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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-07178-00

Fecha
8 de febrero de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-07178-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07178-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

8 de febrero de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07178-00
Demandante: Gabriel Jaime Jaramillo Vélez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07178-00
Demandante: GABRIEL JAIME JARAMILLO VÉLEZ
Demandado: SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO

Temas: Contra providencias que rechazaron demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho. Carga mínima de argumentación

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Gabriel Jaime Jaramillo
Vélez contra la Sección Primera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 27 de noviembre de 2023, en ejercicio de la acción de tutela y mediante apoderada
judicial, el señor Gabriel Jaime Jaramillo Vélez pidió la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

A juicio del demandante, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del
20 de octubre de 2023, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, que, en
segunda instancia, confirmó la decisión de rechazar la demanda de nulidad y
restablecimiento con el número 05001-23-33-000-2019-02048-01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:

2.1 Como en derecho corresponde, REVOCAR la actuación de cierre realizada por el Consejo
de Estado, AUTOS DEL 2023-10-20-31 EN EL PROCESO 0500123330002019204801, por ser
la consumación del ilícito de Denegación de Justicia, en donde se prevarica encubriendo los
ilícitos institucionales al archivarlos e ignorar la obligación de resarcir los daños causados en la
forma rogada.

2.1.1 El ilícito procesal obra en el plenario como la actuación del Consejo de Estado calendada
del día 31-10-2023, en donde tristemente ignora que tiene vencidos los términos para
CONFIRMAR EL AUTO DEL 10 DE MARZO DE 2020, MEDIANTE EL CUAL SE RECHAZÓ HOY
LA DEMANDA. (frente al vencimiento de términos).

2.1.2 Cuando los hechos, desde la ley procesal que es de obligatorio cumplimiento, le ordenan
proferir sentencia dado el ALLANAMIENTO realizado por el obligado de resarcir los daños LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, quién requiere de la sentencia para
efectuar el pago de los perjuicios como en derecho corresponde.

2.2 Por lo que es urgente decretar cómo en Colombia los derechos nacen de los hechos
amparados en la ley y no como fraudulentamente se pretendió por años usar la Jurisdicción Civil

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07178-00
Demandante: Gabriel Jaime Jaramillo Vélez

para consumar, simulando todo tipo de ilícitos gracias a la miopía del Juzgado Dieciséis (16) Civil
del Circuito de Medellín, en donde se dio inicio a la fábrica de ilícitos, por lo que DICTAR LA
SENTENCIA que la ley ordena por los hechos de hoy resuelven el prolongado asunto procesal
ilegal, desde el allanamiento-mediante sentencia, devolviendo con ello los derechos negados y
tirados como la historia que del cartel del remate se ha venido escribiendo por años en los
juzgados civiles del país.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El señor Gabriel Jaime Jaramillo Vélez interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Por auto del 29 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo de Antioquia inadmitió
la demanda y requirió a la parte actora para que la subsanara, en el siguiente sentido:
(i) identificar las partes del proceso; (ii) acreditar el cumplimiento del requisito de
conciliación prejudicial, respecto de algunas de las personas identificadas como
demandantes; (iii) aportar copia de los actos cuestionados; (iv) justificar la procedencia
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; (v) identificar los
hechos concretos que sustentan la demanda; (vi) identificar los fundamentos de
derecho; (vii) realizar la estimación razonada de la cuantía; (viii) aportar los poderes
debidamente conferidos por algunas de las personas identificadas como
demandantes, y (ix) aportar copia de la demanda para el traslado a las entidades
demandadas.

Mediante memorial del 5 de noviembre de 2019, la apoderada del señor Gabriel Jaime
Jaramillo Vélez presentó escrito de subsanación.

Por auto del 10 de marzo de 2020, el Tribunal Administrativo de Antioquia rechazó la
demanda, por estimar que el escrito del 5 de noviembre de 2019 no subsanó las
inconsistencias advertidas en el auto inadmisorio.

La parte actora apeló, pues, a su juicio, la demanda fue debidamente subsanada y
procede la admisión.

Mediante providencia del 20 de octubre de 2023, la Sección Primera del Consejo de
Estado confirmó el rechazó de la demanda, por estimar que, en efecto, la demanda no
fue subsanada.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora aludió a supuestas irregularidades ocurridas en el registro de unos
predios identificados con la matrícula inmobiliaria 001-296166 y 020-23342 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur. Además, el
demandante alegó que hubo errores en el trámite de ciertos procesos ejecutivos.

Indicó que la providencia del 20 de octubre de 2023, dictada por la Sección Primera
del Consejo de Estado, es abiertamente ilegal y «consume los ilícitos de denegación
de justicia, encubrimiento y prevaricato por acción cuando es claro como lo que
escribe resolver no es viable porque como consejo de estado está en ante la institución
procesal intitulada como EL VENCIMIENTO DE TÉRMINOS porque los términos
están legal y procesalmente establecidos para ser cumplidos, por lo que el momento
procesal para confirmar lo NO REALIZADO en el tribunal de lo contencioso
administrativo de Antioquia simple y llanamente está vencido».

