Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07245-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07245-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-07245-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
30 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202307245-01
Actor: Miguel Alejandro López Melo
Demandada: Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso; ii) trabajo; iii) salud y iv)
seguridad social
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 19 de febrero de 2024 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra la Subsección
F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a
su juicio, al proferir sentencia de 22 de marzo de 2023, en el proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
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Núm. único de radicación: 110010315000202307245-01
Actor: Miguel Alejandro López Melo
con el número único de radicación 110013335007201800489-01, vulneró sus
derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Manifestó que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional, con el fin de que i) se declarara la nulidad de la Resolución núm.
02335 de 9 de mayo de 2018, por medio de la cual se le retiró del servicio activo por
disminución de la capacidad psicofísica; ii) se ordenara a la entidad demandada el
reintegro y reubicación laboral al grado correspondiente por su antigüedad y con
funciones afines a su incapacidad psicofísica; iii) se declarara que, para todos los
efectos, no ha existido solución de continuidad; y iv) se condenara al pago de los
perjuicios materiales.
4. Indicó que, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante
sentencia proferida el 30 de octubre de 2020, resolvió acceder parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
5. Señaló que, la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca profirió sentencia, en segunda instancia, el 22 de marzo de 2023,
resolviendo lo siguiente:
“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 30 de octubre de 2020 por el
Juzgado Séptimo (7º) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá D.C., y en
su lugar NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme con las consideraciones
expuestas en la parte motiva. […]”.
5.1. Como fundamento de su decisión consideró:
“[…] Ahora, encuentra la Sala que la institución demandada para proceder a la
desvinculación del actor se amparó en la facultad legal contenida en los artículos 54
y 55 numeral 3º del Decreto Ley 1791 de 2000, que permite la separación del personal
uniformado de la Policía Nacional ante la disminución de su capacidad sicofísica, al
igual que en el dictamen médico rendido por la Junta Médica Laboral mediante Acta
No. 7286 del 17 de agosto de 2017, en el cual se calificó su capacidad psicofísica con
incapacidad permanente parcial y se sugirió la no reubicación del actor, así como el
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Núm. único de radicación: 110010315000202307245-01
Actor: Miguel Alejandro López Melo
acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, contenido en el Acta
No. TML18-3-06 MDNSG-TML-41.1 del 8 de febrero de 2018, que la ratificó. […]”.
[…]
“[…] Resalta la Sala que no está en discusión el diagnóstico del señor MIGUEL
ALEJANDRO LÓPEZ MELO y que el Decreto 094 de 1989, dispone en su título
noveno la clasificación de las lesiones y afecciones que originan incapacidad, en el
que se encuentra el artículo 79, “enfermedades mentales”, que dispone: “c) neurosis:
Neurosis histérica”.
Teniendo en cuenta lo anterior, advierte la Sala Mayoritaria que, en efecto, como se
indica en las actas de la Junta y del Tribunal Médico Laboral de Revisión, la patología
que sufre el actor le impide ejercer las actividades propias de la actividad policial,
pues recuérdese que padece de “trastorno en el control de los impulsos, trastorno de
personalidad”, por lo que permanecer en la Institución puede acrecentar los síntomas
de la enfermedad y pone en riesgo su seguridad y la de los demás, teniendo en cuenta
que “las secuelas que presenta el calificado le impide tener una resolución adecuada
de conflictos”, de igual forma ha estado incapacitado por más de dos años para
realizar sus labores.
Es pertinente resaltar que si bien es cierto, la Institución policial debe decidir sobre el
retiro de un integrante de su fuerza que ha perdido la capacidad psicofísica para
seguir desempeñándose en las tareas habituales para las cuales fue entrenado y
capacitado, dicha potestad no se debe ejercer de forma absoluta, puesto que existen
circunstancias en las que dependiendo de las condiciones físicas del militar y del
dictamen rendido por la autoridad médica, se hace necesario definir si la decisión de
retirar del servicio activo es la única legalmente posible o si puede optarse por otra
decisión. […]”.
