Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-07155-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-07155-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-07155-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
2 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-07155-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: GERMÁN LÓPEZ GUERRERO
TESIS: SE REVOCA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO DE LA REFERENCIA Y, EN SU
LUGAR, SE AMPARAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ACTOR. LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA INCURRIÓ EN DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE JUDICIAL SOBRE LA FINALIDAD DEL INCIDENTE DE
DESACATO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, AL
BUEN NOMBRE, A LA HONRA Y AL MÍNIMO VITAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora
contra la sentencia de 19 de febrero de 2024, mediante la cual la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE
ESTADO1 declaró improcedente la solicitud de amparo de la
1
En adelante la SECCIÓN TERCERA.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-07155-01
Actor: GERMÁN LÓPEZ GUERRERO
referencia.
I. ANTECEDENTES
I.1 La solicitud
El señor GERMÁN LÓPEZ GUERRERO, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al buen nombre,
a la honra y al mínimo vital, los cuales, a su juicio, le fueron
vulnerados por la SECCIÓN PRIMERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA al proferir
la providencia de 21 de julio de 2023 a través de la cual se negó
la solicitud de inaplicación de la sanción impuesta dentro del
incidente de desacato identificado con el número único de
radicación 25000-23-41-000-2015-01896-03.
I.2 Hechos
Indicó que fue nombrado para desempeñar el cargo de director de
la DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL2, para
2
En adelante la Dirección de Sanidad.
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Actor: GERMÁN LÓPEZ GUERRERO
el período comprendido entre el 29 de diciembre de 2015 y el 16
de enero de 2019.
Señaló que el señor CARLOS EDUARDO CEPEDA GUIO
promovió acción de tutela3 contra la DIRECCIÓN DE SANIDAD,
la cual fue conocida por el TRIBUNAL que, en sentencia de 7 de
septiembre de 2015, amparó los derechos fundamentales a la vida
digna y a la salud y, como consecuencia, ordenó al director de la
entidad que practicara todos los exámenes pertinentes para que
se llevara a cabo la Junta Médico Laboral y, en caso de
determinarse alguna patología relacionada con la prestación del
servicio militar, garantizara la prestación del servicio de salud para
su recuperación, en los siguientes términos:
“[…] 2) En consecuencia, órdenase al Director General de
Sanidad del Ejército Nacional o quien haga sus veces que dentro
del término de cuarenta y ocho (48) horas hábiles contadas a
partir de la notificación de esta providencia, practique al señor
Carlos Eduardo Cepeda Guio todos los exámenes pertinentes a
fin de que sea valorado por la Junta Médico Laboral y en el
evento que se determine por parte de esta que el peticionario
padece patologías por causa o con ocasión de su actividad
durante la prestación de su servicio militar, la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional deberá de forma inmediata e
integral garantizar la prestación del servicio de salud al actor
para su recuperación, asegurando la continuidad de todos los
tratamientos a que haya lugar […]”.
3
Identificada con el número único de radicación 25000-23-41-000-2015-01896-00.
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Actor: GERMÁN LÓPEZ GUERRERO
Afirmó que el señor CARLOS EDUARDO CEPEDA GUIO con el
fin de buscar el cumplimiento de la anterior orden, promovió
incidente de desacato contra la DIRECCIÓN DE SANIDAD ante
el TRIBUNAL que, mediante providencia de 18 de noviembre de
2016, declaró que en su calidad de director de dicho organismo
incurrió en desacato de las órdenes impartidas en el fallo de 7 de
septiembre de 2015 y, en consecuencia, lo sancionó con multa
equivalente a 2 SMLMV.
Sostuvo que el grado jurisdiccional de consulta correspondió a la
SECCIÓN PRIMERA4 que, en providencia de 18 de mayo de
2017, revocó la sanción impuesta en su contra, por carencia actual
de objeto por hecho superado.
Reveló que el señor CARLOS EDUARDO CEPEDA GUIO,
promovió por segunda vez incidente de desacato contra la
DIRECCIÓN DE SANIDAD ante el TRIBUNAL que, mediante
providencia de 28 de agosto de 2018, declaró que en su calidad
de director de dicho organismo incurrió en desacato de las órdenes
impartidas en el fallo de 7 de septiembre de 2015 y lo sancionó
con multa equivalente a 2 SMLMV.
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Sala de Decisión compuesta en ese momento por los señores Consejeros de Estado Hernando
Sánchez Sánchez, María Elizabeth García González y Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Actor: GERMÁN LÓPEZ GUERRERO
Sustentó que el grado jurisdiccional de consulta correspondió a la
SECCIÓN PRIMERA5 que, en providencia de 30 de noviembre de
2018, confirmó la sanción impuesta por el a quo.
Refirió que pese a que presentó solicitud de inaplicación de la
sanción ante el TRIBUNAL, este dispuso no acceder a la petición
y, en su lugar, se estuvo a lo resuelto en las providencias de 28 de
agosto y 30 de noviembre de 2018.
Relató que solicitó nuevamente ante el TRIBUNAL solicitudes de
inaplicación, las cuales fueron resueltas desfavorablemente en
proveídos de 19 de febrero, 6 de junio, 24 de julio y 22 de octubre
de 2019 y 21 de julio de 2023.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio del actor, la solicitud de amparo cumple con el requisito
de la inmediatez, con fundamento en la sentencia de unificación
SU-050 de 2022, en la cual la Corte Constitucional encontró que
se cumplía con dicho requisito general porque el sancionado había
realizado diversas actuaciones justificando la tardanza en el
cumplimiento de la orden impartida y, una vez dio cumplimiento
5
Sala de Decisión compuesta en ese momento por los señores Consejeros de Estado Hernando
Sánchez Sánchez, Oswaldo Giraldo López y Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Actor: GERMÁN LÓPEZ GUERRERO
al fallo de tutela, procedió con las solicitudes de inaplicación de la
sanción, como ocurrió en el caso concreto.
