Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07138-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07138-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-07138-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
25 de enero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2023-07138-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: E.S.E. HOSPITAL GONZALO CONTRERAS
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR NO CUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE INMEDIATEZ.
TRANSCURRIERON MÁS DE 6 MESES ENTRE LA FECHA EN QUE LA
ACTORA DICE HABERSE ENTERADO DE LA IRREGULARIDAD
PROCESAL QUE CUESTIONA Y LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN
DE TUTELA.
DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la solicitud de tutela presentada por la
actora contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA.
I. – ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
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Número único de radicación: 110010315000 2023 07138 00
Actora: E.S.E. HOSPITAL GONZALO CONTRERAS
La E.S.E. HOSPITAL GONZALO CONTRERAS1, actuando a través
de apoderado, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su
derecho fundamental al debido proceso, el cual, a su juicio, le fue
vulnerado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA por la indebida notificación de la sentencia de 29 de mayo
de 2020, proferida dentro de la acción de reparación directa
identificada con el número único de radicación 760012331000 2011
00294 00.
I.2.- Hechos
Manifestó que en el año 2011 los señores FANNY OSORIO
GALLEGO, DEINER ANDRÉS y LISETH JOHANA AYALA OSORIO,
DANNA SOFIA MÁRQUEZ AYALA, PEDRO PABLO AYALA
MORALES, MARÍA ENELIA VALDEZ DE AYALA, ROBER FERNEY,
NOLBAIRO, ROSA ENELIA y ELMER AYALA VALDEZ promovieron
una acción de reparación directa por falla en el servicio médico en su
contra, con ocasión de la muerte del señor PEDRO DEHINER AYALA
VALDES.
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En adelante la E.S.E.
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Número único de radicación: 110010315000 2023 07138 00
Actora: E.S.E. HOSPITAL GONZALO CONTRERAS
Indicó que el proceso aludido fue identificado con el número único de
radicación 760012331000 2011 00294 00 y atribuido para su trámite
en primera instancia al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE
DEL CAUCA que, a través de auto de 21 de mayo de 2019, con
ocasión a unas medidas de descongestión, remitió el expediente al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SAN ANDRÉS.
Mencionó que mediante sentencia de 29 de mayo de 2020 el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SAN ANDRÉS declaró su
responsabilidad administrativa y patrimonial, no obstante, remitió el
expediente al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA para que surtiera la notificación respectiva.
Señaló que, a través de edicto fijado entre los días 14 y 16 de febrero
de 2022, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA notificó el fallo aludido por tratarse de un proceso escritural,
no obstante, omitió lo señalado en el artículo 11 del Decreto 806 de
4 de junio de 20202, conforme con el cual, en su sentir, “[…] se debía
remitir la sentencia mencionada al correo electrónico de las partes
para así salvaguardar su derecho al debido proceso, derecho de
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“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las
comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a
los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica”.
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Actora: E.S.E. HOSPITAL GONZALO CONTRERAS
defensa y contradicción, lo cual no sucedió […]”.
Sostuvo que, ante la indebida notificación de la sentencia aludida, no
tuvo la oportunidad de presentar reparos contra esta, no obstante,
de haberse enterado hasta el 5 de septiembre de 2022, cuando los
beneficiarios de la condena le elevaron la solicitud de pago
respectiva.
Comentó que con el fin de que se declarara la nulidad por indebida
notificación de la citada providencia, el 27 de junio de 2023 promovió
recurso de revisión ante la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación
que lo rechazó por extemporáneo, “[…] de conformidad con lo
establecido en el artículo 253.1 CPACA, esto es, que debía
presentarse el recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
Sentencia […]”.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Afirmó que la vulneración de su derecho al debido proceso deviene
de la indebida notificación de la providencia en la que le fue impuesta
la condena de reparación directa en su contra, comoquiera que no le
fue enviada la comunicación electrónica que prevé el artículo 11 del
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Decreto 806 de 2020, “[…] situación que afecta la validez de la
providencia […]”.
Precisó que “[…] para la época en que se notificó la sentencia dentro
del proceso radicado No.76001233100020110029400, es decir, 14
de febrero de 2022, aún se encontraba vigente y en aplicación el
Decreto 806 de 2020, así como la emergencia sanitaria por el virus
COVID19 […]”, esto último, que limitaba el acceso a las instalaciones
del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA.
Advirtió que la omisión de la autoridad judicial accionada, al pasar
por alto la notificación electrónica de la sentencia, “[…] resulta en
una afectación no solo de los derechos fundamentales de la entidad
que represento, sino también en un detrimento fiscal, al quedar en
firme un fallo que tiene implicaciones monetarias […]”.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la notificación de la sentencia
proferida el 29 de mayo de 2020, dentro del proceso radicado
No.76001233100020110029400.
