Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07172-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07172-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-07172-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
25 de enero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315-000-2023-07172-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: CARLOS ALBERTO CORTÉS MONJE
TESIS: SE RECHAZA EL AMPARO SOLICITADO POR CONFIGURARSE
LA COSA JUZGADA Y LA TEMERIDAD. IDENTIDAD DE PARTES,
HECHOS Y PRETENSIONES.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra la
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “B” DEL CONSEJO DE
ESTADO1.
1
En adelante en la SECCIÓN TERCERA.
2
Número único de radicación: 110010315000-2023-07172-00
Actor: CARLOS ALBERTO CORTÉS MONJE
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor CARLOS ALBERTO CORTÉS MONJE, actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fue vulnerados
por la SECCIÓN TERCERA al haber proferido en segunda instancia
la sentencia de 3 de noviembre de 2020, dentro de la acción de
reparación directa identificada con el número único de radicación
130012331-000-2001-01324-01.
I.2.- Hechos
Indicó que promovió demanda en ejercicio de la acción de reparación
directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional,
con el fin de lograr el resarcimiento integral de los daños causados
mientras se desempeñaba como Capitán de Corbeta durante su
designación como Jefe de Contrainteligencia de la Fuerza Naval del
Atlántico, cuando fue víctima de acoso laboral, personal y familiar
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Número único de radicación: 110010315000-2023-07172-00
Actor: CARLOS ALBERTO CORTÉS MONJE
como represaría de haber denunciado fiscal, disciplinaria y
penalmente a varios funcionarios de esa entidad.
Comentó que al proceso le fue asignado el número único de
radicación 2001-01324-00 y le correspondió por reparto al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR2 que, en sentencia
de 23 de marzo de 2012, declaró de oficio la excepción de inepta
demanda por indebida escogencia de la acción, por lo que se inhibió
para pronunciarse de fondo.
Anotó que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
apelación, siendo desatado por la SECCIÓN TERCERA que,
mediante providencia de 3 de noviembre de 2020, modificó la
decisión del a quo y, en su lugar, declaró probada la caducidad de la
acción.
Informó que, antes de que se dictara la sentencia de segunda
instancia, su apoderado judicial comunicó a la Secretaría de la
Sección Tercera el buzón electrónico en donde recibiría las
notificaciones; sin embargo, nunca le fue notificada la sentencia a
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En adelante el TRIBUNAL.
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Actor: CARLOS ALBERTO CORTÉS MONJE
dicho buzón.
Precisó que solo hasta el 24 de mayo de 2023, cuando la Secretaría
del Tribunal remitió el expediente a su apoderado, pudo conocer el
contenido de la sentencia de 3 de noviembre de 2020.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Argumentó que esperó por más de 22 años la solución de su proceso
judicial, sin que haya obtenido justicia y ni siquiera una decisión de
fondo, desconociéndose así sus derechos fundamentales e
incurriendo en un defecto fáctico al haber computado erradamente
el término de la caducidad, pues el acoso del cual fue víctima se dio
hasta el 2 de mayo de 2000, cuando fue excluido como socio del Club
Naval.
Agregó que la decisión cuestionada incurrió en violación directa de la
Constitución, comoquiera que se desconocieron abiertamente los
estándares convencionales y constitucionales sobre el derecho de
acceder a la justicia a través de recursos adecuados y efectivos, pues
no contó con la garantía de ser oído ni de que su caso se tramitase
en un plazo razonable.
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Aseveró que no resulta aceptable que se haya declarado la caducidad
de la acción por solo 4 días, mientras que la resolución de la demanda
tardó 22 años, lo cual pone en evidencia la desigualdad frente a la
administración de justicia.
Adujo que también se incurrió en defecto sustantivo, en la medida
en que existe una evidente contradicción entre los fundamentos
jurídicos esgrimidos y la decisión adoptada; además, se aplicó
indebidamente el numeral 8 del artículo 136 del CPACA, que prevé el
término para acudir a la acción de reparación directa.
