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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-07109-00

Fecha
12 de enero de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-07109-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta María Luz Mery Laurido Leal, Sandra Patricia, Diego Alexander y Víctor Alfonso Blandón Laurido, Cecilia y Flor Deyanira Laurido Leal, Leidy Milena Mondragón Laurido y Víctor Manuel Mondragón Laurido en contra del Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: RECONOCER personería a Rafael Alberto Gaitán Gómez para actuar como apoderado de Flor Deyanira Laurido Leal, conforme al poder aportado al expediente digital. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 12 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2023-07109-00 Accionantes: María Luz Mery Laurido Leal y otros TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. CUARTO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-07109-00

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

12 de enero de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07109-00
Accionante: María Luz Mery Laurido Leal y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., doce (12) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 11001-03-15-000-2023-07109-00
Accionantes: María Luz Mery Laurido Leal, Sandra Patricia, Diego
Alexander y Víctor Alfonso Blandón Laurido, Cecilia y Flor
Deyanira Laurido Leal, Leidy Milena Mondragón Laurido y
Víctor Manuel Mondragón Laurido
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare
Referencia: Acción de tutela

Tema: acción de tutela contra providencias judiciales.
Subtema 1: requisitos de procedibilidad - relevancia constitucional.
Subtema 2: Temeridad.
Subtema 3: Caducidad del medio de control de reparación directa / delitos de lesa humanidad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela incoada por María Luz Mery
Laurido Leal y otros en contra del Tribunal Administrativo de Casanare.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela

Sandra Patricia, Diego Alexander y Víctor Alfonso Blandón Laurido, Leidy Milena y
Víctor Manuel Mondragón Laurido y María Luz Mery, Flor Deyanira y Cecilia Laurido
Leal, estas últimas en condición de causahabientes de Magdalena Leal, por conducto
de apoderado judicial, presentaron escrito en el que solicitaron el amparo de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la reparación integral, a la
prevalencia del derecho sustancial y al acceso a la administración de justicia, que
consideraron vulnerados por el Tribunal Administrativo de Casanare, con ocasión de
la sentencia del 18 de mayo de 2023 que confirmó la de primera instancia dentro del
proceso con radicado núm. 85001-33-33-001-2017-00214-01.

1.2. Hechos probados1

1.2.1. María Luz Mery, Flor Deyanira y Cecilia Laurido Leal, Sandra Patricia, Diego
Alexander y Víctor Alfonso Blandón Laurido, Magdalena Leal, Leidy Milena Mondragón
Laurido y Víctor Manuel Mondragón Laurido presentaron escrito en ejercicio del medio
de control de reparación directa, el 9 de junio de 2017, en contra de la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con las pretensiones de que el juez
administrativo declarara la responsabilidad de las demandadas por los daños
causados con la “retención ilegal, tortura, tratos degradantes, ejecución extrajudicial y
desaparición forzada” de los que fue víctima Pablo Cesar Murillo Laurido y, en
consecuencia, ordenera el pago de los perjuicios causados a sus familiares.

1 Ver documentos contenidos en la carpeta zip, visible en el índice 11 del en la plataforma Samai del

expediente digital de tutela, con certificado 4DABCCADEE12779C EFF34A3B7EC71AC4
C1766161695E3B7B 66B17D9D37C7D937.

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Accionantes: María Luz Mery Laurido Leal y otros

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, los demandantes manifestaron que el
señor Murillo Laurido salió de su vivienda el 16 de mayo de 2007 con el fin de trabajar
en el descargue de un camión que contenía arroz, pero que, desde ese día, su familia
no supo de su paradero; y que María Luz Mery Laurido Leal fue informada por la
Fiscalía General de la Nación, el 20 de agosto de 2013, que su hijo, al parecer, había
sido dado de baja en combate por tropas del Ejército Nacional, en hechos ocurridos el
17 de mayo de 2007. Además, adujeron que el 30 de enero de 2015 la Fiscalía hizo
entrega de los restos humanos de Pablo Cesar Murillo Laurido a su familia y expidió
copia del proceso adelantado por la muerte violenta de este a “manos del Ejército
Nacional”.

1.2.2. El asunto correspondió conocerlo, en primera instancia bajo el radicado núm.
85001-33-33-001-2017-00214-01, al Juzgado Primero Administrativo de Yopal,
autoridad que, en sentencia del 12 de agosto de 2020, declaró de oficio la caducidad
del medio de control de reparación directa, en aplicación de lo previsto en el literal i)
del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) y lo dispuesto en la
sentencia de unificación del 29 de enero de 20202 emitida por la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

El despacho judicial indicó que, en el caso concreto, los demandantes el 30 de enero
de 2015 tenían elementos de juicio para inferir que miembros del Ejército Nacional le
quitaron la vida al señor Murillo Laurido, no obstante, solicitaron conciliación ante el
Ministerio Público el 24 de marzo de 2017 y radicaron el escrito inicial el 8 de junio
siguiente, es decir, luego de transcurridos 2 años. Esta decisión fue apelada por la
parte vencida.

