Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07194-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07194-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-07194-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
19 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07194-00
Accionante: Juan Camilo Castilla Cañizarez
Accionado: Presidente de la República y otros
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA / CARGA PROBATORIA – no se probó la vulneración
a los derechos fundamentales.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del proceso de amparo constitucional formulado por Juan Camilo Castilla Cañizarez
contra el Presidente de la República, el Ministerio de Educación Nacional, la
Universidad Nacional de Colombia, el Municipio de Ocaña y el señor Daniel Ortúa
Porras.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 27 de noviembre de 2023, Juan Camilo Castilla Cañizarez presentó demanda
de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de
igualdad y educación.
2.- Da cuenta su relato que es víctima de desplazamiento forzado, razón por la cual,
participó en una convocatoria que daba el beneficio de estudiar en la Universidad
Nacional, en Bogotá.
3.- Manifestó que la persona que le suministró información respecto del proceso
becario fue el señor Daniel Ortúa Porras, quien el 26 de julio de 2023, en articulación
con el municipio de Ocaña, emitió un comunicado desde la “página oficial” del
municipio, ofreciendo becas universitarias para jóvenes víctimas del conflicto2.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Con la anterior descripción: “¡Becas universitarias para jóvenes víctimas del conflicto! Desde el gobierno local
hacemos extensiva la invitación a aquellos jóvenes pertenecientes a esta población para que se inscriban en la
convocatoria realizada en conjunto con la Universidad Nacional.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07194-00
Accionante: Juan Camilo Castilla Cañizarez
Accionado: Presidente de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
4.- Precisó que participó en el concurso y fue admitido para estudiar en la Institución
Universitaria accionada con cupo para un curso de pregrado en el periodo 2023-2, y
que, por lo mismo recibió un certificado emitido por el Presidente de la República
(Gustavo Petro Urrego), que así lo certifica.
5.- Adujo haberse acercado al municipio de Ocaña, en donde le manifestaron que
la información dada por el señor Daniel Ortúa Porras era falsa y que no existía ningún
acuerdo entre la Universidad Nacional de Colombia y el Presidente de la República
sobre el particular.
6.- Con fundamento en lo anterior, aduce que las demandadas le han negado el
derecho a estudiar, y pretende que se les ordene ofrecer una explicación concreta
respecto de la presunta admisión al programa “Ley víctima como desplazado con
registro GF54E4”, indicando si realmente fue beneficiario del mismo.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
7.- Mediante auto de 30 de noviembre de 20233, se dispuso: (i) admitir la acción de
tutela; (ii) notificar de su presentación al Presidente de la República, al Ministerio de
Educación Nacional, a la Universidad Nacional de Colombia y al municipio de Ocaña;
(iii) notificar de su presentación al señor Daniel Ortúa Porras, a la dirección de correo
electrónico que hubiere suministrado la parte accionante4 y (iv) comunicar la decisión
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para lo de su cargo.
(i) Universidad Nacional de Colombia5
8.- Informó que el señor Juan Camilo Castilla Cañizares no había participado en
ninguna convocatoria de admisión a los programas curriculares de pregrado de la
Universidad y, por tanto, no había obtenido ningún cupo ni había sido admitido en la
Institución Educativa. Aclaró que no contaba con el convenio denominado
“UNALVIVANTO 677443982EW2” y tampoco tenía vínculo laboral o contractual con
el señor Daniel Hortúa [sic] Porras, ni un acuerdo con el Presidente de la República
para efectos de otorgar cupos o beneficios de estudios superiores.
9.- Indicó que el proceso de admisión a los programas curriculares de pregrado de
la Institución corresponde a un concurso público de méritos y que, además, el
Consejo Superior Universitario creó el “Programa de Admisión Especial a las
Víctimas del Conflicto Armado Interno en Colombia”, cuya información puede ser
verificada únicamente en la página web oficial de la Universidad, sumado a lo cual,
el acceso al programa depende del cumplimiento de los requisitos allí establecidos.
3 Índice 4, Samai.
4 A través de memorial del 11 de enero de 2024 (índice 13, Samai), el accionante manifestó desconocer la
dirección de correo electrónico del señor Ortúa Porras, por lo cual suministró un número telefónico. En razón a
lo anterior, de conformidad con el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, por Secretaría, se notificó al señor Daniel
Ortúa del auto admisorio de la demanda de tutela, a través de la plataforma WhatsApp. (índice 15, Samai).