Añadió que, de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia
del Consejo de Estado, tratándose de acoso, el plazo se contabiliza
desde la fecha en que cesaron los actos constitutivos de acoso, lo
cual solo se dio hasta el 2 de mayo de 2020 y no cuando fue retirado
del servicio, como erradamente lo consideró la autoridad judicial
accionada.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:
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“[…] 1.- Que se ordene la protección de los derechos
fundamentales de mi poderdante CARLOS ALBERTO CORTÉS
MONJE al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, conculcados por la SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN
TERCERA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL CONSEJO DE ESTADO, a través del cual declaró la caducidad
de la acción de reparación directa tramitada bajo el radicado
1001233100020010132400.
2.- Como consecuencia de lo anterior, sírvase dejar sin efectos
jurídicos la sentencia del 3 de noviembre de 2020, notificada por
conducta concluyente el 24 de mayo de 2023, proferida por la
SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN TERCERA DE LA SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, y
en su lugar, ordenar a dicho despacho judicial para que profiera
una nueva sentencia de segunda instancia ajustada al
ordenamiento jurídico y a los estándares constitucionales y
convencionales esgrimidos en el presente escrito.
[…]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA manifestó que la solicitud de amparo
no satisface el requisito general de inmediatez, toda vez que han
transcurrido más de 2 años y 10 meses desde la notificación de la
sentencia acusada -21 de enero de 2021- y la presentación de la
acción de tutela.
Agregó que, si en gracia de discusión se aceptara que la parte actora
se notificó del fallo censurado por conducta concluyente el 24 de
mayo de 2023, también es evidente que la acción de tutela se
presentó de forma extemporánea.
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Sumado a lo anterior, afirmó que tampoco se cumple con el requisito
de la subsidiariedad, pues el actor cuenta con otro medio de defensa
judicial idóneo y eficaz para controvertir la decisión cuestionada,
como lo es el recurso extraordinario de revisión.
Por último, destacó que, sin perjuicio de lo anterior, no es de tal
acierto que la providencia cuestionada hubiese incurrido en los
defectos endilgados, pues se garantizaron los principios superiores
del actor al desatar el recurso de apelación, de tal forma que lo
pretendido por este es revivir una discusión jurídica y crear una
tercera instancia en el proceso ordinario.
I.5.2.- El TRIBUNAL, vinculado en calidad de tercero, solicitó que
se le desvincule del presente trámite constitucional al carecer, a su
juicio, de legitimación en la causa por pasiva, ya que no ha realizado
ninguna conducta que afecte los derechos fundamentales reclamados
y, además, la llamada a solventar las pretensiones es la SECCIÓN
TERCERA, al encontrarse las mismas fuera de su órbita de
competencia.
I.5.3.- La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
ARMADA NACIONAL, vinculada en calidad de tercera con interés
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directo en las resultas del proceso, indicó que en la sentencia acusada
no se evidencia algún reparo que amerite la intervención del juez de
tutela, sino que, por el contrario, lo que busca el actor es una nueva
intervención judicial con el fin de obtener la postura que este
pretende y se resuelva a su favor y acorde a sus intereses.
Arguyó que la decisión cuestionada fue proferida sirviéndose de un
análisis normativo y jurisprudencial del tema debatido, por lo que no
amerita la intervención del juez constitucional en el asunto, de tal
forma que se deberá despachar desfavorablemente el amparo
solicitado.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
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Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que el TRIBUNAL solicitó su desvinculación en la
presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
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desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que el TRIBUNAL fue vinculado en calidad de tercero
por ser la autoridad judicial que conoció en primera instancia la
acción de reparación directa identificada con el número único de
radicación 2001-01324-01, objeto de la presente controversia, le
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asiste interés directo en las resultas del proceso constitucional de la
referencia, razón por la cual la Sala denegará su solicitud de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
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judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
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los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, el actor pretende que se deje sin efecto la
sentencia de 3 de noviembre de 2020, proferida en segunda
instancia por la SECCIÓN TERCERA, mediante la cual modificó la
decisión del a quo y, en su lugar, declaró la caducidad de la acción
de reparación directa identificada con el número único de radicación
2001-01324-01.
