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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-07170-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-07170-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- REVÓCASE la sentencia de 25 de enero de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En su lugar, Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por los señores Esperanza Vera Arias, Gladys María Helena Villamizar García Herreros, Martha Lucía Baquero Parra, María Eugenia Villamizar García Herreros, Martha Lucía Rubio Navas, Soffy Mónica Uribe Gómez, Gustavo Restrepo Herrera, Edgar Hernando Ruiz Vargas y Mauricio Delgado Celin, quienes actúan por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, por las razones aquí expuestas. Tercero.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-07170-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

18 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07170-01
Demandante: Esperanza Vera Arias y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07170-01
Demandantes: ESPERANZA VERA ARIAS, GLADYS MARÍA HELENA
VILLAMIZAR GARCÍA HERREROS, MARTHA LUCÍA
BAQUERO PARRA, MARÍA EUGENIA VILLAMIZAR GARCÍA
HERREROS, MARTHA LUCÍA RUBIO NAVAS, SOFFY
MÓNICA URIBE GÓMEZ, GUSTAVO RESTREPO HERRERA,
EDGAR HERNANDO RUIZ VARGAS Y MAURICIO
DELGADO CELIN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de cumplimiento
de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos.
Defectos sustantivo, decisión sin motivación y violación directa de la
constitución

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte accionante contra la sentencia de 25 de enero de 2024,
dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que se declaró la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la
relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Los accionantes relataron que el 21 de septiembre de 2022, presentaron una
reclamación ante la Secretaría de Planeación Distrital de Santa Marta, en la que
solicitaron la revisión del estrato 6 que les fue asignado a sus inmuebles de
conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 732 de 2011, así como el
cambio a estrato 4.

Sostuvieron que la Secretaría de Planeación Distrital de Santa Marta, en oficio No.
3156 de 13 de octubre de 2022 resolvió “que no existe ningún cambio en el
entorno que amerite un nuevo proceso. Por lo tanto, sigue quedando en vigencia
la resolución 168 del 27 de agosto de 2015 y el acta del 25 de septiembre del
mismo año. La cual ratifica el estrato 6 para el sector 10 manzana 38 lado E”.

Afirmaron que interpusieron recursos de reposición y en subsidio de apelación
contra la decisión de la Secretaría, sin embargo, transcurridos más de 2 meses sin
obtener respuesta, consideraron que se había configurado el silencio
administrativo positivo, el cual protocolizaron por medio de escritura pública No. 64
de 11 de enero de 2023.

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Demandante: Esperanza Vera Arias y otros

Resaltaron que en cumplimiento de un fallo de tutela, la Secretaría de Planeación
Distrital de Santa Marta dio respuesta a los recursos y a la solicitud de
configuración del silencio administrativo positivo, en el sentido de que “no opera en
este caso, por cuanto i) la primera instancia fue fallada mediante el oficio del 13 de
octubre de 2022 que constituye propiamente el acto administrativo a través del
cual se decidió la reclamación; y ii) la segunda instancia no tiene plazo para ser
decidida”.

Señalaron que en ejercicio del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o de actos administrativos presentaron demanda contra el Distrito de
Santa Marta, Secretaría de Planeación, por las reiteradas renuencias en dar
cumplimiento al acto ficto presunto de carácter positivo protocolizado en escritura
pública No. 064 de 11 de enero de 2023.

Indicaron que el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Santa Marta en
fallo de 13 de septiembre de 2023, negó las pretensiones de la acción de
cumplimiento, pues “de la lectura de la norma cuyo cumplimiento se depreca, se
infiere que su contenido no impone una orden imperativa e inobjetable por si
misma que permita al Juez Constitucional emitir un mandato de ejecución sin
observar las condiciones particulares de cada caso, especialmente si se pretende
soportar en la configuración del silencio administrativo positivo que, de acuerdo
con las posiciones de ambas partes, difieren en cuanto a su ocurrencia con
respecto a la interposición de recursos”.

Finalmente, manifestaron que impugnaron la anterior decisión y el Tribunal
Administrativo del Magdalena mediante sentencia de 9 de octubre de 2023 1, la
revocó y declaró improcedente la acción de cumplimiento, al considerar que los
demandantes contaban con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para atacar el acto administrativo mediante el cual se negó la
configuración del silencio administrativo positivo.

2. Fundamentos de la acción

Los demandantes presentaron acción de tutela con el objeto de que se amparen
los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la igualdad, supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo
del Magdalena con la providencia de 9 de octubre de 2023, mediante la cual se
revocó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la acción de
cumplimiento y declaró su improcedencia.

En primer lugar, se refirieron a los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, para lo cual señalaron que se
cumple con la relevancia constitucional, pues “el fallo que se impugna es violatorio
de los Derechos Fundamentales al Acceso a la Administración de Justicia, al
Debido Proceso y a la Igualdad de los Accionantes por cuanto ni el Juez de
primera instancia ni los Magistrados que conocieron la segunda instancia tuvieron
en cuenta que el recurso de Apelación interpuesto contra la supuesta decisión de
la Secretaría de Planeación no fue resuelto dentro de los 2 meses que se disponía
de conformidad con el artículo 6º de la Ley 732 de 2011 ni reconocieron que por
ese mutismo se produjo el Silencio Administrativo POSITIVO que fue debidamente
protocolizado”.

