Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07176-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07176-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-07176-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
7 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
Demandados: Presidencia de la República y otros1
Tema: Derecho fundamental de petición/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Petición, ii) debido proceso y iii) acceso
a la administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Germán Espinosa Mejía contra el
Presidente de la República, el Ministro de Justicia y del Derecho y la Sala Plena de
la Corte Suprema de Justicia.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Presidente de
la República, el Ministro de Justicia y del Derecho y la Sala Plena de la Corte
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
Suprema de Justicia, porque, a su juicio: i) el Presidente de la República, al “[…]
IMITIR (sic) RESPONDER DE FONDO A (sic) SUSCRITO, concreto derecho de
petición; como por las facultades de nominación de Fiscal General de la Nación,
como POR SUS FACULTADES NO EJERCIDAS, para presentar proyectos de
Reforma Constitucional o Iniciativa Legislativa, que prevean y provean evitar
interinidad en el Cargo de Fiscal General de la Nación, y sus consecuencias
previsibles DESDE LA ACTUALIDDAD […]”; ii) el Ministro, al omitir “[…] sus
funciones de Presidente del Consejo Superior de Política Criminal […]”; y iii) la Corte
Suprema, al “[…] negarse a responder de fondo, peticiones previas a suscrito,
COMO OBSERVACIONES CIUDADANAS CONCRETÍSIMAS, en actual proceso
de Elección de la Nueva Fiscal General de la Nación. que después de 30 años,
SIGUE SIN RESOLVER EN SU REGLAMENTO INTERNO, ni a través de iniciativa
legislativa, los problemas causados en la administración de Justicia, generando
interinidad en el cargo […]”: vulneraron sus derechos fundamentales invocados
supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela,
en síntesis, son los siguientes2:
3. Manifestó que, “[…] La Honorable Corte Suprema de Justicia, en su Sala
Plena, mediante Acuerdo 2114 del 31 de octubre de 2023, declara el cumplimiento
de requisitos constitucionales y legales, y fija lineamientos y cronograma para
ELECCIÓN DEL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN […]”.
4. Sostuvo que, “[…] En página web oficial del Señor […], aparecen las cartas
que el presidente envía a la Corte Suprema, con la primera y segunda terna
propuestas. En la primera carta el Presidente […], HACE PETICIÓN EXPRESA Y
ESPECIALÍSIMA a la Corte Suprema De Justicia: “En cuanto a las indagaciones o
procesos penales que involucren a miembros de mi familia, les solicito que
2
Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “
ED_2ESCRITODETUTELA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.
3
Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
consideren la posibilidad de designar un fiscal ad-hoc para que no haya dudas
respecto de la transparencia de estas” […]”.
5. Señaló que, “[…] El día miércoles 18 de octubre, […] dirigí a la Sala Plena de
esa alta corporación la siguiente expresa Petición y Solicitud del Debido Proceso
(Arts. 23 - 29 C.N), en Interés General Particular y en Interés General; […] EN
RELACIÓN AL PROCESO DE ELECCIÓN DE LA FISCAL GENERAL DE LA
NACIÓN, con el fin de que se proceda a dar a conocer a (sic) suscrito y al público
en general, el cronograma general proyectado o calculado, que se contempla para
el proceso de la referencia; DESDE LA ETAPA DE ENTREVISTAS DE LAS
CANDIDATAS, HASTA SU ELECCIÓN Y TOMA DE JURAMENTO EN SU CARGO
[…]”; petición respecto de la cual adujo que la Corte Suprema de Justicia no dio una
respuesta de fondo.
6. Indicó que, “[…] El Viernes 10 de noviembre, este suscrito accionante […] se
dirige al correo electrónico expresamente creado para ello, con copia a la Señora
Secretaria General, en los siguientes exactos términos […] PETICIONES
OBSERVACIONES CIUDADANAS A PROCESO DE ELECCIÓN DE LA NUEVA
FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN EN REFERENCIA […]”, frente a lo que precisó
que “[…] LAS MISMAS SIGUEN SIN SER ATENDIDAS […]”.
7. Manifestó que, “[…] Esas mismas, exactas observaciones, las dirigió el
Suscrito accionante, al Señor Presidente de la República. El Señor Presidente, no
sólo se negó a responderlas de fondo, SINO QUE SIMPLE Y LLANAMENTE SE
LAS REMITIÓ A LA CORTE SUPREMA […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
8. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERA: Se tutelen los derechos ciudadanos de accionante, a Petición, al
Debido Proceso, al Acceso a la Función Pública, como a la administración de Justicia;
Haciéndolo además El Estrado constitucional, en Bien del Interés Público General; es
decir con efectos para todos (Erga omnes).
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Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
SEGUNDA: En consecuencia, SE EXHORTE a Sala Plena de la Corte Suprema, la
asunción de un Reglamento interno de trabajo, que defina de una vez por todas, las
formas, métodos, términos máximos a contemplar, recurriendo a sesiones
extraordinarias o extendidas; LAS SESIONES MÁXIMA A DESARROLLAR; de tal
forma que la elección efectiva del Fiscal general de la Nación, se haga cuan do menos
un día antes que se dé el vencimiento de período a su antecesor.
TERCERA: Siendo que la Constitución Nacional, da competencias específicas al
Presidente de la República, para la nominación – elección del fiscal general de la
nación; como frente a la Estructura Misma del Sistema Penal, que incluye la Fiscalía
General, QUE ASÍ SE LAS DA CONCRETAMENTE EL DECRETO 2055 DE 2014,
que en sus considerativas presenta recomendaciones de la Honorable Corte
Constitucional;
SE EXHORTE a que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, permita las
sugerencias, pronunciamientos del presidente de la República por sí mismo y en
Coadyuvancia de su ministro de Justicia, respecto a las reglas de juego que la Máxima
Magistratura del Estado, podría aportar, en el proceso de Elección del Fiscal General
de la Nación, para que el mismo se lleve con eficiencia, economía y celeridad. Ello,
Mientras pudiera darse el trámite eventual de una reforma constitucional, o una
reforma a la ley estatutaria de la administración de justicia, que subsane los actuales
vacíos del Proceso de Elección de Fiscal General de la Nación.
Se exhorte al presidente de la República, para que, en el futuro inmediato, presente
a la Corte Suprema –por sí mismo o por intermedio y Coadyuvancia del señor ministro
de Justicia, unas recomendaciones pertinentes al proceso de elección del Fiscal
General de la Nación, basándose para ello, por ejemplo, en las OBSERVACIONES
CIUDADANAS PRESENTADAS por las personas, que así lo hicieron en esta
ocasión...
CUARTA: SE EXHORTE al presidente de la República, y a su Ministro de Justicia,
para que EN EL INICIO DE LA SIGUIENTE LEGISLATURA, presenten al Congreso
de la República, Proyecto de Reforma Constitucional, o Proyecto de Reforma a la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia, que subsane los vacíos que presenta el
Proceso de Elección del Cargo de Fiscal General de la Nación, QUE SUBSANE,
EVITE LA INTERINIDAD QUE SE PROVOCA por diferentes causas; y especialmente
por el reemplazo que se nombra para el fiscal general de la nación, tras la terminación
del período para el cual ha sido designado.
A las propuestas que presentarán Presidente de la República, Ministro de Justicia, y
la nueva Fiscal General de la Nación: Se dé toda la apertura y difusión necesaria a la
participación ciudadana, especialmente a los estamentos más afines a los temas
centrales. Como al suscrito accionante y demás ciudadanos que deseen participar.
SE PRESENTE –cada 2 meses- por accionados y vinculados- INFORME A
ESTRADO CONSTITUCIONAL, como a suscrito accionante en Interés General, de
los avances de todos los exhortos hechos en las presentes resolutivas.
QUINTA: De no concederse la primerísima medida cautelar impetrada, para Auto de
Admisión, Se solicite al Señor Presidente de la República, RATIFIQUE, clarifique,
rectifique –según sea el caso- LA PETICIÓN INICIAL HECHA A LA CORTE
SUPREMA, PARA QUE NOMBRE FISCAL AD HOC, para los casos que así
corresponda y lleve actualmente o en el futuro la Fiscalía General de la Nación, contra
los miembros de su familia.
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Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
SEXTA: A la mayor brevedad, en bien del Interés Público General, por la Guarda de
la Fe Pública, que la Ciudadanía en General reclama en los actos de los funcionarios
del Estado; POR LA PETICIÓN EXPRESA HECHA YA CON ANTELACIÓN, POR EL
SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA; SE EXHORTE a Corte Suprema de
Justicia, nombre el Fiscal Ad Hoc, pedido previamente por el Señor Presidente de la
República, de la misma terna que fue propuesta por el Presidente Petro, para que los
procesos que puedan llevarse a la fecha o en el futuro, CONTRA ALGÚN MIEMBRO
DE SU FAMILIA, puedan ser adelantados con normalidad, sin vicios de nulidad.
Especiales Pretensiones a Prevención, FRENTE A QUIEN RESULTE ELEGIDA
FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN:
SÉPTIMA: Se exhorte a quien resulte elegida nueva Fiscal General de la Nación, para
que presente, a partir de los Hechos y mismas pretensiones en esta concreta ocasión
expuestas, EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO NACIONAL, quien preside el
Consejo Superior de Política Criminal, para que, dentro de los tres primeros meses
de su gestión, presente proyecto de reforma constitucional o a la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, para que se le definan a la Corte Suprema clara y
taxativamente, los plazos que la C.N o la Ley de darán a ésta, para definir el proceso
de elección del Fiscal General de la Nación, SIN QUE TENGAN QUE GENERARSE
PRECEDENTES INTERINIDADES, con los diferentes riesgos que ello implica.
