Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07235-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07235-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-07235-00
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
9 de febrero de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07235-00
Accionante: E.S.E. Hospital Departamental San
Cayetano de Marquetalia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., nueve (09) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado número: 11001-03-15-000-2023-07235-00
Accionante: E.S.E. Hospital Departamental San Cayetano de
Marquetalia - Caldas.
Accionados: Juzgado Segundo Administrativo de Manizales y
Tribunal Administrativo de Caldas.
Referencia: Acción de tutela
Tema. Tutela contra providencia judicial.
Subtema 1. Requisitos generales de la acción de tutela contra providencia judicial.
Subtema 2. Relevancia constitucional. Subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide en primera instancia la acción de tutela incoada por Fernando
Eugenio López Henao en calidad de gerente y/o representante legal de la E.S.E.
Departamental Hospital San Cayetano de Marquetalia - Caldas1, en contra del
Juzgado Segundo Administrativo de Manizales y el Tribunal Administrativo de
Caldas, Sala Tercera de Decisión.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela
Fernando Eugenio López Henao en calidad de gerente y/o representante legal de
la E.S.E. Departamental Hospital San Cayetano de Marquetalia - Caldas2 presentó
solicitud de tutela en la que deprecó el amparo del derecho fundamental al debido
proceso, que consideró vulnerado con ocasión de las sentencias del 19 de julio y 20
de octubre de 2023 dictadas en su orden por el Juzgado Segundo Administrativo de
Manizales y el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Tercera de Decisión en las
que, accedieron a las pretensiones de la demanda que promovió en contra de la
referida entidad hospitalaria, el señor José Gerardo Murillo Montoya.
1.2. Hechos probados del proceso ordinario
1.2.1. José Gerardo Murillo formuló demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho orientada a obtener la nulidad del oficio del
4 de febrero de 2019 por medio del que la E.S.E. Hospital Departamental San
Cayetano de Marquetalia Caldas le negó el reconocimiento del pago de los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones reclamadas por los servicios personales
prestados, bajo continua dependencia y subordinación entre el 1 de noviembre de
2011 hasta el 30 de junio de 2016 y, a título de restablecimiento del derecho, el
reconocimiento y pago de todas las sumas dejadas de percibir por la referida
relación laboral y su despido injusto. La demanda la conoció el Juzgado Segundo
1 Archivos electrónicos ubicados en el expediente digital del expediente de tutela en el índice 2 del
aplicativo SAMAI, identificados con certificados: 9748A9506E3CFBFE 10A2995EFDB4157F
5405654BA8C04B67 65CEE31D8C26AF46, 2AD11DEB30CEC5E1 44E762A5CA271E68
DDBD91AE0E765865 B7424A81CD4E7D7D y CAE4D07E603140E2 63694E17056DB0D4
3578970123F6FDA5 BCFD528F4FDD24C2.
2 Archivos electrónicos ubicados en el expediente digital del expediente de tutela en el índice 2 del
aplicativo SAMAI, identificados con certificados: 9748A9506E3CFBFE 10A2995EFDB4157F
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Administrativo del Circuito Judicial de Manizales que, en sentencia del 19 de julio
de 2023, accedió a las pretensiones. Como fundamento de su decisión expuso3:
1.2.2.1. El demandante se desempeñó como auxiliar de enfermería y esa actividad
contractual fue común a todos los contratos de prestación de servicios celebrados
entre las partes.
1.2.2.2. Las funciones desempeñadas dieron claridad respecto de la subordinación
del demandante ya que: i) hacían referencia directa a figuras “jefe inmediato” y
“superior jerárquico”; ii) los elementos de trabajo eran proporcionados por un
superior; iii) tenía la obligación de asistir a capacitaciones brindadas al personal de
planta de la E.S.E. y; iv) debía cumplir turnos en horarios de trabajo determinados
por la empresa.
1.2.2.3. Las actividades desempeñadas en cumplimiento estricto de horario laboral
bajo subordinación desbordan completamente la coordinación normal que debe
existir entre contratante y contratista bajo el desarrollo de un contrato de prestación
de servicios, en tanto, no estaba plenamente determinada la autonomía que debe
guiar al contratista en este tipo de contrato.