1.2.3. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Casanare emitió sentencia,
el 18 de mayo de 2023, en la que confirmó el fallo del 12 de agosto de 2020 del
Juzgado Primero Administrativo de Yopal. Fundamentó su decisión en las reglas de
unificación establecidas en la sentencia del 29 de enero de 2020 proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado, según la cual, cuando se pretende la
reparación de los daños antijurídicos derivados de un delito de lesa humanidad, salvo
la desaparición forzada, el medio de control debe ser incoado dentro del término de 2
años contados a partir del día siguiente al que los interesados tuvieron la posibilidad
de advertir que el Estado tuvo injerencia en los hechos3.
2 Ver radicado núm. 85001-33-33-002-2014-00144-01.
3 Sentencia del 29 de enero de 2020, radicado núm. 85001-33-33-002-2014-00144-01:

“Así las cosas, la Sección Tercera concluye que las situaciones que se pretenden salvaguardar con la
imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra se
encuentran previstas en materia de lo contencioso administrativo al amparo de la hipótesis del
conocimiento del hecho dañoso y en virtud de lo cual el término de caducidad sí debe exigirse en estos
eventos, pero a partir de que se advierta que el interesado sabía o tenía la posibilidad de advertir que
el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en los términos
del artículo 90 de la Constitución Política.
[…]
La Sección Tercera aclara que, mientras no se cuente con elementos de juicio para inferir que el Estado
estuvo implicado en la acción u omisión causante del daño y que le era imputable el daño, el plazo de
caducidad de la reparación directa no resulta exigible, pero si el interesado estaba en condiciones de
inferir tal situación y, pese a ello no acudió a esta jurisdicción, el juez de lo contencioso administrativo
debe declarar que el derecho de acción no se ejerció en tiempo, bien sea al analizar la admisión de la
demanda, al resolver las excepciones en la audiencia inicial o al dictar sentencia, según el caso. Lo
expuesto resulta aplicable a todos los asuntos de reparación directa, al margen de que se trate de delitos
de lesa humanidad o de crímenes de guerra, pues ni el Decreto 01 de 1984 ni la Ley 1437 de 2011
establecen una regla especial frente a estas conductas, salvo lo referente al delito de desaparición
forzada.
[…]
FALLA

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Además, denotó que, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del CPACA, las
autoridades deben tener en cuenta en las decisiones de su competencia las sentencias
de unificación proferidas por el Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen
las normas en que se fundan esas decisiones. También, que en sentencia de tutela
del 30 de septiembre de 20214, esta Corporación determinó que el Tribunal
Administrativo de Casanare no incurrió en defectos al resolver un caso en el que aplicó
las reglas de unificación definidas en la sentencia del 29 de enero de 2020 y declaró
la caducidad del medio de control de reparación directa.

Respecto del caso concreto, el Tribunal tuvo en cuenta que el hecho que dio origen a
la litis fue la participación de miembros del Ejército Nacional en el homicidio de Pablo
Murillo Laurido el 17 de mayo de 2007, es decir, lo que ha sido denominado como una
ejecución extrajudicial. Asimismo, encontró probado que María Luz Mery Laurido Leal,
madre de la víctima, tuvo conocimiento de la posible participación activa y directa de
agentes estatales en los hechos generadores del daño, el 30 de enero de 2015.

Lo anterior, en la medida en que, en esa fecha, la Fiscalía expidió certificado de
existencia del proceso penal en el que se investigaba la muerte violenta del señor
Murillo Laurido “a manos del Ejército Nacional”, y entregó los restos humanos de la
víctima a sus familiares. En ese orden, el tribunal concluyó:

“Así las cosas, es claro que los demandantes tenían conocimiento desde el 30 de enero de
2015, que el señor Pablo Murillo Laurido fue abatido por tropas del Ejército Nacional, esto es,
agentes de la Administración con armas oficiales, en desarrollo de lo que reportaron como
presunto combate. Así pues, la familia tuvo certeza de la muerte y de la participación del Ejército,
de manera que no quedó en la penumbra dicha autoría ni su relación con el Estado. Teniendo
en cuenta estas circunstancias, la demanda debió interponerse máximo el 31 de enero de 2017;
sin embargo, se observa que la conciliación como requisito de procedibilidad se radicó en la
Procuraduría 153 Judicial II para Asuntos Administrativos hasta el 24 de marzo de 2017, es
decir cuando ya había fenecido el término para instaurar la pretensión de reparación directa con
base en delito de lesa humanidad y más aún para la fecha en que fue presentado el libelo, esto
es el 09 de junio de 2017.
Aunado a lo dicho previamente, los demandantes no hacen referencia a alguna situación que
les impidiera acudir a la jurisdicción y no resulta válido el argumento de la apelación, porque
que no es necesario contar previamente con decisiones disciplinarias y/o penales en firme para
imputar responsabilidad a la demandada, máxime cuando se pudo establecer que a la señora
María Luz Mery Laurido le fue informado que su hijo había sido abatido en un presunto combate
por miembros de las fuerzas militares, lo que implica la configuración del hecho dañoso y la
convicción de la participación del Estado en dicho resultado y de ahí el nacimiento del interés
por que se reconozcan los perjuicios que le fueron causados.
Es pertinente resaltar que el aspecto atinente a la imprescriptibilidad de la acción penal, quedó
resuelto en la Sentencia de Unificación, en el sentido de afirmar que una cosa es que la acción
penal puede interponerse en cualquier tiempo al tratarse de delitos de lesa humanidad, se
recalca, ello para efectos de determinar e investigar la existencia de la conducta punible; pero
que, para acudir ante la Jurisdicción Contenciosa en procura del resarcimiento de los perjuicios,
necesariamente debe existir un momento oportuno para ello, vencido el cual, no se podrá
estudiar por parte del funcionario judicial por operar la caducidad, como ocurrió en la presente
litis”.

PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con
la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa
humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria
de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta
aplicable el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la
desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se
observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una
vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.
[…]”.
4 Radicado núm. 11001-03-15-000-2021-04855-01.

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1.3. Pretensiones y argumentos de la tutela

La parte accionante presentó escrito de tutela en el que pidió al juez constitucional
que: i) ampare sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la
reparación integral, a la prevalencia del derecho sustancial y al acceso a la
administración de justicia, en garantía de la Constitución Política de Colombia, la
Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de Viena sobre
Derecho de los Tratados, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la
Convención de Ginebra, la Resolución 60/147 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, y otros instrumentos internacionales ; ii) anule la sentencia del 18 de mayo de
2023 que confirmó el fallo de primera instancia, el cual declaró la caducidad del medio
de control de reparación directa dentro del proceso con radicado núm. 85001-33-33-
001-2017-00214-01; iii) ordene al Tribunal Administrativo de Casanare emitir una
nueva decisión en la que no aplique la regla general del literal i) del numeral 2 del
artículo 164 del CPACA.

De otra parte, solicitó, como medida cautelar, la suspensión de la sentencia del 18 de
mayo de 2023. De forma subsidiaria, reclamó que se ordene al Tribunal Administrativo
de Casanare emitir una nueva decisión en la que dé aplicación la regla del literal i) del
numeral 2 del artículo 164 del CPACA, según la cual, el término de vigencia de 2 años
del medio de control de reparación directa inicia a partir del fallo definitivo adoptado en
el proceso penal, lo cual no ha ocurrido, en atención a los principios iura novit curia,
pro homine, pro damato y pro actioni.

Como argumentos de sus pretensiones, la parte accionante, en un extenso escrito de
tutela5, expuso los hechos de la demanda que fue formulada en ejercicio del medio de
control de reparación directa, indicó que solo contó con asistencia jurídica mucho
tiempo después de la ejecución extrajudicial del señor Murillo Laurido porque “confió
en la autoridad penal”, y sintetizó las actuaciones judiciales del proceso ordinario.

Adujo que, la sentencia penal definitiva que se produzca contra las personas
implicadas en el homicidio del señor Murillo Laurido, permite hacer la imputación al
Estado por los daños antijurídicos causados, por lo que aún no se ha configurado la
caducidad del medio de control ejercido en virtud de lo dispuesto en el literal i del
numeral 2 del artículo 164 del CPACA, norma que prevé que el término de vigencia
empezará a contar desde la ejecutoria del fallo adoptado en el proceso penal.

Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Casanare, sin resolver el problema jurídico
planteado en la demanda, profirió la sentencia del 18 de mayo de 2023 y se apartó
deliberadamente de la integración normativa que obliga el artículo 93 Superior y del
bloque de constitucionalidad, pues no hizo mención a instrumentos internacionales
referentes a la protección de los derechos humanos que justifican la imprescriptibilidad
del medio de control de reparación directa ejercido para reclamar del Estado la
reparación de daños derivados de delitos de lesa humanidad.

Indicó que, precisamente, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de
Justicia, el 19 de marzo de 2020, declaró imprescriptibles las acciones civiles
presentadas con ocasiones de determinados crímenes de lesa humanidad. En este
sentido, citó numerosas sentencias de tutela6 del Consejo de Estado en las que se

5 El escrito de tutela contiene 118 páginas.
6 Sentencias del 30 de julio de 2020, radicado núm. 11001-03-15-000-2019-04842-01; 20 de agosto de

2020, radicado núm. 11001-03-15-000-2019-01816-01; 12 de marzo de 2021, radicado núm. 11001-03-

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ampararon derechos fundamentales y se ordenó emitir nuevas decisiones conforme a
los precedentes que permitían flexibilizar la caducidad del medio de control de
reparación directa en casos de delitos de lesa humanidad; una providencia del Tribunal
Administrativo de Casanare7 que expidió en cumplimiento de una orden de tutela; el
salvamento de voto que presentó el magistrado Alberto Montaña Plata 8 en un trámite
constitucional y decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca9 sobre el
tema. También una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos10, entre
muchas otras providencias.

