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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07121-00

Fecha
8 de febrero de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07121-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la solicitud de amparo solicitada por los señores Zulma Alejandra Vanegas Heredia, Blanca Alejandra y Edgar Enrique Mejía Vanegas, por las razones expuestas en la motivación precedente. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-07121-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

8 de febrero de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07121-00
Demandante: Zulma Alejandra Vanegas Heredia y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-07121-00
Demandante ZULMA ALEJANDRA VANEGAS HEREDIA Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN F
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedencia: la relevancia constitucional. Proceso ejecutivo para el
cumplimiento sentencia que ordenó el pago de horas extras diurnas,
nocturnas, festivos a bombero. Liquidación del crédito.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la señora Zulma Alejandra Vanegas Heredia y otros de conformidad
con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 23 de noviembre de 20231, los señores Zulma Alejandra Vanegas Heredia,
Blanca Alejandra y Edgar Enrique Mejía Vanegas, interpusieron acción de tutela,
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F, por considerar vulnerados sus derechos al debido proceso, a la igualdad, al
trabajo, a la remuneración mínima vital y móvil, a la situación más favorable al
trabajador y de acceso a la administración de justicia.

En consecuencia, presentaron las siguientes pretensiones:
“´Primera: se conceda, la tutela interpuesta, con el fin de proteger los derechos
constitucionales fundamentales, denominados: DERECHO A LA IGUALDAD, DERECHO AL
DEBIDO PROCESO, COSA JUZGADA, INMUTABILIDAD DE LAS SENTENCIAS, principios
constitucionales del artículo 53 de la Constitución Política, en especial la igualdad de
oportunidades a los trabajadores, remuneración mínima, vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las
normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles;
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho; así como el derecho al acceso a la administración de justicia
conforme al artículo 229 de la Constitución Política.
Segunda: Que el H. Consejo de Estado, disponga DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de
segunda instancia proferida por la Subsección “F” de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, proferida el 22 de agosto de 2023 y notificada
electrónicamente a las partes el 24 de agosto de 2023, dentro del expediente 11001-33-42-
056-2018-00037-02, proceso ejecutivo laboral siendo demandantes Zulma Alejandra Vanegas
Heredia, Blanca Alejandra Mejía Vanegas y Edgar Enrique Mejía Vanegas (herederos de
Edgar Mejía Báez QEPD) demandado DISTRITO CAPITAL – UNIDAD ADMINISTRATIVA

1 Tutela radicada por ventanilla virtual. SAMAI, índice 2.
1

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07121-00
Demandante: Zulma Alejandra Vanegas Heredia y otros

ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ, respecto a la cual la parte
actora radicó solicitud de adición, aclaración y corrección el 29 de agosto de 2023, la cual fue
negada mediante providencia del proferida el 6 de septiembre de 2023, notificada el 11 de
septiembre de 2023, por tanto se solicita se ordene a la H. Sala accionada proferir nueva
sentencia conforme a lo consagrado en los artículos 35 y 39 del Decreto Ley 1042 de
1978, respecto a los porcentajes reales a reconocer por concepto de reliquidación de
los recargos festivos diurnos del 200% y recargos festivos nocturnos del 235% con el
factor de 190 horas mensuales (jornada máxima legal empleados públicos, toda vez que
la H. Sala accionada dispuso liquidar los recargos festivos diurnos con el 100% y los
recargos festivos nocturnos con el 135% sobre 190 horas, sin realizar los cálculos
conforme a la realidad procesal y sin analizar de manera detallada las pruebas
documentales existentes (desprendibles de pago allegados con la demanda ejecutiva a
folios 94 a 107 – año 2006 – y del 105 al 147 - año 2007 a 2015) donde se descuentan
los recargos festivos diurnos 200% y los recargos festivos nocturnos del 235%
liquidados y pagados sobre 240 horas mensuales por la entidad ejecutada, generando
saldos en contra de los ejecutantes por concepto de los recargos (…)”.

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Hechos relativos al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho Nro. 11001-33-31-015-2010-00273-00

2.1. El señor Edgar Mejía Báez (fallecido) laboró al servicio de la Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y solicitó el
reconocimiento y pago de las horas extras, dominicales y festivos a los que
consideró tener derecho, lo que le fue negado.

