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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07239-00

Tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de fondo por

Fecha
19 de febrero de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07239-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-07239-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

19 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07239-00
Demandante: DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad / SUBSIDIARIEDAD – La parte actora cuenta
con otros medios para discutir la medida cautelar decretada en el proceso ejecutivo.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la Dirección Distrital de
Liquidaciones contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Primero
Administrativo de Barranquilla.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 29 de noviembre de 20231, la Dirección Distrital de Liquidaciones interpuso acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Primero
Administrativo de Barranquilla, por considerar vulnerado su derecho fundamental al
debido proceso, con ocasión de las providencias dictadas el 17 de agosto y el 17 de
noviembre de 2023, en el proceso ejecutivo con radicado 08001-33-33-001-2015-
00184-00/03. Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben textualmente):

1. Le solicitó al Juez de Tutela, que le proteja a la DIRECCIÓN DISTRITAL EN
LIQUIDACIONES, los derechos fundamentales al Debido Proceso,
Inembargabilidad de los recursos públicos, la prevalencia del interés general
sobre particular, y cualquiera otro derecho fundamental innominado que no esté
escrito en nuestros textos constitucionales, pero que se pueda ver afectado.

2. Le solicitó al Juez de Tutela, que revoque la decisión del Juzgado primero
administrativo de Barranquilla, y la decisión de la sección B del Tribunal
Administrativo del Atlántico, por afectar los derechos fundamentales ya
mencionados en el anterior numeral.

1
Se advierte que, el 18 de enero de 2024, el proceso ingresó al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07239-00
Demandante: Dirección Distrital de Liquidaciones
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

1.2. Hechos

De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas se extraen siguientes hechos
jurídicamente relevantes:

Los señores Rubén Arzuza Jiménez y Aura Jaraba Jaraba presentaron demanda
de reparación directa contra la E.S.E Hospital General de Barranquilla, cuyo
conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo del Atlántico. El 21 de
septiembre de 2011, el Tribunal dictó sentencia en la que condenó a la demandada
a pagar a los demandantes la suma de $70.740.000, por concepto de perjuicios
morales

Ante la falta de pago, los allí demandantes promovieron un proceso de ejecución
para que se librara mandamiento de pago en su favor y en contra del Hospital
General de Barranquilla E.S.E. en liquidación, entidad que, con posterioridad, fue
sustituida procesalmente por la Dirección Distrital de Liquidaciones.

Los ejecutantes solicitaron como medida cautelar el embargo de las sumas de
dinero que tuviera la ejecutada en diferentes entidades bancarias. El Juzgado
Primero Administrativo de Barranquilla, que conoce del proceso de ejecución en
primera instancia, luego de diferentes pronunciamientos previos, en auto del 16 de
agosto de 2022, negó el decreto de la medida cautelar de embargo.

La anterior decisión fue recurrida por la parte actora, y el Tribunal Administrativo del
Atlántico mediante providencia del 17 de agosto de 2023, la revocó y ordenó al juez
de primera instancia emitir:

«[U]na nueva providencia en la que se tengan en cuenta de manera
concreta para el caso, las excepciones al principio de inembargabilidad
de los recursos públicos contenidas en la sentencia C-1154 de 2008 de
la Corte Constitucional, de conformidad con lo aquí señalado, sin
perjuicio de que se analice la naturaleza de los recursos depositados en
las cuentas corrientes sobre las cuales recaería el embargo y la
existencia o no de restricciones diferentes a las que fueron objeto del
debate constitucional.

Conforme a lo anterior, el Juzgado, mediante providencia del 17 de noviembre de
2023, decretó el embargo de los dineros que la Dirección Distrital de Liquidaciones,
en calidad de sucesora procesal de la E.S.E. Hospital General de Barranquilla
liquidado, tuviera o llegara a tener en las cuentas de ahorros o corrientes de

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07239-00
Demandante: Dirección Distrital de Liquidaciones
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

diferentes entidades bancarias. Para el efecto, ordenó oficiar a las entidades
bancarias con la advertencia de que la medida se limitaba a la suma de
$252.635.841.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte actora argumentó que las autoridades judiciales incurrieron en
«desconocimiento del precedente judicial», dado que la decisión cuestionada traería
consigo la interrupción del buen funcionamiento de la entidad, puesto que la DDL,
en su calidad de ente liquidador, «posee una lista de acreedores organizada» y
cuenta con recursos limitados para su funcionamiento.

Adujo que no se debió decretar el embargo de las cuentas, «aunque las mismas se
encuentren dentro de las excepcionadas tasadas por la ley y el Consejo de Estado»,
ello porque se omitió especificar los tipos números de cuenta, y la clase de recursos
sobre las cuales recaería. Además, porque pueden existir dentro de ellas recursos
públicos inembargables, de manera que era necesario indagar previamente por «la
procedencia de los dineros que se ordenaron embargar, para que no se generen
perjuicios irremediables para la entidad pública».