Afirmó que el caso por la muerte de Pablo César Murillo Laurido se tramita actualmente
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo el radicado núm. P-758-
19, y que la Jurisdicción Especial para la Paz, mediante auto Sub D – Subcaso
Casanare – 055, calificó como asesinatos y desapariciones, entre otras, la de la víctima
antes mencionada.

La parte accionante manifestó que el proyecto de Ley 198 de 2009 en el Senado de la
República y el proyecto de Ley 315 de 2010 en la Cámara de Representantes, que
dieron origen a la Ley 1437 de 2011, preveía que el medio de control de reparación
directa podía ejercerse en cualquier tiempo cuando derivara de conductas
constituyentes de delitos de lesa humanidad.

Aseveró que, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, antes de la vigencia de
la Ley 1437 de 2011, inaplicó el rigor restrictivo del acceso a la administración de
justicia del artículo 164 ibidem en casos de graves violaciones de derechos humanos,
postura que permaneció uniforme por una década, sin embargo, con la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020, el Alto Tribunal se contradijo bajo una
hermenéutica lesiva de los derechos fundamentales que desconoció los antecedentes
legislativos de la norma, la cual a su vez indujo a error al Tribunal Administrativo de
Casanare.

Cuestionó la sentencia SU-312 de 2020 de la Corte Constitucional, porque, en su
concepto, reprodujo los argumentos del fallo de unificación del 29 de enero de 2020; y
reiteró el precedente judicial aplicable a la fecha en que fue radicada la demanda que
tenía como tesis la imprescriptibilidad del medio de control de reparación directa para
casos de lesa humanidad, juicio que fue acogido en su momento por el Tribunal
Administrativo de Casanare.

En conclusión, exigió que el tribunal administrativo realizara un juicio de
convencionalidad conforme a los principios pacta sunt servanda, de ius cogens y de
humanidad, y no se limitara a una lectura literal de la norma que regula la caducidad,
con el fin de que inaplicara la tesis de la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020, pues en el caso particular hubo una imposibilidad material de acudir antes a la
administración de justicia ante la falta de acompañamiento jurídico para presentar la
demanda ordinaria.

15-000-2020-00688-01; 30 de abril de 2021, radiado núm. 11001-03-15-000-2020-04068-01, 13 de
mayo de 2021, radicado núm. 11001-03-15-000-2021-01582-00; 30 de agosto de 2021, radicado núm.
11001-03-15-000-2021-00097-00, entre muchas otras.
7 Sentencia del 20 de mayo de 2021, radicado núm. 85001-3333-001-2014-00163-01.
8 Ver sentencia 13 de mayo de 2021, radicado núm. 11001-03-15-000-2021-01582-00.
9 Auto del 18 de febrero de 2022, expediente radicado núm. 11001-33-43-065-2019-00368-01.
10 Caso Familia Julien Grisonas vs Argentina, de fecha 23 de septiembre del 2021.

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Finalmente, citó la sentencia de la Corte Constitucional SU-167 de 2023 que dispuso
que en casos de graves violaciones de derechos humanos se debe aplicar un estándar
de valoración probatoria amplio y flexible.

1.4. Trámite de tutela e intervenciones

1.4.1. El Despacho del magistrado ponente, con auto del 24 de noviembre de 202311,
admitió la acción interpuesta por Sandra Patricia, Diego Alexander y Víctor Alfonso
Blandón Laurido, Leidy Milena Mondragón Laurido, Víctor Manuel Mondragón Laurido
y María Luz Mery y Cecilia Laurido Leal; requirió al abogado para que informara si
existían otros sujetos que estuvieran llamados a suceder a Magdalena Leal, para que
aportara los registros civiles que acreditaran el parentesco con esta, y para que
adjuntara el poder que le confirió Flor Deyanira Laurido Leal para actuar en su
representación; vinculó como terceros con interés a a la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional, al Juzgado Primero Administrativo de Yopal, a Flor
Deyanira Laurido Leal y a las personas que, en cumplimiento del numeral anterior,
estuvieran llamadas a ser sucesoras de Magdalena Leal; ordenó notificar a los sujetos
procesales y suspendió los términos del trámite constitucional.

1.4.2. El Tribunal Administrativo de Casanare contestó12 que la sentencia del 18 de
mayo de 2023 no vulneró derechos fundamentales, porque tuvo fundamento en la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 según la cual, en casos de lesa
humanidad, el término de caducidad es exigible desde que las víctimas tuvieron
conocimiento de la participación de agentes del Estado en el hecho dañoso. Adujo
que, en el caso concreto, los demandantes tuvieron conocimiento de que su familiar
fue abatido por tropas del Ejército Nacional el 30 de enero de 2015, con ocasión de
que, en esa fecha, la Fiscalía entregó a María Luz Mery Laurido los restos de su hijo.