5 Intervención digital contenida en 5 folios.
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Accionante: Juan Camilo Castilla Cañizarez
Accionado: Presidente de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
10.- Por lo anterior, estimó que el nombre de la Universidad Nacional de Colombia
fue utilizado en forma inescrupulosa por personas que suministran información falsa
sobre supuestos cupos brindados por la institución a aspirantes en condición de
víctimas del conflicto armado interno en Colombia.
(ii) Ministerio de Educación Nacional6
11.- La entidad solicitó ser desvinculada de la presente acción constitucional al
carecer de legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que la supuesta beca
fue otorgada por una Entidad Territorial y la Universidad Nacional, proceso que
carece de relación con el Ministerio de Educación Nacional y con el “Fondo de
Preparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior para
la Población Víctima del Conflicto Armado en Colombia”, que se erige como un
programa constituido por el Ministerio y administrado por el ICETEX bajo el que se
accede mediante convocatoria pública, sin intermediarios.
(iii) Presidencia de la República7
12.- Precisó que la acción de tutela resultaba improcedente en su contra. Precisó que
las acciones que se demandan escapan de su competencia debido a la autonomía
propia y administrativa que cobija a los entes territoriales, los claustros universitarios
y el ICETEX. Adujo que la certificación anexa, es falsa,8 sumado a lo cual, a esta
entidad no le corresponde otorgar becas en nombre del municipio de Ocaña. Por
último, aseguró no haber recibido ninguna solicitud o petición de información por
parte del señor Castilla Cañizarez. En consecuencia, solicitó ser desvinculada.
13.- El municipio de Ocaña y el señor Daniel Ortúa Porras no contestaron la tutela.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Cuestión previa
14.- La Sala accederá a la solicitud de desvinculación formulada por el Ministerio de
Educación Nacional, comoquiera que, en efecto carece de legitimación en la causa
por pasiva, pues en la demanda no identificó ninguna acción u omisión que le sea
atribuible, de la cual derive amenaza o vulneración a sus derechos fundamentales.
Además, se advierte que dicha cartera no tiene relación con la administración de los
6 Intervención digital contenida en 9 folios.
7 Intervención digital contenida en 22 folios.
8 Sobre el referente, precisó que la certificación enviada por el accionante, que vincula al Presidente de la
República es falsa, lo cual, se corrobora no solo con la utilización de un formato inexistente, sino también por
medio del CERT21-004596 / GFPU 13081012, que dispone: “El grupo de Correspondencia de la Presidencia de
la República, certifica que una vez consultada la base de datos de radicación de documentos de origen externo
ESCRIBE, a la fecha, no se encontró registrada comunicación alguna a nombre del señor JUAN CAMILO
CASTILLA CAÑIZAREZ, (…)”
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Accionado: Presidente de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
fondos constituidos en beneficio de los ciudadanos en calidad de víctimas del
conflicto armado, y sus funciones de inspección y vigilancia se circunscriben a
verificar el cumplimiento efectivo de las normas que regulan la prestación del servicio
de educación, de conformidad con lo previsto en la Ley 1740 de 20149.
15.- En contraste con lo anterior, no se accederá a la solicitud de desvinculación
presentada por la Presidencia de la República, en tanto una simple lectura del escrito
de tutela denota que los reparos formulados guardan relación directa con la presunta
actuación adelantada por la entidad. Si bien en su contestación niega haber
desplegado la actuación que se le atribuye, ello habrá de definirse al estudiar el fondo
del asunto.
D. Caso concreto
16.- El artículo 5° del Decreto Ley 2591 de 1991 señala que la acción de tutela
procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas que vulneren o
amenacen los derechos fundamentales de los accionantes. De manera excepcional,
es posible ejercerla en contra de particulares.10, en los eventos en que éstos (i) estén
encargados de la prestación de un servicio público; (ii) su conducta afecta grave y
directamente el interés colectivo; o (iii) el accionante se encuentra en una situación
de indefensión o de subordinación respecto a este.