Aseguró que el TRIBUNAL incurrió en desconocimiento del
precedente judicial, en materia de inaplicación de sanciones
judiciales impuestas dentro del trámite incidental aun cuando se
encuentren confirmadas en el grado jurisdicción de consulta.
Señaló que el criterio preponderante de las providencias6
proferidas por la Corte Constitucional, está dirigido a levantar las
sanciones judiciales una vez se evidencia el cumplimiento del fallo
de tutela, a pesar de que se encuentren confirmadas y
ejecutoriadas en sede de consulta.
Aseguró que su petición no es un caso aislado, sino una
problemática constante que viven los servidores públicos que
tienen la responsabilidad de dar cumplimiento a los fallos de
tutela, sin que las autoridades judiciales adviertan las limitaciones
estructurales y financieras de las entidades que generan un
sinnúmero de sanciones por el hecho de no cumplir las órdenes
6
Providencias mencionadas por el actor en el escrito de tutela: T-00213-2012, Auto 22/11/18, T-
171/09, T-695/14, Auto 10/03/21, Auto 7/04/2021, T-2616/15, T-01763/12, Auto9/11/20, Auto
29/01/19, T-389/17, Auto8/04/20, Auto 202/13, T-00292/14, Auto 27/06/18, T- 00096/15, Auto
16/07/18, T-00407/15, Auto 13/11/18, T -01621/15, Auto 06/05/19, T-00106/16, Auto 9/08/18,
SU -424 /16, T- 3301/16, Auto 22/04/2021, T-00095/17, Auto 13/11/18, T-157/17, Auto
14/02/2020, T-2199/17, Auto 26/04/2021.
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impartidas en los términos establecidos en las decisiones
judiciales.
I.4. Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:
“[…] PRIMERA: Tutelar los DERECHOS a la IGUALDAD,
BUEN NOMBRE, HONRA, MÍNIMO VITAL, DEBIDO
PROCESO, los cuales han sido vulnerados por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
PRIMERA SUBSECCIÓN “B”., por negación de inaplicación
de sanciones judiciales, en el marco de la acción de tutela
bajo radicado No. 25000234100020150189603, con
orden de tutela cumplida.
SEGUNDA: En consecuencia, solicito que el CONSEJO DE
ESTADO ordené al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN
“B”., dejar sin efecto el auto de veintiuno (21) de julio de
2023, donde se negó la solicitud de levantamiento de la
sanción por desacato y se ordene proferir decisión de
reemplazo, en la que se resuelva nuevamente sobre la
solicitud de levantamiento de la sanción de acuerdo al
precedente judicial vinculante y vigente en la sentencia SU-
034 de 2018 asimismo, que ese despacho informe y oficie
sobre la decisión judicial impartida a las autoridades
encargadas de la ejecución de cobro, para que estas
den por terminado el proceso de cobro coactivo que
actualmente se adelanta en mi contra […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL sostuvo que la acción de tutela de la
referencia carece del requisito general de inmediatez, comoquiera
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que la solicitud de inaplicación de la sanción fue resuelta en auto
de 24 de julio de 2019, de tal forma que los proveídos
subsiguientes se limitaron a reiterarla y a remitir a lo resuelto
sobre el asunto.
Destacó que las providencias subsiguientes han sido generadas a
partir de las peticiones reiterativas del actor, lo cual no puede
hacer mas flexible el requisito de la inmediatez, de tal forma que
solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo.
Adujo que el Consejo de Estado, con ponencia del Magistrado
Jaime Enrique Rodríguez Navas, en un asunto con identidad fáctica
a la presente, declaró improcedente la acción de tutela al no
acreditarse el cumplimiento de los requisitos de inmediatez y
subsidiariedad.
En igual sentido, afirmó que la Sección Segunda -Subsección “A”-
del Consejo de Estado, con ponencia del Magistrado Jorge Iván
Duque Gutiérrez, en sentencia de 30 de noviembre de 2023,
revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó el amparo al
estimar que “las solicitudes de inaplicación de la sanción por
desacato no están previstas dentro del trámite del incidente de
desacato previsto en el Decreto 2591 de 1991 y, en ese sentido,
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la sanción cobra ejecutoria cuando se surte debidamente el
trámite de consulta”.
I.5.2.- El señor CARLOS EDUARDO CEPEDA GUÍO y la
DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL, pese a
ser notificados en debida forma del presente trámite, guardaron
silencio.
II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 19 de febrero de 2024, la SECCIÓN
TERCERA declaró improcedente la solicitud de amparo al estimar
que carece del requisito general de inmediatez, toda vez que no
era posible realizar el conteo del término a partir del momento en
que se notificó el auto de 21 de julio de 2023, pues la primera
solicitud de inaplicación de la sanción se presentó el 26 de
noviembre de 2018 y fue resuelta en auto de 19 de febrero de
2019 en el sentido de negar la petición, en razón a que la sanción
ya se encontraba ejecutoriada y, por tanto, no era posible realizar
un nuevo pronunciamiento de los asuntos ya debatidos.
Así las cosas, destacó que los autos de 6 de junio, 24 de julio y 22
de octubre de 2019 y 21 de julio de 2023 – en los que se decidió
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acerca de las reiteradas solicitudes de inaplicación de la sanción –
el TRIBUNAL se limitó a estarse a lo resuelto en los proveídos de
28 de agosto y 30 de noviembre de 2018, insistiendo en lo
indicado en la providencia de 19 de febrero de 2019; además, que
ante el reiterado número de peticiones que se habían elevado en
ese sentido, se conminó a la Dirección de Sanidad del Ejército para
que en lo sucesivo se abstuviera de realizar solicitudes reiteradas
de inaplicación de la sanción.