Expresó que la sentencia citada como precedente en el escrito de amparo, del 13 de
mayo de 202113 que amparó derechos fundamentales, fue revocada en segunda
instancia por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Finalmente, indicó que acogía la decisión que emita el juez de tutela.

1.4.3. El Ministerio de Defensa Nacional declaró que el fallo del 18 de mayo de 2023
fue objeto de control constitucional por parte del juez constitucional, dentro del
expediente con radicado núm. 11001-03-15-000-2023-03561-01, que también fue
iniciado por los ahora tutelantes, por lo que se debe declarar la cosa juzgada material.

Además, sostuvo que la plurimencionada sentencia de unificación del 29 de enero de
2020 fue objeto de tutela en su oportunidad, y que, en segunda instancia, el juez
constitucional consideró que la providencia se ajustó al marco jurídico interno y
externo, por lo que no configuró vicios o irregularidades que vulneraran derechos
fundamentales. Así mismo, que la Corte Constitucional en el fallo SU-312 de 2020 la
analizó y estimó que no se desconoció precedente judicial, ya que, precisamente,
antes de que fuera proferida no existía una posición uniforme en el Consejo de Estado
y la Corte Constitucional14 sobre la materia.

11 Documento visible en Samai en el índice 5 del expediente digital de tutela, con certificado
71F9B87CB9E2CC01 E1DC8AF35E2EFD6F E5A33634BADC896C 7A242D17EBFF6BF8.
12 Documento visible en Samai en el índice 10 del expediente digital de tutela, con certificado

13737199FEBFB085 FFFE63F869F1B50E C4338567D7944933 B713E0E47C5F5B19.
13 Radicado núm. 11001-03-15-000-2021-01582-00.
14 Documento visible en Samai en el índice 12 del expediente digital de tutela, con certificado

3A0FADD1200D5F1B F8DDAAF6E7C7AF65 91AFA1F9F1425593 5071C8EC820B32E4.

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Abordó, por un lado, la procedencia de la tutela contra providencia judicial y aseguró
que la parte tutelante no sustentó con claridad la configuración de un defecto; y, por
otro lado, la caducidad del medio de control de reparación directa, la fuerza de las
sentencias de unificación y fallos de tutela sobre el tema que concluyen que decisiones
similares a la del 18 de mayo de 2023 no configuran un defecto específico de
procedencia.

Aseguró que el Tribunal Administrativo de Casanare no vulneró derechos
fundamentales, pues fundó su providencia en el material probatorio aportado al
proceso ordinario. Indicó que la falta de asesoría jurídica no es considerara como una
causal objetiva que permita flexibilizar la caducidad, y solicitó que las pretensiones de
la tutela sean negadas.

1.4.4. El abogado de la parte tutelante, en cumplimiento de lo dispuesto en el auto
admisorio del 24 de noviembre de 2023, informó que las únicas sucesoras de
Magdalena Leal son María Luz Mery, Cecilia y Flor Deyanira Laurido Leal, y aportó los
respectivos registros civiles de nacimiento y defunción15 y el poder que le confirió esta
última.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala tiene competencia para decidir la presente acción de tutela, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991,
y lo previsto en el reglamento interno de la Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa por activa de María Luz Mery Laurido Leal, Sandra
Patricia, Diego Alexander y Víctor Alfonso Blandón Laurido, Cecilia y Flor Deyanira
Laurido Leal, Leidy Milena Mondragón Laurido y Víctor Manuel Mondragón Laurido se
encuentra acreditada, puesto que fueron demandantes dentro del proceso ordinario
con radicado núm. 85001-33-33-001-2017-00214-01 en el que se profirió la sentencia
objeto de tutela y, por ende, son los titulares de los derechos fundamentales cuyo
amparo pretenden.

También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Casanare, en la medida en que fue la autoridad que emitió la
sentencia del 18 de mayo de 2023 que, según la parte tutelante, vulneró sus derechos
fundamentales.

Finalmente, la Sala reconocerá personería a Rafael Alberto Gaitán Gómez para actuar
como apoderado de Flor Deyanira Laurido Leal, conforme al poder aportado al
expediente digital de tutela.

2.3. Saneamiento del trámite constitucional

La parte accionante solicitó en el escrito de amparo, como medida cautelar, la
suspensión provisional de los efectos de la sentencia del 18 de mayo de 2023. El
magistrado ponente, en auto del 24 de noviembre de 2023, omitió resolverla. Al
respecto, es preciso aclarar que esta irregularidad no vicia el trámite constitucional

15Documento visible en Samai en el índice 14 del expediente digital de tutela, con certificado
B85385D77952C5D0 B9A3920E419F5ECC BE4FF510DF96FA40 4EC14F01CB0EBD33.

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impartido, pues la parte accionante guardó silencio pese a que le fue notificado el auto
admisorio y a que presentó memorial para aportar los registros civiles y el poder
requeridos y, en todo caso, no existe una orden en la providencia objeto de la tutela
que impida a la Sala emitir la sentencia que en derecho corresponda.

