Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07125-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07125-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-07125-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
25 de enero de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07125-00
Demandante: DIEGO FERNANDO PERDOMO PERDOMO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07125-00
Demandante: DIEGO FERNANDO PERDOMO PERDOMO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
BOGOTÁ
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Vacaciones individuales del
régimen especial de la rama judicial. Derechos fundamentales al
descanso remunerado, al trabajo en condiciones dignas y a la salud
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Diego Fernando Perdomo Perdomo, quien actúa en
nombre propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, en la que pide el amparo
constitucional de los derechos fundamentales al trabajo, dignidad humana,
igualdad y a la salud, vulnerados, supuestamente, con la decisión de negarle el
disfrute de un periodo de vacaciones causado, con la no expedición del certificado
de disponibilidad presupuestal para nombrar su reemplazo durante dicho lapso por
parte de las autoridades accionadas.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El accionante manifestó que actualmente se desempeña como secretario en
propiedad del Juzgado Once Penal Municipal con Función de Conocimiento de
Bogotá, el cual pertenece al régimen individual de vacaciones.
Sostuvo que solicitó a la titular del despacho el disfrute de las vacaciones por el
periodo causado entre el 25 de febrero de 2022 y el 24 de febrero de 2023, que
empezaría a disfrutar a partir del 22 de enero de 2024.
Afirmó, que dado lo anterior, la juez solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal para nombrar su reemplazo durante ese periodo.
Expresó que, en respuesta a la petición elevada en ese sentido por la juez, la
Dirección Ejecutiva de Administración Seccional de Bogotá, Coordinación del Área
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Demandante: DIEGO FERNANDO PERDOMO PERDOMO
de Asuntos Laborales, a través del oficio DESAJBOADO23-1315 de 3 de
noviembre de 2023, negó la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal para proveer su reemplazo mientras disfruta de sus vacaciones, “de
conformidad con la Circular PSAC0589 del Consejo Superior de la Judicatura”.
Por último, indicó que, dado lo anterior, la Juez Once Penal Municipal con Función
de Conocimiento de Bogotá mediante Resolución Nº 20 de 8 de noviembre de
2023, negó su solicitud de disfrute de vacaciones.
2. Fundamentos de la acción
El accionante, quien actúa en nombre propio, presentó acción de tutela con el
objeto de que el juez constitucional proteja sus derechos fundamentales al trabajo,
dignidad humana, igualdad y a la salud, vulnerados supuestamente, por el
Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, con la negativa a asignar la disponibilidad
presupuestal para nombrar su reemplazo durante el disfrute de sus vacaciones, lo
que le ha impedido disfrutar de un periodo de vacaciones causado a su favor.
Luego de hacer referencia a la jurisprudencia constitucional relativa al derecho al
descanso remunerado, aseveró que el actuar de la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Bogotá va en detrimento de sus derechos
fundamentales al trabajo, dignidad humana, igualdad y a la salud, garantizados
por la Constitución Política. Agregó que ese descanso tiene como fin “reparar
nuestras fuerzas intelectuales y materiales, asimismo y dada la situación de
pandemia que atraviesa el país ayuda a los trabajadores proteger nuestra salud
física y mental, resaltando que como consecuencia de la pandemia la labor
desempeñada ha incrementado el tiempo destinado a cumplir con las funciones
designadas, y como consecuencia ha disminuido la calidad de vida dado el
incremento en el estrés laboral”.
Finalmente, señaló que el Tribunal Administrativo del Cauca en sentencia de 29 de
julio de 20111, consideró que “la acción de tutela es el mecanismo idóneo para que
un funcionario judicial, pueda gozar del derecho a sus vacaciones cuando estas
han sido suspendidas por falta de disponibilidad presupuestal requerida para el
pago del salario de la persona que la deba reemplazar y la no apropiación de
dichos dineros constituyen una vulneración al derecho fundamental del trabajo,
descanso, dignidad humana de la misma, porque las cuestiones administrativas no
pueden están por encima de los derechos del rango constitucional”.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“• Amparar mis derechos fundamentales al Trabajo, Dignidad Humana, Igualdad y
Salud, los cuales se vienen vulnerando por parte del CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA y DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE BOGOTÁ.