OCTAVA: SE EXHORTE A LA QUE RESULTE ELEGIDA NUEVA FISCAL GENERAL
DE LA NACIÓN, para que una vez se posesione en el cargo, dentro del primer mes
en ejercicio de su período, SOLICITE A LA CORTE SUPREMA EL NOMBRAMIENTO
DE FISCAL AD HOC, que conozca de todos los casos que a la fecha y en el futuro,
se presenten en esa dependencia, contra familiares del Señor Presidente de la
República.
NOVENA: Se tomen en Estrado Constitucional, todas las medidas que de Oficio
considere oportunas, transitoriamente, a prevención a inmediato y largo plazo, frente
a hechos y pretensiones expuestas en esta ocasión […]”.3
9. Como fundamento de su solicitud, el actor manifestó que:
“[…] ES PERFECTO, ACERTADO DEDUCIBLE EN LÓGICA – SENTIDO JURÍDICO
COMÚN: que no existe norma concreta, QUE CONCRETE PLAZO ALGUNO DADO
A LA CORTE SUPREMA PARA FINIQUITAR ELECCIÓN DE FISCAL GENERAL, en
plazo perentorio alguno; y que la cual sea exigible a través de una acción de
cumplimiento, que pudiese ordenar cumplir con el plazo establecido en la ley […]”.
[…]
“[…] 32 AÑOS ATRÁS, SE DIO LA PRIMERA ELECCIÓN DE FISCAL GENERAL DE
LA NACIÓN. Desde 32 años atrás, se han presentado diversas vicisitudes en el
proceso de nominación y elección de quien hará las veces de Fiscal General de la
Nación (FISCAL GENERAL DE LA CIUDADANÍA), que representará los intereses de
quienes buscan acusar, reclamar, invocar la Justicia en diferentes estrados penales.
Se han dado períodos de interinidad, que en nada favorecen la buena marcha de la
misma Fiscalía General de la Nación, que desfavorecen la armonía que debe existir
3 Transcripción literal del texto.
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Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
entre los organismos públicos al combate de la criminalidad llamados a coordinar sus
esfuerzos […]”.
[…]
“[…] ¿No ha faltado a s u deber, no ha faltado la Corte Suprema a los Superiores, 29,
209, 228 y 270; dejando pasar 30 años, SIN QUE A LA FECHA SU REGLAMENTO
INTERNO HAYA TOMADO LAS DECISIONES SUFICIENTES, A PREVENCIÓN,
PARA EVITAR INTERINIDAD EN EL CARGO DE FISCAL? […]”.
[…]
“[…] TANTO EL REGLAMENTO INTERNO DE LA CORTE SUPREMA, COMO EL
CRONOGRAMA para la elección de la nueva fiscal general, deberían tener un límite
de fechas - audiencias a realizar; ENMARCADAS dentro de LA NECESIDAD REAL
DE QUE LA NUEVA FISCAL SE POSESIONE EL DÍA INMEDIATAMENTE
DESPUÉS A LA TERMINACIÓN DEL PERÍODO - personal -institucional, del anterior
fiscal (perfectamente previsible, CON GRAN ANTELACIÓN, lo es el hecho de
EVITAR UNA INTERINIDAD EN EL CARGO)…. INSISTIR ENTONCES, EN QUE LA
SALA PLENA DEBE COORDINAR ESFUERZOS Y HACER A UN LADO
EXPECTATIVAS O PRESUPUESTOS DIFERENTES A LA CONSTITUCIÓN
NACIONAL; específicamente debe poner su afán al Debido Proceso, al acceso a la
administración de Justicia, LLEGANDO A EVITAR UNA INADMISIBLE INTERINIDAD
EN EL CARGO […]”.
[…]
“[…] Los presidentes todos, incluído el actual, Presidente Gustavo Petro,
MANTIENEN SILENCIO DEMASIADO PRUDENTE Y DEMASIADO DIPLOMÁTICO;
frente a las preocupaciones del Interés Público – Ciudadanía en general, RESPECTO
AL CRONOGRAMA, como los tiempos demasiado prolongados para la Elección de
la Nueva Fiscal General […]”.
[…]
“[…] Los presidentes todos, incluído el actual, Presidente Gustavo Petro,
MANTIENEN SILENCIO DEMASIADO PRUDENTE Y DEMASIADO DIPLOMÁTICO;
frente a las preocupaciones del Interés Público – Ciudadanía en general, RESPECTO
AL CRONOGRAMA, como los tiempos demasiado prolongados para la Elección de
la Nueva Fiscal General.
¿No debió el Señor Presidente anterior, y el anterior, y el anterior; O EL ACTUAL,
presentar a Congreso de la República, a través de su Ministro de Justicia, algún
Proyecto de Acto Legislativo, Reforma a la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia?; o a la Sala Plena de la Corte Suprema, presentar al menos sugerencias
anteladas, sobre estos procesos, ¿RESPECTO A SU REGLAMENTO INTERNO, por
lo menos? […]”.
[…]
“[…] LA LUZ DE LOS ARTS. 23, 29, 209, 228 Y 270, EL REGLAMENTO INTERNO
DE LA CORTE, y el poder Ejecutivo en Cabeza del Señor Presidente y su Ministro de
Justicia, VIENEN INCUMPLIENDO DESDE AÑOS ATRÁS, como actualmente, las
funciones, DEBERES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, para contribuir
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Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
plenamente a la Buena Marcha de la Fiscalía General de la Nación y la Política
Criminal que se sustenta desde las funciones dadas […]”.4
9.1. En el escrito de subsanación de la solicitud de tutela, el actor manifestó lo
siguiente:
“[…] -Presidente de la República, POR IMITIR RESPONDER DE FONDO A
SUSCRITO, concreto derecho de petición; como por las facultades de nominación de
Fiscal General de la Nación, como POR SUS FACULTADES NO EJERCIDAS, para
presentar proyectos de Reforma Constitucional o Iniciativa Legislativa, que prevean y
provean evitar interinidad en el Cargo de Fiscal General de la Nación, y sus
consecuencias previsibles DESDE LA ACTUALIDDAD.
-Sala Plena Corte Suprema de Justicia, Por negarse a responder de fondo, peticiones
previas a suscrito, COMO OBSERVACIONES CIUDADANAS CONCRETÍSIMAS, en
actual proceso de Elección de la Nueva Fiscal General de la Nación.
Corte Suprema de Justicia, que después de 30 años, SIGUE SIN RESOLVER EN SU
REGLAMENTO INTERNO, ni a través de iniciativa legislativa, los problemas
causados en la administración de Justicia, generando interinidad en el cargo,
PROLONGANDO CONFLICTOS ENTRE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE
POLÍTICA CRIMINAL, que están a la vista y en aumento; EN PERJUICIO DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA, como de las políticas para el combate del terrorismo y la
criminalidad en el País.
-Ministro de Justicia, en sus funciones de Presidente del Consejo Superior de Política
Criminal, que se viene viendo evidente, clara y definitivamente afectado, por LAS
MÚLTIPLES, INTERMINABLES ACUSACIONES, DESAVENIENCIAS, tensiones
políticas, reclamos, QUE CONTINUAMENTE SE HACEN EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA Y EL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN, como miembros
esencialísimos de dicho consejo.
No le es dable al Señor Presidente de la República, NI A SU MINISTRO DE JUSTICIA,
COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA CRIMINAL, que en
30 años que llevamos eligiendo Fiscal General de la Nación, NO HAYA
PRESENTADO INICIATIVA LEGISLATIVA, NI DE REFORMA CONSTITUCIONAL,
NO EXHORTO ALGUNO A LA CORTE SUPREMA, para que corrija semejantes
yerros, que llevan a que se genere interinidad en el Cargo a designar relevo, HASTA
DE UN AÑO, como en el ejemplo concretísimo que se esbozó en escrito de demanda
inicial […]”.5
4 Idem pie de página núm. 2 supra.
5 Idem pie de página núm. 2 supra.
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Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
Actuación
10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 1.° de diciembre de 2023 6,
inadmitió la solicitud de la acción de tutela, la cual fue corregida dentro del término
legal7.
11. El Despacho sustanciador, mediante auto de 15 de diciembre de 2023: i)
admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Presidente de la República, al
Ministro de Justicia y del Derecho, y a los magistrados de la Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia; iii) negó las medidas provisionales solicitadas por el actor; iv)
negó la solicitud que presentó el actor relacionada con la vinculación, en calidad de
“[…] “LITIS CONSORTES” NECESARIAS […]”, de las “[…] Candidatas a Fiscal
General de la Nación […]”; y v) vinculó a las personas que integran la terna para
elegir Fiscal General de la Nación, en calidad de terceros con interés legítimo;
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindiera informe sobre el
particular.
12. El Magistrado sustanciador manifestó impedimento, el cual se declaró
infundado mediante auto de 8 de febrero de 2024 proferido por la Sección Primera
del Consejo de Estado8.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
13. La Presidencia de la República adujo su falta de legitimación en la causa por
pasiva y solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela o, en su defecto,
declarar su improcedencia. Al respecto manifestó que:
“[…] Se alega la falta de legitimación en la causa por activa del demandante para
interponer la acción constitucional, al no evidenciarse ni alegar tampoco la vulneración
a alguno de sus derechos fundamentales. Igualmente se expone la legalidad en la
terna para la elección del nuevo Fiscal General de la Nación y, por último, se alega la
falta de legitimación en la causa por pasiva de esta Entidad, toda vez que conforme
6 Cfr. índice núm. 12 de SAMAI, Documento denominado “AUTOQUEINADMITE(.pdf) NroActua 12”. Archivo
aportado en forma digital
7 Cfr. índice núm. 16 de SAMAI, Documento denominado
“RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_MEMO20230717600P(.pdf) NroActua 16”. Archivo
aportado en forma digital.