Por lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho demandó al Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

2.2. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Diecisiete Administrativo
de Descongestión de Bogotá (radicado Nro. 11001-33-31-015-2010-00273-00)
que, por sentencia el 27 de marzo de 2012 accedió a las pretensiones de la
demanda, para lo cual ordenó en favor del demandante el reconocimiento y
pago de horas extras diurnas y nocturnas, compensatorios por exceso de
horas extras, recargos ordinarios nocturnos, recargos dominicales y festivos
diurnos y nocturnos, compensatorios por trabajo en días dominicales y festivos
y la reliquidación de prestaciones sociales desde el 8 de octubre de 2006 en
adelante.

2.3. En segunda instancia, mediante sentencia del 14 de marzo de 2013 el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F confirmó la
decisión apelada.

Hechos relativos al proceso ejecutivo Nro. 11001-33-42-056-2018-00037-00

2.4. El señor Edgar Mejía Báez falleció el 8 de noviembre de 2015, razón por la
que fue sucedido procesalmente por su esposa Zulma Alejandra Vanegas
Heredia y por sus hijos Blanca Alejandra y Edgar Enrique Mejía Vanegas,
quienes promovieron demanda ejecutiva en contra del Distrito Capital de
Bogotá, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, con el fin
de que se librara a su favor mandamiento ejecutivo de pago en un 50% a la
esposa del fallecido señor Mejía Báez y en un 25% para cada uno de sus hijos,
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por concepto del capital adeudado y no pagado que se reconoció en sentencia
judicial a su favor y que se liquidó desde octubre de 2006 hasta octubre de
2015.

2.5. Por reparto, el proceso ejecutivo le correspondió al Juzgado Cincuenta y Seis
Administrativo de Bogotá (radicación Nro. 11001-33-42-056-2018-00037-00) que,
por auto del 11 de abril de 2018 remitió el expediente a la oficina de apoyo
para realizar la respectiva liquidación que fue estimada en $184.114.581.

2.6. Cumplido lo anterior, en providencia del 17 de marzo de 2021 el juzgado libró
mandamiento de pago a favor de los ejecutantes, por valor de $158.195.254
correspondiente al capital, más los respectivos intereses, con la salvedad de
que la suma por la cual se libraba mandamiento de pago podía ser modificada
en la etapa procesal correspondiente conforme lo dispuesto en el artículo 446
del Código General del Proceso.

La parte ejecutada no se pronunció ni presentó excepciones.

2.7. Por auto del 23 de julio de 2021 se ordenó seguir adelante con la ejecución y
se requirió a las partes para que presentaran la liquidación del crédito, en
cumplimiento de lo cual: (i) la parte ejecutante presentó una liquidación por
valor de $422.226.348; (ii) la parte ejecutada presentó liquidación por valor de
$67.970.790 y advirtió que este valor le había sido reconocido a la parte
ejecutada mediante la Resolución Nro. 1411 de 2020 y que, adeudaba por
concepto de intereses $124.329.951 calculados sobre el capital que reconocía.
Además, presentó objeciones frente a la liquidación de la parte ejecutante.

2.8. Poor auto del 25 de febrero de 2022, el juez de la ejecución improbó las
liquidaciones presentadas por las partes y determinó el valor de la obligación
por valor de $182.462.683, discriminada de la siguiente manera:

$114.167.226 por concepto de capital.
$136.266.247 por concepto de intereses.
$67.970.790 descontados del pago parcial de la obligación por la ejecutada.

El juzgado hizo un análisis de cada una de las liquidaciones presentadas,
encontrando que, en relación con la presentada por la parte ejecutada, esta
reconocía un pago por $67.970.790 y que estimaba un valor por concepto de
intereses en mora desde el 6 de abril de 2013 a la fecha del referido pago y
que, más adelante mencionaba una suma por el mismo concepto: por
intereses por el periodo comprendido entre el 6 de abril de 2013 al 27 de julio
de 2021, de manera que calculaba el valor de los intereses dos veces en el
mismo periodo, lo que implicaba un pago doble por ese concepto sin que la
ley lo permitiera.