Insistió en que los ejecutantes no son los únicos acreedores del Fondo de la E.S.E
Hospital General de Barranquilla ni de las demás entidades «que están bajo el
mando» de la DDL, de allí que, conforme a lo sostenido por el Consejo de Estado,
resulte «necesario conocer cuál es la fuente de las cuentas a embargar», lo
contrario viola el principio de inembargabilidad desarrollado en la sentencia C-543
de 2013, ya que dentro de las cuentas de la entidad tutelante «hay dineros
intocables como el pago de salarios y acreencias laborales».

Agregó que extender el embargo a los recursos propios de la DDL afecta el
patrimonio del liquidador que es un sucesor procesal, pues dichos dineros permiten
cumplir con sus funciones y objeto, bajo el entendido de que son recursos
independientes a los de la entidad liquidada, y deben ser utilizados para pagar a los
acreedores en el orden establecido, de modo que el pago está subordinado a las
reglas del proceso liquidatorio al que fue sometido la E.S.E.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 5 de diciembre de 2023, el Despacho sustanciador admitió la
demanda de tutela, dispuso que aquel se notificara a las autoridades accionadas y

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

ordenó las vinculaciones de rigor 2. Finalmente, negó la medida provisional de
suspensión de los efectos de las providencias objeto de tutela.

2.1. El titular del Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla señaló que la
decisión que adoptó fue en estricto cumplimiento de la orden emanada de su
superior funcional, Tribunal Administrativo del Atlántico.

En escrito posterior, insistió en que la decisión es una providencia de ejecución y
que, en todo caso, la parte actora tenía la posibilidad de interponer los recursos
como lo dijo el Tribunal al ordenar pronunciarse sobre las medidas cautelares. Por
tanto, la DDL debió recurrir la decisión en lugar de acudir al mecanismo de la tutela.

Aclaró que actualmente no se han librado los oficios de embargo, y que el trámite
de la medida cautelar aún se encuentra en curso porque «la última ratio» depende
de si las entidades bancarias deciden acatar o no la medida, previo análisis del
origen y de la naturaleza de los recursos.

2.2. El magistrado ponente de la decisión cuestionada pidió que se declarara
improcedente o que, en su defecto, se negara la solicitud de amparo. Como
sustento, señaló que los argumentos de la tutela pretenden convertir este
mecanismo en una tercera instancia para que el juez constitucional emita un juicio
jurídico, y no para que realice un análisis constitucional.

Dijo que la providencia no desconoció ningún precedente judicial y, por el contrario,
se fundamentó en varias decisiones del Consejo de Estado que desarrollan el
principio de inembargabilidad, conforme a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.

2.3. La apoderada judicial de los terceros con interés adujo que los argumentos de
la parte demandante fueron zanjados en el respectivo proceso, y lo que buscan es
cercenar los derechos de los ejecutantes, los que hace más de 10 años pretenden
el pago de la sentencia ordinaria.

Concluyó con que no debía accederse a las pretensiones de la tutela, toda vez que
la medida cautelar solicitada respetó las exigencias procesales, y de ampararse los

2
A los señores Rubén Arzuza Jiménez y Aura Jaraba Jaraba, quienes fungen como demandantes
en el proceso ejecutivo. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

derechos de la entidad demandante, correlativamente se vulnerarían los de los
ejecutantes, a quienes, pese a su avanzada edad, se les viene negando el pago de
la acreencia que ya fue reconocida.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala examinar si la solicitud de tutela cumple los requisitos
generales de procedencia contra providencia judicial. De no cumplirse, habrá de
declararse improcedente; en caso contrario, esto es, de encontrarse que se
cumplieron todos los presupuestos adjetivos de procedencia, se analizará si las
providencias dictadas el 17 de agosto y 17 de noviembre de 2023, por el Tribunal
Administrativo del Atlántico y el Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla
incurrieron en desconocimiento del precedente y si, en consecuencia, vulneraron el
derecho fundamental al debido proceso de la Dirección Distrital de Liquidaciones.

2. Análisis de la Sala

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la pretensión de amparo
constitucional procede ante la ausencia de otro mecanismo de defensa judicial para
la protección de los derechos fundamentales, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Esta condición se
encuentra reiterada en el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y en la
jurisprudencia constitucional 3, los cuales, en general, insisten en la improcedencia
de la tutela para propiciar debates respecto de los cuales existen otros recursos o
instrumentos judiciales 4, salvo que se acredite la falta de idoneidad o eficacia de
esos mecanismos.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición o que estos no son
idóneos ni eficaces en el caso concreto, pues, de lo contrario, la tutela deviene
improcedente.