8 Cfr. Índice 64 de SAMAI. Documento denominado “AUTOQUERESUELVEIMPEDIMENTO(.pdf) NroActua 64”.
Archivo aportado en medio digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
lo dispuesto en el Decreto 2647 de 2022, esta entidad no tiene ni ha tenido funciones
o competencias que se relacionen con la emisión de normativa que regule el proceso
de elección del Fiscal General de la Nación o la designación del mismo […]”.
[…]
“[…] Según los hechos proporcionados, el accionante no está alegando una violación
directa de sus propios derechos constitucionales fundamentales. En cambio, parece
estar buscando una protección de derechos en abstracto, sin mencionar una
afectación directa a sus propios derechos o siquiera evidenciando que individuos se
estarían viendo afectados con los presuntos hechos vulneratorios que expone en su
escrito de tutela. Tampoco acreditó la existencia de un interés directo o indirecto
respecto de la terna que fue enviada a la Corte Suprema de Justicia para que se elija
a la próximo Fiscal General de la Nación ni las apreciaciones en el momento del señor
presidente de la República, respecto de las investigaciones a sus cercanos […]”.
[…]
“[…] En este caso, el accionante no demuestra ser parte de la lista de candidatos, ni
presenta una relación directa con la elección de la Fiscal General de la Nación, así
como tampoco con la conformación de un Fiscal Ad Hoc en los procesos seguidos
contra los familiares del primer Alto Mandatario. Además, no identifica que derechos
fundamentales se le han vulnerado con la conformación de la terna que fue enviada
a la Corte Suprema de Justicia o con las afirmaciones de nombrar un Fiscal Ad Hoc
para los procesos seguidos contra familiares del señor presidente de la República.
Por lo tanto, carece de un interés específico en el proceso de selección, además de
no acreditar una vulneración directa a sus propios derechos fundamentales y, como
resultado, carece de legitimación por activa en este asunto […]”.
[…]
“[…] el accionante no explica como La Presidencia de la República le pueda estar
vulnerando sus derechos fundamentales, ya que se puede observar cómo los
parámetros establecidos por el presidente para la conformación de la terna están
enmarcados dentro de las funciones constitucionales y legales que a este se le
atribuyen […]”.
13.1. La Presidencia de la República allegó escrito mediante el cual dio alcance al
informe expuesto supra en los siguientes términos:
“[…] cuando una entidad no es la competente para atender una petición deberá remitir
al competente dicha petición y notificar de dicha remisión al peticionario.
La anterior precisión a efectos de indicarle a su despacho que en el caso en concreto
no hay vulneración alguna del derecho fundamental de petición ni de ningún otro por
parte de la Presidencia de la República y/o el señor Presidente de la República, en
tanto, tras la radicación de la petición del 10 de noviembre de 2023 presentando
observaciones ciudadanas frente al proceso de elección del Fiscal General de la
Nación, radicada con el EXT23-00169987 esta entidad, con fundamento en el artículo
21 de la Ley 1755 de 2015, procedió a remitir la misma a la entidad competente
mediante Oficio OFI23-00212331 / GFPU 14000000 del 15 de noviembre de 2023
dirigido a la Corte Suprema de Justicia, actuación que se notificó al aquí demandante
mediante Oficio OFI23-00212349 / GFPU 14000000 del 15 de noviembre de 2023.
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Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
De esta manera, la Presidencia de la República procedió a contestar la petición
elevada por el aquí accionante presentando observaciones ciudadanas frente al
proceso de elección del Fiscal General de la Nación, pues con fundamento en el
artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, mediante Oficio OFI23-00212331 / GFPU
14000000 del 15 de noviembre de 2023 remitió la petición a la entidad competente,
esto es, a la Corte Suprema de Justicia, por tratarse de un tema de su competencia,
siendo así garantizado el núcleo esencial del derecho de petición de la aquí
accionante. Y mediante Oficio OFI23-00212349 / GFPU 14000000 del 15 de
noviembre de 2023 le notificó dicha remisión al aquí accionante […]”.
14. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia solicitó negar las pretensiones
de la acción de tutela, al afirmar que:
“[…] Como primera medida corresponde señalar que la acción de tutela no es
procedente como mecanismo de intervención o injerencia en el proceso de elección
del Fiscal General de la Nación, el cual se encuentra a cargo exclusivo de la Corte
Suprema de Justicia, por expresa atribución del artículo 249 de la Constitución Política
de Colombia, sin que sea admisible cualquier intervención externa no prevista por el
constituyente de 1991.
Al respecto, es importante señalar que esta Corporación, dentro de su independencia
y autonomía, estableció un cronograma para llevar a cabo el nombramiento del Fiscal
General de la Nación por vencimiento del periodo constitucional del doctor Francisco
Barbosa Delgado el próximo 13 de febrero de 2024, el cual se puede visualizar en la
página oficial de la Corporación a través de link
https://cortesuprema.gov.co/secretaria-general-proceso-eleccion-fiscal-general-de-
la-nacion-cronograma/, cuyas etapas se han surtido a cabalidad, encontrándose a la
fecha en fase de elección por la Sala Plena de la Corporación, cuyo sistema de
votación se encuentra previsto en el Reglamento Interno de la Corte (Acuerdo 006 de
2002).
Se hace notar que los argumentos expuestos por el accionante tienen como sustento
suposiciones infundadas de una eventual demora en la elección del funcionario
público, lo que carece de asidero alguno, pues como se indicó, se ha seguido
estrictamente el cronograma inicial, con total transparencia y publicidad, sin que la
acción de tutela esté prevista ante la existencia de un vaticinio o presentimiento
injustificado de una supuesta vulneración a un derecho fundamental.
Ahora bien, respecto a la “SOLICITUD DE ACCESO A DOCUMENTO PÚBLICO EN
NOMPRE DEL INTERÉS PÚBLICO GENERAL” dirigida por el actor a la “Sala Plena”,
se tiene que mediante oficio OSG 5798 del 3 de noviembre de 2023, se le dio
respuesta al solicitante […] Por lo anterior, es evidente la improcedencia de la
presente acción de tutela. Con respecto al derecho de petición, no existe vulneración
alguna, pues se dio respuesta oportuna y completa a la solicitud elevada por el
promotor […]”.
14.1. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia allegó escrito mediante el cual
dio alcance al informe expuesto supra en los siguientes términos:
“[…] La Corporación, mediante oficio OSG 5798 de 3 de noviembre de 2023, dio
respuesta […] De manera que, es evidente la ausencia de vulneración del derecho
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Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
fundamental de petición, toda vez que la respuesta dada al peticionario fue oportuna,
completa y notificada en los términos dispuestos en la Ley 1755 de 2015 y
jurisprudencia constitucional, en el entendido que el núcleo esencial de dicha garantía
superior no abarca la obligación de acceder favorablemente a lo solicitado, tal como
lo ha explicado la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia CC T-146-2012
[…]”.
[…]
“[…] 2. El accionante también pretende que se exhorte a la Sala Plena de esta
Corporación para que modifique el reglamento interno con el fin de establecer un
término para la elección del Fiscal General de la Nación y evitar una interinidad en
esa institución.
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de las facultades
conferidas en la Constitución Política, en la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la
Administración de Justicia”, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento
General de la Corporación y de conformidad con lo decidido en sesión extraordinaria
celebrada el 31 de octubre de 2023, mediante el Acuerdo No. 2114 de 2023, declaró
el cumplimiento de los requisitos constitucionales y fijó los lineamientos y cronograma
para la elección del Fiscal General de la Nación periodo 2024-2028:
Como puede observarse, las etapas se han cumplido a cabalidad; encontrándose a
la fecha en fase de elección, cuyo sistema de votación se encuentra previsto en el
Reglamento Interno de la Corte (Acuerdo 006 de 2002).
Ahora bien, en desarrollo de los postulados de transparencia y publicidad, cualquier
persona puede acceder a dicha información en la página oficial de la Corporación a
través de link https://cortesuprema.gov.co/secretaria-general-proceso-eleccion-fiscal-
general-de-la-nacion-cronograma/.
Se destaca que los argumentos expuestos por el accionante tienen como sustento
suposiciones infundadas de una eventual demora en la elección del Fiscal General
de la Nación, lo que carece de asidero pues, como se indicó, se ha seguido
estrictamente el cronograma inicial, sin que la acción de tutela esté prevista ante la
existencia de un vaticinio o presentimiento injustificado de una supuesta vulneración
a un derecho fundamental […]”.
15. El Ministro de Justicia y del Derecho, y las personas que integran la terna
para elegir Fiscal General de la Nación guardaron silencio en esta oportunidad
procesal.
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Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
Solicitud de intervención
16. Hernán López Pérez solicitó “[…] se me admita como interviniente en el trámite
de acción de Tutela interpuesta por el señor Germán Espinosa Mejía, quien al
incoar la acción me convoca como litisconsorte junto con toda la ciudadanía […]”.
Para tal efecto, manifestó lo siguiente:
“[…] me permito solicitar a la honorable corporación, dar un alcance más preciso a
las pretensiones de la acción constitucional para proteger los derechos
fundamentales a la seguridad y la paz que sólo son posibles bajo el imperio de un
estado ordenado donde los funcionarios actùen como servidores y no como
detentadores de privilegios injustificados.
