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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07128-01

Fecha
13 de junio de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07128-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07128-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

13 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-07128-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: PABLO ALEJANDRO ZÚÑIGA RECALDE

TESIS: SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA. LOS REPROCHES DEL
ACTOR CONSTITUYEN EL OBJETO DE UN PROCESO ORDINARIO EN
CURSO. LA VIRTUD DE CELERIDAD DE LA SOLICITUD DE AMPARO
NO ES RAZÓN PARA DESCONOCER LA EXISTENCIA DEL LITIGIO EN
TRÁMITE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A
CARGOS PÚBLICOS.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 1o. de marzo de 2024, proferida en primera instancia

por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE

ESTADO1 que declaró improcedente la acción de tutela de la

referencia.

1
En adelante la SECCIÓN TERCERA.

2

Número único de radicación: 110010315000-2023-07128-01
Actor: Pablo Alejandro Zúñiga Recalde

I.– ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor PABLO ALEJANDRO ZÚÑIGA RECALDE, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a cargos

públicos, los cuales estima vulnerados por el CONSEJO SUPERIOR

DE LA JUDICATURA -UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE

CARRERA JUDICIAL2- y la UNIVERSIDAD NACIONAL3, con

ocasión de la expedición de las resoluciones CJR22-0351 de 1o. de

septiembre de 2022 y CJR23-0042 de 16 de enero de 2023, en las

que se determinó que no aprobó el examen de conocimiento de la

convocatoria 27.

I.2.- Hechos

Indicó que se inscribió como aspirante al cargo de Juez Promiscuo

Municipal en la convocatoria 27 para provisión de cargos de la Rama

2
En adelante la UNIDAD DE CARRERA.
3
En adelante la UNIVERSIDAD.

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3

Número único de radicación: 110010315000-2023-07128-01
Actor: Pablo Alejandro Zúñiga Recalde

Judicial, que se abrió mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de

agosto de 2018, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura.

Manifestó que mediante la Resolución CJR22-0351 del 1o. de

septiembre de 2022 la Unidad de Carrera determinó que no aprobó

el examen, al asignarle un puntaje de 798.22.

Agregó que interpuso el recurso de reposición respectivo, porque, en

su sentir, existían preguntas con varias respuestas correctas; no

obstante, mediante Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023

la UNIDAD DE CARRERA confirmó el acto recurrido.

Precisó que, a su juicio, no se resolvió de fondo su recurso de

reposición, razón por la que presentó acción de tutela contra la

UNIDAD DE CARRERA4, la cual fue resuelta en primera y segunda

instancia por las SECCIONES PRIMERA y TERCERA DEL CONSEJO

DE ESTADO que, mediante sentencias de 23 de febrero y 24 de abril

de 2023, respectivamente, denegaron sus pretensiones.

Comentó que, agotado el trámite prejudicial respectivo, el 31 de julio

4
Número único de radicación 11001-03-15-000-2023-00316-00.

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4

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Actor: Pablo Alejandro Zúñiga Recalde

de 2023 promovió un medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho, el cual fue identificado con el número único de

radicación 190012333000-2023-00151-00 y atribuido para su

trámite en primera instancia al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL

CAUCA5.

Explicó que en el medio de control aludido solicitó medidas

cautelares, no obstante, dado el volumen de trabajo las mismas no

han sido resueltas.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que “[…] presenta esta acción de tutela en la fecha, porque

es el tiempo máximo prudente que puedo esperar, porque por lo

menos si existe certeza que este fallo se emita a los 10 días de

presentada y antes del 03 de diciembre de 2023, que se tiene

previsto iniciar en forma el curso de formación judicial “CURSO

CONCURSO” […]”.

Adujo que los mecanismos ordinarios no han sido efectivos para la

5
En adelante el TRIBUNAL.

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protección de sus derechos fundamentales, por lo que se le estaría

causando un perjuicio irremediable al “[…] impedir que apruebe la

fase I y subsiguientes de la Convocatoria 27, a espera que la justicia

ordinaria resuelva la solicitud, la que hoy por hoy únicamente se

puede superar con la acción de tutela […]”.