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Demandante: Gabriel Jaime Jaramillo Vélez

Sostuvo que por las irregularidades identificadas en el registro y el proceso ejecutivo
debe reconocerse indemnización de perjuicios por $ 7.736.133.859.

5. Trámite

Por auto del 14 de noviembre de 2023, el Despacho Sustanciador requirió a la abogada
María Francisca Calderón Gallego para que subsanara la demanda de tutela de la
referencia, en el sentido de: (i) aportar poder especial para formular tutela en nombre
y representación de Gabriel Jaime Jaramillo Vélez; (ii) exponer de manera clara y
concisa los hechos u omisiones que generaron la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales; (iii) señalar, en concreto, las pretensiones de la demanda de
tutela, y (iv) exponer las razones por las que considera que la providencia del 20 de
octubre de 2023, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, vulneró
derechos fundamentales.

Mediante memorial del 4 de diciembre de 2023, se subsanó la demanda, en el sentido
de aportar el poder conferido por el señor Gabriel Jaime Jaramillo Vélez y reiterar los
hechos que dieron origen al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 05001-23-33-000-2019-02048-00/01.

La Secretaría General del Consejo de Estado realizó las notificaciones ordenadas en
el auto admisorio, mediante correos electrónicos del 19 de diciembre de 2023.

6. Intervenciones

La Sección Primera del Consejo de Estado realizó un detallado recuento del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho y manifestó que la tutela no cumple el
requisito general de relevancia constitucional, pues que la parte actora no expuso con
claridad los supuestos motivos de vulneración de derechos fundamentales.

Dijo que si bien la parte actora adujo demora en la decisión del recurso de apelación,
lo cierto es que la situación fue superada con la providencia del 20 de octubre de 2023,
que confirmó el rechazo de la demanda ordinaria.

Sostuvo que, en todo caso, la providencia del 20 de octubre de 2023 fue debidamente
justificada y el proceso ordinario fue tramitado en los términos de las normas
procesales aplicables.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela interpuesta por el
señor Gabriel Jaime Jaramillo Vélez contra la providencia del 20 de octubre de 2023,
dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, que, en segunda instancia,
confirmó la decisión de rechazar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
con el número 05001-23-33-000-2019-02048-01.

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de carga mínima
de argumentación, puesto que la parte actora dio cuenta de los motivos concretos por
los que la providencia cuestionada supuestamente vulneró los derechos
fundamentales invocados. Por consiguiente, será declarada la improcedencia de la
acción de tutela de la referencia.

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Demandante: Gabriel Jaime Jaramillo Vélez

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la carga mínima de argumentación en materia de tutela, y
(iii) el análisis del caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se
estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los
requisitos específicos2 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan
cuando se han superado los requisitos generales.

3. La carga mínima de argumentación en materia de tutela

El artículo 1° del Decreto 2591 de 19913 establece que el procedimiento de la acción
de tutela es preferente y sumario. Es decir, la acción de tutela se rige por el principio
de informalidad, en cuanto busca que no existan rigurosas formalidades que
suspendan o paralicen el procedimiento. Se trata, entonces, de un procedimiento
especial con reglas de interpretación y aplicación diferentes a las establecidas para los
procedimientos comunes u ordinarios.

Justamente por la informalidad que caracteriza a la tutela, el artículo 14 del Decreto
2591 de 1991 establece que la solicitud de amparo únicamente debe contener i) la
explicación, con la mayor claridad posible, de la acción o la omisión que motiva la
acción de tutela; ii) el derecho fundamental que se considera amenazado o vulnerado;
iii) el nombre de la autoridad u órgano autor del agravio, y iv) la descripción de las
demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud. También establece que «no
será indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine
claramente el derecho violado o amenazado».

En lo que aquí interesa, el Decreto 2591 de 1991 no exige que cuando la solicitud de
amparo se dirija contra providencias judiciales se deba identificar y sustentar alguna
de las causales específicas de procedencia de la acción de tutela que ha desarrollado
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y que han sido acogidas por el Consejo de
Estado, cuando actúa como juez de tutela. Lo que sí se exige es que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considere que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

La propia Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005, estableció que el
interesado tiene el deber de identificar los hechos de la amenaza o vulneración y que
tal exigencia «es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de
unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente,

1 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión
objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
2 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
3
Artículo 1º-Objeto. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que
señala este decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela (…).

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Demandante: Gabriel Jaime Jaramillo Vélez

sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación
de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del
proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos».

Posteriormente, en sentencia C-483 de 2008, la Corte Constitucional insistió en que el
interesado en ejercer la acción de tutela debe cumplir con la carga mínima «de
diligencia que se traduce en la presentación de los elementos básicos de la situación
de hecho que motivó la solicitud de protección»4.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5
de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), determinó que
«es importante que el actor cumpla con la carga de identificar razonablemente los
hechos que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales y de
argumentar por qué el asunto reviste relevancia constitucional».