De otro lado, señalaron que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
sustantivo, toda vez que “la Secretaría de Planeación como el Juez de primera
instancia y los 2 Magistrados que suscriben la Sentencia de segunda instancia

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La decisión cuenta con un salvamento de voto.
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desconocieron el artículo 6º de la Ley 732 de 2011 que obliga a la aplicación del
Silencio Administrativo Positivo si no se resuelve la reclamación en la primera y
segunda instancia dentro del término allí previsto, el inciso primero del artículo 85
del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, que
establece el procedimiento para invocar el citado Silencio y el inciso segundo de
este mismo artículo que consagra la obligación que tienen todas las personas y
autoridades para reconocer los efectos legales de la decisión favorable que se
solicitó y que consta en la escritura pública”.

Igualmente, afirmaron que se incurrió en decisión sin motivación, porque la
sentencia objetada no le brindó la relevancia jurídica necesaria al recurso de
apelación que radicaron y respecto del cual no se dio respuesta.

En tercer término, sostuvieron que la autoridad judicial accionada incurrió
violación directa de la Constitución, pues “transgredió los Derechos
Fundamentales del Acceso a la Administración de Justicia y al Debido Proceso por
cuanto fundamentó su decisión en la respuesta emitida por la Secretaría de
Planeación del derecho de petición que 5 meses antes le había presentado mis
poderdantes, pero a contrario sensu dejó de valorar y darle la importancia que
tenía a la Escritura Pública No. 064 de enero 11 de 2023, como era su deber, que
contiene la protocolización de los documentos a través de los cuales se
demostraba la ocurrencia del Silencio Administrativo Positivo”.

Señalaron que no es cierto que la respuesta brindada por la Secretaría de
Planeación Distrital de Santa Marta fuera respuesta a los recursos que se
presentó contra la decisión de mantener el estrato de la vivienda de los
accionantes, sino frente a la solicitud de reconocimiento del silencio administrativo
positivo.

Por último, manifestaron que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho no es procedente, toda vez que “existiría sustracción de materia sobre la
cual se debe pronunciar las autoridades judiciales ya que no debe existir duda
sobre la existencia del Acto Administrativo ficto o presunto con efectos positivos ni
incertidumbre o discusión sobre su aplicación, ya que el Silencio Administrativo
Positivo había ocurrido y se había protocolizado oportuna y en debida forma”. Lo
anterior lo sustenta con la sentencia de 27 de marzo de 2014 2 de la Sección
Quinta del Consejo de Estado

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“De acuerdo con lo expuesto, solicito respetuosamente a los Honorables Consejeros de
Estado se proceda a amparar los Derechos Fundamentales al Acceso a la
Administración de Justicia, al Debido Proceso y a la Igualdad de mis poderdantes
admitiendo que la Acción de Cumplimiento es el medio judicial más eficaz para lograr,
por una parte, que se reconozca la ocurrencia del Silencio Administrativo Positivo
respecto a la Reclamación que presentaron y a los recursos interpuestos, y por otra, la
existencia del Acto Administrativo ficto, tácito o presunto protocolizado en la Escritura
Pública No. 64 de fecha 11 de enero de 2023, en donde se solicitó expresamente lo
siguiente:

“De acuerdo con lo expuesto y demostrado, solicitamos con todo respeto al Secretario
de Planeación Distrital revisar el ESTRATO 6 con el que injusta e ilegalmente fueron
clasificados todos los inmuebles del Conjunto Sintana Resort del sector de Bello
Horizonte y se proceda a clasificar correctamente su estrato, que debe ser:

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Radicado No. 25000-23-41-000-2013-00444-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
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ESTRATO 4 por carecer de 2 servicios públicos domiciliarios, como son el
alcantarillado de aguas negras y el de aguas lluvias, y el acueducto de agua potable, a
lo cual tenemos derecho de acuerdo con lo ordenado por el artículo 102 de la Ley 142
de 1994. (….)”.

4. Pruebas relevantes

Mediante correo electrónico de 5 de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo
del Magdalena remitió el vínculo para ingresar al expediente digital No. 47001-33-
33-010-2023-00173-00 correspondiente a la acción de cumplimiento que adelantó
la señora Esperanza Vera Arias y otros contra el Distrito de Santa Marta –
Secretaría de Planeación.

5. Trámite procesal

Por auto de 29 de noviembre de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a la
autoridad judicial accionada, así como al Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito de Santa Marta, al señor Jorge Mario Uribe Vélez y al Distrito de Santa
Marta – Secretaría de Planeación.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Magdalena

En correo electrónico de 5 de diciembre de 2023, el magistrado ponente de la
decisión objetada solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela.

Afirmó que la sentencia proferida en el curso de la acción de cumplimiento con el
radicado No. 47001-23-33-010-2023-00173-02, sí realizó un análisis riguroso y
concienzudo de todos los presupuestos facticos y probatorios allegados a la
contención en franco cotejo con las disposiciones aplicables, entre las cuales se
analizó el contenido del artículo 6 de la Ley 732 de 2011.