Señaló que la pregunta no. 63 de la prueba de conocimiento contenía

múltiples respuestas correctas, porque señalaba que la confesión es

inadmisible cuando “[…] recaiga sobre hechos respecto de los cuales

el cuerpo legal exija otro medio de prueba […]”, respuesta que eligió,

y cuando “[…] verse sobre hechos que produzcan consecuencias

favorables al confesante o adversos a la parte contraria […]”,

respuesta correcta según las autoridades accionadas.

Afirmó que con ocasión a la fórmula de calificación para el cargo de

los jueces promiscuos municipales aplicada por las autoridades

judiciales accionadas, con esa sola pregunta que le fuera calificada

válida, pasaría de 798.22 a 803.08 puntos, por lo que aprobaría el

examen y podría acceder al curso de formación.

Aseveró que “[…] es muy eficiente, razonable, proporcional y

adecuado que la acción de tutela prospere, pues de hecho su decreto

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beneficia a las dos partes, al demandante le permite continuar en el

concurso y en la convocatoria (sin materias pendientes y

avanzando), y ante una muy segura y notable sentencia estimatoria,

la demandada no tendrá que recontratar profesores, arrendar

instalaciones educativas para el curso de formación judicial, menos

que lo haga para una sola persona […]”.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR QUE SON FALSOS LOS MOTIVOS
que la NACION -RAMA JUDICIAL- (CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA- UNIDAD DE ADMINISTRACION DE CARRERA
JUDICIAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL, expuso para indicar que:
“(…) para el cargo de Juez Promiscuo Municipal, NO hay preguntas
con varias opciones de respuesta o también denominadas
multiclave” y que “La opción B <de la pregunta 63> no resuelve de
manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque este es uno de los requisitos de la CONFESIÓN
establecido en el C.G.P., Art. 191 Núm. 3”, motivos únicamente
respecto de la opción B de la pregunta No. 63 de la pregunta de
prueba de confesión, vertidos en la Resolución N° CJR23-0042 de
16 de enero de 2023 (y su anexo 2), que resolvió el recurso de
reposición interpuesto por el demandante, en contra de la
Resolución No. CJR22-0351 de 01 de septiembre de 2022, por ser
contrarios al numeral 3º del artículo 191 de la Ley 1564 de 2012 o
Código General del proceso.

SEGUNDO: Consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS o
DECLARAR la NULIDAD parcial de la Resolución N° CJR23-0042

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de 16 de enero de 2023 (Anexo 2), que resolvió el recurso de
reposición interpuesto por el demandante, en contra de la
Resolución No. CJR22-0351 de 01 de septiembre de 2022, en lo
que únicamente respecta a la falsa motivación de los argumentos
que se emitieron para haber descartado como correcta, la opción
B de la pregunta No. 63 del examen de la Convocatoria No. 27, por
vulnerar el numeral 3º del artículo 191 de la Ley 1564 de 2012 o
Código General del proceso y únicamente por cuenta de los reparos
presentados al respecto, mediante recurso de reposición del 20 de
septiembre de 2022, ampliados el 11 de noviembre de 2022, por
el demandante PABLO ALEJANDRO ZUÑIGA RECALDE.

TERCERO: DECLARAR que la opción B de la pregunta No. 63 de
la Convocatoria No. 27, así como se dijo del literal C, es una “opción
(…) diametralmente opuesta a la consagrada en el Art. 191
Núm. <3o> del C.G.P.”, entre tanto, no es requisito de la confesión
que “Recaiga sobre hechos respecto de los cuales el cuerpo legal
exija otro medio de prueba” porque el numeral 3º del artículo 191
del CGP, dice por el contrario, que es requisito de la confesión que
“Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley NO exija
otro medio de prueba”.

CUARTO: DECLARAR que la opción B de respuesta a la pregunta
No. 63 de la Convocatoria No. 27, seleccionada por el demandante
PABLO ALEJANDRO ZUÑIGA RECALDE, es correcta y que el acierto
de la pregunta No. 63, sea sumado al componente de pruebas de
conocimiento generales del señor PABLO ALEJANDRO ZUÑIGA
RECALDE, conforme al Acuerdo PCSJA18-11077 de agosto 16 del
2018.

