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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07217-00

Fecha
18 de enero de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07217-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección de Administración Judicial y por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca. SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al descanso, a la igualdad y al trabajo en condiciones dignas del señor Fredy Alonso Gamboa Puin. TERCERO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca que, en un plazo de cuarenta y ocho [48] horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial [Unidad de Planeación o a la dependencia que corresponda], la provisión de los recursos necesarios para que el Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, adopte las medidas que se requieran para conceder las vacaciones del señor Fredy Alonso Gamboa Puin. A su turno, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de cinco [5] días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el director seccional, para proveer los mencionados recursos. Una vez el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, esta última entidad le deberá comunicar a la juez coordinadora del Centro de Servicios Administrativos para los Demandante: Fredy Alonso Gamboa Puin Demandados: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-07217-00 Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá quien a su vez deberá, en un término de cuarenta y ocho [48] horas contadas a partir de dicha comunicación, pronunciarse sobre la concesión del disfrute de las vacaciones para el señor Fredy Alonso Gamboa Puin. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes a su […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-07217-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

18 de enero de 2024

Demandante: Fredy Alonso Gamboa Puin
Demandados: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07217-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07217-00
Demandante: FREDY ALONSO GAMBOA PUIN
Demandado: RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ Y OTROS

Temas: Tutela de fondo. Vacaciones individuales de funcionarios y
empleados de la Rama Judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela presentada por la parte actora en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991

I. ANTECEDENTES

1.1 La tutela

El señor Fredy Alonso Gamboa Puin presentó acción de tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Bogotá – Cundinamarca y Juez Coordinador Centro de Servicios Administrativos
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. Con la
solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al
trabajo digno, al descanso, a la salud, a la familia y a la igualdad.

Estimó que las referidas garantías constitucionales fueron vulneradas con ocasión
de la resolución n.º 589 del 27 de noviembre de 2023 en la que la autoridad
accionada resolvió negar las vacaciones que solicitó como citador grado III, cargo

Demandante: Fredy Alonso Gamboa Puin
Demandados: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07217-00

que ejerce en el Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó lo siguiente:

1. Se ordene a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL BOGOTÁ – CUNDINAMARCA, que apropie en el término de 3 días las
partidas presupuestales que corresponden para el nombramiento de mi remplazo y
emita el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal CDP para el
disfruta de mis vacaciones por el término de veinticinco (25) días a partir del 19 de
diciembre de 2023.

2. Se ordene a la JUEZ COORDINADORA CENTRO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD DE BOGOTÁ, que una vez sea expedido el CDP por parte de la
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BOGOTÁ
– CUNDINAMARCA o por quien corresponda, decida nuevamente frente a mi
solicitud de vacaciones.

3. Se conmine a las autoridades respectivas para que, en el futuro, esta
situación no se vuelva a presentar y se gestione a nivel nacional la autorización
de recursos para designar empleado encargado a otras personas, para que los
funcionarios y empleados en la Rama Judicial puedan disfrutar de sus
vacaciones sin interferir en la eficiencia de la administración de justicia 1.

1.3. Hechos

Los supuestos fácticos que se relacionan a continuación, son relevantes para el
estudio del asunto de la referencia:

El señor Fredy Alonso Gamboa Puin se encuentra laborando bajo la figura de
provisionalidad en el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, en el cargo de citador,
grado III.

El 31 de octubre de 2023, solicitó se le fueran concedidas vacaciones por el término
de veinticinco días a partir del 19 de diciembre de 2023, al haber laborado de forma
ininterrumpida entre el 3 de diciembre de 2021 y el 2 de diciembre de 2022.

1
Transcripción literal del texto original con posibles errores.

Demandante: Fredy Alonso Gamboa Puin
Demandados: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07217-00

El 27 de noviembre de 2023, mediante Resolución n. º 589 de 27 de noviembre de
2023 la juez coordinadora del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá resolvió negar las
vacaciones del tutelante2.

1.4. Sustento de la vulneración

A juicio del actor, la entidad accionada vulneró sus garantías fundamentales
invocadas, por cuanto el derecho al goce y disfrute del periodo vacacional para los
servidores públicos tiene disposición jurisprudencial, como lo anota la sentencia T-
076 de 2001 de la Corte Constitucional en la que indica que todo ser humano
requiere de recuperar fuerzas, tanto intelectuales como físicas, luego de un tiempo
dedicado a trabajar o en ejercicio de diversas actividades que le exigen un mayor o
menor grado de dificultad.

Refirió de tal manera, que a pesar de que el nominador es quien está llamado a
otorgar las vacaciones al trabajador, este no puede fundamentar la negativa bajo el
principio de la continuidad en el servicio, puesto que la Ley 270 de 1996 contempla
formas efectivas para conciliar los dos intereses involucrados, tales como el encargo
o la provisionalidad.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto de 1. ° de diciembre de 2023, el despacho admitió la demanda de
tutela y dispuso notificar esta decisión al actor y como autoridades demandadas al
Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca y a la juez coordinadora del
Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá.