Sostuvo que frente a la negativa del reconocimiento del silencio administrativo
positivo por parte de la Secretaría de Planeación Distrital de Santa Marta, y si los
accionantes consideraban que dicha decisión no se ajustaba a derecho, tenían la
posibilidad de acudir a la administración de justicia a través del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertirla.

Relató que la parte accionante solicitó que se ordenara al Distrito de Santa Marta
Secretaría de Planeación Distrital-, el cumplimiento del acto administrativo ficto o
presunto por no haber desatado los recursos de reposición y el de apelación
interpuestos contra el oficio de 13 de octubre de 2022, mediante el cual se negó la
revisión de la estratificación del conjunto residencial Sintana Resort. Sin embargo,
se determinó que la presunta falta de respuesta invocada por el actor, ya fue
discutida en sede de tutela y, en consecuencia, en cumplimiento de una sentencia
de tutela, el ente territorial accionado emitió respuesta en relación con estos.

Resaltó que la decisión objetada no vulneró ninguna de las garantías
constitucionales aducidas por los tutelantes, sino que, todo lo contrario, a la luz de
la normativa, del lineamiento jurisprudencial imperante y las pruebas existentes, se
adoptó una decisión ajustada a la ley, la jurisprudencia y a los elementos fácticos y
probatorios obrantes en el expediente y mal hacen los accionantes pretender
controvertir la sentencia del tribunal, con fundamento en argumentos que
desnaturalizan la finalidad de la acción de amparo constitucional, pues
evidentemente lo que pretenden es utilizarla como una instancia adicional.

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Para terminar, manifestó que la solicitud de amparo está dirigida a revivir el debate
ya precluido, pretendiendo convertir la acción de tutela en una instancia adicional
sin aceptar las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales dentro de los
escenarios procesales estatuidos para tal efecto, razón por la cual se debe
rechazar por improcedente en aplicación de los criterios sobre la materia
expuestos en la jurisprudencia constitucional.

6.2. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Santa Marta, el señor
Jorge Mario Uribe Vélez y el Distrito de Santa Marta – Secretaría de
Planeación, guardaron silencio, aun cuando se les notificó en debida forma el
auto admisorio de la acción de tutela.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado por sentencia de 25 de enero de 2024,
declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de
la relevancia constitucional.

Afirmó que la parte actora se limitó a indicar que sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad se vieron
conculcados con la decisión de 9 de octubre de 2023, a través de la cual se
declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento promovida contra el Distrito
de Santa Marta, Secretaría de Planeación, luego de considerar que el fondo de la
controversia planteada le concierne a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

Sostuvo que lo pretendido por los demandantes se circunscribe puntualmente a
que se determine si en la acción de cumplimiento se debe definir cuál de los dos
actos administrativos prevalece en el sub examine, esto es, la escritura pública a
través de la cual se protocolizó el silencio administrativo positivo, o el expreso que
la administración expidió de manera posterior en el sentido de negar el
reconocimiento del referido silencio.

Resaltó que pese a que los argumentos contenidos en el escrito de tutela están
enmarcados en los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y falta
de motivación, lo cierto es que la discusión se reduce a un debate meramente
legal en atención a que implica que el juez de tutela se inmiscuya en el análisis
correspondiente a si en el marco de la acción de cumplimiento se debía establecer
si operó o no el silencio administrativo positivo frente a la presunta falta de
respuesta de la administración y, en esa medida, ordenarle al Tribunal
Administrativo del Magdalena que aborde el fondo del asunto puesto en
conocimiento, con sujeción a la determinación de que sí se configuró el
mencionado silencio, y que le ordene al ente territorial demandado su
acatamiento.

Indicó que la solicitud de amparo se empleó como una instancia adicional a la
acción de cumplimiento, debido a que en la sentencia de 9 de octubre de 2023 el
tribunal accionado explicó las razones por las que la controversia planteada
correspondía a la esfera funcional del juez de lo contencioso administrativo, y al
tratar de recabar en ello en este trámite tutelar, se advierte que la presunta
vulneración alegada no va más allá de la mera incomodidad de los accionantes
frente a una decisión judicial, de la cual no se advierte una infracción palmaria que
conlleve la intervención en sede de tutela.

Por último, manifestó que no encontró un argumento sólido que demuestre la
infracción de las garantías fundamentales invocadas, que amerite superar el
requisito de relevancia constitucional, en tratándose de acción de tutela contra
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providencia judicial, comoquiera que la solicitud carece de la carga argumentativa
desde una perspectiva constitucional y no se evidencia una vulneración palmaria
derivada de la providencia de 9 de octubre de 2023, que amerite la intervención
del juez de tutela.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, los
accionantes impugnaron la sentencia de primera instancia y solicitaron que se
revoque el fallo que declaró la improcedencia de la acción por no cumplir con el
requisito de la relevancia constitucional.

Afirmaron que el asunto cumple ese presupuesto general, pues del salvamento de
voto manifestado por uno de los magistrados del tribunal accionado demostraba la
ocurrencia del silencio administrativo positivo, además que se demostró la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

Sostuvieron que el objeto de la acción de tutela se circunscribe al reconocimiento
del silencio administrativo positivo que acaeció por la falta de resolución de los
recursos de reposición y apelación por parte de la Secretaría de Planeación
Distrital de Santa Marta, dentro de la reclamación relacionada con la rebaja del
estrato 6 que tienen hoy en día sus apartamentos a estrato 4 y la reiterada
negativa para reconocerlo por parte de las autoridades judiciales que conocieron
del proceso, con lo cual se demuestra que la tutela interpuesta no tiene contenido
económico.