QUINTO. Consecuencia de lo anterior, ORDENAR el
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO AL “ACCESO A CARGOS
PÚBLICOS (CARRERA JUDICIAL - CONCURSO DE MÉRITOS)
Y DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, del señor PABLO
ALEJANDRO ZUÑIGA, disponiendo que el resultado de la prueba
de aptitudes y de conocimientos del señor PABLO ALEJANDRO
ZUÑIGA RECALDE, en el examen realizado el 24 de julio de 2022
de la Convocatoria No. 27 Acuerdo PCSJA18-11077 de agosto 16
del 2018, “diseñado para proveer de manera definitiva, los cargos
vacantes de Jueces y Magistrados en todo el territorio nacional”, es
de 803.08 “APROBADO FASE I” para el cargo de JUECES

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PROMISCUOS MUNICIPALES, según la fórmula aplicada.

SEXTO: DISPONER que el señor PABLO ALEJANDRO ZUÑIGA
RECALDE, continúe con las demás fases del previstas en el Acuerdo
PCSJA18-11077 de agosto 16 del 2018 dentro del proceso de la
Convocatoria No. 27.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

ORDENAR a la NACION -RAMA JUDICIAL- (CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA- UNIDAD DE ADMINISTRACION DE CARRERA
JUDICIAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL, que de manera
provisional y hasta tanto el señor magistrado Dr. MARINO CORAL
ARGOTY del TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL CAUCA, decide sobre la admisión de la demanda y las cautelas
presentadas en la radicación No. 1900123330002023-0015100, la
accionada proceda a emitir acto administrativo que permita para el
accionante, el estudio de la FASE II “de estudios de requisitos
mínimos para el cargo de juez promiscuo municipal” y superado
ello, permitirle agotar la FASE III “de la inscripción del CURSO DE
FORMACION JUDICIAL” y la demás fases siguientes, hasta tanto se
dicte la sentencia en el proceso con esa radicación No.
1900123330002023-0015100, a efectos de evitar la configuración
de un perjuicio irremediable […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL señaló que carece de

legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que, en su sentir, la

inconformidad del actor gira en torno a la admisión de la demanda

de nulidad y restablecimiento del derecho y el pronunciamiento sobre

las medidas cautelares.

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Indicó que los reproches del actor en cuanto a la legalidad del acto

administrativo o la suspensión provisional de sus efectos debe ser

tramitada exclusivamente por el juez administrativo, de modo que la

tutela no satisface el requisito de subsidiariedad.

Agregó que tampoco se cumple el requisito de inmediatez, pues la

tutela se presentó más de diez meses después de la expedición de

los actos reprochados y no se acreditó motivo alguno que justifique

ese retardo.

I.5.2.- El TRIBUNAL, vinculado en calidad de tercero con interés

directo en las resultas del proceso, a través del magistrado al que

inicialmente fue asignado el medio de control aludido por el actor,

indicó que, mediante auto de 12 de diciembre de 2023, se declaró

impedido comoquiera que también es participante en la convocatoria

27.

I.5.3.- El TRIBUNAL, vinculado en calidad de tercero con interés

directo en las resultas del proceso, a través del magistrado que

conoció del impedimento manifestado por el titular del despacho

inicial, indicó que a través de auto de 26 de enero de 2024, declaró

fundada la manifestación de impedimento de aquel.

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II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA de esta Corporación, mediante sentencia de

1o. de marzo de 2024, determinó que la presente acción de tutela es

improcedente, comoquiera que el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, en el cual el actor impugna los actos

administrativos que condujeron a su exclusión del concurso, se

encuentra actualmente en trámite.

Señaló que revisado el sistema de consulta SAMAI advertía que el 31

de enero de 2024 la totalidad de los magistrados del TRIBUNAL

manifestaron impedimento para conocer del proceso y el 19 de

febrero siguiente el expediente se envió al Consejo de Estado para

su correspondiente trámite.

