Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-07233-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Relevancia constitucional: no se cumple con el requisito porque se pretende
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-07233-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-07233-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
19 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veinticuatro (2024).
Radicación número: 110010315000202307233 01
Accionante: SILVIA DE JESÚS URIBE DE MOLINA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (IMPUGNACIÓN)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Presupuestos /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - No se cumple con el requisito porque se pretende
convertir la acción de tutela en una instancia adicional del proceso ordinario.
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte demandante
contra la sentencia del 8 de febrero de 2024, mediante la cual la Sección Cuarta del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela de la referencia1.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 29 de noviembre de 2023, la señora Silvia de Jesús Uribe de Molina, por
conducto de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia y el Juzgado 20 Administrativo Oral del Circuito de
Medellín, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital, al acceso a la
administración de justicia.
Hechos relevantes
2. El 3 de marzo de 1978 la señora Silvia Uribe contrajo matrimonio con Luis
1
Que ingresó para fallo el 6 de marzo de 2024.
1
Radicación: 110010315000202307233 01
Accionante: Silvia de Jesús Uribe de Molina
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Fernando Molina Fonnegra, unión de la que nacieron Juan Fernando y Mauricio
Alejandro Molina Uribe. Además de esto, convivieron hasta el 18 de marzo de 1986,
sin embargo, su vínculo matrimonial subsistió hasta el 14 de enero de 2008, fecha
en la cual falleció el señor Molina Fonnegra, pues solo se “disolvió la sociedad
conyugal” sin que se presentara la cesación de los efectos civiles del matrimonio.
3. Mediante reclamación administrativa, la señora Silvia de Jesús Uribe de Molina
solicitó ante Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, el reconocimiento de
la sustitución pensional, con ocasión a que el señor Luis Fernando Molina Fonnegra
falleció el 14 de enero de 2008. Tal reclamación, se resolvió de manera negativa a
través de las resoluciones No. 018230 del 29 de septiembre de 2010, No. 026996
del 12 de octubre de 2011 y la No.01226 del 24 de abril de 2012, argumentando que
se presentaba carencia del requisito de convivencia entre los cónyuges por los
últimos cinco años anteriores a la fecha del deceso.
4. Inconforme con lo anterior, el 9 de febrero de 2013 interpuso demanda laboral, la
cual correspondió al Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín con el fin
de obtener el reconocimiento y pago de la prestación económica de sobreviviente,
sin embargo, mediante auto 3553-2015 del 25 de noviembre de 2015 se decretó la
nulidad del proceso debido a que no era la jurisdicción competente para conocer el
asunto de referencia2.
5. En cumplimiento de lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, la tutelante demandó a Colpensiones con el fin de que
se declarara la nulidad de la Resolución No. 018230 del 29 de septiembre de 2010
mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente
con ocasión del fallecimiento de su cónyuge -el señor Luis Fernando Molina
Fonnegra-. Así mismo, solicitó que se declare la nulidad de las resoluciones No.
026996 del 12 de octubre de 2011 y No.01226 del 24 de abril de 2012 en las que
resolvieron los recursos de reposición y de apelación interpuestos en contra de la
Resolución No. 018230 del 29 de septiembre de 2010 y que confirmaron en su
totalidad este acto administrativo.
6. Mediante sentencia de 12 de marzo de 2019, el Juzgado 20 Administrativo Oral
2
Debido a que el señor Luis Fernando Molina Fonnegra se encontraba inscrito en Carrera
administrativa y trabajaba para la Contraloría General de la República.
2
Radicación: 110010315000202307233 01
Accionante: Silvia de Jesús Uribe de Molina
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
del Circuito de Medellín negó las pretensiones de la demanda argumentando que la
demandante y el señor Molina Fonnegra se separaron en 1986 y no convivieron los
5 años anteriores a la muerte del causante, concluyendo que, no tenía derecho a la
pensión de sobrevivientes conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 100
de 1993.
7. La parte demandante apeló esa decisión ante el Tribunal Administrativo de
Antioquia, el que, por medio de providencia de 30 de mayo de 2023 -notificada el 2
de junio 2023-, confirmó la decisión de primera instancia.