En ese sentido solicito que se ordene a los magistrados de la Corte Suprema de
Justici atender cumplidamente al deber constitucional de elegir, oportunemente y sin
dilaciones, a quien deba ejercer como Fiscal General de la Nación, a partir del
próximo 14 de febrero, tras la terminaciòn del perìodo del actual fiscal […]”.
[…]
“[…] Si nos atenemos a las comunicaciones públicas emitidas por la propia Corte
Suprema de Justicia, la terna enviada por el señor Presidente, no tiene tacha en
ninguno de los aspectos mencionados, por lo cual sólo procede una actuación por
parte del alto tribunal: cumplir con sus funciones adminsitrativas de elegir al Fiscal
General de la Nación, de la terna enviada por el señor Presidente.
La norma constitucional prohíbe expresa y tajantemente que se reelija al Fiscal
General de la Nación y ni por asomo autoriza la prórroga de su período. Se deriva
de ello, necesariamente, la obligación del remplazo del titular por uno nuevo elegido
en la debida forma.
El mantenimiento en interinidad de quien fue designado por el Fiscal anterior, no es
otra cosa que una prolongación injustificada de su período. El cargo de vicefiscal fue
creado para que un funcionario de la confianza del Fiscal se encargue de gestionar
aspectos del gobierno de la entidad que no pueden ser atendidos directamente por
quien encabeza el órgano acustorio y lo sustituya en algunas actuaciones y en sus
faltas temporales. Así, pues, las atribuciones del Vicefiscal se derivan del Fiscal y
corresponden a las que se le otorgaron a este para el período respectivo. La
prolongacciòn más allá del período legal del Fiscal resulta una extensión abusiva,
en el tiempo, del mandato otorgado […]”.
[…]
“[…] Ahora bien, el deber electoral de la Corte no es una facultad potestativa sino
una facultad de que estàn revestidos los magistrados para cumplir una obligación
funcional, como lo reconoce el propio Consejo de Estado. El voto es un instrumento
para cumplir con dicho deber y no puede ser asumido por los magistrados como un
privilegio. por esa razón el voto en blanco o la abstención no constituyen un ejercicio
positivo del voto sino actos deliberados de omisión en el cumplimiento del deber y
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Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
por tanto los magistrados obran contra la dignidad de su cargo si votan en blanco o
se abstienen, e insultan la dignidad que se les ha conferido, al usar esa facultad para
fines distintos al de elegir al Fiscal General de la Nación.
Solicto al honorable Consejo de Estado que, al fallar la tutela promovida por el
ciudadano Gerardo (sic) Espinosa Mejía, profiera una advertencia de legalidad
dirigida a los señores magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia, de
que su voto en funciòn administrativa no puede ser ejercido de la misma manera
que el voto libre del ciudadano èro ni siquiera como el voto jurisdiccional que emiten
para tomar decisiones de carácter judicial, donde cabe el salvamento del voto […]”.9
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
17. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199110, por el
cual se reglamenta la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
202111 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 12, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
18. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
9 Transcripción literal del texto.
10 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
11 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
12 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
Cuestión previa
Análisis de la legitimación en la causa por pasiva
19. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia de primera instancia.
20. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
21. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 200613, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
13 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[14].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
22. La Sala advierte que la Presidencia de la República solicitó su desvinculación
de la solicitud de tutela, al considerar que carece de legitimación en la causa por
pasiva.
23. Al respecto, es preciso indicar que el actor presentó reparos frente a un
derecho de petición que presentó ante el Presidente de la República, respecto del
cual, de conformidad con el acervo probatorio, se advierte que la Presidencia de la
República participó en su respuesta, razón por la cual le asiste interés en el
resultado del proceso de la referencia.
24. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia mencionada supra, la Sala concluye que, a la Presidencia de la
República le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.
25. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada respecto de la Presidencia de la
República.
14 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
Análisis de la intervención de Hernán López Pérez
26. Hernán López Pérez solicitó “[…] se me admita como interviniente en el trámite
de acción de Tutela interpuesta por el señor Germán Espìnosa Mejía, quien al
incoar la acción me convoca como litisconsorte junto con toda la ciudadanía […]”.
Para tal efecto, manifestó lo siguiente:
“[…] me permito solicitar a la honorable corporación, dar un alcance más preciso a
las pretensiones de la acción constitucional para proteger los derechos
fundamentales a la seguridad y la paz que sólo son posibles bajo el imperio de un
estado ordenado donde los funcionarios actùen como servidores y no como
detentadores de privilegios injustificados.
En ese sentido solicito que se ordene a los magistrados de la Corte Suprema de
Justici atender cumplidamente al deber constitucional de elegir, oportunemente y sin
dilaciones, a quien deba ejercer como Fiscal General de la Nación, a partir del
próximo 14 de febrero, tras la terminaciòn del perìodo del actual fiscal […]”.
[…]
“[…] Si nos atenemos a las comunicaciones públicas emitidas por la propia Corte
Suprema de Justicia, la terna enviada por el señor Presidente, no tiene tacha en
ninguno de los aspectos mencionados, por lo cual sólo procede una actuación por
parte del alto tribunal: cumplir con sus funciones adminsitrativas de elegir al Fiscal
General de la Nación, de la terna enviada por el señor Presidente.
La norma constitucional prohíbe expresa y tajantemente que se reelija al Fiscal
General de la Nación y ni por asomo autoriza la prórroga de su período. Se deriva
de ello, necesariamente, la obligación del remplazo del titular por uno nuevo elegido
en la debida forma.
El mantenimiento en interinidad de quien fue designado por el Fiscal anterior, no es
otra cosa que una prolongación injustificada de su período. El cargo de vicefiscal fue
creado para que un funcionario de la confianza del Fiscal se encargue de gestionar
aspectos del gobierno de la entidad que no pueden ser atendidos directamente por
quien encabeza el órgano acustorio y lo sustituya en algunas actuaciones y en sus
faltas temporales. Así, pues, las atribuciones del Vicefiscal se derivan del Fiscal y
corresponden a las que se le otorgaron a este para el período respectivo. La
prolongacciòn más allá del período legal del Fiscal resulta una extensión abusiva,
en el tiempo, del mandato otorgado […]”.
[…]
“[…] Ahora bien, el deber electoral de la Corte no es una facultad potestativa sino
una facultad de que estàn revestidos los magistrados para cumplir una obligación
funcional, como lo reconoce el propio Consejo de Estado. El voto es un instrumento
para cumplir con dicho deber y no puede ser asumido por los magistrados como un
privilegio. por esa razón el voto en blanco o la abstención no constituyen un ejercicio
positivo del voto sino actos deliberados de omisión en el cumplimiento del deber y
por tanto los magistrados obran contra la dignidad de su cargo si votan en blanco o
se abstienen, e insultan la dignidad que se les ha conferido, al usar esa facultad para
fines distintos al de elegir al Fiscal General de la Nación.
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Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
Solicto al honorable Consejo de Estado que, al fallar la tutela promovida por el
ciudadano Gerardo (sic) Espinosa Mejía, profiera una advertencia de legalidad
dirigida a los señores magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia, de
que su voto en funciòn administrativa no puede ser ejercido de la misma manera
que el voto libre del ciudadano èro ni siquiera como el voto jurisdiccional que emiten
para tomar decisiones de carácter judicial, donde cabe el salvamento del voto […]”.15
27. Visto: el inciso 2.° del artículo 13 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre
de 199116, sobre las personas contra quien se dirige la acción e intervinientes.
28. La Corte Constitucional, mediante Auto 027 de 21 de agosto de 1997 17,
consideró que:
“[…] Terceros serán, por exclusión, quienes no tienen la condición de partes. Sin
embargo, puede ocurrir que dichos terceros se encuentren vinculados a la
situación jurídica de una de las partes o a la pretensión que se discute, al punto
de que a la postre puedan resultar afectados por el fallo que se pronuncie.
[…]
“Lo anterior significa que la intervención de los terceros en el procedimiento de
tutela además de ineludible debe ser a tal punto oportuna que el juez, al entrar a
resolver, ha de contar con una adecuada evaluación de todos los argumentos y
para ello resulta lógico e indispensable que éstos se hayan aducido en la
correspondiente oportunidad; de ahí que la notificación de la solicitud de tutela cobre
especial importancia como uno de los elementos fundamentales del debido proceso, a
falta del cual resulta imposible a las partes o a los terceros con interés legítimo hacer
uso de las garantías procesales.
“En armonía con lo expuesto, la Corte ha considerado que el juez, en su calidad
de protector de los derechos fundamentales de los asociados, debe garantizar
también “a los terceros determinados o determinables, con interés legítimo en un
proceso su derecho a la defensa mediante la comunicación” que, en su caso,
persigue la protección procesal de los intereses que puedan verse afectados con
la decisión"18 […]”. (Resaltado fuera del texto).
29. Asimismo, la Corte Constitucional, mediante sentencia T-320 de 21 de
septiembre de 202119, en relación con el tema de intervención de terceros,
consideró lo siguiente:
“[…] Sujetos procesales de la acción de tutela. La Corte Constitucional ha identificado
cuatro sujetos procesales dentro del trámite de la acción de tutela […] (iv) los terceros
“que tengan un interés legítimo en el resultado del proceso”.
15 Transcripción literal del texto.
16 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
17 Corte Constitucional, Auto 027 de 21 de agosto de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
18 Cita del texto original: “Sentencia T-247 de Mayo 27 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz”.
19 Corte Constitucional, sentencia T-320 de 21 de septiembre de 2021. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
Requisitos para la intervención de terceros con interés legítimo en la acción de tutela.