La controversia tiene origen en el acoso laboral, personal y familiar
que sufrió como represaría por haber denunciado fiscal, disciplinaria
y penalmente a varios funcionarios de la Armada Nacional, mientras
se desempeñaba como Capitán de Corbeta y fue designado como Jefe
de Contrainteligencia de la Fuerza Naval del Atlántico.
Por lo anterior, el actor promovió la acción de reparación directa, que
fue desatada en primera instancia por el TRIBUNAL, que declaró de
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oficio la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la
acción y, en segunda instancia, por la SECCIÓN TERCERA, la cual
modificó la decisión del a quo y, en su lugar, declaró la caducidad de
la demanda.
El reproche del actor subyace del hecho de que, en su sentir, la
SECCIÓN TERCERA incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y
violación directa de la Constitución, al haber declarado la caducidad
de la acción sin tener en cuenta que los actos constitutivos de acoso
finalizaron el 2 de mayo de 2020, cuando fue excluido del Club Naval
y no cuando fue retirado del servicio, como erradamente lo consideró
la autoridad judicial accionada.
En el presente asunto sería del caso entrar a determinar si se cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela y, de ser así, establecer si la SECCIÓN TERCERA vulneró los
derechos deprecados, al haber proferido la sentencia de 3 de
noviembre de 2020; no obstante, la Sala en primer lugar deberá
resolver si el señor CARLOS ALBERTO CORTÉS MONJE incurrió en
una actuación temeraria al solicitar el amparo de los derechos
fundamentales deprecados dentro de la presente acción de tutela.
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Actor: CARLOS ALBERTO CORTÉS MONJE
Sea lo primero advertir que, revisado el aplicativo de consulta SAMAI
se observa que el señor CARLOS ALBERTO CORTÉS MONJE actuó
como accionante dentro de la acción de tutela identificada con el
número único de radicación 110010315000-2021-05287-013, con
el fin de controvertir la sentencia de 3 de noviembre de 2020
proferida por la SECCIÓN TERCERA, dentro de la acción de
reparación directa identificada con el número único de radicación
130012331-000-2001-01324-01.
Cabe señalar que la acción de tutela 2021-05287-01, fue conocida
en primera instancia por la SECCIÓN CUARTA de esta Corporación
que, mediante sentencia de 23 de septiembre de 20214, declaró
improcedente el amparo solicitado, decisión que fue confirmada en
segunda instancia por la SECCIÓN QUINTA de esta Corporación
mediante sentencia de 4 de noviembre de 20215, por considerar que
no se cumplía el requisito general de la inmediatez.
Es por lo anterior, que la Sala analizará si el actor incurrió en una
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Número único de radicación: 110010315000-2023-07172-00
Actor: CARLOS ALBERTO CORTÉS MONJE
actuación temeraria al actuar como parte demandante en dos
acciones de tutela distintas, a través de las cuales pretende
controvertir las mismas situaciones fácticas y jurídicas ante
diferentes autoridades judiciales.
La temeridad y la cosa juzgada en acciones de tutela
La presentación sucesiva6 o simultánea7 de varias acciones de tutela
sobre un mismo asunto ha sido objeto de análisis de manera
reiterada por la Corte Constitucional, aspecto sobre el cual ha
estudiado la existencia de dos figuras a saber: la cosa juzgada y la
temeridad.
Al respecto, en sentencia T-560 de 2009, con ponencia del
magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la Corte Constitucional
precisó que la cosa juzgada constitucional se configura en aquellos
eventos en que de manera sucesiva se presentan acciones de tutela
que guardan identidad de partes, hechos y pretensiones, siempre
que frente a una de ellas ya hubiese un pronunciamiento definitivo e
6
La presentación sucesiva de una acción de tutela se entiende en aquellos eventos en que después de
haberse decidido una solicitud de amparo, la misma es presentada nuevamente.
7
La acción de tutela es simultánea cuando la persona la interpone ante varios jueces.
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inmutable por parte del juez constitucional.
