Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07206-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07206-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-07206-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
8 de febrero de 2024
Demandante: Jorge Eduardo Montes Escobar
Demandados: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07206-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., ocho (08) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07206-00
Demandante: JORGE EDUARDO MONTES ESCOBAR
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B Y OTROS
Temas: Tutela contra una providencia de la misma naturaleza y mora
judicial – declara improcedencia y niega.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor Jorge Eduardo Montes Escobar, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra la Sección Segunda, Subsección B y la
Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, la Unidad de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Manizales y el Ministerio de Justicia y del
Derecho. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a
la igualdad.
2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas por: (i) las mencionadas
Secciones del Consejo de Estado, con ocasión de las sentencias dictadas en el
trámite de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-01568-00/1, y (ii) el
juzgado indicado, por la presunta mora judicial en la que ha incurrido al resolver
las medidas cautelares dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
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Demandante: Jorge Eduardo Montes Escobar
Demandados: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07206-00
derecho con radicado 17001-33-33-007-2023-00321-002.
1.2. Hechos
La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:
3. El accionante manifiesta haber sido excluido por la Unidad de Carrera del
Consejo Superior de la Judicatura de la convocatoria nro. 27, dirigida a la
selección de funcionarios de la Rama Judicial, mediante Resolución fechada el
8 de febrero de 2023. Lo anterior, por no haber acreditado el lleno de los
requisitos exigidos, por cuanto no se acreditaron dos años de experiencia
profesional, presupuesto para aspirar al cargo de juez promiscuo municipal.
4. Por tal motivo, en marzo de 2023 presentó acción de tutela ante esta
Corporación, la cual fue identificada con el número de radicación 11001-03-15-
000-2023-01568-00/01. En dicha acción constitucional, manifestó que su
exclusión conllevaba: i) un exceso ritual manifiesto por cuanto dicha
insuficiencia obedeció a que no se le permitió subsanar los yerros de la
documentación presentada para acreditar el requisito; y ii) una violación de su
confianza legítima, pues los mismos documentos que se consideraron
insuficientes en dicha convocatoria le fueron tenidos en cuenta para acceder al
cargo de secretario de un despacho judicial de circuito.
5. La decisión de primera instancia fue emitida por la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado en mayo de 2023, desconociéndose los
términos establecidos por el Decreto 2591 de 1991 para el efecto, además de
que en ella se negaron las pretensiones indicando que el accionante pretendía
que se diera valor a unas declaraciones extrajudiciales para acreditar su
experiencia, aspecto que ni siquiera formó parte de sus argumentos.
6. Solo hasta el mes de octubre del mismo año se emitió la decisión de segunda
instancia por la Sección Tercera, Subsección B de la misma corporación,
providencia que revocó la decisión inicial y declaró la improcedencia de la
acción de tutela, por considerar que existían otros mecanismos ordinarios a los
que podía acceder el demandante para ventilar la controversia.
7. Por otra parte, el actor presentó una demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho por los mismos hechos, la cual está siendo conocida por el
Juzgado Séptimo Administrativo de Manizales con el radicado 17001-33-33-
007-2023-00321-00, sin que a la fecha se haya resuelto la medida cautelar que
solicitó.
8. En tales condiciones, sostiene que la mora judicial en que incurrieron los
2Promovida por la tutelante contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas – UARIV -.
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jueces de tutela y del proceso contencioso administrativo lo tienen al borde de
un perjuicio irremediable, pues ya inició el curso de formación de los aspirantes
que participan de la convocatoria.
1.3. Sustento de la vulneración
9. Inicialmente, el accionante manifestó que no presentaría «fundamentos de
derecho en esta acción, pues a pesar de que los he expuesto y sustentado
ampliamente, no han sido atendidos, y su interpretación ha sido completamente
anti homine. Es por eso que solo me queda rogar a Dios, que esta acción caiga
en manos de un lector riguroso y un servidor justo, que al menos fundamente
de manera lógica, la negativa de mis pretensiones».