1.2.2.4. El acervo probatorio permitió desvirtuar el carácter contractual de prestación
de servicios de la relación que gobernó entre las partes durante el 01 de noviembre
de 2011 al 30 de junio de 2016, dando lugar a una verdadera relación laboral
administrativa, por lo que las pretensiones debían prosperar y en ese sentido
declaró la nulidad del acto cuestionado y dispuso las ordenes consecuentes.
1.2.3. Inconforme con la decisión de primera instancia, la E.S.E. Hospital
Departamental San Cayetano de Marquetalia en calidad de demandada a través de
su apoderado, interpuso recurso de apelación, en el que solicitó revocar el fallo y
negar las pretensiones.
Afirmó que, el a quo al dictar sentencia no tuvo en cuenta que el sustento jurídico
que expuso el demandante eran normas propias de la prestación del servicio de
empleados privados y no del trabajo oficial o del empleo público. Que tuvo por
probado el requisito de subordinación, cuando de conformidad con el precedente
jurisprudencial aplicable al asunto, era necesario que el demandante aportara una
prueba conducente.
Finalmente manifestó su inconformidad respecto de la valoración con los cuadros
de turnos y la lista de asistencia a reuniones, así mismo afirmó que la condena en
costas era improcedente.
1.2.3.1. El recurso fue desatado por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala
Tercera de Decisión que, en sentencia número 237 del 20 de octubre de 2023,
confirmó la proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Manizales con base
en los siguientes argumentos4:
1.2.3.1.1. Respecto del marco normativo y jurisprudencial relacionado con el
principio de justicia rogada en asuntos en los que discuten derechos laborales,
expuso que este se complementa con el de congruencia, que exige la coherencia
entre lo pedido en la demanda, lo tramitado y lo decidido en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
3 Archivo electrónico ubicado en el índice 2 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
FB4CDCB25D5665B6 579ED427E6DF10CE 9668F4C05AF22F1C BF34562B5C5A9F60.
4 Archivo electrónico ubicado en el índice 2 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
414058B6F01EE418 E3E9926F7824C1BE 0DCD5F7ACE811BAC F72DE5ABB1D889E7.
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Indicó que el principio de justicia rogada implica una carga procesal para quien
pretende demandar un acto administrativo5, por lo que se debe dar cuenta de las
normas violadas y el concepto de violación6.
A su turno — explicó—, el artículo 281 del CGP respecto del principio de
congruencia, dispone que “[l]a sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades
que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y
hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”, lo que según la Corte Constitucional
traduce la garantía al derecho al debido proceso7 y lo dictado por el Consejo de
Estado se refiere a la toma de una decisión congruente con los hechos,
pretensiones y excepciones probadas dentro del proceso8.
Agregó que, en todo caso, la Corte Constitucional estableció límites a los principios
de justicia rogada y congruencia en los casos en los que se encuentre vulnerado
algún derecho fundamental9, por lo que, en ese sentido el juez debe desplegar
medidas para su protección y así garantizar el acceso efectivo a la administración
de justicia.
Tratándose de derechos laborales y seguridad social, expuso que el Consejo de
Estado ha precisado que si bien la justicia contencioso administrativa es rogada,
también es cierto que, debe ceder a los postulados superiores respecto de los
derechos laborales, en tanto, la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de
trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad ni los derechos de los
trabajadores, como extremo débil de la relación laboral, por lo que las autoridades
tienen la obligación de adoptar medidas tendientes a la protección efectiva de sus
garantías10.
Así, en este punto concluyó que si bien en principio, el Juez solo puede referirse a
las pretensiones planteadas por la parte demandante, en asuntos en los que se
vean comprometidos derechos constitucionales irrenunciables, es su deber como
operador jurídico hacer uso de sus facultades oficiosas para garantizar el acceso
efectivo a la administración de justicia.
1.2.3.1.2. En el análisis del caso concreto, consideró que no había discusión
respecto de la relación, la efectiva prestación personal del servicio y la consecuente
remuneración del mismo, por lo que el debate estaba dirigido a establecer el
elemento de la relación laboral que fue objeto del recurso de alzada, es decir, lo
referente a la existencia de la subordinación en el desarrollo de las funciones del
demandante al servicio de la entidad demandada.