Señalaron que el análisis que se realizó sobre las normas que prevén lo relativo a
la estratificación de los inmuebles y sobre el silencio administrativo positivo, tuvo
como objeto demostrar su ocurrencia, así como la protocolización a través de una
escritura pública y la obligación de las autoridades a reconocer la existencia del
acto ficto y el acatamiento de la decisión favorable.

Indicaron que en el escrito de tutela se demostró la violación del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia, pues el juez de primera
instancia ni el tribunal tuvieron en cuenta que se reprochó la falta de aplicación a
lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 85 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-.

Finalmente, resaltaron que “como se encuentra plenamente demostrado en el
expediente, el oficio del 9 de junio de 2023 fue emitido por la Secretaría de
Planeación de Santa Marta para cumplir la orden del Juez de Tutela por violación
del Derecho de Petición y en dicho oficio ni siquiera se mencionan los recursos
que se habían interpuesto el 1º de noviembre de 2022 sino al derecho de petición
que mis representados le habían presentado el día 23 de enero de 2023 para
solicitar el reconocimiento del Silencio Administrativo Positivo. Y si fuera cierto que
con el oficio del 9 de junio de 2023 se falló el recurso de apelación (lo cual es
totalmente falso), su extemporaneidad se da a todas luces ya que se había
proferido 7 meses después de su interposición (1º de noviembre de 2022) cuando
ha debido resolverse en el plazo máximo de 2 meses (art. 6º, Ley 732/2011)”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
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Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación,
si debe revocar la sentencia de 25 de enero de 2024, dictada por la Sección
Quinta del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela
por falta del requisito de la relevancia constitucional, y de superarse los restantes
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, si el Tribunal Administrativo del Magdalena vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por
cuanto, supuestamente incurrieron en los defectos i) sustantivo, porque
desconoció el artículo 6º de la Ley 732 de 2002 que consagra la aplicación del
silencio administrativo positivo, ii) decisión sin motivación, toda vez que no le dio
relevancia a los recurso que interpuso en el curso de la vía administrativa y la falta
de respuesta de estos que genera el silencio administrativo positivo y iii) violación
directa de la Constitución, en razón a que se vulneraron sus derechos
fundamentales.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20125, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 6, precisó el
ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que
llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus
máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que
sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un

3 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
4 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
5 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
6 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 M. P. Jaime Córdoba Triviño.

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efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto
fáctico10; (iv) Defecto material o sustantivo11; (v) Error inducido12; (vi) Decisión sin
motivación13; (vii) Desconocimiento del precedente14 y (viii) Violación directa de la
Constitución15.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo16 y de la Corte
Constitucional17.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Se cumple con el requisito de la relevancia constitucional y los demás
requisitos generales de procedencia

La Sala encuentra que, contrario a lo resuelto en la sentencia impugnada, los
requisitos generales de procedencia están cumplidos en el asunto bajo estudio,
por cuanto (i) goza de relevancia constitucional, en tanto se debe determinar si la
decisión de segunda instancia proferida en el marco de la acción de cumplimiento,

8 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de

competencia para ello.
9 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
10 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el

que se sustenta la decisión.
11 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que

presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
12 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo

condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
13 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y

jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
14 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez

ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
15 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de

2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
16 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),

Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01),
Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01,
Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
17 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella

Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto
Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
8

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07170-01
Demandante: Esperanza Vera Arias y otros

en la que se revocó la sentencia de primera instancia para declarar su
improcedencia, limita el contenido, alcance y goce de los derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad de los
accionantes, por lo que no se observa que la solicitud de amparo se presente
como una instancia adicional, se plantee con la intención de reabrir el debate o
para proponer argumentos de naturaleza legal. Adicionalmente, la decisión
objetada al revocar la sentencia del a quo desarrolló argumentos que solo los
accionantes pudieron reprochar por primera vez en la acción de tutela.

Igualmente, (ii) la última providencia objetada se profirió como consecuencia de la
impugnación que radicó la parte actora, por lo que los demandantes no cuentan
con otro mecanismo de defensa judicial; (iii) la solicitud de amparo se instauró
18
dentro de los seis (6) meses establecidos como plazo razonable precisado por
esta Corporación y la Corte Constitucional19; (iv) los hechos y las pretensiones
fueron desarrollados de manera clara y (v) la acción no es contra un fallo de la
misma naturaleza.

4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos sustantivo,
decisión sin motivación y violación directa de la Constitución alegados20

4.2.1. Los señores Esperanza Vera Arias, Gladys María Helena Villamizar García
Herreros, Martha Lucía Baquero Parra, María Eugenia Villamizar García Herreros,
Martha Rubio Navas, Soffy Mónica Uribe Gómez, Gustavo Restrepo Herrera,
Edgar Hernando Ruiz Vargas y Mauricio Delgado Celin, en ejercicio de la acción
de tutela, pidieron la protección constitucional de sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, supuestamente
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Magdalena con la providencia de 9
de octubre de 2023, que revocó la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones y, en su lugar, declaró la improcedencia de la acción de
cumplimiento.