Dicho fenómeno opera, cuando: i) quede ejecutoriada la sentencia
emitida por la Corte Constitucional en atención a la revisión que esta
realiza en virtud del artículo 33 del Decreto 2591 de 19 de noviembre
de 19918; o ii) esté ejecutoriado el auto por medio del cual se decide
no seleccionar para revisión el asunto9.
Por su parte, el juez debe entender por temerarias las acciones de
tutela que se presenten, ya sea de manera sucesiva o simultánea,
con identidad de partes, hechos y pretensiones, siempre que
considere que dicha actuación:
“[…] (i) resulta amañada, en la medida en que el actor se reserva
para cada demanda los argumentos o pruebas que convalidan sus
pretensiones; (ii) denote el propósito desleal de obtener la
satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la
eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias,
pudiera resultar favorable; (iii) deje al descubierto el abuso del
derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se
instaura la acción; o finalmente (iv) se pretenda a través de
personas inescrupulosas asaltar la buena fe de los administradores
8
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
9
Al respecto, ver la Sentencia T-137 de 2014, entre otras.
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de justicia […]”.10
Adicionalmente, el alto Tribunal Constitucional ha previsto unos
supuestos en los cuales, de manera excepcional, puede concluirse
que no se configura la temeridad ante el ejercicio simultáneo o
sucesivo de acciones de tutela con identidad de partes, hechos y
pretensiones. Así en sentencia T-614 de 2015, con ponencia del
magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, dicha Corporación reiteró11 los
eventos en que no hay lugar a declarar el fenómeno referido, así:
“[…]”(i) la condición del actor que lo coloca en estado de
ignorancia o indefensión, propio de aquellas situaciones en que los
individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema
de defender un derecho y no por mala fe; (ii) en el asesoramiento
errado de los profesionales del derecho; (iii) en la consideración de
eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la
interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la
misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como
base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la
necesidad de proteger los derechos fundamentales del
demandante: y por último (iv) se puede resaltar la posibilidad de
interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte profiere
una sentencia de unificación, cuyos efectos hace explícitamente
extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad
de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia
presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma
pretensión;[…]” (Destacado fuera de texto).
10
Estas subreglas se puntualizaron en la Sentencia SU-713 de 2006, las cuales se reiteraron, entre
otras, en las Providencias T-560 de 2009, y recientemente, en la SU-439 de 2017.
11
Al respecto, ver las sentencias T-433 de 2006, T-507 de 2011.
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De todo lo anterior, resulta evidente que la valoración de la
temeridad exige la estimación de un factor subjetivo, de tal forma
que el juzgador logre advertir que la presentación sucesiva de una
acción de tutela tiene una justificación, como lo sería el hecho de que
la parte actora, en estado de ignorancia o indefensión, obre por
miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un
derecho y no por mala fe.
Es por lo anterior, que la Sala analizará si en el presente caso se
observa identidad de partes, hechos y pretensiones en relación con
la acción de tutela identificada con el número único de radicación
2021-05287-01 y, en consecuencia, si nos encontramos ante la
existencia de la cosa juzgada y/o temeridad.
Que exista fallo ejecutoriado: el cual se entiende en aquellos
eventos en que la Corte Constitucional emite sentencia y esta queda
en firme o cuando decide no seleccionar el fallo de tutela para
revisión.
La Sala advierte que en la acción de tutela identificada con el número
único de radicación 1100103150002021-05287-01, la Corte
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Constitucional a través del auto proferido el 28 de febrero de 202212,
decidió no seleccionarla para revisión.
Identidad de partes: La acción de tutela de la referencia fue
instaurada por el señor CARLOS ALBERTO CORTÉS MONJE contra
la SECCIÓN TERCERA.
Por su parte, la solicitud de amparo radicada bajo el número
110010315000-2021-05287-00 también fue incoada por el señor
CARLOS ALBERTO CORTÉS MONJE contra la SECCIÓN TERCERA,
razón por la cual la Sala considera que hay identidad de partes en las
solicitudes de amparo referidas.