Frente a la liquidación de la parte ejecutante sostuvo que no se había pagado
valor alguno por concepto de intereses, de manera que, para el juzgado, el
hecho de que existieran conceptos al respecto, esto no implicaba que debiera
ser así ya que lo dispuesto en las sentencias era lo que debía acatarse y tenía
valor vinculante. En cuanto al número de horas, encontró que se tomaron de
las planillas y del desprendible de nómina, documental obrante en el
expediente que fue tenida en cuenta para efectos de hacer la liquidación

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respectiva. Así, explicó el cálculo que se hizo en la respectiva liquidación por
parte del juzgado, de la siguiente manera:
“Se descontará a su resultado el valor de lo pagado por nómina teniendo en cuenta los valores
por concepto de horas extras y también se descontarán los días pagos no laborados que obran
en las planillas en mención.
Al resultado se calcularán los intereses conforme lo dispone el CPACA.
Al resultado anterior, se descontará la suma de $67.970.790 ordenados en la Resolución No.
1411 de 2020 y pagados a la ejecutante el 20 de diciembre de 2020.
Teniendo en cuenta lo anterior, la liquidación de crédito será la que establezca el juzgado,
según liquidación anexa hecha por el despacho, que hace parte de la presente providencia, y
por los siguientes valores:
a) por valor de $114.167.226,20 por concepto de capital correspondiente a la reliquidación
salarial y prestacional del beneficiario por el periodo comprendido entre el 8 de octubre
de 2006 al 8 de noviembre de 2015 (fecha de fallecimiento del titular).
b) por la suma de $136.266.247 por concepto de intereses calculados desde el día siguiente
a la ejecutoria de la sentencia 6 de abril de 2013 al 31 de diciembre de 2021. Lo anterior
para un total de $250.433.473,20.
c) descuento de $67.970.790 ordenados en la Resolución No. 1411 de 2020 y pagados a la
ejecutante el 20 de diciembre de 2020.
Gran Total: $182.462.683,20”.

2.9. Contra la anterior decisión las partes ejecutante y ejecutada presentaron
recurso de apelación. Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F que, en providencia del 22 de agosto de 2023
<<notificado por estado el 25 de agosto de 2023>>, modificó parcialmente la orden
dada y en su lugar dispuso:
“3.- ESTABLECER la liquidación del crédito por los siguientes conceptos y valores:
(i) La suma de treinta y siete millones seiscientos noventa y un mil ciento ochenta y un pesos
($37.691.181), por concepto de capital.
(ii) La suma de ciento treinta millones trescientos cincuenta y cinco mil cincuenta y un pesos
($136.266.247) por concepto de intereses moratorios hasta 31 de diciembre de 2021.
(ii) Por los intereses que se sigan causando desde el 1° de enero de 2022 hasta la fecha del
pago, sobre el saldo del capital adeudado.
Lo anterior, sin perjuicio de eventuales pagos que haya realizado la parte demandada y que
no estén acreditados dentro del expediente.
Los anteriores valores se deberán cancelar a los demandantes herederos del causante, en los
porcentajes definidos en el juicio de sucesión”.

De acuerdo con las consideraciones expuestas por el Tribunal accionado, la
liquidación elaborada por la Oficina de Apoyo es un instrumento o una
herramienta que sirve de base para resolver los aspectos económicos en los
procesos ejecutivos pero que, era el Juez quien tenía la potestad de resolver
las controversias y definir el monto de las obligaciones, por lo que resultaba
perfectamente viable procesalmente que se apartara de las conclusiones de
dicha liquidación, además, que la Oficina de Apoyo realizó una liquidación del
capital ($184.114.581) por un monto superior al solicitado en las pretensiones
de la demanda ejecutiva ($158.195.254), lo que justificaba que el a quo no la
acogiera.

Revisada la liquidación realizada por el juzgado, encontró que se habían
incluido los siguientes conceptos: horas extras diurnas y nocturnas, recargos
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nocturnos, recargos dominicales y festivos, compensatorios por horas extras,
compensatorios por dominicales y festivos y cesantías, es decir, todos los
conceptos reconocidos en la sentencia base de ejecución.