Fundamentos de la demanda de tutela
8. La accionante planteó que se desconoció el precedente judicial, toda vez que se
demostró la convivencia mínima entre los consortes – 3 marzo de 1978 y 18 de
marzo de 1986-, por tanto, el Juzgado 20 Administrativo Oral del Circuito y el
Tribunal Administrativo de Antioquia realizaron una valoración equívoca pues según
los fallos proferidos por las altas cortes3 han establecido que “(i) la convivencia de
los 5 años respecto del cónyuge, se puede cumplir en cualquier tiempo; (ii) la
separación de cuerpos extingue el deber de cohabitación más no es un obstáculo
para la convivencia de los 5 años y (iii) Pese a que no se terminan los demás efectos
civiles del matrimonio católico como ocurre con el estado civil de la persona, la
liquidación de la sociedad conyugal, son causales suficientes para perder tal
derecho puesto que los efectos patrimoniales cesan, por tanto, los haberes del
pensionado o del afiliado dejan de ser parte de la masa patrimonial y en la norma
no se establece ningún requisito adicional a los cónyuges con vínculo matrimonial
vigente”.
9. Sostuvo que se presentó un defecto fáctico, sin embargo, se refirió a los requisitos
generales y sus conceptos, pero no argumentó de manera específica en el presente
caso. Así mismo hizo mención a sentencias respecto de la pensión de sobreviviente
emanadas de la Corte Suprema de Justicia4.
Trámite en primera instancia
3
Se mencionan las siguientes sentencias: Corte Suprema de Justicia SL359 de 2021, SL5169 de
2019, SL7299 de 2015, SL1399 de 2018 y SL4502 de 2021 y Corte Constitucional T-228 de 2023.
4
Se mencionan las siguientes sentencias: Corte Suprema de Justicia SL359-2021, SL5169- 2019,
SL7299-2015, SL1399-2018, SL4502-2021; Corte Constitucional T-228 de 2023.
3
Radicación: 110010315000202307233 01
Accionante: Silvia de Jesús Uribe de Molina
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
10. Mediante providencia de 4 de diciembre de 2023, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado admitió la demanda de tutela; ordenó notificar a las autoridades judiciales
accionadas; vinculó, como terceros con interés, al presidente de la Administración
Colombiana de Pensiones y a la señora Gloria Rosalba Gómez Giraldo y reconoció
a Katerine Guzmán Torres como apoderada judicial de la parte demandante.
11. Con ocasión a que se requirió a la parte actora que informara la dirección de
notificaciones físicas o electrónicas de la señora Gloria Rosalba Gómez Giraldo para
efectos de notificación, el 7 de diciembre de 2023 se remitió memorial informando
tales requerimientos.
12. La directora de Acciones Constitucionales de la Administradora colombiana de
Pensiones (Colpensiones) se opuso al amparo solicitado, tras considerar que esta
entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales alegados por la accionante,
en concordancia a que el proceso se encuentra terminado y operó la cosa juzgada
y el acceder a estas exigencias, invade la órbita del juez ordinario, más aún, cuando
no se logró probar un perjuicio irremediable.
13. El Juzgado 20 Administrativo del Circuito de Medellín remitió el expediente
digitalizado del expediente 11001-03-15-000-2023-07233-00.
14. El 19 de enero de 2024 se dejó constancia de que se envió un oficio mediante
el cual se notificaba a la señora Gloria Rosalba Gómez Giraldo de la providencia del
4 de diciembre de 2023, sin embargo, no fue posible realizar esta.
15. Pese a estar debidamente notificado el Tribunal Administrativo de Antioquia no
intervino5.
La sentencia de primera instancia
16. Mediante sentencia de 8 de febrero de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente el amparo solicitado, bajo el argumento de que no se
5
Obra en certificado 84CA5F1D5094C63197666918E94697145F2B9FEFC19B2E9997D837436E412CF3,
índice 7 de SAMAI.
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Accionante: Silvia de Jesús Uribe de Molina
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
cumple con el requisito de la relevancia constitucional, porque se pretende reabrir
una discusión respecto del “reconocimiento de la pensión de sobreviviente, en
calidad de cónyuge supérstite, porque, a su juicio, no le era exigible la convivencia
en los 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento del causante, en la medida
en que solo existió la disolución de la sociedad conyugal, pero no del vínculo
matrimonial”.
17. A su vez, expuso que el Tribunal Administrativo de Antioquia al resolver la
apelación, aclaró que la demandante no acreditó la convivencia dentro de los 5 años
anteriores al deceso del causante, siendo necesario cuando existe la disolución de
la sociedad conyugal, tal como lo precisa la jurisprudencia de Sección Segunda del
Consejo de Estado y la sentencia C-515 de 2019 de la Corte Constitucional.