En esas condiciones, afirmó que el término de inmediatez debía
contabilizarse a partir del auto de 19 de febrero de 2019, toda vez
que fue en esa decisión que de forma definitiva resolvió la solicitud
de inaplicabilidad de la sanción, decisión notificada por correo
electrónico el 22 de febrero siguiente, mientras que la tutela fue
promovida el 24 de noviembre de 2023, esto es, más de 4 años
después, superando así el término de los 6 meses establecido en
la jurisprudencia.
Sumado a lo anterior, adujo que no era posible acoger lo dispuesto
en la sentencia de unificación SU-050 de 2022, toda vez que dicho
asunto no guardaba identidad fáctica, pues en esa oportunidad se
discutía la inaplicación de las sanciones por desacato ante la
imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo, mientras que
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en este caso la solicitud de inaplicación se presentó sobre la base
de que ya se había cumplido con la orden impartida por el juez de
tutela, además, la ratio decidendi no se centró en fijar un criterio
de cara a la inmediatez como presupuesto de procedencia de la
tutela contra providencia judicial en este tipo de casos, de tal
forma que tal consideración no tiene un carácter vinculante.
Finalmente, puso de presente que adoptar una postura que
flexibilice el requisito de inmediatez y acceder al estudio de fondo,
implicaría avalar una conducta que va en contra del principio de
seguridad jurídica y el respeto a las decisiones judiciales.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la sentencia proferida en primera instancia, para
lo cual argumentó lo siguiente:
Adujo que la solicitud de amparo de la referencia contiene una
suficiente carga argumentativa, en la que se pretende que se
analice el levantamiento de la sanción por cumplimiento del fallo
de tutela, bajo los parámetros señalados por la Corte
Constitucional en sentencia SU-034 de 2018.
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Aseveró que, contrario a lo afirmado por el a quo, el asunto sí
cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la solicitud de
amparo se promovió contra el auto de 21 de julio de 2023, siendo
esta última decisión vulneradora de sus derechos fundamentales
invocados, al no dar aplicación al precedente judicial constitucional
vinculante y vigente, adoptado por la Corte Constitucional en
varios pronunciamientos, especialmente, en la sentencia SU-034
de 2018, que dispone que la finalidad del incidente de desacato
no es la imposición de la sanción sino lograr el cumplimiento
efectivo del fallo de tutela, siendo esta medida correctiva, de tal
forma que si la entidad acata la orden, se debe declarar la
inejecutabilidad de la sanción por cumplimiento del amparo.
Adujo que, en múltiples escritos realizados en su defensa, desde
el 26 de noviembre de 2018, durante los años subsiguientes, se
expuso al TRIBUNAL las tesis dispuestas por el Alto Tribunal
Constitucional, no siendo esta conducta un ejercicio abusivo, sino
por el contrario, amparado en el principio de justicia rogada, ha
buscado precisamente la seguridad jurídica por parte del juez de
amparo.
Sostuvo que, en relación con el requisito de inmediatez, el a quo
solo se centró en presentar una tesis inminentemente procesal y
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no sustancial, sin realizar una valoración de los hechos que
configuran el caso concreto ni aplicar la regla reiterada por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado “[…] iv. Cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que,
pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor deriva
del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”.
Por lo anterior, solicitó que se vuelvan a analizar las situaciones
fácticas y jurídicas de su solicitud de amparo, con el fin de proteger
sus derechos fundamentales, acatando lo establecido por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-034 de 2018 y las diferentes
secciones del Consejo de Estado en casos similares.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591
de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción
de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política,
en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril
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de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo
de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de negocios entre las Secciones.
Cuestión previa
Previo a resolver el asunto sub examine, la Sala advierte que los
señores consejeros de Estado, doctores OSWALDO GIRALDO
LÓPEZ y HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, mediante escritos
visibles en los índices 7 y 17 del expediente digital7,
respectivamente, manifestaron su impedimento para actuar en el
proceso de la referencia, por cuanto participaron en el incidente
de desacato en el que se profirió el auto del 30 de noviembre de
20188, por medio del cual se confirmó, en grado de consulta, la
multa que se le impuso al señor GERMAN LÓPEZ GUERRERO por
incurrir en desacato de la sentencia de tutela de 7 de septiembre
de 2015, que resulta ser la misma sanción cuya inaplicación fue
denegada por la Sección Tercera -Subsección “B”- del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante auto de 21 de julio de
2023, siendo esta última la providencia judicial cuestionada en la
solicitud de amparo de la referencia.
7
El expediente digital se encuentra en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial, SAMAI.
8
Dentro de la acción de tutela num. 250002341000201501896-03.
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Por lo anterior, consideran que se encuentran incursos en la causal
de impedimento prevista en el numeral 6 del artículo 56 del Código
de Procedimiento Penal -en adelante CPP-.
Para resolver, SE CONSIDERA:
La causal prevista en el numeral 6 del artículo 56 del CPP, prevé
lo siguiente:
“[…] Causales de impedimento.
Son causales de impedimento:
6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya
revisión se trata, o hubiere participado dentro del
proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera
permanente o pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del
funcionario que dictó la providencia a revisar […]”
(Resaltado fuera del texto original).