Del acervo probatorio allegado, encontró acreditado que el contratista cumplió las
funciones del objeto contractual en las instalaciones del contratante en el lugar y
horario indicado por este, en concordancia con las funciones encargadas como
auxiliar de enfermería, lo que constituía un indicio de la existencia de subordinación.
Agregó que, los contratos aportados al expediente daban cuenta de las obligaciones
a cargo del contratista, lo que en consecuencia constituía un indicio de dirección y
control efectivo de las actividades que debía ejecutar, lo que acreditaba una
5 Ley 1437 de 2011. “ARTÍCULO 163. INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PRETENSIONES. Cuando se
pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión.(…)”.
6 Artículo 164, ibidem.
7 Corte Constitucional, sentencia T-455 de 2016.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2017,
expediente número 66001-23-33-000-2012-00161-01 (3605-14).
9 Corte Constitucional, sentencia T-553 de 2012.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016.
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actividad reguladora por parte del contratista a través de un superior, esto es, un
control más allá de una simple coordinación.
1.2.3.1.3. Estimó que estaba acreditado que en las cláusulas de los contratos de
prestación de servicios se hacía referencia al desarrollo de actividades misionales
de la entidad con vocación de continuidad por alrededor de 5 años, lo que en todo
caso, desvirtuaba la vocación transitoria o accidental de un contrato de prestación
de servicios.
En consecuencia, encontró demostrada la subordinación y dependencia del
accionante respecto de la entidad demandada, aunado a la existencia de la
prestación de un servicio de forma personal y remunerada, por lo que, estaba
debidamente probada una verdadera relación laboral entre el demandante y la
demandada.
1.2.3.1.4. De otra parte, explicó que de conformidad con lo previsto en el artículo
188 de la Ley 1437 de 2011 procedía la condena en costas impuesta a la parte
demandada en primera instancia por ser la parte vencida en el proceso, además de
haber estado plenamente acreditada la causación de esta.
1.3. Pretensiones y argumentos de tutela
1.3.1. La E.S.E. Departamental Hospital San Cayetano de Marquetalia - Caldas a
través de su representante legal solicitó al juez constitucional11:
“1. Que se ampere el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, de mi
representada.
2. Que, como consecuencia de lo anterior, se dejen sin efectos las sentencias
proferidas por los despachos accionados, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con radicado 2020-055.
3. Que se ordene al Honorable Tribunal Administrativo de Caldas, proferir una
sentencia, que acate el precedente jurisprudencial del Honorable Consejo de Estado
(…)”12.
1.3.2. La parte accionante afirmó que su solicitud cumplía los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y que las
autoridades cuestionadas vulneraron su derecho fundamental al debido proceso en
los siguientes términos:
1.3.2.1. En las sentencias objeto de tutela las autoridades judiciales accedieron a
las pretensiones, luego de concluir erradamente que de los contratos de prestación
de servicios se derivaba una relación laboral y en consecuencia concedieron
pretensiones que no habían sido solicitadas por el demandante.
1.3.2.2. Las decisiones proferidas fueron dictadas sin tener en cuenta la
jurisprudencia aplicable al asunto “(…) i). De la carga de la prueba cuando se
pretenden las consecuencias económicas de una relación que en verdad debió ser
legal y reglamentaria. Y ii). En tratándose de la congruencia y el principio de justicia
rogada, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.”13.
11 Folio 1 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del aplicativo
SAMAI, identificado con certificado: 1E3A251EC1B45055 138034673CBD16B3
BCA1338860F23596 4623741A03D2462A.
12 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto
original.
13 Folios 1 y 2 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del
aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 1E3A251EC1B45055 138034673CBD16B3
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En este punto, citó textualmente algunos apartes de varias providencias
relacionadas con la carga de la prueba en la evaluación de una relación laboral14 y
el principio de justicia rogada15.
1.4. Trámite de tutela e intervenciones
1.4.1. El Despacho del magistrado ponente, con auto del 30 de noviembre de
202316, admitió la acción, ordenó notificar a las partes y vinculó como tercero
interesado al señor José Gerardo Murillo Montoya y a los demás sujetos que
participaron en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
número de radicado 17-001-33-33-02-2020-00055-00/02.