• En consecuencia, se ordene que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo, inicie las acciones pertinentes en aras de garantizar la
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Magistrado Ponente Moisés Rodríguez Pérez.
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provisión de los recursos y proceda a expedir el respectivo CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL que se requiere para que la señora JUEZ
ONCE PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO conceda las
vacaciones renumeradas a que por ley tengo derecho, en las fechas relacionada
anteriormente”.
4. Pruebas relevantes
Se allegaron copias digitales de i) la solicitud de vacaciones presentada por el
actor al Juzgado Once Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá
en el que labora, ii) el oficio dirigido por la Jueza Once Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Bogotá a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá de noviembre 1º de 2023, en el que solicita la
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal y iii) el oficio
DESAJBOADO23-1315 de 3 de noviembre de 2023, proferido por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, por medio del cual se
niega la disponibilidad presupuestal solicitada.
5. Trámite procesal
Por auto de 29 de noviembre de 2023, el despacho de la magistrada
sustanciadora admitió la acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura –Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá. Así mismo, ordenó notificar al accionante, a las autoridades
accionadas, al Juzgado Once Penal Municipal con Función de Conocimiento de
Bogotá y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros
interesados en el resultado del proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas
Nos. 141544 a 141549 de 1º de diciembre de 2023, con el fin de notificar a las
partes2.
6. Oposición
6.1. Respuesta de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá
El director de la entidad rindió respuesta en la que solicitó que se desvinculara a
esa Dirección Seccional de la presente acción constitucional, en tanto, sostuvo,
carece de legitimidad en la causa por pasiva para dar cumplimiento a lo solicitado
por la parte actora, teniendo en cuenta que es el juez nominador quien tiene la
discrecionalidad de programar los turnos de descanso, de la planta de personal
que presta sus servicios dentro del despacho judicial.
Sobre el particular, adujo que “es evidente que el Juzgado 11 Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Bogotá, ha omitido al deber de acatar y cumplir una
orden jurídica impartida por un Superior generando controversias entre la
2
La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas: abogado.dperdomo@gmail.com,
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co,
desajbtanotif@cendoj.ramajudicial.gov.co,
deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co; info@cendoj.ramajudicial.gov.co dirsecbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
j11pmcbt@cendoj.ramajudicial.gov.co
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accionante y esta Seccional, pues finalmente es esté, quien vulnera el derecho
fundamental al descanso que tiene el tutelante por norma constitucional”.
Refirió que, de acuerdo a las normas aplicables, en el caso en comento no hay
reglamentación que autorice al ordenador del gasto, esto es, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá a hacer la respectiva apropiación
presupuestal para nombrar el reemplazo durante la ausencia del empleado judicial
que disfrute de sus vacaciones individuales, como tampoco se evidencia
precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional que por vía de tutela arribe a
tal conclusión.
Para terminar, señaló que que no existe transgresión de los derechos invocados
por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, pues,
sostuvo, la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal no se
encuentra autorizado para el nombramiento del reemplazo del empleado judicial
que disfrute de sus vacaciones, pues tal requisito solo está previsto para los
funcionarios judiciales del régimen de vacaciones individuales.
6.2 Respuesta del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá
El presidente de la Corporación rindió informe en el que solicitó declarar la falta
legitimación en la causa por pasiva a su favor, por cuanto, señaló, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá no es el facultado legalmente para expedir el
certificado de disponibilidad presupuestal para el reemplazo de vacaciones de los
empleados judiciales, atribución que, señaló, le corresponde únicamente a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, quien es la
ordenadora del gasto.
6.3. Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura
El jefe del área jurídica de la entidad rindió informe en el que solicitó que se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva a su favor, en tanto, declaró,
no es viable endilgarle alguna responsabilidad toda vez que las acciones u
omisiones que atribuye el accionante como vulneradoras de sus derechos recaen
exclusivamente sobre la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Bogotá, entidad que actúa como ordenador del gasto de conformidad con los
numerales 2 y 6 del artículo 103 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, y que tiene a
cargo expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para designar los
reemplazos de los funcionarios y empleados judiciales que pretenden el disfrute
de sus vacaciones.