En cuanto a los intereses, indicó que estos no se debían limitar a los causados
hasta el 31 de diciembre de 2021, como se establecía en la sentencia de
primera instancia pues que, en caso de existir un saldo de capital, se debían
reconocer dichos intereses de manera abstracta hasta la fecha que se hiciera
el pago.

De otra parte, consideró que no había lugar a realizar descuentos por el tiempo
que el trabajador descansó en su jornada laboral de 24 por 24 como lo
solicitaba la parte ejecutada, en la medida que la liquidación se había realizado
con base en las horas certificadas que fueron efectivamente laboradas por el
demandante, de manera que, en la medida que solo se tuvieron en cuenta las
horas laboradas, implícitamente se restaron las horas que el trabajador
descansó en su jornada de 24 horas, así como también se restaron las horas
que por alguna situación administrativa no hubiera laborado, por lo que no
había lugar a realizar restas adicionales por este aspecto.

En relación con el pago de aportes por concepto de seguridad social, dijo que
sobre las sumas de dinero producto de la condena se debían realizar los
respectivos descuentos de seguridad social en pensión y salud a cargo del
trabajador, en un 4% por cada ítem.

Aclaró, luego de revisadas las liquidaciones aportadas por las partes, que los
recargos dominicales y festivos ordinarios y los recargos dominicales y festivos
nocturnos se habían liquidado con porcentajes del 200% y 235%
respectivamente, cuando lo correcto era con el 100% y 135%, razón por lo que
no se podía acoger.

2.10. La parte ejecutante solicitó la aclaración, corrección y adición a la providencia
del 22 de agosto de 2023; peticiones que fueron negadas por el tribunal en
providencia del 6 de septiembre de 2023 <<notificada por estado el 12 de
septiembre de 2023>>.

El Tribunal sostuvo que no era procedente ninguna de las figuras propuestas,
ya que, respecto de (i) la aclaración no había aspecto que generara duda; (ii)
frente a la corrección descartó un error aritmético o de cambio de palabras y
sostuvo que tanto el ordenamiento jurídico como la jurisprudencia se disponía
que los dominicales se remuneraban con un recargo del 100% y, (iii) en
relación con la adición dejó claro que se había resuelto todo lo relacionado con
los recargos dominicales.

Adicionalmente precisó la providencia que, “En gracia de discusión, es relevante
mencionar que en la mencionada providencia no se incurrió en una contradicción, comoquiera
que en el título se ordenó “[r]eliquidar y pagar los recargos ordinarios nocturnos y los festivos diurnos
y nocturnos, teniendo en cuenta la jomada máxima legal para empleados públicos territoriales fijada en
190 horas mensuales por el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978”, por lo que al concretar la
orden se debe tener en cuenta que los recargos dominicales se liquidan en un 100%; y para
dar cumplimiento a lo ordenado en dicho título era indispensable restar los valores pagados
por la Entidad por tal concepto, los cuales fueron certificados por el empleador y no fueron
materia de debate”.

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Concluyó entonces que se trataba del simple desacuerdo de la parte
ejecutante con lo resuelto.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora consideró que la providencia del 22 de agosto de 2023 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en el
proceso ejecutivo con la radicación Nro. 11001-33-42-056-2018-00037-00/02, incurrió
en defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial.

Sostuvo que en la providencia cuestionada se fijaron los criterios para la
reliquidación de los recargos nocturnos ordinarios del 35%, recargos festivos
diurnos del 200% y recargos festivos nocturnos del 235% de manera contraria a la
realidad procesal, ya que en la sentencia que sirvió de título base de recaudo, había
tomado en cuenta lo señalado en la sentencia del 2 de abril de 2009 (Exp. 9258-05),
con ponencia del doctor Víctor Hernando Alvarado Ardila, en relación con la forma
de liquidar las horas extras, los recargos nocturnos y por laborar en días festivos.