A juicio de la Sala, los hechos que soportan los impedimentos
manifestados por los señores consejeros OSWALDO GIRALDO
LÓPEZ y HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ configuran la causal
alegada, como quiera que los citados magistrados participaron en
el incidente de desacato identificado con el número único de
radicación 25000-23-41-000-2015-01896-03, proceso dentro del
cual se profirió la providencia cuestionada en la presente acción
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de tutela.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará fundado los
impedimentos manifestados por los citados consejeros para
intervenir en la acción constitucional de la referencia, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez
Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García
González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica
y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es
procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando
se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales
fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros
fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
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sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa
de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la
acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias
de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
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proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre
que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio
y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida,
mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas
a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación,
proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una
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sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)
De la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
dictadas dentro del trámite incidental
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La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de
tutela contra providencias que resuelven incidentes de desacato o
solicitudes de cumplimiento es procedente únicamente de manera
excepcional, “siempre que se cumplan los requisitos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
y, por tanto, se constate una vulneración o una amenaza a los
derechos fundamentales del sancionado”9.
Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha establecido algunos
requisitos formales y materiales que se deben tener presentes al
momento de hacer el examen de procedibilidad. Así, en sentencia
SU- 034 de 201810, esa Corporación señaló:
“[…] [P]ara enervar mediante acción de tutela la
providencia que resuelve un incidente de desacato, es
preciso que se reúnan los siguientes requisitos:
i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es
improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite
–incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–
.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales y se
sustente, por lo menos, la configuración una de las causales
específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela
deben ser consistentes con lo planteado por él en el trámite
del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer
9
Cfr. Sentencia T-325 de 2015.
10
M.P. Alberto Rojas Ríos.
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a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas
pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del
desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio […]”.
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que
se deje sin efecto la providencia de 21 de julio de 2023,
proferida por el TRIBUNAL, dentro del incidente de desacato
identificado con el número único de radicación 2015-01896-03.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales deprecados, por estimar que se incurrió
en desconocimiento del precedente judicial relacionado con la
inaplicación de sanciones judiciales impuestas dentro del trámite
incidental, aun cuando se encuentren confirmadas en el grado
jurisdicción de consulta.
Asimismo, el actor señaló que el criterio preponderante de las
providencias proferidas por la Corte Constitucional está dirigido a
levantar las sanciones judiciales una vez se evidencia el
cumplimiento del fallo de tutela, a pesar de que se encuentren
confirmadas y ejecutoriadas en sede de consulta.
La acción de tutela de la referencia fue conocida en primera
instancia por la SECCIÓN TERCERA que, en sentencia de 19 de
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febrero de 2024, declaró improcedente la solicitud de amparo al
estimar que no se cumple con el requisito general de la
inmediatez, toda vez que el conteo del término debe hacerse a
partir del 19 de febrero de 2019, pues esa decisión definió de
forma definitiva la solicitud de inaplicación de la sanción objeto de
tutela.
Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión del a quo,
para lo cual aseveró que, contrario a lo advertido por la SECCIÓN
TERCERA, la acción de tutela sí resulta procedente, pues se
cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la solicitud de
amparo se promovió contra el auto de 21 de julio de 2023, siendo
esta última decisión vulneradora de sus derechos fundamentales
invocados, al no dar aplicación al precedente judicial constitucional
vinculante y vigente, adoptado por la Corte Constitucional en
varios pronunciamientos, especialmente, en la sentencia SU-034
de 2018.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico
que debe resolver consiste en determinar si en el presente caso
se debe confirmar, modificar o revocar la decisión de primer grado,
para lo cual, en primer lugar se debe estudiar si el caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
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tutela contra providencia judicial dictada dentro del trámite
incidental y, de ser así, ii) determinar si el TRIBUNAL vulneró los
derechos fundamentales invocados al proferir la providencia de 21
de julio de 2023 dentro del trámite incidental identificado con el
número único de radicación 2015-01896-03.
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior,
la Sala examinará si en el presente caso se cumplen los requisitos
de procedencia exigidos por la jurisprudencia, esto es, si (i) la
decisión cuestionada se encuentra ejecutoriada; (ii) los
argumentos de la parte actora son consistentes con lo planteado
en el trámite de los incidentes de desacato; y (iii) se acreditan los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, además de que se alega la configuración
de alguna causal específica.
(i) La decisión dictada en el trámite de desacato se
encuentra ejecutoriada
En el caso sub lite, el trámite incidental que se cuestiona finalizó
con la providencia de 30 de noviembre de 2018 que resolvió el
grado jurisdiccional de consulta, proferida por la SECCIÓN
PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO, por lo que este requisito
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se encuentra cumplido.
(ii) Los argumentos de la parte actora son consistentes con
lo planteado en el trámite de los incidentes de desacato, en
tanto a) no trajo a colación alegaciones nuevas y b) no
solicitó nuevas pruebas.
El actor alega que, de conformidad con la jurisprudencia dispuesta
para el asunto por la Corte Constitucional, es posible levantar las
sanciones judiciales una vez se evidencie el cumplimiento del fallo
de tutela, a pesar de que estas se encuentren confirmadas y
ejecutoriadas en sede de consulta, argumento consistente con lo
alegado durante el trámite incidental.
(iii) Se acreditan los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y se
alega la configuración de al menos una de las causales
específicas (defectos)
Procede la Sala a verificar el cumplimiento de los requisitos
generales y causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, conforme a lo dispuesto en
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la sentencia C-590 de 2005 y a la jurisprudencia vigente sobre la
materia.
Se observa que la solicitud de amparo plantea un asunto de
relevancia constitucional, fundamentado en los presuntos yerros
en que incurrió la providencia que denegó la solicitud de
inaplicación de la sanción, incurriendo en el desconocimiento del
precedente judicial; la parte actora identifica los hechos y
derechos que estima lesionados; contra la decisión cuestionada no
proceden recursos; y la solicitud no se dirige contra una sentencia
de tutela.
Ahora, en lo que refiere al requisito general de la inmediatez, la
Sala estima que, contrario a lo afirmado por el a quo, la acción de
tutela sí se interpuso en un plazo razonable11, en la medida en que
la providencia cuestionada es la proferida el 21 de julio de 2023,
mientras que la solicitud de amparo se promovió el 24 de
noviembre de 2023.