10. Más adelante, por haberse solicitado la subsanación de la demanda inicial,
el señor Montes Escobar indicó que las violaciones iusfundamentales alegadas
en el proceso de tutela cuyas sentencias aquí se cuestionan provenían de un
exceso ritual manifiesto en la valoración de los documentos que aportó como
soporte para acreditar su experiencia profesional dentro de la convocatoria,
pues inicialmente aportó los documentos que, amparado por una confianza
legítima por haber sido tomados como válidos en una oportunidad anterior,
consideró suficientes para el efecto; y más adelante presentó unos soportes
adicionales que respaldaban dicha experiencia, pero que no fueron tomados en
cuenta por haber sido allegados con posterioridad al corto término brindado
para presentar la documentación en comento.
11. No obstante, el juez de primera instancia negó su «solicitud de amparo, por
encontrarlo infundamentado, y en segunda instancia, [le] indicaron que debía
acudir al mecanismo ordinario el cual podría resultar efectivo, pero vemos que
la realidad, supera las estimaciones anteriores, e insisto, me veo abocado a un
perjuicio irremediable».
1.4. Pretensión constitucional
12. En concreto la parte actora solicitó:
PRIMERA: Solicito sean amparados mis derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso, a la dignidad, al goce efectivo del estado social de derecho,
al mérito, el derecho fundamental de petición, y el derecho fundamental al
ejercicio de la acción de tutela.
SEGUNDA: Solicito se adopte por medio de este mecanismo, la medida
provisional que formulé, y en ese orden de ideas, se le ordene a la Unidad de
Carrera Judicial, permitir mi inscripción en el actual curso de formación judicial
para el cargo de Juez Promiscuo Municipal.
TERCERA: Solicito se ordene al consejo de estado, remitir mi acción de tutela a
la Corte Constitucional para su revisión, en los términos del decreto 2591 de
1991.
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CUARTA: Subsidiariamente, solicito se ordene mi reincorporación al proceso de
selección, para la conformación de listas de elegibles dentro de la convocatoria
27 para funcionarios de la rama judicial, habida cuenta que está más que
demostrada la inefectividad del mecanismo ordinario.
QUINTA: Solicito se estudie la acción de tutela que interpuse en el Consejo de
Estado, y que se proceda por medio d la actual, a proteger los derechos
fundamentales que invoqué.
SEXTA: solicito se ordene al Ministerio de Justicia, ser acompañante en la
garantía de mis derechos, y garantizar el funcionamiento de todos los medios
institucionales, para que bochornosos casos como el que me está ocurriendo a
mí, no vuelvan a suceder.
1.5. Trámite de la acción
13. Mediante auto del 30 de noviembre de 2023, el despacho sustanciador
inadmitió la demanda, para que el demandante especificara los defectos que se
enrostraban a las decisiones cuestionadas. En atención al escrito de
subsanación presentado el 6 de diciembre de 2023, la demanda fue admitida el
14 de diciembre de 2023.
14. En la misma providencia, se ordenó notificar a la Sección Segunda,
Subsección B y la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, a la
Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, al Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Manizales y al Ministerio de
Justicia y del Derecho, como autoridades demandadas.
15. Por medio de auto del 16 de enero de 2024, se negó una solicitud de
medida provisional efectuada por el accionante, por cuanto se consideró que en
dicha etapa del proceso no era posible tener certeza sobre el estado de la
solicitud de medida cautelar en el proceso contencioso administrativo iniciado
por el demandante por los hechos narrados.
16. Así mismo, porque «la pretensión principal de la tutela coincide con la
solicitud de medida cautelar. En ese sentido, para evaluar si corresponde
ordenar lo pedido por el señor Montes Escobar, esto es, ser inscrito en el curso
de formación de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, se requiere desplegar
un estudio de fondo sobre las pruebas, las intervenciones y los medios de
defensa que alleguen las partes y los terceros vinculados a este trámite».