Al definirse en la liquidación del crédito sobre los porcentajes del 100% y el 135%,
el tribunal modificó en lo sustancial la sentencia de recaudo de segunda instancia
cuya ejecución se pretendía, en lo referente a “reliquidar y pagar los recargos ordinarios
nocturnos y los festivos diurnos y nocturnos”, lo que según los actores correspondía a:
recargos nocturnos ordinarios del 35%, recargos festivos diurnos del 200% y
recargos festivos nocturnos del 235%, lo que les había sido pagado de manera
incompleta, tomando como divisor 240 horas mensuales, cuando la jornada máxima
legal del ejecutante como empleado público territorial era de 190 horas mensuales,
es decir, una diferencia del 22% en contra de su patrimonio. Invocan la sentencia
de unificación Nro. 25000-23-25000-2010-00725-01, demandante Omar Bedoya, que
según afirmar, estableció la forma de reliquidar dichos recargos.

En ese sentido, insistieron en que el reconocimiento de los días dominicales y
festivos diurnos y los días dominicales y festivos nocturnos debían ser reliquidados
y pagados sobre el 200% y el 235% que era el doble del valor de un día de trabajo,
conforme lo establecía el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978 y la mencionada
sentencia, y no del 100% y 135% como lo disponía el tribunal.

También citaron la sentencia de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado, con la radicación Nro. 25000-23-42000-2018-01477-01 (4303-2022) con
ponencia del doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez, en la que se revocó la orden de
liquidar los recargos con el 100% y 135% y señaló que debían ser liquidados con el
200% y el 235% respectivamente.
Anuncian como precedente desconocido, las siguientes sentencias de tutela:

• Sentencia del 25 de septiembre de 2023 proferida por la Sección Tercera, Subsección
B del Consejo de Estado, expediente 11001-03-15-000-2023-04299-00, accionante:
Luis Antonio Castellanos Rodríguez, con ponencia del doctor Fredy Ibarra Martínez.
• Sentencia del 10 de junio de 2021 proferida por la Sección Quinta de esta
Corporación, expediente Nro. 11001-03-15-000-2021-01379-00, con ponencia del
doctor Luis Alberto Álvarez Parra, accionante: Jorge Carpintero León.
• Sentencia del 9 de septiembre de 2021 proferida por la Sección Segunda, Subsección
A de esta Corporación, expediente Nro. 11001-03-15-000-2021-05248-00, con
ponencia del doctor Gabriel Valbuena Hernández, accionante: William Alberto Castillo
Pinzón.
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4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 28 de noviembre de 2023 el despacho ponente admitió la presente
acción, ordenó la notificación a las partes accionante y accionada y dispuso
vincular como tercero con interés al Distrito Capital de Bogotá, Unidad
Administrativa Especial de Bomberos de Bogotá, quien fue parte demandada
en el proceso ordinario y, al Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo de
Bogotá, autoridad judicial que emitió la decisión de primera instancia.

4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, se pronunció e indicó que contrario a lo indicado por la parte
actora, los recargos dominicales y festivos ordinarios y los recargos
dominicales y festivos nocturnos debían liquidarse con porcentajes del 100%
y 135% respectivamente, conforme a la ley y la jurisprudencia del Consejo de
Estado.

Agregó, que lo expuesto en el escrito de tutela no fue propuesto en el recurso
de apelación en el proceso ejecutivo.

Explicó que el pago del respectivo recargo en un 400% como lo pretende la
parte actora, iría en contra de lo dispuesto de la finalidad contenida en el
artículo 39 del Decreto 1042 de 1978.

En concreto se refirió a los precedentes citados por la parte actora, de la
siguiente manera:

En relación con la sentencia de tutela del 25 de septiembre de 2023 proferida
por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado (expediente 2023-
04299-00), sostuvo que si bien fue favorable a la parte accionante, no estaba
en firme ya que actualmente se estaba surtiendo el recurso de impugnación
pendiente de resolver por la Sección Segunda de esta misma Corporación y
que, por el contrario, existía otra providencia de tutela emitida recientemente
por la Sección Quinta de la Corporación2 en la que se negaron las pretensiones
de la demanda de tutela.

De la sentencia del 22 de junio de 2023 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A (radicación 25000-23-42-000-2018-01477-01),
con ponencia del doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez, señaló que esta postura
había sido modificada rápidamente por el mismo consejero en sentencia del
24 de agosto de 2023 en el proceso con la radicación 25000-42-000-2022-00550-
01.