18. Concluyó que la sentencia T-228 del 23 de junio de 2023 fue dictada por la Corte
Constitucional con posterioridad a la sentencia cuestionada, es decir que, no se
puede entender como precedente para el caso en concreto.
La impugnación
19. La tutelante subrayó que, contrario a lo indicado en el fallo de primer grado, sí
expuso los argumentos que explicaban la vulneración de sus derechos
fundamentales.
20. Como fundamento de esa afirmación, reiteró que interpuso la acción de tutela
toda vez que, la jurisdicción contenciosa administrativa en primera y segunda
instancia no emitieron una decisión adecuada, vulnerando el derecho a la igualdad,
los principios de la equidad y la favorabilidad, además de aplicar de manera
incorrecta el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, “en lo relacionado con los requisitos
de la sustitución pensional que se han venido adoptando por la Corte Constitucional
como lo es la sentencia T-228 de junio de 2023, además de pasar por alto las
múltiples sentencias como la de la “CSJ SL, 13 mar. 2012, RDO 45038, SL7299-
2015, SU 453 de 2019, SU 108 de 2020”, entre otras, que reiteran la tesis de
demostrar que se convivió con el pensionado por más de cinco años en cualquier
momento siempre y cuando el vínculo conyugal se encuentre vigente al momento
del deceso.
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Radicación: 110010315000202307233 01
Accionante: Silvia de Jesús Uribe de Molina
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
II. C O N S I D E R A C I O N E S
21. La Sala estima -al igual que lo hizo el juez de la primera instancia- que no se
cumple con el requisito de la relevancia constitucional.
22. La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia
del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces6.
23. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber7:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no
basta aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la demanda de tutela no
constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está
constituido para proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial.
24. Revisada la demanda, se evidencia que la señora Silvia de Jesús Uribe de
Molina acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir el debate jurídico y
probatorio del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra
Colpensiones, cuando lo cierto es que, el mecanismo judicial de protección de
derechos fundamentales no comporta una instancia adicional del proceso ordinario.
25. Tan evidente resulta que la señora Uribe de Molina busca un nuevo análisis de
los aspectos definidos por los jueces de instancia, que en la presente acción insiste
6
Sentencia T–422 de 2018.
7
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero
Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicación: 110010315000202307233 01
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en que se interpretó de manera indebida el literal a) del artículo 47 de la ley 100 de
1993 que modificó el artículo 13 de la ley 797 de 2003, en el entendido de que al
tratarse de esposos separados de hecho y con sociedad conyugal liquidada, si se
demuestra la convivencia por más de cinco años en cualquier época, tiene derecho
a la pensión de sobreviviente, a la sustitución pensional o a la pensión de
sobrevivientes. Así lo expuso en el recurso de apelación interpuesto8 contra la
providencia del 12 de marzo de 2019, por medio del cual el Juzgado 20
Administrativo de Medellín negó las pretensiones de la demanda bajo los siguientes
argumentos (trascripción literal):
Sea lo primero manifestar que la sentencia acotada por el fallador de primera
instancia no tiene pero ABSOLUTAMENTE NADA que ver con el caso
planteado pues corresponde a una señora (Ida Isaak Nieto) que simplemente
se separó de cuerpos del cónyuge y liquidó su sociedad conyugal, pero nunca
precisó las causas. El caso que nos ocupa es por el contrario muy peculiar y
diferente porque obedece a una situación de imposibilidad de convivencia dada
la enfermedad del cónyuge fallecido (alcoholismo) combinada con peligrosa
agresión constante, que no se presenta en el otro caso.
El precedente judicial ofrecido por el despacho no tiene las características
propias que acredita el presente proceso pues en aquel proceso la pareja se
separa aparentemente en completa normalidad y existe una compañera
permanente posterior. En el caso de mi poderdante, es totalmente diferente y
es una cuestión de mera supervivencia; si ella hubiera permanecido en el hogar
con el monstruo podría haber sido víctima de feminicidio o exponer a sus hijas
(pequeños y vulnerables para la época) a una agresión. Son dos casos muy
diferentes, por lo que se ameritaba sustentando con una jurisprudencia parecida
al caso.