Incluso, esta Sala es de la tesis de que el asunto carece de relevancia constitucional
cuando el interesado no cumple con la carga mínima de argumentación que permita
conocer las razones por las que se presenta la acción de tutela5. Lo anterior no implica
limitar el ejercicio de la acción de tutela. Todo lo contrario, se trata simplemente de que
el interesado cumpla el deber mínimo de argumentación para ilustrar al juez de tutela
sobre los hechos que motivan la solicitud de amparo y así poder tomar decisiones de
fondo que protejan los derechos fundamentales vulnerados.

4. Caso concreto

En el escrito de tutelas, la parte actora se refirió a inconformidades relacionadas con una
supuesta decisión ilegal del Consejo de Estado y a conductas ilícitas relacionadas con el
registro y remate de ciertos bienes inmuebles.

En la demanda de tutela y la subsanación, la parte actora dijo, textualmente, lo siguiente

Es abiertamente ilegal el que El Consejo de Estado, el día treinta y uno (31) (sic) del mes de
octubre (10) del año dos mil veintitrés (2023), consume los ilícitos de denegación de justicia,
encubrimiento y prevaricato por acción cuando es claro como lo que escribe resolver no es viable
porque como consejo de estado está en ante la institución procesal intitulada como EL
VENCIMIENTO DE TERMINOS porque los términos están legal y procesalmente establecidos
para ser cumplidos, por lo que el momento procesal para confirmar lo NO REALIZADO en el
tribunal de lo contencioso administrativo de Antioquia simple y llanamente está vencido.
[…]
Porque la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO es quién acogió y edifico y
sostuvo el ilícito propuesto de forma concertada mixta el día veintinueve (29) del mes de abril
(04) del año dos mil trece (2013), momento en el cual inició el proceso orientado a la
LEGITIMACIÓN DEL ILICITO embargando sin hecho, derecho, demanda, acción, jurisdicción,
competencia y litigio integrado el inmueble identificado con la matricula inmobiliaria número 020-
23342, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Rionegro-Antioquia, al i lícito
concertado mixto que, como derecho de petición, ascendió de la oficina de Rionegro-Antioquia a
la Superintendencia de Notariado y Registro en Bogotá D.C. a donde llegaron múltiples ruegos
ignorados siempre hasta que la ley hizo que se allanara.
[…]
Una vez más con todo respeto, cuando un órgano de cierre judicial conoce la magnitud de las
violaciones que la institucionalidad le ocasiona al ciudadano como un elemental ejercicio de
poder laboral funcional institucional, recibe, lee, conoce, entiende y, en ante EL VENCIMIENTO

4
Sentencia C-483 de 2008.
5 Sobre el particular, pueden consultarse las sentencias del 11 de febrero de 2021, expediente 11001-03-15-000-

2020-05131-00, y recientemente, sentencias del 16 de febrero de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-00027-
00 y del 16 de marzo de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-00514-00.

5
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DE TÉRMINOS y el ALLANAMIENTO DE LEY, ordena archivar los derechos legítimamente
protegidos por la ciudadanía misma sin poder, es necesario que se asuma conocimiento y se
remedie el vacío creado por el poder judicial e institucional como desarrollo de la jurisdicción
porque, de lo contrario, ingresamos desde la NO JURISDICCIÓN a ser coautores de un ESTADO
FALLIDO.

Por los hechos, la ley y el derecho, que hoy se encuentran en poder del Consejo de Estado,
ruego se dé cumplimiento a lo accionado como única posibilidad procesal legítima de retornar
EL DERECHO a quién le fue JURISDICCIONALMENTE ARREBATADO como un ejercicio
delictual institucionalmente sostenido por años, por lo que ruego resolver desde la acción de
tutela como en derecho corresponde lo hoy rogado.

Aunque, en el fondo, la Sala entiende que el actor está inconforme con un supuesto
perjuicio causado por entidades públicas, lo cierto es que las afirmaciones del
demandante son demasiado generales y no permiten al juez de tutela analizar de fondo
el asunto.

Las afirmaciones generales impiden al juez de tutela entender la naturaleza exacta de
la violación de derechos alegada y evaluar la procedencia del amparo reclamado. Un
análisis de fondo requiere una comprensión detallada de cómo se han violado o
amenazado los derechos fundamentales.

De hecho, debe resaltarse que el magistrado ponente inadmitió la demanda de tutela
y dio la oportunidad a la parte actora para que aclarara los motivos de inconformidad
frente a la providencia del 20 de octubre de 2023. No obstante, ni siquiera en la
subsanación fueron advertidas inconformidades concretas contra dicha providencia.

Por último, la Sala debe precisar que los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela son más estrictos cuando se cuestiona una decisión expedida por un órgano de
cierre, como ocurre en este caso, que se acusa una providencia proferida por la
Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado. Así lo explicó la propia Corte
Constitucional, en la sentencia T-398 de 2017:
Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia
o del Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que
los requisitos de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los
órganos de cierre de la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan
de unificar jurisprudencia. Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas
Corporaciones es más restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe
de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia
trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o
cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una
anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás
eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de
órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y
valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del
caso y hubiera llegado a otra conclusión”.

Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre lo pretendido por la parte demandante. Por tanto, se declarará la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Jaramillo Vélez.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

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Demandante: Gabriel Jaime Jaramillo Vélez

III. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones
expuestas.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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