La Sección Quinta del Consejo de Estado en fallo de 25 de enero de 2024, declaró
improcedente la acción de tutela, bajo el argumento de que la parte actora insiste
en el mismo debate planteado en el medio de control de cumplimiento de normas
con fuerza material de ley o de actos administrativos, y por no cumplir con la carga
argumentativa mínima frente a la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales.

Los demandantes impugnaron la anterior decisión, para lo cual expusieron que el
salvamento de voto demostraba la ocurrencia del silencio administrativo positivo, a
lo que agregaron que lo planteado no es un debate de naturaleza económica,
además que no se tuvo en cuenta que se reprochó la falta de aplicación de lo
dispuesto en el inciso 2 del artículo 85 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-.

4.2.2. El defecto sustantivo se materializa cuando la decisión que adopta el juez
desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconoce, lo cual, de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional puede darse en los
siguientes casos:

“(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se sustenta
en una norma inexistente, derogada, o que ha sido declarada inconstitucional. (ii) La decisión

18
La providencia objetada se profirió el 9 de octubre de 2023, cuya notificación se surtió el 25 de octubre de 2023, sin
embargo, la acción de tutela se instauró el 24 de noviembre de 2023, es decir, dentro del plazo razonable de los seis (6)
meses.
19
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:
Antonio José Lizarazo Ocampo.
20
Se reitera la postura desarrollada en la sentencia de 21 de marzo de 2024, radicado No. 11001-03-15-000-2024-00710-
00, C.P.: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
9

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judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable por no ser pertinente. A pesar de
que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, su aplicación no resulta adecuada a la
situación fáctica objeto de estudio como, por ejemplo, cuando se le reconocen efectos distintos a
los señalados por el legislador (iv) Cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una
sentencia con efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría
la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico. (v) La
disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva o claramente contraria a la
Constitución. (vi) Cuando un poder concedido al juez se utiliza para un fin no previsto en la
disposición. (vii) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del derecho, omitiendo
el análisis de otras disposiciones aplicables al caso. (viii) El servidor judicial da una insuficiente
sustentación o justificación de una actuación que afecta derechos fundamentales. (ix) Se
desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación. (x) Cuando el
juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la
Constitución. Se trata de la aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el
cual si bien el contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es contrario a la
constitución, o al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que
debe ser igualmente inaplicada. (xi) Cuando la providencia incurre en incongruencia entre los
fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez no
corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia”21.

Además de las anteriores circunstancias, se ha señalado que una autoridad
judicial puede incurrir en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable en, al
menos, dos hipótesis: “(i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido
y alcance que esta no tiene (contraevidente –interpretación contra legem–), o
de manera injustificada para los intereses legítimos de una de las partes;
y (ii) cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que
en principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece,
pero que en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a
resultados desproporcionados, sacando la decisión del marco de la juridicidad y de
la hermenéutica jurídica aceptable”22 (Negrillas y subrayas de la Sala).

De otro lado, la violación directa de la Constitución se configura cuando el juez en
la decisión desconoce la Carta Política. Ello puede ocurrir, primero, porque no se
aplica una norma fundamental al caso en estudio, lo cual se presenta porque: (a)
al resolver el asunto se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional; (b) se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron
derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de interpretación
conforme a la Constitución.

En segundo lugar, porque se aplica la ley al margen de los preceptos consagrados
en la Constitución. En este evento, se ha señalado que los jueces, en sus fallos,
deben tener en cuenta la excepción de inconstitucionalidad contenida en el
artículo 4º Superior, en tanto la Carta es norma de normas, y cuando existe
incompatibilidad con las disposiciones legales, debe aplicarse de preferencia las
constitucionales 23.

4.2.3. La Sala revocará la sentencia impugnada, toda vez que, como se indicó, la
solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, sin embargo, no se evidencia la
configuración de los defectos alegados, por lo que se negarán las pretensiones.

De manera previa, se procederá a elaborar un breve recuentos de las diferentes
actuaciones que se adelantaron en el curso de la acción de cumplimiento, así:

La parte actora presentó acción de cumplimiento contra el Distrito de Santa Marta,
Secretaría de Planeación, en la que solicitó el cumplimiento del acto administrativo
ficto o presunto que se configuró en virtud del silencio administrativo positivo, al no
resolver los recursos de reposición y de apelación contra la decisión que negó la
21
Corte Constitucional, sentencia SU-574 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
22
Ibíd.
23
Sentencia SU-069 de 2018, M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
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reclamación relacionada con el cambio de estratificación de los inmuebles de
propiedad de los accionantes.

El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Santa Marta en fallo de 13 de
septiembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no
existe una orden inobjetable, además que se evidenciaron controversias
interpretativas, pues los demandantes afirman que se configuró el silencio
administrativo positivo, mientras que la parte demandada alegó lo contrario.