Indicó que el pronunciamiento del juez de tutela sobre las medidas

transitorias solicitadas configuraría un desplazamiento del juez

natural de la causa y emitiría un prejuzgamiento sobre asuntos que

le competen a este, de modo que la solicitud de amparo es

improcedente.

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III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la providencia en primera instancia reiterando los

argumentos plasmados en el escrito introductorio.

Además, expuso que el a quo no tuvo en cuenta la mora en la que

ha incurrido el TRIBUNAL, al no haber calificado aún la demanda,

“[…] lo que se agrava aún más con el impedimento de todos los

magistrados del TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DEL CAUCA y su remisión al CONSEJO DE ESTADO, mas, si el curso

de formación judicial “Curso Concurso” inició en el mes de diciembre

de 2023, después de presentada esta tutela […]”.

Expuso que el medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho “[…] no ha sido idóneo y suficiente, porque con ocasión a la

alta carga laboral que tiene los despachos de magistrado del

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, no

se ha emitido providencia que califique la demanda y resuelva sobre

la medida cautelar anticipativa y hasta el momento está pendiente

que el CONSEJO DE ESTADO califique el impedimento de todos los

señores magistrados en el Cauca […]”.

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Adujo que “[…] la tutela no obedece a un mero capricho del actor o

argumentos desmesurados o subjetivos, de manera objetiva y sin

mayor esfuerzo, se dijo que la pregunta No. 63, sus respuestas

correctas son la opción B (marcada por el actor) y C (indicada por la

accionada es la correcta) […]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

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Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19916. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Cuestión previa

La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema

jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para

efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como

el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que la UNIDAD DE CARRERA solicitó que se

declare su falta de legitimación en la causa por pasiva.

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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la

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violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

En el presente caso, independiente de la prosperidad o no de la

solicitud de amparo, comoquiera que la acción de tutela y sus

pretensiones están dirigidas contra la UNIDAD DE CARRERA es

claro que debía ser notificada de la existencia del asunto, en

consecuencia, se denegará su solicitud de desvinculación, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Caso concreto

El actor instauró la acción de tutela con el fin de obtener el amparo

de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a

cargos públicos, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por las

autoridades judiciales accionadas, al expedir las resoluciones CJR22-

0351 de 1o. de septiembre de 2022 y CJR23-0042 de 16 de enero

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de 2023, dentro del concurso de méritos adelantado en la

Convocatoria núm. 27.

A través de las referidas decisiones se asignó el puntaje de las

pruebas de aptitudes y conocimientos al actor y se resolvió el recurso

de reposición que formuló frente a dicha decisión.

El actor pretende que a través de la presente acción de tutela se

resuelva sobre la legalidad de las resoluciones aludidas, dado que,

en su sentir, la pregunta número 63 del examen tiene doble

respuesta correcta, una de las cuales seleccionó y con la cual sería

suficiente para tener por aprobada la prueba y así poder hacer el

curso de formación respectivo.

El actor puso de presente que en el mes de julio de 2023 promovió

el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no

obstante, a la fecha el TRIBUNAL no se ha pronunciado sobre su

medida cautelar, comoquiera que está en trámite la decisión sobre

los impedimentos manifestados por los magistrados de esa

corporación.

Por lo anterior, el actor estima que es necesario que a través de la

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acción de tutela se dirima la controversia que propone, comoquiera

que el proceso ordinario no es eficaz ante la urgencia que requiere.

Durante la primera instancia, la SECCIÓN TERCERA de esta

Corporación declaró la improcedencia de la acción de tutela. Esta

determinación se basó en el hecho de que el proceso ordinario, en el

cual el actor impugna la legalidad de los actos administrativos que

llevaron a su exclusión del concurso de méritos objeto de

controversia, se encuentra en trámite.

En su impugnación el actor insistió en la necesidad de que se estudie

el fondo del asunto, comoquiera que la demora en la resolución del

proceso ordinario demuestra su ineficacia, en relación con la urgencia

que se requiere, para poder hacer el curso de formación judicial en

el marco de la convocatoria 27.