TERCERO (sic): ORDENAR al TRIBUNAL CONTENCIOSO
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Actora: E.S.E. HOSPITAL GONZALO CONTRERAS
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA notificar, la sentencia
proferida el 29 de mayo de 2020, dentro del proceso radicado
No.76001233100020110029400, atendiendo las consideraciones
consignadas en la parte motiva de esta acción Constitucional […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- Los accionantes dentro proceso ordinario origen de la
controversia, a través de apoderado, rindieron informe en el que
señalaron que la presente acción de tutela carece del requisito
general de inmediatez, teniendo en cuenta que la providencia origen
de la controversia fue notificada hace más de 20 meses.
I.5.2.- Los TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS DEL VALLE DEL
CAUCA y SAN ANDRÉS, así como la PREVISORA S.A., estos dos
últimos vinculados en calidad de terceros con interés directo en las
resultas del proceso, pese a haber sido notificados en debida forma,
guardaron silencio.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
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Actora: E.S.E. HOSPITAL GONZALO CONTRERAS
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
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Actora: E.S.E. HOSPITAL GONZALO CONTRERAS
Caso concreto
La actora instauró la acción de tutela con el fin de obtener el amparo
de su derecho fundamental al debido proceso, el cual, a su juicio, le
fue vulnerado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE
DEL CAUCA por la indebida notificación de la sentencia de 29 de
mayo de 2020, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SAN ANDRÉS, con ocasión de una medida de descongestión, dentro
de la acción de reparación directa identificada con el número único
de radicación 760012331000 2011 00294 00.
La controversia deviene del hecho de que la parte actora resultó
condenada en el proceso aludido, no obstante, estima que la decisión
le debió ser notificada de forma electrónica, conforme con el artículo
11 del Decreto 806 de 2020 y no a través de edicto, pese a ser un
proceso del sistema escritural.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en
especial, el requisito de inmediatez y, de ser así, determinar si el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA vulneró el
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derecho al debido proceso de la actora al no haber notificado la
sentencia de 29 de mayo de 2020, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 11 del Decreto 806 de 2020.
Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha
sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida
como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de
los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que
aunque no tenga previsto un término de caducidad para su
presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de
un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso
injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y
la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del
mecanismo[…]”4.
Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,
para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el
momento en que ocurre la vulneración de los derechos y la
instauración de la tutela.
4
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
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Actora: E.S.E. HOSPITAL GONZALO CONTRERAS
Ahora bien, en el caso bajo estudio la actora afirmó que solo se
enteró de la existencia de la providencia origen de la controversia el
5 de septiembre de 2022 cuando los beneficiarios de la condena le
solicitaron el pago respectivo, no obstante, acudió a la acción de
tutela para cuestionar la forma en que le fue notificada dicha decisión
solo hasta el día 23 de noviembre de 2023, esto es más de 14 meses
después, situación que desvirtúa la inmediatez que caracteriza este
mecanismo de defensa judicial.
Cabe anotar que si bien en el presente caso no se cuestiona una
decisión judicial, sí se controvierte una actuación surtida en un
proceso de esta naturaleza, razón por la cual es dable entender que
como término razonable para haber acudido a la acción de tutela, la
actora contaba con 6 meses desde el momento en que dice haberse
enterado de la presunta irregularidad, plazo fijado por la
jurisprudencia en los eventos en que se eleva una solicitud de
amparo contra una providencia judicial5.
La Sala tampoco advierte la existencia de circunstancia alguna que
justificara morigerar la observancia del requisito de inmediatez en el
5
Ver. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, Expediente núm. 2012-02201-01.
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presente caso, dado que el simple hecho de que la actora haya sido
condenada al pago de unas sumas de dinero, no justifica que no
hubiese acudido a la acción de tutela en un plazo razonable, máxime
si pregona una urgencia en el asunto.
Además, para la fecha en que acudió al recurso de revisión ante esta
Corporación, 27 de junio de 2023, ya habían transcurrido más de 9
meses, desde la fecha en que dice haberse enterado de la providencia
origen de la controversia, 5 de septiembre de 2022.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que la actora tampoco
solicitó al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
el saneamiento de la irregularidad que describe, una vez se enteró
de esta, no obstante, de pretender cuestionarla ahora a través de la
acción de tutela de la referencia, desconociendo el carácter
subsidiario de este mecanismo.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que es evidente que el
asunto objeto de estudio en el presente caso carece del requisito de
la inmediatez, por lo que se declarará improcedente la solicitud de
amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
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Actora: E.S.E. HOSPITAL GONZALO CONTRERAS
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la
presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de enero de 2024.
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Actora: E.S.E. HOSPITAL GONZALO CONTRERAS
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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