El tercero con interés legítimo debe demostrar “la certeza de la afectación de sus
intereses jurídicos para que sea procedente su reconocimiento en la acción de tutela”
[42]. Para esto, el tercero debe acreditar el carácter actual e inmediato de la afectación
“de un derecho o una situación jurídica preexistente a la expedición de la sentencia” [43]
y el vínculo entre dicha afectación y “lo decidido en la sentencia cuestionada” [44].
Además, la Corte ha considerado que la intervención del coadyuvante debe: (i)
presentarse “hasta antes de que se expida la sentencia que finalice el proceso de tutela”
[45] y (ii) estar relacionada “con las posiciones y pretensiones presentadas por el
accionante o el accionado en el trámite de tutela, es decir, no puede formular
pretensiones propias de amparo a sus derechos fundamentales” [46].
La Sala constata que los terceros intervinientes carecen de interés legítimo en la acción
de tutela sub examine. Esto, por cuanto no acreditaron la certeza de la afectación
actual e inmediata de sus intereses jurídicos por el resultado del proceso, ni la
existencia de una relación sustancial con la accionada que pueda resultar
afectada por la decisión […]”. (Resaltado fuera de texto).
30. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra y atendiendo a que: i) el señor Hernán López Pérez no presentó
argumentos para sustentar su solicitud respecto de su intervención; y ii) no se
encuentra acreditado la afectación actual e inmediata de sus intereses jurídicos
frente a la acción de tutela objeto de estudio, ni la existencia de una relación
sustancial con el actor o los accionados que pueda resultar afectada por lo que se
resuelva: la Sala considera que no le asiste interés legítimo en la decisión de tutela
que se profiera dentro del presente proceso.
31. Por lo expuesto anteriormente, la Sala negará la solicitud que presentó
Hernán López Pérez relacionada con que “[…] se me admita como interviniente en
el trámite de acción de Tutela interpuesta por el señor Germán Espìnosa (sic) Mejía,
quien al incoar la acción me convoca como litisconsorte junto con toda la ciudadanía
[…]”.
Problema jurídico
32. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en determinar si se deben proteger los derechos fundamentales invocados
por el actor, los cuales considera vulnerados con ocasión a que: i) el Presidente de
la República, omitió “[…] RESPONDER DE FONDO A (sic) SUSCRITO, concreto
derecho de petición; como por las facultades de nominación de Fiscal General de la
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Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
Nación, como POR SUS FACULTADES NO EJERCIDAS, para presentar proyectos
de Reforma Constitucional o Iniciativa Legislativa, que prevean y provean evitar
interinidad en el Cargo de Fiscal General de la Nación, y sus consecuencias
previsibles DESDE LA ACTUALIDDAD […]”; ii) el Ministro, omitió “[…] sus funciones
de Presidente del Consejo Superior de Política Criminal […]”; y iii) la Corte Suprema,
se negó a “[…] responder de fondo, peticiones previas a suscrito, COMO
OBSERVACIONES CIUDADANAS CONCRETÍSIMAS, en actual proceso de
Elección de la Nueva Fiscal General de la Nación. que después de 30 años, SIGUE
SIN RESOLVER EN SU REGLAMENTO INTERNO, ni a través de iniciativa
legislativa, los problemas causados en la administración de Justicia, generando
interinidad en el cargo […]”.
33. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
petición; ii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia; iv) análisis del caso concreto;
y finalmente v) las conclusiones de la Sala.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho de petición
34. El artículo 23 de la Constitución Política de 1991 establece el derecho
fundamental de petición en los siguientes términos:
“[…] Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales […]”.
35. El derecho de petición fue reglamentado, en un principio, en el Decreto 01 de
2 de enero de 198420, el cual fue derogado y regulado nuevamente en los artículos
13 a 33 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
20 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
20
Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
36. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-818 del 1.º de
noviembre de 201121, declaró inexequibles los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 y
señaló que los efectos de la declaración de inexequibilidad quedarían diferidos
hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso de la República expidiera
la ley estatutaria correspondiente.
37. En razón a lo anterior, el Congreso de la República expidió la Ley Estatutaria
1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental
de petición y se sustituye un Título del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo”, norma que establece los términos y procedimientos
para resolver las distintas modalidades de peticiones.
38. Dicha ley entró a regir a partir de la fecha de su promulgación, esto es, el 30
de junio de 2015.
39. Con miras a examinar el caso sub examine, en primer orden, la Sala realizará
una breve síntesis de la Ley 1755 de 30 de junio de 201522 y, en segundo orden, se
enunciarán las reglas jurisprudenciales del derecho de petición.
Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el
Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
40. A través de la Ley Estatutaria 1755 se regula el derecho de petición y se
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
41. Esta norma reguló los siguientes aspectos del derecho de petición: i) Derecho
de petición ante las autoridades-Reglas Generales, ii) Derecho de petición ante
21 Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 1° de noviembre de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 10 (parcial), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 309 (parcial) de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
22 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo”.
21
Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
autoridades - Reglas especiales y, iii) Derecho de petición ante organizaciones e
instituciones privadas.
42. El artículo 13 de la Ley 1755 establece que el objeto de esta ley, es regular
el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución completa y de fondo sobre la misma.
43. Respecto a los términos para resolver las distintas modalidades de
peticiones, el artículo 14 de dicha norma, hace énfasis en que toda petición deberá
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación. El numeral
1.º dispone que las peticiones de documentos y de información deberán resolverse
dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. El numeral 2.º del artículo 14
ibidem establece que las peticiones mediante las cuales se presenta una consulta
a las autoridades deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su
recepción.
44. Ahora bien, el artículo 15 ibidem prevé que las peticiones podrán presentarse
verbalmente o por escrito a través de cualquier medio idóneo, donde la petición
contenga al menos: i) la designación de la autoridad a la que se dirige, ii) los
nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apoderado
con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá la
correspondencia, iii) el objeto de la petición, iv) las razones en las que fundamenta
su petición, v) la relación de los documentos que desee presentar para iniciar el
trámite y vi) la firma del peticionario cuando fuere el caso. Asimismo, los interesados
podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones.
45. A su turno, el artículo 24 de la Ley 1755 dispone que solo tendrán carácter
reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por
la Constitución Política o la ley.
46. Los artículos 32 y 33 ibidem establecen que toda persona podrá ejercer el
derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante
organizaciones privadas con o sin personería jurídica, salvo norma legal especial.
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Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
Las peticiones ante empresas o personas que administren archivos y bases de
datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de
terceros países se regirán por lo dispuesto en la ley estatutaria del Hábeas Data.
47. Por último, es importante resaltar que conforme con los artículos 14 y 21 de
la norma ejusdem, cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición
en los plazos señalados, la autoridad tiene el deber de informar esa circunstancia al
interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los
motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá
o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.
48. Asimismo, si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente,
esta deberá informar al interesado dentro de los cinco días siguientes al de la
recepción de la solicitud, si obró por escrito y, dentro del término señalado, remitirá
la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario.
Desarrollos jurisprudenciales del derecho de petición
49. La Corte Constitucional, en desarrollo del artículo 23 de la Constitución
Política, ha precisado que la satisfacción del derecho de petición implica una
respuesta de fondo a la solicitud que resuelva sobre lo planteado. En sentencia T-
146 de 201223, se consignaron las reglas que ha reiterado la Corte Constitucional
respecto del derecho de petición:
“[…] a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de
los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión.
23 Corte Constitucional. Sentencia de 2 de marzo de 2012. M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El extracto citado
fue extraído de la sentencia T- 377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ambas sentencias atienden el
problema jurídico del alcance y condiciones en que se debe dar respuesta al derecho de petición, lo que resulta
aplicable al presente caso que conoce la Sala. Se considera pertinente hacer mención a esta línea
jurisprudencial por cuanto se señalan las principales características constitucionales sobre el derecho de
petición, sin perjuicio de otras subreglas que pueden encontrarse en los siguientes fallos: T-578 de 1992, T-572
de 1994, T-133 de 1995, T-382 de 1993, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996, T-312 de 1999, T-415
de 1999, T-306 de 20003, T-1889 de 2001, T-1160 A de 2001, C-818 de 2011, T-490 de 2005, T-1130 de
2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006, T-108 de 2006, T- 147 de 2006, T-567 de 1992, T-1100 de 2004, T-137
de 2005, T-780 de 2005, T-096 de 2006, T-442 de 2006 y T-431 de 2007.
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Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta
no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse
de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita.
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes
ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas
cuando la ley así lo determine.
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un
servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera
igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición
se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental,
puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra
particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental
solamente cuando el Legislador lo reglamente.
g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene
la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude
al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver.
De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe
anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de
instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo,
la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación
de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de
petición.
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una
expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-
294 de 1997 y T-457 de 1994 […]”.
50. De estas reglas se desprende que toda respuesta a un derecho de petición
se convierte en un instrumento idóneo para garantizar otros derechos y libertades.
51. Así lo consideró esta Corporación en sentencia de 24 de mayo de 2012,
Consejera de Estado, doctora María Claudia Rojas Lasso, al señalar que, por un
24
Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
lado, el derecho fundamental de petición busca garantizar el acceso de las personas
a las instancias del Estado; y, por otro, que el ciudadano obtenga respuesta de
fondo, de manera clara, precisa, congruente con lo solicitado y que sea puesta en
conocimiento del peticionario en un plazo oportuno.