[…]
“[…] Es preciso resaltar que de las pruebas obrantes en el plenario, se puede
establecer que el actor no podía cambiar de arma para ejercer funciones
administrativas, ya que carece de capacitación diferente a la policial. Si bien ha
realizado algunos cursos y diplomados, así como también certifica ser Técnico
Laboral en Investigación Criminal y Ciencias Forenses, para la Sala Mayoritaria no es
claro, ni aparece demostrado en el proceso, que los conocimientos adquiridos en
dicha formación sean aprovechables en la Policía Nacional.
En este orden, se colige que el señor MIGUEL ALEJANDRO LÓPEZ MELO no tiene
formación para realizar funciones de tipo administrativo, de apoyo logístico ni
docencia, por lo tanto, no procedería su permanencia o reintegro con reubicación
laboral.
Además, recuérdese que, así las tuviera, no sería posible su permanencia en el
servicio en la Institución militar, en razón a la patología que sufre “trastorno en el
control de los impulsos, trastorno de personalidad” que, como a bien lo señaló el
Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía, genera un riesgo real “para su salud,
sus compañeros y para la comunidad a la cual está llamado a proteger”, pues seguiría
en una institución jerarquizada y en la que estaría rodeado de uniformados armados.
Aunado a lo anterior, resulta razonable que se le retire de la institución, sin que tal
situación pueda ser considerada como violatoria de derecho alguno, toda vez que no
existen derechos absolutos, aun tratándose de personas en situación de
discapacidad.
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Núm. único de radicación: 110010315000202307245-01
Actor: Miguel Alejandro López Melo
Entonces, contrario a lo afirmado por el A quo, no es procedente el reintegro del señor
MIGUEL ALEJANDRO LÓPEZ MELO, pues su estado de salud no solo impide
aprovechar el conocimiento policial que pueda poseer, sino también cualquier otra
habilidad que pudiere tener para ser aplicada en otra área de la Institución, por el
riesgo que podría generar su patología a quienes se encuentran en su entorno. No
puede olvidarse, como ya se indicó en precedencia, que el mencionado señor fue
declarado NO APTO y sin sugerencia de reubicación laboral, teniendo en cuenta que
continuaba con su patología de neurosis histérica, lo que conllevó a que permaneciera
incapacitado por más de 2 años.
Si bien existe un concepto médico por la Psicóloga LEIDY TATIANA GONZÁLEZ
FRAYLE del 6 de febrero de 2018, según el cual para la época el señor LÓPEZ MELO
no presentaba problemas de conducta agresiva ni psicopatologías de personalidad,
lo cierto es que no puede desconocerse la existencia de su problema psiquiátrico,
como lo es el trastorno de personalidad-trastorno del control de impulsos, que por sí
solo explica que pese a que pueda tener alguna formación adicional no se le pueda
reubicar, pues ello, como ya se expuso, generaría un riesgo para sí mismo, la
Institución y para la ciudadanía.
La Sala Mayoritaria considera que no se puede dar plena validez al concepto médico
rendido por la Psicóloga mencionada, puesto que el trastorno que padece el actor
debe ser valorado por un Psiquiatra, como en efecto lo hizo la Junta Médica […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERA: Se tutelen los derechos fundamentales vulnerados al accionante
(DEBIDO PROCESO, AL TRABAJO, A LA SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL), por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN F, por la decisión adoptada en la sentencia de fecha 22 de marzo de
dos mil veintitrés (2023), mediante la cual se revocó la sentencia de primera instancia
y en su logar (sic) decidió negar las pretensiones del actor.
SEGUNDA: Se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN F, revocar o dejar sin efecto la sentencia de
fecha 22 de marzo de dos mil veintitrés (2023) y en su lugar que se profiera sentencia
concediéndose las pretensiones del actor, esto es, declarar la Nulidad de la
Resolución No. 02335 de 9 de mayo de 2018 y se proceda con el reintegro y
reubicación laboral del señor MIGUEL ALEJANDRO LÓPEZ MELO y pago de los
emolumentos dejados de percibir […]”.