17.- En su demanda el señor Juan Camilo Castilla Cañizarez no refiere la calidad que
ostenta el particular accionado en el proceso de la referencia. La Sala no encuentra
motivo alguno para considerar que en la situación que describe el señor Castilla
Canizarez se configuren los supuestos de hecho referidos en el párrafo anterior, ni
en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, para que proceda la acción de tutela
contra el señor Daniel Ortúa Porras, pues en la tutela no se da cuenta de la existencia
de una relación que ponga al hoy accionante en un estado de subordinación o de
indefensión11 con respecto a esta persona. En ese sentido habrá de declararse la
improcedencia del amparo con respecto al mismo.
18.- Definido lo anterior, el análisis de fondo se circunscribirá a la presunta
vulneración de los derechos fundamentales que la parte actora endilga las entidades
públicas accionadas.
9 “Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la
Constitución Política, se regula la inspección y vigilancia de la educación superior, se modifica parcialmente la
Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones”.
10 Las hipótesis concretas de procedencia están consagradas en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
11 La jurisprudencia constitucional ha señalado que la configuración de los fenómenos de subordinación e
indefensión están determinadas por circunstancias particulares del caso en concreto. La subordinación envuelve
la existencia de una relación jurídica de dependencia, en virtud de la cual, hay lugar al “acatamiento y
sometimiento de órdenes proferidas por quienes, debido a sus calidades, tienen competencia para impartirlas”
(Sentencia T-233 de 1994). Por su parte, la indefensión se refiere a la ausencia de un medio más eficaz e idóneo
para repeler los ataques de un tercero contra la esfera iusfundamentalmente protegida. (Sentencias T-125 de
1994, T-036 de 1995, T-351 de 1997, entre otras).
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
19.- Al respecto se tiene que, el peticionario manifestó haberse inscrito en una
convocatoria para acceder a una beca de educación superior, haber realizado y
aprobado una serie de pruebas que determinaron su admisión y el derecho a ser
beneficiario de un cupo para el periodo 2023-2 en la Universidad Nacional de
Colombia. Así mismo indica que luego de ello, obtuvo una respuesta negativa por
parte del municipio de Ocaña quien vulneró sus derechos fundamentales. Sin
embargo, sobre ninguno de estos hechos reposa alguna prueba en el expediente
que soporte las afirmaciones referidas12.
20.- A la Sala no le asiste la certeza requerida para considerar que el Municipio de
Ocaña, la Presidencia de la República o la Universidad Nacional de Colombia
realmente hubiesen estado involucrados en la convocatoria a que se hace referencia
en la demanda, al punto que dichas entidades niegan su participación en tales
hechos; puntualmente la Presidencia señala que el certificado aportado por el señor
Castilla Cañizarez no fue expedido por ella.
21.- Las becas son uno de los principales mecanismos a través de los cuales el
Estado promueve el acceso a la educación entre la población colombiana. Sin
embargo, estas no son prestaciones susceptibles de otorgarse universalmente como
derechos sociales constitucionales13. Por el contrario, la posibilidad de acceder a las
mismas depende de su consagración legal y reglamentaria, y no de la eficacia directa
de la norma constitucional.
22.- Por consiguiente, acceder a una beca a través de las entidades públicas que
administran tales programas (como el ICETEX), depende del cumplimiento de los
requisitos que para tal fin se han dispuesto previamente en la ley, como una
expresión del principio de legalidad, que permea la actuación de todas las
autoridades.
23.- En el caso bajo estudio no se acreditó la normativa en que se especifican los
pormenores de la presunta convocatoria a la que afirma haber accedido el tutelante,
y mucho menos el cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios que le
concedan el derecho a acceder a un programa público de becas. A ello se suma que
los documentos aportados no dan cuenta de las obligaciones que recaerían en
cabeza de las entidades que administran la supuesta convocatoria. En
consecuencia, no es posible adelantar un juicio de reproche frente a un eventual
incumplimiento por parte de las entidades accionadas, por cuanto no está probada
la existencia del referido programa de becas, y mucho menos su participación en el
mismo.
12 Junto con la demanda de tutela, el señor Castillo Cañizares aportó (i) Copia del “Certificado” expedido por el
Presidente de la República, (ii) Copia del Registro Único de Víctima y (iii) Copia de su cédula de ciudadanía.