En el mismo proveído solicitó el expediente del proceso ordinario objeto de estudio,
decretó como pruebas los documentos allegados con la solicitud de amparo y
suspendió términos hasta que se cumpliera lo ordenado.
1.4.2. Enviadas las notificaciones de rigor, recibió respuesta del Juzgado Segundo
Administrativo de Manizales que remitió el expediente del proceso ordinario17, sin
embargo respecto del caso concreto guardó silencio. El Tribunal Administrativo de
Caldas y el señor José Gerardo Murillo Montoya vinculado como tercero con interés,
guardaron silencio18.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, en virtud de lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Nacional y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2.2. Procedibilidad de la acción
Como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional y particularmente la
sistematización realizada en la sentencia C-590 de 2005, en los casos en que la
solicitud de amparo se dirige contra una providencia judicial, es pertinente realizar,
primero, un examen de procedibilidad general19 para, luego, en caso de resultar
BCA1338860F23596 4623741A03D2462A. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas,
mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de febrero de 2012, expediente número
1187-11; Consejo de Estado, sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, expediente
número 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016); Consejo de Estado, sentencia del 23 de
febrero de 2017, expediente número 23001-23-33-000-2013-00127-01 (4082); Consejo de Estado,
sentencia del 18 de noviembre de 2003, expediente IJ0039.
15 Corte Constitucional, sentencia T-553 de 2012.
16 Archivo electrónico ubicado en el índice 4 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
636EF7DB9461BE51 0EE99419C5F48391 2A348C0F389CE72F 7C2AAAA28D9B6337.
17 Archivos electrónicos ubicados en el índice 11 del aplicativo SAMAI, identificados con certificados:
899F69550A24BB0C 5D021DB81E5E8E49 0F6A36F68A45D0E2 033AE3A238B6F581 y
A4B675C91B95AB07 BCEB765B32BE27B6 6D673CCCA6E4D048 5DDECBCF3F48CD4B.
18 Archivo electrónico que contiene el paso al Despacho para fallo, ubicado en el índice 15 del
aplicativo SAMAI, identificado con certificado F2F947AF1FA4E46E 7558CB2804520963
6ED53D30C1B05001 6C3A2ACEFDDA303D.
19 Antes que todo es necesario (i) verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar
en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos
generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (ii) que en la solicitud de tutela se expresen
de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la
decisión judicial; (iii) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (iv) que previo a
la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la
persona afectada; (v) que se cumpla con el principio de inmediatez; (vi) que en caso de que se alegue
una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; y de manera general,
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superado dicho estudio, pasar a hacer el pronunciamiento de fondo en el que se
resuelva el problema jurídico, en los términos de los defectos aducidos por el
accionante conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial20.
2.3. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
la accionante es la titular de los derechos que afirma son vulnerados, en su
condición de parte demandada dentro del proceso ordinario en el que fue proferida
la providencia objeto de tutela, y, por lo tanto, en caso de configurarse los defectos
alegados, resultarían afectados en relación con sus garantías al debido proceso y
acceso a la administración de justicia.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala Tercera de Decisión profirió la providencia, que,
según la parte tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.
Ahora bien, la Sala observa que los cuestionamientos de la accionante van dirigidos
en contra de las sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido en su contra, sin embargo, es preciso
aclarar que el estudio de la solicitud de amparo incoada se efectuará respecto de la
sentencia de segunda instancia proferida el 20 de octubre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala Tercera de Decisión, por ser esta decisión la que dio
fin a la controversia en concordancia con el requisito de inmediatez.
2.3.1. Respecto de la inmediatez, la Sala encuentra que la solicitud cumple con
este requisito, pues la sentencia que cuestiona la accionante fue proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Tercera Decisión el 20 de octubre de 2023,
notificada el 24 siguiente21 y el escrito de tutela fue radicado el 29 de noviembre de
2023, mediante el aplicativo de radicación en línea de la Rama Judicial 22.
2.4. Los requisitos establecidos en el Decreto 2591 de 199123, permiten que la
acción de tutela como mecanismo de protección constitucional sea presentada con
un margen de informalidad, tanto en el escrito de solicitud de amparo como en su
despliegue argumentativo, sin embargo, en las acciones de tutela contra
(vii) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de
tutela.