Consideramos errático que el Juzgado haya aportado los extractos de la
Sentencia que le convenían para negar la pensión, pero suprimió los
extractos del mismo precedente con base en los cuales hubiera podido
conocer ya que le daban la razón a mi mandante, al tratarse de un caso
excepcional y muy diferente al de aquél proceso. Veamos los siguientes
apartes finales de la misma sentencia del Consejo de Estado, que dejó por
fuera el despacho, de manera explicable:
“Así pues, el hecho de que las personas que conforman un matrimonio se
separen y además liquiden su sociedad conyugal, a pesar de que no terminen los
demás efectos civiles del matrimonio católico como lo es el estado civil de la
persona, son causales suficientes para perder aquél derecho que le otorga la Ley
100 de 1993 en cuanto al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se
refiere, por cuanto, los haberes del pensionado o del afiliado dejan de ser parte
de la masa patrimonial que alguna vez conformaron.
Sin embargo, el cónyuge supérsite si puede tener derecho al reconocimiento de
la mencionada prestación, si demuestra el apoyo mutuo, la convivencia efectiva,
la compresión y la vida en común durante los últimos 5 años a la muerte del
pensionado o afiliado o en su defecto, que pruebe que la sociedad conyugal que
conformó producto del matrimonio, no ha perdido los efectos patrimoniales,
circunstancias que no se lograron demostrar en el sub-lite: razón por la que, la
8
Expediente digital 05001333302020160011200 en PDF: “10. ExpedienteDigital – Pag 410-482” en
páginas 19 a 53.
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Accionante: Silvia de Jesús Uribe de Molina
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Sala, con fundamento en los argumentos expuestos en esta providencia,
confirmará la sentencia del A-quo mediante la cual se negaron las súplicas de la
demanda interpuesta por la señora Ida Isaak Nieto.
Obsérvese pues que la sentencia, aunque se trataba de un caso diferente pues
presentaba pluralidad de convivencias, en la parte final de la providencia el
Consejo de Estado si reconocía que la liquidación de la sociedad conyugal no
era un obstáculo para el reconocimiento si se probaba el apoyo, la convivencia
y la comprensión durante los últimos 5 años anteriores a la muerte, y señala
que en su defecto esté vigente la sociedad, es decir que permite ambas
posibilidades y el a quo no lo entendió asi.
(…)
Complementación del artículo 47 de la ley 100 de 1993
El artículo 47 de la ley 100, modificado por la ley 797 de 2003, debe entenderse
complementado por otras normas en virtud del artículo 31 de la misma ley 100
que reza:
“ El régimen de Prima Media con Prestación Definida es aquel mediante el cual
los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de
sobrevivientes, o una indemnización, previamente definidas, de acuerdo con lo
previsto en el presente Titulo.
Serán aplicables a este régimen las disposiciones vigentes para los seguros de
invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las
adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en esta ley.”
En ese orden de ideas, el decreto 758 de 1990 y el decreto 1160 de 1989 tienen
plena aplicación para resolver el caso planteado, pues no sólo regula el régimen
de prima media, sino que estaban vigentes al inicio de entrada en vigencia de
la ley 100, y ayudan a solucionar la laguna jurídica, dichas normas consagran:
Frente a la convivencia por 5 años y la liquidación de la sociedad conyugal:
(…)
Yerra el Juzgado al considerar que la liquidación de la sociedad conyugal es
óbice para el reconocimiento pensional por tres razones fundamentales: la
primera es porque pretende aducir que tal razonamiento es con base en el
artículo 47 de la ley 100 de 1993, modificado por la ley 797 de 2003, cuando la
norma solo pide que no se haya liquidado sociedad conyugal únicamente si
existe conflicto de intereses con otra compañera permanente o sucedánea o
simultánea, situación que no se presenta en el caso pues mi mandante es
reclamante única. En segundo lugar, yerra el A quo porque desconoce que los
cónyuges pueden pactar libremente su régimen patrimonial como les venga en
gana y eso no altera el vínculo matrimonial, y prueba de eso es que para ello
existen las capitulaciones. Inclusive muchos liquidan la sociedad conyugal para
evadir los acreedores o proteger el patrimonio y su unión como familia sigue
incólume, así pues el argumento es bastante frágil cuando se contrasta con la
norma y la realidad. Y en tercer lugar, porque si sigue habiendo un régimen
patrimonial entre los cónyuges pese a la liquidación de la sociedad conyugal,
prueba de ello es que mi mandante tuvo que demandarlo por alimentos como
se probó en el proceso y luego de manera inversa, al final de la vida del
causante, ella veló por el ejercicio de su obligación alimentaria, y por último al
fallecer éste fue reconocida como heredera al hacer uso de la porción conyugal
en el año 2009 como fue probado con la escritura de sucesión. Es decir,
mediante la jurisdicción de familia, el Estado colombiano le reconoce el status
de cónyuge, de familia.