6.4. Respuesta del Juzgado Once Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Bogotá
La titular del despacho rindió informe en el que solicitó que se le desvincule, en
tanto, declaró, existen argumentos claros para haber expedido la resolución que
negó las vacaciones solicitadas por el secretario del despacho, relativas a la alta
carga laboral que este experimenta.
Sostuvo que, en ese sentido, se debe ordenar a la demandada que proceda a
expedir el certificado de disponibilidad presupuestal requerido.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Cuestión previa
En las contestaciones de la solicitud, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá y el Juzgado Once Penal Municipal con Función de Conocimiento de
Bogotá, solicitaron su desvinculación del presente trámite, por considerar que no
les asiste responsabilidad en la vulneración de derechos alegada por el
accionante.
En lo relativo a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el artículo 98 de
la Ley Estatutaria 270 de 1996, prevé que es “el órgano técnico y administrativo
que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama
Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones del Consejo Superior de la
Judicatura”. Por su parte, el artículo 99 ibídem prevé que el Director Ejecutivo de
Administración Judicial tiene entre sus funciones: (i) administrar los bienes y
recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por
su correcta aplicación o utilización y (ii) actuar como ordenador del gasto para el
cumplimiento de las obligaciones que correspondan.
En este sentido, para la Sala es evidente que, dadas sus funciones legales, a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial le asiste legitimación en la causa
por pasiva en la presente controversia, por lo que se denegará la solicitud de
desvinculación elevada por esta en la parte resolutiva de esta providencia.
Por su parte, la misma norma prevé que los Consejos Seccionales tienen el deber
de “ejercer la vigilancia judicial para que la justicia se administre oportuna y
eficazmente, y cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y
empleados de esta Rama”3, lo que sustenta la legitimidad que le asiste en el caso
concreto a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá
en caso de un eventual amparo, por lo que también se denegará la solicitud de
desvinculación elevada por la entidad.
Finalmente, en lo relativo al Juzgado Once Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Bogotá, la Sala aclara que, como nominador del accionante, le
asiste la responsabilidad de otorgar las vacaciones solicitadas por aquel, por lo
que ante un eventual amparo se hace necesario que concurra en la presente
acción, lo que justifica que se deniegue su solicitud de desvinculación.
3 Ley Estatutaria 270 de 1996.
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3. Planteamiento del problema jurídico
Previo al estudio de fondo, corresponde a la Sala verificar si la acción de tutela es
procedente para acceder a lo solicitado por el accionante. En caso de que la
respuesta a este interrogante sea afirmativa, corresponde a la Sala determinar si
la negativa a asignar la disponibilidad presupuestal para nombrar el reemplazo del
accionante durante el periodo de disfrute de las vacaciones que causó y solicitó,
por parte de las autoridades accionadas, vulnera sus derechos fundamentales al
trabajo, dignidad humana, igualdad y a la salud, en tanto no se le permitiría gozar
del beneficio de vacaciones a las cuales tiene derecho por ley.
4. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.”
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:
“(..) La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o, si por el contrario, existen otros medios
jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.
Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha extendido los
efectos del requisito de subsidiariedad, al considerar que el sólo hecho de que
existan otros medios de defensa judicial, no hace que automáticamente la acción
de tutela se torne improcedente, ya que bajo ciertas circunstancias el carácter
subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas excepciones. Así
lo precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU- 263 de 20154:
4
Véase al respecto: Corte Constitucional, sentencia T-656 de 2006, M.P. María Victoria Calle Correa,
sentencia T-435 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-768 de 2005 M.P. Jaime Araújo Rentería,
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“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente
idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados;
(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la
tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio
irremediable a los derechos fundamentales.
(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional
(personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia,
población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de
particular consideración por parte del juez de tutela"5.
De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido
para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las
personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser
eficaces para la defensa de sus derechos6, ya que, si bien la regla de la
subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de
la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos
casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que
a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio
irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de
amparo es la protección de los derechos fundamentales.
En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio
de defensa judicial, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e
idoneidad del otro medio, o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable,
circunstancias que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del
amparo constitucional.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. El señor Diego Fernando Perdomo Perdomo considera que la decisión de no
acceder al disfrute de un periodo de vacaciones causado entre el 25 de febrero de
2022 y el 24 de febrero de 20237, con ocasión de la negativa a asignar la
disponibilidad presupuestal para nombrar su reemplazo durante dicho periodo por
parte de Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá,
vulnera sus derechos fundamentales al trabajo, dignidad humana, igualdad y a la
salud, en tanto, afirma, no se le permitiría gozar del beneficio de las vacaciones a
las que tiene derecho por ley, lo que desconoce las decisiones proferidas por el
Tribunal Administrativo del Cauca y la Corte Constitucional.