Por lo anterior, la Sala debe establecer si hay lugar a confirmar,

modificar o revocar la sentencia proferida en primera instancia, para

lo cual, en primer lugar, debe estudiar si la solicitud de amparo

cumple con el requisito de subsidiariedad y, de ser así, en segundo

lugar, determinar si al proferir los actos cuestionados la UNIDAD DE

CARRERA vulneró los derechos fundamentales del actor al debido

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proceso y al acceso a la administración de justicia, al no tener como

válida la respuesta que dio a la pregunta 63 del examen de

conocimientos.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 prevé como causal de

improcedencia que «existan otros recursos o medios de defensa

judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia

de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,

atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante»

(Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

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Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»7 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

En relación con la Convocatoria núm. 27 y la procedencia de la acción

de tutela para cuestionar sus actos administrativos, en la sentencia

SU 067 de 24 de febrero de 2022, la Corte Constitucional precisó:

“[…] esta corporación ha manifestado que la acción de
tutela no es, en principio, el medio adecuado para

7 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor
Jorge Iván Palacio Palacio.

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reclamar la protección de los derechos fundamentales
cuando estos resultan infringidos por la expedición de un
acto administrativo. Dicha postura ha dado lugar a una
línea jurisprudencial pacífica y reiterada[52]. Su
fundamento se encuentra en el hecho de que el legislador
ha dispuesto los medios de control de la Ley 1437 de 2011
como los instrumentos procesales para demandar el
control judicial de los actos administrativos[53].

94. Según este diseño normativo, el proceso judicial que se
surte ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es el
escenario natural para la reivindicación de los derechos
fundamentales conculcados en este contexto. Allí, los
interesados pueden reclamar no solo el control de legalidad
correspondiente, sino, además, el restablecimiento de los
derechos fundamentales que hayan sido vulnerados. Las
medidas cautelares que ofrece la Ley 1437 de 2011, las cuales
permitirían prevenir la consumación de un daño definitivo
mientras se surte la causa judicial, corroboran la idoneidad de
los aludidos medios de control en este campo.

95. Esta regla general ha sido igualmente acogida en el ámbito
de los concursos de méritos. Al respecto, esta corporación ha
manifestado que el juez de lo contencioso administrativo es la
autoridad llamada a juzgar las violaciones de los derechos
fundamentales que ocurran en este tipo de actuaciones
administrativas. Al respecto, ha manifestado que «por regla
general, […] es improcedente la acción de tutela que pretenda
controvertir los actos proferidos por las autoridades
administrativas que se expidan con ocasión de un concurso de
méritos, pues para ello se han previsto otros instrumentos
judiciales como lo dispone el artículo 104 de la Ley 1437 de
2011»[54]. La posibilidad de emplear las medidas cautelares,
«que pueden ser de naturaleza preventiva, conservativa,
anticipativa o de suspensión»[55], demuestra que tales acciones
«constituyen verdaderos mecanismos de protección, ante los
efectos adversos de los actos administrativos»[56].

96. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha
instaurado tres excepciones a la regla general de
improcedencia de la acción de tutela, en el campo
específico de los concursos de mérito[57]. Los actos
administrativos que se dicten en el curso de estas
actuaciones administrativas podrán ser demandados por
esta vía cuando se presente alguno de los siguientes
supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial que
permita demandar la protección del derecho fundamental

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infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable
y iii) planteamiento de un problema constitucional que
desborde el marco de competencias del juez
administrativo. A continuación, se explican estas
hipótesis.

97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita
demandar la protección del derecho fundamental infringido. La
primera excepción se basa en el reconocimiento de la existencia
de ciertos actos que, de conformidad con las reglas del derecho
administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial. En
estos casos, la solicitud de amparo resulta procedente por
cuanto «la persona afectada no tiene mecanismo distinto de la
acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos
porque no está legitimada para impugnar los actos
administrativos que los vulneran»[58]. Habida cuenta de esta
circunstancia, la acción de tutela actúa «como mecanismo
definitivo, cuando se controvierten actos de trámite o de
ejecución que vulneren derechos fundamentales, comoquiera
que tales decisiones no son susceptibles de discusión
jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo»[59].