A su vez, ordenó la vinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
debido a que por disposición legal3 corresponde a su director la representación de
la Rama Judicial en procesos judiciales.

2
La razón expuesta en la Resolución No 569 para no conceder las vacaciones es la estricta
necesidad del servicio y, por ende, no se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal.
3
Ley 270 de 1996. Artículo 99

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1.5.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

El abogado de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial rindió informe el 6 de diciembre de
2023 mediante el cual solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva, toda vez que el competente para desatar el asunto es la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y el ente nominador que
en el presente caso es el juez coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados
de Ejecución de Penas y Medida de Seguridad de Bogotá.

Consideró que se debía integrar el contradictorio con el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, ello en razón de que es el «[...] ente del Poder Ejecutivo, que
establece el presupuesto y hace las asignaciones presupuestales para el
cumplimiento de los fines, funciones y competencias administrativas del sector
público, entre ellos claro está el servicio de justicia».

Agregó que la acción de tutela es improcedente por estar dirigida intrínsecamente
contra un acto administrativo de carácter general y abstracto, como lo es la Circular
PSAC11-44 de 2011 y por no cumplir los requisitos para ser tenida como un
mecanismo provisional para salvaguardar un derecho fundamental.

1.5.2. Consejo Superior de la Judicatura

Con escrito remitido el 12 de diciembre de 2023, la magistrada auxiliar de la Oficina
de Presidencia de la entidad solicitó su desvinculación del presente trámite por
carecer de legitimación en la causa por pasiva, debido a que las acciones u
omisiones que atribuye el accionante como vulneradoras, recaen exclusivamente
sobre la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá «[…]
entidad que actúa como ordenadora del gasto de conformidad con los numerales
2y 6 del artículo 103 de la Ley 270 de 1996 y que tiene a cargo expedir el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal [CDP] para designar los reemplazos de los
funcionarios y empleados judiciales que pretenden el disfrute de sus vacaciones».

1.5.3. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Cundinamarca

Señaló que la acción de tutela es improcedente frente a la falta de expedición de los
certificados de disponibilidad presupuestal, dado que esta no guarda relación

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alguna con el otorgamiento de las vacaciones. Por lo tanto, hizo referencia a que la
situación que se generó en el presente caso tiene su origen en el ámbito
administrativo, por lo que «[…] a quien corresponde dirimir el conflicto planteado es
explícitamente a la administración, y no al juez de tutela, cuya única competencia
es proteger los derechos fundamentales de las personas que acuden a la
administración de justicia, ya que no le corresponde interferir en las decisiones que
competan a otras autoridades».

Finalmente solicitó su desvinculación, al considerar que existe falta de legitimación
en la causa por pasiva, ya que su representada no es nominador o pagador del
accionante y no concede o niega las vacaciones solicitadas.

1.5.4. La juez coordinadora del Centro de Servicios Administrativos para los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá no se
pronunció a pesar de haber sido debidamente notificada de la actuación.

II. CONSIDERACIÓN DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la acción de tutela presentada por el señor
Fredy Alonso Gamboa Puin. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

El Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de Bogotá y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá – Cundinamarca solicitaron su desvinculación de la presente acción
constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva. No obstante, estas
peticiones serán denegadas, en razón a que fueron consideradas como parte
accionadas por parte del actor, por lo tanto, será necesario estudiar si en efecto
ejecutaron alguna acción u omisión que vulnere los derechos fundamentales
invocados por el accionante

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2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si las autoridades accionadas vulneraron los
derechos fundamentales al trabajo digno, al descanso, a la salud, a la familia y a la
igualdad del señor Fredy Alonso Gamboa Puin, debido a que negaron el
reconocimiento y el disfrute de las vacaciones, bajo el argumento de no tener el
presupuesto para designar su reemplazo.

Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela y ii) análisis del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable 4.

2.5. Caso concreto

El actor consideró vulnerados sus derechos fundamentales por cuanto la oficina de
Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá - Cundinamarca no expidió el respectivo certificado de disponibilidad
presupuestal para designar a la persona que lo reemplace en el cargo de citador
grado III durante el tiempo de disfrute de sus vacaciones, razón por la que la juez
coordinadora del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá le negó tal beneficio.

Respectivamente, en virtud del análisis del acervo probatorio que se encuentra en

4
Ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional SU-037 de 2009 y T-746 de 2010.