En ese orden de ideas, precisó que la Sección Segunda del Consejo de Estado
ha considerado de manera reiterada que el recargo de dominicales y festivos
previsto en el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978 debía retribuirse con un
porcentaje del 100%.

Citó apartes de las siguientes sentencias:

2 Magistrado Ponente: Luis Alberto Álvarez Parra; sentencia de 19 de octubre de 2023: 11001-03-15000-
2023-04234-01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07121-00
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• Sentencia de 17 de mayo de 2007, Consejo Ponente: Jesús María Lemos
Bustamante3.
• Sentencia proferida el 17 de octubre de 2017, Consejera Ponente: Sandra Lisset
Ibarra Vélez4.
• Sentencia de 7 de octubre de 2019, Consejero Ponente: Gabriel Valbuena
Hernández5.
• Sentencia de 10 de septiembre de 2020, Consejero Ponente: César Palomino
Cortés6.

De esta manera concluyó que la tesis jurisprudencial tradicional y actual del
Consejo de Estado es que los recargos dominicales y festivos se retribuyen
con un 100% y no con un 200% como lo pretende la parte accionante y que,
si bien la controversia que los demandantes planteaban en la tutela no la
expusieron en el recurso de apelación que interpusieron en el proceso
ejecutivo, la posición se encontraba debidamente fundamentada en los
pronunciamientos realizados por el órgano de cierre de la jurisdicción.

Por lo anterior, pidió que se negaran las pretensiones de la acción de tutela.

En memorial de ampliación del informe presentado inicialmente, la autoridad
judicial accionada pidió se tuviera en cuenta reciente pronunciamiento de la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en el que se
reafirmaba nuevamente la tesis expuesta por el despacho en la providencia
cuestionada.

La sentencia corresponde a la decisión del 9 de noviembre de 2023, con
ponencia del doctor Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación Nro. 25000-
23-42-000-2022-00726-01 (3996-2023).

4.3. El Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo de Bogotá, rindió informe en
el que manifestó que se remitía a lo acreditado documentalmente y a los
argumentos de las providencias respectivas. De las pretensiones de la tutela,
indicó que era improcedente la revisión de decisiones que estaban en firme y
que la acción de tutela no era una tercera instancia, finalmente, que no
compartir lo resuelto en una providencia que era desfavorable los intereses de
la parte, no conllevaba por sí misma la vulneración de derechos
fundamentales.

Por lo demás, allegó el link de acceso al expediente ordinario.

4.4. El Distrito Capital de Bogotá, Unidad Administrativa Especial de
Bomberos de Bogotá, no se pronunció en esta oportunidad.

3 Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Segunda- Subsección B. C.P: Jesús
María Lemos Bustamante.17 de mayo de 2007. Radicación: 05001-23-31-000-1998-02446-01(2671-05).
Actor: Lucelly Ruiz de Zapata.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B; Consejera
Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez; sentencia de 17 de octubre de 2017; Rad.: 25000-23-25-000-2012-
01105-01(0413-19).
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda- Subsección “A”. C.P: Gabriel
Valbuena Hernández; sentencia de 7 de octubre de 2019. Radicación: 66001233100020120006501(3706-
14).
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B"; Consejero
Ponente: César Palomino Cortés; sentencia de 10 de septiembre de 2020. Rad.: 150012332-000-1999-
01547-01 (0019-14).
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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales8
y especiales9 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional10 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y por tratarse de una acción de
tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala establecer si la solicitud de
amparo cumple a cabalidad con los requisitos generales de procedibilidad, en
concreto el de la relevancia constitucional.

7 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
8 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
9 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
10 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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De superar dicho análisis, la Sala determinará si al proferir la providencia del 22 de
agosto de 2023 en el marco del proceso ejecutivo con la radicación Nro. 11001-33-
42-056-2018-00037-00/02, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F incurrió en defecto por desconocimiento del precedente
jurisprudencial.

4. Requisito de relevancia constitucional
La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento.
Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales
está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.
Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que
son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo
señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5
de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018, ha
fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de
tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales»11. Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

11 Ibidem.
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Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos
por los jueces competentes.

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, el
presupuesto de relevancia constitucional lo que persigue es que el juez de tutela
evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de importancia iusfundamental y que
corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural12.