Los accionantes presentaron escrito de impugnación, en el que reprocharon i) el
oficio mediante el cual la Secretaría de Planeación Distrital de Santa Marta negó la
reclamación de cambio de estrato, pues consideraron que no se cumplía con
todos los requisitos para que este fuese catalogado como acto administrativo, así
como ii) la competencia del Comité Permanente de Estratificación de la
mencionada dependencia para resolver la reclamación en primera instancia.

Insistieron en que la entidad territorial demandada contaba con dos meses para
resolver los recursos de reposición y de apelación, que cumplió con lo establecido
en el artículo 85 de la Ley 1437 de 2011, en relación con el procedimiento para
invocar el acto ficto presunto positivo y que no era necesario acudir al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues “no requieren que se anule
ningún acto administrativo ni se les restituya un derecho o se les repare el daño,
sino por el contrario que se reconozca la existencia del acto administrativo ficto,
presunto o tácito que fue debidamente protocolizado ante Notaría por la ocurrencia
del Silencio Administrativo Positivo respecto de la reclamación que habían
presentado y se exija el cumplimiento de sus pretensiones ante la renuencia de la
Secretaría de Planeación Distrital”.

El Tribunal Administrativo del Magdalena en sentencia de 9 de octubre de 2023,
revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró improcedente la
acción de cumplimiento, porque los demandantes contaban con otro medio de
defensa judicial para lograr el cumplimiento de un deber legal o para controvertir la
legalidad de los actos administrativos expedidos por el distrito de Santa Marta, con
sustento en lo siguiente:

“En ese contexto, se debe traer a colación lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 732 de 2002,
modificado por el artículo 311 de Ley 2294 de 2023:

(…)

Con base en lo anterior, se tiene que, en primera instancia quien debe resolver la solicitud de
revisión del estrato urbano que se le asigne es la Alcaldía de cada municipio y las apelaciones se
surtirán ante el Comité Permanente de Estratificación, que para el caso concreto sería el Distrital
y, que si la instancia competente no resuelve el reclamo (solicitud de apelación – apelación) en
un término no superior a dos (2) meses, operará el Silencio Administrativo Positivo.

Pues bien, sobre el particular se debe mencionar que con la respuesta emitida por la entidad el
nueve (09) de junio de dos mil veintitrés (2023), no podría entenderse actualmente que la
administración no ha dado respuesta a los recursos interpuestos y a la solicitud de
reconocimiento del Silencio Administrativo Positivo, puesto que, aunque de manera tardía, como
ya fue enunciado, la entidad accionada emitió pronunciamiento frente a los mismos, además, no
se vislumbra que en relación a esta última respuesta el accionante haya interpuesto recurso
alguno.

Ahora bien, se tiene que, frente a la negativa de la entidad, si el accionante considera que dicha
decisión no se ajusta a derecho, tiene el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para controvertirla.

En ese escenario, se debe traer a colación el artículo 9 de la Ley 393 de 1997, que estableció en
qué casos la acción de cumplimiento se torna improcedente, a saber:

“Artículo 9.- Improcedibilidad. La Acción de Cumplimiento no procederá para la protección de
derechos que puedan ser garantizados mediante la Acción de Tutela. En estos eventos, el Juez
le dará a la solicitud el trámite correspondiente al derecho de Tutela.
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Tampoco procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr
el efectivo cumplimiento de la norma o Acto Administrativo, salvo, que de no proceder el Juez, se
siga un perjuicio grave e inminente para el accionante. (…)”

Sobre el particular el H. Consejo de Estado ha señalado que la acción de marras:

“Es un mecanismo procesal idóneo para exigir el cumplimiento de las normas o de los actos
administrativos que contengan un mandato imperativo a cargo de la correspondiente autoridad
pública a la cual se reclame su acatamiento, pero al igual que la acción de tutela, es subsidiario,
en tanto que no procede cuando la persona que promueve la acción tiene o tuvo otro instrumento
judicial para lograr el efectivo cumplimiento de tal norma o acto incumplido; tampoco cuando su
ejercicio persiga el cumplimiento de normas que establezcan gastos.

Así mismo, ha explicado que:

“La subsidiariedad implica la improcedencia de la acción, si se cuenta con otros mecanismos de
defensa jurídica para lograr el efectivo cumplimiento de ley o del acto administrativo, salvo que se
esté frente a una situación gravosa o urgente, que haga desplazar el instrumento judicial
ordinario, como salvaguarda de un perjuicio irremediable. Igual lo que acaece frente a la tutela,
pues se trata de instrumentos judiciales residuales y no principales (…).”

Por su parte, la guardiana de la Constitución en Sentencia SU0077 de 2018, dijo:

“La acción de cumplimiento es un mecanismo judicial mediante el cual se pretende obtener
cumplimiento a mandatos expresos contenidos en normas con fuerza material de ley o actos
administrativos. Se trata de una acción subsidiaria respecto de la acción de la tutela, de manera
que esta última es prevalente cuando lo que se busca es la protección directa de derechos
constitucionales fundamentales que pueden verse vulnerados o amenazados por la omisión de
una autoridad. En contraste, cuando la pretensión se dirige a que se garanticen derechos de
orden legal o que la administración aplique un mandato legal o administrativo, específico y
determinado, procede la acción de cumplimiento.”

