Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07226-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07226-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-07226-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
15 de febrero de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07226-00
Demandante: Leonty José Palacio Ramos
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-07226-00
Demandante LEONTY JOSÉ PALACIO RAMOS
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas Requisito general de subsidiariedad de la tutela. Acto administrativo
que declara insubsistente el nombramiento de un empleado de la
Rama Judicial.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por el señor Leonty José Palacio Ramos, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 28 de noviembre de 20231, el señor Leonty José Palacio Ramos, actuando en
nombre propio, instauró acción de tutela contra la Rama Judicial, Consejo Superior
de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ; la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá; y el Comité Coordinador de los
Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Bogotá, conformado
por el Juez Tercero Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá, la Jueza
Séptima Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá , la Jueza Octava
Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá, la Jueza Doce Civil Municipal
de Ejecución de Sentencias de Bogotá y el Juez Trece Civil Municipal de Ejecución
de Sentencias de Bogotá, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la honra, al buen nombre, a la dignidad humana, al trabajo, a
la seguridad social y al mínimo vital y móvil, con la expedición de la Resolución Nro.
156 del 10 de noviembre de 2023, por medio de la cual se le declaró insubsistente
el nombramiento del cargo de Asistente Administrativo Grado 5 en provisionalidad.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones2:
“1. Tutelar mis derechos fundamentales que me han sido violados al buen nombre, honra,
imagen, dignidad humana, intimidad, debido proceso, derecho de defensa, mínimo vital,
derecho al trabajo, seguridad social y demás derechos conexos que fueron violados por
el Comité Coordinador de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias
1 Samai, índice 2.
2 Mediante auto del 5 de diciembre de 2023, el despacho sustanciador requirió al accionante para que
precisara cuáles eran las pretensiones que planteaba respecto del Consejo Superior de la Judicatura, en
razón a que en el escrito de tutela inicial no dirigió ninguna pretensión frente a esta autoridad. Requerimiento
que fue subsanado con memorial del 7 de diciembre de la misma anualidad.
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de Bogotá que para efectos Constitucionales y de la Ley Estatutaria de administración de
Justicia estos recaen en representación en la Nación- Rama Judicial- Consejo Superior
de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial- Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá.
2. Que con ocasión de la violación de mis derechos fundamentales estos sirvan de
fundamento para que se declare nulo y se revoque el acto administrativo desvinculante
No. 156 de 2023, expedido por el Comité Coordinador de los Juzgados Civiles
Municipales de ejecución de sentencias de Bogotá.
3. Que en tal virtud, se ordene a quien corresponda el respectivo reintegro al cargo que
venía ocupando el señor LEONTY JOSE PALACIOS RAMOS, identificado con cedula
No.17.973.208 de Villanueva-Guajira.”3
2. Hechos
Del expediente, se advierte como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Leonty José Palacio Ramos fue nombrado en provisionalidad, en el
cargo de Asistente Administrativo Grado 5 de la Oficina de Ejecución Civil
Municipal, mediante Resolución Nro. 08 del 7 de febrero de 2018, quien en la
misma fecha tomó posesión.
2.2. El 2 de noviembre de 2023, la Coordinadora de la Oficina de Ejecución Civil
Municipal, Ana María López Mora, informó al Comité Coordinador una
situación que se presentó con el usuario Plinio Hurtado Montaño quien gritó al
señor Palacio Ramos “ladrón”. La Coordinadora procedió a recibirle declaración
juramentada al usuario en compañía del Profesional Universitario Grado 12,
Andrés Felipe León Castañeda, líder responsable del señor Palacio Ramos.
2.3. En la declaración rendida por el señor Plinio Hurtado Montaño indicó que, le
entregó $3.000.000 al señor Leonty José Palacio Ramos, hacía más o menos
6 meses, por una nulidad que podría presentarse en un proceso de
conocimiento de los despachos judiciales de la Oficina de Ejecución Civil
Municipal de Bogotá y que él se comprometió a revisarlo. Tras encontrarse al
señor Leonty le solicitó la devolución del dinero y este le indicó que le diera
una cuenta bancaria para consignarle, pero él le pidió el dinero en efectivo. El
señor Hurtado añadió que el funcionario le comentaba que eso estaba por salir,
y que siempre que lo ve se va con los procesos para no darle la cara.