De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a consideración
del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración de derechos
fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido en el respectivo
proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para adicionar, completar,
modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante el juez de la causa.

En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera razonable
los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la presente acción,
tiene su justificación en la medida en que «sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la
protección constitucional de sus derechos»13.

De otra parte, la relevancia constitucional también supone que la tutela no se
emplee para adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de
plantearse ante el juez de la causa, ni para insistir en las inconformidades ya
resueltas en el proceso ordinario. Por consiguiente, el juez debe verificar que la
parte actora no introduzca cargos nuevos no expuestos ante el fallador natural.

5. Análisis en el caso

5.1. De acuerdo con los argumentos presentados por los accionantes en el escrito
de tutela, advierte la Sala que están dirigidos a insistir en la forma como en su
criterio, debían ser liquidados los valores a pagar por conceptos reconocidos
en una sentencia judicial cuyo cumplimiento pretendieron a través del proceso
ejecutivo y en el que se emitió providencia de liquidación del crédito. Aspecto
con el que los actores no se encuentran de acuerdo.

Como argumentos relevantes de la tutela, es posible advertir que cuestionan
lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F en la providencia del 22 de agosto de 2023 por la que se resolvió
el recurso de apelación del auto de liquidación del crédito, en el sentido de
indicar que no se estaba dando cabal cumplimiento a la sentencia que sirvió
de título para la ejecución; que estaban fijados los criterios para la reliquidación
de los recargos nocturnos ordinarios del 35%, recargos festivos diurnos del
200% y recargos festivos nocturnos del 235%, pero que el tribunal tomó para
12 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
13 Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.
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la liquidación del crédito sobre los porcentajes del 100% y el 135% en lo
referente a “reliquidar y pagar los recargos ordinarios nocturnos y los festivos diurnos y
nocturnos”, todo lo cual reportaba un una diferencia del 22% en contra de su
patrimonio.

La parte tutelante, alega el desconocimiento de una serie de pronunciamientos
de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sus distintas Subsecciones
y de unificación de esta Sección, en las que, según la parte actora, se
mencionaba la forma de liquidar las horas extras, los recargos nocturnos y el
trabajo en días festivos, que iban en contra de lo resuelto en la providencia del
tribunal, citando incluso algunas sentencias de tutela que dice, fallaron de
manera favorable a casos similares.

5.2. Una vez revisado el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante
contra la decisión del juzgado en primera instancia frente al auto que liquidó el
crédito dentro del proceso ejecutivo, se advierte que los argumentos
estuvieron orientados a manifestar la inconformidad (i) en relación con la
liquidación del capital y los intereses moratorios y sobre la fecha de cierre de
la liquidación de intereses hasta el 31 de diciembre de 2021, (ii) respecto a la
disminución del capital e intereses moratorios planteados que no se justificaba
al haber laborado el trabajador casi el doble de la jornada máxima legal y (iii)
que se le cancelaron estos valores de manera incompleta.

Argumentaron también que, en la providencia objeto del recurso de apelación
no aparecían claramente sustentados los motivos por los que se dio ese
cambio sustancial en la liquidación respectiva, entre el mandamiento de pago
que fue por valor de $158.192.254 que plantearon como ejecutantes, cuando la
Oficina de Apoyo en la liquidación que se emitió al juzgado arrojó un valor de
$184.114.581 después de descontar lo pagado.

Otro punto objeto del recurso fue el cuestionamiento que hizo en relación con
el pago doble de intereses a su favor, lo que dijeron, nunca se pretendió,
entrando a explicar la forma como se estaban cobrando los mismos y los
lapsos por los que se reclamaban los intereses por mora.

Citó la providencia del 10 de junio de 2021 proferida por la Sección Quinta de
esta Corporación, expediente Nro. 11001-03-15-000-2021-01379-00, con
ponencia del doctor Luis Alberto Álvarez Parra, accionante: Jorge Carpintero
León, indicando que se trató de una sentencia de tutela con un caso similar.