2.4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción; pues, solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el actor plantea en función de los defectos que
reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales16.

2.4.1. Relevancia constitucional

En las acciones de tutela contra providencias judiciales, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”17.

Quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las que
el reproche a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada, trasciende de la
controversia litigiosa propia de la causa ordinaria18, a una cuestión con relevancia
constitucional, en términos de los defectos definidos por la jurisprudencia como
únicas causales que habilitan el control constitucional concreto19.

2.4.2. Actuaciones temerarias en asuntos de tutela

16 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se
concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en
una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el
amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de
competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del
procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de
prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina
en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía
de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error
inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece
el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de
la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone
de manera preferente la aplicación de sus postulados.
17 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
18 “No se trata de convertir la tutela en un mecanismo ritualista, sino de exigir una actuación razonable

para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en juego,
al controvertir una providencia judicial”. Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019.
Por supuesto, el fallador de tutela requiere examinar que, de esos asuntos legales, no se desprendan
violaciones a los derechos y deberes constitucionales, pues, de ser así, adquieren relevancia
constitucional inmediata. Corte Constitucional. Sentencia T-1031 de 2001, citada por la Corte
Constitucional en las sentencias T-114 de 2002 y T-136 de 2015.
19 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

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El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 prevé que cuando una persona promueva
múltiples acciones de tutela en las que exista coincidencia entre las partes, las
circunstancias fácticas de las que se pretende derivar la vulneración o la amenaza de
un derecho fundamental, y las pretensiones, sin que haya un motivo justificado y válido
que habilite la presentación de la nueva solicitud de amparo, habrá lugar a que el juez
constitucional rechace o decida desfavorablemente todas las solicitudes, por
configurarse una actuación temeraria.

La Corte Constitucional define la temeridad como “el abuso desmedido e irracional del
recurso judicial”20. En lo que atañe a las acciones de amparo, esa misma Corporación
ha establecido que una actuación temeraria ocurre a partir de “la interposición de
tutelas idénticas, sin motivo expresamente justificado, contrariando el principio de
buena fe previsto en el artículo 83 la Constitución Política; por lo tanto, su prohibición
busca garantizar la eficiencia y prontitud en el funcionamiento del Estado y de la
administración de justicia”21.

En ese orden, para que haya lugar a una actuación temeraria, es menester el
cumplimiento de los siguientes presupuestos: (i) que el interesado presente varias
acciones de tutela, por los mismos hechos y con la pretensión de reclamar el mismo
derecho, ya sea ante el mismo juez o ante distintos falladores; (ii) que haya una
identidad de la parte demandante y demandada entre las solicitudes de amparo; y (iii)
que la parte actora no establezca una justificación razonable para promover la nueva
acción de tutela.

Como un requisito adicional para establecer que, en una controversia en sede de
tutela, se presenta la figura de la temeridad, la jurisprudencia constitucional ha indicado
que es necesario que las pruebas aportadas al expediente desvirtúen la presunción de
buena fe y acrediten una mala fe por parte del accionante22. Lo anterior, porque el
juicio de temeridad es subjetivo e implica la valoración de la conducta de quien hace
un uso reiterativo de la acción, de manera que se pueda descartar la existencia de una
razón justificante.

Según la Corte Constitucional, la parte actora no incurre en una actuación temeraria,
cuando el uso indiscriminado de la tutela se sustenta en los siguientes eventos:

“(i) la condición del actor que lo coloca en estado de ignorancia o indefensión, propio
de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe y (ii) el asesoramiento
errado de los profesionales del derecho”23.

Por último, el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 dispone, en su inciso final, que, si
el juez rechaza o niega la tutela, condenará al solicitante al pago de las costas cuando
estime, de manera fundada, que incurrió en temeridad.

2.4. Caso concreto

En el asunto bajo estudio, María Luz Mery Laurido Leal, Sandra Patricia, Diego
Alexander y Víctor Alfonso Blandón Laurido, Cecilia y Flor Deyanira Laurido Leal, Leidy
Milena Mondragón Laurido y Víctor Manuel Mondragón Laurido, a través de apoderado
judicial, formularon solicitud de amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso, a la reparación integral, a la prevalencia del derecho sustancial y al
20 Sentencia C-054 de 1993.
21 Sentencia T-001 de 2016.
22 Sentencia SU-027 de 2021.
23 Sentencia SU-240 de 2015.

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acceso a la administración de justicia, que consideraron vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Casanare con la sentencia de segunda instancia emitida el 18 de
mayo de 2023, dentro del proceso con radicado núm. 85001-33-33-001-2017-00214-
01.