Esta Sala, al estudiar la procedencia de la acción de tutela en estos casos, ha
señalado8 que cuando hay actos administrativos de contenido particular y concreto
de por medio, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el
que resulta idóneo, el cual contempla la posibilidad de hacer uso de la figura de la
sentencia T-651 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-1012 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
5
Corte Constitucional, sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
6
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
7
CERTIFICACION DESAJBOADO23-1234.
8
Véase la sentencia de 8 de junio de 2023, exp. 11001-03-15-000-2023-02340-00, M.P. Wilson Ramos Girón
y la sentencia de 21 de enero de 2021, rad. 11001-03-15-000-2020-05050-00, M.P. Milton Chaves García.
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suspensión provisional de los actos para evitar un posible perjuicio que llegue a
tener la característica de irremediable.
Sin embargo, pese a que en el caso existe la Resolución Nº 20 de 8 de noviembre
de 2023, mediante la cual el Juzgado Once Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Bogotá negó la solicitud de disfrute de vacaciones, la cual se
podría controvertir en sede ordinaria con fundamento en las causales de nulidad
que considere pertinentes, en el presente caso el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho no resultaría idóneo y eficaz para solicitar el
reconocimiento del derecho fundamental al descanso remunerado.
No cabe duda de que el descanso es una garantía propia del derecho al trabajo,
por lo que, impedir su disfrute con fundamento en restricciones administrativas
resultaría ser una carga desproporcionada que no debe soportar el funcionario que
cumplió con todas las condiciones para acceder al beneficio prestacional.
Por lo tanto, en el presente caso, de manera excepcional procede la acción de
tutela para efectuar el estudio de la vulneración de derechos fundamentales
invocados por la parte actora, en tanto es el mecanismo constitucional idóneo y
eficaz que permite garantizar la efectividad del derecho fundamental al descanso
remunerado.
5.2. De otra parte, el artículo 146 de la Ley Estatutaria 270 de 19969 dispone que
los servidores judiciales de los Juzgados Promiscuos de Familia pertenecen al
régimen de vacaciones individuales y que tienen derecho a un descanso
remunerado de veintidós días continuos por cada año de servicios.
Al respecto, esta Sala ha indicado que las vacaciones “tienen por objeto que el
empleado recupere las fuerzas físicas e intelectuales luego de un tiempo dedicado
a trabajar y de esa manera preserve su capacidad de trabajo. Las vacaciones,
tienen una naturaleza de derecho adquirido para quien ha cumplido con los
requisitos legales establecidos para que se causen. El empleador o nominador, es
la persona que está llamada a otorgar las vacaciones al trabajador”10.
5.3. Ahora bien, en el año 2005 la Presidencia del Consejo Superior de la
Judicatura informó a los nominadores de la Rama Judicial el procedimiento para
solicitar el nombramiento de reemplazos por vacaciones del personal titular de los
despachos judiciales. Para tal efecto, profirió las Circulares PSAC-0589 de 18 de
noviembre de 2005, cuyo asunto fue “asignación de recursos para reemplazos por
vacaciones del personal titular en los despachos judiciales, excepto los juzgados
del sistema penal acusatorio” y 044 de 12 de mayo de 2005, en la que estableció
el procedimiento para la programación de vacaciones individuales de los
servidores judiciales del Sistema Penal Acusatorio.
9
ARTÍCULO 146. VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán
colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la
Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores,
Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala
Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo
Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días
continuos por cada año de servicio.
10 Sentencia de 12 de diciembre de 2018, radicado: 08001-23-33-000-2018-00756-01, M.P. Milton Chaves
García.
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En esos actos administrativos se establecieron como condiciones alternativas para
la programación de las vacaciones las siguientes:
“Que el número total de servidores del Despacho, incluido el Juez o del Centro de
Servicios, sea menor o igual a tres, toda vez que debido al personal escaso no es
conveniente aplicar la figura del encargo para nombrar el reemplazo del juez, y/o
redistribuir las funciones del empleado que disfrutará de vacaciones, entre los
empleados restantes.
