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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07151-00

Fecha
25 de enero de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07151-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2023 07151 00 Accionante: Rolando Arley Álvarez Ortega

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-07151-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

25 de enero de 2024

Radicación: 11001 03 15 000 2023 07151 00
Accionante: Rolando Arley Álvarez Ortega

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 07151 00
Accionante: ROLANDO ARLEY ÁLVAREZ ORTEGA
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Y OTRO

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
el demandante pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Rolando Arley
Álvarez Ortega, por intermedio de apoderado judicial, contra el Tribunal
Administrativo del Cauca y el Juzgado Tercero Administrativo de Popayán.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El señor Rolando Arley Álvarez Ortega, por intermedio de apoderado
judicial solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la estabilidad laboral
reforzada, que considera vulnerados por la sentencia de mayo 18 de
2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca, que confirmó el
fallo de enero 27 de 2020, proferido por el Juzgado 3º Administrativo de
Popayán, mediante el cual se negaron las pretensiones de la demanda
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

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Accionante: Rolando Arley Álvarez Ortega

1.2. Como hechos que antecedieron a la acción de tutela, el demandante
manifestó haber instaurado demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con
el fin de que se declarara la nulidad del acta No. 0775 de 9 de junio de
2014, expedida por la Junta Médico Laboral de Revisión Militar y Policía,
el acta No. TML15-2-132 MDNSG-TML- 41.1 de 10 de junio de 2015,
expedida por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, y
la resolución No. 03007 del 7 de julio de 2015, expedida por el Director
General de la Policía Nacional, mediante las cuales se decidió retirar al
señor Álvarez Ortega del servicio activo por disminución de la capacidad
psicofísica y, a título de restablecimiento del derecho solicitó el reintegro
a su cargo.

1.3 Adujo que la parte actora es un sujeto de especial protección, en razón
a la patología de carácter psiquiátrico la cual adquirió al prestar sus
servicios a la Policía Nacional y de igual manera esgrimió que es el jefe
del hogar y por ende depende para su manutención de los ingresos que
devengaba como uniformado.

De otra parte, explicó que la patología que presentaba el accionante no
había interferido con el cumplimiento de las funciones de su cargo y por
el contrario podría verse agravado al sentirse discriminado y relegado por
parte de la institución a la cual había servido por más de una década.

1.4 Señaló que, en las sentencias acusadas las autoridades judiciales
habían incurrido en un defecto sustancial por interpretación errónea de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de protección de las
personas que han sufrido una merma en su capacidad psicofísica y que
pueden continuar al servicio de la Policía Nacional, en razón a que cuentan
con una capacidad laboral residual que les permite seguir prestando sus
servicios, para lo cual citó las sentencias T-362 de 2012 y de unificación
SU 049 de 2017.

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1.5. Concluyó aduciendo que el tribunal en la sentencia controvertida no
efectuó un adecuado análisis del asunto, desde la perspectiva que se trata
de un sujeto de especial protección debido a su condición, además que
desconoció conceptos, definiciones y elementos constitutivos de la
estabilidad laboral mínima reforzada para proferir su decisión.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a través de
apoderado judicial, allegó escrito de contestación de la tutela de la
referencia; sin embargo, debido a que el mismo fue radicado de forma
extemporánea, no será tenido en cuenta.

2.2. El titular del Juzgado Tercero Administrativo de Popayán
manifestó que la acción de tutela no endilga a ese despacho la violación
de los derechos fundamentales invocados por el actor, en cuanto a que
en las sentencias cuestionadas si se realizó un análisis respecto del
reintegro del policía retirado, sin embargo, el tutelante no logró desvirtuar
a través de la carga probatoria lo indicado por el Tribunal Médico Laboral
Militar y de Policía, conllevando así a la negación de las pretensiones.