En concreto, la inconformidad de la parte accionante radicó en que, en su concepto,
no era posible declarar la caducidad del medio de control de reparación directa ejercido
con la pretensión de que se atribuyera responsabilidad al Estado por la muerte de
Pablo Cesar Murillo Laurido, por dos razones: por un lado, por cuanto este fue víctima
de delitos de lesa humanidad, casos en los cuales rige la tesis de la imprescriptibilidad
de las acciones penal y civil, en atención al marco jurídico interno y externo sobre la
protección de los derechos humanos y el juicio de convencionalidad al que están
obligados a realizar los jueces de la República; y, por otro lado, debido a que el literal
i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, prevé que el término de 2 años para acudir
a la administración de justicia inicia a partir del fallo definitivo adoptado en el proceso
penal, lo que no ha ocurrido.

2.4.1. En atención a la contestación de tutela que presentó el Ministerio de Defensa
Nacional, la Sala encontró que María Luz Mery Laurido Leal, Sandra Patricia, Diego
Alexander y Víctor Alfonso Blandón Laurido, Cecilia y Flor Deyanira Laurido Leal, Leidy
Milena Mondragón Laurido y Víctor Manuel Mondragón Laurido iniciaron una primera
acción de tutela24 ante esta Corporación, en contra del Juzgado Primero Administrativo
de Yopal y del Tribunal Administrativo de Casanare, debido a que consideraron
vulnerados sus derechos fundamentales al “debido proceso y derecho a indemnización
de víctimas de violaciones graves a los Derechos Humanos”, con ocasión de los fallos
emitidos, respectivamente, el 13 de agosto de 2020 y el 18 de mayo de 2023, dentro
del proceso de reparación directa con radicado núm. 85001-33-33-001-2017-00214-
01.

Como pretensiones, buscaron el amparo de los derechos fundamentales invocados y,
en consecuencia, que se ordenara al juez de segunda instancia emitir una nueva
decisión que accediera a las pretensiones de la demanda ordinaria de reparación
directa, para lo cual expusieron, como fundamento de su inconformidad, que:

“los despachos judiciales aquí accionados no efectuaron el control oficioso de
convencionalidad, así como tampoco realizaron análisis alguno de las pruebas
obrantes dentro del expediente frente a la gravedad de los delitos de lesa humanidad
de que fue víctima Pablo Cesar Murillo Laurido (q.e.p.d), como quiera que, para
establecer el momento desde el cual los suscritos conocimos o debimos haber
conocido de la participación de los miembros del Ejército Nacional en la muerte de
nuestro pariente, y consecuentemente, advirtió la posibilidad de imputarle al Estado la
responsabilidad, se limitó a lo que resultaba de la narración de los hechos contenida
en la demanda ordinaria de reparación directa, sobre la fecha en que se conoció del
hallazgo de su cuerpo, más no sus circunstancias y posibles autores o partícipes”.

Esta solicitud de amparo correspondió por reparto, bajo el radicado núm. 11001-03-
15-000-2023-03561-01, a la Sección Quinta del Consejo de Estado, autoridad que, en
sentencia del 30 de agosto de 202325, declaró improcedente las pretensiones de tutela,
decisión que fue impugnada y confirmada en segunda instancia por la Sección Cuarta
de esta Corporación en fallo del 19 de octubre de 202326.

24
Ver documento contenido en el índice 2 en el expediente digital de tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2023-03561-00
de la plataforma Samai, con certificado 10D4897D5FC03ECD 000DFD2854217C0D A59E86296B470EFC 69871F9BEECA7193.
25
Ver documento contenido en el índice 17 en el expediente digital de tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2023-03561-00
de la plataforma Samai, con certificado 7EDBC95F00C3FE9F 46687A9963BFE380 95DD912AC0E65187 D638F9A5878060B8.
26
Ver documento contenido en el índice 5 en el expediente digital de tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2023-03561-00
de la plataforma Samai, con certificado A3929428D43584C6 F13342682B214DD6 4FF3658AF0CA20A2 B24F5087D796A9A6.

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De lo anterior, esta Subsección observa que, a pesar de que en el presente trámite
constitucional, a diferencia del primero con radicado núm. 11001-03-15-000-2023-
03561-01, no fue convocado como accionado el Juzgado Primero Administrativo de
Yopal, no se controvirtió de manera expresa el fallo de primera instancia del 13 de
agosto de 2020 y se invocaron como vulnerados los derechos fundamentales a la
igualdad, a la prevalencia del derecho sustancial y al acceso a la administración de
justicia; lo cierto es que los escritos de amparo que dieron inicio a ambos trámites,
tienen el mismo objeto en general.

Así, cabe destacar que ambos trámites coinciden en: i) las personas que integraron la
parte tutelante y el Tribunal Administrativo de Casanare como accionado; ii) las
circunstancias fácticas que sustentan la petición de amparo, esto es, los hechos que
dieron origen al proceso de reparación directa con radicado núm. 85001-33-33-001-
2017-00214-01 y la decisión de segunda instancia del 18 de mayo de 2023; iii) la
pretensión de obtener una nueva decisión que no declare la caducidad del medio de
control ejercido; y iv) el cargo consistente en que los jueces ordinarios debieron realizar
un juicio de convencionalidad.