52. Finalmente, la Corte Constitucional, en la sentencia previamente citada,
consideró que el estudio del derecho de petición puede realizarse desde dos
perspectivas, a saber: “[…] En una parte inicial, el derecho de petición busca
garantizar el acceso a las instancias del Estado, lo que de forma indirecta será la
posibilidad democrática de participar en la gestión de la autoridad, donde el
ciudadano conserva la soberanía y titularidad de los derechos, que se complementa
mediante el correcto y eficiente desarrollo de la función pública que debe atender
los fines constitucionales hacia los cuales se dirige el Estado. En la otra parte, que
es complementaria a la primera, el ciudadano espera obtener una respuesta por
parte del peticionado, sea este de naturaleza particular o pública, en donde se dé
solución a su interrogante de forma concreta y definitiva, para así, garantizar la
finalidad y efectividad inmediata del derecho de petición, ante quien posee una
información que debe y puede ser suministrada a quienes estén interesados […]”24.
53. Por último, dentro del marco del derecho fundamental de petición, la Corte
Constitucional ha establecido que se vulnera en aquellos eventos en que el
peticionario no es debidamente notificado de la respectiva respuesta a su solicitud
de petición.
54. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional25:
“[…] las autoridades tienen el deber de poner en conocimiento del peticionario la
respuesta que emitan acerca de una solicitud o sea, notificar la respuesta al
interesado.
Esta obligación genera para la administración la responsabilidad de actuar con
diligencia en aras de que su respuesta sea conocida. De esta manera fue reconocido
en la sentencia T-372 de 1995 y reiterado por la sentencia T-477 de 2002, en donde
se determinó que el derecho de petición se concreta en dos momentos sucesivos,
ambos dependientes de la actividad del servidor público a quien se dirige la
solicitud: “(i) el de la recepción y trámite de la misma, el cual implica el debido acceso
24 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2012. C.P: María Claudia Rojas Lasso,
número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-00017-01.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005. MP. Jaime Araújo Rentería.
25
Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
de la persona a la administración para que esta considere el asunto que se le plantea,
y (ii) el de la respuesta, cuyo ámbito trasciende el campo de la simple adopción de
decisiones y se proyecta a la necesidad de llevarlas al conocimiento del solicitante
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
55. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
56. Atendiendo a que, la Corte Constitucional26 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
26 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
26
Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
57. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
58. Atendiendo a que, la Corte Constitucional27 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Análisis del caso concreto
59. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Presidente de
la República, el Ministro de Justicia y del Derecho y la Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia, porque, a su juicio: i) el Presidente de la República, al “[…]
IMITIR (sic) RESPONDER DE FONDO A (sic) SUSCRITO, concreto derecho de
petición; como por las facultades de nominación de Fiscal General de la Nación,
como POR SUS FACULTADES NO EJERCIDAS, para presentar proyectos de
Reforma Constitucional o Iniciativa Legislativa, que prevean y provean evitar
interinidad en el Cargo de Fiscal General de la Nación, y sus consecuencias
previsibles DESDE LA ACTUALIDDAD […]”; ii) el Ministro, al omitir “[…] sus
funciones de Presidente del Consejo Superior de Política Criminal […]”; y iii) la Corte
Suprema, al “[…] negarse a responder de fondo, peticiones previas a suscrito,
27 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
27
Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
COMO OBSERVACIONES CIUDADANAS CONCRETÍSIMAS, en actual proceso
de Elección de la Nueva Fiscal General de la Nación. que después de 30 años,
SIGUE SIN RESOLVER EN SU REGLAMENTO INTERNO, ni a través de iniciativa
legislativa, los problemas causados en la administración de Justicia, generando
interinidad en el cargo […]”: vulneraron sus derechos fundamentales invocados
supra.
60. Visto el marco normativo y los antecedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
61. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
62. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
62.1. Documentos allegados con el escrito de tutela.
62.2. Informes rendidos por las autoridades demandadas, junto con sus anexos.
28
Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
Solución del caso concreto
Análisis de la presunta vulneración al derecho de petición del actor
63. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico,
corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la petición elevada por el actor
ha sido contestada.
Petición núm. 1
64. El actor señaló que, “[…] El día miércoles 18 de octubre, […] dirigí a la Sala
Plena de esa alta corporación la siguiente expresa Petición y Solicitud del Debido
Proceso (Arts. 23 - 29 C.N), en Interés General Particular y en Interés General; […]
EN RELACIÓN AL PROCESO DE ELECCIÓN DE LA FISCAL GENERAL DE LA
NACIÓN, con el fin de que se proceda a dar a conocer a (sic) suscrito y al público
en general, el cronograma general proyectado o calculado, que se contempla para
el proceso de la referencia; DESDE LA ETAPA DE ENTREVISTAS DE LAS
CANDIDATAS, HASTA SU ELECCIÓN Y TOMA DE JURAMENTO EN SU CARGO
[…]”; petición respecto de la cual adujo que la Corte Suprema de Justicia no dio una
respuesta de fondo.
65. Al respecto, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia rindió informe
señalando que “[…] respecto a la “SOLICITUD DE ACCESO A DOCUMENTO
PÚBLICO EN NOMPRE DEL INTERÉS PÚBLICO GENERAL” dirigida por el actor
a la “Sala Plena”, se tiene que mediante oficio OSG 5798 del 3 de noviembre de
2023, se le dio respuesta al solicitante […] Por lo anterior, es evidente la
improcedencia de la presente acción de tutela. Con respecto al derecho de petición,
no existe vulneración alguna, pues se dio respuesta oportuna y completa a la
solicitud elevada por el promotor […]”.
66. De conformidad con el acervo probatorio, la Sala observa que, mediante
Oficio OSG núm. 5798 de 3 de noviembre de 2023, la Secretaría General de la Corte
Suprema de Justicia, dio respuesta a la petición del actor en los siguientes términos:
29
Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
“[…] Señor
GERMÁN ESPINOSA MEJÍA
Correo electrónico: […]
Ciudad
Asunto: “SOLICITUD DE ACCESO A DOCUMENTO PÚBLICO EN NOMPRE DEL
INTERÉS PÚBLICO GENERAL”
Respetado señor,
De manera atenta me permito informarle que la Sala Plena en sesión del 26 de
octubre de la presente anualidad, conoció su mensaje de correo electrónico recibido
en esta Corporación, en el cual solicita “se proceda a dar a conocer a suscrito y al
público en general, el cronograma general proyectado o calculado, que se
contempla para el proceso de la referencia; DESDE LA ETAPA DE
ENTREVISTAS DE LAS CANDIDATAS, HASTA SU ELECCIÓN Y TOMA DE
JURAMENTO EN SU CARGO.”, al respecto, dispuso, notificarle lo pertinente, en el
momento en que se resolviera sobre el asunto.
Sobre el particular, le comunico que la Sala Plena en sesión extraordinaria del
pasado 31 de octubre, mediante Acuerdo No. 2114 de 2023, declaró el
cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, fijó los lineamientos
y cronograma para la elección del Fiscal General de la Nación período 2024-
2028, acto administrativo del cual se anexa copia.
Asimismo, en cumplimiento a lo acordado por la Plenaria, a partir del martes 7 de
noviembre de la presente anualidad, la información referente a la elección de
Fiscal General de la Nación, podrá ser consultada en la página web oficial de la
Corte Suprema de Justicia en el link https://cortesuprema.gov.co/la-corte-
transparencia-convocatorias publicas/ […]”. (Resaltado por la Sala)
67. Al respecto, el actor allegó como anexo a su tutela dicho documento y dentro
del acápite de “[…] PRUEBAS DOCUMENTALES […]” que indicó presentar con su
escrito de tutela, señaló lo siguiente: “[…] Respuesta Sala Plena Corte Suprema, a
(sic) Suscrito, con Acuerdo Producido; tras petición de conocimiento de cronograma,
proceso de elección, Fiscal General de la Nación. Acuerdo 2114 del 31 de octubre
de 2023 […]”.
68. De conformidad con lo expuesto supra, corresponde a la Sala establecer si
la Corte Suprema de Justicia cumplió con los requisitos de: i) oportunidad; ii) que la
respuesta sea de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado; y
iii) que haya sido puesta en conocimiento del peticionario; pues, de lo contrario se
incurriría en una vulneración del derecho fundamental de petición.
69. La Sala encuentra que: la respuesta otorgada fue puesta en conocimiento del
actor en debida forma; y en cuanto a la oportunidad para dar respuesta a la petición,
30
Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
la Sala encuentra que se cumplió con el término establecido por el artículo 14 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
70. Ahora bien, frente al requisito de que la respuesta sea de fondo, clara, precisa
y congruente con lo solicitado, la Sala encuentra que se cumple con dicha exigencia
en la medida en que la Corte Suprema de Justicia le informó con suficiencia al actor
lo que, hasta ese momento, había acontecido en la Sala Plena de dicha Corporación
respecto del trámite de elección del Fiscal General de la Nación y le dio a conocer
el respectivo cronograma para la elección mencionada supra, como lo solicitó el
actor en su petición.
71. La Sala considera que, en relación con la respuesta de la Corte Suprema de
Justicia, se garantizó el núcleo esencial del derecho fundamental de petición y,
teniendo en cuenta que la respuesta se dio con anterioridad al trámite de la acción
de tutela, habrá lugar negar la solicitud de amparo.