Actuación
7. El Despacho de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante auto de 6 de diciembre de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó
notificar a los magistrados de la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca; y iii) vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa
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Núm. único de radicación: 110010315000202307245-01
Actor: Miguel Alejandro López Melo
Nacional – Policía Nacional, en calidad de tercero con interés legítimo,
concediéndole el término de tres (3) días para que rindiera informe sobre el particular.
Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo
8. La Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca rindió informe en los siguientes términos:
“[…] En la sentencia dictada por esta Subsección se citaron los fundamentos legales
y jurisprudenciales aplicables en materia de retiro por disminución de la capacidad
laboral, esto es, los Decretos Ley 1791 y 1796 de 2000, así como los precedentes
jurisprudenciales del H. Consejo de Estado y de la H. Corte Constitucional respecto
de la pérdida de la capacidad laboral y de la protección especial a las personas con
discapacidad.
Conforme lo anterior, consideró la Sala Mayoritaria que no era procedente el reintegro
del señor MIGUEL ALEJANDRO LÓPEZ MELO, atendiendo a que su estado de salud
(neurosis histérica) le impedía aprovechar el conocimiento policial que pudiera
poseer, así como cualquier habilidad que pudiera ser aplicada en alguna otra área de
la Institución.
Es preciso resaltar que la suscrita se aportó de la decisión mayoritaria al considerar
que sí procedía el reintegro del demandante, pues se trata de un sujeto de especial
protección constitucional y en ese sentido debió haberse gestionado su reubicación.
Además, que la entidad no tuvo en cuenta el concepto reciente expedido por una
Psicóloga, aportado al expediente. según el cual el señor LÓPEZ MELO no
presentaba problemas de conducta agresiva ni psicopatologías de personalidad, por
lo que cuando fue retirado del servicio ya había superado su patología […]”.
9. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, negarla. Para tal efecto
argumentó lo siguiente:
“[…] La Policía Nacional cuenta con un Régimen Especial de Carrera estatuido en el
artículo 218 de la Constitución Política de Colombia y para el caso objeto de la
presente acción de tutela, la Resolución que expida el señor Director General frente
al personal del Nivel Ejecutivo, se constituye en un acto de ejecución por cuanto la
causal de retiro por disminución de la capacidad sicofísica, se configura o perfecciona
con el dictamen pericial emitido por las autoridades médico-laborales, no quedándole
otro camino al nominador de desvincular del servicio activo al uniformado que ha sido
declarado no apto para el servicio, sin sugerencia de reubicación laboral.
De tal manera, que la Policía Nacional no fue la Entidad competente para recomendar
la reubicación laboral del actor, los órganos idóneos para tal fin son la Junta Médico
Laboral y el Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía, quienes al hacer una
valoración médico científica de los estudios realizados sobre la salud humana,
expiden las valoraciones correspondientes para determinar la aptitud física del
individuo, que indudablemente al ser cotejados con el servicio policial dan como
resultado un juicio de valor que propende por preservar la integridad física de la
persona y la seguridad de la sociedad […]”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202307245-01
Actor: Miguel Alejandro López Melo
[…]
“[…] Por lo anterior, queda claro que no se avizora ninguna vulneración a los derechos
fundamentales por parte de la Policía Nacional y de la autoridad médica, a los
derechos fundamentales alegados por el accionante, teniendo que NO CUENTA CON
LA CAPACIDAD SICOFÍSICA PARA EJERCER LA ACTIVIDAD POLICIAL, así fue
dictaminado por la autoridad médica que lo evaluó.
Con respecto al derecho al debido proceso, se presenta una inexistencia del mismo,
toda vez, que la Policía Nacional, actuó conforme a los parámetros establecidos en
los mandatos constitucionales y legales establecidos para el régimen especial de
carrera y prestacional de la Institución; en el cual se estatuyó la calificación de la
disminución psicofísica y el retiro por esta causal. […]”.