98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio
irremediable. La segunda excepción a la regla general de
improcedencia de la acción de tutela contra estos actos
administrativos se funda en la necesidad de evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable[60]. Este supuesto de
hecho se presenta cuando «por las circunstancias excepcionales
del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la
orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados
los derechos fundamentales de la persona que interpone la
acción»[61].

99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde
el marco de competencias del juez administrativo. Finalmente,
la tercera salvedad reconocida por la jurisprudencia
constitucional se basa en la especial índole que presentan ciertos
problemas jurídicos. De conformidad con el criterio expresado
en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas
demandas plantean controversias que desbordan el ámbito de
acción del juez de lo contencioso administrativo. En tales casos,
«las pretensiones del accionante no se dirigen a determinar la
legalidad de los actos administrativos expedidos en desarrollo de
la convocatoria, pretensión para la cual puede acudir a los
medios de control de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación
de estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos

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fundamentales»[62].

100. Las acciones sometidas a revisión se encuadran en el
supuesto de ausencia de medios de control. Las acciones de
tutela interpuestas por los demandantes se enmarcan en el
primer supuesto de hecho. Esto es así dado que la Resolución
CJR20-0202 es un acto administrativo de trámite, motivo por el
cual no puede ser sometido al escrutinio de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Así lo confirma la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, la cual reconoce
que los medios de control de la Ley 1437 de 2011 no pueden ser
empleados en el caso particular de los actos de trámite. En todo
caso, según se explica a continuación, el hecho de que no sea
posible demandar por esta vía tales actos administrativos en
modo alguno implica que la acción de tutela pueda utilizarse en
todos los casos para demandar tales determinaciones de la
Administración. Así pues, a continuación se expone la aludida
postura de estos tribunales al respecto, y se analizan los
requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela
contra actos de trámite.

[…]

109. Supuestos específicos de procedencia de la acción de
tutela contra actos administrativos de trámite expedidos
en el marco de los concursos de méritos. Con fundamento
en las razones expuestas hasta este punto, la Sala Plena
de esta corporación ha propuesto los siguientes
requisitos, que permiten evaluar la procedibilidad
específica de la acción de tutela contra estos actos en
particular: «i) que la actuación administrativa de la cual
hace parte el acto no haya concluido; ii) que el acto
acusado defina una situación especial y sustancial que se
proyecte en la decisión final; y iii) que ocasione la
vulneración o amenaza real de un derecho constitucional
fundamental»[76]. A continuación, se procede a analizar
la procedibilidad de las acciones interpuestas en los
procesos bajo revisión, a la luz de estas exigencias.

110. Las acciones de tutela interpuestas en los procesos T-
8.252.659, T-8.258.202, T-8.374.927 satisfacen los requisitos
específicos de procedibilidad para el caso de actos de trámite.
La Sala Plena juzga que las acciones de tutela presentadas por
Diego Mauricio Higuera Jiménez, Pedro Alirio Quintero Sandoval
y Jorge Hernán Pulido Cardona satisfacen los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional sobre este

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asunto específico. En primer lugar, la actuación administrativa
que tuvo inicio con la expedición del Acuerdo PCSJA18-11077 se
encuentra en curso; en cumplimiento de lo decidido en la
Resolución CJR20-0202, aquella fue retrotraída a la citación para
la práctica de la prueba de conocimientos y aptitudes. Por
consiguiente, la actuación se encuentra en la primera fase de la
primera etapa, de acuerdo con el procedimiento establecido en
el acto de convocatoria.