Petición núm. 2
72. El actor indicó que, “[…] El Viernes 10 de noviembre, este suscrito accionante
[…] se dirige al correo electrónico expresamente creado para ello, con copia a la
Señora Secretaria General, en los siguientes exactos términos […] PETICIONES
OBSERVACIONES CIUDADANAS A PROCESO DE ELECCIÓN DE LA NUEVA
FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN EN REFERENCIA […]”, frente a lo que precisó
que “[…] LAS MISMAS SIGUEN SIN SER ATENDIDAS […]”.
73. Manifestó que, “[…] Esas mismas, exactas observaciones, las dirigió el
Suscrito accionante, al Señor Presidente de la República. El Señor Presidente, no
sólo se negó a responderlas de fondo, SINO QUE SIMPLE Y LLANAMENTE SE
LAS REMITIÓ A LA CORTE SUPREMA […]”.
74. Al respecto, la Presidencia de la República rindió informe en los siguientes
términos:
“[…] en el caso en concreto no hay vulneración alguna del derecho fundamental de
petición ni de ningún otro por parte de la Presidencia de la República y/o el señor
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Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
Presidente de la República, en tanto, tras la radicación de la petición del 10 de
noviembre de 2023 presentando observaciones ciudadanas frente al proceso de
elección del Fiscal General de la Nación, radicada con el EXT23-00169987 esta
entidad, con fundamento en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, procedió a remitir
la misma a la entidad competente mediante Oficio OFI23-00212331 / GFPU 14000000
del 15 de noviembre de 2023 dirigido a la Corte Suprema de Justicia, actuación que
se notificó al aquí demandante mediante Oficio OFI23-00212349 / GFPU 14000000
del 15 de noviembre de 2023 […]”.
75. De conformidad con el acervo probatorio se observa que, la Secretaría
Jurídica de la Presidencia de la República, mediante Oficio núm. OFI23-00212349 /
GFPU 14000000 de 15 de noviembre de 2023, dio la siguiente respuesta a la
petición del actor:
“[…] Respetado señor.
Me refiero a su comunicación electrónica radicada en el Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República el 11 de noviembre de 2023 y recibida en esta
Secretaría Jurídica en la misma fecha, por la cual remite algunas observaciones
ciudadanas frente al proceso de elección del Fiscal General de la Nación.
Mediante oficio OFI23-00212331 de fecha 15 de noviembre de 2023, esta
Secretaría Jurídica trasladó su comunicación a la Corte Suprema de Justicia
con fundamento en las funciones que le corresponden a esa corporación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Constitución Política de
Colombia.
El traslado de su comunicación se adelanta en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, sustituido por el artículo 1 de la
Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición
y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo”, el cual dispone que la petición debe ser trasladada a
la autoridad competente […]”. (Resaltado por la Sala)
76. El actor dentro de su escrito de tutela manifestó haber recibido dicha
respuesta por parte de la Presidencia de la República.
77. La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, mediante Oficio
núm. OFI23-00212331 / GFPU 14000000 de 15 de noviembre de 2023, trasladó la
petición del actor a la Corte Suprema de Justicia:
“[…] Con fundamento en las funciones que le corresponden a la Corte Suprema de
Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Constitución
Política de Colombia, se traslada la comunicación electrónica radicada en el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República el 11 de
noviembre de 2023 y recibida en esta Secretaría Jurídica en la misma fecha, por
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Actor: Germán Espinosa Mejía
la cual el señor Germán Espinosa Mejía remite algunas observaciones
ciudadanas frente al proceso de elección del Fiscal General de la Nación.
Por tanto, se solicita revisar lo pertinente y brindar respuesta directamente al
peticionario, en los términos legales establecidos para tal efecto.
El presente traslado se adelanta en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21
de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”,1 sustituido por el artículo 1 de la
Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición
y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo”, el cual dispone que la petición debe ser trasladada a la
autoridad competente […]”. (Resaltado por la Sala)
78. Al respecto, la Sala observa que el actor también remitió dichas
observaciones directamente a la Corte Suprema de Justicia, como se advierte de la
captura de pantalla que señaló en su escrito de tutela:28
79. Al respecto, la Sala precisa que, el artículo 21 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que:
“[…] ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado por
el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a
quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al
interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes
al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en
caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos
para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la
Petición por la autoridad competente […]”. (Resaltado por la Sala)
28 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_2ESCRITODETUTELA(.pdf) NroActua 2”. Archivo
aportado en medio digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
80. Igualmente, la Sala advierte que, en relación con la remisión por competencia
de una petición, esta Corporación ha señalado lo siguiente:
80.1. En la sentencia de 19 de abril de 202129, se indicó que:
“[…] Al respecto, la Sala considera que con ocasión de la remisión que hizo dicha
Dirección Ejecutiva no se vulneró el derecho fundamental de petición del actor,
toda vez que, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1755 de 30 de junio de
2015, si la autoridad no tiene competencia para responder, deberá remitir la
petición a la autoridad competente e informar al actor, lo cual aconteció en el caso
sub examine […]”. (Resaltado por la Sala)
80.2. En la sentencia de 30 de junio de 202030, se expresó que:
“[…] Con base en lo expuesto, en el asunto sub examine la Sala evidencia que le
asiste razón al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá, al afirmar que no le concierne expedir la constancia de ejecutoria del laudo
de 6 de agosto de 2015, porque, se reitera, dicha actuación involucra una actividad
judicial, por consiguiente, carece de la competencia para realizarla.
No obstante, pese a que al señor director del mencionado Centro de Arbitraje y
Conciliación, en efecto, no le corresponde decidir sobre la entrega del documento
enunciado en el párrafo precedente, se debe tener en cuenta lo previsto en el
artículo 21 del CPACA, según el cual «[…] Si la autoridad a quien se dirige la petición
no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por
escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia
del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así
se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día
siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente».
La anterior norma es clara en determinar que cuando una autoridad se declara
carente de competencia para conocer de una solicitud deberá enviarla a la que
corresponde, mandato que no cumplió el señor director del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en el sub lite, omisión que
quebranta el derecho constitucional fundamental de petición de la actora […]”.
(Resaltado por la Sala)
81. La Sala advierte que con ocasión de la remisión que hizo la Presidencia de
la República, dicha entidad no vulneró el derecho fundamental de petición invocado
por el actor, toda vez que, conforme con el artículo 21 del Código de procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, si la autoridad no tiene
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de
2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-00816-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B de la Sección Segunda, sentencia
de 30 de junio de 2020, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-00520-00, C.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
34
Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
competencia para responder, deberá remitir la petición a la autoridad competente e
informar al actor, lo cual aconteció en el caso sub examine.
82. Ahora bien, en lo que concierne a la Corte Suprema de Justicia, la Sala
observa lo siguiente:
82.1. El artículo 249 de la Constitución Política de 1991, prevé:
“[…] La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el Fiscal General, los
fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley.
El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por
la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la
República y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas
para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la
Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y
presupuestal […]”. (Resaltado por la Sala)
82.2. El artículo 29 de la Ley 270 de 7 de marzo de 199631, prevé:
“[…] ARTÍCULO 29. ELECCION. El Fiscal General de la Nación será elegido para
un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada
por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido […]”. (Resaltado por la
Sala)
82.3. El Acuerdo núm. 2175 de 7 de diciembre de 202332, expedido por la Corte
Suprema de Justicia, frente a la Sala Plena de dicha Corporación, dispone lo
siguiente:
“[…] Artículo 5º. Quorum. Modificado. Acuerdo 2035 de 2023, artículo 1º. El quorum
para deliberar será la mayoría de los miembros activos de la Corporación. Las
decisiones se tomarán por igual mayoría, salvo en los siguientes casos en los cuales
se requerirá del voto favorable de las dos terceras partes (2/3) de los magistrados
en ejercicio: Elección de Presidente y Vicepresidente de la Corte, de magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior de la Judicatura, del Fiscal
General de la Nación, de los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial y de los integrantes de las ternas para magistrados de la Corte
Constitucional, Procurador General de la Nación y Auditor General de la República;
las reformas al presente Reglamento y los proyectos de ley de iniciativa de la Corte.
Artículo 6º. Votaciones. Modificado. Acuerdo 1476 de 2020, artículo 1º. La votación
para elegir funcionarios y escoger candidatos a ternas o para integrarlas, será
31 “Estatutaria de la Administración de Justicia”.
32 “Unificar y actualizar en un solo texto el Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia, adoptado por
el Acuerdo número 006 de 2002”.
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Actor: Germán Espinosa Mejía
secreta y podrá ser presencial o virtual mediante voto electrónico. Para los cargos
de carrera, incluidos los nombramientos de magistrados en provisionalidad y en
encargo de Tribunales Superiores de Distrito Judicial y las demás decisiones, serán
públicas y nominales […]”.
[…]
“[…] Artículo 10. Funciones. Tendrá las siguientes funciones principales:
[…]
3. Elegir Fiscal General de la Nación, previo estudio de los candidatos de la
terna que envíe el Presidente de la República. Para tal fin, podrá celebrar
audiencias donde se escucharán los planteamientos programáticos de los
integrantes de la misma. […]”. (Resaltado por la Sala)
82.4. El Acuerdo núm. 2114 de 31 de octubre de 202333, expedido por la Corte
Suprema de Justicia, prevé que:
“[…] TERCERO: ESTABLECER para la designación del Fiscal General de la Nación,
las siguientes etapas: publicación de la hoja de vida de las ternadas, audiencia
pública y elección.
1.- PUBLICACIÓN DE LA HOJA DE VIDA DE LAS TERNADAS.