En efecto, los argumentos y alegaciones del actor están dirigidos
a cuestionar el auto de 21 de julio de 2023, por medio del cual el
11
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente:
doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
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TRIBUNAL denegó la solicitud de levantamiento de la sanción,
perjuicio permanente en el tiempo de acuerdo con las pruebas
allegadas al expediente que evidencian que la sanción está en
trámite.
En este orden, verificado el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad, la Sala procederá al estudio de fondo
de la providencia proferida por el TRIBUNAL el 21 de julio de
de 2023, por medio de la cual se abstuvo de inaplicar la sanción
impuesta dentro del incidente de desacato identificado con el
número único de radicación 2015-01896-03, con el fin de
determinar si se incurrió en la violación de los derechos
fundamentales invocados.
Del desconocimiento del precedente judicial
En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de
acuerdo con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la
Constitución Política, el poder judicial es autónomo e
independiente y los Jueces en sus providencias solo están
sometidos al imperio de la ley. Esta regla general de independencia
y autonomía no es absoluta, ya que encuentra sus límites en la
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realización de otros valores constitucionales, según lo ha definido
la Jurisprudencia constitucional.
En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional
puntualizó:
“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca
el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la
Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino
también de trato por parte de las autoridades y
concretamente igualdad en la interpretación y aplicación de
la ley por las autoridades judiciales, garantizándose de esta
forma la seguridad jurídica y con ella la certeza de la
comunidad respecto a la forma en la que se van a decidir
los casos iguales. Como resultado de lo anterior, surge como
límite a la autonomía e independencia de los Jueces el
respeto por el precedente12”.
De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte
Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente
constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela
cuando la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las
partes. En especial, respecto del precedente vertical, la
Jurisprudencia de esa Corporación ha sido enfática en sostener
que el Juez no sólo está vinculado por el artículo 13 de la
Constitución Política, que impone la igualdad de trato jurídico en
la aplicación de la ley, sino también que su autonomía se
12
Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-
571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de la Corte
Constitucional.
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encuentra limitada por la eficacia de los derechos fundamentales
y, en particular, del debido proceso judicial13.
No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también
ha admitido la posibilidad de que un juez se aparte de su propio
precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre
y cuando se sustenten debidamente las razones de su
posición (principio de razón suficiente)14.
Caso concreto
Descendiendo al caso concreto y con el fin de resolver el problema
jurídico planteado, es necesario hacer un recuento de las
actuaciones surtidas dentro del trámite incidental objeto de
estudio:
• El señor CARLOS EDUARDO CEPEDA GUÍO, con el fin de
buscar el cumplimiento de la sentencia de tutela proferida
por el TRIBUNAL, promovió primer incidente de desacato
contra la DIRECCIÓN DE SANIDAD ante el TRIBUNAL
que, mediante providencia de 18 de noviembre de 2016,
13
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
14
Ver sentencia T-292 de 2006.
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Actor: GERMÁN LÓPEZ GUERRERO
declaró que el actor en su calidad de director de dicho
organismo incurrió en desacato de las órdenes impartidas
en el fallo de 7 de septiembre de 2015 y, en consecuencia,
lo sancionó con multa equivalente a 2 SMLMV.
• La SECCIÓN PRIMERA al resolver el grado jurisdiccional
de consulta en providencia de 18 de mayo de 2017, revocó
la sanción impuesta.
• El señor CARLOS EDUARDO CEPEDA GUÍO, promovió por
segunda vez incidente de desacato en contra de la
DIRECCIÓN DE SANIDAD ante el TRIBUNAL que,
mediante providencia de 28 de agosto de 2018, declaró que
el actor en su calidad de director de dicho organismo incurrió
en desacato de las órdenes impartidas en el fallo de 7 de
septiembre de 2015 y lo sancionó nuevamente con multa
equivalente a 2 SMLMV.
• Posteriormente, al surtirse el grado jurisdiccional de
consulta la SECCIÓN PRIMERA, en providencia de 30 de
noviembre de 2018, confirmó la sanción impuesta por el a
quo al considerar que el director de la DIRECCIÓN DE
SANIDAD incurrió en desataco del fallo de tutela.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-07155-01
Actor: GERMÁN LÓPEZ GUERRERO
• El señor CARLOS EDUARDO CEPEDA GUÍO, promovió por
tercera vez incidente de desacato en contra de la
DIRECCIÓN DE SANIDAD ante el TRIBUNAL que,
mediante auto de 20 de marzo de 2019 dio apertura al
mismo, por lo que en proveído de 3 de abril de esa misma
anualidad requirió al actor en su calidad de director de dicho
organismo, para que informara sobre el cumplimiento del
fallo de tutela.
• El señor CARLOS EDUARDO CEPEDA GUÍO mediante
memorial de 5 de abril de 2019 presentó ante el TRIBUNAL
desistimiento del incidente de desataco, por estimar que le
fue practicada Junta Médico Laboral, razón por la que el
TRIBUNAL en auto de 8 de abril siguiente aceptó la
solicitud de desistimiento.
• Ahora bien, la Sala al verificar el contenido del expediente
digital aportado por la autoridad judicial accionada, observa
que la DIRECCIÓN DE SANIDAD presentó seis solicitudes
de inaplicación de la sanción, las cuales se relacionan a
continuación:
o Primera:
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Actor: GERMÁN LÓPEZ GUERRERO
Formulada: el 28 de noviembre de 2018 (fls. 333-337 C.3)
por el director general Sanidad BG GERMAN LÓPEZ
GUERRERO (actor de la tutela objeto de estudio).