De lo antes expuesto se puede inferir que, la acción de cumplimiento tiene en común con la
acción de tutela que, ambas revisten el carácter de subsidiaria, así mismo, esta herramienta
procesal es improcedente ante la existencia de otros mecanismos que puedan servir para
salvaguardar el cumplimiento de las normas o actos administrativos que se pretendan hacer
cumplir, salvo que se demuestre la configuración de un perjuicio irremediable.

En ese contexto, rememora la Sala que la parte accionante, solicita, en esencia, que se ordene al
DISTRITO DE SANTA MARTA – SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL, el cumplimiento
del acto administrativo ficto o presunto por no haber desatado los recursos de reposición y en
subsidio de apelación interpuestos contra el oficio de calenda trece (13) de octubre de 2022
mediante el cual se negó la revisión de la estratificación del conjunto residencial Sintana Resort.

Sin embargo, resalta esta Sala que la presunta falta de respuesta invocado por el extremo actor
en cuanto al recurso de reposición y en subsidio apelación referenciados en esta providencia, ya
fueron discutidos en sede de tutela, en consecuencia, en razón a dicho fallo, el ente territorial
accionado emitió respuesta en relación con estos.

Con todo lo anterior, aduce esta Sala que en el asunto bajo estudio hay lugar a revocar en su
integridad la providencia impugnada en tanto que la presente solicitud de interés deviene en
improcedente. Lo anterior con fundamento en las consideraciones que pasan a exponerse.

Pues bien, visto el contenido de las normas previamente acotadas, en franco cotejo con lo
dispuesto en la Ley 393 de 1997 y el marco jurisprudencial decantado por la Honorable Corte
Constitucional y el Honorable Consejo de Estado, es dable inferir que la acción de cumplimiento
de interés deviene en improcedente a fin de exigir el cumplimiento del acto administrativo ficto o
presunto por no haber desatado los recursos interpuestos contra el oficio de 13 de octubre de
2022, toda vez que, luego de la negativa de la entidad de reconocer los efectos del silencio
administrativo positivo al considerar que en cumplimiento de la orden de tutela, se le dio
respuesta de fondo dentro de la oportunidad procesal para hacerlo, de guisa pues, que lo
pretendido no es pasible de ser perseguido a través de este mecanismo constitucional.

Lo expuesto debido a que, ante la respuesta emitida por la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DISTRITAL, no puede predicarse que actualmente la entidad accionada no haya emitido
pronunciamiento, pues precisamente teniendo en cuenta esta última respuesta, el presente
asunto no se torna discutible a través de la acción de cumplimiento, ya que frente a este nuevo
acto administrativo existen las acciones ordinarias establecidas en el ordenamiento jurídico,
como para el caso de marras, sería el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

En ese orden, los accionantes cuentan con otro medio de defensa judicial para lograr el efectivo
cumplimiento del deber jurídico o en su defecto para controvertir la legalidad de los actos
administrativos expedidos por el Distrito de Santa Marta frente al proceso de estratificación.

12

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Aunado a lo anterior, una vez revisadas las pruebas obrantes en el plenario, no se observa la
configuración de un perjuicio irremediable, por lo que la solicitud sub júdice deviene a todas luces
improcedente por no acreditarse el principio de subsidiariedad”.

De lo anterior, se observa que la autoridad judicial demandada revocó el fallo de
primera instancia que había negado las pretensiones de la demanda y declaró la
improcedencia de la acción de cumplimiento, pues al verificar el marco normativo
que la regula, así como las pruebas allegadas y los precedentes judiciales del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, consideró que la mencionada acción
constitucional, en razón a su carácter subsidiario, no es el mecanismo para discutir
si se configuró o no el silencio administrativo positivo ni el escenario para
reprochar que la Secretaría de Planeación Distrital de Santa Marta profirió un
nuevo acto administrativo expreso en el que se indicó que no se había configurado
el acto ficto o presunto en mención, pues para eso la parte actora cuenta con el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

4.2.4. Descendiendo al caso concreto, se observa que la autoridad judicial
accionada no incurrió en defecto sustantivo endilgado, relacionado con la
interposición de recursos y que la Secretaría de Planeación Distrital de Santa
Marta no se pronunció sobre estos, lo que configuró el silencio administrativo
positivo.

Al respecto, se observa que la situación relacionada con los recursos y la
configuración del acto ficto sí fue motivo de estudio por el tribunal accionado, pues
evidenció que la Secretaría de Planeación Distrital de Santa Marta expidió un acto
administrativo (Resolución No. 0276 de 9 de junio de 2023), en el que afirmó que
no se configuró el silencio administrativo positivo, en razón a que no se
desconocieron los términos para resolver los recursos dentro de la reclamación
por cambio de estratificación elevada por la parte actora.

En efecto, en la sentencia objetada se desarrolló un estudio respecto a la
aplicación del artículo 6 de la Ley 732 de 200224, sin embargo, el tribunal
accionado señaló que la administración expidió un acto administrativo el 9 de junio
de 2023, en el que se manifestó que no podría entenderse que no se dio
respuesta a los recursos interpuestos por los demandantes. En consecuencia,
como la entidad accionada emitió pronunciamiento frente a los recursos y respecto
al silencio administrativo positivo, la autoridad judicial accionada consideró que
debía acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
controvertir el acto expreso de la Secretaría de Planeación Distrital de Santa
Marta.

