesgo excepcional. De ahí que sea
irrelevante examinar la licitud o ilicitud con la que actuaron los causantes del perjuicio, pues basta con
comprobar que el daño tuvo origen en el desarrollo de la actividad peligrosa, en este caso, el uso de armas
de dotación oficial.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07078-00
Actor: Luis Alberto Correa Gómez
Acción de tutela
3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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