Resuelta: el 19 de febrero de 2019 por el TRIBUNAL que
ordenó estarse a lo resuelto en el auto de 28 de agosto de
2018 que resolvió el incidente de desacato (fls. 379-380
C3).
o Segunda:
Formulada: el 17 de mayo de 2019 (fls. 413-415 C.3) por el
director general Sanidad BG GERMAN LÓPEZ GUERRERO
(actor de la tutela objeto de estudio).
Resuelta: el 6 de junio de 2019 por el TRIBUNAL que
ordenó estarse a lo resuelto en el auto de 30 de noviembre
de 2018 que confirmó el auto de 28 de agosto de 2018 (fls.
424-425 C.3).
o Tercera:
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-07155-01
Actor: GERMÁN LÓPEZ GUERRERO
Formulada: el 14 de junio de 2019 (fls. 428-436 C.3) por el
director general Sanidad BG GERMAN LÓPEZ GUERRERO
(actor de la tutela objeto de estudio).
Resuelta: el 24 de julio de 2019 por el TRIBUNAL que
ordenó estarse a lo resuelto en los autos de 28 de agosto y
30 de noviembre de 2018 (fls. 438-441 C.3).
o Cuarta y quinta:
Formuladas: el 23 de septiembre de 2019 (fls. 444-452 C.3)
y el 16 de octubre de 2019 (fls. 455-465 C.3) por el director
general Sanidad BG MARCO VINICIO MAYORGA NIÑO.
Resueltas: el 22 de octubre de 2019 por el TRIBUNAL que
ordenó estarse a lo resuelto en los autos de 28 de agosto y
30 de noviembre de 2018 y conminó al actor a abstenerse
de realizar solicitudes de inaplicación de la sanción (fls. 464-
471 C.3).
o Sexta:
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-07155-01
Actor: GERMÁN LÓPEZ GUERRERO
Formulada: el 21 de febrero de 2023 (fls. 132-140 C.1) por
la Asesora Jurídica de Sanidad YEIMY JULIANA
MANRIQUE CARO, reiterada el 27 de abril de 2023 (fls.
143-158 C.1) y el 12 de julio de 2023 (fls. 161-163 C.1).
Resuelta: el 21 de julio de 2023 por el TRIBUNAL que
denegó la solicitud de inaplicación (fls. 164-166 C.1), en los
siguientes términos:
“[…] Así las cosas, al analizar lo deprecado, se observa
que no es de recibo el argumento de la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional, en cuanto a que las
sanciones por desacato aquí impuestas deben ser
inaplicadas, en virtud de que ya cumplió con lo dispuesto
en el fallo de tutela, dado que la finalidad de la sanción
por desacato tan solo es conminar a la autoridad a la
materialización de la orden, más no mantener medidas
coercitivas en su contra. Lo anterior, en consideración a
que resulta totalmente absurdo y en contravía de las
garantías de protección de los derechos constitucionales
fundamentales establecidos en la Constitución Política
que la autoridad no acate la orden judicial de una
sentencia de tutela en el término establecido para ello,
sin una justificación razonable de su incumplimiento o su
demora.
[…]
Así las cosas, se evidencia que la sanción impuesta por
este tribunal en el segundo incidente de desacato estuvo
totalmente soportada, porque para esa fecha se evidenció
el incumplimiento injustificado de las órdenes judiciales
proferidas en el fallo de tutela de 7 de septiembre de
2017, lo cual fue confirmado por el Consejo de Estado al
resolver el grado de consulta de dicha sanción en la citada
decisión del 30 de noviembre de 2018.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-07155-01
Actor: GERMÁN LÓPEZ GUERRERO
Adicionalmente, también está plenamente justificada la
sanción impuesta en ese incidente de desacato por el
hecho de que solo se cumplió efectivamente con el fallo
de tutela durante el trámite del segundo desacato, lo que,
además, evidencia la demora del sancionado para acatar
la sentencia de tutela.
Aunado a lo anterior, se reitera, la sanción impuesta hace
casi cinco (5) años por esta Corporación al Director de
Sanidad del Ejército Nacional en auto de 28 de agosto de
2018, ya fue confirmada en grado jurisdiccional de
consulta por el Consejo de Estado, de modo que no
resulta factible ordenar su suspensión o inaplicación dado
que dichas providencias judiciales gozan de firmeza y
fueron ejecutoriadas. Motivo adicional por el cual no
resulta posible realizar un nuevo pronunciamiento sobre
la responsabilidad de la autoridad sancionada en el
cumplimiento del fallo de tutela de 7 de septiembre de
2017.
En consecuencia, se negará la inaplicación de la sanción
e inejecución del cobro, proferida al señor Brigadier
Germán López Guerrero, en calidad de Director de
Sanidad del Ejército Nacional […]”.
A efectos de dilucidar la controversia planteada, la Sala considera
necesario referirse a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y
de esta Corporación relacionada con la inaplicación de la sanción
impuesta dentro del trámite del incidente de desacato.
La Jurisprudencia constitucional ha precisado que la finalidad del
incidente de desacato no es la imposición de una sanción en sí
misma, sino que debe considerarse como una de las formas de
buscar el cumplimiento de la respectiva sentencia. Por tanto, pese
a que el incidente de desacato puede concluir con la imposición de
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-07155-01
Actor: GERMÁN LÓPEZ GUERRERO
una sanción, su propósito ulterior, antes que imponerla, radica en
alcanzar el cumplimiento de la orden impartida por el juez de
amparo.
Sobre este asunto, la Corte Constitucional, en sentencia T-421 de
2003, indicó:
«[…] la imposición de una sanción dentro del incidente puede
implicar que al accionado se persuada o no del cumplimiento
de una sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el
incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha
desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar
la sanción, deberá acatar la sentencia.