Cuando se trate de nombramientos de reemplazos por vacaciones de Jueces, cuyo
despacho tenga más de tres servidores, el Tribunal encargado de dicho
nombramiento deberá certificar que en el Despacho no existe ningún empleado
que cumpla los requisitos para ser designado en encargo como Juez, situación que
debe ser corroborada e igualmente certificada por el Director Seccional, previa
verificación de las hojas de vida correspondientes”.
Posteriormente, el 23 de noviembre de 2013, el Consejo Superior de la Judicatura
profirió la Circular PSAC11-44, en la que derogó lo establecido en las referidas
circulares “para efectos de no incluir condicionamientos para el nombramiento de
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales que se encuentran
sujetos al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de
este derecho, para lo cual deberán seguir el procedimiento que aquí se señala y
que permitirá gestionar los recursos para el nombramiento en provisionalidad de
los reemplazos, cuando haya lugar a ello”, eliminando así la restricción de la
asignación de recursos para reemplazos solo a los eventos en que se acreditara
alguna de las condiciones contenidas en las circulares precedentes.
En ésta, se indicó que los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones
individuales debían reportar la programación de vacaciones correspondientes al
siguiente año ante el Consejo Seccional de la Judicatura y la Dirección Seccional
del respectivo distrito judicial, hasta el mes de marzo de cada año y se estableció
que las designaciones en encargo son procedentes cuando las necesidades del
servicio lo exijan, por ejemplo tratándose de un juez, y “cuando no sea posible
designar en encargo a alguno de los servidores del correspondiente despacho
judicial, la respectiva Dirección Seccional deberá incluir dentro del proyecto de
presupuesto del año siguiente, la asignación de recursos que permita efectuar el
nombramiento en provisionalidad de sus reemplazos”.
Para la Sala, del contenido de la mencionada circular se observa que el propósito
del Consejo Superior de la Judicatura era eliminar los obstáculos en el disfrute de
las vacaciones individuales de los servidores judiciales, por lo que no condicionó la
asignación de presupuesto al cumplimiento de los requisitos que existían en el
pasado, imponiendo únicamente el deber al funcionario de reportar antes del mes
de marzo la programación de vacaciones para el año siguiente.
5.4. En el presente caso, no obstante lo anterior y aun cuando el accionante
cuenta con un periodo de vacaciones causado en el periodo comprendido entre el
25 de febrero de 2022 y el 24 de febrero de 2023, la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Bogotá respondió que conforme con las circulares
PSAC11-44 de 2013 y PSAC 05-89 de 2005, proferidas por el Consejo Superior
de la Judicatura, “para Despachos de más de tres funcionarios, incluido el juez, no
se expedirán certificados de disponibilidad presupuestal”.
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Demandante: DIEGO FERNANDO PERDOMO PERDOMO
Como se anotó, la Circular PSAC11-44 de 2013 tuvo como propósito eliminar los
condicionamientos para el nombramiento de reemplazos en provisionalidad de los
funcionarios judiciales, a lo que se agrega que, como ha indicado esta Sala en
oportunidades anteriores11, “la omisión de establecer un procedimiento para
garantizar los rubros de los reemplazos de los empleados judiciales no puede
servir de fundamento para desconocer el derecho al descanso de estos”.
En este sentido, contrario a lo afirmado por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, en el caso la falta de asignación de recursos
para nombrar el reemplazo del accionante desconoce el derecho fundamental al
descanso remunerado y el trabajo en condiciones dignas, en tanto, en la práctica,
implica el aplazamiento indefinido de sus vacaciones ya causadas, con la excusa
de no entorpecer el funcionamiento normal del Juzgado Once Penal Municipal con
Funciones de Conocimiento de Bogotá, situación que, a juicio de la Sala, no es
más que un obstáculo o barrera administrativa de los que se previó evitar con la
expedición de la última circular.
Como se anunció, de conformidad con el artículo 98 de la Ley Estatutaria 270 de
1996, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial le corresponde
administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama
Judicial y actuar como ordenador del gasto, y a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá le corresponde cuidar del normal desempeño de
las labores de funcionarios y empleados de esta Rama, lo que justifica que sea a
estas autoridades a las que se dirijan las órdenes del amparo.