1.6. Intervenciones
1.6.1. Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura
17. Manifestó que carecía de legitimación en la causa para acudir al proceso en
condición de accionada, por cuanto el proceso refiere a inconformidades del
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accionante en el desarrollo de un proceso de acción de tutela y un expediente
contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho en el que
la entidad no tuvo intervención alguna.
18. Por otra parte, sostuvo que las pretensiones relativas a la reincorporación
del accionante al trámite de la convocatoria mencionada requieren de la
afectación de la presunción de legalidad de un acto administrativo, por lo que el
medio que corresponde a tal objeto es un proceso ordinario ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo y no la acción de tutela.
19. Finalmente, indicó que no se presentó la vulneración iusfundamental
alegada, por cuanto las decisiones emitidas en el marco de dicho proceso se
han sometido a lo dispuesto en la ley y en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de
agosto de 2018, que rige la convocatoria referida. En tal virtud, afirma que «el
doctor Montes Escobar no aprobó la verificación del cumplimiento de los
requisitos mínimos exigidos para el cargo de aspiración, establecida en el
Acuerdo de Convocatoria para acceder al citado curso de formación».
1.6.2. Ministerio de Justicia y del Derecho
20. Solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva,
habida cuenta de que no ha participado en ninguna de las actuaciones a las
que el accionante endilga la transgresión de sus derechos fundamentales.
1.6.3. Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado
21. Sostuvo que en la providencia de tutela de primera instancia cuestionada,
se advirtió «que, la inconformidad del accionante frente a la exclusión del
procedimiento de selección del concurso de méritos está fundada en que aquel
pretendía demostrar el cumplimiento del requisito del ejercicio profesional a
través de una declaración extrajuicio, siendo este un documento que no colma
con los presupuestos fijados en el citado acuerdo, pues no es emitida por una
autoridad judicial, ni se enuncia en ella los asuntos judiciales en los que
presuntamente actuó como apoderado».
22. De igual forma, se evidenció que el demandante, tras haber sido excluido
del proceso, «decidió presentar una solicitud de verificación de documentos
ante la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, autoridad que mediante
oficio del 9 de marzo de 2023, le indicó que las constancias laborales allegadas
certifican un tiempo de experiencia de 555 días, el cual es inferior al exigido
para ocupar el cargo de juez promiscuo municipal (720 días), quedando así
supeditado a la legitimidad que se le dé a la citada declaración».
23. De tal modo, la providencia censurada encontró que las decisiones que le
excluyeron del proceso correspondieron a las reglas fijadas en la convocatoria,
lo que llevo a la negativa de sus pretensiones.
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24. Finalmente, sostuvo que la jurisprudencia ha sido enfática en señalar la
improcedencia de la acción de tutela contra decisiones de la misma naturaleza,
salvo «que se trate de vulneraciones a los derechos fundamentales en las
actuaciones previas y en las actuaciones posteriores a la sentencia de tutela,
aspecto que, como se anotó en precedencia no ocurre en este asunto, por
cuanto las pretensiones las pretensiones actuales se concentran en censurar
directamente el fallo dictado por este Despacho».
1.6.4. Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado
25. Afirmó que la solicitud de amparo no cumple con los presupuestos
excepcionales fijados por la jurisprudencia constitucional para hacerla
procedente frente a sentencias de tutela, pues no se demostró que las
decisiones cuestionadas sean producto de fraude y porque lo pretendido es la
reapertura del debate suscitado en el proceso constitucional inicial, por lo que
las circunstancias no ameritan la intervención del juez de tutela frente a una
decisión que ya se encuentra ejecutoriada.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
26. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por Jorge Eduardo Montes Escobar contra la Sección Segunda,
Subsección B y la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado,
según lo establecido por el Decreto No. 2591 de 1991, en concordancia con el
Decreto No. 1069 de 2015 modificado por el Decreto No. 333 de 2021 y el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
27. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura y el Ministerio de Justicia y del Derecho solicitaron que se les
desvincule del presente asunto porque carecen de legitimación en la causa,
dado que nada de lo pretendido por el accionante corresponde al ejercicio de
sus funciones.
