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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-07226-01

Fecha
4 de abril de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-07226-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 15 de febrero de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró improcedente la acción de 7 Radicado: 11001-03-15-000-2023-07226-01 tutela, por no satisfacer el requisito de la subsidiariedad, conforme a lo expuesto en la parte motiva. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-07226-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

4 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07226-01

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07226-01
Accionante: Leonty José Palacio Ramos
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros

Temas: Acción de tutela contra acto administrativo que declaró
insubsistente al accionante en el cargo de asistente
administrativo grado 5 en la oficina de ejecución civil municipal
de Bogotá - improcedencia por no cumplir con el requisito
general de la subsidiariedad. Confirma decisión de primera
instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el señor Leonty José Palacio
Ramos, en contra de la sentencia del 15 de febrero de 2024 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta.

ANTECEDENTES

El señor Leonty José Palacio Ramos instauró acción de tutela, en aras de que se
amparen sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra, a la dignidad
humana, a la intimidad, al debido proceso, al mínimo vital, al trabajo y a la
seguridad social, los cuales considera vulnerados por la Rama Judicial, el
Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial; la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá; y el Comité
Coordinador de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de
Bogotá1.

1 conformado por el juez Tercero Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá, la jueza Séptima

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07226-01

HECHOS

Manifiesta el actor que fue nombrado en provisionalidad en el cargo de asistente
administrativo grado 5 en la oficina de ejecución civil municipal, mediante
Resolución núm. 08 de 7 de febrero de 2018.

Que el comité coordinador de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de
Sentencias de Bogotá expidió de manera apresurada acto administrativo núm.
156 de 10 de noviembre de 2023 que lo declaró insubsistente, con base en una
queja presentada en su contra y desconociendo el debido proceso que le asiste,
pues no lo citó o notificó para rendir descargos.

Por lo anterior, considera que las autoridades accionadas a través del acto que
lo declaró insubsistente le afectaron su buen nombre, estabilidad laboral y lo
sometieron a tratos humillantes por parte de los funcionarios que tomaron la
declaración.

PRETENSIONES

Solicita que se amparen sus derechos invocados, se declare nulo y se revoque
el acto administrativo núm. 156 de 2023 y, en consecuencia, se le ordene a quien
corresponda su reintegro.

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

El 19 de diciembre de 2023 la consejera ponente de primera instancia admitió la
acción de tutela de la referencia, ordenó notificar a las accionadas y vinculó a la
oficina de ejecución civil municipal de Bogotá.

Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá, la jueza Octava Civil Municipal de Ejecución de
Sentencias de Bogotá, la jueza Doce Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá y el juez Trece
Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07226-01

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El comité coordinador de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de
Sentencias de Bogotá allegó informe donde señaló que de acuerdo con el
artículo 107 del Decreto 1950 de 1973, reglamentario del Decreto 2400 de 1968,
la terminación de la vinculación de una persona en provisionalidad se puede
hacer a través de acto administrativo sin motivación.

Solicitó que se niegue por improcedente el amparo invocado, considerando que
no satisface el requisito de subsidiariedad, pues el accionante debe acudir a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo a cuestionar la legalidad del acto
administrativo objeto de discusión y, si es del caso, pedir el restablecimiento del
derecho.

El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá rindió informe donde solicitó
su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que,
la solicitud de declarar la nulidad del acto administrativo núm. 156 de 2023,
expedido por el comité coordinador para los Juzgados Civiles Municipales de
Ejecución de Sentencias de Bogotá, no es competencia de este Consejo
Seccional de conformidad con las facultades otorgadas por la Ley 270 de 1996.

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá se pronunció
solicitando su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva,
aduciendo que la labor que desarrolla es netamente administrativa y de ejecución
del presupuesto, de ahí que, no hay obligación o responsabilidad de su parte
frente al accionante.

POSICIÓN DEL VINCULADO

El 12 de enero de 2024, la Secretaría General del Consejo de Estado le notificó
la acción de tutela a la oficina de Ejecución Civil Municipal de Bogotá; sin
embargo, esta guardó silencio.

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SENTENCIA IMPUGNADA

El 15 de febrero de 2024, el Consejo de Estado, Sección Cuarta declaró
improcedente la acción de tutela, al considerar que no se cumple con el requisito
de subsidiariedad, dado que el accionante cuenta con otro medio de defensa
judicial, como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, a través del cual puede controvertir el acto administrativo objeto de
controversia y pedir la suspensión provisional de sus efectos.

IMPUGNACIÓN

El señor Leonty José Palacio Ramos impugnó la sentencia del 15 de febrero de
2024, al considerar que el juez de primera instancia enfocó su decisión en
razones de procedimiento y desconoció los derechos fundamentales invocados.

Así mismo, afirmó que el a quo no tuvo en cuenta la presunción de inocencia
del accionante, pues omitió determinar si a este se le había procesado ante las
autoridades disciplinarias, por alguna de las infracciones que se contemplan
para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

Adicionalmente, expuso que si es procedente la acción de tutela de manera
excepcional, ya que “en la actualidad al quedar LEONTY PALACIO sin empleo,
mi señora esposa sin tener empleo y mi hija sin empleo y estudiando, se pasó
por alto por parte de la H. Consejera los derechos amenazados y vulnerados al
igual que todos mis derechos fundamentales y se me puso en peligro la
estabilidad familiar, mi seguridad social y la de mi familia, mis derechos de
alimentos”.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

A la Sala le corresponde en segunda instancia analizar sí la decisión del a quo
se ajusta a derecho, para lo cual abordará la siguiente temática: I) el requisito de
subsidiariedad en la acción de tutela y procedencia contra actos administrativos
y II) el caso concreto.