20 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se
concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si
en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente
para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto
procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento
establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba
obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en
el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía
de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error
inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a
tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces
desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º
de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
21 Archivo electrónico ubicado en el índice 11 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
A4B675C91B95AB07 BCEB765B32BE27B6 6D673CCCA6E4D048 5DDECBCF3F48CD4Bñ
22 Archivo electrónico ubicado en el índice 2 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
289AA2358AF724E0 3981A914B6EC7981 B274B5AE7C642D1F C11A5C1B45958FB5.
23 Artículo 14 íbidem: i) exponer con claridad los hechos y derechos que motiva la acción; ii)
identificación del accionante y autoridad demandada; iii) declaración juramentada de no haber
impuesto otra acción por los mismos hechos y derechos.
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providencias judiciales, exigen una carga argumentativa más sólida, pues de
prosperar el amparo se afectaría el principio de cosa juzgada de la sentencia o el
auto cuya revisión se pretende en sede de tutela.
Así, la carga argumentativa implica un ejercicio de concreción que, primeramente,
se cumple a partir del requisito de que la parte actora presente con suficiencia y
claridad el cuestionamiento que endilga a la providencia que considera vulneradora
de sus derechos fundamentales. Luego, este debe tener la suficiente relevancia
constitucional para transcender de la discusión litigiosa propia del proceso ordinario,
a un asunto que, por referirse a una posible amenaza o vulneración de un derecho
fundamental, haga procedente la intervención del juez de tutela. Intervención que
debe ser subsidiaria24 y excepcional, pues, en todo caso, las providencias son
proferidas en un proceso judicial que cuenta con los mecanismos de defensa de los
derechos fundamentales, y que, una vez en firme, goza de presunción de
constitucionalidad y de legalidad.
En ese contexto, el requisito de relevancia constitucional exige que los argumentos
de la solicitud de amparo estén dirigidos a exponer las razones por las que el
cuestionamiento a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende
de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria25, a una cuestión con
relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional
concreto26. Así, son improcedentes los argumentos destinados a proponer fórmulas
que habrían podido ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, o reiterar las ya
expuestas en este, toda vez que, como lo ha establecido la Corte Constitucional, “la
función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del
procedimiento judicial que se cuestiona, pues ello desconocería la competencia y
finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como
su autonomía funcional” 27.
24 El artículo 86 de la Constitución establece:
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
[…]
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
25 Por supuesto, el fallador de tutela requiere examinar que, de esos asuntos legales, no se
desprendan violaciones a los derechos y deberes constitucionales, pues, de ser así, adquieren
relevancia constitucional inmediata. Corte Constitucional. Sentencia T-1031 de 2001, citada por la
Corte Constitucional en las sentencias T-114 de 2002 y T-136 de 2015.
26 Sentencia C-590 de 2005. Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión
cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas,
podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando
el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en
normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es
víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del
precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone
de manera preferente la aplicación de sus postulados.
27 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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En suma, el requisito de relevancia constitucional persigue tres fines: (i) preservar
la competencia y la independencia de los falladores ordinarios y, así, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad28; (ii) restringir el
ejercicio del amparo a cuestiones que afecten los derechos fundamentales de las
personas, e (iii) impedir que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales29.
Respecto del requisito de subsidiariedad30, el artículo 86 superior establece que el
mecanismo de amparo “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”31. Así mismo, el numeral 1 del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 advierte que “la existencia de dichos medios [judiciales de
defensa] será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante”. Ello indica que el juez
constitucional deberá verificar que los mecanismos jurisdiccionales con los que
cuente una persona sean idóneos para la defensa de sus intereses 32. De lo
contrario, la mera existencia de un conducto judicial no será suficiente33.
La Sala revisará a continuación los argumentos expuestos en el escrito de tutela, a
partir de los parámetros constitucionales fijados y de conformidad con el requisito
de relevancia constitucional. Solo en caso de encontrarlos satisfechos, continuará
con el estudio de las demás exigencias de procedibilidad, y si hay lugar a ello, a
emitir un pronunciamiento de fondo en lo que corresponda.