3
Al respecto, existen numerosos pronunciamientos de la Corte Constitucional, entre los que se
destacan las sentencias T-222 de 2017, T-317 de 2017, T-372 de 2017, T-048 de 2018, T-464 de
2019 y T-451 de 2022.
4
En tal sentido puede consultarse la sentencia T-242 de 2019 y T-114 de 2020, entre otras.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

En este caso, la Sala constata que no se cumple el requisito de subsidiariedad, toda
vez que contra la providencia que decide sobre las medidas cautelares proceden
los recursos de reposición y apelación. Aún más, en relación con algunas de las
discrepancias que se exponen en la tutela resulta potencialmente viable la solicitud
de adición de las providencias, al compás de lo normado en el artículo 287 del
Código General del Proceso.

La tesis de esta Subsección se cimienta en que los argumentos de la demanda de
tutela se dirigen a cuestionar la decisión que decretó las medidas cautelares, es
decir, al pronunciamiento del Juzgado y no a las consideraciones ni a la resolución
del Tribunal. El hecho de que la providencia del Juzgado fuera dictada en un
aparente cumplimiento de la decisión del superior funcional, por la forma en que fue
abordado y decidido el asunto, no eliminó la posibilidad de que se pudieran
interponer recursos, por cuanto se trató de un nuevo pronunciamiento.

En ese sentido, resulta oportuno destacar que, a pesar de las varias solicitudes de
los ejecutantes para el decreto de las medidas cautelares, sólo fue hasta el auto del
16 de agosto de 2022 que, en estricto sentido, el Juzgado Primero Administrativo
de Barranquilla negó las medidas cautelares. Dicha decisión fue apelada, pero, al
desatarse la alzada, el Tribunal en lugar de hacer un completo e integral juicio de
corrección, esto es, dictar una decisión de fondo en la que revocara o confirmara la
decisión optó por fijar una línea interpretativa para que fuera el Juzgado el que
dictara «una nueva decisión» conforme a los lineamientos de dicha providencia,
aspecto que es propio de las decisiones de un juez de tutela más que del juez de
instancia.

Así púes, el auto de segunda instancia se sustrajo de expresar sin ambages si en
el caso concreto procedía la medida cautelar con todas las consecuencias que ello
aparejaba (negar la medida o concederla y señalar las cuentas embargadas, los
destinatarios de la orden, el límite del embargo, etc.) para, en su lugar, disponer
que:

[H]abrá de revocarse el auto apelado fechado dieciséis (16) de Agosto de dos
mil veintidós (2022), mediante el cual el Juzgado Primero Administrativo Oral
del circuito de Barranquilla decide no decretar las medidas cautelares
solicitadas; para que en su lugar, emita una nueva providencia en la que se
consideren, en el caso concreto, las excepciones al principio de
inembargabilidad de los recursos públicos contenidas en la sentencia C-1154
de 2008 de la Corte Constitucional, de conformidad con lo aquí señalado, sin
perjuicio de analizar la naturaleza de los recursos depositados en las cuentas

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corrientes sobre las cuales recaería el embargo y la existencia o no de
restricciones diferentes a las que fueron objeto del debate constitucional

En esa misma lógica, el Tribunal aclaró que no dictaba la decisión correspondiente
con el supuesto fin de preservar el derecho a la doble instancia, sin parar mientes
en que, justamente, esa providencia era un desarrollo de la garantía de los medios
de impugnación, el sentido de que estaba definiendo por vía de apelación la
procedencia o no de la medida cautelar. Esta fue la reflexión del Tribunal:

Si bien en principio, al revocar la decisión de primera instancia procedería
decretar las medidas cautelares, por lo que respecta al tema de la
inembargabilidad, la Sala se abstendrá de ello en aras de garantizar la doble
instancia de las decisiones que en su momento asuma el juez A quo al aplicar
las directrices aquí expuestas para el análisis de la procedencia o no de las
medidas cautelares.

En todo caso, el Tribunal no ordenó decretar la medida cautelar ni dispuso su
procedencia en el caso concreto, sino que dejó en manos del juez de primer grado
decidir ese asunto en una nueva providencia susceptible de recursos.

De esta forma, y a partir de la forma en que el Tribunal decidió resolver el recurso
de apelación sobre las medidas cautelares, la decisión del Juzgado no es una
simple providencia de ejecución como se sostiene por dicha autoridad judicial, sino
que constituye un pronunciamiento que, aunque en cumplimiento de una orden,
estaba dotado de autonomía e independencia judicial que la convertía en una
decisión sui generis susceptible de ser recurrida por vía de reposición y apelación.