En caso de que se haya adelantado todo el trámite y
resuelto sancionar por desacato, para que la sanción
no se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá evitar
ser sancionado acatando […]». (Negrillas de la Sala)
La anterior postura ha sido reiterada de manera pacífica por la
Corte Constitucional, entre otras, en sentencias T-171-09; T-652-
10, T-512-11, T-010-12, T-482-13 y SU 034 de 2018.
Por su parte, esta Sección, en sentencia de 24 de septiembre de
201515, se refirió a la finalidad del incidente de desacato en los
siguientes términos:
“[…] Para la Sala resulta forzoso rectificar la postura
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
septiembre de 2015, Exp. No. 11001-03-15-000-2015-00542-01(AC), C. P. María Elizabeth García
González.
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adoptada mediante el auto de 11 de julio de 2013, dictado en
el expediente núm. 2012-00364, para, en su lugar, retomar
el criterio Jurisprudencial de antaño frente a la
finalidad y carácter persuasivo del incidente de
desacato, que permite lograr el cumplimiento efectivo
del fallo que ampara los derechos fundamentales,
como claramente lo ha dilucidado la Jurisprudencia de
la Corte Constitucional. Ello, por cuanto no existe razón
alguna que justifique mantener una sanción por desacato
contra quien ha sido persuadido por la misma y ha procedido
a cumplir la orden tutelar correspondiente, aun cuando esto
se produzca, inclusive, con posterioridad a la resolución
del Grado Jurisdiccional de Consulta […]” (Destacado
fuera del texto).
Así las cosas, si hay cumplimiento íntegro a la orden impartida por
el juez constitucional, la imposición de la multa y el arresto carece
de objeto, aunque haya culminado el grado jurisdiccional de
consulta.
Sobre el particular, la Corte en la sentencia SU-034 de 2018,
sostuvo:
“[…] Acerca de la finalidad que persigue el incidente de
desacato, la postura que de vieja data ha acogido la Sala
Plena de esta Corte y que se ha mantenido es que, si bien
una de las consecuencias derivadas de este trámite incidental
es la imposición de sanciones por la desobediencia frente a la
sentencia, su auténtico propósito es lograr el
cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente
de ser ejecutada16; de suerte que no se persigue
reprender al renuente por el peso de la sanción en sí
misma17, sino que ésta debe entenderse como una forma
16
Sentencias C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz y C-367 de 2014, M.P: Mauricio González
Cuervo
17
Sentencias T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-368 de 2005, M.P.: Clara Inés
Vargas Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-171 de 2009, M.P.: Humberto
Antonio Sierra Porto, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-512 de 2011, M.P.: Jorge
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para inducir que aquel encauce su conducta hacia el
cumplimiento, a través de una medida de reconvención cuyo
objetivo no es otro que auspiciar la eficacia de la acción
impetrada y, con ella, la reivindicación de los derechos
quebrantados18.
En consecuencia, cuando en el curso del incidente de
desacato el accionado se persuade a cumplir la orden de
tutela, no hay lugar a la imposición y/o aplicación de la
sanción. (…)
Por otro lado, el juzgado mal podía negar el
levantamiento de las sanciones con argumentos como
que las mismas se encontraban en firme y que el
desacato es un dispositivo para castigar al renuente,
pues ello desconoce la doctrina desarrollada de forma
pacífica por esta Corte en cuanto a que el propósito
perseguido por la sanción es conminar al obligado
como medio para garantizar el goce efectivo del
derecho tutelado mediante sentencia, mas no
sancionar por sancionar […]”19 (Negrillas de la Sala).
En la sentencia transcrita, la Corte Constitucional indicó que el
incidente de desacato tiene como objeto lograr el cumplimiento
efectivo de la orden de tutela pendiente de ejecutar, por lo que
aun cuando la desobediencia respecto de la sentencia conlleve
consecuencias como lo es la imposición de sanciones, el trámite
incidental no pretende castigar al renuente, sino inducir al
cumplimiento de la orden a través de una medida de reconvención.
Iván Palacio Palacio, T-074 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-280A de 2012, M.P.:
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, C-367 de 2014, M.P.:
Mauricio González Cuervo,
18
Sobre la naturaleza de la sanción por desacato se pronunció la Corte Constitucional en la
sentencia C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz
19
Corte Constitucional, sentencia SU-034 del 3 de mayo de 2018, C.P. Alberto Rojas Ríos.
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En ese orden de ideas, el Alto Tribunal Constitucional dispuso que
negar el levantamiento de la sanción, argumentando que la misma
se encuentra en firme, desconoce los pronunciamientos que
reiteradamente se han emitido, en la medida en que la finalidad
de la sanción no es otra que conminar al obligado a garantizar el
goce efectivo del derecho tutelado.
Las razones expuestas en precedencia llevan a la Sala a considerar
que la autoridad judicial accionada no acogió las pautas que la
jurisprudencia constitucional ha avalado en cuanto a la finalidad
del incidente de desacato, toda vez que denegó la solicitud de
levantamiento de la sanción, limitándose a indicar que la misma
se encontraba debidamente ejecutoriada y, por tanto, las órdenes
allí impuestas eran de obligatorio cumplimiento, absteniéndose de
esta forma de analizar el fondo del asunto, con el fin de verificar
el cumplimiento de la orden de 7 de septiembre de 2015.
De ahí la importancia de que la autoridad judicial accionada se
detenga a revisar si, en efecto, la DIRECCIÓN DE SANIDAD dio
cabal cumplimiento al fallo de tutela, tal como lo esgrime el actor,
aplicando los criterios expuestos por la jurisprudencia
constitucional respecto de la finalidad perseguida con el incidente
de desacato.