2.4.1. La parte accionante en su escrito de tutela solicitó la protección del derecho
fundamental al debido proceso y al trabajo, pues como quedó expuesto en el
numeral 1.3.2. de esta providencia, consideró vulnerada dicha garantía
constitucional porque el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Tercera de Decisión
en el fallo del 20 de octubre de 2023 accedió a las pretensiones de la demanda sin
tener en cuenta el precedente jurisprudencial relacionado con la carga de la prueba
para demostrar la existencia de la relación laboral34 y el principio de justicia
rogada35, lo que condujo a conceder asuntos “extra petita” sin justificación ni
congruencia con el asunto en estudio. Al respecto citó textualmente varios apartes
de algunas providencias.
En relación con los argumentos planteados por la parte accionante y conforme a la
característica de informalidad que es inherente a la acción de tutela, la Sala
considera que sus cuestionamientos se subsumen en la posible configuración de un
defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, dado que aduce
reiteradamente, que la autoridad cuestionada vulneró su garantía fundamental al
debido proceso por no tener en cuenta la jurisprudencia relacionada al asunto en
28 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de
2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012,
T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014, citadas en la sentencia T-422 de
2018.
29 “[T]eniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera
instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental” Corte
Constitucional. Sentencia T-422 de 2018.
30 Corte Constitucional, sentencias T-013 de 1992 y T-134 de 1994.
31 Constitución Política de 1991, artículo 86.
32 Corte Constitucional. Sentencias T-414 de 1992, T-436 de 2009 y SU-712 de 2013.
33 Esto mismo fue considerado por esta Sala en el siguiente fallo: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 16 de marzo de 2020,
Expediente con número de radicado 2019-4563-01.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de febrero de 2012, expediente número
1187-11; Consejo de Estado, sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, expediente
número 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016); Consejo de Estado, sentencia del 23 de
febrero de 2017, expediente número 23001-23-33-000-2013-00127-01 (4082); Consejo de Estado,
sentencia del 18 de noviembre de 2003, expediente IJ0039.
35 Corte Constitucional, sentencia T-553 de 2012.
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términos probatorios y de ese modo, establecer la relación laboral bajo
subordinación que fue declarada erradamente en el proceso ordinario y tuvo como
consecuencia una decisión desfavorable a sus intereses. Así, el cargo planteado
será estudiado como en los términos del defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente jurisprudencial36.
En ese contexto, la Sala pudo verificar, como quedó expuesto en los antecedentes
de esta providencia, que el Tribunal Administrativo de Caldas en la sentencia objeto
de tutela sustento su decisión, teniendo como parámetros de base la normatividad
y jurisprudencia aplicable al asunto en términos de justicia rogada, por lo que en
síntesis concluyó que en el caso concreto estaban comprometidos derechos
constitucionales irrenunciables, en tanto el demandante en su calidad de trabajador
debía tener una protección de sus garantías laborales y de seguridad social
respecto de la posición de empleador que ostentaba la parte demandada, con
ocasión del contrato laboral suscrito.
Por lo anterior, estimó que como operador jurídico debía hacer uso de sus
facultades oficiosas para garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia
dando alcance a los cuestionamientos planteados en el escrito de alzada y el caso
concreto.
El Tribunal también explicó que “Si bien lo solicitado por el actor fue la declaratoria
de un contrato de trabajo, ello no es razón suficiente para señalar vulnerado el
principio de justicia rogada o de congruencia de la sentencia, pues el principio de la
primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo tiene
fundamento en las normas constitucionales, que consagran derechos tales como el
de la igualdad, y el derecho al trabajo en condiciones dignas y justa” 37, por lo que,
“(…) al Juez le correspondía, de acuerdo con los hechos probados, declarar la
existencia de la relación laboral en la modalidad que realmente correspondía,
independiente de la forma que señalaron los contratantes o que reclame la parte
actora, más aún si se tiene en cuenta que, se encuentran comprometidos derechos
laborales de carácter irrenunciables, como son entre otros, los aportes
pensionales.”38. Así concluyó, de un lado, que contrario a lo afirmado por la
demandada y aquí accionante en el recurso de alzada, el a quo no desconoció el
principio de justicia rogada ni de congruencia al declarar la existencia de una
relación laboral.