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Radicación: 110010315000202307233 01
Accionante: Silvia de Jesús Uribe de Molina
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
(…)
Frente a la exigencia de la sociedad conyugal
Sea lo primero exponer que la Corte considera irrelevante el hecho de que
exista o no liquidación de sociedad conyugal, pues insiste que lo más importante
es que se aprecie claramente que entre la pareja existe un vínculo material de
familia.
(…)
La anterior interpretación ratifica la Corte en esta oportunidad, habida cuenta
que, a diferencia del contrato matrimonial, el cual incorpora derechos y
obligaciones personales tales como los de socorro y ayuda mutua, tolerancia y
respeto a la personalidad del cónyuge, los cuales subsisten mientras el vínculo
no sea disuelto por muerte, divorcio o cesación de efectos civiles del matrimonio
religioso, la sociedad conyugal hace referencia al régimen económico de la
unión. Por lo tanto, el primero de los conceptos posee un significado subjetivo
e intrínseco, del cual emanan unos deberes personales, mientras que el
segundo alude a una sociedad patrimonial o de bienes.
Al compás de lo anterior, no es adecuado atar el derecho a la pensión de
sobrevivientes a la pervivencia de la sociedad conyugal o de la sociedad de
bienes, figuras que responden a contenidos netamente económicos, sino más
bien a la vigencia del contrato matrimonial, dado que es esta la unión la que
confiere derechos y asigna obligaciones personales y subjetivos a los
consortes, y, por consiguiente, permite incluirlos como miembros de su grupo
familiar.
26. Aspectos que fueron analizados y definidos por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, mediante providencia de 30 de mayo de 20239, en la que se confirmó la
decisión de primera instancia, bajo los siguientes argumentos (transcripción literal):
Para resolver el caso concreto, ha de indicarse que en las resoluciones
demandadas, se le negó el derecho a la pensión de sobrevivientes a la
demandante debido a que, de conformidad con la investigación realizada por el
ISS, se pudo concluir que la convivencia entre la señora Silvia de Jesús Uribe
de Molina y el señor Luis Fernando Molina Fonnegra, se dio únicamente entre
el 3 de marzo de 1978 (fecha en la cual se casaron) y el 18 de marzo de 1986
(fecha en la cual disolvieron y liquidaron la sociedad conyugal).
(…)
Atendiendo la anterior declaración, es posible afirmar que entre la demandante
y el causante no existió un acompañamiento espiritual, moral y económico y el
deber de apoyo y auxilio mutuo, una vez se dio la separación en el año 1986,
pues, por una parte, después de la separación nunca retornó la convivencia
entre los cónyuges y, por la otra, el apoyo y acompañamiento de la actora al
cónyuge fallecido, solo se dio unos pocos meses antes del fallecimiento, pues
del propio testimonio de la actora se advierte que “en el hogar duró como tres
meses hasta que murió”, lapso en el cual se acreditó, con algunos documentos,
9
Expediente digital 05001333302020160011200 en PDF: 11. ExpedienteDigital – Pág 483-533” en
páginas 69 a 88.
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Radicación: 110010315000202307233 01
Accionante: Silvia de Jesús Uribe de Molina
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
que la señora Silvia de Jesús, estuvo acompañando a quien en el pasado habría
sido su esposo.
(…)
Con lo anterior está claro que ante las autoridades administrativas existió
controversia por la existencia de la compañera permanente y de la cónyuge, de
donde se deduce que no está claro con quién realmente convivió el señor Luis
Fernando Molina Fonnegra en los últimos años de vida, es decir, si con la
señora Silvia de Jesús Uribe de Molina o con la señora Gloria Rosalba Gómez
Giraldo, o con ninguna de las dos.
(…)
Teniendo en cuenta todas las pruebas antes reseñadas, considera la Sala que
en el presente caso no se encuentra demostrado que entre la señora Silvia de
Jesús Uribe Molina y el señor Luis Fernando Molina Uribe hubiere existido una
convivencia durante los 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento del
causante. Ello porque no existe ningún elemento que demuestre que, el apoyo
moral, espiritual y económico que alega la parte actora, se hubiere materializado
antes de que el señor Luis Fernando ingresó al Hogar Dulce Amanecer Ltda.,
esto es, que hubiese existido “el apoyo mutuo… la comprensión y la vida en
común durante los últimos 5 años a la muerte del pensionado o afiliado”,
necesario para el reconocimiento de la prestación.