Demandante: Fredy Alonso Gamboa Puin
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el plenario, se resalta que la juez coordinadora del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá el referido documento, pero mediante el oficio identificado con el radicado
DESAJBOCER23-1712 dicha entidad le informó que:

«[…] tratándose de la viabilidad de expedir CDP para personal externo
(provisionalidades en remplazo de empleados titulares de cargos del despacho
solicitante), con el fin de hacer el remplazo en las vacaciones de EMPLEADOS
TITULARES DE CARGOS, la situación fue regulada en un primer momento por la
Circular PSAC05-89 de 2005, proferida por la H. Sala Superior, la cual dispuso que
para Despachos judiciales de más de 3 servidores, incluido el juez, no se expedirá
certificado de disponibilidad presupuestal. No obstante, el nominador deberá verificar
la necesidad del servicio y redistribuir las cargas del empleado que se le otorgue las
vacaciones en los demás servidores que se encuentren a su cargo».

De modo que, el nominador del señor Fredy Alonso Gamboa Puin no le otorgó
permiso para descansar a partir de 19 de diciembre de 2023, mediante Resolución
n. º 589 del 27 de noviembre de 2023, pues este derecho se encontraba supeditado
por el aval de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá,
el cual debía ser allegado con el fin de proceder a designar el reemplazo.

2.5.1. Reiteración de jurisprudencia5

Advierte la Sala que, en lo que respecta de los actos administrativos que niegan la
asignación presupuestal para nombrar el reemplazo de los empleados que soliciten
el disfrute y goce de sus vacaciones, el mecanismo adecuado para controvertir es
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho6. Por lo que se puede
solicitar el decreto de las medidas cautelares en los términos de los artículos 229 y
230 de la Ley 1437 del 2011, siendo así el competente para dirimir la controversia
el juez contencioso administrativo.

5
Al respecto ver las sentencias del 30 de mayo de 2019, Exp. Rad. No. 11001-03-15-000-2019-
01633-00, del 26 de septiembre de 2019, Exp. Rad. No 11001-03-15-000-2019-03992-00 y del 6 de
agosto de 2020, Exp. Rad. No 11001-03-15-000-2020-03100-00, en los cuales, la Sección Quina del
Consejo de Estado analizó casos similares al presente.
6
Artículo 183 de la Ley 1437 del 2011. «Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que
se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se
declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas
causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior...».

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Sin embargo, la Sección Quinta7 del Consejo de Estado ha considerado que, en
ciertos eventos las circunstancias particulares del caso desbordan la eficacia del
mecanismo judicial para precaver la eventual vulneración de los derechos
fundamentales, lo cual es inminente la intervención del juez constitucional como
garante de su primacía dentro del ordenamiento jurídico.

En el sub examine, se advierte que la inconformidad del accionante radica en que
el despacho no puede prescindir de sus actividades en razón de la alta congestión
judicial que atraviesa y que, de no acceder a lo solicitado, ocasionaría un
represamiento de la carga laboral.

De modo que las pretensiones del tutelante están dirigidas específicamente a que
ordene a dicha entidad realizar la apropiación de las partidas presupuestales
correspondientes para la designación de su reemplazo y emitir el respectivo
certificado de disponibilidad presupuestal y no a atacar la legalidad del acto
administrativo.

Por lo que se puede inferir que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho carece de idoneidad suficiente, puesto que no le ofrecería al accionante
una correcta solución a sus pretensiones. Ergo, este juez constitucional es
competente para conocer el fondo de esta controversia.

Ahora bien, se encuentra demostrado que Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, mediante el oficio identificado con radicado
DESAJBOCER23-1712 de 13 de diciembre de 2023, le informó que no era posible
expedir un certificado de disponibilidad presupuestal para autorizar el
nombramiento de un reemplazo durante el tiempo de ausencia del actor en su cargo
de citador, según lo previsto en la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011
del Consejo Superior de la Judicatura.

Por lo que es importante traer a colación, el énfasis del derecho al descanso
esbozado por la Corte Constitucional en sentencia C-035 DE 2005 donde señaló
que:

«Las vacaciones anuales remuneradas como acreencia laboral, pretenden reconocer el

7
Ver sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta, i) del 30.6.2016, rad. 25000-23- 41-000-
2016-00617-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; ii) del 30.8.2018, rad. 50001- 23-33-000-
2018-00171-01, M.P. Rocío Araújo Oñate y; iii) del 30.5.2019, rad. 11001-03-15-000- 2019-01633-
00, M.P. Rocío Araújo Oñate

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derecho fundamental al descanso que le asiste a los trabajadores derivado del
desgaste continuo al que se encuentran sometidos por la prestación ininterrumpida de
sus servicios por espacios prolongados de tiempo»8.

En consonancia con lo anteriormente manifestado, esta Sala advierte que el
descanso debe entenderse como uno de los derechos fundamentales del trabajador
y constituye una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado
renueve las fuerzas tanto intelectual como física.