5.3. En el anterior contexto, advierte la Sala que no se cumple con el requisito de
relevancia constitucional, pues los argumentos que expusieron al juez de la
ejecución de segunda instancia y que se resolvieron en la providencia objeto
de censura, difieren de aquellos que ahora proponen al juez de tutela y que se
orientan al desconocimiento de precedentes jurisprudenciales que, en su
sentir, indican la forma y porcentajes que debían tenerse en cuenta al
momento de calcular los valores por concepto de horas extras diurnas,
nocturnas, festivos y demás recargos, como si se tratara de la discusión en el
proceso declarativo y olvidando la naturaleza del proceso en el que se profirió
la decisión que se cuestiona.

En el recurso de apelación contra la decisión de liquidar el crédito, los
ejecutantes se refirieron a aspectos relacionados con el desconocimiento de
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la liquidación presentada por la Oficina de Apoyo ordenada por el Juzgado 56
Administrativo de Bogotá mediante auto del 11 de abril de 2018; del presunto
doble cobro de intereses, así como de las fechas a tener en cuenta y forma de
liquidar los respectivos intereses, trayendo de manera aislada un solo
pronunciamiento de tutela para reforzar su argumento.

Se observa que, al resolver el recurso interpuesto contra el auto que aprobó la
liquidación del crédito en el proceso ejecutivo, el tribunal accionado se
pronunció y resolvió los puntos de disenso propuestos por los recurrentes.
Ahora, en el escrito de tutela, la parte actora propone argumentos relacionados
con la posición que, a su juicio debió adoptarse y, los porcentajes en los
debieron efectuarse los recargos respectivos ordenados en la sentencia base
de recaudo, invocando precedentes jurisprudenciales que no tienen incidencia
en el caso concreto, justamente por tratarse de un proceso ejecutivo y no uno
de declarativo del derecho; lo que deja en evidencia el desacuerdo de los
accionantes con los montos fijados en la liquidación del crédito aprobada por
el juez de la ejecución.
Como puede verse, el asunto quedó resuelto en el curso del proceso ejecutivo
y, por tanto, que la acción de tutela es asumida como una nueva oportunidad
para exponer el desacuerdo de la parte actora con la liquidación el crédito en
el proceso, concretamente, con los montos que arrojó esa liquidación, pero
que no giran en torno a la real vulneración de derechos fundamentales con
ocasión algún defecto de que adolezca la decisión del juez de la ejecución.

5.4. Lo anterior denota que los accionantes no solo buscan emplear la tutela para
adicionar los argumentos que dejaron de plantear ante el juez de la causa, sino
también para discutir asuntos económicos y de mera legalidad. Como se indicó
previamente, el objeto de la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales no es ni insistir en las inconformidades ya resueltas en el proceso
ordinario ni mucho menos adicionar o completar los argumentos que debieron
exponerse ante el juez de la causa, a fin de convencerlo de la causa defendida.

La jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela contra
providencias judiciales no se instituyó como un análisis de las mejores razones
entre las expuestas en la decisión atacada y la interpretación sostenida por el
tutelante, en tanto que no obedece a su naturaleza y propósito. De ahí que la
simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una vulneración de
derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se desnaturalizaría la
acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional.
Es por tal motivo, que de manera reiterada se ha sostenido que cuando se
controvierten decisiones judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a
que el asunto sea de tal relevancia en materia constitucional, que se logre
apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración grosera o de bulto, lo que no
ocurre en este caso.

Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por
consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una
decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional.
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En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no
hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para
analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los
presupuestos generales se cumplan a cabalidad. Solo así será procedente,
proseguir al segundo estadio de análisis consistente en determinar si las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos planteados por
el tutelante.

6. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala concluye que no se satisface el requisito de
relevancia constitucional, pues la tutela se emplea como mecanismo para adicionar
o completar argumentos no expuestos ante el juez natural.

En ese orden de ideas, se declarará la improcedencia de la acción de tutela, por no
cumplir a cabalidad con los requisitos generales de procedibilidad de este
mecanismo contra providencias judiciales, concretamente el de la relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la solicitud de amparo solicitada por los señores
Zulma Alejandra Vanegas Heredia, Blanca Alejandra y Edgar Enrique Mejía
Vanegas, por las razones expuestas en la motivación precedente.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

14

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