Identidad de pretensiones: Sobre este punto, la Sala encuentra
que las pretensiones en las acciones de tutela son idénticas y
persiguen exactamente lo mismo, esto es, controvertir la sentencia
de 3 de noviembre de 2020, proferida por la SECCIÓN TERCERA
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/AUTO%20SALA%20DE%20SELECCION%2
12
028%20DE%20FEBRERO%20DE%202022%20NOTIFICADO%2015%20DE%20MARZO%20DE%20202
2.pdf
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultat/consulta.php?campo=NumeroUnico&date
3=2019-01-01&date4=2023-02-
06&radi=Radicados&palabra=11001031500020220052300&radi=radicados&todos=%25
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dentro de la acción de reparación directa identificada con el número
único de radicación 130012331-000-2001-01324-01, por medio de
la cual se modificó la providencia proferida por el a quo y, en su lugar,
se declaró probada la caducidad de la acción.
Identidad de Hechos: En este aspecto, la Sala advierte que en la
acción de tutela radicada bajo el número 2021-05287-01, así como
en la presente, el sustento fáctico de las pretensiones subyace de la
misma situación, esto es, que el señor CARLOS ALBERTO CORTÉS
MONJE solicitó el resarcimiento integral de los daños causados como
consecuencia del acoso laboral, personal y familiar del que fue
víctima como represaría por haber denunciado fiscal, disciplinaria y
penalmente a varios funcionarios de la Armada Nacional, mientras se
desempeñaba como Capitán de Corbeta y fue designado como Jefe
de Contrainteligencia de la Fuerza Naval del Atlántico.
Igualmente, en ambas solicitudes de amparo el señor CARLOS
ALBERTO CORTÉS MONJE afirmó que el propósito de incoar la
acción constitucional era obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia.
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En ese orden de ideas, la Sala advierte que se encuentra demostrada
la triple identidad entre la solicitud de amparo de la referencia y la
acción de tutela identificada con el número único de radicación 2021-
05287-01.
Ahora, la Sala pasará a definir si se está en presencia del fenómeno
de cosa juzgada y/o ante una actuación temeraria.
Precisado lo anterior, la Sala advierte la existencia de la cosa
juzgada, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional mediante
auto de 28 de febrero de 2022, decidió no seleccionar para revisión
el expediente 2021-05287-01.
Ahora bien, en relación con la actuación temeraria, la Sala al analizar
en su conjunto la intervención del señor CARLOS ALBERTO
CORTÉS MONJE por intermedio de su apoderado judicial en los
citados procesos, encuentra que el actor omitió mencionar que ya
había presentado una acción de tutela por los mismos hechos y
pretensiones, sin justificar de alguna forma el ejercicio de una
segunda acción.
Siendo ello así, a juicio de la Sala, la actuación del señor CARLOS
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ALBERTO CORTÉS MONJE resulta temeraria, si se tiene en cuenta
que no se configura ninguna de las circunstancias excepcionales a
que hace referencia la Corte Constitucional en la sentencia analizada
en precedencia para enervar la actuación temeraria ante el ejercicio
simultáneo o sucesivo de una acción de tutela.
Así las cosas, en atención a que el actor ya había presentado una
acción de tutela que tiene identidad de partes, hechos y pretensiones
respecto de la acción de la referencia, la Sala considera que en el
presente caso se configuró la figura de la cosa juzgada y la
temeridad, por lo que en atención al artículo 38 del Decreto Ley 2591
de 199113, la solicitud de amparo de la referencia será rechazada.
En cuanto a la procedencia de la sanción, la Sala la considera
innecesaria dado que no se evidencia un comportamiento desleal o
de mala fe por parte del actor, por lo que aun cuando se configuran
los elementos para calificar esta segunda solicitud de amparo como
temeraria, ello no necesariamente conduce a la imposición de una
sanción.
13
Decreto Ley 2591 de 1991. “ARTICULO 38.-Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.”
(Negrillas fuera del texto).
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: RECHAZAR por improcedente el amparo solicitado por
el actor, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de enero de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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