Cuestión distinta sucede frente al cargo consistente en que el literal i) del numeral 2
del artículo 164 del CPACA prevé que el término de 2 años para acudir a la
administración de justicia inicia a partir del fallo definitivo adoptado en el proceso penal,
lo que no ha ocurrido en el caso de Pablo Cesar Murillo Laurido, ya que no fue expuesto
en la primera tutela.

En ese orden, en virtud de lo previsto en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, la
Sala concluye que es forzoso declarar la improcedencia de la solicitud de amparo
interpuesta por María Luz Mery Laurido Leal, Sandra Patricia, Diego Alexander y Víctor
Alfonso Blandón Laurido, Cecilia y Flor Deyanira Laurido Leal Leidy Milena Mondragón
Laurido y Víctor Manuel Mondragón Laurido, en cuanto al argumento consistente en
que las autoridades accionadas debieron realizar un juicio de convencionalidad, dado
que este asunto ya fue objeto de pronunciamiento por parte del juez de tutela, dentro
del trámite con radicado núm. 11001-03-15-000-2023-03561-01.

Finalmente, no es procedente declarar la temeridad, en la medida en que ello exige
tener acreditada la mala fe de los accionantes, lo cual no ocurre, pues, por un lado, la
primera tutela fue interpuesta por Sandra Patricia, Diego Alexander y Víctor Alfonso
Blandón Laurido, María Luz Mery, Cecilia y Flor Deyanira Laurido Leal, y Leidy Milena
y Víctor Manuel Mondragón Laurido en nombre propio, de quienes no está probado
que tengan conocimientos jurídicos de manera que pudieran advertir la prohibición del
artículo 38 ibidem. Por otro lado, porque la segunda tutela fue formulada mediante un
apoderado judicial, que sí debe estar al tanto la referida prohibición, pero que, en todo
caso, no quedó demostrado que estuviera enterado del anterior trámite constitucional.

2.4.2. De otra parte, el segundo reparo que no fue discutido en la tutela con radicado
núm. 11001-03-15-000-2023-03561-01, consiste en que el literal i) del numeral 2 del
artículo 164 del CPACA prevé que el término de 2 años de vigencia del medio de
control de reparación directa para acudir a la administración de justicia inicia a partir
del fallo definitivo adoptado en el proceso penal. Pues bien, la referida norma indica:

“ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda
deberá ser presentada:
[…]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
[…]

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i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del
término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad
de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del
delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la
víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso
penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el
momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición;”.

Al respecto, es preciso aclarar que el reparo analizado fue planteado en el proceso
ordinario y que el Tribunal Administrativo de Casanare no lo resolvió de manera directa,
debido a que el hecho dañoso en que fue sustentada la demanda, fue interpretado en
la sentencia del 18 de mayo de 2023 como una ejecución extrajudicial y no como un
evento de desaparición forzada.

Sin embargo, la Sala observa que la censura no tiene la suficiencia argumentativa para
cumplir con el requisito de relevancia constitucional, porque, en todo caso, el supuesto
del artículo 164 del CPACA atinente a casos de desaparición forzada, que consideró
la parte tutelante era el que regía el análisis de caducidad en el proceso ordinario,
prevé que los 2 años de vigencia del medio de control inician a partir de que aparezca
la víctima o, en su defecto, desde el fallo definitivo del proceso penal.

En tal sentido, aun partiendo del hecho de que los familiares de Pablo Cesar Murillo
Laurido tuvieron certeza y conocimiento de que este apareció una vez fueron
entregados sus restos el 30 de enero de 2015, y no antes, la Sala no encuentra
argumentos que justifiquen que la decisión del 18 de mayo de 2023 tenga la
potencialidad de ser modificada, pues la misma estuvo sustentada en que los 2 años
de vigencia iniciaron en la mencionada fecha.

Por lo tanto, la Subsección concluye que el cargo busca suplantar el proceso ordinario
para obtener una decisión favorable a los intereses de los tutelantes, con
desconocimiento de los argumentos con los cuales el Tribunal Administrativo de
Casanare sustentó la decisión de segunda instancia. En conclusión, ante la
inexistencia de reproches en contra de la sentencia del 18 de mayo de 2023 que
impliquen un defecto específico de procedencia, la Sala determina que el escrito de
amparo no supera el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional,
motivo por el que se declarará la improcedencia de la tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta María Luz
Mery Laurido Leal, Sandra Patricia, Diego Alexander y Víctor Alfonso Blandón Laurido,
Cecilia y Flor Deyanira Laurido Leal, Leidy Milena Mondragón Laurido y Víctor Manuel
Mondragón Laurido en contra del Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: RECONOCER personería a Rafael Alberto Gaitán Gómez para actuar
como apoderado de Flor Deyanira Laurido Leal, conforme al poder aportado al
expediente digital.

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TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

CUARTO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.

Notifíquese y cúmplase,

NICOLAS YEPES CORRALES
Presidente de Sala

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
DACJ

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