Esta Sala, en un caso de connotaciones fácticas similares manifestó que “asuntos
de índole administrativa no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del
periodo vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores, aún más si se
tiene en cuenta que el descanso constituye un derecho fundamental derivado del
derecho al trabajo en condiciones dignas. Impedir el derecho al descanso con
base en restricciones administrativas no es una carga que deban soportar las
actoras, puesto que las vacaciones constituyen una garantía fundamental que
tienen todos los empleados, por lo que no puede ser transgredida ni en función del
servicio ni por cuestiones de índole presupuestal12”, por lo que la Sala amparará
los derechos fundamentales invocados por el accionante.
Por lo demás, la Sala precisa que la Corte Constitucional en reciente sentencia
SU-296 de 2 de agosto de 202313, amparó el derecho fundamental al descanso
individual de empleados y funcionarios judiciales a quienes sus nominadores les
negaron la concesión de las vacaciones a las cuales tenían derecho. Del
comunicado de esa decisión se extraen como razones relevantes, las siguientes:
“(…) En tercer lugar, al ocuparse de los casos concretos, la Sala tuvo en cuenta
que la situación administrativa a la cual se enfrentan los diferentes nominadores
como directores de los despachos judiciales es compleja y refleja que su negativa
a conceder las vacaciones a los actores no es necesariamente caprichosa e
injustificada, como lo sostuvieron las diferentes Dirección Ejecutiva Seccional de
11
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 28 de junio de 2022, radicación 18001-23-33-000-2022-
00066-01, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello y sentencia de 12 de diciembre de 2018, radicado: 08001-23-
33-000-2018- 00756-01. M.P. Milton Chaves García.
12
Rad. 2020-00143-00 C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13
Información contenida en el Comunicado No. 25 de 2 y 3 de agosto de 2023 de la Corte Constitucional.
10
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Administración Judicial. Para arribar a esta conclusión, tuvo en cuenta que, ante la
negativa de las Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial a realizar
determinadas actuaciones administrativas y financieras, el nominador se encuentra
compelido a elegir entre garantizar el adecuado funcionamiento del despacho a su
cargo y la satisfacción de los derechos laborales de los empleados que lo
conforman.
Esto, porque los despachos judiciales cuyo régimen de vacaciones es individual
tienen una característica en común que se refiere a la urgencia, importancia y
volumen de los asuntos que deben tramitar de forma ininterrumpida, lo cual
implica, además, la necesidad de garantizar la evacuación expedita de los trámites
a su cargo. Además, se trata de despachos que se encuentran altamente
congestionados y, sumado a ello, ven intensificada su carga laboral con ocasión
del periodo vacacional colectivo de los demás despachos de la Rama Judicial,
pues los juzgados cuyo régimen de vacaciones es individual asumen también la
carga laboral en asuntos de tutela cuando los demás despachos se encuentran en
receso por la vacancia judicial.
Aunque la Circular PSAC11-44 del Consejo Superior de la Judicatura no regula el
trámite para la concesión de vacaciones individuales a los empleados judiciales, la
Sala destacó que esto no significa que aquellos no tengan derecho a que se
programen sus vacaciones o a ser eventualmente remplazados durante el periodo
en el cual disfrutan de dicha prestación, pues ni la referida circular reglamenta el
asunto ni lo prohíbe, como parecieran entenderlo la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial en sus respuestas durante los diferentes trámites de
tutela.
Al proseguir su análisis, la Sala destacó que el tiempo durante el cual el empleado
se encuentra de vacaciones debe ser usado exclusivamente para que este
descanse, recupere sus energías y, en general, para su propia realización personal
y familiar a través de la disposición autónoma de su tiempo libre, lo cual se
encuentra estrechamente relacionado con la garantía de la dignidad humana.
De esta manera, la garantía del derecho al descanso no solo implica que se
observe su dimensión temporal sino que responde a aspectos sustanciales como la
calidad del descanso, el bienestar físico y mental del trabajador, así como su
autonomía en la gestión del tiempo libre. Por ello, el derecho fundamental al
descanso se vería afectado si durante este periodo se le siguen asignando al
trabajador tareas o se le mantiene en incertidumbre respecto de la acumulación de
las mismas al momento de su reincorporación, lo cual tiene la capacidad de
repercutir, sin duda, en su salud física y mental, así como en su bienestar general.