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I. Requisito de subsidiariedad en la acción de tutela y la procedencia
de esta contra actos administrativos

La acción de tutela, en los términos del artículo 86 de la Constitución Política,
está concebida como un procedimiento preferente y sumario, a través del cual
toda persona podrá reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública, o de particulares en los eventos dispuestos en la ley; y como regla
general, solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Conforme la jurisprudencia desarrollada y reiterada por nuestra Corte
Constitucional, esta acción es eminentemente subsidiaria, de ahí que en virtud
de esta característica, los conflictos jurídicos relacionados con los derechos
fundamentales deben ser, en principio, resueltos por las vías ordinarias -
jurisdiccionales y administrativas- y sólo ante la ausencia de dichas vías o
cuando las mismas no resultan idóneas y eficaces para evitar la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción constitucional.

Específicamente en relación con los actos administrativos de carácter particular
la jurisprudencia constitucional ha sostenido que “la excepcionalidad del recurso
de amparo se torna especialmente estricta”2. Por cuanto existe un medio judicial
idóneo para discutir la legalidad de estos actos. Sin embargo, también se ha
aceptado la procedencia como i) mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable o ii) como medio de protección definitiva “cuando se constata que
el medio de control preferente carece de idoneidad y/o eficacia para garantizar
la protección oportuna e inmediata sobre los derechos fundamentales
vulnerados”3.

2 T-332 de 2018, reiterando la sentencia T-187 de 2017. Igualmente, puede revisarse la sentencia T-002 de

2019.
3 T-260 de 2018. Al respecto, también pueden revisarse las sentencias T-198 de 2006, T-1038 de 2007, T-

992 de 2008, T-866 de 2009, T-264 de 2018 y T-137 de 2020, entre otras.

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Frente a la figura del perjuicio irremediable, la Corte ha indicado4 que debe
establecerse i) la inminencia del perjuicio, lo que implica que el daño “está por
suceder en un tiempo cercano”; ii) la urgencia de las medidas para evitar la
afectación de los derechos fundamentales; iii) la gravedad del perjuicio; y iv) el
carácter impostergable de las órdenes por proferir.

En cuanto a la idoneidad del medio de control ha dicho la Alta Corporación que
“implica que éste [el medio judicial ordinario] brinda un remedio integral para la
protección de los derechos amenazados o vulnerados, mientras que su eficacia
supone que es lo suficientemente expedita para atender dicha situación”5. En
ese orden, ha considerado que “la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho es, en principio, un mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para
proteger los derechos fundamentales de los servidores públicos desvinculados
de las entidades públicas, al estar dotado de herramientas propicias para, entre
otras cosas, suspender los efectos de actos administrativos que generen
perjuicios irremediables a los demandantes, en cualquier etapa del proceso y
sin que el rechazo inicial de la solicitud, sea obstáculo para que posteriormente
sean solicitadas las cautelas necesarias”6 (negrillas propias del texto).

II. Caso concreto

En la sentencia objeto de impugnación, el Consejo de Estado, Sección Cuarta
declaró improcedente la acción de tutela, al considerar no cumplido el requisito
de subsidiariedad, bajo el entendido que el accionante cuenta con el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la legalidad del
acto administrativo objeto de discusión.

El recurso se fundamenta en que el a quo se limitó a declarar improcedente la
tutela por razones de procedimiento, sin tener en cuenta los derechos
fundamentales que invocó el accionante y la presunción de inocencia de este.
Igualmente, afirmó que procede la acción de manera excepcional, pues se
encuentra en peligro su estabilidad familiar y patrimonial.

4 T-039 de 2022, además pueden revisarse las sentencias T-956 de 2013, T-471 de 2017, T-391 de 2018,

T-020 de 2021 y T-171 de 2021, entre otras.
5 C-132 de 2018.
6 SU-691 de 2017, reiterado en la sentencia T-554 de 2019.

6

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En criterio de la Sala, le asiste razón a la primera instancia al considerar que la
acción de tutela resulta improcedente para controvertir la legalidad de la
Resolución núm. 156 de 10 de noviembre de 2023, por medio de la cual se
declaró insubsistente al señor Palacio Ramos en el cargo de asistente
administrativo grado 5 en provisionalidad de la oficina de Ejecución Civil
Municipal de Bogotá, para lo cual el accionante cuenta con los medios de control
que consagra la Ley 1437 de 2011, los cuales resultan ser idóneos y eficaces,
ya que a través de estos se pueden solicitar medidas cautelares incluso de
urgencia, como lo dispone el artículo 229.

Lo anterior, teniendo en cuenta que no se demostró la ocurrencia de un perjuicio
irremediable para los derechos fundamentales de la parte actora, que pudiera
justificar la intervención del juez de tutela en forma transitoria para adoptar
medidas urgentes e impostergables que eviten la materialización del referido
perjuicio.

Bajo la misma línea argumentativa, la Sala tampoco evidencia que el accionante
sea una persona de especial protección constitucional para dar flexibilidad al
requisito de subsidiariedad de la acción de tutela.

En este orden, la Sala comparte la decisión de primera instancia, pues la no
satisfacción del requisito de subsidiariedad, impide que el juez constitucional
revise si el acto administrativo contra el cual se dirige la acción de tutela ha
transgredido los derechos invocados o ha incurrido en alguna de las causales
específicas que darían lugar a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 15 de febrero de 2024 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró improcedente la acción de

7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07226-01

tutela, por no satisfacer el requisito de la subsidiariedad, conforme a lo expuesto
en la parte motiva.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
HAPC

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