13 Sentencia C-552 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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24.- Quien alega la vulneración de un derecho fundamental, tiene la carga de
demostrar los supuestos fácticos que sustentan sus pretensiones 14 .
Excepcionalmente, cuando se acredite que el accionante se encuentra en estado de
indefensión, es posible invertir la carga de la prueba a su favor15. Al respecto se tiene
que la condición de desplazado que alega el señor Castilla Cañizarez, aunque lo
ubica en una situación desventajosa, no le impide per se informarse y verificar la
veracidad de este tipo de convocatorias acudiendo a los canales oficiales de las
entidades o a sus oficinas, como en efecto lo hizo posteriormente, pues según su
relato acudió ante el ente territorial y le informaron que la convocatoria era falsa.
Aunado a ello, las pruebas allegadas por las entidades demandadas16, así como los
fundamentos fácticos y jurídicos plasmados en las contestaciones de demanda,
evidencian que no participó en ninguna convocatoria ofrecida por la Universidad
Nacional de Colombia, ni se encuentra inscrito en programas educativos
administrados por el ICETEX, otorgados a víctimas del conflicto armado interno.
25.- Así, es claro que las entidades demandadas no vulneraron los derechos
fundamentales del accionante, y no están obligadas a concederle la beca solicitada,
pues no está acreditada la existencia del programa al cual hace referencia, ni mucho
menos su efectiva participación o el cumplimiento de los requisitos legales para el
acceso a la misma.
26.- En cuanto a su pretensión de que se le informe si realmente ha sido beneficiario
de un programa de becas, como ya se indicó, de su relato se extrae que en las
oficinas del Municipio le informaron que la convocatoria en la que supuestamente
participó no existe. Y frente a las otras entidades no acreditó haber presentado una
solicitud de información en ese sentido. Sin perjuicio de ello las respuestas dadas en
esta acción de tutela, consignadas en la presente providencia son suficientes para
reiterar al accionante la información que ya le había otorgado el municipio.
27.- Así las cosas, se negará el amparo solicitado.
14 En sentencia T-835 del 2000, la Corte Constitucional precisó que “quien pretende la protección judicial de un
derecho fundamental, debe demostrar los supuestos fácticos en que se funda su pretensión, comoquiera que es
razonable sostener que quien conoce la manera exacta como se presentaron los hechos y las consecuencias de
los mismos, es quien padece el daño o la amenaza de afectación”.
15 Esto sucede, por ejemplo, en el caso de personas víctimas de desplazamiento forzado, en el que la Corte ha
determinado presumir la buena fe, e invertir la carga de la prueba en aras de brindarle protección a la persona
desplazada. Al respecto se puede revisar la Sentencia T-571 de 2015.
16 La Universidad Nacional allegó certificado expedido por la Dirección Nacional de Admisiones, en la cual, se
indica que: “La Universidad Nacional de Colombia no cuenta con el convenio denominado “UNALVIVANTO
677443682EW2”. Así mismo, no tiene ningún vínculo laboral o contractual con el señor DANIEL HORTÚA
PORRAS. El señor JUAN CAMILO CASTILLA CAÑIZARES, a la fecha, no ha participado en ninguna
convocatoria de admisión a los programas curriculares de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia. Por
consiguiente, no ha obtenido un cupo ni ha sido admitido a esta institución. (…) Categóricamente se advierte a
la comunidad que para ser admitido a un programa curricular de la Universidad Nacional de Colombia, se
requiere inscribirse dentro de las fechas y bajo las condiciones establecidas en la convocatoria, obtener un
puntaje de admisión que lo(a) ubique dentro del cupo del programa curricular inscrito, no incurrir en las
prohibiciones previstas en la normativa vigente y no encontrarse bajo los efectos de sanciones disciplinarias
vigentes por parte de la Universidad Nacional de Colombia”. (Índice 8, Samai)
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Accionante: Juan Camilo Castilla Cañizarez
Accionado: Presidente de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
28.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DESVINCULAR al Ministerio de Educación Nacional del presente trámite
de tutela.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado en contra
del señor Daniel Ortúa Porras, por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.
TERCERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por el señor Juan Camilo
Castilla Cañizarez, con respecto a la Presidencia de la República, la Universidad
Nacional de Colombia y el Municipio de Ocaña.
CUARTO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE17
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados
tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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