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Es preciso traer a colación la providencia de 16 de agosto de
201820, en la que esta Corporación, en un caso de similares
presupuestos, indicó:
“[…] La Unidad para las Víctimas, a través de su representante
legal, solicitó la inaplicación de la sanción impuesta al señor
Ramón Alberto Rodríguez Andrade, con fundamento en los
pronunciamientos que en la materia ha reiterado la Corte
Constitucional e incluso el Consejo de Estado, en el sentido de
que el fin del incidente de desacato no es la sanción en sí
misma, sino lograr el cumplimiento de la orden dictada
en sede constitucional.
Con auto de fecha 22 de febrero de 2018, el Juzgado
cuestionado resolvió denegar dicha solicitud, en consideración a
que en sede del grado jurisdiccional de consulta el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en providencia de 16 de enero de
2017 decidió modificar la sanción de 5 a 1 salario mínimo legal
mensual vigente, y que, en virtud de ello, se debía atener a lo
resuelto por el superior, toda vez que dicha decisión se
encontraba en firme. […]
En ese orden de cosas, a la luz de los postulados
constitucionales y de la nueva evidencia que demuestre el
posterior cumplimiento por parte de la entidad tutelada, se
impone que el conductor del trámite incidental, a estas
alturas, declare la inaplicación de la sanción, aun cuando su
imposición hubiese estado justificada; y de tal suerte, así lo
haga saber a los encargados de su ejecución.
Ello se explica también en que el desacato es un
instrumento persuasivo para el cumplimiento de la orden
de amparo, mas no una herramienta de carácter punitivo,
por tanto, al desaparecer los supuestos que dieron lugar
a ella, resulta incoherente mantener la vigencia de sus
efectos en el orden jurídico21 […]” (Resaltado fuera del
texto original).
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 16 de
agosto de 2018, C.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación núm: 11001-03-15-000-2018-02048-00.
21
Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-421 de 2003 y T010 de 2012.
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En ese mismo sentido, la Sala destaca que, en una acción de
tutela22 con identidad fáctica a la presente, promovida igualmente
por el señor GERMÁN LÓPEZ GUERRERO, se ampararon los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al buen
nombre, a la honra, al mínimo vital y al acceso a la administración
de justicia al considerar que la postura del TRIBUNAL desconoce
los lineamientos propuestos por la Corte Constitucional en
múltiples pronunciamientos.
Conforme con lo expuesto en precedencia, la Sala resalta que no
resulta de tal validez denegar el levantamiento de la sanción
argumentando que la misma se encuentra en firme, dado que el
desacato no es un dispositivo para castigar al renuente, sino para
conminarlo a dar cumplimiento efectivo al derecho tutelado
mediante la sentencia de tutela, por lo que usar el incidente de
desacato como un instrumento sancionador, desconocería su
finalidad y naturaleza.
Así las cosas, la Sala considera que el TRIBUNAL incurrió en
desconocimiento del precedente judicial al dejar de aplicar los
criterios expuestos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y de esta Corporación, relacionados con la inaplicación de la
22
Sentencia de 27 de abril de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, providencia identificada con
el número único de radicación 11001-03-15-000-2023-01197-00.
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sanción impuesta dentro del trámite del incidente de desacato, al
abstenerse de analizar de fondo las múltiples solicitudes elevadas
por la DIRECCIÓN DE SANIDAD, bajo el argumento de que la
decisión ya se encontraba debidamente ejecutoriada, por lo que al
no haberse demostrado en su debida oportunidad el cumplimiento
del fallo de tutela no era posible evitar la sanción impuesta.
Tal postura resulta contraria al criterio jurisprudencial analizado,
pues, como se vio, lo procedente era examinar las solicitudes de
levantamiento de la sanción elevadas por la DIRECCIÓN DE
SANIDAD, bajo la óptica de la finalidad y carácter persuasivo del
incidente de desacato, para, de esta manera, concluir que no
existe razón alguna que justifique mantener una sanción por
desacato contra quien ha sido persuadido por la misma y ha
procedido a cumplir la orden tutelar correspondiente, aun cuando
esto se produzca, inclusive, con posterioridad a la resolución del
grado jurisdiccional de consulta.
Así las cosas, la Sala revocará la decisión del a quo que declaró
improcedente la solicitud de amparo y, en su lugar, amparará los
derechos fundamentales invocados, por lo que dejará sin efecto el
auto de 21 de julio de 2023 de febrero de 2023 y, en consecuencia,
ordenará al TRIBUNAL que en el término de diez (10) días,
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contados a partir de la notificación de esta sentencia, profiera una
nueva decisión, mediante la cual resuelva de fondo la solicitud
inaplicación de la sanción presentada por el señor GERMÁN
LÓPEZ GUERRERO, estableciendo si resulta viable levantar la
sanción impuesta a través de providencia de 28 de agosto de
2018, confirmada en auto de 30 de noviembre de 2018, de
conformidad con los lineamientos constitucionales
expuestos en precedencia, tal como se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR fundados los impedimentos manifestados
por los señores consejeros OSWALDO GIRALDO LÓPEZ y
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, para intervenir en la acción
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
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SEGUNDO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al buen nombre, a la honra, al mínimo vital y al acceso
a la administración de justicia del señor GERMÁN LÓPEZ
GUERRERO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS la providencia de 21 de julio de
2023, proferida por la SECCIÓN PRIMERA -SUBSECCIÓN “B”-
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. En
consecuencia, ORDENAR que dicha autoridad judicial, en el
término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de
esta sentencia, profiera una nueva decisión, mediante la cual
resuelva de fondo la solicitud inaplicación de la sanción presentada
por el señor GERMÁN LÓPEZ GUERRERO, estableciendo si
resulta viable levantar la sanción impuesta a través de providencia
de 28 de agosto de 2018.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de mayo de
2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Salva voto
ISABEL CRISTINA JARAMILLO SIERRA GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Conjuez Conjuez
Salva voto
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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