111. En segundo término, la Resolución CJR20-0202 «defin[e]
una situación especial y sustancial que se proyect[a] en la
decisión final»[77]. Si bien el acto administrativo que da a conocer
los resultados de la prueba de conocimientos y aptitudes es un
acto de trámite, es evidente que contiene una decisión de
indiscutible relevancia para el desarrollo de la convocatoria.
Antes de ahondar en este asunto, la Sala Plena encuentra
oportuno hacer hincapié en la naturaleza jurídica de la
Resolución CJR20-0202 como acto administrativo de trámite: la
manifestación de voluntad del Consejo Superior de la Judicatura
que se encuentra contenida en la resolución no trae como
consecuencia la finalización o la obstaculización del avance de la
actuación administrativa que se encuentra en curso. Por el
contrario, aquella pretende enmendar las irregularidades que se
han presentado en la estructuración y evaluación de la prueba
de conocimientos y aptitudes. De ahí que, en estricto rigor, dicho
acto administrativo sea de trámite, y no un acto administrativo
definitivo […]”.

Conforme con la sentencia de unificación en cita, la acción de tutela

es improcedente para reclamar la protección de derechos

fundamentales, cuando la vulneración se indilga respecto de un acto

administrativo, excepto si no existe otro mecanismo judicial que

permita demandar la protección de la garantía fundamental

infringida; se vislumbre la configuración de un perjuicio irremediable

o se trate de un asunto cuyo problema constitucional desborde el

marco de competencias del juez administrativo.

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Precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente acción de

tutela es improcedente por la existencia de otro medio de

defensa judicial, comoquiera que las inconformidades planteadas

en este trámite constitucional son el objeto del debate que se surtirá

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 190012233000-2023-

00151-00, el cual está en trámite.

Aunado a lo anterior, con el fin de analizar si en el presente caso se

configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga

procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala

se remite a lo dispuesto por la Corte Constitucional 8 que, frente al

tema, ha sostenido lo siguiente:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha
precisado que éste debe reunir las siguientes características:
“debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un
considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos
que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del
daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona
(moral o material), pero que sea susceptible de determinación
jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como
respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por

8
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto
es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable […]”.

De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la

existencia de un perjuicio irremediable en el presente asunto, dado

que el actor justificó la configuración de este por la imposibilidad de

participar en el curso de formación judicial, situación que no supone

un detrimento a un bien altamente significativo que sea irreparable,

dado que, por una parte, conforme con el cronograma publicado en

el micrositio de la convocatoria 279, la primera parte del curso fue

desarrollada entre el 3 de diciembre de 2023 y el 27 de abril de 2024

y, por otra, lo cierto es que si en el proceso ordinario aquel llega a

desvirtuar la legalidad de las actuaciones que reprocha, el juez

natural adoptará las medidas de restablecimiento que corresponda

conforme las pretensiones que haya formulado.

Además, la urgencia que el actor pregona para que se defina sus

reproches, derivada del tiempo que tardaría en resolverse el proceso

ordinario, no constituye una justificación para entrar a estudiar el

9
Ver.
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/132711201/COMUNICADO%2BABRIL%2B24%
2BIX%2BCURSO%2B1.pdf/c1530013-bff8-51f8-98fe-51e0f8187855 (Consultado en la fecha)

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fondo del asunto.

Aceptar la procedencia de la acción de tutela por la virtud de

celeridad que tiene frente a los trámites ordinarios, implicaría

atribuirle un carácter que desnaturalizaría su objeto, para convertirla

en el mecanismo principal para dirimir cualquier litigio, pues

finalmente a cualquiera de estos podría darse mérito de requerir

decisiones expeditas.

Ahora bien, la Sala encuentra que era dable que la SECCIÓN

TERCERA no ahondara en una discusión sobre una mora judicial

injustificada por parte del TRIBUNAL, porque las pretensiones y

argumentos del escrito introductorio no están formuladas en tal

sentido, además teniendo en cuenta que lo cierto es que conforme

con el sistema de consulta SAMAI, el proceso ordinario ha tenido

movimientos y se encuentra en el Consejo de Estado para resolver

los impedimentos manifestados por los magistrados de aquella

corporación.

Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la sentencia

impugnada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

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Actor: Pablo Alejandro Zúñiga Recalde

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva formulada por la UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

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y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de junio de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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