Es decir, que el Tribunal Administrativo del Magdalena realizó un estudio frente al
artículo 6 de la Ley 732 de 2002, cuestión diferente es que evidenciara que existía
un acto administrativo que negó la configuración del silencio administrativo
positivo, por lo que debía demandarlo, lo que descarta la configuración del defecto
sustantivo alegado.

Igualmente, los alegatos relacionados con el artículo 85 de la Ley 1437 de 2011 y
el cumplimiento de los requisitos para invocar el silencio administrativo positivo, en
razón a que se aportó la protocolización de este, la Sala evidencia que si bien en
la sentencia objetada no se menciona dicha disposición, lo cierto es que esto no
es determinante, pues el tribunal valoró todas las pruebas relacionadas con el
silencio administrativo positivo como la escritura pública mediante la cual se
24
ARTÍCULO 6. RECLAMACIONES INDIVIDUALES. Toda persona o grupo de personas podrá solicitar a la Alcaldía, en
cualquier momento, por escrito, revisión del estrato urbano o rural que le asigne. Los reclamos serán atendidos y resueltos
en primera instancia por la respectiva Alcaldía y las apelaciones se surtirán ante el Comité Permanente de Estratificación de
su municipio o distrito. En ambos casos se procederá de acuerdo con las metodologías establecidas por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística -DANE-. La instancia competente deberá resolver el reclamo en un término no
superior a dos (2) meses, de lo contrario operará el silencio administrativo positivo.
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protocolizó, así como el acto administrativo en el que se negó el reconocimiento
del mencionado silencio administrativo y que, en consecuencia, debía acudir ante
la jurisdicción contencioso administrativa en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.

Es decir, que la decisión del tribunal accionado de declarar la improcedencia de la
acción de cumplimiento no fue por el hecho de que considerara que no se había
configurado el silencio administrativo positivo o porque la parte actora no
cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 6 de la Ley 732 de 2002 y
el artículo 85 de la Ley 1437 de 2011, sino por la existencia de un acto
administrativo expreso en el que la administración negó la configuración del acto
ficto el cual debía demandar, lo que resulta razonable y ajustado a derecho.

En ese orden de ideas, la Sala negará el cargo bajo estudio, porque los
accionantes no demostraron la configuración de un defecto sustantivo.

4.2.5. De otro lado, respecto de los defectos por decisión sin motivación y
violación directa de la Constitución por la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, la
Sala considera que no se configura en el presente caso, con sustento en lo
siguiente:

Al respecto, se evidencia que la sentencia objetada no adolece de una
argumentación inexistente o abiertamente insuficiente. De hecho, el tribunal
accionado tuvo en cuenta cada una de las actuaciones adelantadas en el
procedimiento administrativo y en el trámite de la acción de cumplimiento, así
como las pruebas allegadas al expediente, sin que se considere que la sentencia
de 9 de octubre de 2023 responda a un mero capricho del tribunal accionado.

Igualmente, no se configura el defecto por violación directa de la Constitución,
pues no se advierte que la providencia objetada desconozca la Carta Política ni
que se trate de un escenario en que exista una controversia entre la norma
superior y la ley.

Aunado a lo anterior, la Sala considera que los argumentos que sustentaron los
defectos por decisión sin motivación y violación directa de la Constitución, resultan
ser simples inconformidades de la parte actora con el sentido de la decisión
proferida por el tribunal accionado, lo que, per se, no prueba la configuración de
los defectos invocados.

Por otra parte, en lo relacionado con la sentencia de 27 de marzo de 2014 de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, que decidió una acción de cumplimiento
cuya pretensión era que se efectuara el nombramiento de notarios haciendo uso
de la lista de elegibles y el retiro de los que se encontraban en edad de retiro
forzoso, allí se declaró la improcedencia porque no se ejerció con el fin de que se
cumpliera una obligación ni se evidenció su incumplimiento. Lo que resulta
suficiente para concluir que se trata de un caso con un patrón fáctico y jurídico
diferente al que ocupa la atención de la Sala.

Por último, en lo atinente al salvamento de voto presentado en la sentencia
objetada, se advierte que tampoco constituye precedente judicial. Como lo ha
dicho esta Sala en reiteradas ocasiones, son una manifestación del principio de
autonomía judicial, en virtud del cual los integrantes de órganos judiciales
colegiados pueden expresar su disenso respecto de una determinada decisión, sin
que ello implique que deba acogerse esa postura, pues se trata de la posición
minoritaria en la resolución de un caso.

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Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia de 25 de enero de 2024,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró improcedente
la acción de tutela porque no cumplió el requisito de la relevancia constitucional y,
en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- REVÓCASE la sentencia de 25 de enero de 2024, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado. En su lugar,

Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por los
señores Esperanza Vera Arias, Gladys María Helena Villamizar García Herreros,
Martha Lucía Baquero Parra, María Eugenia Villamizar García Herreros, Martha
Lucía Rubio Navas, Soffy Mónica Uribe Gómez, Gustavo Restrepo Herrera, Edgar
Hernando Ruiz Vargas y Mauricio Delgado Celin, quienes actúan por conducto de
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, por las
razones aquí expuestas.

Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

15

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