28. Se denegará tal solicitud en atención a que el accionante de manera
expresa dirige varias de sus pretensiones respecto de tales entidades, por lo
que las decisiones que se adopten en el presente proceso les reportan un
interés directo.
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2.4. Problema jurídico
29. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora,
las pruebas incorporadas al expediente y la intervención allegadas en el trámite
del proceso, corresponde a esta Sala resolver el siguiente problema jurídico que
subyace al caso en concreto:
• ¿Resultaron vulnerados los derechos fundamentales del accionante con
ocasión de la expedición de las sentencias dictadas el 2 de mayo y el 20
de octubre de 2023 por la Sección Segunda, Subsección B y la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, respectivamente, dentro
del proceso de acción de tutela de radicado nro. 11001-03-15-000-2023-
01568-00/01; y como consecuencia de una presunta mora judicial por
parte del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Manizales, en
el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho nro.
17001-33-33-007-2023-00321-00?
30. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) requisitos adjetivos de procedibilidad de cara a la sentencia
debatida, en especial el relativo a que la solicitud de amparo constitucional no
se dirija contra una sentencia de tutela, y en caso de superarse dicho análisis
(iii) el caso concreto.
2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
31. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra
providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 20123. Lo anterior, porque
hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían
diferentes posturas sobre este tema4. En la referida sentencia se estableció que
la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos
requisitos especiales y excepcionales5.
32. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena
de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20146. En esta
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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sentencia se establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia7 y ocho
defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial8.
33. Es importante resaltar que esta Sección, en aras de una metodología más
clara para las personas que acceden a la administración de justicia vía amparo
constitucional, determinó que los requisitos generales de procedencia cuarto y
quinto de la sentencia de unificación del 2014 serán estudiados de manera
conjunta con los requisitos especiales.
34. Por tanto, de manera reiterada se han estudiado los siguientes requisitos
generales de procedencia i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de
tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de
los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos
y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que,
de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara
improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
35. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. Justamente en este estudio la
Sección analizará la carga argumental alegada por la parte actora. A su vez,
cuando se invoca el defecto procedimental absoluto se estudiará que la
irregularidad procesal tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia
7 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del
2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii)
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que
la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
8 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando
el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la
Constitución.
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que se impugna. En este mismo sentido, la sala ha establecido que para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
36. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.6. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva - tutela contra
tutela
37. La Corte Constitucional ha indicado que de manera excepcional procede la
acción establecida en el artículo 86 de la carta política contra decisiones
adoptadas en procedimientos de la misma naturaleza. Al respecto, el citado
órgano de cierre dispuso los parámetros para la procedencia de este tipo de
solicitudes de amparo, en la sentencia SU 627 de 2015, en los siguientes
términos:
4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de
tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de
tutela anteriores o posteriores a la sentencia.
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de
un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la
de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional9.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude
9 «Supra II, 4.3.5».
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(Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad
o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí
procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su
revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de
tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y
se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional»10.
38. Con relación a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
dictadas al interior de procesos de la misma naturaleza, esta Sección manifestó
en una oportunidad anterior, lo siguiente:
En este orden de ideas, recuerda la Sala que es inaceptable que las decisiones
del juez de tutela puedan discutirse a través de otra tutela, pues con ello se
afectarían los principios de seguridad y coherencia del ordenamiento jurídico11.
39. Para este juez constitucional, el requisito de procedibilidad adjetiva bajo
estudio no resulta satisfecho en el asunto de marras, por lo que pasa a
explicarse.