Con fundamento en el análisis desarrollado, la Sala también encontró que la
actuación de las accionadas no solo impacta en el derecho fundamental al
descanso de los actores, sino que podría tener incidencia en la garantía de otros
derechos como la salud física y mental, así como en la dignidad humana de los
funcionarios y empleados judiciales a quienes se les ha impedido acceder a las
vacaciones en igualdad de condiciones debido a la imposición de barreras
administrativas. Además, insistió en que esta situación también puede incidir en el
adecuado funcionamiento de la administración de justicia, porque la vulneración de
los derechos de los actores impacta en la cantidad de trabajo a su cargo, la
eficiencia de sus labores y, según lo informado la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, ha repercutido en el aumento de la litigiosidad en materia
de tutela para obtener la garantía de este derecho, por lo cual es posible señalar
que se trata de una situación estructural”.
En dicha decisión, la Corte Constitucional también ordenó al Consejo Superior de
la Judicatura que, en un plazo que no excediera los seis meses contados a partir
de la notificación de esa providencia, y previa consulta y o participación de los
11
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jueces, adoptara la reglamentación necesaria para garantizar la efectividad del
derecho a las vacaciones que se disfrutan en forma individual en la Rama Judicial
y, a partir de la debida planeación, se prevenga la aplicación de razones de orden
presupuestal, logístico o administrativo como barreras para el disfrute de dicho
derecho.
Conviene precisar que esta Sala14 ha sido del criterio de que el plazo razonable
para adelantar las gestiones administrativas y presupuestales en los casos de
amparo del derecho fundamental al descanso remunerado es de 30 días. No
obstante, dado que sobre la controversia ya existe un criterio jurisprudencial
unificado, la Sala modificó15 dicho plazo a cinco (5) días hábiles, término que se
observa suficiente para realizar las gestiones pertinentes para garantizar la
efectividad del derecho a las vacaciones del accionante.
Por las razones expuestas, la Sala accederá a la protección constitucional
reclamada por el accionante y amparará los derechos fundamentales al trabajo en
condiciones dignas, al descanso y a la salud del señor Diego Fernando Perdomo.
En consecuencia, se ordenará a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Dirección y a la Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá que, de
acuerdo con sus competencias y de manera coordinada, en el término de cinco (5)
días contados a partir de la notificación de la presente providencia, adelanten las
gestiones administrativas y presupuestales que correspondan para que el Juzgado
Once Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá designe su
reemplazo, para que materialice el derecho al disfrute del descanso remunerado.
Una vez estén disponibles los recursos presupuestales para el nombramiento del
reemplazo del señor Perdomo Perdomo, el Juzgado Once Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Bogotá, dentro de los cinco (5) días siguientes,
garantizará el disfrute de las vacaciones causadas durante el periodo en el que se
otorguen.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- NIÉGANSE las solicitudes de desvinculación formuladas por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá y el Juzgado Once Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Bogotá.
Segundo.- AMPÁRANSE los derechos fundamentales al trabajo en condiciones
dignas, al descanso y a la salud del señor Diego Fernando Perdomo Perdomo,
quien actúa en nombre propio. En consecuencia,
14
Procesos 11001-03-15-000-2021-04086-00(AC) y 11001-03-15-000-2021-03365-01.
15
Rad. 2023-04195-00, C.P Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Tercero.- ORDÉNASE a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, que de
acuerdo con sus competencias y de manera coordinada, en el término de cinco (5)
días contados a partir de la notificación de la presente providencia, adelanten las
gestiones administrativas y presupuestales que correspondan para que el Juzgado
Once Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá designe su
reemplazo, para que materialice el derecho al disfrute del descanso remunerado.
Una vez estén disponibles los recursos presupuestales para el nombramiento del
reemplazo del señor Diego Fernando Perdomo Perdomo, el Juzgado Once Penal
Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, dentro de los cinco (5) días
siguientes, garantizará el disfrute de las vacaciones causadas durante el periodo
en el que se otorguen.
Cuarto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
13
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