2.4. El 8 de noviembre de 2023, el señor Plinio Hurtado Montaño se presentó
nuevamente en la Oficina de la Coordinadora para ampliar la declaración
rendida el 2 de noviembre de 2023. En esa oportunidad el usuario manifestó,
bajo la gravedad de juramento, que:
“El número del proceso al que ha venido haciendo referencia es el que corresponde con
radicado No. 11001400301920140062800 quien actúa como demandante EDIFICIO BOSQUE
CALDERÓN TEJADA contra LUIS IGNACIO RUIZ PEÑA que actualmente cursa en el
Juzgado 07 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias, yo solicito que se requiera y se
investigue al señor LEONTY JOSÉ PALACIO para que me devuelva el dinero entregado más
o menos 6 meses en virtud de una posible nulidad que se podía presentar en ese proceso, yo
tengo dos testigos uno de ellos que responde al nombre de JUAN CAMILO PORTEA
FAJARDO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.000.492.663 y con abonado telefónico
3232222913 y el doctor HECTOR CASTELLANOS quien responde al abonado telefónico
3214281193 quienes fueron los abogados que presenciaron los hechos cuando le solicité a
LEONTY JOSÉ PALACIO la devolución del dinero.”
3 Página 17 y 18 del escrito de tutela, Samai, índice 2.
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2.5. Mediante Resolución Nro. 156 del 10 de noviembre de 2023, el Comité
Coordinador de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias
de Bogotá declaró insubsistente el nombramiento del empleado Leonty José
Palacio Ramos, del cargo de Asistente Administrativo Grado 5 en
provisionalidad, con efectos fiscales a partir de esa fecha, y ordenó compulsar
copias ante la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá, para que se adelantara la indagación e
investigación a que hubiera lugar. Decisión que se adoptó al considerar que:
“[…] de permanecer el empleado en ejercicio de su cargo puede generar grave perjuicio y
evidente para los Juzgados y los usuarios de la administración de justicia en la medida que la
labor encomendada no se desempeña con la honorabilidad, moralidad y lealtad que
corresponde a los servidores de la Rama Judicial […]”
3. Fundamentos de la acción
El señor Leonty José Palacio Ramos manifestó que se le vulneró su derecho al
debido proceso, pues la sola declaración del señor Plinio Hurtado Montaño en su
contra fue suficiente para que el Comité Coordinador de los Juzgados Civiles
Municipales de Ejecución de Sentencias de Bogotá lo declararan insubsistente,
pues no se le adelantó una investigación disciplinaria en donde pudiera controvertir
las acusaciones de las que fue objeto o pudiera rendir descargos.
Adujo, que durante los 17 años que laboró en la Rama Judicial jamás había vivido
una experiencia en la que un usuario que no conoce y que no es parte en expediente
alguno, protagonizara un escándalo en su contra gritándole “ladrón”, lo que detonó
su declaración de insubsistencia. Añadió que, parte de la situación que se presentó
fue también por razones de su raza.
Señaló que como consecuencia de la expedición del acto Nro. 156 de 2023, se le
vulneraron sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra, a la imagen, a
la intimidad, a la dignidad humana, al derecho de defensa, al debido proceso, al
mínimo vital y móvil, al trabajo y a la seguridad social, para ello citó las normas
constitucionales que consagran estos derechos, y expuso cómo se materializó la
vulneración de cada uno de ellos en su caso.
El actor citó varias sentencias de la Corte Constitucional, para resaltar que era
necesario motivar el acto de desvinculación de funcionario nombrado en
provisionalidad en un cargo de carrera administrativa, al existir una estabilidad
laboral relativa o intermedia. A su vez mencionó que, la jurisprudencia ha indicado
que los funcionarios en provisionalidad tienen cierto grado de protección que implica
no ser removidos del empleo que ocupan, sino por causas disciplinarias, baja
calificación en las funciones, razones expresas atinentes al servicio, o por
designación por concurso de quien ganó la plaza, por lo cual, el actor argumentó
que al no configurarse ninguna de estas causales en su caso, no debía haber sido
removido.
Resaltó que también se le ha generado un grave daño económico, pues él
actualmente asume la totalidad del sustento de su hogar, pues su esposa se
encuentra desempleada dado que no se le renovó contrato con el Distrito, y su hija
aún está realizando estudios universitarios.
Finalmente, indicó que el acto que lo declaró insubsistente es un acto carente de
motivación, en donde existe desviación de poder y cuya fundamentación sólo
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obedeció a la versión brindada por el señor Hurtado Montaño, sin que se le hubiera
oído su versión.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto del 5 de diciembre de 2023, el despacho sustanciador requirió
al accionante para que precisara cuáles eran las pretensiones que planteaba
respecto del Consejo Superior de la Judicatura, en razón a que en el escrito
de tutela inicial no dirigió ninguna frente a esta autoridad. Requerimiento que
fue subsanado con memorial del 7 de diciembre de la misma anualidad4.