Adicionalmente, aseveró que la presente acción carece de relevancia
constitucional, porque se alega un aspecto de conocimiento propio del
juez ordinario, que no puede convertirse en otra instancia para ser
resuelto por un juez constitucional.

2.3. El Tribunal Administrativo del Cauca, pese a ser notificado en
debida forma, guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º

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del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

3.2. HECHOS

3.2.1. El actor instauró demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con
el fin de que se declarara la nulidad del acta No. 0775 de 09 de junio de
2014, expedida por la Junta Médico Laboral de Revisión Militar y Policía,
el acta No. TML15-2-132 MDNSG-TML- 41.1 de 10 de junio de 2015,
expedida por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, y
la resolución No. 03007 del 07 de julio de 2015, expedida por el Director
General de la Policía Nacional, mediante la cual se decidió retirarlo del
servicio activo de policía por disminución de la capacidad psicofísica y, a
título de restablecimiento del derecho solicitó el reintegro a su cargo.

3.2.2. Mediante sentencia del 27 de enero de 2020, el Juzgado 3º
Administrativo de Popayán negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los
actos demandados, en razón a que, las pruebas aportadas no lograron
desvirtuar el dictamen científico brindado por el Tribunal Médico Laboral
de Revisión Militar y de Policía, que determinó la inaptitud del actor para
continuar en el cargo y la imposibilidad de reubicarlo por las patologías
padecidas.

3.2.3. Inconforme con lo anterior, el señor Álvarez Ortega presentó
recurso de apelación contra la decisión de primer grado que fue desatado
por el Tribunal Administrativo del Cauca que, mediante providencia del 18
de mayo de 2023, la confirmó, al encontrar que “[…] es claro que existe
un dictamen médico laboral en firme, aportado con la demanda, que fue
concluyente en indicar que el demandante padecía de una incapacidad
permanente parcial que le impedía desarrollar cualquier tipo de actividad
en la Policía, para lo cual tuvo en cuenta los hallazgos médicos y el tipo

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de patología que padece, de los cuales concluyó la imposibilidad de
reubicación laboral, dado el ambiente de jerarquía y exposición a
situaciones de riesgo para su salud, lo que podía agravar aún más su
cuadro clínico. Es decir, más allá de las afirmaciones en torno a que el
demandante podía ser reubicado en labores administrativas y
asistenciales sin afectar su propia salud, no obran pruebas que
permitan desvirtuar el concepto de la autoridad médico laboral
que negó esa posibilidad, razón suficiente para mantener la presunción
de legalidad de la decisión de retiro bajo la causal estudiada. Por tanto,
se concluye que los cargos formulados por el demandante no fueron
probados; es decir, que omitió traer, teniendo tal carga, pruebas al
proceso que permitieran acreditar los supuestos de hecho de las normas
cuyos efectos reclamó […]” y, concluyó señalando que en el caso bajo
estudio no existía estabilidad laboral reforzada del demandante en razón
a que la decisión de su retiro fue excepcional puesto que se encontraba
fundamentada en un concepto emitido por la autoridad médico-laboral
que señalaba que el servidor no era apto para el servicio y que no era
procedente su reubicación.

3.2.4. El señor Rolando Arley Álvarez Ortega, inconforme con lo decidido
en el proceso de nulidad y restablecimiento de derecho, interpuso acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cauca y el Juzgado Tercero
Administrativo de Popayán, al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y a la estabilidad laboral reforzada por las providencias del 18 de mayo
de 2023 y 27 de enero de 2020.

3.3. ANÁLISIS DE LA SALA

3.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el

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fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

3.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación1,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20222, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:

“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es
suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional,
pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción
desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.

En este caso, la parte actora invocó los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la estabilidad laboral
reforzada, que consideró vulnerados por la sentencias del 18 de mayo de
2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca, que confirmó el
fallo del 27 de enero de 2020, proferido por el Juzgado Tercero
Administrativo de Popayán, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
2
M. P. Natalia Ángel Cabo.