[…]
“[…] Es importante, mencionar que dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho tampoco se allegó prueba alguna que permitiera
desvirtuar la legalidad de los actos administrativos objeto de reproche del señor
patrullero (R) Miguel Alejandro López Melo y la resolución de retiro por la causal de
disminución de la capacidad sicofísica, por lo cual no es bien recibido por parte de
esta oficina asesora las meras afirmaciones del apoderado del accionante en cuanto
a la existencia de un defecto fáctico por una indebida valoración probatoria, toda vez
que como se puede evidenciar el Ad-quem realizó un completo y armónico análisis
de los hechos y pruebas allegadas al referenciado proceso. […]”.
[…]
“[…] es clara la improcedencia de la acción de tutela impetrada por el señor patrullero
(R) MIGUEL ALEJANDRO LÓPEZ MELO, teniendo en cuenta que desde la ejecutoria
del fallo emitido en segunda instancia por la Subsección “F” - Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca fechado el 23 de marzo de 2023 cuenta con
un año para interponer el recurso extraordinario de revisión según lo establecido en
el canon 251 de la norma ibídem, en el cual establece que el recurso podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. […]”.
[…]
“[…] no considera esta Secretaría, como frente al caso sometido a consideración del
Honorable Consejero, se esté ante el acontecimiento de un perjuicio irremediable o
de una amenaza inminente e INJUSTIFICADA, que amerite la procedencia de la tutela
como mecanismo para acceder al reconocimiento de las pretensiones solicitadas por
el accionante, máxime cuando el mismo hizo uso de otras vías de protección
jurisdiccional que son las idóneas para resolver la litis propuesta en la presente acción
y por lo mismo genera su improcedencia, teniendo en cuenta que ésta es un
mecanismo de protección subsidiario.[…]”.
La sentencia impugnada
10. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 19 de febrero de 2024, resolvió lo siguiente:
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Núm. único de radicación: 110010315000202307245-01
Actor: Miguel Alejandro López Melo
“[…] PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela de Miguel Alejandro
López Melo contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección F. […]”.
10.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] La Sala advierte que los argumentos presentados por el solicitante no acreditan
una vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan a
volver sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y esgrimen
divergencias de carácter netamente legal. Además de ello, revisados los fundamentos
jurídicos que motivaron la decisión, la Sala estima que provienen de una
interpretación razonable de las pruebas aportadas al expediente, así como del marco
legal y jurisprudencial aplicable al asunto.
Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad judicial
accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no es
una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las
razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.
Por último, el solicitante también alegó el desconocimiento de algunas sentencias de
tutela proferidas por la Corte Constitucional, que a su juicio versan sobre casos
similares al suyo. Considera que son vinculantes pues estudian el deber de la
autoridad de evaluar la posibilidad de reubicación de los funcionarios con
discapacidad y que se pueden aprovechar en labores diferentes. Al respecto, la sala
advierte que el artículo 48.2 de la Ley 270 de 1996 -declarado exequible en sentencia
C-037 de 1996- establece que las decisiones judiciales proferidas en la acción de
tutela tienen carácter obligatorio solo para las partes. Como los fallos alegados como
desconocidos son por naturaleza acciones de tutela, no se constituyen como
precedente vinculante para el caso. […]”.
La impugnación
11. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:
“[…] Reitero, aquí no se pretende reabrir un debate, precisamente porque el debate
no se ha dado ya que el Honorable Tribunal enjuiciado no lo realizó tal como se lo
ordena la Constitución y la Ley, de allí que, sea indispensable la intervención de la
jurisdicción constitucional en este defecto fáctico que no admite discusión.
Ahora bien, en lo que hace referencia a la causal de acción de tutela contra
providencia judicial denominada desconocimiento del precedente jurisprudencial, el A
Quo manifestó que las sentencias desconocidas son de tutela, con carácter inter
partes, y por ello no aplican al caso concreto, con todo respeto, esta postura se
encuentra en contravía de lo que ha dicho la Corte Constitucional al respecto, que
valga la pena decir, se expuso en el líbelo (sic) de demanda. […]”.