Con providencia del 19 de diciembre de 2023, el despacho ponente (i) admitió
la acción de tutela presentada por el señor Leonty José Palacio Ramos contra
la Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial; la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá; y el Comité Coordinador de los Juzgados Civiles Municipales de
Ejecución de Sentencias de Bogotá; (ii) en calidad de tercero vinculó a la
Oficina de Ejecución Civil Municipal del Bogotá; y (iii) dispuso notificar a las
partes.
4.2. El Comité Coordinador de Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de
Sentencias de Bogotá5, rindió informe en el que manifestó que de
conformidad con el artículo 107 del Decreto 1950 de 1973, reglamentario del
Decreto 2400 de 1968, en el caso de los empleados en provisionalidad la
terminación de su vinculación podrá efectuarse en cualquier momento a través
de acto administrativo de declaratoria de insubsistencia de acuerdo con la
facultad discrecional. Norma que fue modificada por el artículo 10 del Decreto
1227 de 2005, reglamentario de la Ley 909 de 2004, en donde favorablemente
se indicó que la resolución que da por terminado el nombramiento provisional
debía ser motivada.
Al respecto indicó, que la declaratoria de insubsistencia de empleados
provisionales es parte de la facultad discrecional del nominador, quien debe
fundar esa determinación en la necesidad de mejoramiento y adecuada
prestación del servicio. Por lo que, en el acto administrativo debe constar las
circunstancias de hecho y de derecho por las que se decide remover a
determinado servidor.
En efecto, señaló que en la Resolución Nro. 156 de noviembre de 2023 se
realizó el recuento de la situación fáctica y jurídica por la cual se removió al
señor Leonty José Palacio Ramos del cargo que ocupaba en provisionalidad,
el cual fue: “la presunta aceptación de ofrecimientos de dinero o dádivas por parte
de los usuarios, a cambio de, aparentemente, lograr una actuación dentro del asunto
con radicado Nro. 11001400301920140062800 […]”, situación que no fue
informada a los superiores ni autoridades competentes, poniendo en
entredicho el ejercicio propio de administración de justicia de cada juzgado.
4 Samai, índice 9.
5 Samai, índice 17. Comité conformado por el Juez Tercero Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de
Bogotá, la Jueza Séptima Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá, la Jueza Octava Civil
Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá, la Jueza Doce Civil Municipal de Ejecución de Sentencias
de Bogotá y el Juez Trece Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá.
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Mencionó que debía tenerse en cuenta que el accionante se encargaba de la
entrega y recibo de expedientes de los 20 Juzgados Civiles Municipales de
Ejecución de Sentencias, por lo que, conocía información que podría resultar
de interés del usuario, pese a que sus funciones no implicaban la atención de
público, pues su labor se limitaba al trasteo de expedientes de la Oficina de
Apoyo a los juzgados y viceversa.
Señaló que el señor Palacio Ramos en modo alguno desconoció que tuviera
algún tipo de relación con el declarante quien es un usuario frecuente de dicha
dependencia pues consulta diferentes procesos en los distintos Juzgados de
Ejecución. A su vez, el Comité Coordinador solicitó que el señor Plinio Hurtado
Montaño fuera vinculado en esta acción en calidad de tercero.
Concluyó, que se debe negar el amparo por ser improcedente, pues el acto
discutido goza de presunción de legalidad, se encuentra debidamente
fundamentado en el interés general y en el mejoramiento de la prestación del
servicio. Adicionalmente, consideró que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, pues el accionante debía acudir en primera medida a la
jurisdicción contenciosa administrativa para cuestionar el acto de la
declaratoria de insubsistencia y si era del caso reclamar el restablecimiento
del derecho.
Por último, mencionó que no existe ninguna causal de indefensión o perjuicio
irremediable que haga viable esta acción como mecanismo transitorio.
4.3. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá6, remitió varios
memoriales en donde solicitó que esta acción se declare improcedente. Señaló
que no existe acción u omisión de esa autoridad que conculque los derechos
fundamentales del actor.
Indicó que mediante la certificación Nro. CSJBTCER24-3 del 12 de enero de
2024, expedida por la Secretaría General ad-hoc del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá, se certificó que no existe escrito radicado por el señor
Leonty José Palacio Ramos dentro de sus bases de datos.