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promovido contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
identificado con radicación No. 19001-33-33-003-2015-00507-01

Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.

3.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con

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transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
sentencia SU–573 de 20193, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 4.

3.3.1.3. La instancia adicional

La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho5:

“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la

3
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
4
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
5
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

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jurisprudencia constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se restringe ‘a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie,
si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de
la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así
se garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales,
como de los de las demás jurisdicciones’, en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios […]”.

En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.

3.3.2. Caso concreto

3.3.2.1. Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional,
además de lo dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el
fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en

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condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].

Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta
evidente que este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate
surtido en el proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual
se desconocería la autonomía e independencia del juez natural.

3.3.2.2. En este caso, la Sala recuerda que las inconformidades expuestas
por el actor en sede de tutela giran en torno a un “defecto sustantivo” del
análisis probatorio que realizó el tribunal accionado al no tener en cuenta
sentencias dictadas por la Corte Constitucional, pues, a su juicio, no
valoró su capacidad laboral residual y desconoció que se trata de un
sujeto de especial protección., toda vez que, no tuvo en cuenta que le
asistía el derecho a la estabilidad laboral mínima reforzada, lo cual, en su
consideración vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia.

Ahora bien, la Sala advierte que, si bien el demandante alega la
configuración de un defecto sustantivo, el argumento que expone en
realidad corresponde a un posible desconocimiento del precedente.

Al respecto, se debe tener en cuenta que esta Sala, en sentencia del 19
de noviembre de 20216, sostuvo que la acción de tutela contra providencia
judicial en la que se alega el desconocimiento del precedente exige, como
carga argumentativa mínima, que se identifiquen: (i) la providencia

6
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).

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desconocida, (ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales contenidas en la
ratio decidendi de la sentencia invocada, las cuales deben ser aplicables
al caso a resolver, y (iii) los problemas jurídicos, que en ambos casos
deben ser análogos o similares.

En el caso sub examine, el demandante se limitó a invocar las sentencias
T-362 de 2012 y de unificación SU 049 de 2017 de la Corte Constitucional,
pero sin identificar el problema jurídico que allí se resolvió, ni efectuó una
comparación entre los hechos estudiados en ese caso, para acreditar que
las reglas y subreglas contenidas en la ratio decidendi le eran aplicables
a su caso particular.

Por tanto, la acción de tutela no cumple con la carga argumentativa
mínima que se exige en los casos en los que se alega que una providencia
judicial ha incurrido en desconocimiento del precedente judicial. Para la
Sala, lo anterior deja en claro que la parte actora simplemente se
encuentra inconforme con la decisión que adoptó el tribunal demandado,
y que, en consecuencia, pretende que el juez constitucional realice un
nuevo y distinto análisis frente al debate que ya fue agotado en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.

A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias,
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las

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competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.

Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
argumentar que decidió sin tener en cuenta el alcance que, según su
parecer, le debió dar a las pruebas recaudadas en el proceso que en su

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consideración hacían que tuviera una estabilidad laboral reforzada y que
no aplicó el precedente que a su juicio le resultaba más favorable.

En razón a todo lo expuesto, la Sala concluye que no se encuentra
acreditado en este caso el elemento de la relevancia constitucional, en lo
relativo al tercer criterio señalado en relación con los derechos
fundamentales cuya protección se solicitó en este caso.

Siendo así, resulta completamente innecesario el estudio sobre el posible
cumplimiento de los restantes presupuestos generales de procedibilidad
de la tutela contra decisiones judiciales y, en consecuencia, declarará la
improcedencia del amparo.

3.4. Conclusión

De acuerdo con lo expuesto, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela de la referencia, al constatar la ausencia del requisito de relevancia
constitucional, respecto de los derechos fundamentales invocados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.

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Radicación: 11001 03 15 000 2023 07151 00
Accionante: Rolando Arley Álvarez Ortega

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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