40. Como se manifestó, la Corte Constitucional estableció la procedencia de la
acción de tutela contra una sentencia de la misma naturaleza, dictada por un
juez distinto a esa alta corte, en casos excepcionalísimos. A saber, en aquellos
eventos en los que se configura la cosa juzgada fraudulenta, y se cumplan,
además de los requisitos generales de procedencia de las acciones de tutela
contra providencias judiciales, los siguientes supuestos: (i) que la nueva acción
de tutela, y la que se cuestiona, no compartan identidad, (ii) que se demuestre
de manera clara y contundente la situación de fraude, y, (iii) la ausencia de otro
mecanismo ordinario o extraordinario para resolver el asunto.
10 Énfasis del original.
11 Ver en la sentencia del 27 de mayo de 2021, dictada dentro del expediente N.° 50001-23-33-
000-2020-00482-01. M.P. Rocío Araújo Oñate.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jorge Eduardo Montes Escobar
Demandados: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07206-00
41. Sobre la cosa juzgada fraudulenta, la Corte Constitucional en sentencia T-
218 de 2012 indicó que “se predica de un proceso que ha cumplido
formalmente con todos los requisitos procesales y que materializa en esencia
un negocio fraudulento a través de medios procesales, que implica un perjuicio
ilícito a terceros y a la comunidad”.
42. De conformidad con las reglas antes expuestas, esta Sección advierte que
los argumentos presentados por la parte accionante no se dirigen de ninguna
forma a evidenciar de modo alguno la existencia de una cosa juzgada
fraudulenta, sino que se dirigen a cuestionar la pertinencia de los argumentos
utilizados por los jueces de las dos instancias del proceso nro. 11001-03-15-
000-2023-01568-00/01.
43. En efecto, el accionante cuestiona las sentencias emitidas el 2 de mayo y el
20 de octubre de 2023 por la Sección Segunda, Subsección B y la Sección
Tercera, Subsección B de esta corporación, respectivamente, por considerar
que los argumentos expuestos en ellas no daban respuesta a los
planteamientos que soportaban sus solicitudes en dicho proceso constitucional.
44. En tal virtud, esta Sala encuentra a todas luces improcedente revisar de
fondo la configuración de los vicios alegados por el accionante, pues en modo
alguno se afirma y aún menos se acredita la existencia de fraude en las
decisiones cuestionadas, por lo que cualquier revisión que se efectúe frente a lo
decidido en tales providencias implicaría un desconocimiento de los principios
de cosa juzgada y autonomía e independencia de los jueces de tutela.
45. Finalmente, la Sección encuentra que no se configura la mora judicial
anunciada por la parte accionante, toda vez que, si bien no existe prueba que
dé cuenta de que se haya resuelto la solicitud de medida cautelar referida en la
demanda, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Manizales remitió
información correspondiente al trámite del proceso nro. 17001-33-39-007-2023-
00321-00, en la que se da cuenta sobre las actuaciones efectuadas dentro del
mismo expediente.
46. Así, se advierte que, mediante auto del 30 de noviembre de 2023, dicho
despacho judicial inadmitió la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho formulada por Jorge Eduardo Montes Escobar, por conducto de
apoderada judicial. De igual manera, se aportó la constancia de envío del
escrito de subsanación correspondiente, fechado del 18 de diciembre de 2023.
47. Conforme lo expuesto, esta Sala no encuentra que exista una dilación
injustificada en el trámite del proceso contencioso administrativo en comento,
pues se advierte que el despacho judicial encargado de conocerlo en la
presente instancia ha efectuado las actuaciones correspondientes a la etapa
procesal en que se encuentra dicho expediente.
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Demandante: Jorge Eduardo Montes Escobar
Demandados: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07206-00
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación de la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y del
Ministerio de Justicia y del Derecho.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Jorge Eduardo Montes Escobar contra la Sección Segunda, Subsección B y la
Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, la Unidad de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia y del
Derecho.
TERCERO: NEGAR el amparo solicitado respecto del Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Manizales, por los motivos expuestos en esta
providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: Si no fuere impugnada, REMITIR el presente asunto a la Corte
Constitucional para su eventual revisión dentro de los diez (10) días siguientes
a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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