Igualmente mencionó que, el Consejo Seccional nada tiene que ver con los
hechos planteados por el accionante, pues la pretensión está dirigida a solicitar
la nulidad del acto administrativo Nro. 156 de 2023, asunto que no es de su
competencia de conformidad con las facultades otorgadas por la Ley 270 de
1996, por lo que no sería el llamado a cumplir la orden.
Finalmente, solicitó ser desvinculado de esta acción constitucional, toda vez
que la Dirección Seccional únicamente actuó ingresando la novedad de
insubsistencia a la nómina, de conformidad con el acto administrativo recibido
y emitido por el mismo nominador.
4.4. El Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y el tercero vinculado, no se pronunciaron a pesar
de haber sido notificados en debida forma.
6 Samai, índice 18, 19 y 21.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si la acción de tutela interpuesta por el señor
Leonty José Palacio Ramos cumple con el requisito de subsidiariedad. Solo en caso
de superar dicho análisis, se determinará si el Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, y el Comité Coordinador de los Juzgados Civiles
Municipales de Ejecución de Sentencias de Bogotá, vulneraron los derechos
fundamentales invocados por el actor al haber proferido la Resolución Nro. 156 del
10 de noviembre de 2023, mediante la cual se declaró insubsistente el
nombramiento del accionante.
3. Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de subsidiariedad. Esa
norma dispone que la tutela «sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable». A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la
acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial,
a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que estos
sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela sólo procede cuando no
existen otros medios de defensa idóneos para amparar los derechos fundamentales
invocados; o siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.
Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción de
tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en
función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra
el solicitante. En ese estudio también debe analizarse la existencia o no de un
7 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del artículo 6° del Decreto
2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si, por el
contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales
del actor.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.
4. Análisis del caso
4.1. El señor Leonty José Palacio Ramos cuestiona la Resolución Nro. 156 de 10
de noviembre de 2023, dictada por el Comité Coordinador de los Juzgados
Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Bogotá, mediante la cual
se le declaró insubsistente en nombramiento como Asistente Administrativo
Grado 5 en provisionalidad, debido a que, en su concepto, no se le garantizó
el derecho de defensa y contradicción al dictarse el acto.
A su vez, el accionante solicitó que se declare la nulidad del acto administrativo
en mención y se ordene el respectivo reintegro al cargo que venía ocupando.
4.2. En ese sentido, la Sala observa que en realidad lo que se persigue con la
presente acción es cuestionar la Resolución Nro. 156 del 10 de noviembre de
2023, en la cual se declaró insubsistente el nombramiento del empleado
Leonty José Palacio Ramos.
Sería del caso analizar los argumentos propuestos, pero se advierte que el
referido acto administrativo tiene naturaleza definitiva, pues se declaró al actor
insubsistente del cargo de Asistente Administrativo Grado 5 adscrito a la
Oficina de Ejecución Civil Municipal de Bogotá. En esa medida, la acción de
tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, como se ha afirmado en
otras oportunidades8, debido a que el demandante cuenta con otro medio de
defensa judicial a través del cual puede controvertir el acto administrativo
objeto de inconformidad.
Y este no es otro que, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011. En ejercicio de
esa pretensión contenciosa, el actor puede invocar, por ejemplo, la falsa
motivación, causal que planteó en el escrito de tutela, comoquiera que estima
que existen errores de hecho que pueden afectar la legalidad del acto y el
desvío del poder.
4.3. Bajo este contexto, es claro que ante el incumplimiento del requisito formal de
subsidiariedad no puede esta Sala pronunciarse de fondo frente a las
inconformidades relacionadas por la parte accionante, pues existen
8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente Nro. 23001-23-33-
000-2019-00175-01. Sentencia del 21 de agosto de 2019. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; Expediente
Nro. 11001-03-15-000-2020-01444-00. Sentencia del 21 de mayo de 2020. C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez (E); Expediente Nro. 11001-03-15-000-2020-03983-00. Sentencia del 8 de octubre de 2020. C.P.
Julio Roberto Piza Rodríguez (E), entre otros.
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mecanismos judiciales idóneos y eficaces para tal propósito, situación que
descarta la procedencia de la acción de tutela.
Se recuerda que la naturaleza subsidiaria y residual de esta acción
constitucional tiene por propósito evitar que esta se convierta en un
mecanismo judicial alternativo que pueda ser utilizado para desconocer los
mecanismos de defensa previstos por la Constitución y la ley. De esa manera
se evita que el juez de tutela decida asuntos que deben ser debatidos en su
escenario natural. Por lo mismo, la acción de tutela es improcedente en cuanto
se utiliza como instrumento adicional o supletorio, o cuando con esta se
pretenda obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las
instancias de la respectiva jurisdicción9.