Negar el derecho al goce de las vacaciones por cuenta de limitaciones de carácter
administrativo, no es una carga la cual deba soportar el servidor juridicial, conforme
a que en la misma Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011, expedida por
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, indica el procedimiento
que se debe dar a efectos de nombrar los reemplazos de provisionalidad de los
funcionarios que soliciten el derecho a sus vacaciones individuales.

En efecto, esta Sección no desconoce la necesidad del servicio que apremia al
Centro Administrativo de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Bogotá, ante la gran carga laboral que tiene bajo su responsabilidad, por lo que
resulta necesario que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá provea las medidas necesarias para que se pueda cumplir con sus
funciones, sin que ello implique que el servidor judicial no pueda disfrutar del
derecho a las vacaciones, una vez cumpla con los requisitos legales para acceder
a estas.

En otras palabras, la autoridad no puede imponer obstáculos administrativos al
accionante que le impida ejercer sus derechos fundamentales, máxime cuando
escapa de su resorte el encontrar las medidas de orden presupuestal u
organizacional para proveer el cargo en su ausencia temporal.

Aun cuando la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura emitió una
circular9 en la que señaló directrices dirigidas a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del país atinentes a la programación de vacaciones de los

8
Énfasis de la Sala.
9
Circular No. 44 de 12 de mayo de 2005, la cual fue derogada por la circular PSAC11-44 señalando
que «para efectos de no incluir condicionamientos para el nombramiento de reemplazos en
provisionalidad de los funcionarios judiciales, que se encuentran sujetos al régimen de vacaciones
individuales cuando pretendan hacer uso de este derecho, para lo cual deberán seguir el
procedimiento de (sic) aquí se señala y que permitirá gestionar los recursos para el nombramiento
en provisionalidad de los reemplazos, cuando haya lugar a ello»

Demandante: Fredy Alonso Gamboa Puin
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funcionarios judiciales y la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal
para garantizar los reemplazos, la omisión de establecer un procedimiento para el
efecto no puede servir de fundamento para desconocer el derecho al descanso.

Es claro entonces que, salvo las excepciones legales, todo empleado público tiene
derecho a disfrutar de descanso remunerado, por cada año de servicios prestado
en cualquiera de las entidades del Estado [artículos 8. º Decretos 3135 de 1968 y
1045 de 1978].

En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se encuentran establecidas
en el artículo 146 de la Ley 270 de 199610, de modo que los empleados de los
Juzgados de Ejecución de Penas pertenecen al régimen de vacaciones
individuales, que deben ser concedidas por el respectivo nominador, según las
necesidades del servicio, por el término de 22 días continuos por cada año de
servicios.

2.6. Conclusión

La Sala accederá a la solicitud de amparo deprecada por el señor Fredy Alonso
Gamboa Puin, quien funge en el cargo de citador grado III en el Centro de Servicios
Administrativos para los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Bogotá.

En consecuencia, se dispondrá ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá que, en plazo de cuarenta y ocho [48] horas,
contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, solicite a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial [Unidad de Planeación o a la dependencia que
corresponda], la provisión de los recursos necesarios para que el Centro
Administrativo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá adopte
las medidas que se requieran para conceder las vacaciones del señor Fredy Alonso
Gamboa Puin. A su turno, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
dispondrá de cinco [5] días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el
director seccional, para proveer los mencionados recursos.

Una vez el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, esta última entidad le deberá

10
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

Demandante: Fredy Alonso Gamboa Puin
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comunicar a la juez coordinadora del Centro de Servicios Administrativos para los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá quien a su vez
deberá, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha
comunicación, pronunciarse sobre la concesión del disfrute de las vacaciones para
el señor Fredy Alonso Gamboa Puin.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por el Consejo
Superior de la Judicatura, la Dirección de Administración Judicial y por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al descanso, a la igualdad y
al trabajo en condiciones dignas del señor Fredy Alonso Gamboa Puin.

TERCERO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá - Cundinamarca que, en un plazo de cuarenta y ocho [48] horas,
contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere
hecho, solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial [Unidad de
Planeación o a la dependencia que corresponda], la provisión de los recursos
necesarios para que el Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, adopte las medidas que se
requieran para conceder las vacaciones del señor Fredy Alonso Gamboa Puin. A su
turno, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de cinco [5] días
hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el director seccional, para
proveer los mencionados recursos.

Una vez el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, esta última entidad le deberá
comunicar a la juez coordinadora del Centro de Servicios Administrativos para los

Demandante: Fredy Alonso Gamboa Puin
Demandados: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07217-00

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá quien a su vez
deberá, en un término de cuarenta y ocho [48] horas contadas a partir de dicha
comunicación, pronunciarse sobre la concesión del disfrute de las vacaciones para
el señor Fredy Alonso Gamboa Puin.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

OMAR JOAQUIN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012

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