[…]
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Núm. único de radicación: 110010315000202307245-01
Actor: Miguel Alejandro López Melo
“[…] la sentencia acusada de infractora de la Constitución, refirió que, los conceptos
de la junta y el tribunal médico son suficientes para no reubicar laboralmente al actor,
ya que no posee capacitación para ello y porque su patología pone en riesgo la labor
de la institución.
Lo anterior, como ya se advirtió, con el debido respeto, es contrario al precedente
constitucional, veamos los motivos:
El numeral tercero del artículo 55 del Decreto Ley 1991, utilizado como causal para
el retiro de LOPEZ MELO, fue motivo de estudio de Constitucionalidad mediante la
sentencia C-381 de 2005 declarado condicionalmente exequible “en el entendido que
el retiro del servicio por disminución de la capacidad sicofísica sólo procede cuando
el concepto de la Junta Médico Laboral sobre reubicación no sea favorable y las
capacidades del policial no puedan ser aprovechadas en actividades administrativas,
docentes o de instrucción”. Por lo tanto, al no tener en cuenta la sentencia de
constitucionalidad C-381 de 2015, se desconoció el precedente jurisprudencial. […]”.
[…]
“[…] es evidente que la patología sufrida por el actor le impide ejercer las acciones
propias de la actividad policial pues así lo estipularon las autoridades médicas; no
obstante, tal afirmación no es suficiente, en sí misma, para proceder al retiro de un
miembro de una institución policial o militar, debido a que, la jurisprudencia, que palmo
a palmo se ha traído en este recurso, lo advierte de manera contundente, reiterada y
pacífica, pues, como se dijo en una de las reglas de la Honorable corte Constitucional,
esto solamente “implica que no puede seguir desempeñándose en esa labor, pero no
excluye que el militar desarrolle otra actividad dentro de la institución”.
De tal manera que, la sentencia hoy acusada, al plantear que el hecho de que el señor
LOPEZ MELO no pueda desarrollar actividades de tipo policial y por ello no pueda
ser reubicado laboralmente, resulta contraria a las sentencias C-381 de 2005, T-437
de 2009, T-928 de 2014, T-487 de 2016 y T-440 de 2017, esta última que, en su
recorrido jurisprudencial, destacó, especificó y ordenó un listado de 10 reglas a seguir
en el caso de aplicación del retiro por disminución de la capacidad sicofísica de
miembros de las fuerzas militares y de policía, además de ello, rompe los derechos a
la integración social, a la integración y a la reubicación laboral de las personas en
condición de discapacidad, que hoy por hoy, en atención a la ardua labor de
interpretación sistemática y convencional de la Honorable corte Constitucional, se
constituyen en derechos fundamentales.
En un segundo orden, relacionado con la capacitación del señor MIGUEL
ALEJANDRO LOPEZ MELO, se tiene que la sentencia hoy acusada de
inconstitucional entraña una contradicción con las pruebas y, en sí misma,
contradicción con las reglas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10 ya transcritas y numeradas,
contenidas en la sentencia T-440 de 2017. […]”.
[…]
No se estableció si era posible, por parte de LOPEZ MELO desempeñar trabajos y
funciones acordes con sus condiciones de salud que le permitieran acceder a los
bienes y servicios necesarios para su subsistencia, conforme a la regla 2, pese a que
aportó, y obran como prueba en el proceso, sendos certificados de estudio que lo
acreditaban en diferentes labores disímiles a las operativas, y si esto no existiere
como prueba, era obligatorio que la Policía Nacional lo capacitara en la nueva área
en la que fuera reubicado, conforme a las reglas 2 y 3 […]”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202307245-01
Actor: Miguel Alejandro López Melo
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20212 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20193, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
13. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
14. Corresponde a la Sala establecer: si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.
15. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental al trabajo; v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
2 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actor: Miguel Alejandro López Melo
derecho fundamental a la salud; vi) marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho fundamental a la seguridad social; procediendo posteriormente a vii)
resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando,
se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
16.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena4, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
17. Esta Sección adoptó5 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20056, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
18. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de
un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra
tutela.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328.
6 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Núm. único de radicación: 110010315000202307245-01
Actor: Miguel Alejandro López Melo
19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”7 que encaje en dichos parámetros.
20. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
22. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional
23.Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
20149, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
sostuvo lo siguiente:
7 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
9 Ut supra página 6.
12
Núm. único de radicación: 110010315000202307245-01
Actor: Miguel Alejandro López Melo
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [11].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [12].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [13].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una
instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se
derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o declararla
improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de
relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50
(“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón
de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la
interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del
contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC),
respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
13
Núm. único de radicación: 110010315000202307245-01
Actor: Miguel Alejandro López Melo
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia
constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da
lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es
necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el
desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra
decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [14]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [15].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [16]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la
acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como
lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013: […]”.
(Resaltado por la Sala)
24. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado17:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”18
[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
17 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
18Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
14
Núm. único de radicación: 110010315000202307245-01
Actor: Miguel Alejandro López Melo
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”19
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
25. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales
y ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.
26. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202220 precisó, en
relación con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
19 Ibidem.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
15
Núm. único de radicación: 110010315000202307245-01
Actor: Miguel Alejandro López Melo
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
16
Núm. único de radicación: 110010315000202307245-01
Actor: Miguel Alejandro López Melo
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala)
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
27. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
28. Atendiendo a que, la Corte Constitucional21 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
21 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
17
Núm. único de radicación: 110010315000202307245-01
Actor: Miguel Alejandro López Melo
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
trabajo
29. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un
trabajo en condiciones dignas y justas […]”.
30. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo ha
dicho lo siguiente22:
“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de derecho
y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental el derecho
al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la personalidad
jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la medida en que a
través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve logran su
perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría existir
dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios indispensables
para su congrua subsistencia y además desarrolla su potencial creativo y de servicio
a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo pone en contacto
productivo con su entorno.
El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja
en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de
protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el ejercicio
legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la responsabilidad del
Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo 334) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
salud
31. Visto el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y el
artículo 2 de la Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 201523 sobre el derecho
fundamental a la salud.
32. Atendiendo a que la jurisprudencia Constitucional24, ha definido este derecho
como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica
funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse
22 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
23 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 15 de enero de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
18
Núm. único de radicación: 110010315000202307245-01
Actor: Miguel Alejandro López Melo
cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su
ser, que además debe ser garantizado bajo condiciones de oportunidad,
continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo con el principio de integralidad.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social
33. Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.
34. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:25
“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social
bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un servicio
público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control
del Estado26.
Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
25 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
26 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable
a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura
de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley”.
19
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Actor: Miguel Alejandro López Melo
través del trabajo”27. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”28 […]”.
Análisis del caso concreto
35. El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
porque, a su juicio, al proferir sentencia de 22 de marzo de 2023, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 110013335007201800489-
01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
36. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
37. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
38. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
38.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 11001-33-35-007-2018-00489-01.
27 Sentencia T-173 de 2016.
28 Ibídem.
20
Núm. único de radicación: 110010315000202307245-01
Actor: Miguel Alejandro López Melo
Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional
39. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente29:
“[…] Es claro que se violó el debido proceso, ya que, si bien es cierto las normas de
las que emana el retiro por disminución de la capacidad psicofísica no regulan la
necesidad de realizar actividades asertivas frente al retiro por disminución de la
capacidad psicofísica, no es menos cierto que, la jurisprudencia de la Honorable Corte
Constitucional y del Consejo de Estado han plasmado una línea pacífica en cuanto al
deber de las entidades militares y policiales en el sentido de verificar si las
capacidades académicas del funcionario con discapacidad laboral se pueden
aprovechar en trabajos diferentes al operativo, por lo tanto, es un deber de la entidad
en sus actos administrativos, el de motivar en relación con las circunstancias que
impiden la reubicación. […]”.
[…]
“[…] Con la decisión del Honorable Tribunal de Cundinamarca, se afecta de manera
directa el derecho fundamental al trabajo de una persona con discapacidad que,
según la jurisprudencia, cuenta con estabilidad laboral reforzada, luego entonces, el
no permitir que el señor LOPEZ MELO realice labores de carácter administrativo,
logístico, de docencia, etc., en la entidad, teniendo las capacidades para ello,
fragmenta de manera directa su derecho. […]”.