Se garantizará la participación de la ciudadanía en el trámite de la elección del
Fiscal General de la Nación, para ese propósito se publicitará en la página Web
oficial de la Corte Suprema de Justicia las hojas de vida de las integrantes de
la terna, y se habilitará un buzón electrónico institucional al que podrán remitir
sus inquietudes y comentarios, acorde con el cronograma.
2.- AUDIENCIA PÚBLICA.
La Sala Plena escuchará a cada una de las integrantes de la terna en orden
alfabético de apellidos y por espacio de 10 minutos.
La audiencia será transmitida en directo por la página web y redes sociales Oficiales
de la Corte Suprema de Justicia, vía streaming.
3.- ELECCIÓN.
En cumplimiento del artículo 38 del Reglamento General de la Corporación la
Plenaria de la Corte Suprema de Justicia fijará la fecha de la sesión de Sala Plena,
a partir de la cual se agendará en el orden del día la elección del Fiscal General de
la Nación para el periodo 2024-2028. Culminado el proceso, la Corporación dará a
conocer el nombre de la candidata elegida, para lo cual proferirá el respectivo acto
administrativo.
CUARTO: FIJAR para el desarrollo del trámite de la elección del Fiscal General de
la Nación para el periodo 2024-2028, el siguiente:
33“POR EL CUAL SE DECLARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES Y
LEGALES, SE FIJAN LOS LINEAMIENTOS Y CRONOGRAMA PARA LA ELECCIÓN DEL FISCAL GENERAL
DE LA NACIÓN PERIODO 2024-2028”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
[…]”. (Resaltado por la Sala)
83. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que las
observaciones ciudadanas que el actor presentó frente al proceso de elección de la
Fiscal General de la Nación, le fueron allegadas a la Corte Suprema de Justicia
directamente por el tutelante y vía remisión por competencia por parte de la
Presidencia de la República.
84. La Sala advierte que, de conformidad con las normas mencionadas supra,
dichas observaciones obedecen a la participación ciudadana que se busca
garantizar dentro de dicha elección, fijándose, incluso, para tal efecto, un espacio
dentro del cronograma, comprendido entre el 7 de noviembre al 14 de noviembre
de 2023; y una fecha para su conocimiento por parte de la Sala de Gobierno (20 de
noviembre de 2023).
85. En ese orden de ideas, la Sala advierte que las observaciones ciudadanas
presentadas por el actor, en estricto sentido no corresponden a una solicitud de
petición, sino al ejercicio democrático y participativo que se habilitó por la Corte
Suprema de Justicia para escuchar a la ciudadanía en general sobre la elección de
la próxima Fiscal General de la Nación, en aras de garantizar los principios de
transparencia, eficacia, eficiencia y moralidad administrativa.
86. De conformidad con el cronograma mencionado anteriormente, la Sala
observa que no se previó una etapa específica para que la Corte Suprema de
Justicia se refiriera frente a cada una de las observaciones presentadas por los
ciudadanos, sino una fecha para que estas fueran puestas en conocimiento de la
Sala de Gobierno, sin que esto vulnere los derechos fundamentales del actor.
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Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
87. En ese sentido, la Sala insiste en que las observaciones presentadas por el
actor no corresponden a un derecho de petición, sino a la habilitación de un espacio
de participación y de democracia que dispuso la Corte Suprema de Justicia para
escuchar las consideraciones de los ciudadanos frente a esta elección y, en esa
medida, enriquecer el debate y la decisión a adoptar dentro de la Sala Plena de la
Corporación.
Análisis frente a las demás pretensiones que el actor presentó en su escrito
de tutela
88. Ahora bien, frente a las demás pretensiones que formuló el actor, a saber: i)
se exhorte a la Corte Suprema de Justicia para que modifique el Reglamento Interno
de la dicha Corporación, ii) se exhorte a la Corte Suprema de Justicia para que le
permita al Presidente de la República y al Ministro de Justicia y del Derecho hacer
sugerencias o pronunciamientos respecto a “[…] las reglas de juego que la Máxima
Magistratura del Estado, podría aportar, en el proceso de Elección del Fiscal
General [..]”; iii) se exhorte al Presidente de la República y al Ministro de Justicia y
del Derecho para que “[…] EN EL INICIO DE LA SIGUIENTE LEGISLATURA,
presenten al Congreso de la República, Proyecto de Reforma Constitucional, o
Proyecto de Reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que
subsane los vacíos que presenta el Proceso de Elección del Cargo de Fiscal
General de la Nación […]”; iv) se solicite al Presidente de la República que “[…]
RATIFIQUE, clarifique, rectifique –según sea el caso- LA PETICIÓN INICIAL
HECHA A LA CORTE SUPREMA, PARA QUE NOMBRE FISCAL AD HOC, para
los casos que así corresponda y lleve actualmente o en el futuro la Fiscalía General
de la Nación, contra los miembros de su familia […]”; v) se exhorte a la Corte
Suprema de Justicia para que “[…] nombre el Fiscal Ad Hoc, pedido previamente
por el Señor Presidente de la República […]”; y vi) se exhorte a quien resulte elegida
Fiscal General de la Nación para que “[…] dentro de los tres primeros meses de su
gestión, presente proyecto de reforma constitucional o a la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, para que se le definan a la Corte Suprema clara y
taxativamente, los plazos que la C.N o la Ley de darán a ésta, para definir el proceso
de elección del Fiscal General de la Nación […]” y “[…] una vez se posesione en el
cargo, dentro del primer mes en ejercicio de su período, SOLICITE A LA CORTE
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Actor: Germán Espinosa Mejía
SUPREMA EL NOMBRAMIENTO DE FISCAL AD HOC, que conozca de todos los
casos que a la fecha y en el futuro, se presenten en esa dependencia, contra
familiares del Señor Presidente de la República […]”; esta Sala considera que
desbordan el ámbito de competencia del juez constitucional.
89. La Sala advierte que, las pretensiones mencionadas supra conciernen a
competencias propias de cada una de las autoridades accionadas, en las que se
prevén procedimientos propios para su ejercicio y respecto de las cuales, en el caso
concreto, no se advierte omisión o acción alguna que implique la vulneración de los
derechos fundamentales del actor que justifique la intervención del juez de tutela, ni
siquiera como mecanismo transitorio frente a un perjuicio irremediable.
90. En efecto, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el
actor se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar
medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales frente al Presidente de la República, el Ministro de Justicia y del
Derecho, y la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
91. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que el actor no
precisó de qué manera se le vulneraron sus derechos fundamentales, ni mucho
menos acreditó dicha transgresión, razón por la cual no se advierten razones
suficientes para que el juez constitucional intervenga y adopte medidas al respecto,
toda vez que no se evidencian cuáles fueron esas actuaciones u omisiones por parte
de la autoridad demandada que materializaron esa vulneración iusfundamental.
92. La Sala considera que el actor no presentó medio de prueba alguno que
acreditara una transgresión efectiva y real de sus derechos fundamentales, puesto
que no se advierte de qué manera se le impidió el acceso a la administración de
justicia, ni mucho menos se probó que se le hubiera vulnerado su derecho
fundamental al debido proceso.
93. La Sala advierte que se trata del desacuerdo del actor frente al procedimiento
de elección del Fiscal General de la Nación, frente a lo cual, cabe mencionar, la
Corte Suprema de Justicia, dentro de su independencia y autonomía, determinó un
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Actor: Germán Espinosa Mejía
cronograma, el cual es de acceso público a través de la página web de dicha
Corporación, frente al que, además, se han surtido a cabalidad las etapas previstas,
encontrándose en etapa de elección.
94. En ese sentido, la Sala no advierte que el actor haya presentado y
desarrollado algún supuesto específico de vulneración que hubiese puesto en
evidencia que las autoridades demandadas le impidieron ejercer sus derechos
fundamentales; ni se observa prueba alguna que permita inferir que es necesaria y
urgente la intervención del juez constitucional para evitar un perjuicio irremediable.
Conclusiones de la Sala
95. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala: i) negará la solicitud presentada por Hernán López
Pérez; ii) declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva formulada por la Presidencia de la República; iii) negará la solicitud respecto
a las autoridades demandadas frente al derecho fundamental de petición; iv) negará
las pretensiones respecto a exhortar a la Corte Suprema de Justicia para que le
permita al Presidente de la República y al Ministro de Justicia y del Derecho para
hacer sugerencias o pronunciamientos respecto a “[…] las reglas de juego que la
Máxima Magistratura del Estado, podría aportar, en el proceso de Elección del
Fiscal General [..]”; v) negará las pretensiones respecto de exhortar al Presidente
de la República y al Ministro de Justicia y del Derecho para que “[…] EN EL INICIO
DE LA SIGUIENTE LEGISLATURA, presenten al Congreso de la República,
Proyecto de Reforma Constitucional, o Proyecto de Reforma a la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, que subsane los vacíos que presenta el Proceso de
Elección del Cargo de Fiscal General de la Nación […]”; y vi) negará las
pretensiones respecto de solicitar al Presidente de la República que “[…]
RATIFIQUE, clarifique, rectifique –según sea el caso- LA PETICIÓN INICIAL
HECHA A LA CORTE SUPREMA, PARA QUE NOMBRE FISCAL AD HOC, para
los casos que así corresponda y lleve actualmente o en el futuro la Fiscalía General
de la Nación, contra los miembros de su familia […]”. En suma se negará la presente
acción de tutela interpuesta por el actor.
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Actor: Germán Espinosa Mejía
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR la solicitud que presentó Hernán López Pérez, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Presidencia de la República, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por el actor, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
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Núm. único de radicación: 110010315000202307176-00
Actor: Germán Espinosa Mejía
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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