De otro lado, la autoridad cuestionada estimó que estaba debidamente probado el
presupuesto de subordinación, conforme a la prueba documental aportada al
proceso, por lo que era viable confirmar la decisión recurrida.
36 Corte Constitucional, sentencia T-342 de 2016. En términos del defecto por desconocimiento
del precedente, la Corte ha indicado que este, “se configura cuando el funcionario judicial se aparta
de las sentencias emitidos [sic] por los tribunales de cierre (precedente vertical) o los dictados por
ellos mismos (precedente horizontal) al momento de resolver asuntos que presentan una situación
fáctica similar a los decididos en aquellas providencias, sin exponer las razones jurídicas que
justifiquen el cambio de jurisprudencia” 36 y que, “no obstante, el precedente no constituye una
obligatoriedad absoluta, pues en razón del principio de la autonomía judicial, el juez puede apartarse
de aquellos, siempre y cuando presente (i) de forma explícita las razones por las cuales se separa
de aquellos, y (ii) demuestre con suficiencia que su interpretación aporta un mejor desarrollo a los
derechos y principios constitucionales” 36 . Por tanto, la invocación de un precedente está
determinado por la especialidad, de manera que sea el órgano de cierre que defina los criterios y
reglas aplicables en casos semejantes, o, en el caso del precedente horizontal, los órganos judiciales
deben resolver los asuntos que conocen a partir de un criterio de igualdad.
37 Folio 6 del archivo electrónico ubicado en el índice 2 del aplicativo SAMAI, identificado con
certificado: 414058B6F01EE418 E3E9926F7824C1BE 0DCD5F7ACE811BAC
F72DE5ABB1D889E7. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis
forman parte del texto original.
38 Ibidem.
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Así, la configuración del defecto por desconocimiento del precedente exige que la
accionante vincule la falta de aplicación de una regla jurisprudencial con la violación
de una garantía fundamental, o, en otros términos, que explique con suficiencia el
por qué el precedente con identidad fáctica y jurídica era aplicable en su caso y de
que forma la inobservancia de tales consideraciones o reglas jurisprudenciales
afectaron sus garantías fundamentales. En contraste, la accionante se limitó a
reiterar su inconformidad con la decisión cuestionada ya que, a su juicio, se
desconoció el precedente que citó en el escrito de tutela, pero no explicó cómo las
providencias citadas tenían similitud, eran aplicables a su caso concreto y como tal
desconocimiento, afectó sus garantías fundamentales.
2.4.2. De otra parte, también es pertinente indicar respecto del argumento en el que
la accionante adujo que la autoridad cuestionada incurrió en una trasgresión al
principio de congruencia en tanto la decisión dictada no fue proferida conforme a la
situación fáctica, el acervo probatorio, y los cuestionamientos planteados en la
demanda y el escrito de impugnación del proceso ordinario, la Sala precisa que, por
un lado, la vulneración del principio de congruencia ha sido considerada como una
causal de nulidad originada en la sentencia, y por otro, el numeral 5 del artículo 250
del CPACA, prescribe, como causal para presentar recurso extraordinario de
revisión, la existencia de “nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación” por lo que, el accionante dispone
para debatir sus inconformidades el recurso extraordinario de revisión de que trata
el artículo 250 del CPACA, circunstancia que también determina la improcedencia
de la acción de tutela, por subsidiariedad.
2.5. En suma, es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida como un
mecanismo de carácter excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un
derecho constitucional fundamental y entre sus características se cuentan su
naturaleza residual y subsidiaria, por lo que, su procedencia está limitada a
determinar la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante respecto de una posible agresión proveniente de una autoridad judicial
a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique un nuevo estudio
del caso o la constitución de un juicio ordinario, como si fuera una instancia
adicional.
En este contexto, la pretensión de la accionante va encaminada a que, el juez de
amparo haga una nueva revisión del asunto, a partir de sus propias consideraciones
como si se tratara de una instancia adicional. Por lo anterior, esta Subsección
declarará improcedente la solicitud de tutela.
III.DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
la E.S.E. Departamental Hospital San Cayetano de Marquetalia - Caldas por los
motivos expuestos en las consideraciones de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
DSR
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