[…]
“[…] Considero que, el asunto objeto de discusión es de relevancia constitucional,
por cuanto, con la decisión adopta por la accionada se vulneraron derechos
fundamentales y no es concebible tanta inseguridad jurídica que generan decisiones
tan opuestas, como en el caso que nos ocupa y más grave que se desconoce por
parte de las accionadas, las decisiones en línea horizontal de Tribunales de la misma
categoría, y de línea vertical de sus superiores como lo es el Consejo de Estado y la
Honorable Corte Constitucional. […]”.
[…]
“[…] Las irregularidades que se evidencian son; desconocimiento del precedente
jurisprudencial y defecto fáctico por desconocimiento de las pruebas, y, con ello;
vulneración de derechos fundamentales (IGUALDAD, A LA SALUD, AL TRABAJO Y
AL DEBIDO PROCESO. […]”.
[…]
“[…] En lo relacionado con el defecto fáctico, se podrá observar en líneas que siguen,
que el despacho de segunda instancia no tuvo en cuenta las pruebas que decantaban
que el señor LOPEZ MELO ostenta capacidades para ser reubicado en un área
29 Transcripción literal del texto.
21
Núm. único de radicación: 110010315000202307245-01
Actor: Miguel Alejandro López Melo
diferente a la operativa, sin embargo, fueron desechadas por el operador de segunda
instancia para indicar que no estaban probadas sus capacidades. […]”.
40. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por el actor ya fue
objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra
providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el
debate resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad
judicial accionada incurrió en la vulneración de derechos fundamentales.
41. Además de lo anterior, para la Sala, el actor plantea la afectación de
derechos fundamentales que tiene su origen en últimas en un debate estrictamente
legal y probatorio, el cual ya fue expuesto dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo
que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional,
toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia
judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una
instancia adicional.
42. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia
de unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la
vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la
configuración de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el
cumplimiento del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional.
A juicio del máximo Tribunal de lo Constitucional es indispensable que el caso en
cuestión: (i) tenga la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance
de la controversia “[…] no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas
[…]”; y (iii) que en el escrito de tutela se “[…] justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales […]”. (Resaltado por
la Sala)
43. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de
tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes
transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia
22
Núm. único de radicación: 110010315000202307245-01
Actor: Miguel Alejandro López Melo
se encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios, cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
44. Para la Sala, la controversia planteada por el actor es de naturaleza
puramente legal y probatoria; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los
derechos fundamentales indicados supra.
45. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada,
es decir, el actor acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio
jurídico del juez natural y reabrir un debate legal y probatorio concluido que escapa
de la órbita de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, el actor alega
la vulneración de los derechos fundamentales indicados supra, el criterio de la
relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante
la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración de los
mismos, lo cual no aconteció en el caso sub examine.
46. Los supuestos de vulneración a los derechos fundamentales al debido
proceso, al trabajo, a la salud y a la seguridad social enunciados por el actor, no
se evidencian en el caso sub examine, toda vez que el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se adelantó ante el juez competente, en respeto de
las formas propias del proceso, y respetó el derecho de presentar y controvertir las
pruebas allegadas. Además, no concurre una situación de amenaza o alguna
causal de vulnerabilidad que amerite la actuación del juez constitucional, no se
trata de amparar los derechos fundamentales de un sujeto de especial protección
constitucional.
47. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.
48. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple
con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del
marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si
bien el actor enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales al debido
23
Núm. único de radicación: 110010315000202307245-01
Actor: Miguel Alejandro López Melo
proceso, al trabajo, a la salud y a la seguridad social, esa presunta afectación tiene
su origen en un debate estrictamente legal y probatorio.
Conclusiones de la Sala
49. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de 19 de febrero de 2024
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de febrero de 2024 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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Núm. único de radicación: 110010315000202307245-01
Actor: Miguel Alejandro López Melo
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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