Se insiste en que, de acuerdo con la jurisprudencia ya señalada de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, cuando exista separación de hecho entre los
cónyuges con la sociedad conyugal disuelta, para acceder a la pensión de
sobrevivientes, es necesario que se demuestre que existió la convivencia
durante los 5 años inmediatamente anteriores a la muerte del causante. Se
agrega que, en la legislación y en la jurisprudencia aplicable no existe alguna
justificación que permita obviar el requisito de la convivencia cuando uno de los
cónyuges ejerce violencia sobre el otro.
Se indica también que el hecho de que a la demandante le hubieren reconocido
la porción conyugal en la sucesión del causante, no otorga el derecho a la
pensión de sobrevivientes, porque ello es un tema de derecho civil y familia, que
nada influye en lo ahora discutido.
Finalmente se resalta que no es posible aplicar la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, como lo solicita el apoderado de la demandante, toda vez
que dicho Alto Tribunal no es el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso
administrativa, como sí lo es el Consejo de Estado, cuyo precedente si es
obligatorio y aplicable para este Tribunal.
En estos términos, es claro que la señora Silvia de Jesús Uribe de Molina no
tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes con
ocasión del fallecimiento del señor Luis Fernando Molina Fonnegra, motivo por
el cual, se confirmará la sentencia de primera instancia.
27. En ese contexto, la Subsección considera que lo pretendido por la tutelante es
que se realice un nuevo estudio frente a lo definido razonablemente por el juez
natural, lo que conlleva a la improcedencia de la acción de tutela de la referencia
10
Radicación: 110010315000202307233 01
Accionante: Silvia de Jesús Uribe de Molina
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
por el incumplimiento del requisito de la relevancia constitucional10, dado que, como
lo ha señalado la Corte Constitucional, esta acción “es concebida como un ‘juicio de
validez’ y no como un ‘juicio de corrección’ del fallo cuestionado11, lo que se opone
a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron
origen a la controversia”12.
28. Finalmente, conviene mencionar que la parte actora, tanto en la acción de tutela
como en el escrito de impugnación, planteó que las decisiones de primera y
segunda instancia no aplican la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia13;
sin embargo, a juicio de la Sala, la parte actora no expresó concretamente cuáles
fueron los errores o desaciertos que cometió el Tribunal Administrativo de Antioquia
frente al análisis de estas sentencias, presentándose una falta de carga
argumentativa.
29. En efecto, la parte actora se limitó a afirmar que la autoridad accionada vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social,
al mínimo vital, al acceso a la administración de justicia, porque, supuestamente, no
analizó la reiterada jurisprudencia frente a estos casos, desconociendo que esta
Corporación ha indicado que “no basta con manifestar inconformidad o desacuerdo
con las decisiones tomadas por los jueces de instancia, sino que es necesario que
el interesado demuestre que la providencia objeto de reproche ha incurrido en
alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales”14.
10
Sentencia T-016 de 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
11
Original de la cita: “Al respecto, la sentencia T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva)
indicó: ‘(…) la acción de tutela contra sentencias es un juicio de validez de la decisión judicial, basado
en la supremacía de las normas constitucionales. Esto se opone a que la acción de tutela ejerza una
labor de corrección del fallo o que sirva como nueva instancia para la discusión de los asuntos de
índole probatoria o de interpretación del derecho legislado que dieron lugar al mismo. En cambio, la
tutela se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en que la juridicidad de la sentencia
judicial resulte afectada, debido a que desconoció el contenido y alcances de los derechos
fundamentales’. Sobre el punto también se puede consultar la sentencia T-126 de 2018 (MP Cristina
Pardo Schlesinger)”.
12
Sentencia T-016 de 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
13
Cita de la impugnación: “sentencias CSJ SL, 13 mar. 2012, RDO 45038 , SL7299-2015, SU 453
de 2019, SU 108 de 2020 y muchas otras proferidas antes y durante el trámite instaurado por la hoy
accionante.”
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 12 de agosto de 2019, radicación número: 110010315000201903205 00, M.P. María
Adriana Marín.
11
Radicación: 110010315000202307233 01
Accionante: Silvia de Jesús Uribe de Molina
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Por lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de febrero de 2024 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
12
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