El recurso de reposición porque resulta aplicable la regla general prevista en el
artículo 242 de la Ley 1437 de 2011, según el cual, «[e]l recurso de reposición
procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario». Por tanto, al
revisar el artículo 243 A, que enlista las providencias no susceptibles de recursos
ordinarios, se advierte la inexistencia de una regla que impida recurrir las decisiones
que deciden sobre las medidas cautelares. Ello reafirma la tesis de encontrarse
dentro de la regla de procedencia general de procedencia del recurso de reposición.

En cuanto al de apelación, se encuentra expresamente consagrada su procedencia
en el numeral 5 del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 5:

5
En el mismo sentido señala el artículo 321 del CGP:
ARTÍCULO 321. PROCEDENCIA. Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que
se dicten en equidad.

También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:

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ARTÍCULO 243. APELACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 62 de la Ley
2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Son apelables las sentencias de
primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:

(…)

5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.

De igual forma, si, como se afirma en la tutela, no existe un pleno desacuerdo con
la medida cautelar porque la decisión se encuentra dentro de las excepciones al
principio de inembargabilidad y que lo que se echa de menos es la falta de
especificación de algunos aspectos de ella como la naturaleza y el número de
cuentas a embargar o circunstancia similares, la entidad accionante pudo solicitar
la aclaración o adición de la providencia, ya que los artículos 285 y 287 del CGP
permiten que, según el caso, se aclaren las providencias cuando contengan
conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, o que se adicionen si
omitieron pronunciarse sobre un punto que de conformidad con la ley o el asunto
debatido debía ser objeto de pronunciamiento.

La parte actora no interpuso ninguno de los recursos procedentes ni solicitó adición
o aclaración de la providencia, en cambio, decidió acudir directamente a la tutela,
pese a que el Tribunal señaló que la decisión de las medidas cautelares debía ser
dictada nuevamente por el Juzgado para preservar el derecho a la doble instancia.
Y con independencia del acierto o no, e incluso, de la precisión técnica del Tribunal
al ordenar una decisión de reemplazo, ese aspecto de su decisión no ha sido
cuestionado en la tutela, de suerte que se mantienen incólume, por lo cual, resulta
inmodificable por el juez constitucional. Lo que verdaderamente se reprocha en la
tutela es la forma en que se adoptó la medida cautelar, y no lo que decidió el
Tribunal.

Igualmente, para este caso concreto también debe considerarse lo expuesto por el
titular del Juzgado en el informe a la tutela. En dicho escrito se señala que todavía
no se han librado los oficios a las entidades financieras y, por ende, no existe
pronunciamiento sobre la materialización de la medida cautelar. De allí se sigue que
la parte no cuenta con una decisión definitiva sobre los efectos del embargo, aun

(…)

8. El que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la caución para decretarla, impedirla
o levantarla.

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cuando, debe quedar claro, que el acierto o desatino de la decisión enjuiciada no
depende de que se haga efectiva la medida cautelar, pero es otra forma de
determinar el alcance de la decisión y la posibilidad con que cuentan los jueces
naturales de emitir un pronunciamiento adicional sobre el asunto.

Bajo ese entendido, se observa que el parágrafo del artículo 594 del CGP señala:

PARÁGRAFO. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de
decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en
que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de
inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal
para su procedencia.

Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza
inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia
de la excepción, el destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de
cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable
de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deberá
informar al día hábil siguiente a la autoridad que decretó la medida, sobre el
hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la
calidad de inembargables. La autoridad que decretó la medida deberá
pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de envío
de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de
inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario no se recibe
oficio alguno, se entenderá revocada la medida cautelar.

En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida
de embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los
recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas
condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta
del embargo. En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a
disposición del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia
que le ponga fin al proceso que así lo ordene.

No sobra señalar que, por las razones anotadas, la Sala descarta la existencia de
alguna de las hipótesis que puedan generar un perjuicio irremediable para exceptuar
la regla de la subsidiariedad, precisamente porque el embargo no se ha
comunicado, y los destinatarios de la medida tienen la posibilidad de abstenerse de
cumplirla bajo los estrictos términos previstos por el legislador. Amén de que, lo que
ocurrió en este asunto fue que la parte no agotó los recursos a su alcance para
discutir en el marco del proceso ejecutivo la providencia que es objeto de tutela.

Finalmente, ante el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, conviene
recordar lo señalado por la Corte Constitucional, en el sentido de que en estos
casos la acción de tutela deviene improcedente porque:

[H]a sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de
hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza

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de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene
previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto
de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías
judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir
según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo
específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de
tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria.
La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o
complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que
sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a
la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico
para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.6

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la Dirección
Distrital de Liquidaciones de Barranquilla, por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
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https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

6
Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

10

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