De otra parte, conviene hacer énfasis en que el proceso ordinario es el primer
escenario en el que debe procurarse la protección de los derechos
presuntamente conculcados, más aún si se tiene en cuenta que las normas
procesales han establecido medios y recursos que pueden ser ejercidos por
las partes para alegar presuntas irregularidades y que sea el juez de la causa
quien se pronuncie sobre el particular. Por lo que, en el caso concreto es el
juez ordinario quien debe decidir si hay lugar o no a mantener incólume la
legalidad del acto discutido.
4.4. La anterior afirmación no significa que esta Sala desconozca que existen
casos excepcionales en los que, a pesar de la existencia de otro medio de
defensa judicial, es posible que la tutela proceda como mecanismo transitorio.
Pues, la existencia de un medio judicial ordinario no significa automáticamente
la improcedencia de la acción de tutela.
Sin embargo, en el caso del actor no se configuran los eventos excepcionales
que habiliten la intervención del juez de tutela, debido a que el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho es idóneo y eficaz para controvertir
actos de carácter particular. Y es así porque el legislador, justamente, creó esa
vía procesal para cuestionar la legalidad de esa clase de actos administrativos.
El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, además,
posibilita el empleo de medidas cautelares que garantizan celeridad y mayor
campo de valoración para el juez contencioso administrativo. De manera que
en el supuesto de que existiera un perjuicio de vasta magnitud, originado por
el acto proferido por el Comité Coordinador de los Juzgados Civiles
Municipales de Ejecución de Sentencias de Bogotá, las medidas cautelares
podrían llegar a garantizar la idoneidad y celeridad del medio de control
referido.
Sobre el tema, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado sostuvo lo siguiente:
“i) lo que ahora se discute a través de la acción de tutela se podrá discutir promoviendo el
proceso de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que
la suspensión provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que
la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso, b) procede
para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción que se exige para
9 Corte Constitucional. Sentencia SU 599 de 1999.
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suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del pasado: que sea
ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para concluirlo”10.
De modo que el actor, en el proceso ordinario, podrá pedir la suspensión
provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo en cuestión. Medida
cautelar que resulta ser un medio de defensa ágil y efectivo, en cuanto permite
proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto del proceso y la
efectividad de la sentencia.
4.5. Así, además de tratarse de un mecanismo eficaz e idóneo en el cual se pueden
solicitar medidas cautelares, en el caso no existe un perjuicio irremediable en
los términos dispuestos por la jurisprudencia constitucional, es decir una
afectación grave, inminente y que requiera medidas impostergables. Y esto
obedece a que la decisión del Comité Coordinador de los Juzgados Civiles
Municipales de Ejecución de Sentencias de Bogotá, consistió en declarar
insubsistente el nombramiento provisional del señor Palacio Ramos, por lo que
no constituye una actuación que amenace o afecte un derecho fundamental y
que amerite la intervención urgente e inmediata del juez de tutela.
El perjuicio irremediable que hace procedente la acción de tutela como
mecanismo transitorio de protección no debe verse solamente desde la
perspectiva de las consecuencias nocivas, adversas, perjudiciales, que
pueden producir las decisiones de la administración.
En esa medida, no porque una decisión resulte desfavorable a los intereses
de los administrados implica que existe un perjuicio irremediable que deba
evitarse mediante la acción de tutela. De lo contrario, todos los actos
administrativos que establecen situaciones desfavorables a los destinatarios
tendrían que ser suspendidos por vía de amparo.
Explicado lo anterior, se considera que en el caso no se configuran las
condiciones necesarias para que la tutela proceda como mecanismo
transitorio. Esto, dado que no se advierte la falta de idoneidad o ineficacia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ni existe un
perjuicio que cumpla con las características dispuestas por la jurisprudencia
constitucional para ser considerado como irremediable.
A causa de lo anterior, se debe concluir que no existe razón válida que permita
la procedencia excepcional de la tutela en el caso particular.
5. Conclusión
Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela incoada por
el señor Leonty José Palacio Ramos, porque no supera el presupuesto general de
subsidiariedad dado que cuenta con otro medio de defensa judicial a través del cual
puede controvertir el acto administrativo objeto de inconformidad, esto es el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de marzo de 2014.
Radicado 25000-23-42-000-2013-06871-01. Actor: Gustavo Francisco Petro Urrego. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07226-00
Demandante: Leonty José Palacio Ramos
FALLA
1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor
Leonty José Palacio Ramos, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta decisión.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada esta decisión, enviar a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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